AGLI Recortes de Prensa   Domingo 5 Mayo 2013

Contra la paciencia
Santiago Rey Fernández-Latorre. Artículo del presidente y editor de La Voz de Galicia 5 Mayo 2013

Un número, un clima y una palabra definen hoy el estado de la nación postrada. El número es el de seis millones de personas. El clima, el de la depresión, la estupefacción, el antagonismo y la rabia. Y la palabra, indescriptible, es paciencia.

¿Paciencia?  Inaceptable.
Desde que comenzó la etapa de destrucción social que se ha convenido en definir con el eufemismo de crisis, los españoles han dado exageradas muestras de resignación y de confianza. Se pusieron en manos de quienes prometieron atajar definitivamente la incompetencia de anteriores gobernantes y aceptaron sus fórmulas para sacar el país de la deriva. Pero todo lo que ha ocurrido desde entonces, por muy bien intencionado que fuese, no solo no ha servido para revitalizar la sociedad y la economía, sino que las ha condenado a una triple quiebra.

En primer lugar, una quiebra económica. Con la capacidad de financiación eliminada de cuajo y el consumo reducido casi a términos de supervivencia, la mayor parte de las empresas españolas, desde las pequeñas y medianas a las que en otro tiempo fueron sólidos imperios, luchan denodadamente por no cruzar las líneas rojas que llevan a la debacle. Muchas las han sobrepasado ya.

La consecuencia más visible y más sangrante para el país (aunque no la única) es esa inasumible cifra de seis millones de personas que no tienen posibilidad de hacerse cargo de su propia vida, porque su único capital -preparación, capacidad de esfuerzo, talento- es hoy inaccesible para las empresas, diezmadas por la abrupta caída de los ingresos.

En segundo lugar, padecemos una crisis de ideas. O si se quiere expresar más rotundamente, una crisis de valentía. Tanto este Gobierno como el anterior han aceptado obedientemente el dogma impuesto por la dictadura del euro (es decir, de Merkel) que consiste, sencillamente, en empobrecer más y más al pueblo para financiar la usura internacional y adorar el tótem de la reducción del déficit. Ni un solo estímulo, ni una sola disensión en la línea marcada por quienes viven ajenos a los problemas reales de la gente real.

Y a consecuencia de la quiebra económica y de la quiebra de ideas, llama a las puertas la peor de todas: la quiebra social.
La falta absoluta de perspectivas, unida a algunos errores inaceptables -como el fraude de las preferentes- y muchos comportamientos punibles -como las conductas corruptas de tantos políticos-, está haciendo fecundar el huevo de la serpiente. Tras la desafección que trajo consigo el inicio de la crisis, está ya amenazando el presente la ruptura de la cohesión social, como revelan cada día los enfrentamientos callejeros y la virulencia que empieza a reinar en los ámbitos públicos. Y eso, pese a que nuestra historia nos demuestra que la senda de la rabia y el odio es el peor camino que puede tomar una sociedad civilizada. Y el más rápido para dejar de serlo.

Luchar contra esa ruptura y remontar la triple quiebra debiera ser la prioridad nacional. Para ello se requieren muchas virtudes, pero entre ellas, aunque esto disguste al presidente del Gobierno, no está la paciencia.

Paciencia ya han tenido los ciudadanos viendo cómo se hunden sus expectativas, cómo crece el desempleo, cómo se cierran comercios y empresas, cómo desaparecen sectores enteros, cómo se ejecutan desahucios, cómo emigran los jóvenes incluso muy preparados, cómo se recortan los sueldos, cómo se reducen las prestaciones, cómo se agotan las reservas en los bancos de alimentos.

Paciencia ya han tenido también viendo cómo se quedan sin discurso ni respuestas ni liderazgo los partidos políticos, cómo crecen los comportamientos intolerables alrededor del presupuesto público, cómo se cruzan los sobres y se usan las influencias, cómo se aprovechan los sindicatos y los que viven solapadamente del erario, cómo se protegen y se benefician los poderosos.

No es paciencia lo que se le puede pedir hoy a España, sino inconformismo. No es cobardía ni pereza lo que se debe esperar del Gobierno, sino diligencia.
Diligencia para hacer aflorar el crédito, el consumo y la producción. Diligencia para responder a las demandas de los españoles. Diligencia para cumplir el programa electoral, en lugar de traicionarlo con más subidas de impuestos y cerrojazos a la iniciativa privada. Diligencia para ahorrar de una vez reformando la aparatosa Administración, que se ha multiplicado por diecisiete y continúa creciendo hasta la deformidad, al tiempo que se enflaquece el servicio público.

Pero, en lugar de afrontar estos retos, tantas veces demandados desde esta tribuna, el presidente del Gobierno, sus pacientes ministros y no pocos Ejecutivos autonómicos prefieren contemplar solazadamente el huracán, mientras toman decisiones en la dirección contraria: engordan las diputaciones, mantienen el imposible mapa de ayuntamientos, toleran televisiones propagandísticas, engrosan las nóminas de asesores, rebajan servicios útiles como el malogrado de la dependencia y, entre una decisión y otra, continúan incrementando la sangría al ciudadano.

Si el Gobierno y la desnortada y descabezada oposición se planteasen un compromiso real con España, deberían dejar de obsesionarse con sus verticales caídas en la intención de voto. Porque no resulta difícil descubrir por qué cada vez más votantes les huyen.

Los abandonan porque no aportan soluciones. E incluso muchos los identifican con el problema. Y lo hacen porque no los ven capaces de fraguar lo que todos demandan: un gran pacto para superar la situación de emergencia nacional. Un pacto de Estado que cohesione y redirija la acción política a un solo fin: volver al crecimiento.

Para ello se necesita diseñar una política común que favorezca la inversión y la contratación, con la vuelta del crédito, el ajuste de la fiscalidad y el estímulo al mercado interno y a la exportación. Se precisa también reformar a fondo la Administración para que deje de ser la pesada e ineficiente losa que los españoles soportan como contribuyentes y padecen como ciudadanos. Y repensar las leyes laborales para incentivar la contratación en lugar del subsidio.

Pero antes de las medidas concretas que desgranan a diario los expertos, el cambio más radical debe darse en la actitud de los agentes políticos. No es con puñetazos en el escaño ni con retórica triunfalista ni con anemia en la oposición como se contribuye a superar el desastre. Es necesario comprometerse a aunar las voluntades y trabajar el consenso. Dejar de medir la acción política con la moneda de la rentabilidad electoral y centrarla, por una vez, en el servicio al país.

Porque con cada empresa que cae, con cada trabajador que va al paro, la enfermedad de España se agrava.
Galicia, en concreto, lo vive cada día, con suspensiones de pagos que parecían impensables, sectores estratégicos agonizando en el mar, el campo y la industria, cierres masivos en el sector servicios y pérdida de poder adquisitivo en cada casa.

Los ciudadanos no pueden esperar más. Y el Gobierno y los demás agentes políticos deberían ser los primeros en entenderlo. Porque ellos son los primeros responsables del desastre.

Si aún no viven en la enajenación, deberían actuar. Ya. Urgentemente. Es imposible esperar más. Por eso es inaceptable la paciencia.

Rajoy pide una paciencia imposible
Luis del Pino Libertad Digital 5 Mayo 2013

Una de las mayores atrocidades cometidas por los ingleses durante la lucha de India y Pakistán por su independencia es la masacre del bazar Qissa Kwhani.

El 23 de abril de 1930, una multitud de personas se concentró en una plaza de la ciudad de Peshawar para protestar por la detención del líder musulmán de la resistencia pacífica, Abdul Ghaffar Khan, a quien también se conocía con el apodo de "el Gandhi de la frontera".

Los ingleses, que habían prohibido las manifestaciones, introdujeron en la plaza a los soldados y conminaron a la multitud, desarmada y pacífica, a que se dispersara. Ante la negativa de los manifestantes a abandonar la plaza, abrieron fuego. Seis horas - desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde - estuvieron disparando a placer sobre los hombres, mujeres y niños concentrados en la plaza, que, abrazados a sus coranes, no hicieron ningún intento de defenderse o de huir.

La horrible escena está retratada en la película Gandhi, donde también se muestra una elocuente secuencia del juicio posterior al que fue sometido el oficial inglés al mando de aquella operación, el general Dyer:

- General Dyer - le pregunta el fiscal -, ¿es verdad que usted ordenó a sus tropas abrir fuego contra aquellos lugares donde la multitud era más densa?
- Es cierto - responde tranquilo el general.

- ¿Es cierto que se produjeron mil quinientos dieciséis muertos y heridos, con mil seiscientas cincuenta balas? - apunta el fiscal.
- Mi intención era darles una lección que toda la India pudiera aprender - contesta el general, orgulloso.

- General. Si hubiera podido introducir en la plaza los vehículos blindados, ¿habría usado las ametralladoras contra los manifestantes? - le interpela uno de los abogados indios.
- Probablemente sí - replica el militar inglés.

- General - pregunta uno de los jueces- ¿se dio cuenta usted de que había mujeres y niños entre la multitud?
- Sí, me di cuenta.

- ¿Y aquello no le importó?
- ¡Correcto! - responde el general.

- ¿Puedo preguntarle - interviene el fiscal - qué medidas tomó de cara a atender a los heridos?
- Yo estaba listo para atender a cualquiera que solicitara ayuda - dice el general, tajante.

Y entonces la cámara enfoca en primer plano la cara del general Dyer, que enmudece al oír cómo el fiscal le pregunta:
- Disculpe, general, pero no entiendo bien sus palabras: ¿me podría explicar de qué manera solicitan ayuda los niños heridos en la cabeza por un disparo de fusil?

Esta semana, y ante el clamor de la opinión pública contra un gobierno que sigue sumido en la inacción mientras el país bate todos los récords de paro, Rajoy ha salido brevemente a la palestra para pedir a los españoles paciencia. Incluso se permitió aseverar que el gobierno sabe a dónde va, aunque no se dignó a explicarnos a los españoles qué tierra de promisión es esa.

Pedir paciencia a estas alturas a los dos millones de hogares que tienen a todos sus miembros en paro, a los pequeños empresarios que no tienen con qué pagar a sus trabajadores o a tantos españoles que cada vez tienen que renunciar a más cosas para poder llegar a fin de mes resulta sarcástico, señor Rajoy.

Pedir paciencia a los electores del PP que le entregaron a usted la mayoría absoluta, cuando en dieciséis meses no ha ilegalizado usted las franquicias de ETA, ni ha puesto coto a las imposiciones nacionalistas, ni ha derogado una sola de las leyes ideológicas de Zapatero, es reírse de los votantes en su cara, señor Rajoy.

Pedir paciencia a los españoles, cuando ven que la corrupción todo lo enfanga y que, ustedes, lejos de perseguirla, se dedican a favorecer a corruptos mediante pactos vergonzantes de la fiscalía o indultos escandalosos, es una invitación a la revuelta civil, señor Rajoy.

Pero permítame señalarle cuál es la mayor contradicción de su discurso. Pedir paciencia a estas alturas a los parados, o a los pequeños empresarios, o a las familias, o a los votantes del PP o a los españoles en general puede ser criticable, pero es verdad que todos ellos están en disposición de poder escucharle a usted y seguir, si lo desean, su recomendación de ser pacientes.

Sin embargo, hay un grupo concreto de personas cuyo problema no puede usted esperar a resolver mañana, porque ya será tarde, y a las que, por tanto, no tiene ningún sentido pedirles paciencia. Me refiero, por supuesto, a esa ley de aborto libre de Zapatero que ustedes llevan dieciséis meses amagando con derogar y al amparo de la cual se producen en España 300 abortos al día.

Una de dos: o esos niños no son seres humanos, en cuyo caso no entiendo por qué amenazan ustedes con modificar la ley del aborto, o sí que lo son, en cuyo caso no comprendo cómo puede usted dejar pasar los días y pedir paciencia a quienes reclaman la derogación de esa ley.

Discúlpeme usted, general Rajoy, pero de verdad que no consigo entenderle: ¿me podría usted decir de qué manera muestran paciencia los niños muertos, una vez que han dejado de existir?

El desplome del PP y la hemorragia del PSOE: la regeneración pasa por el final del bipartidismo
Jesús Cacho www.vozpopuli.com 5 Mayo 2013

El viernes hubo noticia del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), con el barómetro de abril reflejando la caída de apoyo ciudadano al Partido Popular. El 34% de los encuestados estaría ahora dispuesto a votar PP, casi once puntos menos que el 44,6% obtenido en las elecciones de noviembre de 2011 y uno menos que el registrado en la encuesta de febrero. Conclusión: el PP sigue sin tocar fondo. No es mejor la situación del PSOE que, con una intención de voto del 28,2%, se sitúa incluso por debajo de 28,7% obtenido en las últimas generales, al punto de que, incluso en plena caída del PP, los populares aumentan un punto más -hasta los 5,8- la distancia que les separa de los socialistas en relación a febrero. Si tenemos en cuenta que en paralelo se consolida la tendencia al alza de Izquierda Unida (IU) (estimación de voto del 9,9%) y UPyD (7,4%), la pregunta está servida: ¿estamos ante el principio del fin de ese bipartidismo entre el centro derecha y el centro izquierda que parecía llamado a perpetuar el régimen político salido de la transición?

El jueves, con motivo de la fiesta del 2 de mayo, supimos también que si ahora se celebrasen elecciones en la Comunidad de Madrid el PP perdería la mayoría absoluta (se quedaría con el 35,2% de los votos, frente al 51,7% obtenido en 2011 -16,5 puntos de retroceso-, lo que significa que de 72 escaños pasaría a 54), cediendo el que ha sido su principal bastión electoral durante muchos años. Como a escala nacional, tampoco en Madrid el PSOE recogería los votos perdidos por los populares (descenderían 6,1 puntos y se quedarían con un 20,1% de las papeletas -30 escaños, 6 menos que ahora-), hasta el punto de registrar los peores resultados de los 30 años de historia autonómica. Los ganadores vuelven a ser IU, que se quedaría a 1,2 puntos del PSOE, y UPyD, que doblaría escaños (de 8 a 16).

El panorama someramente descrito dibuja un horizonte de futuro más que preocupante para las dos grandes formaciones políticas españolas, convertidas en las muletas con las que el régimen de monarquía parlamentaria ha caminado, con la ayuda puntual de los nacionalismos de derechas catalán y vasco, desde la muerte de Franco hasta su agotamiento por consunción actual, fenómeno que la historiografía del futuro fechará en torno a finales de 2012-principios de 2013, en la zona de valle de la mayor crisis política y económica de las últimas décadas, y se convierte en un interrogante más, y no precisamente nimio, de los muchos que ensombrecen el futuro español, un futuro que hoy más que nunca parece concretado en la necesidad de diseñar un marco de convivencia estable, por la vía de la reforma en profundidad de la Constitución de 1978, capaz de asegurar la paz y la prosperidad colectiva para los próximos 30 ó 40 años.

Es evidente que la situación por la que atraviesan los dos grandes partidos no es una casualidad, sino el fruto ganado a pulso de esa “partitocracia” que se ha distinguido por su capacidad para despachar leyes que ni respeta ni hace respetar, su casi total ausencia de democracia interna, y la corrupción derivada de un sistema de financiación que unos y otros han vulnerado a conciencia. Más que en instrumentos para mejorar la sociedad se han convertido en medios de vida de unas elites que, refractarias al cambio, han hecho del mantenimiento a ultranza del estatus quo su razón de ser. El esquema ha terminado por expulsar de la política a los mejores, colocando en las cúpulas a bienintencionados –en el mejor de los casos- ciudadanos mal pertrechados desde el punto de vista intelectual y de gestión para afrontar los retos a los que debían enfrentarse tras las contiendas electorales. La comparación a estos efectos de los primeros presidentes del Gobierno con los últimos parece una prueba irrefutable de ese deterioro, sin que ello signifique que los primeros fueran unos genios.

El juego de las reformas cosméticas
Se entiende la frustración de tantos y tantos votantes del PP, un partido que parecía llamado a reeditar el buen hacer demostrado en 1996, con los más pobres resultados logrados hasta el momento por Mariano Rajoy. Más que las querellas internas que siguen enfrentando a los titulares de Economía y Hacienda, más que la ausencia de un vicepresidente económico con una voz única, más que las incoherencias y las dudas, lo que ha resultado determinante en estos 17 meses de ejercicio del Poder ha sido la dispersión doctrinal de que ha hecho gala el Ejecutivo, aunque tal vez cabría hablar de ausencia de ideología. En el cajón de sastre del PP se incluyen familias políticas que van desde el centro izquierda a la derecha dura, lo que ha dificultado la adopción de un hilo argumental sólido en la acción de Gobierno. El hombre que corta el bacalao de la política fiscal –convertida en la bicha que tantos economistas de izquierda y de derecha censuran-, Cristóbal Montoro, es el representante del ala socialdemócrata del partido. Pero el jiennense no es un bicho raro en el PP, antes bien, representa el consenso, el equilibrio básico de la formación a la hora de elegir entre opciones de política económica distintas. Todas las derechas europeas son de algún modo socialdemócratas, porque las sociedades a las que representan lo son. Aferradas a unos Estados del Bienestar solo financiables en época de boom, se niegan a ajustar de verdad, jugando a escaquearse con reformas más o menos cosméticas. En ese cruce de caminos se halla Montoro.

En el cajón de sastre del PP se incluyen familias políticas que van desde el centro izquierda a la derecha dura, lo que ha dificultado la acción de Gobierno
A mediados de abril del pasado año dijimos aquí que “El Gobierno Rajoy no ha dado con la tecla”. Doce meses después, bien podría decirse a la luz de lo ocurrido que ha tocado la tecla equivocada. Se lo acaba de decir la ex presidenta de la CCAA de Madrid, Esperanza Aguirre: “economistas y políticos están de acuerdo en que la recuperación económica pasa por la reducción del déficit público. Pero hasta ahora se ha intentado reducir aumentando los impuestos, y la experiencia de estos meses ha demostrado que esas subidas no han servido para incrementar los ingresos. Por tanto, ha llegado la hora de explorar la otra variable del déficit: la reducción de los gastos, como estaba previsto en el programa electoral del Partido Popular. Y reducir los gastos supone en primer lugar, acometer una reforma radical y sin precedentes de las administraciones públicas”.

Reducir impuestos y recortar gastos, reproduciendo la fórmula de éxito de 1996 que permitió la incorporación de España al tratado de Maastricht. Ocurre, sin embargo, que los desequilibrios macro del 96 tienen poco que ver con el actual agujero de las cuentas públicas. Ya no valen los recortes cosméticos: ahora es obligado reducir el perímetro del Estado si queremos aminorar el peso del sector público para que llegue el dinero a familias y empresas y se empiece a mover la rueda de la economía. No parece haber alternativa por la izquierda a las soluciones liberales. Desde luego no lo es la oferta “modelo soviético” que propone IU, y tampoco parecen serlo las fórmulas socialdemócratas basadas en el aumento del gasto público y la subida de impuestos que propugna el PSOE y que, muy grosso modo, ha venido poniendo en práctica el Gobierno Rajoy. La salida está en adelgazar el Estado vía reformas estructurales y bajar impuestos. En suma, tratar de crear riqueza, en lugar de empeñarse en repartir miseria.

Ni diligencia ni inteligencia
En esta tesitura, el nuevo cuadro macroeconómico presentado por el Ejecutivo el pasado 26 de abril viene a suponer el reconocimiento del fracaso de la acción de Gobierno, al asumir que no será posible reducir la tasa de paro por debajo del 25% en la legislatura. Ese cuadro, que en esencia viene a alargar la salida de la crisis, desprende un tufillo fatalista difícil de entender en un Gobierno con mayoría absoluta. Es obvio que se trata de unas previsiones deliberadamente pesimistas, pensadas para poder “vender” con ventaja cualquier mejora futura que se produzca de la situación. Y a fe que puede producirse, puesto que hay variables, incluso nuevas, que siguen apuntando a un cambio de tendencia en el curso de la crisis.

La salida está en adelgazar el Estado vía reformas estructurales y bajar impuestos. En suma, tratar de crear riqueza, en lugar de empeñarse en repartir miseria
Ese es el peligro. Con la prima de riesgo por debajo de los 300 puntos, la rebaja de tipos del BCE –que no contribuirá por sí misma a generar empleo-, y la vuelta del capital extranjero, el Gobierno Rajoy puede verse tentado a entregarse a su deporte favorito, que no es otro que el de procrastinar las decisiones, dolorosas por esenciales, que, vía ese redimensionamiento del Estado, deberían permitir sentar las bases de un crecimiento sano y sostenido. Se trata de fiarlo todo a la política del “con un poco de suerte”, a la que se aludía aquí el pasado domingo. Por desgracia, son mayoría los votantes del PP que consideran arruinado el gran objetivo popular para esta legislatura, que no era otro que el de ajustar con rigor durante los dos primeros años, y crecer y crear empleo durante los dos últimos, sobre la base de aplicar aquella fórmula salida del magín del gran Baltasar Gracián, según la cual “la diligencia hace con rapidez lo que la inteligencia ha pensado con calma”. Ni diligencia, ni inteligencia.

El fracaso –a menos que lo que resta de Legislatura demuestre lo contrario- del PP a la hora de sacar a España de la crisis y la dramática pérdida de prestigio (40.000 afiliados han abandonado el PSOE desde que lo lidera Rubalcaba, según contaba ayer sábado este diario) de nuestros dos grandes partidos, colocan el futuro español en una encrucijada no necesariamente mala. A estas alturas y salvo milagro en contra, parece una obviedad decir que el PP no volverá a repetir mayoría absoluta, y que las posibilidades de Rajoy de gobernar durante una segunda legislatura pasan por un acuerdo con UPyD, más que complicado a la luz del maltrato al que el presidente suele someter a su líder, Rosa Díez. En esa alianza, es decir, en UPyD y en su programa de reformas democráticas reside hoy la esperanza de muchos españoles conscientes de que, por muchos equilibrios que se hagan con las variables macro, por llamativas que sean las piruetas que ahora, a buenas horas, intenta el Monarca colocándose al frente del establishment, no puede haber salida de la crisis económica si al mismo tiempo no se aborda la superación de la crisis política terminal que atenaza al régimen salido de la transición.

Olvídense, la política monetaria es inefectiva e injusta
JUAN LABORDA www.vozpopuli.com 5 Mayo 2013

Desde que comenzó la actual crisis sistémica, la ortodoxia económica confió en la política monetaria y en los Bancos Centrales para reactivar el ciclo económico. Incluso, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, afirmó, sin despeinarse, que los verdaderos héroes de la crisis económica que estalló en el 2008 eran los banqueros centrales. Ello demuestra o un desconocimiento profundo de cuáles son los problemas que afligen a la economía global, o algo todavía peor, la protección de aquellas élites que nos han llevado hasta aquí.

La política de tipos de interés próximos a cero o de compra de activos en mercado secundario no está teniendo ningún impacto en la economía real, y sólo está generando una brutal inflación de activos que cuando estalle hará de la burbuja inmobiliaria un juego de niños. Además esta política monetaria es tremendamente injusta, ya que incrementa y acelera las desigualdades sociales. Por eso, la bajada de los tipos de interés al 0,50% por parte del BCE no tendrá ningún impacto en la economía real, ni permitirá que vuelva a circular el crédito a familias o empresas.

El último artículo de Richard Koo
En un artículo publicado recientemente, “Central Banks in Balance Sheet Recessions: A Search for Correct Response”, el economista jefe de Nomura, Richard Koo, uno de los pocos que anticipó y entendió la naturaleza de la actual crisis sistémica, utilizando nuestros mismos argumentos, explica porqué la actual política monetaria en plena recesión de balances es inefectiva.

Christine Lagarde, afirmó, sin despeinarse, que los verdaderos héroes de la crisis económica eran los banqueros centrales
En el resumen de dicho artículo, publicado a finales de marzo de 2013, Koo no puede ser más claro: “Son tiempos extraordinarios para los Bancos Centrales. Los tipos de interés próximos a cero y las inyecciones masivas de liquidez están fracasando a la hora de reactivar a las distintas economías de los países desarrollados. Si establecemos en 100 el nivel previo al colapso de Lehman, la Reserva Federal ha incrementado la base monetaria a 347 hoy, mientras el Banco de Inglaterra ha aumentado su base monetaria a 433 durante el mismo período, y todo bajo los tipos de interés más bajos de la historia moderna. A pesar de ello Estados Unidos todavía sufre una tasa de paro del 7,7% después de cuatro años de tipos de interés cero, y Reino Unido está en medio de una recesión. El Banco de Japón ha incrementado su base monetaria desde el nivel 100 en 1990 a 363 hoy pero en vez de vez de tener una inflación de tres dígitos, sigue teniendo deflación. El Banco Central Europeo ha llevado los tipos de interés a mínimos históricos desde la introducción del Euro y la tasa de paro no deja de crecer, hasta situarse en el 11,9% (el último dato está ya por encima del 12%)”.

La trampa de la liquidez
Por mucho que los bancos centrales inyecten liquidez a bancos zombies, o compren deuda pública o privada en el mercado secundario, el impacto en la economía real es nulo, el dinero no circula, se queda en el circuito bancario para otros propósitos. La velocidad de circulación se hunde.

Utilizando los datos que aporta Koo en su artículo, mientras la base monetaria de Estados Unidos creció desde 100 a los niveles de 347 de la actualidad, la oferta monetaria solo se expandió desde 100 a 135 en dicho período. Exactamente igual en Reino Unido, cuya base monetaria pasa de 100 a 433, mientras su oferta monetaria se sitúa en un pírrico 110.

El padre intelectual de la actual política monetaria implementada por la FED, el BCE, Banco de Japón, o el Banco de Inglaterra es Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, y que desde que llegó al Banco Central viene aplicando su hoja de ruta recogida en su discurso ante el Club Nacional de Economistas, el 21 de noviembre de 2002: “Deflation: making sure it doesn’t happen here.”

El padre intelectual de la actual política monetaria implementada por la FED, el BCE, Banco de Japón, o el Banco de Inglaterra es Ben Bernanke
Se trata de la percepción errónea de que aplicando una política monetaria ultraexpansiva, inundando de dinero al sistema se reactivará el ciclo económico. Esta política irresponsable se basa en la Teoría Monetaria de Milton Friedman, cuyas hipótesis de partida son falsas. Lo estamos comprobado ex-post. El principal efecto de un cambio en la base monetaria, como consecuencia de la expansión cuantitativa de los balances de los Bancos Centrales, es cambiar la velocidad monetaria y los tipos de interés a corto plazo. Sin embargo, una vez que los tipos de interés a corto plazo caen a cero, las expansiones adicionales en la base monetaria simplemente inducen un colapso proporcional en la velocidad de circulación del dinero, y la economía entra en la trampa de la liquidez.

El limitado efecto riqueza
Como señala Koo, “el único camino en el que la expansión cuantitativa puede tener un impacto positivo en la actividad económica es si las autoridades monetarias compran activos del sector privado para aumentar el precio de los mismos, hacienda creer a la gente que es más rica, animándoles así a consumir. Se trata del efecto riqueza, denominado por Bernanke como el efecto de rebalanceo de carteras, pero cuyo impacto, asumido por el propio Bernanke, tiene un efecto muy limitado:::”

Las expansiones cuantitativas benefician sólo a los más ricos
Además, las expansiones cuantitativas, como detalla también Koo, benefician sólo a los más ricos. Tras la orgía de liquidez de los Bancos Centrales durante la última semana, como señala esta pieza de Bloomberg, las 200 personas más ricas del mundo añadieron casi 45.000 millones de dólares a la ya de por sí inmensa fortuna. Por el contrario la mayoría de la ciudadanía ve menguar sus salarios, sufren aumentos de impuestos, y ven recortados servicios básicos como la educación, la sanidad, o dependencia.

Como afirma Koo “hubo un período en la profesión económica, desde finales de los 80 hasta principios de los 2000, donde muchos académicos notables intentaron reescribir la historia argumentando que fue la política monetaria y no la fiscal la que permitió a los Estados Unidos salir de la Gran Depresión. Para ello utilizaron el argumento de que la oferta monetaria se incrementó significativamente desde 1933 a 1936. Sin embargo, ninguno de estos académicos se tomó la molestia de mirar que ocurrió en el lado de los activos de los balances bancarios”.

Ese gran pacto que España necesita
Carlos Sánchez El Confidencial 5 Mayo 2013

Recuerda el profesor Espuelas Barroso -de la Universidad de Barcelona- que la muy liberal Constitución de Cádiz incluía un párrafo impagable que refleja la mentalidad de la época. El artículo 25, en concreto, establecía que el ejercicio de los derechos ciudadanos quedaba automáticamente suspendido “por no tener empleo, oficio, o modo de vivir conocido”.

Esa España, desde luego, forma parte del pasado. Afortunadamente. Pero, periódicamente, resurgen los debates sobre el papel del Estado y de los sistemas de protección social en la actividad económica. Y como suele ser habitual, se hace de una manera un tanto grosera. Poco sutil. Como si las democracias liberales, herederas de la Revolución Francesa y de la democracia americana, fueran ajenas a una realidad objetiva: la necesidad de que el Estado intervenga en la economía precisamente para salvar la democracia.

Como sostiene Espuelas, durante el siglo XIX los políticos liberales utilizaron la beneficencia y la política social para evitar problemas de salud pública, como las epidemias. No es extraño, por lo tanto, que un político avezado como Cánovas -a quien en realidad le hubiera gustado ser Bismarck- fuera nombrado en 1883 presidente de la Comisión para el estudio de las cuestiones que interesan a la mejora o bienestar de las clases obreras tanto agrícolas como industriales y que afectan a las relaciones entre capital y trabajo. Como se ve, eso de los nombres largos para designar leyes cortas no es ningún invento de la moderna mercadotecnia política.

Esa comisión fue, en realidad, el primer paso para la creación de un Estado que primero fue meramente asistencial y que, con el paso del tiempo, ha convertido la protección social en un derecho subjetivo de los ciudadanos, que pueden reclamarla ante los tribunales de justicia.

El nombramiento de Cánovas al frente de la Comisión, como han señalado algunos historiadores económicos, lo que ponía en realidad de manifiesto era que la cuestión social, como se decía antes, era un asunto de Estado, al margen de vicisitudes partidistas. Y así lo han entendido desde hace más de un siglo las democracias más avanzadas. No hay democracia que no haya sido capaz de articular una red de protección social más o menos amplia, en función de las capacidades económicas de cada Estado, y, naturalmente, en función de legítimas preferencias ideológicas, pero en todo caso suficiente para atender las necesidades más perentorias.

Muro de solidaridad
A este entramado legislativo se le suele llamar pacto social, que no es otra cosa que un acuerdo estratégico entre la derecha y la izquierda destinado a salvaguardar el orden social y económico. Este pacto es, en realidad, el que ha funcionado desde 1945 en Europa occidental, y ninguno de los avatares del continente ha conseguido derribar ese muro de la solidaridad intergeneracional.

Una reducción generalizada de los salarios conduce a una caída de la demanda interna y a un aumento del desempleo. Y este es un círculo vicioso en el que puede estar entrando la economía española. Entre otras cosas, porque el sector exterior hoy por hoy no está en condiciones de sustituir a la demanda interna. Ahora, sin embargo, con la crisis, se ha desatado una verdadera carrera por desandar buena parte de lo andado. No tanto porque este Gobierno quiera recortar el magro Estado de bienestar con el que cuenta España (al fin y al cabo el incentivo de cualquier gobernante es gastar más para ganar las elecciones, como se ha demostrado en España en los últimos años); sino, por el contrario, con el diseño de una política económica -dictada por Bruselas- que en realidad es una carga de profundidad contra los mecanismos de protección social, sin duda uno de los grandes patrimonios inmateriales de la humanidad.

Ese ataque se está articulando a través de un concepto un tanto manoseado que ha hecho furor, y que en el propio Programa Nacional de Reformas que acaba de enviar el Gobierno a Bruselas se denomina "devaluación interna", que suele identificarse con una rebaja general de salarios para recuperar la competitividad perdida por culpa de la disparatada política económica de los gobiernos anteriores, que hicieron de España un país caro y despreocupado con la competencia exterior debido al empuje de la demanda interna.

El problema es que esa devaluación interna se está centrando en recortar salarios, y no en rebajar otros costes de producción (energía, telecomunicaciones, alquileres o impuestos), y eso explica en parte los serios problemas de la Seguridad Social, cuyos déficits no sólo tienen que ver con la destrucción de empleo, sino también con la reducción de las bases medias de cotización que pagan cada mes los trabajadores.

Eso explica que el sistema público de protección social vaya a tener entre 2012 y 2016, como reconoce el Gobierno, un desequilibrio equivalente a unos 45.000 millones de euros (el 4,5% del PIB), lo cual es una auténtica bomba de relojería. Por decirlo de una manera gráfica, es como si para salvar el país se pusiera la cabeza de la Seguridad Social -el Bautista- en la bandeja de Bruselas. Un auténtico despropósito que ningún país civilizado puede permitirse. De ahí que parezca una equivocación poner todo el énfasis de rebajar salarios, como si las nóminas de los trabajadores -y no otros costes que influyen de forma decisiva en la formación de los precios (por ejemplo, los impuestos)- fueran el único coste de producción de una empresa.

Sin las pensiones, España hoy sería un polvorín. Y la Seguridad es simplemente inviable si España devalúa los salarios más allá de lo soportable por el sistema. Sobre todo cuando los incrementos de productividad derivados de los avances tecnológicos se han trasladado de una forma residual a los salariosLa internacionalización, el entramado administrativo, la innovación, la formación de los trabajadores, la calidad de las instituciones o el buen funcionamiento de los organismos reguladores son, sin duda, factores más determinantes a medio y largo plazo para ganar competitividad sin llevarse por delante la Seguridad Social. Una reducción generalizada de los salarios conduce a una caída de la demanda interna y a un aumento del desempleo. Y este es un círculo vicioso en el que puede estar entrando la economía española. Entre otras cosas, porque el sector exterior hoy por hoy no está en condiciones de sustituir a la demanda interna.

Pensiones y bases imponibles
No es un planteamiento irreal. De hecho, puede estar ya ocurriendo. En 2012 se ha vuelto a producir un episodio significativo: La disminución, por quinto año consecutivo, de las bases imponibles del conjunto de la economía. Hacienda ha estimado que el año pasado se produjo una caída de alrededor del 4% de las bases imponibles, con especial incidencia en las rentas (por la contracción de los ingresos de los hogares y de los beneficios de las sociedades) y en el gasto sujeto a IVA, perjudicado por la debilidad del consumo; el ajuste en las compras, el retroceso de la inversión pública y el persistente deterioro del mercado de la vivienda.

Ni que decir tiene que no hay Seguridad Social capaz de mantenerse en pie con este esquema. Por muchas reformas que se quieren introducir en términos paramétricos en el sistema de protección social. No es un problema derivado de jubilarse a los 67 o a los 70 años o vinculado a la indexación de las pensiones respecto del IPC, sino de acertar en el modelo de reformas económicas. E insistir en la reducción de salarios -en lugar de explorar otras vías como el modelo de financiación de la Seguridad Social- no es más que crear a la larga (aunque sea eficaz a corto plazo) un problema de enormes consecuencias: la voladura del sistema público de protección social tal y como hoy lo conocemos, que a lo largo de la crisis se ha mostrado como un gran instrumento de estabilización de rentas.

Sin las pensiones, España hoy sería un polvorín. Y la Seguridad es simplemente inviable si España devalúa los salarios más allá de lo soportable por el sistema. Sobre todo cuando los incrementos de productividad derivados de los avances tecnológicos se han trasladado de una forma residual a los salarios. Muy al contrario, han contribuido a engordar las rentas del capital, como demuestra el desigual reparto de la tarta nacional.

No se trata, desde luego, de recuperar el viejísimo Código penal de 1848, que en su artículo 461 establecía que quienes “se coligaren con el fin de encarecer o abaratar abusivamente el precio del trabajo o regular sus condiciones, serán castigados, siempre que la coligación hubiere comenzado a ejecutarse, con la pena de arresto mayor”. Pero parece un error no poner más el énfasis en recortar el gasto público ineficiente o en reformas estructurales que en rebajar salarios. Para esto sí que es necesario llegar a un gran pacto de Estado.

AUMENTA EL DEBATE SOBRE LA VIABILIDAD DEL MODELO AUTONÓMICO
Los expertos ofrecen vías para desmontar un "ya insoportable" Estado autonómico
Raquel Benito El Confidencial 5 Mayo 2013

Televisiones, defensores del pueblo, consejos consultivos, agencias de protección de datos… todo multiplicado por diecisiete, tantas como comunidades autónomas hay en España. La crisis ha colocado al Estado de las autonomías en el punto de mira por los excesos, duplicidades y redundancias que de él se derivan. Además, el foco sobre el gasto extra que exige el actual modelo estatal se acentúa con las exigencias para reducir el déficit que llegan desde Bruselas, pero con todo el Gobierno sigue sin animarse a meter la tijera en esas redes.

¿Se puede desmontar el Estado de las autonomías? ¿Cómo? En éste, como en todo debate, existen posturas enfrentadas, pero también un punto en común: mejorar la eficiencia del modelo autonómico es una medida capital para salir de la crisis. “La estructura actual ya era insostenible antes de la crisis y ahora se ha tornado en insoportable”, apunta Juan Carlos Jiménez, profesor del Instituto de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo.

"Pensar en que la clase política de este país vaya a renunciar a sus asientos, sus coches oficiales, sus dietas y demás privilegios es una utopía. No va a pasar"

Una opinión que ya comparte el 40% de los españoles, que prefiere "un Estado con un único Gobierno central, sin Autonomías", tal y como recoge el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas. Sin embargo, no parece que la intención de los principales partidos políticos coincida con la de los ciudadanos. "Actualmente el Partido Popular tiene en sus manos frenar la sangría de gasto, aprovechando que disfruta del poder en la mayoría de las autonomías y, sin embargo, se está mostrando incapaz de hacerlo", analiza Jiménez.

Uno de los pocos intentos que el Ejecutivo de Mariano Rajoy que ha protagonizado en esta línea es la reforma de la administración local, que sufrió el rechazo frontal de todos los alcaldes, incluidos los populares. Finalmente, y tras ceder ante los ediles, el Gobierno aprobó un recorte de la administración local para ahorrar 7.129 millones anuales, pero ni rastro de medidas para racionalizar el gasto autonómico.

La burbuja de la Administración pública
"Es necesaria una reforma radical y sin precedentes de las administraciones públicas". Esperanza Aguirre, que se ha convertido en una auténtica china en el zapato de Rajoy, apuntaba esta semana directamente a la necesidad de acabar con el que supone uno de los mayores excesos para las arcas nacionales: una Administración sobredimensionada.

"En los años de bonanza la burbuja de la Administración creció sin control al erigirse como una vía para dar empleo fácil, siendo las CCAA las grandes generadoras de estos puestos. Ahora no saben qué hacer con toda esa gente, no pueden ponerles en la calle a todos y menos en un momento en el que España ya tiene más de seis millones de parados", analiza Jiménez. Una reflexión que le lleva a considerar "la aparición de auténticos brotes verdes" como el mejor momento para acometer recortes en este área.

Por su parte, el politólogo Juan Carlos Monedero no considera que el elevado número de funcionarios sea el problema, sino la ingente cantidad de organismos que se han creado con la excusa de respetar la identidad de cada comunidad. "El Estado de las autonomías surge con el objetivo de limitar las aspiraciones de las nacionalidades históricas y, a partir de ese momento, nos hemos inventado la diferencia para identificarnos y en el empeño por ser más y más originales hemos creado televisiones autonómicas, consejos, observatorios, embajadas, etc., que lejos de satisfacer los intereses del colectivo sólo han servido para enriquecer a unos pocos y empobrecer a muchos", reflexiona Monedero.

Devolver al Estado la Educación, la Sanidad y la Justicia
Otra de las medidas que siempre aparece cuando se habla de reducir el gasto derivado de las comunidades autónomas es la de devolver al Estado algunas de las competencias que éstas ejercen. Sólo la independiente Aguirre se ha atrevido a verbalizar semejante supuesto, que el resto de la clase política obvió.

"Esta posibilidad tendría que partir de una reforma de la Constitución y, en este sentido, hay que tener en cuenta que en los últimos treinta años ha quedado en evidencia la postura del Tribunal Constitucional ante los intentos de racionalización de las competencias: favorable a los intereses de las autonomías y contrario a los aires centralizadores", recuerda Juan Carlos Jiménez.

Por tanto, con la actual regulación la devolución tendría que partir de las propias comunidades algo que se antoja complicado. "Pensar en que la clase política de este país vaya a renunciar a sus asientos, sus coches oficiales, sus dietas y demás privilegios es una utopía. No va a pasar", sentenciaba un politólogo de la Complutense.

El papel de las diputaciones
Existen expertos, como el catedrático de Opinión Pública y Comunicación Política, Víctor Sampedro,para quienes plantear un debate en torno a las comunidades autónomas es atacar el diseño constitucional: "Ni ciudadanos ni medios de comunicación debemos cuestionar las autonomías mientras se consiente una estructura franquista como son las diputaciones".

¿Para qué sirven las diputaciones? Para nada. Forman parte de un legado autoritario y un presente corrupto

Más allá de su origen, el principal recelo que despiertan se puede resumir en una de las frases que más se ha repetido desde que empezó la crisis: ¿Para qué sirven las diputaciones? "Para nada. Forman parte de un legado autoritario y un presente corrupto que únicamente sirven como mecanismo para aumentar el poder central y los intereses particulares de los partidos políticos, ya que son ellos y no los ciudadanos los que las controlan de principio a fin. Hay que eliminarlas porque sólo favorecen políticas clientelares y corruptas de una clase política ineficaz", apunta Sampedro.

Sin embargo, la realidad es que a pesar de su irrelevancia, las diputaciones no han parado de aumentar su personal durante el proceso de consolidación del Estado de las autonomías, suponiendo un coste cercano a los 22.00 millones de euros anuales. Una cifra que indigna y lleva a la mayoría de expertos a apostar por la eliminación de las diputaciones como medida para reducir el déficit, antes que plantear recortes en el ámbito autonómico. "Tanto el Partido Popular como UPyD y también parte del PSOE están intentando convencer al ciudadano de que el centralismo es lo más democrático a la vez que aprovechan la crisis para desmontar la plurinacionalidad", critica Sampedro. "Quieren que todo cambie no para progresar, sino para volver a lo anterior".

El barómetro de la inconsciencia
CARLOS GIRAUTA. ABC  5 Mayo 2013

· De acuerdo con el CIS, los españoles tienen al nacionalismo por decimosexto problema. O bien se equivoca el CIS, o bien nos equivocamos los españoles. Apuesto por lo segundo. Se entiende que el paro se perciba como primera dificultad, la corrupción como segunda y las de índole económica –genéricamente– como las terceras. Pero asombra comprobar que, para el sentir de las gentes, la justicia o la educación sean más preocupantes que el nacionalismo, teniendo en cuenta que los males de la educación, en una gran parte de España, se llaman nacionalismo, y que este trabaja asimismo para romper el poder judicial. Y que, desde luego, lo desobedece como nadie. Los nacionalismos preocupan tanto como los problemas agrícolas, ganaderos y pesqueros, y menos que la subida del IVA.

No hay conciencia pues del papel deletéreo que en nuestro sistema ha jugado y juega el nacionalismo, empezando por la muerte del principio de igualdad, siguiendo por el cuestionamiento de la soberanía única, y acabando por el incumplimiento sistemático de las sentencias que le contrarían. Por citar tres asuntos fundamentales.

En realidad, la Constitución entera es ya casi papel mojado tras varias décadas de diagnósticos errados sobre el nacionalismo. Se podrá argüir que es la mismísima Constitución la que se condenó al consagrar el agujero competencial del artículo 150.2, origen legal de la paulatina desaparición del Estado en Cataluña. O que la legislación electoral conduce a alianzas con los nacionalistas periféricos durante las legislaturas sin mayorías absolutas.

Pero unos políticos más responsables al frente de los grandes partidos de la democracia, unos líderes más atinados que este despistado pueblo sometido a prospección por el CIS, habrían alcanzado acuerdos en materias de Estado, corrigiendo las deficiencias de la Carta Magna. Fallos lógicos, cierto es, en un constituyente hijo de su tiempo, de su contexto. Pero, treinta y cinco años después, seguimos sin imaginar a derecha e izquierda poniéndose de acuerdo para blindar los principios que definen a nuestro sistema. Principios sin cuya efectividad jamás conocerá España el cierre competencial, ni una auténtica estabilidad, ni la fortaleza institucional, ni la unidad de mercado, ni la lealtad del desleal, que no se obtiene de grado.

Pero unos tienen más culpa que otros, aunque ambos –PP y PSOE– hayan persistido en el error de colocar tan graves asuntos en manos de un nacionalismo catalán («garante de la gobernabilidad») que no alcanza el 4 % del voto nacional. Bastaba con que en algún momento de estos treinta y cinco años constitucionales actuaran con algún sentido histórico las dos formaciones que sumaban el 80% del voto español (nunca volverán a verse ahí). ¿Por qué no lo hicieron? Porque, como la mayoría de compatriotas, y a la vista está, en realidad no creen que el nacionalismo sea un problema. Es decir, porque no se lo toman en serio, no consideran que haya que interpretar sus avisos al pie de la letra. Y también porque el PSOE hizo una excepción al conformarse como el partido socialista nacional: la excepción del PSC.

El PSC es la verdadera causa de que una tercera parte de los catalanes apuesten hoy por un Estado abierto a las secesiones. Pere Navarro trabaja en pos del «derecho a decidir»… que se queda en España.

Supongo que en las condiciones que, más explícitamente, defendía Pasqual Maragall: con servicio exterior catalán, justicia catalana, hacienda catalana, y un Estado residual. No muy lejos del modelo de Artur Mas. Eso es lo más parecido al PSOE que se puede votar en Cataluña. Y de esa excepción, estos lodos. El nacionalismo no es problema. Ya.

ASESORES, ASISTENTES, SECRETARIOS...
'Dedocracia', el chollo de los enchufados en la Administración Pública
Tan sólo en Andalucía, el número de colocados en la administración paralela ronda las 30.000 personas.
D.S.C. Libertad Digital 5 Mayo 2013

Roberto Sanz Pinacho, ex director general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, dimitió el 9 de mayo de 2006 tras haber sido cazado conduciendo borracho. Su ostracismo duró menos de un mes: el 1 de junio firmó como nuevo empleado del Club de Campo, empresa dependiente del Ayuntamiento de la capital de España. Desde entonces, ha ganado un sueldo de más de 55.000 euros al año pese a no tener experiencia para el cargo.

El ejemplo de Roberto Sanz Pinacho ha servido como excusa para que el suplemento Crónica de El Mundo investigue más a fondo "la dedocracia en la que miles de burócratas son ungidos sin más criterio que la confianza de sus jefes". Entre los ejemplos que identifica el diario, uno de los más llamativos es el de Ignacio Prendes, el único diputado de UPyD en el Parlamento del Principado de Asturias.

Prendes, cuya formación política siempre ha hecho bandera de la reducción del gasto discrecional y la regeneración política, cuenta con siete empleados a su cargo. En total, su equipo cuesta 237.264 euros a los contribuyentes, después de la contratación de Rubén Pérez, un secretario a media jornada que se embolsa 27.150 euros cada año.

Pero los casos de Roberto Sanz Pinacho y de Ignacio Prendes son solamente algunos ejemplos. Otro caso llamativo es el del Defensor del Pueblo del País Vasco. La oficina del ararteko Íñigo Lamarca cuenta con 32 cargos de confianza, dos más que el Ministerio de Economía que dirige Luis de Guindos.

El suelo de Lamarca supera el de Mariano Rajoy (80.730 euros frente a los 72.000 que se lleva anualmente el presidente del Gobierno). Igualmente, la mitad de los asesores que tiene a su cargo ganan más que los ministros del Gobierno de España. Los presupuestos para 2013 apenas contemplan un ajuste del 4,2% en la asignación que otorga el Gobierno vasco a esta oficina que, en cualquier caso, supone en sí misma un duplicado del Defensor del Pueblo nacional.

Un pozo sin fondo
No existe un registro capaz de determinar claramente cuántos enchufados hay en las Administraciones. Al fin y al cabo, España no solamente mantiene una Administración central sino 17 gobiernos y parlamentos paralelos, más de 8.000 ayuntamientos y decenas de instituciones intermedias como las diputaciones, los consejos, los cabildos, las mancomunidades o los consorcios. Si a todo esto le unimos los miles de entes y empresas públicas que dependen de la Administración, el cálculo se hace aún más opaco.

También fue el diario El Mundo quien intentó resolver esta duda hace, aproximadamente, un año. A partir de un muestreo de 100 organismos públicos se elaboró un cálculo que coincidió en gran medida con las estimaciones del sindicato de funcionarios, CSI-F. ¿El resultado? Se estimó que los contribuyentes mantenían a entre 15.000 y 17.000 colocados.

No obstante, CSI-F ha señalado que, desde la publicación de aquel dato, han recibido información más detallada que apunta a una horquilla de entre 18.000 y 20.000 enchufados. ¿El coste? A una media de 50.000 euros por cabeza, hablaríamos de más de 1.000 millones de euros al año.

El escándalo de Andalucía
A todo lo anterior sería necesario añadirle la inabarcable situación de la administración paralela andaluza. Los sucesivos gobiernos del PSOE, encabezados antes por Manuel Chaves y José Antonio Griñán, han consolidado una red de entidades tan difícil de auditar que las cifras que por fin están saliendo a la luz son de lo más alarmantes.

Según los sindicatos de funcionarios, el número de enchufados podría ascender a la friolera de entre 26.000 y 35.000 personas, cifras tan mareantes que superan sobradamente las estimaciones para el resto de España. Se trata, en gran medida, de personas cercanas al PSOE y los sindicatos,

Un ejemplo de esta administración paralela lo tenemos en EGMASA, una empresa de gestión medioambiental que depende de la Consejería y que tiene 5.000 trabajadores. Algo similar podría darse en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, que ha sido integrada en las estructuras del gobierno y agrupa a un total de 2.000 empleados. ¿Más ejemplos? Los 1.600 de RTVA (Canal Sur), los 1.500 de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), etc.

En esta última entidad, la FAFFE, el máximo responsable era un ex alto cargo del PSOE gaditano que superaba los 79.000 euros de remuneración anual. Los sueldos de otros empleados duplicaban los salarios de los funcionarios de carrera ocupados en otros organismos de la Junta. Pero también se ha hablado mucho de otras escalas salariales: por ejemplo, de los 125.000 euros que cobraba el director de RTVA, los 118.000 euros que se llevaba el director de INVERCARIA o los 90.000 euros que se embolsaba el gerente de la agencia pública que gestiona un hospital almeriense.

La opacidad de la Junta andaluza complica el proceso de control. Los sueldos del personal ocupado gracias a la dedocracia no entran en el capítulo presupuestario número uno, que ya de por sí supone 1 de cada 3 euros de gasto público (9.853 millones en 2012, el 30,7% de todo el gasto asumido por la Junta).

Como referencia, eso sí, podemos tomar varias cifras. Sabemos, por ejemplo, que las transferencias que recibe la administración paralela del Gobierno autonómico superan los 3.300 millones de euros. Otro dato interesante es que 37 de los 130 entes públicos han admitido gastos de personal por valor de 877 millones. Es probable, por tanto, que la factura final ascienda, por lo menos, a 1.500 millones de euros, si bien este cálculo es razonablemente conservador.

Es importante señalar, por último, que la administración paralela andaluza creció un 17% en plena crisis y que su eliminación reflejaría la verdadera situación del paro en la región, que según los últimos datos es de los más altos de toda España, con tasas cercanas al 40%.

Una reforma lenta
Aunque estos escándalos han sido recurrentes en los medios de comunicación, la Ley de Administración Local que prepara el Gobierno de Rajoy apenas aspira a ahorrar 145 millones de euros en asesores. Su aplicación se ha retrasado ya más de año y medio, y no parece que vaya a estar lista antes de final de año, por lo que el tímido ajuste se empezaría a notar en 2014.

Según el proyecto, los ayuntamientos con menos de 10.000 habitantes se quedarían prácticamente sin asesores. En urbes más grandes, habrá un cupo equivalente al 0,7% de la plantilla. En la práctica, esto supondría reducir a menos de 7.000 personas el número de enchufados, una rebaja notable frente a los números que hoy se manejan (18.000 a 20.000), pero insuficiente a todas vistas.

Por ejemplo, si sale adelante la ley, el Ayuntamiento de Madrid apenas tendría que rebajar su plantilla de colocados desde los 213 hasta los 203, un ajuste casi insignificante. Entre los empleados que entran en esta categoría susceptible de ajuste está Ángel Carromero, el joven condenado en Cuba por el polémico fallecimiento del opositor a la dictadura Oswaldo Payá. Carromero cobra 50.000 euros al año y, a sus 27 años, ni siquiera ha terminado la carrera...

Otro problema de esta ley es que no afectaría a las comunidades autónomas, que retendrán competencias en este sentido y podrán mantener en pie situaciones como las que hemos comentado en párrafos anteriores. Quizá se podría usar el Fondo de Liquidez Autonómica para obligar a comunidades como Andalucía a recortar o eliminar su administración paralela, pero de momento esto no se ha hecho y los colocados siguen en sus puestos.

Por otro lado, también es cierto que el mismo gobierno que exige estos tímidos ajustes no ha aplicado ningún ejercicio serio de reducción de asesores. Los cargos de confianza apenas sufrieron una poda del 1,2% en el primer año de Rajoy, pasando de 853 a 842. La oficina del Presidente emplea a 245, de los que 68 no tienen el graduado escolar. Por su parte, el Ministerio de Hacienda mantiene a 163 colocados, dos más que en 2012.

ESPAÑA
El Gobierno paga 28.460,14 millones en facturas anteriores a 2012 de proveedores de ayuntamientos y CCAA
En global, 5.627.167 facturas pendientes de 149.172 proveedores. Solo de Cataluña, 268.489 facturas de un valor de 1.984 millones de euros, que estaban pendientes de pago por parte de la Generalidad; y otros 803 millones de euros, pendientes de los ayuntamientos de la Comunidad. El préstamo del Gobierno a CCAA y ayuntamientos es a diez años y un tipo de interés cercano al 5%.
Redacción www.vozbcn.com 5 Mayo 2013

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha abonado un total de 5.627.167 facturas pendientes de 149.172 proveedores de las CCAA y los ayuntamientos por un importe de 28.460,14 millones de euros, a través del primer plan de pago a proveedores de 2012 y la extensión aprobada en 2013.

Según ha informado el Gobierno, este sábado, se han abonado un total de 3.812.555 facturas pendientes de 32.496 proveedores de las CCAA por un importe de 18.643.470.152,1 euros. En la primera fase, el 61,3% del importe abonado fue a grades empresas, el 37,2% a pequeñas y medianas empresas (pymes) y el 1,5% a personas físicas. En la segunda fase, el 72,1% fue abonado a grandes empresas, el 27,5% a pymes y el 0,4% a personas físicas.

Además, se han pagado 1.814.612 facturas pendientes de 116.676 proveedores de los ayuntamientos por un importe total de 9.816.670.288,71 euros. En la primera fase, el 48% del importe abonado fue dirigido a grandes empresas, el 48% a pymes y el 4% a personas físicas. En la segunda fase, el 58% fue abonado a grandes empresas, el 41% a pymes y el 1% a personas físicas.

Ampliación y tercer plan
La extensión del plan de pago a proveedores se aprobó el pasado 23 de febrero para pagar las facturas contabilizadas antes del 1 de enero de 2012, y que los proveedores cobrarán en la primera quincena del próximo mes de junio. Con esta extensión, en opinión del Ministerio, se permite pagar prácticamente la totalidad de las facturas pendientes anteriores al 1 de enero de 2012.

Esta nueva extensión permitirá acogerse a entidades que quedaron fuera de la primera fase (mancomunidades de municipios y entidades del País Vasco y Navarra), así como a municipios y CCAA acogidas a la primera fase que tenían deudas con proveedores en alguna de las nuevas fórmulas contractuales, como encomiendas de gestión, entre otras.

Además, según ha informado el Ministerio en un comunicado, se habilitó una segunda oportunidad para que los contratistas que no manifestaron su aceptación en abril de 2012 lo puedan hacer ahora, dirigiéndose al ayuntamiento o gobierno autonómico deudor. Está previsto que, en los próximos meses, se apruebe el tercer y último plan de proveedores para las facturas anteriores a 2012.

El plan del Gobierno se basa en un préstamo de hasta 35.000 millones de euros a diez años (financiado por la banca y el Instituto de Crédito Oficial) con dos de carencia y un tipo de interés cercano al 5%, de los que 20.000 millones estaban previstos para cubrir las deudas de los ayuntamientos, y los 15.000 restantes para las CCAA.

La Generalidad debe 6.541 millones de euros a proveedores
La Generalidad tenía a fecha de 2011 una deuda con sus proveedores de 6.541 millones de euros. La cantidad figura en el texto de los presupuestos autonómicos publicado en febrero de 2012 en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña. El dato no aparecía en el proyecto inicial y el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell (CiU), evitó valorar en sus comparecencias públicas.

Pese a esta cifra, la Generalidad remitió al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una relación de 268.489 facturas pendientes de pago con proveedores por un valor de 1.984 millones de euros. Los ayuntamientos de Cataluña suman un total de 803 millones de euros. El Ejecutivo autonómico se acogió, de esta forma y al igual que la mayoría de CCAA, al plan de ayudas del Gobierno para poder hacer frente a estas obligaciones.

La diferencia entre las dos cantidades, según señalaron entonces fuentes de la Generalidad, estriba en que la previsión de la Consejería de Economía y Conocimiento, que figura en los presupuestos de 2012, esta realizada muy al alza; algunas de las deudas se han atendido durante el año 2012; y el resto corresponde a deudas con proveedores que no cumplen los criterios exigidos por el Ministerio para acogerse al plan de ayudas.


******************* Sección "bilingüe" ***********************
Sí habrá paz para los malvados
Fernando de Páramo Gómez www.vozbcn.com 5 Mayo 2013

Poco le ha durado la “sorpresa” que manifestó Josep Antoni Duran i Lleida cuando la Audiencia de Barcelona confirmó el cumplimiento de las penas para los condenados en el caso Pallerolls, ya que finalmente el mismo tribunal que ordenó la encarcelación por considerar este caso ‘obsceno en el contexto actual’ ha anulado el ingreso en prisión hasta que se resuelva el indulto pendiente. Para que todos lo entendamos, el Ministerio de Justicia, tan diligente para otro tipo de asuntos, en este caso requiere tiempo para decidir sobre el indulto, de manera que si Pallerols y compañía entrasen en prisión mañana, podría darse el caso de que cumplan la pena y que todavía el Ministerio no hubiese resuelto. Así que por si acaso, le conceden el plazo de un año al Ministerio de Justicia para que se manifieste sobre sí autoriza o no el indulto. ¿Y mientras? Como si no hubiera pasado nada.

“Ya decía yo” ha sido la frase más escuchada estos días en los debates y corrillos políticos entre los que todavía pensábamos que un caso de corrupción en Cataluña iba a terminar finalmente con el ingreso en prisión inmediato de los condenados. Llámenme iluso, pero cuando algunos estudiamos Derecho no recuerdo que existiera una justicia paralela que permitiese enjuiciar a determinados sujetos gracias a su vinculación política. Ironías aparte, no podemos negar que en Cataluña cada día los cargos corruptos se salen con la suya y encuentran fórmulas políticas para librarse. Una situación que a más de uno nos revuelve las entrañas cuando vemos que el Gobierno central ha concedido más de 10.000 indultos en cinco legislaturas y de estos, 1.168 se han producido en Cataluña.

¿A qué se debe esta devoción repentina por Cataluña? ¿Tanto precio debe pagar el Gobierno central para contar con el apoyo de CiU? Preguntas que dejo para que ustedes mismos respondan. Pero lo que es evidente es que haciendo la vista gorda, el Gobierno aleccionado desde Cataluña ha permitido que la seguridad jurídica se convierta en un eufemismo político, en una falacia que hace que muchos catalanes se sientan insultados ante casos así. Y es que los indultos se están expandiendo a todos los tentáculos de la maquinaria independentista más allá de los cargos políticos como es el caso de la policía, ya saben, aquella que Felip Puig pretende convertir en su particular ejército en contra de la voluntad de éstos. ¿Recuerdan el caso de cuatro Mossos d’Esquadra indultados de un delito de torturas? Esa vez, hasta los propios jueces (más de 200 de toda España) han advertido de los males del indulto partidista firmando un documento alertando de los riesgos que conlleva para el sistema democrático. Y… ¿ha servido para algo?

Actuaciones así, sin duda, alimentan la sospecha que muchos tenemos de que los brazos políticos de CiU están dinamitando la separación de poderes, produciendo inseguridad y desconfianza en los ciudadanos (el 91% de los catalanes piensa que hay corrupción en los partidos políticos), pero también nos debe servir para abrir los ojos y ayudar a comprender que el nacionalismo por mucho que se revista de romanticismo y palabrería no es más que una coartada bajo la que ocultar escándalos y delitos. Nos enseña que los líderes que pretenden llevarnos hacia la independencia son los mismos que permiten que se desangre gratuitamente a Cataluña sin que nadie asuma responsabilidades. Y, sobre todo, nos advierte de que los que presumen de ostentar el verdadero amor por esta tierra son los que la prostituyen al servicio de una ideología. Así que yo me apunto a la propuesta que Antonio Muñoz Molina propone en su último libro: ‘Hace falta una rebelión cívica para rescatar los territorios de soberanía usurpados por la clase política’. ¿Y ustedes?

Fernando de Páramo Gómez es abogado, periodista y profesor universitario de Comunicación

Sondeos independentistas
 www.gaceta.es 5 Mayo 2013

Según un sondeo del Centre d’Estudis d’Opinió, algo así como el CIS catalán, la mayoría absoluta de los ciudadanos de Cataluña votaría afirmativamente en un referéndum de independencia de aquella Comunidad autónoma.

El CIS, por su parte, parece ofrecer datos significativamente distintos. El deporte de los sondeos de opinión, su interpretación y la extracción de conclusiones, es uno de los más entretenidos entre los aficionados bien a la política-ficción, bien a la propaganda política. Pero este es un juego en el que lo que suele prevalecer es la frivolidad, cuando no un insensato afán de practicar la ingeniería social en cualquiera de sus variantes. Juego en el que, lo decimos por adelantado, no vamos a entrar.

Por lo pronto, el valor de los sondeos de opinión es todo lo relativo que son los mismos estados de opinión, volubles y tornadizos de por sí y, en según qué materias, fácilmente manipulables y sensibles a los últimos estímulos emocionales.

Por si eso no fuera suficiente, el sentido de las respuestas depende de múltiples factores, entre los que se cuentan, por ejemplo, la forma en que las preguntas están redactadas, el contexto de otras preguntas en las que se insertan, y –last but not least– la procedencia del sondeo mismo: si ocurriera (que es lo que mucho nos tememos) que la atmósfera en Cataluña respondiese a una “corrección política” que marcase un estigma de “antipatriotismo” a quienes no siguieran dócilmente el discurso dominante, la validez de una pregunta por la independencia se aproximaría al cero absoluto.

Por otra parte, ya nuestra Constitución prevé sensatamente que en determinados asuntos ni siquiera puedan hacerse consultas refrendarias, como, por ejemplo, en materia fiscal: ¿qué valor tendría que la mayoría absoluta de los votantes en semejante materia se mostrase partidaria de bajarlos? Probablemente el redactor de la Constitución ni siquiera imaginó que alguien pensase alguna vez en consultar desde el Gobierno a los ciudadanos acerca de si quieren que España sea la que es o que se fragmente en diversos territorios.

Por desgracia, hemos llegado a una situación en la que hay personas a las que tal consulta no le parece un puro disparate. Pero eso no quiere decir que tengamos que tomarnos en serio esta locura. Más bien lo que deberíamos hacer sería reflexionar con el mayor sosiego posible sobre cómo hemos podido llegar hasta aquí, y pensar en lo que convendría hacer para devolver la cordura a nuestra vida pública.

REARME DE ETA
Chantaje del PNV al Gobierno
JUAN E. PFLÜGER www.gaceta.es 5 Mayo 2013

La excisión de ETA, que políticamente beneficiaría al PNV, es usada por los nacionalistas para culpar a Rajoy de la vuelta de los terroristas.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) es consciente de la división interna que existe en la banda terrorista ETA. Así lo demuestran las palabras del portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, que ha pedido al presidente Mariano Rajoy que cambie su forma de actuar en materia penitenciaria para evitar que se produzca una escisión en ETA.

Las palabras de Esteban vienen a confirmar la información que viene publicando en los últimos días LA GACETA referente al rearme de los terroristas, un sector de los cuales estaría dispuesto a volver a cometer asesinatos. La información, procedente de especialistas en lucha antiterrorista de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, queda ratificada por las palabras del político nacionalista. Máxime, cuando son tradicionales los contactos de su formación con el entorno batasuno.

La excisión, que políticamente beneficiaría al PNV, es usada por el portavoz del partido nacionalista para amenazar al actual Ejecutivo al mantener que toda la responsabilidad sería de Rajoy por no seguir dando pasos en materia penitenciaria. Un argumento que vienen usando desde Bildu y Sortu para culpabilizar a las víctimas en lugar de a los verdugos. Esteban se ha permitido el lujo de insultar al Ejecutivo, al que considera poco inteligente por no acelerar los movimientos. Concretamente aseguró que “no mover absolutamente nada no es una forma inteligente de actuar”.

Por eso, pidió a Rajoy que dé pasos y actúe de manera “más activa”, especialmente en el ámbito de la política penitenciaria, para intentar acabar “definitivamente con el problema” de ETA.

Estas declaraciones se produjeron solamente unas horas después de la celebración de la Ponencia sobre la paz y la convivencia en el Parlamento Vasco. Allí se reunieron representantes de Bildu, el PNV y el PSOE, como Laura Mintegui, Joseba Eguíbar y José Antonio Pastor, para coordinar políticas que lograsen la finalización de lo que denominan “el problema vasco”.

El Partido Popular y UPyD rechazaron acudir a la ponencia al considerar que no es la manera de afrontar la derrota de la banda terrorista.

Carta al Juez Ruz
Jaime Ignacio del Burgo  5 Mayo 2013

Vía Foro Ermua (prensa@foroermua.com)

Por su interés y actualidad sobre el “Caso Faisán”, el Foro Ermua transcribe íntegramente la carta de Jaime Ignacio del Burgo al Magistrado-juez del Juzgado Central de Instrucción Don Pablo Ruz, el pasado 8 de noviembre de 2011

Muy Sr. mío:
Es muy posible que el Juzgado tenga conocimiento de lo que a continuación paso a exponerle, pero por si acaso me siento obligado a hacerlo dado que no he visto ninguna referencia a este hecho en las informaciones que se han publicado sobre el “caso Faisán”.

En el año pasado el periodista Imano Murua Uria, publicó un libro titulado “Loiolako hegial” (Elkar y Berria, 2010). Poco después, y gracias a una ayuda del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, la editorial Ttarttalo publicó la traducción al castellano con el título “El triángulo de Loiola. Crónica de un proceso de negociación a tres bandas”.

El libro es una historia del proceso de negociación política que el Gobierno español mantuvo con la banda terrorista ETA a lo largo del año 2006. Además de publicar documentos inéditos –cuya autenticidad nadie ha desmentido– el autor revela los motivos por los que se produjo el “chivatazo” del bar Faisán. Según el relato de Murua (pág. 35 y ss.), en las reuniones que en Ginebra y Oslo mantuvieron a lo largo de 2005 Jesús Eguiguren, como representante del Partido Socialista Obrero Español y con la plena autorización de su secretario general Don José Luis Rodríguez Zapatero1, y Josu Urritikoetxea, alias Josu Ternera, como representante de ETA, se acordó la “hoja de ruta” del proceso que habría de llevarse a cabo para la apertura de conversaciones de paz. Uno de los acuerdos, fue el de que desde el momento en que ETA decretara el alto el fuego “el Estado desactivaría la persecución policial y judicial contra los miembros y las organizaciones de la izquierda abertzale; es decir que no habría detenciones, que podrían participar en política en igualdad e condiciones y que disminuiría la presencia policial en el País Vasco. Por su parte, ETA garantizó que no cometería ningún atentado contra personas o bienes y, además, que no realizaría acciones destinadas al abastecimiento de armas. De todo ello hay constancia documental en el Centro Henri Dulan, de mediación de conflictos, con sede en Ginebra, así como en las actas intervenidas por la Policía a ETA y que probablemente figuran incorporadas al sumario.

Se refiere Murua (pág. 39 y ss) a lo ocurrido en el bar Faisán. Según relata el propio Jesús Eguiguren el asunto empezó con mal pie porque el Gobierno no podía garantizar que no habría detenciones por cuanto no tenía “todo bajo control”: “Ya sabes cuál era el ambiente con el PP, etcétera, y los jueces empezaron a apretar. Pero esas cuestiones no eran fruto de la voluntad del Gobierno. Tú no puedes garantizar, al cien por cien, cómo va a actuar un juez”. Asegura que “la izquierda abertzale sabe que el Gobierno intentó impedir algunos de esos episodios” entre los que cita al caso del Bar Faisán. En mayo se frustró la operación organizada por Grande Marlaska porque un desconocido dio a Elosúa “un teléfono móvil desde el cual recibió una llamada en la que le avisaban de la operación que estaba a punto de iniciarse. Aquella llamada sólo consiguió retrasar las detenciones, tal y como se evidenció el 20 de junio, pero el caso no concluyó ahí”.

ETA reaccionó con profunda irritación a las detenciones de junio y en los encuentros del mes de junio de 2006 entre los representantes del Gobierno (Eguiguren y Javier Moscoso) y los representantes de ETA, éstos entregaron una carta para Rodríguez Zapatero advirtiéndole “de que el proceso estaba en peligro”. Los comisionados del Gobierno expusieron “las razones de su impotencia en los jueces que supuestamente no podían controlar y en la presión del PP”. Pero que el presidente del Gobierno procedería en los próximos días a hacer una declaración pública en los términos acordados, como así ocurrió el 29 de junio de 2006 (págs. 39 y ss.).

Pues bien, al final del libro –que está lleno de frases textuales de Jesús Eguiguren que avalan todo cuanto en él se relata– se analiza el porqué de la ruptura del proceso de negociaciones. Y en la página 171 se encuentran estas manifestaciones de presidente del PSE-PSOE que es toda una confesión:

“En opinión de Egiguren, en cambio, ‘lo único que queda de cara al futuro es el borrador del 31 de octubre’2. Todo lo demás, el modelo de proceso y la metodología se quemaron para siempre: “No ha quedado más que el acuerdo de Loiola. Todo lo demás no sirve. El método está quemado. El Gobierno no se va a sentar nunca más con ETA para decirle que no va a detener a sus miembros. Es inimaginable. Tampoco le va a pedir que declare una tregua, porque lo de la tregua ha perdido valor, porque incluso en tregua comete atentados”. Es, pues, evidente que el “chivatazo” tuvo una motivación política: evitar que el proceso de paz se frustrara nada más empezar.

Le deseo que el éxito corone sus investigaciones. Reciba un cordial saludo,
Jaime Ignacio del Burgo

1 Eguiguren declara en el libro que con Zapatero habló muy poco y que tenía un interlocutor en el Gobierno que, aunque no cita, sólo podía ser el ministro del Interior Pérez Rubalcaba, con quien pasó las vacaciones de Semana Santa de 2005 en la localidad gaditana de Conill, lugar en que pudo acordarse la “hoja de ruta” de las futuras conversaciones de paz.
2 Se refiere a las conversaciones secretas que mantuvieron el PSE, el PNV y Batasuna en las que se trató de llegar a un acuerdo político que pudiera someterse después a la aprobación de la “mesa de partidos” que se iba a constituir en paralelo con las conversaciones entre el Gobierno y ETA para la “desmilitarización”.

CATALUÑA
El nacionalismo y el independentismo como negocio… solo para algunos
¿Se puede comerciar con los sentimientos? El movimiento secesionista saca rendimiento económico de las reivindicaciones políticas. Desde bambas a relojes, pasando por camisetas deportivas o carnés de identidad sin valor legal. Es el negocio del nacionalismo catalán.
Andreu Caballero www.vozbcn.com 5 Mayo 2013

Zapatillas deportivas con la estelada, botas de fútbol con la misma enseña y las chiruca de toda la vida con la bandera independentista. Al margen de los beneficios y las pérdidas que la secesión de Cataluña podría producir a los ciudadanos y las empresas de la Comunidad, el independentismo está siendo un negocio redondo para los más avispados.

La empresa VamCats, creadores de las bambas independentistas, ha anunciado que ampliarán en un mes su colección con la enseña secesionista a las alpargatas esparteñas o espardenyes, sombreros y bolsos. El objetivo de la empresa es consolidar este tipo de productos, tan significados políticamente, que vivieron su boom en la Diada del pasado 11 de septiembre.

Mientras ultiman estos nuevos lanzamientos, VamCats ha promocionado, este sábado, en una feria en Tárrega (Lérida), los nuevos modelos de bambas que están en el mercado desde hace un mes, que además de la bamba con la bandera independentista son la bamba con la bandera del País Vasco y un modelo de zapatilla con una estelada con los colores del F.C. Barcelona.

Guillem Soldevila, cocreador de VamCats junto a su padre, ha señalado a Europa Press que no quieren hacer unas “bambas testimoniales”, sino posicionar la marca a largo plazo, y ha indicado que han recibido encargos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suecia y Chile, entre otros países. En seis meses, la empresa ha facturado un millón de euros.

Negocio con carnés identitarios
Carné de identidad de los llamados ‘Países Catalanes’, a la venta por 11 euros.
Sin embargo, el negocio del independentismo no es nuevo. A modo de ejemplo, al margen de la producción editorial que siempre repunta en fechas señaladas como San Jordi, al menos hay dos empresas que se dedican a vender carnés de identidad circunscritos a Cataluña y a los denominados Países Catalanes.

Desde 1981, la librería Les Voltes de Gerona vende por 10 euros el carné de la Nacionalidad Catalana. Una forma como otra de ingresar dinero y, además, hacerse con los datos personales de posibles clientes.

Más recientemente, desde 2004, otra empresa, también mediante la venta por internet, y por 11 euros, facilita el carné de los Países Catalanes. De este segundo documento se han vendido, a fecha de 5 de abril, 2.231 carnés. Evidentemente, ninguno es legal.

Entidades y asociaciones
La pulsión por sacar rendimiento económico al movimiento independentista también se manifiesta en las entidades cívicas o políticas que, en teoría, cumplen una función social y no tienen como objetivo (declarado) la obsesión de las plusvalías. Unas entidades que, además, reciben ayudas públicas de la Generalidad.

Es el caso del Cercle Català de Negocis, por ejemplo. En su web hay una sección denominada tienda y, aunque el material es pobre, al menos en número, desde ahí se pueden comprar dos libros que defienden tesis a favor de la secesión de Cataluña. Uno de ellos está firmado por el secretario general de la entidad, lo que supone una forma más de autopromoción con el respaldo de una entidad.

Desde Plataforma per la Llengua también se lleva a cabo un sistema de venta de productos relacionados con la asociación. Si bien, en este caso, los lemas y los mensajes no son abiertamente a favor de la secesión de Cataluña, en algunos de los productos que se pueden comprar -en la sede o a través de internet- se aboga por consumir únicamente ‘productos etiquetados en catalán’. A 14 euros las camisetas con la frase: ‘Vive plenamente en catalán’.

Más sutil es la venta de productos independentistas de Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes. En su web se pueden comprar camisetas reivindicativas a través de grandes anuncios visuales. Es el ejemplo de la vestimenta oficial de la selección autonómica de hockey patines que por algo menos de 40 euros se vende con el logo de Òmnium Cultural y el de TV3 compartiendo espacio con la bandera independentista.

Tiendas y secciones en diarios
Otros han ido un poco más allá y han creado, directamente, tiendas en internet centradas en exclusiva en la venta de productos que tienen alguna referencia con el movimiento independentista o con reivindicaciones secesionistas. Un ejemplo de este sistema es la tienda Productes de la Terra, web de la empresa de desarrollo en internet Avellana Digital.

En Productes de la Terra se pueden encontrar artículos relacionados con ‘la defensa de la lengua y la cultura catalanas’, con todo tipo de ‘productos de los Países Catalanes’ como libros, ropa, artesanía, música, alimentación, bebidas o complementos y, tal y como apuntan desde la misma web, ‘una parte del beneficio sirve para ayudar a financiar entidades o medios colaboradores’, entre los que están Racó Català, El Nou, Vilaweb o Unió de Pagesos.

Finalmente, entre el abanico de opciones y formas de obtener dinero gracias al sentimiento nacionalista, otro ejemplo es el puesto en marcha por Nació Digital. El diario digital ha creado su propia tienda con ‘la voluntad de comercializar productos a la comunidad lectora’. Una comunidad que, se entiende, es única y exclusivamente independentista, a tenor de los productos que se le ofrecen: desde pegatinas a relojes, todos con la estelada, a partir de 25 euros.

Todos son negocios creados alrededor de una -o más de una- reivindicación política que, curiosamente, en caso de cumplirse, de llevarse a cabo una hipotética secesión de Cataluña, dejarían de tener razón de ser. De hecho, desaparecerían… como no existen en ningún país independiente. Es el negocio del nacionalismo.

España / Terrorismo
ETA paga 950 euros a los pistoleros que aún tiene en activo
J. M. Zuloaga La Razón  5 Mayo 2013

ETA cubre sus gastos en la actualidad gracias a las reservas que hizo antes de abril de 2011, cuando anunció que suspendía el cobro del chantaje terrorista conocido como «impuesto revolucionario» y de los plazos que algunos empresarios tenían pendientes y que han seguido pagando, hasta completar la cantidad que los pistoleros les habían exigido en su momento.

Además, según expertos consultados por LA RAZÓN, la banda tiene ahora muy pocos gastos y, a título de ejemplo, señalan que a los etarras que mantiene en activo, entre 30 y 50, les ha convertido en «mileuristas». Con una cantidad de 950 euros, los pistoleros tienen que pagarse la casa (casi siempre compartida con otros miembros de la organización criminal), la manutención, la ropa, etcétera...y estar dispuestos a entrar en «acción» en cuanto se lo ordenen.

Antes de anunciar el «cese definitivo», ETA hizo un gran esfuerzo para acumular dinero mediante el citado «impuesto revolucionario», que pagaban muchos empresarios, y, sobre todo, con secuestros «exprés», con los que llegaron a obtener importantes sumas de dinero.

El empresario elegido era retenido contra su voluntad durante un corto periodo de tiempo (un máximo de 24 horas, para que algún vecino o conocido no alertara de su ausencia). Durante ese tiempo, la familia tenía que reunir, por todos los medios, la cantidad que ETA les exigía. En la mayoría de las ocasiones, no se llegaba al total del rescate, ya que la retirada de grandes cantidades de dinero de los bancos podía ser también un motivo de sospecha de que algo raro ocurría, pero, al final, la suma de dinero era importante. Además, en estos casos, como en los que tenían pendientes plazos del «impuesto revolucionario», se podían establecer unas entregas en unas fechas posteriores.

Las fuentes consultadas subrayan que se trata de uno de los métodos más efectivos que «Gezi» (el «aparato de extorsión» de ETA) ha ideado, ya que en ningún caso se han producido denuncias ante las Fuerzas de Seguridad. El industrial afectado, una vez en libertad y «resuelto» su problema en un periodo tan corto de tiempo, optaba por no meterse en líos, entre otras cosas porque así se lo habían exigido los pistoleros.

Por lo que respecta al pago de plazos atrasados, recuerdan que en el comunicado remitido por la banda a las patronales vasca y navarra en abril de 2011, se hablaba de que la «exigencia del impuesto revolucionario que ha solido realizar nuestra organización queda cancelada», al tiempo que les exigían que, dada la «influencia del sector social» que tienen los empresarios, apoyarán el «proceso» con el fin de lograr «para Euskal Herria una solución justa y democrática». De perdonar «deudas pendientes», ni una línea.

Última oleada en 2010
La última oleada de cartas en las que se exigía el «impuesto revolucionario», algunas de ellas con importantes cantidades, se produjo en octubre de 2010. ETA recibió entonces mucho dinero que, con el proveniente de los secuestros «exprés», le ha permitido mantener sus infraestructuras sin ningún problema económico.

Existe la sospecha de que la banda puede estar recibiendo, a través de vías indirectas (para hacerlo indetectable a las Fuerzas de Seguridad), apoyo económico proveniente del mucho dinero que manejan en la actualidad las organizaciones de su entramado. Las referidas fuentes admiten que se trata de una mera sospecha, sin que hasta el momento hayan logrado obtener ninguna prueba.

En cualquier caso, si la banda terrorista, como auguran ya algunos expertos en la materia, se está preparando para cometer una acción de fuerza (con el fin de presionar al Gobierno para que negocie o, al menos, como paso previo, traslade a los presos al País Vasco y Navarra), no va a tener ningún problema económico para hacerlo, incluso si optara por una campaña de atentados más o menos espaciados en el tiempo.

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