AGLI Recortes de Prensa   Martes 23 Abril 2013

Urge reducir el déficit
EDITORIAL Libertad Digital 23 Abril 2013

España registró un déficit público del 10,6% del PIB en 2012, el más alto de la UE y algo inferior al récord del 11,2% registrado en 2009, según los datos oficiales publicados por Eurostat. Una parte sustancial de dicho desajuste (3,6 puntos del PIB) se debe al fuerte impacto que ha tenido el rescate público de las cajas de ahorros sobre las finanzas españolas. Una vez descontadas estas ayudas, el déficit ronda el 7%, casi dos puntos menos que en 2011. Asimismo, la deuda se disparó en casi 150.000 millones de euros, hasta situarse en el 84,2% del PIB.

Con estas cuentas es evidente que España está aún muy lejos de alcanzar el deseado equilibrio presupuestario. Es cierto que el rescate financiero solicitado a la UE para salvar entidades financieras en problemas acrecentó la brecha fiscal, pero, una vez excluidas dichas ayudas, Rajoy tampoco ha logrado cumplir con el objetivo de déficit del 6,3% fijado por Bruselas, tal y como prometió. El Ejecutivo se escuda en el fuerte impacto que ha tenido la recesión, pero sus previsiones presupuestarias ya contemplaban tal escenario, con lo que tal excusa carece de validez. El problema de fondo radica en la errónea y contraproducente política fiscal llevada a cabo hasta el momento, centrada en subir impuestos para elevar la recaudación a costa de vaciar el ya muy castigado bolsillo de empresas y familias. Esta particular estrategia no ha funcionado, ya que la recaudación fiscal apenas creció un 0,6% interanual en 2012 (2.300 millones).

El persistente déficit no deriva de la lógica caída de los ingresos tributarios, sino del mantenimiento de un gasto público totalmente desproporcionado y financieramente insostenible, ya que se venía sustentando sobre el artificio de la burbuja inmobiliaria. España necesita austeridad, es decir, equilibrar sus balances para amortizar sus abultadas deudas, y ahorrar con el fin de volver a invertir para poder crecer. Esta esencial tarea, la de apretarse el cinturón, está siendo llevada a cabo por el sector privado, tal y como refleja la eliminación del histórico déficit exterior que presentaba España desde la entrada en el euro. Sin embargo, este ajuste todavía no se ha materializado en el sector público.

Ahora, el Ejecutivo del PP, lejos de apostar firmemente por un drástico recorte del gasto público, se afana en conseguir un nuevo respiro por parte de la UE para suavizar el ritmo de ajustes previsto para este ejercicio, elevando una vez más el objetivo de déficit desde el 4,5% vigente hasta un nivel próximo al 6%. Ésta no es la solución. La relajación de los ajustes tan sólo servirá para retrasar la recuperación económica. Por el contrario, el Gobierno debería aplicar un plan sólido y creíble para reducir cuanto antes el abultado déficit, pero exclusivamente por la vía del gasto, sin necesidad de subir impuestos. Al sector público aún le sobra mucha grasa, y su reducción es clave para fortalecer la credibilidad de España ante los inversores.

Austeridad
No, no es por una hoja de Excel
Juan Ramón Rallo Libertad Digital 23 Abril 2013

Los austerófobos necesitaban un símbolo en el que resumir la esencia de su visceral rechazo a los presupuestos equilibrados y ya lo han encontrado: una hoja de Excel. Para ser más preciso, la hoja de Excel con la que dos prestigiosos economistas, Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, habían elaborado en 2010 uno de los papers académicos más citados en esta crisis: "Growth in a Time of Debt". Las conclusiones de este artículo eran bastante contundentes a la hora de reforzar la agenda proausteridad: históricamente, los países que superaban el umbral de deuda pública sobre el PIB del 90% pasaban a decrecer, como media, el 0,1%, mientras que las economías que se hallaban por debajo de ese punto crítico se expandían a tasas medias del 3 o el 4%.

Sucede que Reinhart y Rogoff jamás trataron de establecer una relación de causalidad entre ambas magnitudes: ¿era la atonía del crecimiento lo que causaba el progresivo incremento de la deuda, o era la sobredosis de obligaciones financieras lo que deprimía las economías? Además, el mentado estudio podía, como mucho, servir para defender la austeridad por consideraciones meramente largoplacistas, pero no ofrecía una crítica realmente potente contra las políticas de estímulo a corto plazo: "Sí, tengamos cuidado con no endeudarnos en exceso hoy, no sea que sacrifiquemos el crecimiento de mañana"; nada que un keynesiano mínimamente preocupado por la solvencia de una comunidad no pudiese suscribir. Aun así, el paper se convirtió en toda una referencia para quienes buscaban criticar los altos déficits públicos sin perder demasiado tiempo argumentando en su contra.

Pero hete aquí que la semana pasada unos estudiantes de doctorado descubrieron que los cálculos de Reinhart y Rogoff estaban equivocados porque habían usado incorrectamente el Excel. En realidad, los países con una deuda pública sobre el PIB superior al 90% no decrecen a una media del 0,1%, sino que crecen a una del 2,2%. Oh, ya tenemos culebrón montado: un paper del que podían derivarse prescripciones favorables a la austeridad ha sido refutado por unos chavales que han localizado meteduras de pata básicas. Una comidilla demasiado resultona como para dejarla pasar.

No voy a extenderme mucho más en reflexionar sobre el paper y sus errores. Como ya he dicho, la defensa de la austeridad presupuestaria que se desprendía de la correlación hallada en el artículo de marras era tan tenue que la hubiese podido suscribir el mismísimo John Maynard Keynes. Y en gran medida esa correlación se mantiene tras las enmiendas, aunque de un modo bastante menos intenso: los países más endeudados crecen casi la mitad (2,2%) que los menos endeudados (4,1%) y un 33% menos que las economías con rangos medios de deuda (3,2%). Conclusiones corregidas bastante parecidas a las que ya se desprendían del estudio original de Reinhart y Rogoff si en lugar de tomar el crecimiento medio nos fijábamos en el crecimiento mediano: incluso con los errores de cálculo, era público que los países con una deuda superior al 90% sobre el PIB exhibían un crecimiento mediano del 1,6%. Por consiguiente, realmente los cambios de fondo que afectan a la elaboración de las políticas económicas no son tantos.

Acaso por ello la batalla se esté librando en el campo de la propaganda: los austerófobos pretenden difundir la muy falaz idea de que todos los planes de austeridad de la Comisión Europea elaborados desde el año 2010 se basaban en ese refutado estudio y que, por tanto, a partir de ahora se quedan absolutamente huérfanas. Y es verdad que en diversas ocasiones la Comisión ha citado con aprobación el paper de Reinhart y Rogoff (ése y algunos otros, conste) a modo de sólido respaldo de su política de contención del déficit, sobre todo porque les permitía ofrecer un caramelo cuantificable a las sociedades europeas sobre los beneficios a largo plazo de sus impopulares programas de austeridad (en realidad, los beneficios de una verdadera austeridad estatal son otros mucho más difíciles de sintetizar en una cifra comercializable). Pero no deberíamos confundir el que Europa busque argumentos académicos para respaldar sus decisiones políticas con que esas decisiones políticas estén realmente basadas en tales argumentos académicos.

En general, la Comisión Europea exige austeridad en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento ratificado en 1997: dado que estamos en crisis, se ha concedido una prórroga a todos los países europeos para que terminen regresando a medio plazo a unos déficits por debajo del 3%. En particular, y aquí está lo mollar, la Comisión ha ido monitorizando planes presuntamente intensivos de reducción del déficit conforme iba rescatando países incapaces de financiarse en los mercados debido a su propio sobreendeudamiento: primero vino el descalabro financiero y luego la intervención concursal. ¿O acaso se nos dirá que la culpa de la gigantesca deuda pública de Grecia, del milmillonario agujero bancario irlandés o de la improductiva economía lusa ha sido de Reinhart y Rogoff?

No, ni mucho menos. Tampoco, por cierto, en el caso de España, país que aunque no ha sido completamente rescatado sí ha tenido que recibir varias muestras de apoyo del BCE para seguir financiándose. Recordemos que, según el discurso oficial, la teutona austeridad comunitaria invadió nuestro país en mayo de 2010, con el primer tijeretazo de Zapatero. Pues bien, por aquellas fechas la deuda pública española alcanzaba el 56% del PIB: ¿cómo iba un estudio que alertaba sobre las nocivas consecuencias de rebasar el 90% dictaminar en lo más mínimo las prescripciones de austeridad para una economía tan claramente por debajo? De ningún modo, porque es evidente que no lo hizo.

En Europa, señores, la austeridad no viene impuesta por estudio académico alguno, sino por consideraciones mucho más primarias: la periferia europea se ha sobreendeudado de tal manera que muy pocos confían en su solvencia; y Alemania, la única con capacidad para prestarnos y prolongar unos años más nuestra insostenible situación, no tiene intención de hacerlo sin frenar la hemorragia. El problema, pues, son Reinhart y Rogoff, sino los países europeos que han agotado su margen de endeudamiento, y el único potencial prestamista, Alemania, no quiere desplumar a sus contribuyentes asumiendo todavía más riesgos a favor de unos deudores hechos unos zorros.

La disyuntiva, por tanto, es clara al margen de cualquier estudio: no hemos de elegir entre austeridad para crecer más en el futuro y despilfarro para crecer más en el presente, sino entre austeridad para evitar la suspensión de pagos y ruptura del euro para oficializar la suspensión de pagos. O somos Alemania a largo plazo o Argentina a corto plazo. Por desgracia, para los cínicos austerófobos el largo plazo no cuenta (ya saben, "todos muertos"), de ahí que, con tal de argentinizarnos y regresar a la fiesta del endeudamiento inflacionista, estén incurriendo en manipulaciones y tergiversaciones mucho más descaradas que las que puede contener el paper de Reinhart y Rogoff. No, como digo, la realidad es mucho más sencilla: la periferia europea quiere seguir viviendo de prestado y el Norte (y cualquier otro ahorrador de este planeta) se niega a prestarle si antes no reconstruye su solvencia sobre bases sólidas. En medio de esta tensión política y económica con aires de concurso de acreedores era y seguirá siendo del todo irrelevante que el crecimiento potencial a largo plazo de los países sobreendeudados se reduzca, o no, una vez sobrepasado el 90% de deuda. No deja de ser triste que, tras siete años de crisis y cuatro de impostada austeridad, todavía no seamos conscientes de por qué hemos de apretarnos el cinturón y, como niños inmaduros, sigamos buscando chivos expiatorios en el exterior (Bush, Madoff, Merkel, Goldman Sachs, Draghi y, ahora, Reinhart y Rogoff). Desde luego, no tenemos remedio.

Gasto Público
Lo peor de la herencia de ZP
Guillermo Dupuy Libertad Digital 23 Abril 2013

Eurostat ha confirmado que España ha sido el país de la UE con mayor déficit público en 2012. Nuestro desfase presupuestario, ya sea del 7% –si excluimos el préstamo recibido para recapitalizar el sector bancario– o del 10,6 –si nos dejamos de artificios contables, por muy autorizados que estén por la UE–, está, en cualquier caso, muy por encima del 3,7% que registra de media la Zona Euro y del 4% de los Veintisiete.

Con todo, dudo mucho que al Gobierno de Rajoy le vayan a llover muchas críticas por estos desastrosos resultados que Montoro ha tratado de presentar como un "éxito" mediante maquillajes contables o con simples mentiras. Y eso por la simple razón de que la oposición, lejos de denunciar la falta de reducción del gasto público, a lo que se ha dedicado y se va a seguir dedicando es a reclamar todavía más gasto público y a culpar a una fantasmal austeridad del estancamiento al que, en realidad, nos condena nuestro voraz y sobredimensionado sector público. Así mismo, medios de comunicación de la derecha que, a buen seguro, habrían criticado al Gobierno por estos pésimos resultados, ahora ya no lo hacen por presidirlo Rajoy.

Los irresponsables llamamientos que Rajoy está haciendo –no ahora, sino desde hace ya casi un año– al BCE no son, en este sentido, más que un calco de los que hacía Zapatero, y no pretenden otra cosa que eludir, mediante la monetización de deuda, la necesidad de acometer reformas y auténticos recortes del gasto público.

Sin embargo, salvo la rara excepción de Libertad Digital, no pretendan encontrar críticas a Rajoy en los periódicos que denunciaban a Zapatero por decir lo mismo que ahora dice, con bastante más hipocresía, el actual presidente del Gobierno. Lo que encontrarán en ellos serán justificaciones calcadas a las que utilizaban entonces El País y los medios de izquierda. Eso, por no hablar, tal y como temíamos algunos, del hecho de que la herencia de Zapatero ha calado como excusa para imitar al que la dejó. Eso es lo único que verdaderamente nos condena al estancamiento y a la desesperanza. Sólo hay algo peor que la nefasta política de Zapatero, y es que su política se lleve a cabo bajo las siglas de su supuesto adversario.

Feudalismo reducido
Alfonso Ussía La Razón 23 Abril 2013

El «café para todos» de Clavero Arévalo convirtió a España en un Estado feudal, más que autonómico. Se temía la singularidad de vascos y catalanes, si bien unos y otros fueron españoles en el mismo tiempo y origen que castellanos y andaluces.

El invento ha quebrado. Si no es posible por las resistencias de determinados partidos políticos que no quieren ceder sus canonjías feudales, bueno sería intentar reducir los territorios autonómicos para evitar la ruina de todos los españoles.

Tan sólo dos autonomías uniprovinciales tienen razón de ser históricamente. Navarra y Asturias. Ceuta y Melilla se sumarían a las ocho provincias andaluzas. Madrid mantendría su diferencia como marco de la capitalidad del Reino. En la añorada Castilla la Vieja estaban presentes Cantabria y La Rioja. Nada les afectaría, más bien lo contrario, que recuperaran su lugar en Castilla-León. Y sería tan razonable como benéfico reunir en una misma Castilla a la Vieja y a la Nueva, hoy denominada Castilla-La Mancha. Un territorio, el castellano, que comprendería a Valladolid, León, Salamanca, Zamora, Palencia, Ávila, Segovia, Burgos, Soria, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete. Murcia, con sus singularidades, se uniría a Castellón, Valencia y Alicante.

No se adelantaría en exceso, pero se reducirían los reinos feudales de manera considerable. Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia-Murcia, Castilla, Madrid, Extremadura, Andalucía, Baleares y Canarias. Trece autonomías. Mal número para los supersticiosos y bueno para el conjunto de los españoles. Paseamos al borde de la locura. Cuando los diputados de León, en tiempos de la transición, propugnaron la separación de León y de Castilla, un parlamentario de UCD segoviano, Modesto Fraile, insinuó la posibilidad de convertir a Segovia en una autonomía uniprovincial. Me lo dijo en el Congreso, con Eugenio Suárez de testigo: «Si Cantabria y La Rioja lo son ¿por qué no Segovia?». Más aún. Si La Montaña de Cantabria, el mar de Castilla, decidiera rehúsar a su viejo lugar en la administración territorial, históricamente no supondría un desacato la fusión Asturias-Cantabria. Ahí están las Asturias de Santillana para quien desea detenerse en el estudio de nuestra Historia común. También quiso ser autonomía uniprovincial El Bierzo, la gran comarca minera leonesa.

No me atrevo a insinuar que nos ahorraríamos un territorio feudal si los catalanes aceptaran formar parte de un reunido Reino de Aragón con el Principado de Cataluña y de Gerona y el Condado de Barcelona como pruebas inequívocas. Me pueden correr a gorrazos muchos catalanes, hoy desviados de su trasanteayer, su anteayer, su ayer y su hoy, así como algunos aragoneses, que por su bravo patriotismo poco quieren saber de uniones con sus compatriotas vecinos. Compatriotas españoles, deseo aclarar.

España no puede permitirse el lujo de mantener diecisiete administraciones y parlamentos locales. Tampoco doce o trece, pero el primer paso del ahorro es siempre conveniente. Tenemos los españoles la obligación de dar de lado aldeanismos pueblerinos y trifulcas o recelos de campanario. Ahí está El Escorial, dividido entre San Lorenzo y El Escorial por los jardines del monasterio. ¿Cuántos municipios de España mantienen su incomprensible singularidad? Al menos, dos tercios de los actualmente existentes sobreviven angustiosamente por empecinarse a existir en soledad. La animadversión vecinal, la enemistad de generaciones por un simple pleito de límites de tierras.

Si España tiene que ser feudal, que lo sea. Pero si fuera un poco menos nos vendría bien a todos.

De Guindos fuera y, de Guindos dentro
José Oneto www.republica.com 23 Abril 2013

Se puede decir una cosa aquí y otra fuera. Se puede decir una cosa y la contraria. Se puede decir incluso, que la cosa va a mejorar dentro de un trimestre, e ir alargando los meses, hasta convertir los trimestres en semestres. Esto es, en cierto modo, lo que está pasando con el ministro de Economía y Competencia, Luis de Guindos, que se ha tenido que ir a Estados Unidos, para confesarle al periódico The Wall Street Journal, que la caída de la actividad económica en España será tres veces mayor que la prevista, es decir que el PIB descenderá un 1,5 por ciento, muy lejos de ese 0,5 por ciento, con el que ha venido trabajando el Gobierno y con el que ha elaborado los Presupuestos Generales del Estado para este año.

“Lo que ahora haremos es lograr un mejor equilibrio entre la reducción del déficit y el crecimiento económico”, afirma de Guindos al periódico norteamericano, añadiendo que la reducción del año pasado ha apuntalado la confianza en la sostenibilidad de las finanzas españolas. “La principal preocupación entre los inversores institucionales en España es, en estos momentos, el crecimiento económico”. De Guindos dice, también, que una mayor integración entre los sistemas bancarios europeos podría contribuir a sacar a la región de su bache económico. “Hay fragmentación en los mercados crediticios lo que supone que los impulsos de la política monetaria no se transmiten por igual” por la región. Para él, las empresas de países como España e Italia tienen costes de financiación mucho más elevados que las del norte de Europa, complicando así los problemas de las economías más débiles”.

Pero, nada de brotes verdes, esos que ya han anunciado aquí de puertas adentro, desde el propio de Guindos, hasta Montoro, pasando por la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, mientras llovían pésimas perspectivas desde el Fondo Monetario Internacional hasta el Banco de España, pasando por los servicios de estudios de las principales entidades financieras del país, que siguen mostrando su preocupación por las elevadas cifras de déficit que tienen que ser corregidas de nuevo por Bruselas ante la imposibilidad de cumplir los objetivos establecidos, con una economía en plena recesión, con el consumo paralizado y con unos ajustes que lo que está produciendo es más recesión, menos crecimiento y más paralización económica. Una medicina que se ha demostrado que está agravando, más y más, al enfermo.

En este sentido la oficina estadística de la Unión Europea, Euroestat, acaba de certificar que el déficit de España en 2012 fue del 10,6% del PIB, teniendo en cuenta las ayudas recibidas para sanear a las entidades financieras. Eso supone el mayor agujero presupuestario de toda la eurozona, por encima incluso de Grecia. Están por detrás Portugal y Chipre. Excluyendo estas ayudas, el déficit al cierre del último ejercicio se situó en el 7%, seis décimas por encima de lo que había anunciado el Gobierno, y después de que se corrigiesen al observar Bruselas que Hacienda estaba aplicando incorrectamente las reglas europeas para contabilizar el déficit público. El Gobierno había dejado de contar como gasto público las devoluciones fiscales correspondientes a 2012 cuyo pago se iba a realizar de forma efectiva en 2013, algo que sonaba claramente a ingeniería financiera para intentar presentar el menor déficit posible.

Este viernes el Gobierno ha anunciado ya de puertas para dentro, un plan de reformas, mientras gran parte de la ciudadanía se echa manos al bolsillo y espera un nuevo hachazo que puede afectar sobre todo a las pensiones, a la reforma laboral y al déficit eléctrico, aunque de puertas para fuera, el señor de Guindos en Washington, niega más medidas de “austeridad” porque, dice que habrá que empezar a pensar en el crecimiento.

1989-2013: de la euforia al resentimiento
Javier Benegas www.vozpopuli.com 23 Abril 2013

Tal y como explicaba en el post de la semana anterior, el pasado siglo XX, que fue un compendio exhaustivo de la barbarie humana y, sin embargo, reducto inexpugnable de la utopía, puedo haber finalizado, tras la caída del Muro de Berlín y el presunto triunfo de las democracias sobre los totalitarismos, con un canto al optimismo. Pero no fue así. Aquella postrera victoria del llamado ‘mundo libre’ y su aparatoso resplandor final hizo olvidar a las sociedades avanzadas las razones de una lucha, que lejos de haber concluido, quedó inacabada. Hoy estamos pagando las consecuencias de aquella resaca, cuya euforia narcotizante nos impidió advertir el mayor de todos los peligros: la corrupción de las democracias.

Esta corrupción se manifiesta de forma alarmante incluso en aquellas naciones con instituciones más sólidas y en principio virtuosas. De hecho, en EE.UU., país con una tradición democrática contrastada, no es ningún secreto que la Cámara de Representantes, con sus elevadísimos costes electorales, que complican y mucho el relevo de sus miembros, se ha convertido en una institución imperturbable al servicio de los lobbies. Y lejos de agilizar la toma de decisiones, las paraliza a conveniencia. Cuestión ésta sobre la que han coincidido personajes tan dispares ideológicamente como son Paul Johnson y Tony Judt. Y si problemas tan graves como éste se manifiestan en naciones con tan arraiga tradición democrática, qué no habría de suceder en países como el nuestro.

Hoy quedan muy pocas sociedades democráticas, por no decir ninguna, que no desconfíen y manifiesten un profundo descreimiento hacia sus gobiernos, a pesar de que formalmente los legitimen con sus votos. Se trata sin duda de un estado de ánimo que va mucho más allá de la saludable crítica. Las turbias relaciones entre políticos, magnates y banqueros, un grave problema que no conoce fronteras, ha dado lugar a la permanente sospecha de que quien gobierna no obedece al pueblo soberano sino a oscuros intereses. Recelo este que no es producto de delirios colectivos o manipulaciones ideológicas sino de hechos contrastables. Y si bien es verdad que los nostálgicos del defenestrado marxismo pretenden aprovechar esta crisis de legitimidad para hacernos recaer en errores del pasado, los ciudadanos comunes, mucho más que crispados, pueden terminar abrazando el populismo por propia voluntad sin necesidad de adoctrinamiento previo. Tomen nota.

El resentimiento
Los europeos, y también los ciudadanos de otros continentes, vamos camino de revivir, aun dentro de unos márgenes de tiempo mucho más largos, los dos hitos bien distintos y sin embargo inseparables de aquella conmoción histórica que fue la Revolución francesa. De un lado, el emocionante 1789, con su declaración de principios y libertades. Y de otro, 1793, año en el que la incontenible fuerza de la Revolución, reprimida durante demasiado tiempo, quedó a merced de personajes deshumanizados y desembocó en la apoteosis del terror. Entre una fase y la siguiente, las élites de entonces, con su oposición a unas instituciones representativas, condujo a la radicalización de la política y, finalmente, a la violencia. En el presente, ya hemos recorrido un trecho de ese mismo camino, pasando de la ingenuidad y el optimismo de los locos años 90 al descreimiento y la crispación de esta primera década del siglo XXI. Y seguimos avanzando en dirección al peligro.

Sin embargo, el desafío de las democracias actuales no sólo tiene que ver con la estructura institucional de los Estados. Es también una cuestión de prioridades individuales. Los ciudadanos intuimos que el problema está en las instituciones. Y también que es muy difícil que quienes hoy las colonizan, siendo como son parte del problema, impulsen los cambios que son necesarios. Sin embargo, cada cuatro años aceptamos que el debate político se circunscriba al bienestar a corto plazo. Y así, mientras unos partidos prometen mejores condiciones de vida y mayores retornos de rentas por la vía de prestaciones públicas y la subida de impuestos, y otros juran adelgazar el Estado y reducir las cargas impositivas para que la inversión privada alumbre una sociedad más próspera, al final todos sirven a los intereses creados, suben los impuestos y reducen las contraprestaciones. ¿Cómo es posible que, ante semejante impostura, sigamos impasibles?

Tal vez hayamos olvidado que las instituciones, antes que para articular políticas económicas o repartos de rentas, están para instaurar principios democráticos y velar por su cumplimiento. Esto es, la defensa de los derechos individuales y la igualdad ante la ley. Quizá nos parezca poco, insuficiente. Sin embargo, en base a estos principios las sociedades pueden constituirse en Sistemas de Libre Entrada, garantizando la prosperidad horizontal y convirtiendo la libertad en un bien práctico y no sólo retórico. Ahí es nada. Al fin de cuentas, si las instituciones obvian los principios democráticos y sólo sirven para debatir acerca de cómo repartir la riqueza, ¿qué separará a la política de la economía? ¿Cómo podremos asegurarnos de que quienes gobiernan no toman decisiones en favor de unas minorías poderosas e influyentes?

Desde 1989, es decir, en menos de un cuarto de siglo, las democracias han reducido su horizonte a políticas utilitaristas. Un error que ha derivado en anomalías tales como que la Unión Europea, mientras sanciona a aquellos países que incumplen los objetivos de déficit, no aplica ninguna medida disciplinaria contra aquellos Estados que carecen, por ejemplo, de un atributo tan elemental como es la separación de poderes.

En resumen, en las democracias actuales existe un elevado nivel de exigencia en cuestiones económicas y, sin embargo, no se vela por el cumplimiento de principios democráticos elementales, que son los que garantizan las sociedades abiertas. Y, en consecuencia, la estabilidad política se tambalea.

Urge la regeneración ética de la política
José Antonio Yturriaga www.vozpopuli.com 23 Abril 2013

La opinión pública española considera a la clase política como uno de los principales problemas de la nación por su incompetencia y su falta de honradez. Según el sondeo de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas, el 44,5% de los encuestados situaba a la corrupción en el segundo lugar en importancia de los problemas que enfrenta la sociedad.

Falta de democracia interna de los partidos
Según el artículo 6 de la Constitución, los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formulación y manifestación de la voluntad popular, y son instrumentos fundamentales para la participación política. Esta noble función, sin embargo, no está siendo cumplida por los partidos españoles porque –contrariamente a lo dispuesto en la Carta Magna- su estructura interna y su funcionamiento no son democráticos. Su imagen está notoriamente deteriorada porque viven al margen de las necesidades de los ciudadanos, a los que no rinden cuentas de sus actos. Diputados y ediles no logran sus escaños por méritos propios, sino por la voluntad de los aparatos de los partidos, que los sitúan en puestos destacados de unas listas electorales cerradas y bloqueadas. Son meros empleados de los partidos y ejecutores de sus consignas, y su futuro político depende de la obediencia ciega a sus dirigentes.

Como ha señalado el Foro de la Sociedad Civil en su Manifiesto de 16 de enero, España necesita renovar en profundidad su actual clase política y superar el vigente régimen partitocrático. Para ello se han propuesto fórmulas que van desde la reforma de la Constitución a la modificación de la Ley Electoral, pero –al margen de la bondad de estas propuestas y de su viabilidad-, resulta indispensable renovar previamente el sentir de la clase política y de la sociedad en general. Los políticos tienen que aceptar que su misión es prestar servicio al bien común antes que a los intereses propios o de su partido, y que hay que promover el mérito frente a la obediencia sumisa, la creatividad frente a la pasividad, y la autocrítica frente al conformismo. Así –sin necesidad de cambios legales- podrían desbloquearse las listas, celebrarse elecciones primarias en el seno de los partidos para seleccionar a los candidatos y exigirse a los elegidos que se pongan al servicio de sus electores en los municipios, las Comunidades Autónomas, las Cortes Generales o el Gobierno de España.

Extensión de la corrupción
El deterioro de la situación política se pone de relieve a través de la lacra de la corrupción. Todos los partidos se aprovechan de sus cuotas de poder en los distintos ámbitos para involucrarse en estas inaceptables prácticas, por acción o por omisión. No basta con que sus dirigentes digan:”No soy corrupto, no robo, no abuso del poder”, si permiten que otros miembros del partido lo hagan. No es aceptable que vean la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio, y traten de tapar sus vergüenzas aireando las del adversario. Es indispensable que los partidos acepten un Código Ético de Conducta y lo cumplan a rajatabla, sin excusas ni concesiones a los afines, que tengan tolerancia cero con la corrupción, y que condenen y excluyan sin contemplaciones a corruptos, abusadores y tránsfugas.

Conviene endurecer las normas sancionadoras de los delitos de ‘cuello blanco’ -corrupción, cohecho o malversación-, aunque no sea indispensable porque la legislación vigente contiene normas suficientes para combatirlos. Lo importante es que se apliquen en su integridad y sin concesiones. Los jueces no deben permitir que los defraudadores abandonen la cárcel sin haber restituido las sumas defraudadas, ni permitir la lenidad como ocurrió con Roldán, Conde, de la Rosa o Vera. Hay que agilizar la actuación de los tribunales, pues una justicia lenta y tardía incumple su función social. Los gobernantes han de abstenerse de recurrir al indulto o a un tratamiento penitenciario privilegiado a los infractores de su cuerda. A este endurecimiento judicial y político tiene que sumarse la condena social, de modo que los aprovechados sean objeto de oprobio y repudio en vez de admiración. Lazarillos y buscones deben quedar para la literatura y los aventajados émulos de los pícaros de antaño ser excluidos de la sociedad.

A ello debe contribuir la sociedad civil, que tiene parte de culpa en la tolerancia con unos desaprensivos a los sigue votando a pesar de sus desmanes. No hay corruptos malos y buenos en función de la cercanía ideológica, y la lucha contra la corrupción debe estar por encima de las ideologías. La sociedad española, por desgracia, tiene poco desarrollado el sentido cívico. Nuestros hijos no son educados para que sean conscientes de que los intereses propios deben supeditarse al bien común, que el mantenimiento de los servicios públicos requiere que los ciudadanos paguen los impuestos que les correspondan, que la preservación del medio ambiente ha de empezar por el de la ciudad en que habiten, o que los derechos humanos y las libertades fundamentales deben promoverse no sólo en lugares lejanos, sino también en su propia casa y país. Éstos y otros principios cívicos como la tolerancia, el respeto a la opinión ajena o la defensa de la Constitución y de la democracia deberían ser enseñados a los escolares en la controvertida asignatura Educación para la Ciudadanía, en lugar de instruirlos sobre las relaciones sexuales o adoctrinarlos con los dogmas de los nacionalismos parroquianos, fuera de lugar en la aldea global del mundo actual. Tales principios deberían ser también inculcados por las familias, pero la mayoría de los padres renuncia a ello por falta de tiempo o de convicción. Aunque sea un desafío a medio y largo plazo, resulta indispensable enfrentarse a él desde ya.

Cambio de mentalidad y regeneración ética
Este cambio de actitud debe producirse asimismo en los ámbitos económico y fiscal. El Gobierno debe dejar de sangrar a trabajadores, funcionarios, pensionistas y consumidores, y tratar de controlar a los habituales evasores: profesionales, autónomos y empresarios, dejando de filtrar los mosquitos y tragarse los elefantes. No “todos somos Hacienda”, pues unos lo somos más que otros. Procedimientos como las sicavs, las amnistías fiscales y otros artilugios para minimizar el pago de impuestos por las grandes empresas son un escarnio y un escándalo para la sociedad, en especial para la sufrida clase media, que soporta el grueso de la carga impositiva ante la escasa contribución de los más acaudalados. Como bien decía el juez Oliver Holmes, “los impuestos son el precio que pagamos por la civilización”, pero éstos deberían ser justos y razonables, pagados equitativamente por todos los ciudadanos en función de sus ingresos, y utilizados de forma debida por el Gobierno para atender a las necesidades del país. Donde hay dinero suele producirse corrupción como se pone de manifiesto en las finanzas de los partidos, las concejalías de Urbanismo o las empresas públicas.

Hay que regular adecuadamente la financiación de los partidos para evitar que se produzcan casos escandalosos como los de FILESA, Banca Catalana, Mercasevilla, ERE andaluces, Gürtel, Pallerols, Palau, Campeón, ITV o tesorería del Partido Popular –de Rosendo Naseiro a Luis Bárcenas-. Igual hay que hacer con la financiación de los Ayuntamientos para impedir las manipulaciones de los planes de Urbanismo, a las que recurren los municipios para financiar la gestión de los servicios municipales y facilitar el lucro de ediles y partidos. Es preciso reducir el número de empresas públicas, que son innecesarias, deficitarias y exentas del control de interventores y Tribunales de Cuentas. Finalmente, conviene recortar el régimen privilegiado de la casta política en el campo jurídico –inmunidades e incompatibilidades- y económico –dietas, pensiones, consejos de administración y otras canonjías-, y de la oligarquía empresarial –sobresueldos, bonus y blindajes-, que resultan obscenos en períodos como los que atravesamos. Urge superar la crisis de valores existente, recuperar la ejemplaridad y lograr un cambio de mentalidad que permita la regeneración ética de la política y de la economía.

El PSOE, o la apología de la nada
Editorial www.gaceta.es 23 Abril 2013

Ya es llamativo que los dos supuestos recambios de Rubalcaba vengan de una rama del socialismo –la vasca– que sólo acumula derrotas, tanto políticas como morales.

Había muchas miradas puestas en la reunión, ayer, de la ejecutiva federal del Partido Socialista. Todas esas miradas habrán quedado inevitablemente decepcionadas al constatar que no ha pasado nada. Y aquí “nada” quiere decir precisamente eso: nada. Ni propuestas económicas para una crisis que no amaina ni propuestas políticas para un problema territorial que sigue en carne viva ni respuestas para los distintos casos de corrupción que afectan al PSOE ni, menos aún, novedad alguna sobre la eventual sucesión de Rubalcaba, asunto este calentado durante el fin de semana desde las propias filas socialistas. Nada de nada. El PSOE sigue instalado en la nada. La cuestión sucesoria, naturalmente, era la que más expectativas había despertado entre los medios de comunicación, siempre inclinados a mover banquillos en tiempos de zozobra.

Los movimientos en torno a Eduardo Madina y Patxi López estaban en boca de todos. Ya es llamativo, por otra parte, que los dos supuestos recambios de Rubalcaba vengan de una rama del socialismo –la vasca– que sólo acumula derrotas, tanto políticas como morales. En todo caso, la cuestión se solventaba ayer con comentarios banales y el anuncio de que la convocatoria de elecciones primarias para la Secretaría General se hará cuando mejor convenga al PSOE y peor le venga al PP. Nada más natural. Eso sí, Elena Valenciano aseguró que al PSOE ahora mismo sólo le preocupa la crisis económica. Es curioso, pero es el mismo lenguaje de Rajoy.

Lo más importante: la opinión pública española sigue sin ver en el Partido Socialista una alternativa de gobierno. Las ocurrencias de fin de semana de Rubalcaba o las baladronadas de los segundos espadas (Tomás Gómez, por ejemplo) sólo sirven para demostrar que el PSOE carece no ya de proyecto de Gobierno, sino tan siquiera de ideas sólidas sobre el momento que vivimos. Zapatero dejó el PSOE convertido en un desierto intelectual. Los veteranos se han retirado o han sido apartados, y los jóvenes no dan la talla.

El partido de Ferraz está atrapado por una estrategia de pura mercadotecnia que en otro tiempo le fue útil, pero que ahora es completamente inservible, pues no tiene nada que vender a la sociedad. Mal asunto, porque algún prócer de la izquierda podría sentir la tentación de recuperar en la calle la energía que les falta en los despachos.

Llamadme Griñán ‘Seisdedos’
Javier Caraballo El Confidencial 23 Abril 2013

Las manos ásperas, encalladas, quemadas por el sol. Una gorra ajustada que le frunce el ceño, las uñas negras y un palillo entre los dientes. Tiene los zapatos con la suela rota y el pantalón raído se lo ha atado a la cintura con la guita de las pacas de paja del cortijo del señorito. Están allí, en la plaza del pueblo, esperando que el capataz los contrate para unas peonadas en el algodón, el garbanzo o las aceitunas... Están allí los jornaleros del hambre, apoyados en una pared de cal, esperando una limosna para que esa noche las bocas tengan algo más que roer que unos mendrugos de pan duro. La Andalucía pobre, subdesarrollada, de hambruna y niños desnudos corriendo por las calles...

Cualquiera que hubiese llegado a España estos días, hoy mismo, cuando el Gobierno andaluz apruebe en su reunión semanal su decreto de urgencia para garantizar tres comidas diarias a los niños andaluces, pensaría que la situación de esta región sigue estancada en la miseria de hace un siglo. La Andalucía de la Segunda República; la Andalucía de la 'Mano Negra' y de la masacre de Casas Viejas. Porque, qué otra imagen transmite un Gobierno que pone todo el acento en el discurso político del hambre de los niños, que emplea toda su maquinaria de difusión, semana tras semana, en esa estampa deformada de la realidad. Que ya sólo falta que una mañana, el presidente de la Junta se levante decidido a darle un vuelco definitivo a su imagen: “Llamadme Griñán Seisdedos”.

Es tan acusada la deriva ideológica que la Junta de Andalucía, en su versión actual del PSOE hegemónico unido a la Izquierda Unida más panfletaria que ha existido, ha decidido acelerar el desgaste del Gobierno del Partido Popular con esas medidas que trasmiten una imagen de la región que nada tiene que con la realidad. En Andalucía los niños no pasan hambre. Punto. Existen, y de eso sabe Cáritas y otras muchas organizaciones sociales, miles de familias en estado de extrema necesidad, que se han multiplicado exponencialmente desde el comienzo de la crisis. Pero ni las situaciones de pobreza severa se detectan sólo en Andalucía, ni hace falta que el Gobierno andaluz se dedique a dar platos de comida porque de eso ya se encargan todas esas organizaciones, la mayoría de ellas religiosas, sin que jamás hayan alardeado de sus comedores sociales. No hay repugnancia mayor que esta de contemplar que, para algunos, la política no se detiene ante nada y se hace demagogia hasta con el hambre de los demás. Con el hambre de los niños.

Ni las situaciones de pobreza severa se detectan sólo en Andalucía, ni hace falta que la Junta se dedique a dar platos de comida porque de eso ya se encargan muchas organizaciones, la mayoría de ellas religiosas, sin que jamás hayan alardeado de sus comedores socialesLos problemas de Andalucía son otros, muy graves y complejos, y son a los que se debería dedicar el Gobierno andaluz, antes que cubrirlos o camuflarlos con polémicas como estas que va generando, ora expropiaciones de pisos, ora vales de comida. Ya el pasado domingo, recordaba aquí Carlos Sánchez que la deriva histórica de Andalucía es digna de estudio, porque se ha estancado en la cola de todas las estadísticas de las regiones europeas a pesar de que, hace tan sólo dos siglos, era una de las regiones más prósperas de España y comenzaban a despuntar aquí las primeras industrias textiles y siderúrgicas.

Es necesario constatar que si todo ese progreso industrial se acabó esfumando no fue sólo por el carácter rentista de los empresarios andaluces, que también, sino fundamentalmente por la planificación económica del Estado español, que fue derivando todas las inversiones hacia el triángulo formado por el País Vasco, Cataluña y Madrid. Uno de los historiadores que, como recogía Carlos Sánchez, más se ha dedicado al estudio de la involución andaluza, es un andaluz nacido en Valencia, Juan Antonio Lacomba. "A Andalucía la han metido históricamente en el subdesarrollo, se le asigna ese papel. Se decide que Andalucía se centre en el sector primario, con lo que las industrias se sitúan en las regiones del norte. Hasta mediados del siglo XX, uno de cada dos empleados andaluces trabajaba en la agricultura", afirma.

Todo eso, en cualquier caso, pertenece a la historia y en modo alguno puede servir para explicar la situación actual de Andalucía. El atraso andaluz de 2013 sólo tiene un responsable: el Gobierno autonómico de los últimos treinta años, que ha dispuesto de todos los recursos, de todas las ayudas, para haber cambiado el signo de la historia reciente de subdesarrollo. Pero no lo ha hecho. ¿Por qué?

Algunas explicaciones las encontramos en escándalos como los ERE y otras, como se ve estos días, en la mera constatación de que se anteponen los intereses políticos, el mantenimiento del poder, a la resolución de los problemas reales. Por ejemplo, las variables que determinan la exclusión social son cuatro: el empleo, la vivienda, la educación y la salud. ¿Hay mayor tragedia para una sociedad que una tasa de paro que, según las últimas previsiones de Unicaja, alcanzará este año el 36,7% de la población activa? ¿Cómo pensar en ningún futuro si se mantiene como modelado un sistema educativo que arroja las mayores tasas de Europa de fracaso escolar? Ahí están los problemas de Andalucía. Pero en vez de atajar las causas de la exclusión, el Gobierno de Griñán emplea esfuerzos y recursos en aquello que más le renta políticamente. “Llamadme Pepe Seisdedos”.

Escrache en España: Coaccionar a los coaccionados y acosar a los esclavos
Francisco Rubiales Periodista Digital 23 Abril 2013

Dicen los falsos demócratas que la maldad del escrache reside en que coacciona a los diputados y senadores electos, impidiéndoles votar en libertad. Esa es una de las mentiras mas indecentes y sucias pronunciadas en esta falsa democracia española, en la que los diputados y senadores electos son permanentemente coaccionados por los partidos en los que militan, que les impiden siempre expresar sus ideas, hacer propuestas en libertad y votar en conciencia.

El escrache, en todo caso coacciona a los que ya están coaccionados por los partidos políticos.

Una de las paradojas mas sangrantes del actual sistema político español, al que algunos descarados llaman "democracia", es que los diputados y senadores, que deberían ser los reyes de la libertad de expresión, ya que desarrollan su trabajo en los dos principales templos de la palabra, tienen menos libertad real para expresarse y para comunicar sus ideas que cualquier otro ciudadano español. Diputados y senadores no pueden hablar cuando quieren sino cuando les da permiso su jefe de filas y ni siquiera pueden votar en conciencia o expresar las ideas que tienen, sino que deben votar lo que quiera el partido y expresar las ideas y conceptos que interesan al partido en el que militan. Son realmente esclavos de la política castrados, miembros de una cúpula falsamente democrática a los que se les impide defender libremente al pueblo que dicen representar..

Coaccionar a esos tipos a través de un escrache popular, como sostiene el PP, es imposible porque ya están permanente e intensamente coaccionados por sus propios partidos, que son los que les hacen un escrache constante.

En realidad, el escrache es la única ventana abierta que comunica a un diputado o senador con la realidad de España. Ellos están permanentemente aislados y alienados, sometidos al dictado de sus partidos, una esclavitud intelectual y política a la que llaman disciplina, pero que no es otra cosa que un vulgar sometimiento antidemocrático. Los diputados y senadores españoles ni son elegidos por los ciudadanos ni representan a los ciudadanos, ni tienen relación alguna con esos ciudadanos a los que dicen representar. La verdad es que son elegidos por las cúpulas de sus partidos, que son los que los colocan en las listas cerradas y bloqueadas que los ciudadanos tienen que votar en las urnas, sin poder alterarlas. En consecuencia, deben lealtad y sometimiento a esas cúpulas del partido, a las que deben su puesto y sus privilegios, sin que el ciudadano tenga nada que ver con esa elección. La absoluta e incomprensible ausencia de relación entre el representante y el representado es otra brutal aberración en democracia, pero que en España es la simple consecuencia del sometimiento del sistema a la dictadura de unos partidos que, aunque estén obligados por la Constitución y por el sistema a practicar la democracia interna, la desconocen y la sustituyen por unos sometimientos leoninos que son incompatibles con la verdadera democracia.

Una vez sabido esto, afirmar, como dicen gente como la Cospedal, la Soraya, el Rajoy y otros muchos energúmenos de la falsa democracia española, que el escrache "coacciona" a diputados y senadores y les impide votar en libertad, es para reírse a carcajada limpia. Los primeros que no permiten a senadores y diputados votar en libertad y en conciencia son los partidos políticos, que tampoco les permiten relacionarse con los ciudadanos a los que dicen representar, ni conocer sus anhelos y deseos, ni votar en conciencia, ni defender las ideas propias en el Congreso y el Senado, dos espacios de dignidad teórica que deberían ser los grandes templos de la libertad y de la palabra en democracia, pero que en esta España vulgar y políticamente degradada no son mas que territorios prostituidos por la dictadura de los partidos y por el ansia de control y de poder de las cúpulas partidistas.

Voto en Blanco

Secesión
Cataluña y su referéndum de juguete
Cristina Losada Libertad Digital 23 Abril 2013

El derecho a decidir es el derecho de autodeterminación recubierto de azúcar. Como nunca hay suficiente edulcorante para el paladar infantil, la pastelería nacionalista tiene algo aún más dulce en Cataluña. Es el derecho a decidir que tenemos derecho a decidir. En otras palabras, la consulta sobre la consulta. En términos más precisos, un referéndum consultivo. Esto es una milhoja de puro merengue. ¿Cómo se va a rechazar que el pueblo exprese libremente sus preferencias en una consulta que no es vinculante, que sólo se propone saber qué quiere la gente? Tal es el núcleo del anhelo y el lamento de los convergentes. Y la trampa para elefantes con debilidad por la glucosa.

La secesión no es asunto para una consulta de sondeo, para una encuesta como la que pregunta si uno prefiere la Fanta o la Mirinda. En ese sentido se ha pronunciado el político canadiense Stéphane Dion, que acaba de estar en España y ha dejado, como suele, algunas ideas claras; no en vano fue el impulsor de la Ley de Claridad. Dion dijo lo siguiente sobre los referendos independentistas: "No deben hacerse para descubrir qué puede pensar la gente". Ah, dirá el elefante de antes, ¿entonces qué sentido tienen los referendos consultivos? Y respondemos los gallegos: eso depende. En el caso de la secesión, su único sentido es servir de combustible para avivar el fuego. De ahí que sea la fórmula ideal para el nacionalismo que juega a dos bandas. Está convencido, y con razón, de que una consulta arroja más partidarios de la separación que una votación vinculante.

Naturalmente. Porque no es lo mismo opinar que decidir. No es lo mismo decir que sería bonito dejar de trabajar, que dejar el trabajo. Uno se lo piensa antes de tomar una decisión trascendente, que no tiene vuelta atrás. Pero cuando sólo se nos pide que expresemos un deseo, no solemos enredarnos en una laboriosa evaluación de ventajas e inconvenientes. No hemos de pensar necesariamente en las consecuencias. Una consulta-sondeo permite eludir las consecuencias. Es una carta a los Reyes Magos. Se echa en el buzón y ya se verá si le ponen al niño la Playstation o le dejan un kilo de carbones. A la vista del carbón, el niño coge una rabieta y se arma la monumental, que es de lo que se trata en nuestro caso. Una política de adultos y para adultos no puede aceptar que la separación de Cataluña de España sea objeto de encuesta en alguna clase de urnas. Pero el mundo adulto no es el que ha elegido Artur Mas. Él quiere su referéndum de juguete.

España cerró 2012 con el mayor déficit público de la UE: el 10,6% del PIB
Por delante de Grecia (10%), Irlanda (7,6%), Portugal (6,4%), Chipre y Reino Unido (6,3% cada uno)
Europa Press www.lavozlibre.com 23 Abril 2013

Madrid.- El déficit público de España alcanzó en 2012 -incluyendo las ayudas a la banca- el 10,6% del PIB, frente al 9,4% en 2011. Se trata del porcentaje más alto de toda la UE, por delante de Grecia (10%), Irlanda (7,6%), Portugal (6,4%), Chipre y Reino Unido (6,3% cada uno), según los datos validados este lunes por la oficina estadística comunitaria Eurostat.

En contraste, Alemania registró el año pasado un superávit del 0,2% mientras que los déficits más bajos corresponden a Estonia (-0,3%), Suecia (-0,5%) Bulgaria y Luxemburgo (-0,8%).

En el conjunto de la eurozona, el déficit cayó desde el 4,2% en 2011 al 3,7% en 2012 (del 4,4% al 4% en toda la UE), mientras que el nivel de deuda pública aumentó del 87,3% al 90,6% (del 82,5% al 85,3% en la UE).

España es además el Estado miembro de la UE donde más rápidamente aumenta el nivel de deuda pública (6,8 puntos entre el tercer y el cuarto trimestre del año pasado), hasta situarse en el 84,2% del PIB. Los países de la UE con deuda más alta son Grecia (156,9%), Italia (127%), Portugal (123,6%), Irlanda (117,6%), Bélgica (99,6%) y Francia (90,2%).

A finales de 2012, los niveles más bajos de deuda se registraron en Estonia (10,1%), Bulgaria (18,5%), Luxemburgo (20,8%), Rumanía (37,8%) y Suecia (38,2%).

Sin contar las ayudas a la banca -que se excluyen en el procedimiento sancionador por déficit excesivo-, el déficit de España se situó en el 6,98%, tras la corrección impuesta por Eurostat a finales de marzo a la cifra del 6,7% anunciada por el presidente Mariano Rajoy en el debate sobre el Estado de la nación.

El ministerio de Hacienda atribuyó la corrección a un "cambio de criterio contable" de la oficina estadística europea, pero ésta lo negó y sostuvo que el Gobierno español había retrasado indebidamente a enero de 2013 devoluciones fiscales que deberían haberse computado en 2012.

PRIMER PASO PARA RELAJAR EL DÉFICIT
Con la publicación de la cifra definitiva de déficit de 2012 se da el primer paso para que la Comisión decida si relaja a España el objetivo del 4,5% para este año y si le da hasta dos años más para llegar al umbral del 3%. El Ejecutivo comunitario debe verificar en primer lugar si España respetó el año pasado el compromiso de ajuste fiscal estructural.

La conclusión preliminar de Bruselas es que este requisito se ha cumplido y por ello el vicepresidente económico, Olli Rehn, no ha pedido nuevos recortes en 2013.

La segunda condición se verificará el 3 de mayo, cuando la Comisión publique sus previsiones económicas de primavera y confirme que las perspectivas de crecimiento para España han empeorado en relación al momento en que se fijaron los objetivos. El Fondo Monetario Internacional ha pronosticado que la economía española se contraerá este año un 1,6%.

A partir de ese momento, el Ejecutivo comunitario podrá hacer su propuesta de prórroga para España, que llegará como muy tarde el 29 de mayo, fecha en que tiene previsto presentar sus recomendaciones de política económica.

El Gobierno espera una prórroga de dos años, hasta 2016, lo que significa que el nuevo objetivo de déficit para 2013 se situaría en torno al 6%. Rehn ha avisado de que la prórroga estará supeditada a que el plan de estabilidad y reformas que el Gobierno tiene previsto aprobar el 26 de abril sea suficiente para afrontar los "desequilibrios excesivos" detectados en la economía española.


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El Viejo Reyno, en el disparadero
Navarra, ETA y el PSOE
Cayetano González Libertad Digital 23 Abril 2013

El tráfico diario e intenso de noticias –la mayoría relacionadas con casos de corrupción que afectan a la Jefatura del Estado, al partido en el Gobierno, al principal partido de la oposición, al partido que intenta gobernar en Cataluña, a la Junta de Andalucía, al sindicato de obediencia socialista y así un largo etcétera– logró que la pasada semana pasase prácticamente inadvertida la moción de censura que Bildu y Na-Bai presentaron en el Parlamento de Navarra contra la actual presidenta de la comunidad foral, Yolanda Barcina, de UPN. Al final la moción no prosperó porque el PP votó en contra y el Partido Socialista de Navarra se abstuvo, lo cual, conociendo la trayectoria de los socialistas navarros desde la transición democrática, no es garantía de nada.

Navarra ha sido siempre una pieza muy apetecida por los partidos nacionalistas vascos y por la propia ETA. El PNV eligió a finales de los setenta a un navarro, Carlos Garaikoetxea, como candidato a lehendakari, cargo que ocupó en la primera mitad de la década de los ochenta, hasta que la imposible convivencia entre él y Arzalluz acabó con su salida del PNV y la fundación de un partido, Eusko Alkartasuna, en la actualidad irrelevante pero que ha encontrado acomodo y oxígeno en la coalición Amaiur. En la elección que en su día hizo el PNV de Garaikoetxea como cartel electoral pesó y mucho su condición de navarro.

En cuanto a ETA, durante el proceso de negociación política que mantuvo con el Gobierno de Zapatero apostó fuerte –como quedó acreditado en los papeles de esas reuniones que se han conocido, incluso en lo que ha contado el principal interlocutor por parte del PSE, Jesús Eguiguren– para que los socialistas se comprometieran no sólo a impulsar el mecanismo de integración de Navarra en la Comunidad Autónoma Vasca previsto en la disposición transitoria cuarta de la Constitución, sino a que votaran a favor de esa integración en el hipotético referéndum que se tendría que llevar a cabo.

Por lo demás, durante los años inmediatamente posteriores a la transición democrática "Nafarroa Euskadi da" (Navarra es Euskadi) fue el grito que los sectores nacionalistas no se cansaban de corear en cualquier ocasión que se les presentase. Ya se sabe que la Euskadi idílica y pastoril de los nacionalistas está compuesta por siete territorios: los que integran la Comunidad Autónoma Vasca –Álava, Vizcaya y Guipúzcoa–, la Comunidad Foral de Navarra y los tres que se ubican en el Sur de Francia: Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa.

Ni ETA, ni su brazo político ni el resto de los partidos nacionalistas van a renunciar a Navarra. La denominada izquierda abertzale tiene una representación nada desdeñable en dicha comunidad, entre otros motivos porque ha sabido aglutinar en torno a sus siglas el voto nacionalista. El PNV es en el territorio foral un partido inexistente. En ese escenario electoral, el entendimiento entre el centro-derecha navarro, representado mayoritariamente por UPN y en menor medida por el PP, y el PSN es vital. No estamos ante una cuestión menor ni partidista. En todas las elecciones, las opciones políticas que defienden que Navarra siga siendo una comunidad foral, con su Amejoramiento del Fuero, han sido siempre mayoría, y eso a pesar de que hasta 1982 el PSOE defendió la integración de Navarra en Euskadi; de hecho, los socialitas navarros fueron hasta ese año parte orgánica del Partido Socialista de Euskadi. Eran los tiempos de un ilustre navarro de Tafalla, Carlos Solchaga.

De UPN y del PP no se puede dudar de que siempre defenderán una Navarra foral y española. Del PSN no se puede asegurar tal cosa. Su abstención de la pasada semana en la moción presentada por Bildu y Na-Bai contra Yolanda Barcina pone de manifiesto la estrechez de miras de un partido y de unos dirigentes absolutamente erráticos. Y lo mismo que en el País Vasco no es descartable pensar en una futura alianza del PSE con Bildu e IU, al estilo del nefasto tripartito catalán de hace unos años –PSC, ERC e ICV–, en Navarra tampoco se puede descartar que pudieran intentar algo similar con tal de desplazar al centro-derecha navarro del Gobierno de la comunidad foral. De ahí a ceder en las pretensiones anexionistas de ETA y de los nacionalistas habrá solo un paso. Y eso podrá suceder perfectamente con un "vasquito" –en expresión de Odón Elorza–, Madina o López, en la Secretaría General del PSOE.

A favor de la inmersión língüística
La Generalitat usa TV3 para denostar el bilingüismo en la escuela
Á. J. M. www.gaceta.es 23 Abril 2013

Un reportaje emitido en el canal autonómico de Cataluña asegura que la reivindicación de impartir clases en español y catalán procede de "colectivos minoritarios".

Con un argumento totalitario, sin que la parte "minoritaria" tenga el derecho a poder elegir el bilingüismo, tanto en español como en catalán, en la escuela, con escasa presencia de padres y asociaciones contrarias a la inmersión lingüística, es decir, la imposición del catalán y con una profesora que admite que hay los niños se expresan mal en español. Así es el último reportaje de TV3 titulado, "si un solo alumno lo pide".

En "un editorial" se asegura el mito de que Franco prohibió el catalán, que los alumnos tienen asegurado el conocimiento del español cuando se termine el ciclo formativo, que hay un amplio consenso social favorable a la inmersión lingüística, que el bilingüismo solo lo piden "colectivos minoritarios" y que las sentencias judiciales ponen en jaque la inmersión lingüística.

"Tras los tiempos de Franco, muchos padres y madres, muchos de ellos castellanohablantes se van a sumar para tener una escuela íntegramente en catalán. Su batalla va a dar lugar a la inmersión lingüística que se va a extender a todo el país", afirma el presentador, Eduard Sanjuán. El reportaje señala que "el nuevo auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña vuelve a poner en cuestión el modelo lingüístico de la escuela en Cataluña y dispara la indignación entre la sociedad catalana".

En el mismo vídeo se ha entrevistado a Julián Busca, padre argentino que ha llevado la inmersión lingüística a los tribunales al impedir que sus hijas puedan aprender las asignaturas tanto en catalán como en español. "A mí me preocupa que mis hijas salgan con un dominio del español deficiente a nivel gramatical, de vocabulario y escritura", indica en la entrevista. "La petición es tener una escuela mínimamente bilingüe", afirma y agrega que "no me preguntes si una semana las matemáticas se imparten en español y la siguiente en catalán o una asignatura en un idioma y otra en otro. Si me preguntas a mí, creo que lo ideal es tener todo en los dos idiomas" y añade que el español no ha aparecido "de golpe y porrazo de un astronauta que cayó del cielo 30 años atrás".

Tras 40 años de dictadura, se aprobaba la ley de normalización lingüística. "Con la prohibición del catalán con el franquismo y la llegada de 2,5 millones de personas castellanohablantes, la situación de la lengua catalana era precaria", continúa el reportaje.

Las cámaras muestran un colegio de Santa Coloma de Gramanet, pueblo que aceptó gran parte de la inmigración interna hacia Cataluña que vivió España. En la escuela Rosselló Pòrcel, pionera de la imposición del catalán, aparecen tres padres, uno de ellos hablando en español y otro con un pin de la bandera independentista, que hablan favorablemente de la inmersión lingüística. "Si el idioma de aquí era el catalán, mis hijos tenían que aprender en catalán", dice uno de los progenitores que proviene de fuera de Cataluña. Otro defiende la inmersión luciendo un pin con la estelada -bandera independentista-.

Las plataformas que el reportaje tilda de minoritarias también aparecen en el mismo. Así, el abogado de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, señala que "si aquí tenemos una población que tiene el catalán como lengua vehicular, que es muy respetable, aquí también hay otra población que tiene el castellano y por tanto ambas tienen que convivir y ambas tienen que ser vehiculares y no puede haber una por encima de la otra".

Escolano señala que se intenta hacer creer que el español es "una lengua extranjera en Cataluña. No tanto de que esté en peligro sino de que sea una lengua extranjera", reitera. El español "es una lengua como el inglés y por tanto está calando la idea de que no tiene hueco en el sistema educativo". Este abogado comenta que "el debate se centra en que los niños castellanohablantes tienen que realizar un esfuerzo adicional que los catalanoparlantes". Asimismo, señala que "el sistema es discriminatorio. Ningún país quiere esto para su hijo, ¿quién quiere separar a su hijo del resto de la clase?".

Desde Impulso Ciudadano, José Domingo, señala que "no es lo mismo estar atendiendo la clase de matemáticas en tu idioma que en otro".

El director de La Salle de Tarragonauno, uno de los colegios que tendrán que ejercer el bilingüismo, Josep M. Prats, indica que la interlocutora del TSJC da la razón a los padres" y dice que las clases serán "en español". Algunos de los alumnos de este centro defienden la inmersión. No obstante, dos de ellos no creen que sea el mejor modelo educativo. Uno la considera una imposición similar a lo que ocurría durante el franquismo pero en sentido contrario, y otra alumna se muestra más partidaria de hacer la mitad de las clases en catalán y la otra mitad en español.

Sólo una clase en español: Educación Física
El ejemplo de que el catalán impera sobre el español lo encontramos en un colegio de Osona, que tiene un programa de intercambio para que los alumnos refuercen su nivel de español. "La gran dificultad era la falta de léxico y de vocabulario -en español- porque mucho vocabulario no tienen, tienen interferencias del catalán y traducen literalmente", admite una profesora, que admite que los alumnos conocen el español pero deben esforzarse en exteriorizarlo.

La única excepción idiomática la encontramos en la asignatura de Educación Física, la única que se imparte íntegramente en castellano. En el reportaje se puede escuchar como un profesor repite en numerosas ocasiones: "Va, vamos, chicos, chicas".

La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, asegura que el español "siempre tendrá presencia en el sistema educativo, es un patrimonio -continúa- también de Cataluña" pero avisa que "la lengua propia es el catalán".

Sobre los diez autos del TSJC, Escolano afirma que las reglas del juego ya están claras. Si un alumno pide el bilingüismo, este derecho se extiende a toda la clase. Rigau contesta "¿usted puede entender que si un padre lo pide, 24 padres deben cambiar sus expectativas lingüísticas?". Rigau afirma que los alumnos tienen el mismo nivel competencial tanto en español como catalán. No obstante, la consejera de Educación defiende la atención individualizada, es decir, la separación de un alumno del resto de la clase.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, también reitera que el conocimiento de los alumnos en Cataluña está cercano a la media del resto de España. Wert indica que la naturaleza del problema no se centra en si es uno, seis o 12.000 alumnos que lo pidan.

Alegato final: El catalán está en minoría
El vídeo muestra los datos de una encuesta de Educación y Cultura que señalan que "solo el 29,1% de los jóvenes entre 14 y 19 años tienen el catalán como lengua materna" y que más de la mitad de estos jóvenes tienen como lengua inicial el español. Tras esta exposición, una profesora de Lingüística de la Universidad de Barcelona Maria Carme Junyent indica que "cuando en una comunidad baja del 30% el porcentaje de personas que transmiten la lengua a los hijos, se considera que esta lengua está en proceso de extinción, y en Cataluña estamos en torno a ese 30%. Pero lo que es más alarmante es que haya bajado en los últimos años. Estamos en un punto clave de la interrupción de la transmisión intergeneracional".

Impulso Ciudadano critica el tratamiento del reportaje
El presidente de Impulso Ciudadano, que apoya el bilingüismo en la escuela, destaca dos aspectos, uno negativo y otro positivo. Por un lado, señala que no se ha tenido en cuenta el derecho de las familias a poder elegir el bilingüismo, una posibilidad que no existe con el actual modelo y que debe ser un juez quien dé la razón a las familias. "El reportaje es tendencioso", asegura, tanto en el número de intervenciones como por cuestionar las resoluciones judiciales. El Tribunal Constitucional, recuerda, puso en su sentencia que ambas lenguas debían estar en una posición equilibrada y considera que no es "minoritaria" la opción del bilingüismo. "Se plantea una visión totalitaria y de falta de respeto a la minoría", asegura a Gaceta.es.

Como aspectos positivos, señala que es la primera vez que aparecen declaraciones tan seguidas de los defensores del bilingüismo y critica que de una entrevista de hora y media hayan dejado solo 51 segundos, donde las frases que aparecen están juntadas de forma "inconexa".


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