AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 17 Abril 2013

El déficit, el déficit… ¿De quién es el déficit?
Leopoldo Gonzalo www.vozpopuli.com 17 Abril 2013

Las finanzas de estos Santos Inocentes

Se discute acerca de si el déficit fiscal fue, en 2012, del 6,74% o del 6,98%. Se puede discutir sobre las alternativas posibles para reducirlo. Pero lo que no suele plantearse, con rigor, son las verdaderas causas de su existencia ni la responsabilidad de quienes lo han situado en su actual nivel. Y ahí es, precisamente, donde resulta inaplazable actuar. Tomo prestado el título que encabeza estas líneas de un artículo publicado en 1966 por el premio Nobel de Economía J.Tobin, el de la célebre tasa con su nombre, que ni es una tasa ni tiene mucho que ver con el impuesto que él ideó. En efecto, hay que preguntarse, ¿de quién es el déficit? ¿De dónde trae causa? Importa la respuesta a esta pregunta en relación con el saldo actual de nuestras cuentas públicas. Porque aquí cada gobierno se declara inocente y echa la culpa a su predecesor. O sea, lo de la “herencia recibida”, lo que acaba de repetir, una vez más, la señora Cospedal: “Es lógica la frustración –ha dicho-, pero el PP está recuperando una situación maltrecha que heredó”. Y hay que empezar aclarando que nuestro abultado déficit público no debe imputarse en exclusiva a la grave flexión cíclica que padecemos, sino también, y sobre todo, a un rasgo característico de nuestro sector público, cual es su configuración abocada a generar déficit predominantemente estructural. El núcleo de ese déficit es consecuencia de las malformaciones institucionales de nuestra democracia, de una forma de organización política que impulsa el gasto público hacia arriba al margen de cualquier criterio de eficiencia e incluso de necesidad. Me refiero al déficit estructural entendido como diferencia entre el saldo presupuestario total y el saldo cíclico, esto es, el ocasionado por el funcionamiento de los estabilizadores automáticos en las oscilaciones de la coyuntura. Un déficit que permanece incluso en las fases ascendentes del ciclo, cuando dichos estabilizadores producen sus favorables efectos sobre el saldo total haciéndolo positivo. Porque el déficit al que aludo está siempre ahí, esperando dar la cara a la primera oportunidad.

¿Se ha preguntado alguien seriamente cómo pudo ser que, en sólo tres años, entre 2007 y 2009, el saldo presupuestario pasara del 2,2% del PIB, gracias al periodo de bonanza precedente, al -11,3% de la misma magnitud? Bueno, pues la Comisión Europea da ahora nuevos datos acerca de nuestros déficit total y estructural referidos al ejercicio de 2011, fijándolos en el 9,4% y el 8,6% del PIB, respectivamente (vid. European Economic Forescat. Winter 2013). De manera que nuestro déficit estructural en ese año, es decir, el déficit no derivado de los avatares de la coyuntura económica, representaba nada menos que el 91,5% del déficit total. O, si se prefiere, que el desequilibrio de nuestro sector público sólo era imputable a la fase adversa del ciclo, en un 8,5%. ¿Cuál es la verdadera causa de semejante lastre, que los Santos Inocentes responsables de la cosa pública ven pero no quieren mirar, y menos aún remediar? Como no voy a repetir el archiconocido inventario de las malformaciones de esto que llamamos el Estado de las Autonomías, de este armatoste u “objeto grande y de poca utilidad”, según acepción del DRAE (tomo el afortunado calificativo del profesor Tamames), me limito a transcribir la opinión premonitoria de algunos autores de nota acerca de lo que se nos venía encima, y eso que alguno de ellos -el que preconizó “la redención de las provincias”, precisamente- no pudo imaginar que, en España, el Estado al que él se refería iba a multiplicarse por 17, andando el tiempo.

De Hölderling a Jouvenel, pasando por Ortega y Gasset
Escribió el autor de Hyperion, y ya ha llovido desde entonces, “el Estado ha acabado por convertirse en un infierno al haber querido el hombre hacer de él un cielo”. Pero más expresivo fue el pronóstico de Ortega en La rebelión de las masas: “Este es el mayor peligro que hoy amenaza a la civilización: la estatificación de la vida, el intervencionismo del Estado, la absorción de toda espontaneidad social por el Estado […] La sociedad tendrá que vivir para el Estado; el hombre, para la máquina del Gobierno […] Y como a la postre no es sino una máquina cuya existencia y mantenimiento dependen de la vitalidad circundante que la mantenga, el Estado, después de chupar el tuétano a la sociedad, se quedará hético, esquelético, muerto en esa muerte herrumbrosa de la máquina […]”. La opinión de Bertrand de Jouvenel acerca de lo que él llamaba el "Estado Minotauro" no es menos inquietante y certera: “El Estado, tras la eliminación del derecho natural, de los grupos sociales intermedios y de la religión, que debe ser relegada al exclusivo reducto de lo privado, monopoliza el derecho y la moral para imponer un orden político totalitario. De ahí su omnipresencia en todos los ámbitos de la vida […]”.

No se trata de otra cosa que de lo que suelo llamar, menos solemnemente, "el Estado metomentodo". Y ese monstruoso aparato que todo lo interfiere y mediatiza menos lo que debe (nos enteramos ahora de que el sector de la seguridad privada proporciona más empleo que el número de efectivos de la Guardia Civil o el de los encuadrados en las Fuerzas Armadas, prueba de la clamorosa ineficacia del Estado en el ámbito de lo que le es propio y debería ser exclusivo), ese mastodonte, repito, tiene un coste imposible de sufragar, ni con la alta presión fiscal imperante y creciente, ni con el endeudamiento exponencial de las administraciones públicas. ¿Hay remedio para el déficit estructural, que es el que verdaderamente importa? El avisado y paciente lector tiene, sin duda, la respuesta.

El pueblo español
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 17 Abril 2013

No existe sujeto que haya recibido mas elogios que “el pueblo español”. No ha existido procer ni político, ni pregonero ni intelectual que no haya desgranado en discursos, proclamas y escritos sus muchas y variadas virtudes. Tan sólo aquel Julio Anguita, cuando le daba por utilizar la tarima de maestro viejo, se atrevía a regañarle. Con las ya sabidas consecuencias.
No seré yo, pues, quien ose negar sus cualidades. Para nada, entre otras cosas porque las tiene y son muchas. Pero hoy, y como excepción, me voy a permitir el poner el foco en algunos de sus más preclaros defectos, que también los tiene, aunque hay quien, precisamente esas tachas, sea las que más jaleé y aprecie.

Por irse un poco lejos, aunque en la memoria reciente, me viene al recuerdo un día que pudo ser aún más siniestro de lo que fue. Aquel 23-F del golpe de estado y el secuestro a metralleta y tricornio del Parlamento. Unánimemente fue elogiada después la “prudencia” del pueblo español. Nadie se atrevió ni se atreve siquiera hoy a decir la verdad. Que lo que hubo, generalizado y con muy contadas excepciones, fue canguelo. Dentro y en la calle. Muy justificado, desde luego, pero miedo. La población se metio en casa, y con el transistor entre la almohada y la oreja espero por donde soplaba el aire y salía el sol. El 27-F salieron, entonces si, a la calle. Y ante aquella manifestación no pude por menos de preguntarme ¿cuantos hubieran sido intercambiables de haber ganado los otros y porque apenas cuatro gatos se acercaron la noche de autos por las Cortes a ofrecer un gesto de aliento ciudadano a los secuestrados, cuantos permanecieron en sedes políticas y sindicales?.

Ahora vivimos tiempos procelosos y nuestro amado y elogiado pueblo ha decidido que la culpa de todos los males, y razones tienen no crean, los tienen los políticos y ya no digamos los empresarios y en la cúspide, que tampoco digo que no, los banqueros, los peores. Tienen la culpa de la crisis, de que no haya trabajo, de que la educación sea un desastre, de que el país esté echo unos zorros, de que la honradez sea un bien escaso y el trinque, el clientelismo y el enchufe hábitos generalizados. La pringosa corrupción, que los unos solo ven en los otros y los otros en los unos, es el gran arma arrojadiza y la prueba de cargo por la que debiera llevarse a todos al árbol del ahorcado.

Pero nadie quiere pensar que si por un lado esta el plutocrata que se lo lleva a espuertas a un paraíso fiscal, el preboste que lo trinca y que lo evade apacentando rebaños de millones, por el personal de a pie esas costumbres en pequeño y a escala se repiten por doquier ¿Con iva o sin Iva?. El “negro”, el “sobre” escandaliza pero en eso me pagas un tanto y te abono un cuanto. Que a ver si me pillo una invalidez, que a ver si hago trampas sea con la renta o con el paro o con las percepciones de un par de miserias ayuntadas a las que no tengo derecho pero considero que es un deber que me las den.

El maravilloso pueblo español que ha vivido del más me den que más me merezco, a la hora de las vacas flacas, y cuando los ayuntamientos han dejado de pagar las vaquillas y de subvencionar como actos culturales batir el record de comilones, esta que se sube por las paredes contra todo excepto contra el equipo de futbol de sus amores y los once de pantalón corto que suponen algo así como el rescate de Chipre ni contra esas luminarias televisivas que han envilecido cualquier rastro de dignidad personal o intimidad. El sesudo pueblo español que aplaude a Revilla como referente intelectual y ético, a Falete como modelo estético y a las 14 ediciones de Gran Hermano como la pauta sociológica de futuro está muy enfadado y amenaza con ponerse a quemarlo todo, a arramblar con todo. ¿Y después? Después que se lo arreglen.

Con quien ahora echa más pestes que contra nadie es contra sus representantes, que, insisto, su culpa primera tienen y su penitencia está por pagar y me pregunto. ¿Pero acaso hay algo más parecido, cada cual con los suyos, los que se dicen de derechas y los que se piensan de izquierdas, que las propias gentes votantes con respecto a sus políticos votados? . A lo mejor antes del grito y de seguir en el griterío si nos pusiéramos a meditar que aquello que tanto criticamos no nos es en absoluto ajeno a todos o casi todos en general. Pero ¿quién es el guapo que se atreve a decir estas cosas al intocable pueblo, al pueblo español?

Identidades
JOAQUÍN RÁBAGO La Opinion 17 Abril 2013

Cuando tantas barbaridades se expresan por una parte y otra en el debate en torno al catalanismo, resulta refrescante leer unas declaraciones como las que ha hecho un político liberal canadiense al diario La Vanguardia, de Barcelona.

Uno siente cierta melancolía al leer la entrevista con Stéphane Dion, quien fue líder de los liberales de 2006 a 2008 y ocupó varias carteras ministeriales, y piensa para sus adentros: ¡Qué falta nos harían aquí políticos así en este país de pasiones y rencores!

"La mayoría de los quebequeses nos sentimos también canadienses. Yo tengo dos identidades y no quiero renunciar a ninguna. No quiero escoger ni que nadie me obligue a escoger. Las identidades suman, nunca restan", afirma el hoy diputado.

¿No da cierta envidia la naturalidad con la que se pronuncian cosas tan evidentes, pero que aquí resultan para muchos ofensivas, casi heréticas?

O estas otras palabras suyas: "(La mayoría) entiende que podemos aprender de nuestras diferencias y ser más fuertes".

Y, refiriéndose al nacionalismo: "Puede ser bueno o malo. Bueno, si fomenta la solidaridad con tu entorno. Malo, si crees que la diferencia con los otros es un problema. Bueno si crees que la diferencia enriquece, si crees que es una oportunidad para aprender

del otro y ser mejores. Ésta es la base de la democracia".

Qué contraste entre esas declaraciones y ciertos comentarios incluidos en la misma edición del periódico a propósito de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la enseñanza en castellano en esa que muchos no quieren más parte de España.

Frases tan descalificadoramente brutales como "tribunales de ocupación", "violencia institucional", "burla a la voluntad democrática catalana", "ataque directo a nuestra identidad", "un Estado que desprecia el idioma, la identidad y el sentir de una nación, se queda con sus recursos y no la trata como igual, sino como sierva".

Puede efectivamente no tener mucho sentido obligar a un centro a utilizar el castellano como única lengua vehicular por el simple hecho de que lo solicite un solo escolar. Pero ¿no es igualmente insensato pretender reducir el castellano a una lengua extranjera como el inglés?

¿Por qué no pueden alternarse ambas lenguas en la enseñanza de las distintas asignaturas, modulando -para utilizar una expresión de moda- el uso de una u otra según las distintas necesidades del alumnado de tal forma que al final el escolar tenga igual dominio hablado que escrito de ambas, que es de lo que debería tratarse?

¿No es más lógico convertir a las lenguas en factor de cohesión, y no de enfrentamiento, dentro de una comunidad? ¿No pasa con el bilingüismo como con las identidades, que suma más que resta? Esto, que parece tan lógico y elemental, es algo que no parecen querer entender los intolerantes: los de un lado y de otro. Y así nos va.

Que a la Generalidad no le falte impunidad ni financiación
EDITORIAL Libertad Digital 17 Abril 2013

El pasado lunes el consejero catalán de Justicia, Germá Gordó, hizo unas declaraciones en las que señalaba las "dificultades" de tipo jurídico que conllevaría celebrar la consulta secesionista sin autorización del Estado. Apostaba por no ponerse "nerviosos y acelerados" y recordaba que, si bien la Generalidad tendría la "obligación" de "trabajar para organizar la consulta", el acuerdo con ERC permitiría "la modificación del calendario".

En vista de cómo no pocos políticos y medios de comunicación se han apresurado a interpretar estas palabras poco menos que como un "viraje" o una "renuncia", el portavoz del Gobierno catalán y consejero de la Presidencia, Francesc Homs, se ha sentido en la necesidad de salir este martes a la palestra para reafirmar que la Generalidad mantiene el compromiso de su presidente de celebrar "sí o sí" la ilegal consulta secesionista.

La Generalidad ha aprobado este mismo martes el programa para definir una Hacienda propia, destinada a recaudar todos los impuestos que se paguen en Cataluña, así como la futura ley de Exteriores, dos proyectos que se enmarcan en el proceso de creación de las conocidas "estructuras de Estado", que, según ha manifestado Homs, tienen que tener "a punto ante el nuevo escenario político en Cataluña".

No harían falta pruebas para saber que los nacionalistas catalanes están en lo que están, si no fuera por la candidez con la que algunos desde Madrid se quieren creer que han cambiado, para así no dejar en entredicho la irresponsable condescendencia del Gobierno central. El arranque de sinceridad que tuvo el lunes el consejero de Justicia sobre la imposibilidad, desde el punto de vista jurídico, de celebrar la consulta de autodeterminación sin autorización del Estado no deja de ser muy similar al que otrora tuvo Pasqual Maragall cuando reconoció que el estatuto soberanista que entonces impulsaba era "inviable" sin una "reforma previa de la Constitución". Pero eso no significa, como entonces no significó, que no se vaya a incumplir la ley si el que tiene la obligación de hacerla cumplir no está dispuesto cumplir con su deber.

Para colmo, el Gobierno de Rajoy parece decidido a que el costosísimo proceso de transición nacional no arrastre a la Administración autonómica catalana a la suspensión de pagos, a la que sus despilfarradores delirios identitarios ya le habrían llevado si no fuera porque Madrid corre siempre a financiarla.

Ha sido el Gobierno del PP el que, con tal de evitar la intervención y el enfrentamiento con la Generalidad, ha convertido en papel mojado su propia Ley de Estabilidad Presupuestaria. ¿Nos ha de extrañar, pues, que la Generalidad acumule la mitad de todo el déficit autonómico en lo que llevamos de año? Eso, por no hablar del hecho de que la Generalidad sigue siendo destinataria privilegiada del Fondos de Liquidez Autonómica, como ya lo fue en 2012.

Así las cosas, por delictivo y caro que sea ese proceso de transición nacional, ¿por qué Mas iba a renunciar a él, si el Gobierno de Rajoy, por mucho que lo desautorice, parece decidido a seguir procurándole tanto impunidad como financiación?

¿En qué partido están?
Aleix Vidal-Quadras www.gaceta.es 17 Abril 2013

La jefatura de partido del PP se ha trasladado del centro-derecha al centro-izquierda y la del PSOE del centro-izquierda a la izquierda con ribetes anti-sistema.

Una de las características de nuestro sistema de partidos es la desideologización de las cúpulas. La falta de competencia interna para ocupar los puestos de máxima responsabilidad orgánica y para integrar las candidaturas electorales, fruto de la financiación pública y de la falta de democracia de los procedimientos, conduce a direcciones compuestas por burócratas ajenos al debate de las ideas y sólo atentos a la gestión del poder y a su conservación. Este cuadro perverso ha producido un efecto curioso en el actual panorama político español: la deriva izquierdista de los equipos rectores tanto del PP como del PSOE. Este desplazamiento no es la consecuencia de una revisión meditada de los fundamentos conceptuales y morales de las dos formaciones, sino de su respectiva adaptación oportunista al clima de opinión reinante en nuestro país a causa de la crisis y los dramas sociales asociados. Así, deseosos de seguir la evolución de las encuestas, la jefatura de partido del PP se ha trasladado del centro-derecha al centro-izquierda y la del PSOE del centro-izquierda a la izquierda con ribetes anti-sistema. Ambas coinciden, además, en el sostenimiento a toda costa de un Estado demasiado voluminoso, complejo e ineficiente en detrimento de la sociedad civil. Las brutales y confiscatorias subidas de impuestos del Gobierno y la nueva propuesta fiscal de Rubalcaba "para que paguen los ricos" son buena muestra del fenómeno en cuestión.

Como es lógico, esta situación anómala está provocando reacciones de desasosiego en el seno de las dos formaciones y se multiplican las voces de destacados militantes advirtiendo de la incoherencia de tales maniobras y de los riesgos electorales que entrañan. No es casualidad que los sondeos apunten ya a una pérdida de apoyo en las urnas de más de veinte puntos para el conjunto de los dos grandes partidos. Paradójicamente, en su afán de complacer a los futuros votantes, los líderes del PP y del PSOE arrastran a sus organizaciones al fracaso. El camino queda abierto a una reconfiguración del arco parlamentario que puede dar lugar a un Congreso de los Diputados mucho más fragmentado y difícil de manejar, pero también capaz de reflejar mucho más fielmente la realidad nacional.

El fin del oasis
Alfonso Merlos La Razón 17 Abril 2013

Era un espejismo, una mentira. Nunca hubo oasis catalán, sino un estanque profundo lleno de aguas fecales. Un cenagal. Es precisamente la cuasi-imposible misión que la Justicia tiene por delante: drenarlo y contribuir a que sea posible rellenarlo de agua limpia. Y el caso de Oriol Pujol está marcando, por su letal carga política y simbólica, el principio del fin de la impunidad; o al menos de una era nueva en la que, tal y como ocurre en las democracias rectas, los ciudadanos deben rendir cuentas por sus actos independientemente de su su árbol genealógico. Hay que reconocer que lo del «Príncipe» es de aurora boreal. Pero también que todo hijo de vecino tiene derecho a defenderse haciendo el ridículo o abrazándose a la trola. ¿Quién pone en duda que la reorganización del mapa de las ITV era un asunto de interés general? ¿Quién que era ineludible en esa reestructuración la toma de decisiones políticas y administrativas a varios niveles? ¡Pero ésa no es la historia, amigo! Aquí lo que se ventila es si alguien se estaba poniendo las botas: él, su familia y sus amigos. ¡¿O estamos ante algo distinto?!

Cuando un listo se lo lleva calentito busca fríos argumentos para justificar el enriquecimiento. Pero por encima del juicio a la persona hay dos aditamentos que chirrían. Primero: esa imagen, «esbirro style», de los hombres fuertes de CDC escoltando a lo «Reservoir Dogs» al primo de Zumosol. Segundo: la apelación al «país» para dar carta de naturaleza a la cacidada y, veremos, si al delito. Esto prueba que Cataluña, a ojos de los nacionalistas, es diferente. Pero esto importa ahora tres pimientos. Lo determinante es que quede claro que la aplicación de la ley, en un Estado de derecho, es una y para todos.

Vosotros…
Antonio-F. Ordóñez www.vozbcn.com 17 Abril 2013

‘Si tuviera que hacer una frase para la historia, después de 25 años entregado a un diario de Barcelona, sólo lanzaría una expresión de reproche: cómo fue posible que destrozaran esta ciudad que era cómoda, amable, paseable siempre -¿alguno de esos bonzos municipales ha intentado alguna vez caminar por la Diagonal?-, con un clima amable y una población discreta y poco entrometida. Una singularidad peninsular que rompieron los talibanes cuando recorrieron la ciudad denunciando quién tenía los carteles correctos y quién estaba fuera de la norma lingüística. La ciudadanía siguió impecable, pero el nuevo fascismo nacionalista, descendiente de los viejos tiempos nacional-católicos, enseñó la cara’
(Gregorio Morán, en un artículo publicado en La Vanguardia el 13 de abril de 2013).

En este artículo hablaré, dando ejemplos cotidianos, de mi experiencia de toda una vida residiendo en Cataluña siendo hijo de emigrantes andaluces y habiendo vivido siempre en esta ciudad, donde estudié en un colegio de curas y en una universidad púbica. Aquí, en definitiva, vivo y trabajo actualmente; por lo que la perspectiva y el conocimiento de los temas que aquí se cuecen, creo, modestamente, tienen un calado más hondo que el que refleja Mel Domínguez –de 27 años y entre nosotros desde 2011, en su popular vídeo aparecido en Youtube-; un vídeo que rápidamente ha apaciguado la conciencia de aquellos que, a sueldo, viven de propagar el mensaje políticamente correcto aquí, el nacionalista, en sus variadas versiones, a través de los medios de comunicación. Así Enric Sierra, haciendo referencia al mismo, en su artículo Odiar a los catalanes concluye: ‘Los conflictos inventados o falsos son todavía más complicados porque no hay nada que solucionar. Algo así sucede desde hace años con el inexistente lío del catalán en las escuelas. ¡Qué cansino!’. Hipócritas.

Empezaré por el final. Como miembro de Alternativa Ciudadana Progresista (ACP), asistí con un grupo de asociados y simpatizantes el pasado 14 de abril a una concentración por la república celebrada en la Plaza de San Jaime (Barcelona). Sorpresivamente un reportero de Barcelona Televisió (BTV), la cadena local pública del Ayuntamiento de Barcelona, pidió entrevistar al presidente de la entidad. Conociendo la exclusión sistemática que del español se realiza en los medios de comunicación de titularidad pública catalanes, contesté a las preguntas en el idioma de Cervantes y no dejé lugar a dudas sobre mi opinión respecto a que una república española no es que sirviese a Cataluña, sino que serviría a los trabajadores y ciudadanos de ella que tiene más en común con los de Andalucía o los de Asturias que con los de la burguesía, de aquí o de allí, que siempre han contribuido a dividirnos. Evidentemente, mi respuesta se silenció; ni rastro en las noticias de la televisión pública local, donde lo español y lo no nacionalista no tienen cabida en la opinión. Unas semanas antes, había acudido a los juzgados de lo contencioso administrativo en compañía de unos conocidos de otra Comunidad Autónoma que encontraron dificultades al ser todos sus rótulos indicativos exclusivamente en catalán. Presenté la correspondiente queja, en su nombre, cuya respuesta oficial, en la línea del contenido del vídeo, viene a decir que como ambas lenguas son románicas no se ha de tener problemas para entender lo que allí se diga con un pequeño esfuerzo y, en todo caso, el personal de la entrada, gustosamente, atendería cualquier duda al respecto que pudiera presentarse. Olvidan lo que significa el estándar de oficialidad de una lengua o, sencillamente, no quieren entenderlo.

Otro tanto pasa con las señales de tráfico, mayoritariamente y pese a lo que preceptúa la ley, no respetuosas con el bilingüismo, lo que hace que a menudo las infracciones de tráfico queden sin su correspondiente sanción por no respetar la lengua común de los transeúntes, como ha denunciado en diversas ocasiones este diario digital.

Tengo mujer e hijastras en otra Comunidad Autónoma. Cuando pensamos en su educación nos plateamos traerlas a Barcelona. Rápidamente lo descartamos, pues, sabíamos de primera mano las grandes dificultades que tienen los estudiantes y profesores para poder expresarse en la escuela pública y también en las universidades en otra lengua que no sea el catalán. Todo ello pese a las resoluciones de los tribunales de justicia que hablan de ‘convivencia armónica’ y del ‘equilibrio inexcusable entre lenguas igualmente oficiales’, pero que, sin embargo, los máximos responsables públicos manifiestan, pública y abiertamente, no tener la menor intención de respetar.

Mis padres son mayores y han de acudir, lamentablemente, muy a menudo a los servicios públicos de salud. Más lamentable todavía: he tenido muchas veces que traducirles las indicaciones escritas de tratamientos que se les hacía, pues, algún personal sanitario, al parecer, no tiene ni la sensibilidad necesaria con la gente mayor, ni la intención de respetar la legalidad vigente en cuanto al derecho de opción lingüística que corresponde a los ciudadanos de Cataluña.

Un amigo de hace años tenía un local de negocio en la ciudad, con nombre toreramente de ascendencia española. Sufrió en sus carnes la humillación de tener obligatoriamente que cambiar los rótulos de su establecimiento para no desairar al poder hegemónico y ello pese a que se sabe que ello es contrario, por intromisión ilegítima en la privacidad, a la Constitución según ha establecido el Tribunal Constitucional (TC). Por no contar con los problemas que en materia lingüística me encuentro en la administración donde trabajo, en la que todo va sobre ruedas si no osas alzar la voz sobre el respeto debido a las dos lenguas oficiales en Cataluña. Sin preferencias ni discriminaciones, como en cualquier país civilizado o institución internacional sucedería, pero, no al parecer en el que vivimos.

Lo peor de todo y para no extenderme más, querida amiga onubense -aunque quizás seas aún muy joven para entenderlo- es que aquí, si te significas de forma honesta y sensata por la convivencia, la tolerancia, la igualdad y la libertad, rechazando cualquier tipo de discriminación por motivos etnolingüísticos amparándote en el derecho vigente, sufres la marca, más o menos sutil, en forma de marginación, despido, olvido, destierro, acusación de algún grado de trastorno psíquico -si no locura- o, en el peor de los casos, mediante la violencia. Así que cualquier denuncia de la realidad tiene ese halo de heroísmo del que sabe, a priori, los riesgos que asume y llega a la conclusión consciente y valiente, de anteponer su dignidad a la certeza de correrlos irremediablemente.

Por ello quiero destacar la valentía de Gregorio Morán al llamar a sus cosas por su nombre en el artículo que encabeza este escrito. Rápidamente, un oficial nacionalista con mando en plaza se ha encargado de contestarle y marcarlo, Francesc-Marc Alvaro, en su artículo Nosotros los nazis:

‘Hace pocos días, he leído que alguien asociaba sin ninguna vergüenza la normalización lingüística del catalán a los talibanes, al fascismo y al nacionalcatolicismo. Insuperable. De joven hubiera sentido rabia ante el autor de este tipo de ocurrencias, ahora siento pena, me he hecho mayor y la compasión me domina. Es la pena que produce el triste espectáculo del resentido profesional vomitando sobre la realidad, para ahorrarse un médico que le trate los traumas’.

Después se explaya sobre el catalanismo y la dictadura, justificando los desmanes en la legitimidad democrática que les ofrecen las urnas, olvidando que los nacionalsocialistas alemanes también alcanzaron el poder de esa forma, también acabaron conculcando la ley cuando les interesaba y también terminaron eliminando a los disidentes, reales o imaginarios, hombres, mujeres, niños…; acabando uno por llegar a la conclusión de que el resentido parece ser él mismo.

Soy barcelonés, catalán, español y europeo; pero eso sería lo de menos. Lo fundamental es que soy un trabajador y ciudadano con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro en España porque así me lo reconoce la Constitución. Alguien que me quiere bien, con mucha verdad en ello, siempre me ha aconsejado: “Vive y deja vivir”. Todo lo contrario de lo que hacen lo totalitarios. Estos dedican su vida, de forma casi enfermiza diría, a crear un nuevo orden paso a paso, sin prisas pero sin pausas, a la medida de sus deseos, gustos, costumbres… sin respetar los de los demás ni tener la menor consideración para con ellos. Siempre, sin excepción, obedecen en última instancia al poder financiero que los patrocina y sufraga; utilizados, en definitiva, como peones al servicio de los intereses particulares que en esta Comunidad representa la burguesía catalana, auténtica genocida de la cultura española a la que considera extraña, peligrosa y un obstáculo, en definitiva, a eliminar para alcanzar sus intereses uniformadores y excluyentes.

Los nacionalismos cuando empiezan a surgir nadie se los toma en serio; pero, acaban creciendo, fruto de los intereses coyunturales de las élites locales y de los prejuicios y la falta de formación de sus sirvientes, y generando un odio hacia el diferente que irremisiblemente acaba haciendo mucho daño, engendrando recurrentemente nuevos nacionalistas ejecutores dispuestos a todo, incluso a falsear la realidad. No importa que se presenten como invitados en tertulias circenses en horas de mayor audiencia en las televisiones sufragadas con los recursos públicos de todos, ni como plumas a sueldo en uno de los diarios de los de mayor difusión que aún sobreviven gracias a la subvención. No importa que llenen esos espacios gracias a que otros fueron censurados y eliminados de los mismos. Su fin justifica los medios.

Por cierto, Mel, hace 50 años, mis padres tuvieron que abandonar su tierra natal en busca de un futuro mejor para ellos y su familia. Veo por tu vídeo que tú también has tenido que emigrar; ha pasado el tiempo y la historia se repite; ¿te has parado a pensar si esto es justo socialmente? ¿Conoces que aquí se difunde, como una idea oficial, que “España nos roba”? ¿Entonces, por qué te ves forzada a dejar tu casa, tu familia y amigos para empezar de cero lejos de tu tierra y no ellos, los supuestamente perjudicados? ¿Te has parado a pensar? Quizás algún día, cuando pase un tiempo, tengas la necesidad de hacer otro vídeo completamente distinto. No esperes, entonces, la publicidad gratuita que obtuviste con el primero. Al tiempo.

Antonio-F. Ordóñez Rivero es letrado, inspector de Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona y presidente de Alternativa Ciudadana Progresista

Cataluña
Wert acusa a CiU de no poner solución al problema lingüístico en las escuelas
“No es tan difícil, basta un acto de buena voluntad para que desaparezca esta litigiosidad”, recuerda el ministro de Educación, Cultura y Deporte. El congresista de CiU, que pregunta a Wert por las últimas resoluciones del TSJC, considera a los padres que piden bilingüismo en las escuelas de “una minoría judicializada contra la normalidad” y que “siembra odio contra Cataluña”.
Redacción www.vozbcn.com 17 Abril 2013

“No hagan decir a las resoluciones judiciales cosas que no dicen”. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert (PP), ha respondido de esta manera al congresista de CiU Pere Macias que, en una interpelación en la Cámara Baja, este miércoles, ha pedido explicaciones al Gobierno por los últimos diez autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obligan a la Generalidad a cumplir la ley reintroduciendo el español, junto al catalán, como lengua vehicular en las escuelas de la Comunidad.

El congresista de CiU, que ha calificado a los padres de los alumnos que han pedido que se aplique el bilingüismo en las escuelas, vía judicial, después de que la Consejería de Enseñanza haya ignorado sus peticiones, como “una minoría judicializada contra la normalidad” -cuantificándola en el “0,00283%”- y que “siembra odio contra Cataluña”, ha exigido a Wert que no cumpla con lo que han establecido los tribunales y, además, haga pedagogía en favor de la inmersión lingüística obligatoria en catalán en el resto de España.

El ministro, sin embargo, ha dejado claro que las leyes son “claras”, se cumplen y “las resoluciones judiciales se acatan”, en clara referencia a lo manifestado por la consejera de Enseñanza, Irene Rigau (CiU), nada más conocer la semana pasada los últimos autos del TSJC, cuando aseguró que no piensa aplicar lo que han establecido los tribunales de justicia.

“No se debe jugar con los sentimientos de la gente”
Wert ha recordado a Macias que, en un tema tan sensible como es el lingüístico, “no se debe jugar con los sentimientos de la gente” defendiendo una posición en base a algo que no han señalado los tribunales. Ningún auto, ni sentencia judicial, ha establecido que un solo niño obligará al resto de la clase a ser inmersionados en español, pero tampoco se puede inmersionar a nadie en catalán sin su voluntad.

El ministro ha insistido en que las resoluciones judiciales hablan de aplicar “una proporción” equilibrada al uso de las dos lenguas, español y catalán, potestad que deja en manos de la Generalidad, pero que, en ningún caso, esta “proporción” puede suponer que el español no sea lengua vehicular, con el catalán, en las escuelas de la Comunidad.

Así, Wert ha reprochado a CiU, que ha gobernado la Generalidad durante 25 años, no haber querido “buscar un mecanismo que el Tribunal Constitucional ha requerido” para que el bilingüismo se vea con normalidad en las aulas, como lo es en las calles de Cataluña. Este mecanismo, ha añadido el ministro, “no debe suponer la exclusión completa del castellano, [...] no es tan difícil, basta un acto de buena voluntad [...] para que desaparezca esta litigiosidad”.

Resolver un problema enquistado
El Gobierno “está dispuesto a buscar un acuerdo [con la Generalidad] en esta materia”, ha ofrecido el ministro; pero ha indicado que este acuerdo “solo tiene un limite”: se debe “respetar la forma en que el Tribunal Constitucional tiene establecido como debe ser el modelo educativo”. Es decir, sin la exclusión de una de las dos lenguas oficiales de Cataluña.

Wert ha aprovechado su intervención para traer a colación que la nueva ley de educación que está en el trámite previo al parlamentario pretende evitar que este tema siga enquistado debido a que desde la Consejería de Enseñanza no se quiere dar salida al negarse a aplicar la ley en sus términos, tal y como han establecido los tribunales.

La nueva norma, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), podría estar aprobada definitivamente el próximo otoño, por lo que no entraría en vigor hasta el curso 2014-2015, tras su paso por el Consejo de Ministros, lo que se prevé inminente, y las Cortes Generales.

Para la aprobación de la ley, el Ministerio ha llevado a cabo una serie de consultas permanentes con todos los actores implicados, desde sindicatos a entidades cívicas, pasando por expertos en la materia educativa. En este contexto, la semana pasada, según ha podido saber LA VOZ DE BARCELONA, se reunieron en la sede del Ministerio en Madrid representantes de las entidades cívicas en defensa del bilingüismo en las escuelas con subordinados de Wert para ver de qué manera se puede incluir en el articulado de la norma las propuestas que presentaron a mediados de marzo como enmiendas a la LOMCE.

Regeneración 2.0
Ignacio Rupérez Larrea* El Confidencial  17 Abril 2013

No hay mejor campaña de reputación que hacer las cosas bien. Esto parece una obviedad, pero en lo que a Marca España se refiere, esta premisa parece no estar cumpliéndose, al menos en parte. Tenemos empresas líderes, una nueva generación de emprendedores, turismo y unas exportaciones boyantes. Pero no es suficiente.

Leíamos hace poco en este diario que grandes fondos internacionales estaban retirando sus inversiones en nuestro país ante el temor de que “la corrupción se lleve por delante la débil estabilidad política”. También el pasado jueves, el corresponsal de Reuters en España, Julian Toyer, declaraba lo siguiente: “Nosotros seguimos mucho lo que se llama el riesgo político para los mercados y creo que, ahora, claramente se identifica un riesgo político en España”. Y añadía que “los inversores quieren seguridad, saber que les van a devolver el dinero, que no va a haber problemas y que el Gobierno es estable y está centrado en resolver la crisis”.

En los últimos meses, se ha empezado a escuchar un mar de fondo que reclama una regeneración política de nuestro país. Si tiramos de historia, hace falta remontarse al movimiento regeneracionista de finales del XIX y principios del XX. Esta corriente del pensamiento crítico se constituyó como una reflexión de las causas de la decadencia de España como nación, apoyada desde el punto de vista artístico por la Generación del 98. Su nacimiento fue consecuencia, entre otras cosas, de la crisis del sistema político de alternancia de partidos que Cánovas estableció como solución estable tras un conflicto armado (Guerras Carlistas) y de una Constitución (la de 1876) que permaneció sin actualizarse demasiado tiempo y que llevó a un ambiente de corrupción política alejado de los problemas reales del pueblo. ¿Les suena?

Joaquín Costa, considerado por muchos el padre del Regeneracionismo, enumeraba los problemas de la crisis que atravesaba España en falta de patriotismo, desprecio de lo propio y ausencia de interés común. Revisando textos de la época, llama la atención que muchos son de absoluta actualidad. Por ejemplo, en el célebre artículo "Sin Pulso" de Francisco Silvela, escrito en 1898, encontramos frases como: “El efecto inevitable del menosprecio de un país respecto de su Poder central es el mismo que en todos los cuerpos vivos produce la anemia y la decadencia de la fuerza cerebral: primero, la atonía, y después, la disgregación y la muerte. (…) Pero aún es más grave que la misma corrupción y endeblez avance de las extremidades a los organismos más nobles y preciosos del tronco, y ello vendrá sin remedio si no se reconstituye y dignifica la acción del Estado”. Por su parte, Joaquín Costa, considerado por muchos el padre del Regeneracionismo, enumeraba los problemas de la crisis que atravesaba España en falta de patriotismo, desprecio de lo propio y ausencia de interés común.

Hacen falta ideas y hace falta pensamiento crítico. Y hombres de Estado, en mayúsculas, que independientemente de sus ideologías acometan la reforma del sistema que acabe con la corrupción y con la ruptura que se ha producido entre ciudadanos y clase política. El último estudio presentado la semana pasada por la Fundación BBVA revelaba que, en una encuesta a 15.000 personas en 10 países de la UE, los políticos son el grupo social que menor confianza genera en Europa, con una nota media de 3, y en especial en España, con una nota media de 1,5 en una escala de confianza de 0 a 10.

Una ley anticorrupción, un debate público sobre la ley electoral y el sistema de partidos, la profesionalización de la política (y del acceso a la carrera política), la racionalización de las Administraciones Públicas y sus duplicidades o una Ley de Transparencia efectiva (que incluya también el fin de las ruedas de prensa sin preguntas) son algunas de las iniciativas que sería conveniente acometer. Es cierto que algunas de estas reformas se están iniciando y que otras, previsiblemente, se desarrollarán estratégicamente en los meses previos a las elecciones. Sólo conviene recordar que no hay tiempo que perder y que deben ser medidas consistentes. Estamos viendo (y hemos visto a lo largo de la Historia) que no hacerlo puede traer consecuencias indeseadas como el resurgir de movimientos populistas y radicales y, si no, miren a Italia o a Grecia.

España es un país de oportunidades. Mucho más productivo y creativo de lo que creemos. Con talento, con empresas líderes a escala internacional, con una músculo exportador a pleno rendimiento. Sin embargo, falta generar confianza institucional dentro y fuera de nuestras fronteras con hechos, más que con palabras. Y es que la llamada ‘Marca España’ no tiene sentido mientras -como dice el genial escritor Juan José Millás- las aguas potables y las aguas fecales del Estado continúen mezclándose en las mismas cañerías.

*Ignacio Rupérez Larrea. Comunicación Corporativa y Financiera de Burson-Marsteller.

Repetir la historia
Nota del Editor 17 Abril 2013

Es curioso, es autor propone medidas para repitamos por tercera vez la historia que cuenta: una ley anticorrupción sólo sirve para llegar tarde a todo y no corregir nada; un debate público de la ley electoral menos aún, simplemente todos los votos tienen que tener el mismo valor y para ello deben ser emitidos con conocimiento (los medios públicos y privados puestos a disposición de los profesionales de la política desvirtúa su valor); el sistema de partidos es el verdadero problema; los profesionales de la poítica son los encargados que así sea, la racionalización de las administraciones "en plural" es otro disparate, administración única; ley de transparencia con lenguas regionales es una tomadura de pelo.

Internacional
La UE advierte a Flandes de que no puede obligar a los comunitarios a redactar los contratos en neerlandés
El Tribunal de Justicia de la UE ordena modificar un decreto de la Comunidad Flamenca que obligaba a redactar los contratos laborales transfronterizos en neerlandés, la lengua oficial de Flandes, porque es contrario a la libre circulación de trabajadores garantizada en el Tratado de Funcionamiento de la UE. Este criterio es trasladable a muchas de las normativas promulgadas por la Generalidad en Cataluña.
Alejandro Tercero www.vozbcn.com 17 Abril 2013

Cataluña no es el único territorio de la Unión Europea (UE) donde las normas lingüísticas vulneran los derechos de sus ciudadanos, ya sean estos particulares o empresarios.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), con sede en Luxemburgo, ha dictaminado este martes que el decreto de la Comunidad Flamenca (el Gobierno regional de Flandes, en Bélgica) que obliga a redactar todos los contratos laborales en neerlandés (lengua oficial en la región y cooficial en Bruselas) es contrario a la libre circulación de trabajadores en el caso de los contratos laborales de carácter transfronterizo (esto es, cuando una de las partes es extranjera o reside fuera del país), por lo que deberá modificar esa normativa.

La sentencia reconoce el ‘legítimo’ objetivo de ‘fomentar y estimular el uso de la lengua neerlandesa’ por parte de la administración pública, y hace referencia a los artículos del Tratado de la UE y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que señalan que ‘la UE respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística’ y que ‘respetará asimismo la identidad nacional de sus estados miembros, de la que también forma parte la protección de la lengua o lenguas oficiales de estos últimos’.

Sin embargo, advierte de que obligar a redactar los contratos laborales transfronterizos ‘exclusivamente en la lengua oficial’ de la región ‘no puede considerarse’ como una fórmula ‘proporcionada’ para alcanzar dichos objetivos.

‘Un efecto disuasorio en los trabajadores y empresarios’
El contencioso se originó en 2009, cuando la delegación de Flandes de una multinacional de Singapur despidió a un empleado de nacionalidad neerlandesa y residente en los Países Bajos. El empleado, descontento con la indemnización ofrecida, acudió a los tribunales para solicitar una cantidad mayor a la prevista en el contrato, apelando a que este -firmado en 2004- se redactó en inglés, lo que contravenía un decreto de la región de Flandes que establece la obligatoriedad de redactar los contratos laborales en neerlandés, so pena de ser declarados nulos sin que ello perjudique los derechos del trabajador ni los de terceros.

La empresa, por su parte, apeló al Tratado de Funcionamiento de la UE, que consagra la libre circulación de los trabajadores entre estados miembros, frente al decreto en cuestión, que ‘constituye un obstáculo a esta libertad fundamental’ y que según la jurisprudencia comunitaria,’solo podría justificarse por razones imperiosas de interés general’. Además, recordó que el contrato se redactó ‘en una lengua comprensible para ambas [partes], esto es, el inglés, en especial habida cuenta de que el director de la sociedad que lo firmó es un nacional de Singapur que no domina la lengua neerlandesa’.

Esta situación generó las dudas del Tribunal de lo Social de Amberes que llevaba el caso, y decidió trasladar al TJUE la siguiente ‘cuestión prejudicial’:

‘¿Infringe [el decreto sobre el uso de las lenguas en los contratos laborales] el artículo [45 del Tratado de Funcionamiento de la UE] relativo a la libre circulación de trabajadores dentro de la UE, en la medida en que obliga a toda empresa situada en la región lingüística neerlandesa que contrate a un trabajador para un puesto de carácter internacional a redactar en lengua neerlandesa, so pena de nulidad, todos los documentos relacionados con la relación laboral?’.

El TJUE ha respondido que ‘una normativa de un Estado miembro que no se limitara a imponer la utilización de la lengua oficial de éste para los contratos laborales de carácter transfronterizo, sino que permitiera además elaborar una versión de esos contratos, cuyo texto fuera igualmente auténtico, en una lengua conocida por todas las partes implicadas, atentaría menos contra la libertad de circulación de los trabajadores que la normativa controvertida en el litigio principal, sin dejar por ello de ser adecuada para garantizar los objetivos perseguidos por esta última normativa’.

Y ha añadido que ‘tal normativa puede producir un efecto disuasorio en los trabajadores y empresarios que no hablen neerlandés procedentes de otros estados miembros y constituye, por tanto, una restricción a la libre circulación de los trabajadores’.

Una situación trasladable al caso de Cataluña
El TJUE ha concluido que ‘el artículo 45 Tratado de Funcionamiento de la UE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de una entidad federada [esto es, un gobierno regional] de un Estado miembro que, como la controvertida en el litigio principal, obliga a todo empresario que tenga su centro de explotación en el territorio de esa entidad a redactar los contratos laborales de carácter transfronterizo exclusivamente en la lengua oficial de dicha entidad federada, so pena de que el juez declare de oficio la nulidad de los contratos’.

La sentencia podría suponer un precedente para el caso de Cataluña, puesto que el mismo argumento al que apela el TJUE, en el sentido de que puede producirse ‘un efecto disuasorio en los trabajadores y empresarios’, es aplicable a todas aquellas normativas de la Generalidad que ordenan utilizar, al menos, una lengua oficial en concreto (en este caso, el catalán) en las relaciones privadas entre ciudadanos, trabajadores y empresarios. Unos preceptos que, en todo caso, ya han sido considerados ilegales por el Tribunal Constitucional, pese a que el Gobierno autonómico sigue haciendo caso omiso de ello.

Lidera el descuadre fiscal
Cataluña acumula la mitad de todo el déficit autonómico
Las administraciones públicas registran un déficit del 1,9% del PIB hasta febrero, casi la mitad de lo previsto para todo el año (4,5%).
M. Llamas Seguir a @manuel_llamas Libertad Digital 17 Abril 2013

En tan sólo dos primeros meses del año, el sector público acumula ya el 42% del déficit previsto para todo 2013. En concreto, el conjunto de las administraciones públicas registró un descuadre fiscal de 20.160 millones de euros hasta febrero, lo que equivale al 1,9% del PIB, según los últimos datos en términos de contabilidad nacional publicados por el Ministerio de Hacienda, aunque todavía están sin agregar y no incluyen a los ayuntamientos.

En este sentido, cabe recordar que el objetivo de déficit público fijado por Bruselas se sitúa, por el momento, en el 4,5% del PIB para el conjunto del ejercicio. Así pues, en apenas dos meses, las administraciones han registrado casi la mitad del déficit previsto inicialmente para todo el año. Sin embargo, el Gobierno confía en ampliar una vez más el agujero presupuestario permitido por las autoridades comunitarias, con el objetivo de reducir el ajuste fiscal. España cerró 2012 con un déficit próximo al 7% del PIB (10,6% si se cuentan las ayudas bancarias) y este año tendría que reducirlo al 4,5%. El Gobierno confía en que Bruselas eleve el objetivo hasta el 6% del PIB.

En términos desagregados, la Administración Central (Estado) registró hasta febrero un déficit de 22.122 millones (2,08% del PIB), como consecuencia de unos gastos de 30.212 millones y unos ingresos de apenas 8.090 millones. El límite máximo fijado para el Gobierno se sitúa en el 3,8% para 2013. Es decir, en sólo dos meses, la Administración Central acumula ya más de la mitad del agujero fijado para todo el ejercicio.

El déficit de las CCAA, por su parte, se situó en 1.277 millones de euros (0,12% del PIB) hasta febrero, derivados de unos gastos de 22.698 millones y unos ingresos de 21.421 millones. El umbral máximo es, inicialmente, del 0,7% para todo el año.

Por último, la Seguridad Social cerró con un superávit de 3.239 millones (0,30% del PIB), tras registrar unos ingresos de 27.160 millones y unos gastos de 23.921 millones. El objetivo de déficit previsto para la Seguridad Social y las Corporaciones Locales es del 0% en 2013.

Cataluña, la más incumplidora
En cuanto a los datos concretos de déficit por comunidades autónomas, Cataluña es la comunidad que acumula más déficit hasta febrero, tanto en términos absolutos (677 millones de euros) como en porcentaje (0,34% del PIB), la misma tasa que Murcia, si bien la necesidad de financiación de esta comunidad ascendió a una cantidad mucho más pequeña, al presentar un agujero de apenas 93 millones de euros. Tras Cataluña y Murcia, las autonomía con mayor déficit relativo fueron Andalucía, con un 0,18% (255 millones), y Madrid, con el 0,16% (304 millones).

Por el contrario, hasta febrero no tuvieron necesidad de incurrir en déficit un total de siete autonomías: Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja. Las cuentas más saneadas las presentaba Navarra, con 93 millones de euros de superávit, seguida de Asturias, con 61, y Cantabria y La Rioja, ambas con 25 millones de euros.

EN UNA ENTREVISTA
Toni Cantó compara la pederastia con la inmersión lingüística
"A mí no me dejan estudiar en castellano en Cataluña, o en algunos lugares de Valencia, que está dirigida por el Partido Popular"
M.MC. | MADRID El Correo 17 Abril 2013

Toni Cantó sigue siendo una de las estrellas de la polémica de la primera línea política española. Subir un vídeo a Twitter en el que cohete caía sobre la sede de Canal Nou, afirma que una de cada tres fallecimientos por violencia de género son varones o hacerse eco de la rumorología para asegurar que gran parte de las denuncias de casos de maltrato machista interpuestas por mujeres son falsas, el diputado de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha sumado una nueva perla a su polémico catálgo. En una entrevista concendida a Jot Down, el parlamentario magenta ha venido a comparar la inmersión lingüistica con la pederastia, en plena tormenta política tras la sentencia del TSJC sobre la política educativa del Govern.

"Se llevan con mayor naturalidad porque no se prohíben", contesta al ser preguntado por otros países con varias lenguas. "A mí no me dejan estudiar en castellano en Cataluña, o en algunos lugares de Valencia, que está dirigida por el Partido Popular", aclara Cantó que aboga "por poner límites" de la "misma manera que no se puede decir que se permita a los pederastas que campen a sus anchas". Poco después, ha reculado en la comparación. "A lo mejor debía poner otro ejemplo -continúa-, si comparo lo de la lengua con estas cosas ya voy jodido", opina.

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Cobardía de un Gobierno.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 17 Abril 2013

Cuando un Gobierno que dipone de mayoría absoluta es incapaz de gobernar y hacer respetar la Ley, su único camino es el de la renuncia y la convocatoria de nuevas elecciones. Su actitud solo puede calificarse de cobardía y de ceder a todos los chantajes e insumisiones que le plantean los dirigentes secesionistas de las llamadas Comunidades Autónomas "históricas", como si hubiera otra historia que negase la unidad de España como la nación más antigua de la era moderna de Europa.

Desde la llamada transición, solo se ha ido en el camino de agradar y apaciguar las ansias secesionistas de unas minorías nacionalistas catalanas y vascas, que a lo largo de más de tres décadas han hecho de las antiguas Vascongadas y Cataluña, feudos de un nacionalismo totalitario, insolidario y que ha ido impartiendo el odio en las nuevas generaciones de españoles que ya no se consideran como tales. Se ha permitido que sus cotas de poder lleguen a extremos irreversibles, donde el Estado, es decir la representación de España, es casi inexistente y con influencia nula.

Unos territorios en los que la lengua oficial de España es despreciada, ninguneada y sometida a exclusión.Unos territorios donde se vulneran los derechos fundamentales de los españoles y donde se incumplen sistemáticamente las leyes y las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Unas comunidades donde grupos ultra o directamente terroristas han sido legalizados como partidos políticos y ostentan el poder, ejerciendo como medios de presión y coacción al más puro estilo fascista que tanto criticaban de la anterior dictadura.

Han pasado más de 15 meses desde que el PP, con Rajoy a la cabeza, formó Gobierno y sus actos solo han ido encaminados a realizar una política de continuismo ya emprendida abiertamente por los anteriores gobiernos del PSOE con Zapatero y Rubalcaba. Dos personajes cuyo sectarismo ha sido el motor de unas políticas que nos han llevado al estado actual de ruina y de descalabro social. Una política de continuismo en las vergonzosas concesiones al terrorismo de ETA y a su mundo, con la permisividad de la legalización de sus brazos políticos BILDU y SORTU, por un Tribunal Constitucional politizado y culpable de semejante felonía. Una política de liberación de presos etarras y de marginación del colectivo de víctimas del terrorismo.

Una política de asfixia a los ciudadanos con las subidas dramáticas de impuestos, mientras se mantiene intacto el aberrante sistema autonómico y el sobredimensionamento mórbido de la estructura del Estado, en todos sus niveles, con la permanencia de miles de empresas públicas, cobijo de parásitos de la sociedad procedentes del clientelismo de los partidos políticos. Una política de empecinamiento en que sean los ciudadanos los que sigan manteniendo esta situación insostenible e injusta. Una política que solo podria llamarla cobarde y totalitaria.

Ha llegado el momento de decir ¡BASTA! y exigir un cambio radical. Este Gobierno ya ha tenido plazo más que de sobra para haber emprendido reformas estructurales y poner en práctica una forma de gobierno desde la autoridad y la legitimidad que le concede disponer de una mayoría parlamentaria. Ya no puede haber más concesiones. A este Gobierno y a los partidos políticos mayoritarios se les ha acabado el crédito y deben emprender un camino de rectificación en la defensa de los intereses de España. Caiga quien caiga y sofocando cualquier intento de destrucción de la Nación, aplicando todo el peso de la Ley.

Porque ni España, ni el pueblo español se merecen soportar este destino al que le llevan. Manifestemos nuestro rechazo más enérgico. Ante la opresión, insumisión.
Oriol, por casualidad
Xavier Horcajo www.gaceta.es 17 Abril 2013

Le pueden archivar la imputación porque sólo vean “aromas de corrupción”.
Oriol Pujol, secretario general de CDC aunque con funciones delegadas en otros, acude a los juzgados entre gritos e insultos. Le recriminan su actuación negociando concesiones administrativas de la Generalitat y ofreciendo “protección” política a los que se quieren ir de Cataluña. Quiero recordarles que Oriol Pujol fue pillado con las manos en la masa por unas conversaciones grabadas por el Servicio de Vigilancia Aduanera de Galicia que seguía las andanzas de Dorribo. ¿Le hubieran pillado los fiscales y la Policía catalanes? ¿Hubieran mirado para otro lado? ¿Advertirán que tiene una casa junto al amiguete Sergi Alsina, el de Alta Partners, construidas a la vez, juntitas, y probablemente hijas de algún sablazo a multinacional?

En otro lugar de España, estaríamos hablando de ilícitos como tráfico de influencias, e incluso más si se prueba –como parece– que se enriqueció en esos “servicios especiales” que prestaba a muchas empresas. Pero “Cataluña is different!” porque en Cataluña no hay Estado, en todo caso hay funcionarios pactados con CiU; me refiero a fiscales, delegados de Hacienda, del Puerto o de AENA, tanto da. Al no haber Estado desintervenido, a Oriol le puede pasar que le archiven la imputación porque solo vean en ella: “Aromas de corrupción”, como pasó en el caso Casinos. Que la instrucción del caso duerma 15 años, como con el caso Pallerols. O que el fiscal negocie la entrega de una cantidad a cambio de que no ingrese en prisión (también lo hemos visto). Incluso, de salir condenado, Rajoy le indultaría (también lo hemos visto). Así que puedo afirmar, con rotundidad que Oriol Pujol no pisará las prisiones, ni catalanas ni españolas. La justicia no es igual para todos en España; en Cataluña, todavía menos.

Contra las cuerdas
Fermín Bocos Estrella Digital 17 Abril 2013

Si en términos políticos Cataluña está desnortada, en el registro financiero, lo que está es asfixiada -su déficit, a finales de febrero, superaba los 670 millones de euros, el más abultado entre las CCAA-. Pese al discurso oficial que impulsa la deriva independentista, en el gobierno de la "Generalitat" se empiezan a escuchar voces de auxilio destinadas a encontrar eco en Madrid. La más clara ha sido la del "conseller" de Justicia, Germà Gordó. Ha recordado una evidencia: la consulta soberanista no tiene cabida en el actual marco jurídico, por lo que para seguir adelante con la hoja de ruta comprometida por Artur Mas es imprescindible buscar algún tipo de acuerdo con el Gobierno central. Sabida cual es la posición del PP en este asunto en el que -con criterio que resume la opinión de la mayoría- mantiene que el único camino es el que marca la ley, se abre aquí un espacio para que la política haga lo posible para recomponer lo que la política ha desestabilizado.

Su déficit, a finales de febrero, superaba los 670 millones de euros, el más abultado entre las CCAA
Primero en el núcleo directivo de Unió (Durán) y después en voz de otros dirigentes de CiU alejados del sanedrín que preside Mas, pero pastorea Francesc Homs, se está abriendo paso una reflexión que invita a recomponer los puentes con el PP. Según expresa algún dirigente, crítico con el proceso, sería suficiente con que Artur Mas pudiera salvar la cara presentando a la opinión pública resultados tangibles en el terreno de la financiación; resultados que le permitieran relegar la comprometida consulta al programa electoral, renunciando a plantear el plebiscito en el 2014 como tiene comprometido con ERC.

Según diversas fuentes, por encomienda expresa de Mariano Rajoy, el ministro García Margallo se ha convertido en interlocutor directo con el presidente de la "Generalitat". Un Artur Mas al que describen como un político muy tocado que todavía no ha metabolizado el tortazo electoral y que por lo tanto transita con aire de ausente. La estrategia de bajo perfil seguida por Rajoy en este contencioso, estrategia que pone de los nervios a algunos de los suyos (Aznar, Aguirre), recuerda la esgrima de los boxeadores que compensan la limitada potencia de sus ganchos con un juego de piernas que consigue agotar al contrario. Cogido entre la espada del déficit que sitúa a Cataluña al borde la quiebra y la pared de ERC (que le apoya a cambio de que convoque la consulta), Artur Mas ha pasado de no escuchar al árbitro que le recordaba las normas a volver su mirada hacia él con la esperanza de que le salve del desastre.

Veremos cómo evolucionan los acontecimientos, pero lo que es seguro es que algo se está moviendo en el rincón nacionalista del ring donde alguno de los preparadores está pidiendo árnica mientras que otros reconocen abiertamente el desvarío que fue plantear el combate. De lo que nadie duda es de que Artur Mas está tocado y contra las cuerdas y de que la última palabra la tiene el árbitro.

Cataluña
El Consejo para la Transición Nacional de Cataluña
José García Domínguez Libertad Digital 17 Abril 2013

Hace apenas unas horas acaba de ser presentada en público la versión catalana del cuento de la lechera. Un remake vernáculo promovido a instancias de la Generalitat que responde por Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña. Así, los catorce transeúntes nacionales que lo integran, peritos todos ellos en sediciones, aconsejarán a Mas sobre la creación de "estructuras de Estado". Empeño que, según se nos dice, abarcará desde la muy perentoria fundación del banco central de Cataluña, pasando por la organización del servicio diplomático doméstico y los protocolos para acceder a la doble nacionalidad, hasta la fijación de los criterios técnicos que habrán de regir un reparto justo y equitativo del patrimonio actual del Estado español.

Todo ello, huelga decir, mientras la hacienda autonómica carece de fondos para siquiera abonar la nómina del mes de abril a sus doscientos mil empleados; varios proveedores rehúsan servir tiritas y aspirinas al Servicio Catalán de Salud por falta de pago; los hospitales concertados anuncian despidos inminentes de médicos tras acumular ya dos años de retrasos en los cobros; y se rogaba, en fin, un crédito a Madrit al objeto de reembolsar los cuatro mil novecientos millones en bonos patrióticos que vencerán esta misma semana. "Construir castillos en España" llaman los franceses a ese tipo de ensoñaciones fantasiosas. Mas, un gobernante frívolo en cuya cabeza únicamente sobresale el tupé, ha logrado encerrarse él solo en un callejón sin salida.

Por un lado, no dispone de ningún otro prestamista en el mundo distinto del Ejecutivo central; ni un céntimo puede obtener de los mercados para seguir capeando la quiebra de la Generalitat. Por otro, su personal e intransferible supervivencia política depende de aferrarse a la alianza estratégica con la Esquerra. Y es que cualquier concesión a la racionalidad con efectos retroactivos abriría las puertas a que fuese defenestrado al frente de CiU. Así las cosas, acabar de romper el finísimo hilo que aún lo mantiene anclado a la legalidad constitucional significaría la inmediata bancarrota de la Administración catalana, un escenario de consecuencias apocalípticas. No hacerlo entregaría a ERC el rédito electoral todo de la frustración colectiva del nacionalismo sociológico. Dispone, pues, de una única tabla de salvación mesiánica: reencarnarse en otro insensato, Companys, forzando que el Estado intervenga la Generalitat. Y en ello anda.

Los etarras van a la universidad
Raúl González Zorrilla Periodista Digital 17 Abril 2013

Destacados intelectuales de la elite académica han querido suscribir un documento que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha dirigido al rector de la Universidad del País Vasco (UPV), Iñaki Goirizelaia (hermano de la abogada defensora de presos etarras, Jono Goirizelaia), en el que se acusa a la UPV de “dar alas a planteamientos falsarios y antidemocráticos” enmarcados en la lógica terrorista de ETA.

Covite ha mandado una carta al rector en la que se le ha trasladado la “sorpresa” que ha causado entre los damnificados por la banda terrorista ETA que la UPV haya cedido sus instalaciones a los interlocutores sociales del colectivo de presos de ETA para que celebren una mesa redonda sobre 'presos políticos del mundo', con motivo del “Día Internacional de los Presos Políticos”.

Según se recoge en la misiva, a Covite y a los profesores que han querido que su nombre apareciese en la carta, les resulta “incomprensible” que una entidad pública como la que dirige Goirizelaia “ceda instalaciones también públicas a quienes pervierten el lenguaje y falsean el pasado real para convertir a terroristas sanguinarios en personas comprometidas con una causa justa”
.
El colectivo de víctimas y los académicos que se adhieren a esta misiva aseguran que “la condición de ‘preso político’ contiene unas connotaciones de homenaje, distinción y consideración que no posee la condición de terrorista condenado por delito de sangre o por colaboración con el terrorismo en cualquiera de sus formas.”

Covite alerta al rector de la Universidad de que ya en la presentación de la mesa redonda, que tuvo lugar en una rueda de prensa celebrada en Bilbao, el ex preso de ETA Egoitz López de la Calle expuso que el “compromiso” de los “presos políticos” de la banda terrorista “ha conllevado la cárcel” para muchos miembros de la organización.

Antes de que un discurso que da “alas a planteamientos falsarios y antidemocráticos”, se sostiene en la misiva, entre de lleno en la Universidad del País Vasco, Covite y las personas que apoyan el documento exponen que en España no hay presos políticos, sino reclusos que “han combatido la política democrática con el terror”.

A renglón seguido, la carta sostiene que “lo que hay es también jurisprudencia reiterada del TS considerando la utilización de preso político como un delito de enaltecimiento del terrorismo penado en el artículo 578 del Código Penal cuando va referido a condenados por terrorismo”. Por todo ello, Covite advierte al rector de que “tomará las medidas oportunas para que si estos delitos se cometen en su Universidad se vean perseguidos por la acción de la Justicia”.

La carta y los argumentos que Covite sostiene en ella han sido apoyados por Fernando Savater, ex catedrático de Ética y de Filosofía en la UPV/EHU y en la Complutense, filósofo y escritor; Carlos Fernandez Casadevante, catedrático de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos; Mikel Azurmendi Intxausti, antropólogo y doctor en Filosofía por la UPV; Joaquín de Paul, catedrático de Psicología Social en la UPV/EHU; Mikel Iriondo Aranguren, pofesor titular de la UPV, de Estética y Teoría de las Artes; Javier Rey-Maquieira Palmer, profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona; Edurne Uriarte, catedrática de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos; y Aurelio Arteta, catedrático de Filosofía Moral y Política de la UPV.

También suscriben Carlos Martinez Gorriarán, profesor de Filosofía de la UPV-EHU; Jesús Prieto Mendoza, doctor en Estudios Internacionales, antropólogo, profesor centro público Vitoria / Gazteiz, colaborador Universidad Deusto y otras; Alfredo Tamayo Ayestarán, doctor en Teología y Filosofía; Teo Uriarte, doctor en Ciencias de la Comunicación; Josu Ugarte Gastaminza, director de Bakeaz; Martín Alonso Zarza, ex catedrático de Filosofía de IES; Rogelio Alonso Pascual, profesor Titular de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos; Francisco José Llera Ramos, catedrático Dpto. de Ciencia Política y de la Administración Fac. de CC. SS. y de la Comunicación Universidad del País Vasco; Luis de la Corte Ibáñez, profesor titular del Dpto. Psicología social y metodología de la Universidad Autónoma de Madrid; y Manuel Hernández Iglesias, catedrático de Lógica y Filosofía de la Universidad de Murcia.

Lea íntegramente la carta de COVITE al rector de la UPV
https://docs.google.com/file/d/0B8lscQcayf3Kc3VrT3FyUXVCN1E/edit?usp=sharing

Wert apela a la 'buena voluntad' de Mas para cumplir las sentencias lingüísticas en Cataluña
El ministro insiste en que debe darse "una utilización proporcional y equilibrada de las dos lenguas"
Europa Press www.lavozlibre.com 17 Abril 2013

Madrid.- El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha recalcado a CiU que el límite para el acuerdo con Cataluña sobre la enseñanza en castellano implica respetar al Tribunal Constitucional (TC), durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. "No es tan difícil y es lo que intentamos conseguir en la LOMCE, basta un acto de buena voluntad y habilitar un mecanismo que permita cumplir estas exigencias según las cuales la inmersión lingüística es conforme al TC para conseguir este objetivo y que desaparezca esta letigiosidad", ha sentenciado.

Así ha respondido el titular de Educación frente a la pregunta del portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Pere Macias, quien le ha cuestionado sobre si piensa trasladar a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), actualmente en fase de elaboración, la idea de introducir el español si un alumno lo pide.

Los nacionalistas catalanes han formulado esta cuestión al Gobierno después de que el pasado miércoles, día 10 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) fallase en varios autos que la Consejería de Enseñanza de la Generalitat debía introducir el castellano en aquellas aulas donde estuviera escolarizado el alumno cuyos padres hayan solicitado por vía judicial la atención en castellano.

Según el auto, el sistema "ha de adaptarse a toda la clase -o unidad escolar- de la que forma parte ese alumno", lo que afecta al estudiantes juntamente con sus compañeros, y no sólo al estudiante.

Así, este escrito confirma el auto de 3 de enero de 2013 de la sala contenciosa administrativa del TSJC que pidió a la Consejería catalana "adoptar las medidas necesarias para que sus hijos reciban una enseñanza conjunta en las dos lenguas oficiales, de forma proporcionada y sin desequilibrios entre ellas", pero ahora matiza que afecta a toda la clase del alumno en cuestión.

LA LENGUA NO DEBE UTILIZARSE PARA LA POLÍTICA
Wert, que ha defendido que la lengua no debe utilizarse para hacer política, ha aclarado de esta manera que la resolución judicial del TSJC no dice que porque un alumno lo pida toda la clase tiene que ser escolarizada en castellano.

"Que el castellano se utilice como en la proporción que proceda dado el estado de la normalización lingüística alcanzado por la sociedad catalana, una proporción que corresponde decidir al Gobierno de la Generalitat", ha explicado, al mismo tiempo que ha puntualizado que debe darse "una utilización proporcional y equilibrada de las dos lenguas".

Con ello, el titular de Educación ha alertado de que, si hay esta letigiosidad, sea poca o mucha, es porque no se ha querido buscar un mecanismo, que reiteradamente solicitaba el TC, para que la inmersión lingüística se aplique de acuerdo a la propia doctrina del TC y no suponga la exclusión completa del castellano y permita a aquellos padres que los soliciten que éste se utilice equilibradamente como lengua vehicular de la enseñanza.

"600.000 CIUDADANOS HABLAN CATALÁN"
Por su parte, Macias ha pedido a Wert que tenga en cuenta "dos conceptos claros en su mente". En primer lugar, que en España existen 17 comunidades autónomas y en una de ellas, en Cataluña, son 600.000 personas las que hablan catalán. "Una minoría judicializada contra la normalidad y las leyes catalanas", ha agregado.

Igualmente, ha resaltado "unos resultados concluyentes", ya que sostiene que, al acabar la ESO, el nivel de castellano en Cataluña no es menor que en Valladolid, según datos que ha aportado del ministerio, y supera a la media estatal. "El modelo funciona desde el punto de vista académico como de convivencia", ha subrayado.

Por esto, ha pedido a Wert que actúe en dos direcciones: en defensa democrática de la mayoría, y en segundo lugar, en defensa de estas tesis en el resto del Estado.

"En sus declaraciones y datos del Gobierno puede contribuir a hacer pedagogía y a relatar que esto no es un conflicto y sí hay normalidad, con una conflictividad muy escasa, que ya quisiéramos en muchos temas, y que sobre todo la normalización lingüística ha sido un éxito, aunque pese a quiénes sólo les interesan los escolares catalanes para sus mezquinos intereses partidistas y sembrar el odio en Cataluña", ha sentenciado.

CATALUÑA NO CUMPLIRÁ EL AUTO
En este sentido, la Generalitat de Cataluña ya anunció que no iba a ejecutar la resolución del Tribunal, al considerar que la lengua de un aula no puede cambiar porque un sólo alumno lo pida.

"La voluntad de un padre no puede incidir sobre el programa y el proyecto solicitado por el resto de familias", señaló en rueda de prensa desde el Parlament catalán la consejera de Enseñanza y miembro de CiU, Irene Rigau, quien también anunció que el Ejecutivo regional iba a recurrir esta resolución ante el Tribunal Supremo (TS).

Mas Uprising'
'The Times' avisa del desastre económico de una Cataluña independiente
Á. J. M. www.gaceta.es 17 Abril 2013

"La ruptura de la cuarta economía de la Eurozona -España- podría entorpecer los intentos de salvar el euro", advierte el editorial del diario británico.

En su editorial de este miércoles, el rotativo británico se muestra muy crítico con una posible ruptura entre Cataluña y el resto de España. "Cataluña y Madrid pueden tener dificultades para vivir juntos" pero "deberían luchar para sobrevivir por separado", asevera.

Y avisa de que la independencia de Cataluña, que genera el 20% del PIB español, podría tener consecuencias económicas importantes para Europa. "La ruptura de la cuarta economía de la Eurozona -España- podría entorpecer los intentos de salvar el euro", advierte.

La editorial también pone en evidencia que Europa no garantiza aceptar un nuevo Estado independiente y, por tanto, Cataluña sufriría "los problemas de perder su socio comercial más importante", en referencia a España, y también acumularía deuda. "El señor Mas y sus compañeros catalanes deben vigilar que desean", asegura.

No son pocos los informes que arrojan una caída en el PIB o ponen en alerta el llamado efecto frontera. La Fundación FAES y Convivencia Cívica Catalana han realizado sendos estudios al respecto. La primera avisa de "posibles boicots a los productos catalanes" desde el resto de España.

"Más negativos son los impactos previstos por otros estudios como el realizado por Comerford, Myers y Rodríguez (2012), que diagnostican un proceso gradual de caída del comercio entre Cataluña y España, que auguran una caída del 80% para llegar a los niveles de la relación existente con Portugal. También prevén un aumento del comercio entre Cataluña y el resto del mundo del 10%, por lo que el impacto conjunto sería de una caída del 9% del PIB catalán", argumentaba uno de los ocho expertos del informe.

Convivencia Cívica Catalana, presidida por Francisco Caja, ponía de manifiesto que la dependencia de Cataluña del resto de CC AA es mayor que la de los países de la UE, EE UU e incluso China. Así, Murcia tiene un mayor peso que EE UU para Cataluña, al igual que Aragón con respecto a Alemania o Galicia con China.

Además, en otro estudio de Convivencia Cívica Catalana se augura "una caída de las ventas catalanas al resto de España del 50% de media en los primeros cuatro años como país. Esto es, en el punto medio del intervalo entre el 33% y el 66%, que ha sido estadísticamente verificado a nivel internacional en casos de secesión".

"Las empresas catalanas venden cinco veces más al resto de España que a Francia, a pesar de la mayor población y riqueza de Francia y la similar distancia geográfica. Parece obvio que el hecho de formar parte de un mismo país beneficia en gran medida las ventas de las empresas catalanas en el resto de España", subraya este informe.

Por otro lado, indica que el Consejo Asesor de la Transición Nacional es el selecto grupo que formará parte de los "padres fundadores" de la nación catalana. Así lo presenta The Times en un artículo de opinión firmado en Madrid por Graham Keeley.

El grupo formado por catorce juristas, profesores y una periodista tiene la misión de realizar informes para formar un Estado propio, el objetivo último de los independentistas. Así, tendrán que hacer informes sobre economía -moneda propia incluida por lo que la Generalitat entiende que estarían fuera del euro-, pasaportes y la creación de un ejército.

La iniciativa presidida por el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Carles Viver Pi-Sunyer, quien estará acompañado por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Enoch Albertí Rovira; Salvador Cardús Ros, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona; Ferran Requejo Coll, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra; Germà Bel Queralt, catedrático de Economía de la UB; Carles Boix Serra, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Princeton; Núria Bosch Roca, catedrática de Hacienda Pública de la UB; Pilar Rahola Martínez, periodista; Àngel Castiñeira Fernández, director de la Cátedra Liderazgos y Gobernanza Democrática, y del departamento de Ciencias Sociales de ESADE; Francina Esteve Garcia, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Gerona; Josep Maria Reniu Vilamala, profesor de Ciencia Política de la UB, y colaborador de ERC; Joan Vintró Castells, catedrático de Derecho Constitucional de la UB y Joan Font Fabregó, presidente de los supermercados Bon Preu, servirá para realizar estudios sobre la independencia de Cataluña.

No obstante, el diario británico señala que tanto el presidente Artur Mas como los independentistas catalanes deben tener conciencia de lo "que desean".

El rotativo británico señala que todo esto tiene lugar "en medio de una escalada de tensión" entre Mas y el presidente español Mariano Rajoy, que se ha negado reiteradamente a permitir una consulta sobre la independencia.

Piden a IU que presione a Rajoy
VCT denuncia el intercambio de cartas entre presos etarras e IU
GACETA.ES  17 Abril 2013

Alcaraz califica de escándalo que un partido democrático establezca este tipo de contactos.

La asociación Voces Contra el Terrorismo ha censurado las cartas que reclusos de ETA y miembros de Izquierda Unida se habrían intercambiado con el fin de que la formación política presione al Gobierno para que reagrupe a presos etarras en cárceles del País Vasco y Navarra.

El presidente de la asociación, José Francisco Alcaraz, ha denunciado los gestos de ‘complicidad’ y el tono de ‘amistad’ de las cartas publicadas por los medios de comunicación. "Los presos de ETA son asesinos en serie que han matado a más de 800 inocentes y que han causado el horror y la barbarie en el País Vasco".

Según el contenido que ha trascendido de las cartas, los etarras "agradecen a IU la atención prestada hasta el momento". Además, en ellas el preso etarra Txema Matanzas, propone a la coalición de IU-PCE de Andalucía hacer alguna reflexión pública sobre la dispersión o la incorporación, incluso, de la posición de los presos a la línea político-constitucional de la formación de Izquierda Unida. Y concluye la misiva deseándole el mayor de sus éxitos en sus propósitos y cometidos señalando que "los puntos de coincidencia entre vuestras posiciones y las nuestras son múltiples".

Respeto al Estado de Derecho
Según VCT, los presos de ETA han querido aprovechar así la espiral de acoso al Gobierno en la que han entrado IU y grupos afines, así como su adhesión a los grupos antisistema del ‘15-M’ y “ocupa el Congreso’, entre otros, para impulsar una nueva línea de apoyo a los reclusos de la banda terrorista.

Para Alcaraz es "un escándalo que un partido democrático, representado en las Cortes Generales, establezca este tipo de contacto con los asesinos de ETA quienes buscan quedar impunes de los terribles atentados y asesinatos que han perpetrado en nuestro país".

Además, el presidente de Voces Contra el Terrorismo exige al secretario general de IU, Cayo Lara, que “desautorice a los dirigentes de su formación que han tendidos puentes entre su partido y los terroristas, y pida disculpas públicamente a las víctimas del terrorismo por semejante humillación que no sólo nos afecta a nosotros, como familiares de nuestros seres queridos asesinados por ETA, sino a todos los españoles por el respeto debido a nuestro Estado de Derecho”.

Cataluña
La Generalidad precinta los equipos emisores de Radio Intereconomía
La Administración autonómica dejará a la emisora sin el dial del 98.3 de FM el próximo lunes porque “no tiene licencia para emitir”. Desde el grupo de comunicación no tenían constancia del cierre inminente de los aparatos que emiten desde el Tibidado, sobre todo porque emiten desde esta montaña desde hace solo unas semanas, tras obtener los correspondientes permisos de la Generalidad.
Daniel Tercero www.vozbcn.com 17 Abril 2013

El próximo lunes, 22 de abril, dejará de emitir en el dial 98.3 de FM en Cataluña la emisora Radio Intereconomía. A las 10:30 horas está previsto que la Generalidad ejecute la sanción de un expediente abierto en 2012 cuya aplicación es el precinto de los equipos y las instalaciones que la emisora tiene contratados en el centro emisor del Tibidado.

Tal y como ha confirmado a LA VOZ DE BARCELONA el director general de Medios de Comunicación de la Administración autonómica, organismo adscrito a Presidencia de la Generalidad, Antoni Molons i García, la ejecución de la sanción se lleva a cabo porque Intereconomía no dispone de “título habilitante” para emitir por el dial por el que lo hace actualmente en Barcelona.

Molons ha señalado que el cierre de la emisión de la radio del Grupo Intereconomía no viene derivada de sus contenidos -actividad que regula, en primera instancia, el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC)- sino “porque no tiene licencia para emitir”. Una licencia que solo se puede obtener a través de un concurso público, y cuyo trámite no está previsto abrir en las próximas fechas, ha apuntado Molons.

Perplejidad en Intereconomía
El Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) ha publicado, este martes, la notificación del cierre de la emisión a la empresa mercantil titular de los equipos de radiodifusión que utiliza Intereconomía en el centro emisor del Tibidabo, Comunicació Efectiva Metropolitana, para que sus responsables permitan a los funcionarios el precinto de los equipos técnicos.

Fuentes de la dirección del Grupo Intereconomía consultadas por este diario han indicado que desconocían la decisión de la Generalidad y han apuntado que, a partir de ahora, intentarán junto a Comunicació Efectiva Metropolitana, frenar el cierre de la emisión radiofónica en el dial 98.3 de FM antes del próximo lunes.

Además, han mostrado su perplejidad por la decisión de la Generalidad, ya que las emisiones desde el Tibidado se llevan a cabo desde hace solo unas semanas. Antes, Intereconomía emitía desde el punto emisor de la montaña del Carmelo (Barcelona), cuyo cambio se ha hecho con los permisos administrativos correspondientes.

Desde la autonómica Dirección General de Medios de Comunicación, sin embargo, han informado que la decisión “es firme y ejecutiva”, no cabe recurso por la vía judicial y las empresas afectadas solo pueden mostrar su oposición recurriendo ante el mismo organismo de la Administración autonómica que llevará a cabo la desconexión. Molons ha asegurado que existen otros 18 expedientes sancionadores abiertos a otras tantas emisoras y 23 más en periodo de información previa.

Las palabras de Homs en 2011
De esta manera, las amenazas presentadas en público por Francesc Homs (CiU) contra Intereconomía se han llevado a cabo. En noviembre de 2011, el responsable de la comunicación de la Generalidad preguntó, sobre la televisión de este grupo de comunicación: “¿Desde la Generalidad tenemos que pagar el elevadísimo gasto para que cadenas españolas como, por ejemplo, -y no tengo nada en contra de ella, o sí- Intereconomía lleguen al conjunto del país [por Cataluña]?”.

Desde el pasado mes de septiembre, Radio Intereconomía Cataluña y LA VOZ DE BARCELONA realizan y producen conjuntamente un espacio radiofónico de debate plural, Voces, con la participación de representantes de partidos políticos y entidades cívicas. Se emite los miércoles y los viernes de 12:00 a 13:00 horas. También se pueden escuchar los audios de este programa, una vez ha finalizado la emisión.


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