AGLI Recortes de Prensa   Martes 7 Mayo 2013

ESTÍMULOS
Estimular el gasto = producir lo que sea
Juan Ramón Rallo Libertad Digital 7 Mayo 2013

Tras los éxitos del Plan E, la izquierda patria –ayer el PSOE, hoy IU– no ceja en su empeño de promover políticas expansivas de la demanda. Se nos dice que el problema está en que los consumidores no compran lo suficiente debido a la incertidumbre y al paro (en realidad, el problema real es otro: que los empresarios no invierten, no que los consumidores no compran, pero da igual) y que, por tanto, hemos de estimular el gasto por la vía del déficit público (subir el gasto sin subir los impuestos o bajar los impuestos sin bajar el gasto).

Qué bien les vendría a algunos políticos entender correctamente la Ley de Say; no la caricatura que presentó Keynes, sino el exquisito razonamiento tal como lo presentó el fabuloso economista francés: básicamente, se trata de no olvidar que estimular el gasto equivale a estimular ciertos patrones específicos de producción. Dicho de otro modo, en lugar de que sean los empresarios quienes, sobre el terreno y jugándose su futuro, descubran en qué industrias concretas debemos especializarnos dentro de una economía dinámica y abierta, serán los políticos quienes teledirigirán el "nuevo modelo productivo de España". Si el aeropuerto de Castellón se les quedó pequeño, imaginen qué pueden hacer con estímulos de la demanda todavía mayores a los actuales.

La proposición es muy sencilla de entender: una organización estatal puede estimular el gasto interno de tres formas: bajando los impuestos sin bajar el gasto público, aumentando el gasto público sin subir los impuestos o bajando los tipos de interés. Es evidente que el gasto público determina patrones productivos concretos: el político gasta para que se produzcan ciertos bienes: por tanto, más gasto en algo es más producción de ese algo. Ahora, ¿son esos los bienes que demandan los contribuyentes? ¿Se hace alguna estimación entre los beneficios y el coste de oportunidad que acarrean esas producciones? Ni se hace ni se puede hacer: los políticos gastan a ciegas y por eso son pésimos provisores de bienes. Por otro lado, reducir artificialmente los tipos de interés implica estimular artificialmente el gasto de aquellas personas con mayor predisposición a endeudarse y, por tanto, a estimular artificialmente la producción de los bienes que demanden con esa deuda (por ejemplo, viviendas burbujísticas). Y, por último, bajar impuestos sin bajar el gasto supone sufragar los adicionales gastos específicos de aquellos que se beneficien de las reducciones fiscales (que tampoco son neutras) a costa de los impuestos de los contribuyentes futuros.

La cuestión de fondo, por consiguiente, es: ¿los patrones de producción que alumbrarán esos distorsionadores estímulos políticos son los patrones que permitirán a España generar sostenidamente riqueza en una economía mundial abierta y dinámica? Permítanme dudarlo. Un ejemplo muy sencillo: se habla mucho de promover el consumo mediante algún estímulo que dure un par de años (reducciones transitorias de impuestos sin minoración de gastos, subvenciones, obra pública, prohibición de despidos...). Imaginemos que se aprueba cualquiera de estas medidas y que, en consecuencia, el gasto de los consumidores crece y la producción de las industrias a las que compran también lo hace. ¿Qué sucederá cuando se retiren los estímulos (porque asumo que todos asumen que en algún momento tienen que retirarse)? Pues que, en un país donde los consumidores están hiperendeudados, el aumento de la capacidad operativa de esas industrias de consumo no podrá mantenerse: repunte transitorio y artificial de la producción como consecuencia del repunte transitorio y artificial del gasto.

En suma: el problema subyacente de nuestra economía es mucho más complejo. No es que gastemos poco per se, es que gastamos poco porque no producimos lo que debemos (nuestra economía sólo sabe fabricar bienes que nadie quiere y, por tanto, no puede emplear a millones de personas). Nos toca proceder a una amplia reestructuración de nuestros patrones productivos y de nuestros patrones financieros en el contexto económico en el que ahora mismo nos encontramos. Una reestructuración que debe acaecer de manera armónica entre todos los agentes económicos y no enchufando excepcional y descoordinadamente una milmillonada de gasto por ciertos canales. Decir que la respuesta a la crisis se halla en estimular en general el gasto equivale a decir que hay que estimular en general la producción. ¿En general? ¿Sea lo que sea? ¿De verdad alguien puede sostener seriamente que da igual lo que produzcamos? Sí, sé que parece sorprende, pero los hay que incluso se conforman con promover el gasto burbujístico o el gasto para hacer frente a invasiones alienígenas ficticias. Por desgracia, nuestros políticos llevan años haciéndoles caso, y ahora algunos de ellos se proponen pisar el acelerador.

IMPUESTOS
Rajoy y sus excusas para la estafa
Guillermo Dupuy Libertad Digital 7 Mayo 2013

Las nuevas pero influyentes voces que últimamente se han animado a denunciar el clamoroso y empobrecedor incumplimiento electoral que el Gobierno del PP viene perpetrando en materia fiscal han forzado a Mariano Rajoy a repetir, con escasas variaciones, las mismas malas excusas que nos ha venido dando desde el primer momento: "No nos gusta subir los impuestos", pero "si no llegamos a subirlos, ahora estaríamos rescatados".

Para empezar, y tal y como algunos venimos denunciando desde hace mucho tiempo, la cacareada y, ciertamente, desastrosa herencia dejada por Zapatero podrá ser excusa para muchas cosas, menos para emular al que la dejó. Si fuese cierto –que no lo es– que el agujero dejado por Zapatero le pilló a Rajoy por sorpresa, lo que debería haber hecho el nuevo presidente del Gobierno al descubrirlo sería acometer un recorte del gasto público mucho más rápido y severo que el que tenía previsto llevar a cabo. En lugar de eso, Rajoy ha preferido apuntalar un sobredimensionado sector público y superar por la izquierda al Gobierno de Zapatero a la hora de subir impuestos, lo que no ha evitado superarlo también, dicho se a de paso, en el ritmo de endeudamiento durante 2012.

Por otra parte, el Estado español ha sido destinatario de numerosos rescates, aunque hayan sido parciales, durante todo este tiempo. Para empezar, Bruselas ha permitido al Gobierno de Rajoy relajar paulatinamente sus compromisos de reducción del déficit en 2012, desde aquel 4,4% con el que se comprometió Rajoy ante los electores hasta el 6,3% fijado finalmente por Bruselas, tope que el Ejecutivo del PP también ha incumplido con un desequilibrio presupuestario que ha alcanzado el 7% y que, en realidad, superaría ampliamente el 10% si no fuese porque Bruselas también ha accedido a no contabilizarlo como déficit. De hecho, los cientos de miles de millones de euros que el BCE ha inyectado a nuestro sistema bancario es otra forma de rescate que Rajoy ha utilizado para que nuestras entidades financieras compren deuda soberana. Sin irnos tan lejos, la última rebaja de tipos aprobada por el BCE no servirá de nada para reactivar nuestra economía productiva, pero facilitará, sin duda alguna, que Gobiernos manirrotos como el nuestro prosigan una alocada carrera de endeudamiento.

Rajoy dirá que "no le gusta subir los impuestos", pero lo que no le gusta de verdad es reducir el gasto público, tal y como está demostrando y confesó pocos días antes de su ¿última? subida de impuestos. El drama de los españoles es que nadie les rescata de la empobrecedora política económica (y no sólo económica) de este PP de Rajoy, ejemplo insuperable de corrupción ideológica y de estafa política de cuantos hayamos padecido en nuestros cuarenta años de democracia.

Los políticos han fracasado y la crisis política de España es terminal
Francisco Rubiales Periodista Digital 7 Mayo 2013

Los últimos datos del CIS revelan que el rechazo ciudadano a los políticos, a sus partidos y al sistema avanzan de manera inexorable en España, lo que obliga a asumir que los políticos han fracasado y que el gobierno, los partidos y el mismo sistema han entrado en una dinámica que les convierte en ilícitos y en adversarios del ciudadano, que los repudia y considera indeseables.

El 86% de los españoles tiene poca o ninguna confíanza en Rajoy el 89% poca o ninguna confianza en Rubalcaba. Esos datos, unidos a la pésima valoración de la clase política y de las instituciones del Estado, incluyendo a la Monarquía, además del hundimiento de la confianza y el suspenso a todos y cada uno de los políticos sometidos al juicio de los ciudadanos, convierten el sistema político español en un fracaso completo que exige una refundación.

¿Qué mas necesitan nuestros políticos para admitir su fracaso y dimitir? Ningún país de Europa ni del Occidente civilizado atraviesa una situación de colapso democrático semejante. Lo de España es un profundo escándalo que no tiene ya solución. Los partidos están desprestigiados, los políticos son rechazados por los ciudadanos, las instituciones están devaluadas y el rechazo so convierte cada día mas en odio.

La reacción de los partidos políticos ante los resultados desastrosos de la encuesta ha sido decepcionante. El PSOE y el PP restan importancia a la encuesta y siguen criticándose y resaltado el fracaso del contrario, sin asumir que el fracaso es de todos los políticos, desprestigiados y rechazados, y que lo que se está hundiendo es todo el sistema.

La reacción del PP, el partido gobernante, es especialmente obtusa y reveladora de su distanciamiento con los ciudadanos y con la realidad.
El PP dice, tras datos del CIS, que "buena parte de la desafección" por la política desaparecerá cuando acabe la crisis, lo que equivale a interpretar los datos como superficiales y a no reconocer la crisis de la clase política y del sistema.

La mayoría de los votos que huyen de los grandes partidos no van a otros, sino a la abstención o el voto en blanco, lo que refleja el avance del rechazo general a los políticos y al sistema y que el terreno está abonado para que en España triunfe una opción política extremadamente crítica con la política tradicional, parecida a la que representa en Italia el Movimiento 5 Estrellas, del político-cómico Beppe Grillo.

La Guardia Civil (5,71), la Policía (5,65) y las Fuerzas Armadas (5,21) aparecen en la encuesta como las únicas instituciones que aprueban los ciudadanos. Sin embargo, el Sindicato Unificado de Policía no se cree esos resultados y afirma que le huelen "a cocina" porque los datos internos que manejen ellos reflejan un profundo deterioro de la imagen y el respeto ciudadano a la policía, precisamente por su apoyo a los políticos y a su política represiva.

Entre las profesiones mas denostadas figuran las de políticos, periodistas y jueces, las tres básicas y con elevado protagonismo en la democracia, lo que refleja el profundo deterioro y el rechazo ciudadano al sistema.

La Monarquía, por vez primera, aparece entre los diez grandes problemas de los españoles, una lista que sigue encabezada por el paro (1), la corrupción (2), la situación económica (3) y los políticos y sus partidos (4).

Si hoy se celebraran elecciones generales, el PP conseguiría de nuevo la victoria, con un respaldo electoral del 34%, lo que supone su peor dato de la era Rajoy, pero aún así aumenta un punto, hasta los 5,8, su ventaja sobre el PSOE respecto al mes de enero. Esos datos reflejan la pérdida de la mayoría absoluta que cosechó la derecha en las últimas elecciones y la pérdida de millones de votos. Suben las opciones de Izquierda Unida y de UPyD, pero todavía se encuentran a gran distancia, sin superar el 10 por ciento de apoyo ciudadano.

Los resultados de la encuesta del CIS deberían haber provocado una conmoción y una reacción contundente de los políticos y de sus partidos para salvar un sistema que atraviesa una crisis profunda, pero no ha sido así. El deterioro de la clase política española es de tal envergadura que no asumen que el rechazo ciudadano aumenta, es imparable y en muchas ocasiones se transforma en odio, lo que invalida el sistema y convierte en ilícitos al gobierno a la representación política, al liderazgo de los partidos, a los políticos y al mismo sistema.

Voto en Blanco

A grandes males, grandes remedios
JOSÉ LUIS MANZANARES www.republica.com 7 Mayo 2013

El presidente Rajoy, la gran esperanza para la economía española tras el desastre zapateril, es hoy un personaje tan aislado en la Moncloa como carente de credibilidad ante una ciudadanía harta de promesas incumplidas. La mejor administración de nuestros recursos no sólo nos sacaría pronto de la crisis sino que iría acompañada de una bajada de impuestos. Todo mentira. La sangría de los contribuyentes empezó de inmediato so pretexto -una nueva falacia- de que durante la campaña electoral no cabía imaginar siquiera la gravedad de la situación. En fin, lo que todos queríamos es que nos sacaran de la crisis y en ello se esforzaría el nuevo Gobierno.

Puede que, mentiras aparte, la subida de impuestos y el abaratamiento del despido como piedra maestra de la reforma laboral sean inevitables para conseguir el apoyo y los dineros de Bruselas, Frankfurt y Berlín, pero los españoles esperábamos algo más. Por ejemplo, reducir gastos en las Administraciones y cerrar esas empresas públicas que, aunque ruinosas, son muy útiles para colocar a compañeros de partido, parientes y amigos.

El último Consejo de Ministros ha sido un nuevo desengaño. Los cinco millones de parados que Rodríguez Zapatero dejó de herencia ascienden ya a 6,2 millones de personas (sin contar los centenares de miles de jóvenes emigrantes, los mayores que ya no se molestan siquiera en buscar trabajo y los asistentes a los bien subvencionados cursillos sindicales de formación). Si, por una vez, el Gobierno no se equivoca a su favor, el paro se situará a finales de 2015 en el 25.8% de la población que quiere ser activa. En el entretanto seguimos viendo brotes verdes para un mañana que se aleja de pronóstico en pronóstico.

Nada de lo dicho le es desconocido al lector, pero no está de más recordarlo antes de aportar algunos granitos de arena en la búsqueda de soluciones que, quizá irrelevantes para la macroeconomía, no lo sean tanto si se trata de recuperar la confianza de una población atribulada por la doble crisis que padecemos, la económica y la de una corrupción generalizada a todos los niveles.

Hay que acabar de raíz con muestra presencia militar en el extranjero. Menos se nos ha perdido en Afganistán o en el Líbano que en muchas ciudades, barriadas o pueblos españoles donde algunas gentes malviven con la pensión de la madre viuda, hurgando en contenedores de basura o gracias a los desvelos de Cáritas. Tenemos casi dos millones de familias con todos sus miembros en paro.

Hay que acabar con los dispendios para promocionar la lengua guaraní en Paraguay (una curiosa promoción catalana), estudiar las tribulaciones de la mujer del siglo XIV en Mali o desarrollar otros programas similares, a caballo entre el camelo y el descarado beneficio de personas con nombres y apellidos.

Hay que acabar con las subvenciones de algunas ONG “…sin fronteras”. Un médico, por ejemplo, será tan útil en el maremoto de Thailandia como en el terremoto de Lorca, pero no un psicólogo. Ignoro si hay psicólogos, pedagogos, psiquiatras o sociólogos en esos colectivos, pero no debe gastarse un solo euro en viajes de turismo más o menos humanitario.

Hay que acabar con las ayudas públicas a ONG convertidas en administraciones paralelas pero con funcionarios a dedo. Si su finalidad lo merece, para eso están las Administraciones con mayúscula. Todo es cuestión de prioridades en el destino de los dineros públicos. Otra cosa son las buenas obras con los euros de los miembros de la organización o de sus mecenas voluntarios.

Hay que acabar con las partidas presupuestarias para los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. Ahorraríamos mucho dinero y disminuirían las historias de sobres, enriquecimientos ilícitos y otros enjuagues. Lo que se recibe de “vobilis vobilis” suele gastarse con cierta alegría, aunque las cuentas presentadas al Tribunal de ese nombre sean siempre formalmente correctas, como las declaraciones del IRPF.

Y hay que actualizar la legislación penal conforme a la realidad social del momento. La corrupción podría combatirse con la voluntad política de hacerlo con todos los medios legales. Vayan unas consideraciones a título de ejemplo.

La malversación impropia, que consiste en dar a los caudales públicos un destino también público pero distinto del previsto, había sido ininterrumpidamente delito desde nuestros Códigos Penales del siglo XIX hasta que dejó de serlo -¿por qué?- en el vigente Código Penal de 1995. Y lo mismo ocurrió con la malversación por imprudencia. Se dijo que las sanciones administrativas serían suficientes para combatir tales corruptelas, pero el legislador sabía perfectamente que eso, válido para el funcionario de a pie, era falso de toda falsedad en las altas esferas. ¿Quién iba a perseguir al ministro o al director general que costeaba el viaje de una delegación al Japón con los euros previstos para otros gastos del departamento?

La destipificación de esas malversaciones criminalizadas hasta ayer ha sido un factor criminógeno en el ámbito de la corrupción institucional. Lástima que el actual Anteproyecto de reforma del Código Penal continúe sin enterarse. O sin querer enterarse.

Y, para terminar, una propuesta nueva pero muy razonable en la situación que padecemos. Podría tipificarse como delito el incumplimiento de la obligación de denunciar que tienen “los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieran noticia de algún delito público”, según dispone el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal bajo simple multa administrativa de 25 a 250 pesetas. Ni el legislador se ha molestado siquiera en actualizar la cantidad en euros ni se conoce una sola sanción. Y aquí no se tropezaría con el escollo de la irretroactividad. Quien no denunciase hoy, sabiéndolo hoy, delinquiría hoy. Lo malo es que nuestros jueces y magistrados difícilmente podrían enfrentarse al trabajo que les vendría encima. Son pocos, carecen de medios y han de aplicar una legislación procesal más que centenaria, parcheada mil veces y muy útil para retrasar las condenas firmes “ad calendas graecas”. Es bastante más difícil que un gran corrupto entre en la cárcel que un rico en el reino de los cielos.

Hemos hecho -o hemos dejado de hacer- todo lo procedente para llegar a un grado de corrupción nunca alcanzado hasta ahora. Y hemos hecho -o dejado de hacer- todo lo necesario para que, llegado el momento, su persecución sea poco menos que imposible. La última ocurrencia, nacida en el PSOE pero bien vista por un destacado ministro del PP, es la recogida oficial de los billetes de 500 euros. Suponemos que también fuera de nuestras fronteras. Ingenio, por fortuna, no nos falta.

Reforma de la Administración Política
IGNACIO DEL RÍO www.republica.com 7 Mayo 2013

¿España necesita profundizar y acelerar la reforma de la Administración Pública, como ha solicitado Esperanza Aguirre? Lo que este país necesita, sin dilaciones, es una reforma de las estructuras políticas, de las adherencias que se han generado desde la política alrededor de las administraciones públicas.

El acceso a la función pública se produce aplicando los principios de mérito y capacidad, para servir a los intereses generales, como proclama la Constitución. Sin embargo, la opinión pública tiene la certeza de que el acceso a los puestos de libre designación que practican los gobernantes responde a criterios de lealtad ciega política, chequeado en las sedes de los partidos.

Como afirmó Jiménez de Parga, catedrático y miembro del Tribunal Constitucional, los partidos en España son una agencia de colocaciones. Mala práctica que contamina las administraciones y que está más cerca de la figura de los cesantes que del Civil Service del Reino Unido que durante años se ha presentado como un modelo no contaminando por la alternancia política.

La Administración Pública del Reino Unido, conforme a The Civil Service Reform Plan, perdió en 2011 doscientos setenta mil empleos, con un programa de reducción que alcanzará en el sector público a setecientos diez mil empleos en 2017.

La vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, ha alegado a favor del Gobierno de Rajoy que se han reducido más de 350 mil empleos públicos y que la reforma de la administración no se hace en una hora. Pero las cifras publicadas acreditan que, sorprendentemente, el último año ha crecido el empleo en las empresas públicas.

Un conglomerado de más de 4.000 sociedades y entes de los que se han disuelto poco más de 400 a pesar de las buenas intenciones del Gobierno. Y para mayor escarnio, crecen el número de sus empleados en 15.000, mientras el sindicato CSIF calcula que hay alrededor de 20.000 asesores designados a dedo por los partidos políticos.

El Estado ha adelgazado durante la democracia y hoy solo cuenta con algo más de 500.000 funcionarios de los distintos Cuerpos del Estado. En paralelo, las Comunidades han crecido endogámicamente, pues tras recibir las transferencias del Estado han creado cuerpos propios de funcionarios y no se han autolimitado en la constitución de entes, empresas y sociedades públicas. Hoy las CCAA triplican el número de funcionarios del Estado.

Por tanto, el problema no está en las Administraciones públicas aludidas genéricamente, sino en la organización territorial y, específicamente en las CCAA, a pesar de que Sáenz de Santamaría aluda a los Ayuntamientos que siguen siendo, hijos de un dios menor en el panorama político y han realizado un ajuste de sus cuentas fiscales con gran rapidez.

La encuesta de CIS del primer trimestre ha puesto de manifiesto el deterioro del Gobierno y de la oposición y ha dejado en mal lugar a sus líderes. No hay nada irreversible ni definitivo, pero la tendencia marca unos próximos resultados electorados sin mayorías absolutas. Para el Partido Popular, el avance estadístico de Madrid, Comunidad y Ayuntamiento, vaticina pérdida de las mayorías absolutas. Y si se pierde Madrid, alcanzar una mayoría de gobierno en España es un imposible metafísico.

Si tu electorado natural está duramente afectado por la crisis y la subida de impuestos del Gobierno y se mantiene una tasa de paro en el 27 por ciento, ¿qué sector electoral va a ratificar su confianza en el Gobierno de Rajoy? Demasiados afectados por las políticas gubernamentales, ausencia de comunicación y empatía, apertura de frentes políticos innecesarios, distanciamiento del liderazgo que reclama una situación tan difícil y nula pedagogía para explicar el camino que se ha recorrido que, sin duda, tiene aspectos muy positivos que se diluyen en el clima general.

La oposición del PSOE con el equipo Rubalcaba busca desesperadamente una narrativa política que le permita recuperar su base electoral que ahora se desplaza al universo gaseoso de IU. El suelo de los socialistas se ha abierto bajo sus pies y es menos resistente que el del PP que conserva un 35 por ciento de votos.

El momento histórico está pidiendo reformas valientes y decididas de amplio espectro con la opinión pública. Las legislaturas van más rápido de lo que perciben los gobiernos.

En un año, tras el verano de 2014 estaremos con la perspectiva de las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo que serán un test tan exacto como lo fueron las del año 2011, previas al 20-N.

Tiempos difíciles que requieren algo más que ser un aplicado administrador de la situación. Los movimientos electorales en España son pausados pero decididos. Y siempre avisan.

Cómo recortar el déficit en 117.000 millones
Diego Sánchez de la Cruz Libertad Digital 7 Mayo 2013

He llamado “Plan Diego” a una batería de medidas que proponen un ajuste del gasto público equivalente a 117.000 millones. Se divide en dos fases, que podrían ser aplicadas en poco más de un ejercicio presupuestario. Pueden consultarlas al detalle en los dos enlaces siguientes:

1. “Plan Diego I“.
2. “Plan Diego II“.

Como podrán comprobar, se trata de propuestas posibilistas que ni siquiera desarrollan al máximo el potencial de los ajustes. Por ejemplo, aunque se ha calculado que el cierre de las Diputaciones podría ahorrar 22.000 millones, mi cálculo rebaja esta cifra hasta los 11.500, simplemente para presentar una propuesta moderada que, además, tiene en cuenta posibles aumentos indirectos del gasto (por ejemplo, en prestaciones por desempleo) y permite un mayor margen de maniobra.

El “Plan Diego” contra el déficit público español
25 abril, 2013 de diegosanchezdelacruz | 17 Comentarios
Evitar el rescate público de la banca española era posible. Como hemos planteado en incontables ocasiones, convertir a los acreedores en accionistas mediante un “bail-in” o “rescate privado” habría servido para ahorrar a los contribuyentes miles de millones de euros. Con las preferentes, por ejemplo, la quita aplicada ha evitado un desembolso de 12.000 millones de euros. No es una solución buena para todos, pero al menos el contribuyente no paga el pato.

Como seguimos el camino contrario, las cuentas públicas han sufrido un deterioro considerable. Lo vemos en esta tabla:
El déficit público de partida era de 100.400 millones. La combinación de recortes de gasto y subidas de impuestos supuso un vuelco positivo de 27.208 millones. Por otro lado, el rescate de la banca pagado con fondos públicos implicó un desembolso negativo de 33.207 millones.El pago por intereses de la deuda también experimentó un deterioro, valorado en más de 5.000 millones. Así, el déficit final de 2012 fue de 111.000 millones cuando, aplicando un bail-in, habría sido la mitad, es decir, unos 60.000 millones. Para que nos hagamos una idea, si 111.000 millones se tradujeron en un descuadre equivalente al 10% del PIB, 60.000 habrían significado un desajuste aproximado del 5,5%.

Dicha medida podría haberse combinado con una serie de medidas como las que recojo a continuación. Son propuestas moderadas y posibilistas, que no obstante convendría desarrollar más en profundidad si fuese posible:

1. Reducción total de subvenciones (15.000 millones en 2012).
2. Aplicación del 30-40% de los ajustes contemplados en el “Plan Rallo” contra el déficit (alrededor de 45.000 millones frente a una propuesta original valorada en 135.000).
3. Venta de edificios e inmuebles del Estado que no tienen uso (se calcula que podría suponer 14.000 millones, pero para seguir apostando por un programa moderado, bastaría con realizar la mitad de estas operaciones potenciales, para un ajuste de 7.000 millones).

4. Aplicación del 30% del “Plan UPyD” de racionalización presupuestaria (llevar a todas las CCAAs los criterios de mayor eficiencia en gastos de personal, eliminación de duplicidades, control de gasto corriente… podría tener un impacto de 26.000 millones de euros al año. Un 30% de este plan ya serían más de 8.000 millones de euros).
5. Venta de participaciones del Estado en empresas cotizadas (inyección de al menos 1.500 millones de euros a través de la venta de acciones de Iberia, Red Eléctrica, CASA-EADS, Ebro Puleva, Enagás…).

Estos cinco puntos supondrían un ajuste aproximado de 75.000 millones de euros. Como los puntos 2, 3 y 4 son susceptibles de desarrollarse en mayor medida, cabría pisar el acelerador e ir más allá para asegurar el déficit cero al año siguiente. En cualquier caso, limitarse a estos ajustes ya reduciría significativamente el déficit, llevándolo del 10% al 3% y cumpliendo así con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que gobierna el euro. Si estas medidas fuesen acompañadas de una reforma fiscal basada en simplificar tributos, eliminar gravámenes y rebajar tipos, España podría encarar la recuperación con mejores perspectivas. Eso sí: dicho salto adelante será mucho más costoso si no se introducen medidas de liberalización y flexibilidad que aumenten notablemente la libertad económica en nuestro país.

“Plan Diego II”: cómo recortar otros 42.000 millones de gasto en España

Anteriormente presenté en este blog el “Plan Diego” para reducir el déficit público en 75.000 millones de euros. Se trata de un programa flexible de ajustes presupuestarios en el que el margen total de ahorro puede ser mucho mayor de la cifra mencionada, siempre que se desee aplicar las medidas al completo.
Hoy quiero poner encima otras posibles vías para el ajuste, a las que llamaré “Plan Diego II”:

Eliminar las Diputaciones provinciales: el cálculo del Círculo de Empresarios cifraba el ahorro en 22.000 millones de euros, pero para mantener el espíritu conservador de los cálculos del primer “Plan Diego”, partiremos inicialmente de un ahorro de 11.500 millones.

Privatización de AENA: los informes del gobierno parten de que esta operación supondría 16.000 millones de euros, pero de nuevo elaboraremos una estimación moderada y nos conformaremos con la consecución de 11.000 millones de euros.

Fusión de los municipios de menos de 20.000 habitantes: los cálculos de UPyD cifran el ajuste en un ahorro presupuestario de 16.000 millones de euros, pero en aras de la naturaleza moderada de esta saga de propuestas fiscales, asumiremos un ajuste de 11.000 millones de euros.

Tenemos ya encima de la mesa unos 33.500 millones de euros de ajuste con los que España podría cerrar el déficit en el 0%. No obstante, como los ingresos de la privatización de AENA serían temporales, es conveniente añadir nuevos ajustes que aseguren unas cuentas estables:

Eliminación del presupuesto de cooperación al desarrollo: para 2013 se han incluido más de 2.000 millones de euros en este capítulo de gasto. El dudoso éxito de estos programas, unido a la situación fiscal de país, hacen más que razonable este ajuste.

Privatización o cierre de las televisiones públicas: en 2012 se llevaron subsidios superiores a los 2.000 millones de euros.
Eliminación de la figura de los “liberados sindicales”: mantener esta categoría laboral anacrónica y privilegiada supone 500 millones de euros a los contribuyentes.

Extensión del “copago” farmacéutico: en la práctica, esta medida consiste en eliminar subsidios a estos productos, si bien existen límites para personas con rentas bajas o situaciones médicas complejas. Partiendo del paradigma actual, que generó un ahorro de 1.100 millones en la segunda mitad de 2012, sería conveniente seguir limitando estos subsidios mediante el redoblamiento de las medidas tomadas hasta ahora. En total, dicho ajuste significaría un ajuste adicional de 2.200 millones de euros, que se unirían a los 2.200 generados con la primera ronda de aplicación del “copago”.

Fin de la financiación pública a partidos políticos, centrales sindicales y organizaciones empresariales: este ajuste ha sido estimado por Juanma López Zafra en el umbral de los 1.500 millones de euros, y permitiría además que las instituciones políticas, empresariales y sociales dependan de las cuotas de sus afiliados, aumentando así su legitimidad y limitando sus excesos.

Estos nuevos ajustes añaden al “Plan Diego II” un vuelco fiscal de 8.200 millones, sumando ahora un total de casi 42.000 millones de euros. Este ajuste, unido al “Plan Diego” original, cubriría el ajuste fiscal necesario para pasar de un déficit del 10% a un superávit presupuestario en poco más de un año.

Como señalé al exponer la primera parte de esta propuesta, hay que destacar varios aspectos:
Estas reformas por el lado del gasto deben venir acompañadas de una reducción de impuestos y, aún más importante si cabe, una amplia gama de medidas de liberalización y desregulación económica.
El programa puede tener un efecto depresivo a corto plazo, pero al menos evita la prolongación de la lenta sangría económica que sufrimos desde hace ya un lustro. Un ajuste de estas características aceleraría el vuelco que necesita España, pinchando de una vez por todas las estructuras del “Estado del Bienestar” que no se financian sin la economía de la burbuja.

Todas las medidas contenidas en el “Plan Diego” y el “Plan Diego II” son flexibles. Puede renunciarse a unas a cambio de ampliar la aplicación de otras; pueden hacerse estimaciones menos pesimistas y asumir un ajuste aún mayor… Lo importante es abrir el debate y el camino para poder profundizar después en las dimensiones del programa.
Hagan click aquí para leer mi ensayo “Austeridad y Euroesclerosis”, en el que planteo los beneficios de los recortes del gasto y pongo como ejemplo los ajustes aplicados por Alemania, Canadá, Estonia y Suecia.
http://diego-sanchez-de-la-cruz.libremercado.com/2013/01/17/austeridad-privada-vs-austeridad-publica/

Mentiras sobre la política lingüística en Cataluña (VII): "de las funciones de las lenguas"
Manuel I. Cabezas www.dialogolibre.com  7 Mayo 2013

Profesor Titular de Lingüística y de Lingüística Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona

Diagrama de Saussure en su 'Curso de lingüística general'

· En la conclusión de nuestra última entrega, afirmábamos que, en Cataluña, el catalán ha dejado de ser instrumento de comunicación y se ha transformado en símbolo, en bandera y en arma en la lucha política. Hoy, vamos a profundizar en esta idea y, para ello, escuchemos lo que dice la lingüística (la ciencia del lenguaje y de las lenguas naturales) sobre lo que son (naturaleza) y para qué sirven (función) las lenguas y el lenguaje.

· Como ha quedado demostrado en la primera entrega de estas Mentiras sobre la política lingüística en Cataluña, las “lenguas naturales” son, según el padre de la lingüística moderna, F. de Saussure, el producto, la manifestación o la materialización de la “facultad del lenguaje”. Se podría decir que, entre el lenguaje y las lenguas, se establece la misma relación que existe entre el fuego y el humo: sin fuego, el humo no puede existir; sin la facultad del “lenguaje”, no habría “lenguas”.

· Además, como complemento de lo anterior y siempre según el lingüista de Ginebra, las lenguas naturales son un “producto social” y no un producto de la “terra”, como pretenden los nacionalistas. Por eso, las lenguas, como producto social, son fruto de un pacto o compromiso o acuerdo, adoptado por un grupo humano, para hacer posible y facilitar la vida en sociedad. Sin esta herramienta, ni la organización social, ni el progreso cultural, científico y técnico no se hubieran producido. Por eso, nos encontramos ante uno de los elementos fundacionales de la vida social humana.

· El lingüista ruso R. Jakobson, otro de los progenitores alfa de la lingüística moderna, fue el primero que propuso un esquema bastante completo de la comunicación humana y de las funciones del lenguaje, en un célebre ensayo de 1960, titulado Lingüística y Poética. Según este lingüista moscovita, para que la comunicación humana funcione, es necesaria la presencia simultánea de 6 elementos o factores: un emisor que produce y envía mensajes a un receptor, que los recibe y los descodifica; unos referentes o contextos, sobre los que versan los mensajes; un canal, que permite establecer y mantener la comunicación, y transportar los mensajes del emisor al receptor; y un código o lengua, que debe ser común al emisor y al receptor.

· A cada uno de estos factores de la comunicación, siempre según R. Jakobson, corresponde una función lingüística diferente (emotiva, poética, conativa, fática, comunicativa o referencial y metalingüística). Ahora bien, según el lingüista checo, V. Mathésius, de todas estas funciones, la función predominante y fundamental es la función comunicativa o referencial, porque estadística y pragmáticamente representa el cometido esencial de la mayor parte de los mensajes que circulan entre los interlocutores.

· Según la función comunicativa o referencial, las lenguas naturales son principalmente instrumentos que sirven para intercambiar información en el seno de una determinada comunidad humana. Dicho con otras palabras, las lenguas naturales son utensilios que permiten a sus usuarios entrar en relación los unos con los otros y que aseguran el comercio verbal y la comprensión mutua. Para conseguirlo, emisor y receptor, como ha quedado dicho ut supra, deben imperativamente conocer y utilizar la misma lengua.

· Esto es lo que dice la lingüística sobre el funcionamiento de la comunicación humana, sobre las lenguas naturales y sobre su función (uso, empleo, finalidad) prioritaria y fundamental. Ante estas evidencias científicas, debemos formular algunas consideraciones y extraer algunas conclusiones para continuar denunciando las mentiras de la política lingüística de los sucesivos Gobiernos de la Generalitat:

1. Para F. de Saussure, las lenguas son “productos sociales”, resultado de la vida en común de los seres humanos. Por lo tanto, desde esta concepción, se puede y se debe hablar “de la lengua o de las lenguas propias de los habitantes de Cataluña”, pero nunca de “las lenguas propias de Cataluña” y todavía menos de “la lengua propia de Cataluña”. En efecto, la “terra” de Cataluña es estéril, yerma, machorra. Los únicos que son portadores de los óvulos y de los espermatozoides, que hacen posible la concepción y el nacimiento de las lenguas, son los seres humanos, que viven y trabajan en Cataluña (así definió J. Pujol, en su día, a los catalanes). Y en Cataluña, son estos portadores de la facultad del “lenguaje” los que han creado y tienen “lenguas propias” diferentes (español, catalán y otras 100 lenguas más).

2. Para R. Jakobson, la comunicación sólo puede establecerse y funcionar si se produce una presencia simultanea de los 6 factores, citados ut supra, y, en particular, si el emisor y el receptor utilizan una lengua común.

· En la sociedad catalana ordinaria, en la que las dos partes mayoritarias de la población utilizan el español y el catalán, los locutores ajustan, en general, la lengua utilizada al interlocutor que tienen en frente. En este comportamiento, prima el éxito de la comunicación y éste está por encima de cualquier otra consideración. Esta conducta denota, por parte de los interlocutores catalanohablantes o hispanohablantes, un respeto escrupuloso de una de las reglas más elementales de educación o cortesía lingüística: utilizar siempre la lengua común a los interlocutores. Por lo tanto, en la sociedad catalana ordinaria se practica y se vive —sin problemas, ni traumas, ni complejos— el “bilingüismo funcional”, sobre el que se fundamenta la paz y la armonía sociales en Cataluña.

· Sin embargo, en situaciones de comunicación más formales e institucionales (medios de comunicación, sistema educativo, organismos oficiales e instituciones varias), se ha impuesto, manu militari, el “monolingüismo” de la llamada impropiamente “la lengua propia de Cataluña”, el catalán. Al proceder así, los talibanes lingüísticos violan una de las reglas de educación lingüística, de la que depende el éxito y la eficacia de la comunicación: utilizar la lengua del interlocutor, si éste no conoce la tuya o si tiene una competencia deficiente; además, rechazan y desprecian una de las aportaciones de la lingüística, relativa a la función prioritaria y fundamental de las lenguas: hacer posible el comercio lingüístico y el intercambio de información. Así, en aras de intereses y objetivos espurios, identitarios, esencialistas y partidistas, estos talibanes lingüísticos no tienen inconveniente en servir de ejemplo arquetípico para ilustrar lo acertado de este pensamiento de Kierkegaard, que les viene como anillo al dedo: “¡Qué irónico es que precisamente por medio del lenguaje un hombre pueda degradarse por debajo de lo que no tiene lenguaje!”.

3. Para R. Jakobson y para los lingüistas, las lenguas naturales son puentes entre los seres humanos; son, como escribió J. Russell Lowell, “las abejas que llevan el polen y el néctar de una inteligencia a otra”; son los instrumentos que permiten que la información fluya entre los miembros de una comunidad humana determinada; son la vaselina que lubrifica la vida social; son la argamasa que cimenta y cohesiona las sociedades humanas, etc.

· Ahora bien, cuando se vive y se trabaja en las mal llamadas “comunidades con lengua propia” y que habría que llamar “comunidades de ciudadanos bilingües o multilingües”, ya que son sus habitantes (y no los territorios) los que tienen lenguas propias diferentes, uno no tiene más remedio que constatar que habita en un mundo que no responde ni a la lógica ni a los dictados de la razón, del sentido común y de las aportaciones de la lingüística. Cataluña, por poner un ejemplo paradigmático, es el mundo al revés, es la cara nocturna, malvada y perversa del Doctor Jekyll.

· En efecto, por un lado, los nacionalistas, que han monopolizado el poder desde la Transición, han tergiversado, alterado y prostituido la función natural y prístina de las lenguas naturales en Cataluña. Además, al preconizar e implantar el “monolingüismo” en catalán, con medidas coercitivas y con la “inmersión lingüística”, han violentando el normal y natural sistema de comunicación que existía y existe en la sociedad catalana (“bilingüismo funcional”). En fin, han utilizado la cuestión lingüística, que no plantea ningún problema en la sociedad catalana, como un arma de lucha política y de conquista y de monopolio del poder, como un instrumento de división, de discriminación, de marginación,... de la mayor parte de la sociedad catalana.

· Las implicaciones y consecuencias de este “monolingüismo en catalán” son harina de otro costal y serán objeto de otros análisis y de otras cogitaciones en próximas entregas de estas Mentiras sobre la política lingüística en Cataluña.

Coda: « Je ne demande pas à être approuvé, mais à être examiné et, si l’on me condamne, qu’on m’éclaire» (Ch. Nodier).

La destrucción de las naciones
Dalmacio Negro www.gaceta.es 7 Mayo 2013

La Unión se parece cada vez más a una sociedad de socorros mutuos.
La Nación es, como insiste recientemente Pierre Manent, la forma histórico-política de Europa del mismo modo que la Pólis fue la de Grecia o la Civitas la de Roma. Las naciones empezaron a gestarse en la Edad Media como partes geográficas del Sacro Imperio, titular en la Cristiandad del poder temporal -en la práctica bastante nominal salvo en su centro-, en su calidad de brazo armado de la Iglesia, titular de la autoridad espiritual, para la defensa contra el Anticristo encarnado en poderes temporales. La misma Iglesia instituyó el Imperio de Occidente como restauratio del Imperio Romano en el año 800, para defender la Cristiandad -Europa- amenazada por el poder musulmán.

La convocatoria a las reuniones del Concilio de Constanza (1414-18) suele considerarse el acta de nacimiento de las naciones como partes del Pueblo de Dios, la Iglesia. Fue ésta la primera vez que el Papa convocó a los padres conciliares por naciones, no por Reinos o iglesias particulares: a la nación italiana, a la francesa, a la española, a la inglesa y a la germánica (Alemania-Austria junto con los Países Bajos-Bélgica y Escandinavia). Y por cierto que la convocatoria de la española ocasionó una trifulca, al citarse a representantes de Castilla o Portugal y a ningún aragonés. Esas son las cinco naciones originarias de Europa occidental (la Cristiandad romana, latino-germánica). El gran historiador Ranke añadió más tarde la eslava (Europa oriental, en conjunto la de la Cristiandad greco-ortodoxa) como sexta Nación europea. Esas eran y siguen siendo las naciones fundamentales, aunque aparecieron nuevas naciones particulares al dividirse algunas de aquellas por causas políticas. Las Monarquías les dieron sus formas geográficas concretas; hicieron las naciones, suele decirse, concitando la lealtad de sus habitantes, que sustituyó la fidelidad de los innumerables pactos feudales; sentimiento el de fidelidad que se reservó para la Iglesia.

El nacionalismo de la revolución francesa, que impuso la voluntad de la Nación Política de la burguesía a la Nación histórica, introdujo modificaciones en virtud del principio de las nacionalidades a las que hay que añadir las debidas posteriormente, en el siglo XX, tras la Gran Guerra civil europea de 1914-18, al principio de autodeterminación, una concrección del de las nacionalidades inventada por los socialistas austríacos (principalmente Otto Bauer). Presionado por el francés Clemenceau con la aquiescencia de Inglaterra -y probablemente por consejeros puritanos deseosos de destruir el católico Imperio austro-húngaro-, lo hizo suyo y lo impuso el presidente norteamericano Wilson, quien declaró estar arrepentido cuando la cosa no tenía ya remedio.

En todo caso, las naciones no son un “proyecto” como pensaba Renán seguido por Ortega, quizá retóricamente para despertar a España del marasmo de la Restauración (en realidad Instauración) canovista: las naciones son hechos históricos, productos de la historia; algo así como historia mineralizada, decía el propio Ortega. Ni se construyen artificiosamente, aunque puedan subsistir durante algún tiempo (Checoslovaquia, Yugoslavia,..), ni se destruyen, salvo por absorción, como en el caso de Borgoña, el corazón de Europa, una posible Nación particular “frustrada” y causa de los conflictos entre Francia y Alemania en los siglos XIX y XX, o por suicidio, como puede ocurrir en la España de la Instauración juancarlista, dividida en paraestados -la causa principal de la actual crisis interna- y con una natalidad gravísimamente decreciente fomentada en gran medida por el poder.

La destrucción de las naciones es uno de los grandes temas del internacionalismo socialista. Con esa finalidad, la Internacional socialista hizo suyo el falso principio de autodeterminación de las naciones en el último cuarto del siglo XIX. Lenin empezó a utilizarlo como instrumento revolucionario alentando el nacionalismo de oligarquías locales y sus sucesores lo explotaron sistemáticamente para promover la revolución mundial instalando en el poder a oligarquías comunistas o simpatizantes con los intereses de la Unión Soviética.

La Unión Europa, dominada por el consenso socialdemócrata, versión pacifista -legalista- de la revolución mundial, está destruyendo las naciones oponiendo al sentimiento natural de pertenencia a la realidad nacional, que no es excluyente como el nacionalismo, la ideología del patriotismo vinculado a un papel: el “patriotismo constitucional” o la Constitución como mito político. Un invento este ultimo de la revolución francesa difundido con entusiasmo por las Cortes de Cádiz de 1812. Invento felizmente superado por el actual gobierno del partido popular al reducir la Nación a la “marca España”; reduccionismo comercial tan estúpido como expresivo de la anormal situación de la Nación más antigua de Europa, que merece un comentario más detenido. Ni siquiera se les había ocurrido a los socialistas o a los separatistas; es un hallazgo de ese partido, fértil en eufemismos para compensar su servilismo e inanidad política; entre los más recientes, los de la “movilidad exterior” para describir la emigración forzosa o las “novedades tributarias” para describir la invención de nuevas figuras impositivas contra las clases medias.

En definitiva, los gobiernos europeos en general se oponen a las naciones al socializar los desmanes de las oligarquías a costa de esas clases, que son su médula. La formación de las clases medias es históricamente consustancial con la formación de las naciones, que conservando el patriotismo, vinculado a la tierra, modificaron empero sus estructuras desvinculándolo de los estrechos lazos feudales y ampliaron sus horizontes.

Con el auge de las clases medias y de las naciones comenzó el tránsito en la historia universal, de lo que llamó Tocqueville el estado aristocrático de la sociedad, fundado en el principio de la desigualdad legal, y en cierto modo racial entre los hombres (no en el sentido del racismo tan difundido hoy por los “antirracistas”, sino en el de barrera moral entre los estamentos), al estado democrático de la sociedad, fundado en el principio de la homogeneidad de la naturaleza humana y por tanto de la igualdad legal de todos los hombres, sujetos de las mismas libertades. La revolución francesa fue el punto de ruptura entre ambos estados o situaciones que, venían a ser dos mundos en un mismo espacio. La revolución reconcilió formalmente en este aspecto el cielo y la tierra, como dijo Hegel, conforme al sentido de la historia.

Políticamente, consistió en la reivindicación por esas clases, bien instaladas ya en la sociedad, de la titularidad de la soberanía siguiendo la inspiración norteamericana. Ahora bien, en esta parte de América, contaban con la ventaja que al ser un espacio prácticamente vacío en el que existía la igualdad de condiciones, que no es lo mismo que la igualdad de oportunidades, puesto que no había aristocracias. Norteamérica fue, pues, desde el primer momento, una Nación de clases medias autogobernadas, sin Estado, ya que el equivalente a los Estados europeos son allí los Estados Unidos particulares -Texas, Ohio, Iowa, etc.- bajo el gobierno federal, por lo que no son soberanos en el sentido político-jurídico de la soberanía de Bodino.

Ahora bien, la ley de hierro de la oligarquía es inexorable y universal y opera también en Norteamérica. Pero está atenuada por un sistema de gobierno fundado en la libertad política: la libertad de los hombres libres, inconfundible con las libertades del ciudadano que son facultades legales. Ese sistema no elimina ciertamente la ley de hierro, pero la controla hasta ahora aceptablemente. La relativiza a pesar del creciente intervencionismo. Ciertamente, el impuesto sobre la renta, introducido para gravar sólo a los ricos, pero como suele ocurrir generalizado luego para todos, autoriza al gobierno a entremeterse en la vida privada de los norteamericanos, y la ideología y la demagogia gubernamental importadas de Europa empiezan a recortar las libertades aprovechando circunstancias políticas. Pero no existe la distinción entre derecho público y derecho privado, pues las statute law vienen a ser aclaraciones del common-law, por lo que el Derecho no ha sido sustituido por la Legislación y sigue siendo propiedad del pueblo. Con todo, aunque se han acentuado las diferencias económicas entre las oligarquías y las clases medias debido a las guerras y los abusos de los gobiernos, estas últimas siguen prevaleciendo como la sustancia de la Nación.

En la Europa libre del comunismo, el éxito de la política del grupo alemán Ordo acomodada a las circunstancias europeas, en las que tiene el Estado Soberano, y con él los partidos políticos, un papel preponderante, inspiró la formación de naciones de clases medias. Sin embargo, el auge de la socialdemocracia, firmemente asentada ya en Suecia e Inglaterra, propiciado por Norteamérica frente a sus primos comunistas, acabó acercando el “capitalismo renano” al capitalismo de Estado, acentuándose las diferencias entre las oligarquías y el resto, paliadas empero por el auge paralelo del conjunto de la economía. No obstante, la gigantesca crisis financiera, que es en el fondo la crisis del capitalismo de Estado socialdemócrata sino del Estado mismo, está destruyendo las naciones europeas. Sus gobiernos, firmemente asentados en la omnipresente maquinaria estatal, ya no disimulan su carácter oligárquico y la Unión Europea ha devenido una alianza entre ellos para protegerse mutuamente bajo el amparo intelectual del consenso ideológico socialdemócrata que, sustituyendo al cristianismo -en buena medida con el asentimiento de las iglesias o de parte del clero fascinado por el “espejismo de la justicia social” (Hayek)-, condiciona el êthos de los pueblos europeos.

La Unión se parece cada vez más a una sociedad de socorros mutuos. Los gobernantes, dueños del Derecho transformado en Legislación -las leyes que dicta el poder político-, y del crédito dinerario, discuten únicamente sobre los métodos o, más exactamente, sobre las medidas que convienen a las oligarquías. Salvado el hecho de que Francia quiere siempre mandar en Europa, las diferencias entre los socios son mínimas. No obstante, las divergencias entre Alemania y algunos gobiernos menores (Holanda, Finlandia, Austria), que predican la austeridad (de los gobiernos), y los otros gobernantes europeos -entre ellos Francia- partidarios del despilfarro descarado (del que se benefician los partidos, sus amigos y sus clientelas) invocando lo que llaman democracia y justicia social para conservar el status quo, es decir la oligarquía, pueden tener un final inesperado si se presiona tanto al gobierno alemán, que se le obligue a abandonar la sociedad de ayudas mutuas para conservarse a sí mismo. A la verdad, en una Europa sin norte, podría ser, paradójicamente, la ocasión para que los pueblos de las naciones recuperen la iniciativa frente a las oligarquías del establishment.

La oligarquía europea es una confabulación de las de los partidos, bancos y grandes finanzas, monopolios, oligopolios, multinacionales, grandes empresas, y los medios de comunicación que moldean la opinión. Las que dan la cara son las oligarquías de los partidos representadas por sus respectivos gobiernos, a los que les compete enfrentarse al pueblo. Reducida la política a “política económica”, confiados en que monopolizan el poder de la maquinaria estatal y la fabricación del dinero, amparándose entre sí, se están enfrentando a los pueblos y sus naciones al destruir las clases medias, agobiándolas con impuestos e intervenciones contra las rentas menores y la propiedad mediana y pequeña.

Simultáneamente, las oligarquías aprovechan la situación para afianzar sus posiciones aumentando la desigualdad económica y social dando la razón a Carlos Marx, enemigo de la socialdemocracia estatista. Han resucitado así la cuestión social, desaparecida virtualmente en las sociedades de clases medias, y, para disimularlo, las oligarquías políticas están intensificando demagógicamente la cuestión antropológica heredada del nacionalsocialismo y resucitada también por la revolución culturalista de mayo del 68.

Esta cuestión ataca directamente las costumbres, los usos, lo que queda del Derecho, las tradiciones, el êthos y la misma vida y continuidad de los pueblos. Envilece y divide a las naciones, la forma política de Europa. Pero existen poderosos indicios de que está despertando el instinto de conservación de los pueblos y extendiendo la desafección a los gobiernos. Comienza a adquirir una intensidad susceptible de graves conflictos políticos añadidos a los de la renacida cuestión social, pues plantea un gravísimo problema de civilización ante el que la falsa disyuntiva entre la derecha y la izquierda propia de la cuestión social pierde su razón de ser, dejando en cambio al descubierto la ley de hierro de la oligarquía. Por encima de las diferencias económicas, sociales, políticas y de estatus, puede llegar a unir a los pueblos de las naciones frente a las oligarquías, élites extractivas según la expresión de moda, que los explotan rebajando a las clases medias a la condición de una clase servil.

MUCHOS IMPUESTOS
Esclavos del Estado
FERNANDO DÍAZ VILLANUEVA www.gaceta.es

España es el país de la zona euro donde más impuesto de la renta se paga. Trabajamos para el Estado. El resto nos los quita el voraz monstruo autonómico.

Si usted gana lo que el promedio de los españoles, es decir, entre 18.000 y 25.000 euros anuales, debería saber ya que la mitad –euro arriba, euro abajo– se lo queda el Gobierno. Trabaja medio año para mantener las siempre crecientes necesidades financieras del Estado. Todo corre a su cargo, desde los más de 30.000 coches oficiales que pululan por las calles y carreteras españolas hasta el último programa de ayuda al desarrollo que se aprueba en la consejería del ramo de la más remota comunidad autónoma.Así es el sistema. Los españoles nos hemos convertido en lo más parecido a esclavos del Estado. Pagamos impuestos por todo lo imaginable y, a veces, por lo inimaginable. Lo hacemos por duplicado, por triplicado y hasta por cuadruplicado. Sobre un mismo bien podemos llegar a pagar IVA, patrimonio, donaciones y sucesiones. Todo con tal de alimentar al insaciable Gargantúa en que se ha convertido el antaño apañado y austero Estado español.

¿Por qué tanto impuesto?
La pregunta que algunos –no muchos, la verdad– nos hacemos es: ¿por qué pagamos tantos impuestos si lo esencial del Estado ya funcionaba hace treinta años con muchos menos? La razón en sencilla. En las últimas tres décadas el aparato estatal ha multiplicado por cuatro su tamaño. A este atraco organizado lo han bautizado como estado del bienestar y todos los políticos, sin importar el partido al que pertenezcan, celebran su existencia y su expansión sin límites.

El estado del bienestar es, en realidad, un estado clientelar en toda regla que ha obrado el milagro de poner a vivir a la mitad de los españoles a costa de la otra mitad. Mientras unos llenan, con toneladas de trabajo, talento y creatividad los haberes de los presupuestos, otros se concentran y hasta se profesionalizan en enchufarse a los debes.

Mientras la economía crecía al 5% y las recaudaciones fiscales marcaban máximos históricos (tan históricos que en Hacienda no terminaban de explicarse por qué), el modelo más o menos funcionaba. Recibíamos unos servicios, generalmente de una calidad tan mala que, en cuanto podíamos permitírnoslo, pasábamos a su versión privada, a cambio de una carga fiscal desproporcionada que, por aquel entonces, aún no nos lo parecía.

Hoy el modelo no sólo está agotado, sino que ha demostrado ser, además de profundamente injusto, insostenible en el tiempo. Antes de distribuirla, la riqueza hay que crearla y España crea cada vez menos. Esto se ha traducido en una sobrecarga impositiva que ya es insoportable. Los políticos, gestores de ese aparato elefantiásico que entró en metástasis durante la Transición, no quieren sacrificar ni un centímetro del terreno que han ganado a los contribuyentes, paganinis, en última instancia, de todo el conglomerado estatal.

La crisis, de este modo, nos está mostrando el armazón de un sistema que, simplemente, no podemos costear, no producimos lo suficiente para mantenerlo con vida. Llegados a este punto al Gobierno sólo le quedan dos opciones. La primera es la que escogió Zapatero y que Rajoy ha continuado al pie de la letra. Consiste en mantener la estructura como sea y cueste lo que cueste. Dicho sea esto con toda literalidad. A pesar de que le entregamos la mitad de nuestra renta, el Gobierno no tiene suficiente y se ve obligado todos los meses a pedir dinero prestado en el extranjero. Luego se quejan de la prima de riesgo y lo desalmado que es el mercado, pero si no gastasen lo que no tienen, no tendrían que recurrir a él.

La segunda es cortar por lo sano y acometer reformas que reduzcan sensiblemente el tamaño del Estado. Esto supone sacrificios, especialmente al principio, para una sociedad como la nuestra que es adicta a la subvención y el trinque. Luego, cuando todo se haya reajustado, lo que obtendremos es un país más próspero, más libre y, sobre todo, más justo. No es que merezca la pena el esfuerzo, que lo merece, es que, o lo hacemos o terminaremos siendo como Argentina pero sin materias primas, es decir, peor que Argentina. Nosotros elegimos.

Profesionales de la hipocresía
EDITORIAL Libertad Digital 7 Mayo 2013

Sin duda alguna, y aunque pueda parecer increíble en un país aparentemente civilizado, Juan Manuel Sánchez Gordillo es hoy en día un referente claro para buena parte de la izquierda: su uso limitado y propagandístico de la violencia, sus propuestas anticapitalistas y más o menos revolucionarias y, sobre todo, su desprecio por la propiedad privada de los demás son valores al alza en partidos como la propia IU, en la que milita, en la izquierda extraparlamentaria y callejera, que últimamente se deja ver mucho, e incluso en sectores del PSOE.

Pero resulta que este referente de la izquierda radical, alcalde de un presunto paraíso revolucionario en el corazón de Andalucía, lleva meses sin pagar a algunos de sus trabajadores. Los en teoría grandes beneficiados del modelo que Sánchez Gordillo y los suyos desean imponernos son en realidad, y como ha ocurrido siempre, los que más lo sufren.

Habrá muchos que se sorprendan por ello, no nosotros: no sólo es eso lo que enseña la experiencia de todos los paraísos que a lo largo de la historia se han edificado sobre las premisas ideológicas en las que se sitúa el alcalde de Marinaleda, sino que en la propia España actual podemos ver cómo la izquierda se define, más que por ninguna otra cosa, por su tremenda hipocresía. Y cuanto más radical, más hipócrita.

Los ejemplos son de lo más variado: el partido que más eleva su voz contra el fraude fiscal y los que no pagan a Hacienda, IU, tiene tales deudas que ha llegado a ver embargadas sus sedes; los que más claman contra la reforma laboral y quieren poco menos que prohibir los despidos se han aprovechado de aquélla o han prescindido de sus trabajadores sin mayores contemplaciones.

Y, sobre todo, los que más fuerte y más teatralmente claman contra la corrupción atesoran récords de imputados que siguen en sus cargos y protagonizan el que es, sin duda, el mayor robo de dinero público de la historia de nuestra democracia: el caso de los ERE andaluces.

En definitiva, en punto a hipocresía, la izquierda española cuenta con auténticos profesionales. No puede decirse lo mismo en el terreno de la gestión pública o el de las habilidades parlamentarias, pero es lógico: para eso habrían de realizar un esfuerzo mucho mayor que el que les supone, desde esa pretendida superioridad moral, ver la paja en el ojo ajeno y olvidar la viga en el propio.

LA LENGUA VIVA
El idioma castellano sigue formándose
Amando de Miguel Libertad Digital 7 Mayo 2013

El título de esta seccioncilla no es una metáfora vana. El idioma castellano o español no concluyó de formarse con Nebrija (1492), ni con el Quijote (1605), ni siquiera con la generación del 98. Sigue su evolución, ahora con el grueso de los hablantes al otro lado del Atlántico. Acabo de escribir un ensayo sobre el uso de esa lengua en España. No es una recopilación de los artículos vertidos en Libertad Digital, aunque naturalmente todo esté relacionado. El libro estará en la calle a mediados de septiembre. Lo edita Espasa. Espero que sirva para que establezcamos aquí algunas polémicas, pues muy ortodoxo no es.

El castellano se entiende bien hoy si lo comparamos con el inglés, que es algo así como el latín de nuestro tiempo. Anoto estas peculiaridades de nuestra lengua:

Mantiene una escasa diferencia entre el lenguaje escrito y el hablado, incluso entre el culto y el popular.
Es fácil de aprender por los hablantes de otras lenguas.

Se observan escasas variaciones territoriales, sobre todo en la forma escrita, aunque los hablantes estén separados por miles de kilómetros.
No hace falta que el diccionario nos diga cómo se pronuncian las palabras.

Abundan las voces llanas (las acentuadas en la penúltima sílaba), lo que produce una cierta monotonía en el habla. Se corrige con el acento y el gesto.
Se toleran mal las repeticiones de una palabra en el mismo párrafo.

En el idioma escrito predomina el gusto por las voces polisilábicas.
Repito que esas características lo son si comparamos el español con el inglés. También en el inglés escrito gustan las palabras polisilábicas, pero hay muchas menos.

La fuente de la constante evolución de la lengua está en el número de contactos entre los hablantes, ahora multiplicados por un factor creciente gracias al teléfono y a las redes sociales. Los cambios del idioma se registran normalmente en los medios de comunicación, cada vez más audiovisuales.

El gusto por las palabras polisilábicas se manifiesta, por ejemplo, en el proceso por el que un término se alarga con un nuevo verbo a partir del sustantivo. Veamos algunas ilustraciones: influir-influencia-influenciar; ofrecer-oferta-ofertar. El camino puede ser también ese mismo alargamiento a partir de un sustantivo. Por ejemplo, matiz-matizar-matización.

Una moda actual es la querencia por las palabras de carácter negativo formadas con los prefijos des-, dis- o de-. No siempre son neologismos (como descodificar). Hay un término tan castizo como degustar, que posee un carácter positivo. Ya en latín se decía degustare para probar algo y apreciar así su sabor.

Otra moda no tan plausible es la supresión del artículo determinado en muchas frases. Seguramente se ha impuesto por la necesidad de titulares cortos en los periódicos.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

ESPAÑA
Alertan de que la subida de impuestos, la corrupción y la inmersión lingüística frenan atraer talento internacional
Javier Pérez-Tenessa de Block plantea los problemas que se encuentran las empresas a la hora de contratar profesionales extranjeros y la dificultad para empresas de fuera que quieran invertir en España, en general, y en Cataluña, en concreto.

Redacción www.vozbcn.com 7 Mayo 2013
El fundador y consejero delegado de la empresa eDreams, Javier Pérez-Tenessa de Block, ha advertido, este martes, que las políticas fiscales y educativas, sumadas a la corrupción, suponen un freno para atraer talento internacional a España, y en concreto, la política lingüística de la Generalidad en las escuelas de Cataluña “tampoco ayuda”.

Pérez-Tenessa de Block ha denunciado que estos factores restan importancia a las empresas españolas. ”Los ejecutivos se encuentran un IRPF enorme, impuestos más altos sobre las ganancias de capital -que son base para empresa emprendedora- , y para colmo, tienen que tributar sobre el patrimonio que acaban de pagar hace unos meses”, ha afirmado el empresario.

En un desayuno organizado por la empresa consultora PriceWaterhouseCoopers (PWC) y el diario La Vanguardia, Pérez-Tenessa de Block ha explicado que muchos de los directivos que podrían venir a España acaban eligiendo compañías con sedes en Londres (Reino Unido), California (EEUU) o Nueva York (EEUU).

El fundador de la empresa de viajes por todo el mundo -líder en Europa- ha señalado que incluso trabajadores de eDreams han optado por residir en el extranjero y comunicarse con la sede central de Barcelona a través de videoconferencia. ”Me preocupa que por querer exprimir entre un 10 y un 20% más de impuestos, el país pierda el 100% del talento y el 100% de los impuestos”, ha asegurado según ha recogido Europa Press.

Corrupción y sistema educativo
A esta presión fiscal hay que sumar, desde su punto de vista un segundo factor negativo: los casos de corrupción en España que están siendo recogidos por la prensa internacional, pues crean la percepción de que “todo es un desastre” y de que el dinero recaudado se acaba desperdiciando.

Pérez-Tenessa de Block también ha indicado un tercer factor. El empresario se ha mostrado muy crítico con el sistema educativo en toda España, valorándolo como insuficiente al compararlo con el nivel de las grandes escuelas de ciudades como Londres, y porque el inglés no tiene una presencia significativa: ”Mucha de la gente que se plantea venir a trabajar aquí tiene como principal factor el colegio al que van a ir sus hijos, y en el sistema español falta globalidad”.

Inmersión y secesión
En este sentido, las escuelas de Cataluña tienen un handicap añadido. El sistema de inmersión lingüística obligatoriamente en catalán, pese a que los tribunales de justicia han advertido a través de varias sentencias a la Consejería de Enseñanza que tal y como se está aplicando es ilegal, es una dificultad añadida.

El consejero delegado de eDreams ha reconocido que este, aun no siendo un elemento esencial, “tampoco ayuda” a atraer a la Comunidad talentos internacionales. Sin duda, ha indicado, el modelo educativo aplicado por la Comunidad de Madrid, con una apuesta fuerte por el inglés, resulta más atractivo.

Por si esto no fuera suficiente, “la inestabilidad” política creada por las aspiraciones de los partidos nacionalistas apostando por la secesión de Cataluña “no ayuda nada” a que empresas internacionales se fijen en el mercado catalán. E incluso, pese a negar que la propia eDreams se vaya a ir fuera de España en breve, ha reconocido que es un debate que “está sobre la mesa”.

La empresa, con 4.000 millones de euros de facturación en 2012, es la agencia de viajes en internet líder en Europa y la quinta del mundo, emplea a 1.300 personas y planea contratar a 100 ingenieros en Barcelona a lo largo de 2013. Se creó en 1999 con sede central en Barcelona y cuenta con una segunda sede en Milán.

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Cómo salir de la crisis nacional

Pío Moa www.gaceta.es 7 Mayo 2013

La triple crisis de España (nacional, democrática y económica) exige enmendar a fondo muchos errores de la transición y sustiruir una casta política incompetente, corrupta e hispanófoba o indiferente hacia España.
Blog II: El mundo y la peripecia humana / Roosevelt y Churchill, ¿las grandes figuras del siglo? www.piomoa.es

La crisis nacional
Los desmanes de una casta política desacreditada, que debería estarlo mucho más, han llevado a España a una triple crisis: nacional, que compromete la subsistencia de la nación española; democrática, debido a un proceso de involución sobre todo desde Zapatero; y económica, de la que nadie parece saber cómo salir. Las trateré por partes.

La crisis nacional se resume en el fracaso del estado de las autonomías. En la transición se ideó este tipo de estado con el doble propósito de integrar a los separatismos, concediéndoles numerosas ventajas, y de diluir sus pretensiones creando otras autonomías sin partidos secesionistas. Ya la idea de integrar a los separatismos revelaba en sus autores una notable ignorancia de la historia y de la realidad de aquellos. Y ese fallo de principio se agravó en una carrera de concesiones por conseguir que dichos disgregadoires de España se “sintieran comodos”, en el nuevo estado. Para ello se elaboró una Constitución contradictoria, que por un lado afirmaba la unidad nacional y por otro permitía a las autonomías un proceso sistemático de vaciamiento del estado. Muchos vieron el problema ya desde el principio, pero la demagogia desbocada de unos y de otros permitó el disparate.

Así, los separatistas, que partían con una fuerza muy escasa, entendieron las facilidades para ir avanzando progresivamente en sus posiciones, máxime cuando, en el colmo de la insensatez, el gobierno les entregó la herramienta decisiva de la enseñanza. Con ella irían formando una juventud en la denigración sistemática de España y en la falsificación de la historia, de modo que con el tiempo el sentimiento antiespañol prevaleciera en las respectivas regiones. Obsérvese que en la denigración del pasado español han rivalizado las izquierdas con los separatistas, entre la indiferencia de unas derechas (UCD, PP más tarde) cada vez más vacías de ideas y de principios, salvo la sandez de que “la economía lo es todo” (Rajoy no hacía más que expresar la tendencia impuesta desde Suárez).

En sus designios, los separatismos han contado con el inestimable auxilio del terrorismo etarra. Su política al respecto la definió Arzallus en una metáfora más ilustrativa que todo un estudio académico: “recoger las nueces”. Hipócrita y deslealmente, tanto los separatistas vascos como los catalanes, criticaban retóricamente a los pistoleros mientras trataban de debilitar y paralizar la acción gubernamental con diversas demagogias, o exigían concesiones para, presuntamente, evitar la radicalización popular. El colmo se ha alcanzado con Zapatero, el colaborador más eficaz que ha tenido la ETA en sus historia (y ha tenido muchos), y que en un país políticamente sano estaría dando cuenta de sus fechorías ante un juez. Como resultado, treinta y pico años después de la Constitución, los enemigos de España en Cataluña y Vascongadas se sienten con fuerza para dar pasos decisivos a la secesión.

¿Qué puede hacerse hoy al respecto? Obviamente, nada eficaz harán los partidos más responsables de esta crisis, en particular el PSOE y el PP. Tampoco unas izquierdas tipo IU y similares, vivamente hispanófobos. Sería preciso un partido que promoviese con energía y convicción una reforma a fondo del estado de las autonomías --con recuperación de competencias como la enseñanza y otras, entregadas a los enemigos confesos de España por una casta política repulsiva en su frivolidad y corrupción--, y una defensa y explicación histórico-cultural de España. Esta es la clave del problema. Pero por ahora no existe ese partido, capaz de convencer a la gran mayoría que se sigue sintiendo española. Existen formaciones, como Ciudadanos, UPyD, AES, SCyD, Reconversión, que podrían llegar a un acuerdo común en ese sentido, abriendo brecha para sustituir la desgraciada casta política formada en la transición tan incapaz de enmendar sus numerosos errores como inclinada a corromperse. Un acuerdo en ese sentido sería un buen paso adelante, pues cada uno por su cuenta sería incapaz de desbancar a unos partidos en declive, pero todavía muy poderosos económica y mediáticamente.
Pero no se trata solo de política de partidos. Es preciso algo parecido a una fundación, un generador de ideas, que dé consistencia intelectual a la superación de esta crisis. De otro modo, los acuerdos corren el peligro de quedar en politiquería de ocasión.

Cataluña
La Generalidad gastó 122,3 millones en la política lingüística en catalán en 2011
De esta cantidad, más de 27,9 millones de euros los gastó la autonómica Dirección General de Política Lingüística para fomentar el uso del catalán, un 7,97% menos que en 2010 pero un 124,68 % más que lo gastado en el año 2000. Además, las consejerías destinaron más de 94,3 millones de euros con el mismo objetivo. Estas cifras no cuentan el coste del personal destinado a estas funciones. Para Mascarell, es imprescindible que Cataluña se convierta en un Estado separado del resto de España para evitar las “piedras” que el Gobierno pone al desarrollo de la lengua catalana y poner fin a “la normalización del catalán”
Redacción www.vozbcn.com

La Generalidad de Cataluña ha destinado, solo en el año 2011, un total de 122.339.237,41 euros en política lingüística para promocionar y, en algunos casos, privilegiar en exclusiva, el uso del catalán (y del aranés) en la Comunidad, pese a que el español también es lengua oficial. Los datos figuran en el Informe de Política Lingüística 2011, presentado este lunes por el consejero de Cultura, Ferran Mascarell.

El informe ha sido elaborado por la Dirección General de Política Lingüística, departamento adscrito a la Consejería bajo control de Mascarell, y contiene las actuaciones más relevantes en materia lingüística (en catalán y aranés) realizadas durante el año 2011, el último periodo analizado, con datos estadísticos recogidos en la encuesta del Barómetro de la Comunicación y la Cultura de la Fundación Audiencias de la Comunicación y la Cultura (FUNDACC) y la información de la propia Generalidad.

Unos 28 millones de euros desde la autonómica dirección general

Gasto de la autonómica Dirección General de Política Lingüística desde 2001 solo dedicado a la política lingüística en catalán (fuente: Informe de Política Lingüística 2011).

Gasto de la autonómica Dirección General de Política Lingüística desde 2001 solo dedicado a la política lingüística en catalán (fuente: Informe de Política Lingüística 2011).

Así, las actuaciones de la Administración autonómica han supuesto un total de más de 122,3 millones de euros. De estos, 28.262.309,82 euros han sido gestionados directamente por la Dirección General de Política Lingüística ‘para fomentar el uso del catalán’, sin incluir el gasto del personal destinado a esta tarea. Esta partida ha sido un 7,97% menos que en 2010 y un 124,68 % más que en comparación con lo gastado en 2000; y se han ejecutado 27.943.889 euros.

La partida gestionada por la Dirección General de Política Lingüística para 2011 se ha desglosado en los 19,9 millones de euros aportados al Consorcio para la Normalización Lingüística, para ‘atender los gastos de funcionamiento (formación, asesoría y dinamización)’; los 1,4 millones de euros entregados al Consorcio del Centro de Terminología TERMCAT, para ‘contribuir a la financiación de los gastos de funcionamiento’; y los 236.839 euros aportados al Instituto Ramon Llull, para ‘atender los gastos correspondientes a la Feria Internacional de Idiomas y Culturas Expolagues 2010′ y para los gastos de mantenimiento del mismo instituto.

En los 27,9 millones de este departamento de la Consejería de Cultura, cuya directora general es Ester Franquesa, también se han incluido, entre otros, los 726.672,21 euros aportados al Instituto de Estudios Catalanes para la financiación de sus ‘gastos de funcionamiento’; los 750.000 euros al Consorcio Casa de las Lenguas, para sus gastos; y los más de 1,2 millones de euros destinados al doblaje de las películas en catalán.

Más de 94 millones de euros entre las consejerías

Desglose de gasto destinado a las políticas lingüísticas en catalán por las distintas consejerías (fuente: Informe de Política Lingüística 2011).

Desglose de gasto destinado a las políticas lingüísticas en catalán por las distintas consejerías (fuente: Informe de Política Lingüística 2011).

Pero a esta cifra hay que sumar una infinidad de partidas que cada consejería gestiona individualmente. Así, a los más de 27,9 millones de euros ejecutados hay que sumar otros 94.395.348,41 euros. Es decir, en total 122.339.237,41 euros. Una cifra que, pese a todo, es menor que lo destinado a estas tareas en 2010, año en el que se destinaron 159.034.423,14 euros.

La cifra de más de 94,3 millones de euros corresponde ‘a actuaciones dirigidas a difundir el conocimiento de la lengua catalana y fomentar el uso social’ llevadas a cabo por las distintas consejerías, por lo que en estas partidas no se han incluido ni los ‘gastos de formación del personal propio de la administración de la Generalidad, costes de equipamientos e infraestructuras o actuaciones que, pese a ser en catalán, no tienen como finalidad el fomento del uso [de esta lengua]‘, ni tampoco las remuneraciones del personal.

Así, la Consejería de Cultura ha destinado 58.865.243,30 euros; la de Presidencia, 11.212.054,08 euros; la de Economía y Conocimiento, 4.536.572 euros; la de Bienestar Social y Familia, 1.000.000 euros; la de Enseñanza, 44.942.283,55 euros; la de Empresa y Empleo, 193.500 euros; la de Salud, 71.895 euros; la de Gobernación y Relaciones Institucionales, 48.746,31 euros; la de Interior, 31.700 euros; la de Justicia, 1.414.735,10 euros; y la de Territorio y Sostenibilidad, 22.508,07 euros.

Destaca, por encima de todas, entre las partidas desglosadas, los 10.226.957,87 euros destinados por la autonómica Secretaría de Comunicación, adscrita a la Presidencia de la Generalidad, para subvenciones a proyectos y actuaciones de ‘los medios de comunicación en catalán o aranés’, así como al fomento y consolidación del ‘espacio catalán de comunicación’.

El uso de las lenguas

Al margen de la suma total de euros a cargo del presupuesto de la Generalidad, el informe presenta ‘la situación lingüística’ del catalán en Cataluña en el año 2011. Así, el 96,3% de la población adulta entiende el catalán, el 80,5% lo sabe hablar (un porcentaje que se ha incrementado en más de 16 puntos respecto a 1986) y el 65% lo sabe escribir (un aumento de más de 33 puntos respecto a 1986).

El porcentaje de población que tiene el catalán como lengua materna es del 37,5% del total de la población de la Comunidad, una cifra estable ‘con una leve tendencia al crecimiento en los últimos tres años’. Frente a este dato, entorno al 56% de los ciudadanos tienen el español como lengua materna.

Además, el catalán es la lengua habitual para el 43% de la población (tres puntos y medio más que en 2010) y el español, para el 51,6% de la ciudadanía (cuatro puntos y seis décimas más que el año anterior). La estadística aportada por la Generalidad no señala las personas que utilizan las dos lenguas habitualmente.

En lo relativo al uso de las lenguas oficiales en Cataluña, el 63,1% utiliza el español en sus casas (un punto y medio más que en 2010) y el 49,1%, el catalán (4,1 puntos más que el año anterior). En este caso (en respuesta múltiple), el informe tampoco especifica el porcentaje de ciudadanos que utiliza en sus casas las dos o más lenguas.

Finalmente, también en respuesta múltiple, el uso del catalán y el español entre los amigos y en el trabajo aumenta respecto a los datos aportados en el informe del año 2010. Entre los amigos, el uso del español es del 79,3% de la ciudadanía y del catalán, el 61,9%. Y en el trabajo, el español lo utiliza el 80,1% de la población y el catalán, el 66,8%.

Mascarell vincula catalán y secesión

Relación de centros universitarios y estudiantes de lengua catalana o/y literatura catalana por países (fuente: Informe de Política Lingüística 2011).

Relación de centros universitarios y estudiantes de lengua catalana o/y literatura catalana por países (fuente: Informe de Política Lingüística 2011).

Por último, un dato que Mascarell ha hecho hincapié durante la presentación del informe ante la prensa -intervención que ha obviado el coste global de las políticas lingüísticas- es el número de estudiantes universitarios de lengua y/o literatura catalanas fuera de Cataluña. En total, en el año 2011 lo hicieron 7.216 personas en alguna de las 123 universidades del resto de España y el extranjero (en total, 32 países).

Este número de estudiantes supone un 5,24% menos que el curso anterior. En 2010 se impartían cursos en 125 universidades, dos más que en 2011. El consejero ha criticado que en el resto de España haya menos universidades (cuatro) y estudiantes (187) que en el extranjero, en países como Alemania (24 y 1.463), Estados Unidos (13 y 458), Francia (13 y 1.035), Italia (12 y 565) y Reino Unido (18 y 1.084).

Mascarell ha presentado el informe con el mismo discurso que hace un año y medio, culpabilizando al Gobierno y al Estado de las “piedras en el zapato” que tiene el desarrollo de la lengua catalana. Así, ha criticado la “ofensiva por parte del Estado” que, en su opinión, “no solo no lo protege [al catalán] sino que le niega el carácter de novena lengua de Europa con políticas contrarias” a su “desarrollo”. “El Estado ha jugado en contra del catalán muchas veces”, ha añadido.

En este sentido, el consejero ha ejemplificado estas “piedras” y la “ofensiva” con las sentencias de los tribunales de justicia que exigen a la Generalidad aplicar el bilingüismo en las escuelas de Cataluña y no privilegiar el uso de una de las lenguas oficiales (el catalán) sobre la otra (el español) en el ámbito público.

Aunque el ex dirigente del PSC y también ex consejero de Cultura con este partido, ha señalado que “la lengua catalana tiene una salud crecientemente positiva, y la lengua española, una magnífica salud en Cataluña”, no ha dudado un instante en vincular uso, promoción y protección del catalán con la secesión: ”Es fácil vincular estas dos cosas. En todo caso, lo hemos de vincular porque es la única manera de decir que el futuro acabe bien pronto, en el sentido de que bien pronto acabe la normalización del catalán”.

ETA
En territorio comanche
Cayetano González Libertad Digital 7 Mayo 2013

Reconozco que me hubiera gustado presenciar in situ la perfomance llevada a cabo la pasada semana por el artista granadino Omar Jerez, cuando, simulando haber sufrido un atentado terrorista –cara y manos ensangrentadas, ropa hecha jirones– y portando un supuesto cadáver envuelto en una manta térmica, recorrió varias calles de la parte vieja de San Sebastián, lugar emblemático donde los haya para los simpatizantes de ETA y donde atreverse a entrar sin ajustarse, al menos en el aspecto externo, al perfil abertzale conlleva bastantes riesgos.

Pero me conformaré con imaginar las caras de asombro primero y de rabia después de todos esos dueños de bares, restaurantes, establecimientos varios y vecinos en general que durante tantos años han hecho de esa parte vieja de la bella Easo un coto vedado, un territorio comanche, sólo transitable y habitable para los suyos.

Porque en esa parte vieja ETA asesinó en la década de los noventa a tres personas. El atentado más conocido fue el perpetrado el 23 de enero de 1995 contra el presidente del PP de Guipuzcoa, Gregorio Ordóñez, cuando comía en compañía de algunos colaboradores suyos, entre ellos María San Gil, en el bar La Cepa. Pero es que dos años antes, el 19 de enero de 1993 –víspera de la fiesta de San Sebastián y a punto de iniciarse la popular Tamborrada– la banda terrorista asesinó al empresario y exjugador de la Real Sociedad José Antonio Santamaría, mientras cenaba con un grupo de amigos en la conocida sociedad gastronómica Gaztelupe. En otra sociedad gastronómica ubicada en esa parte vieja, la Unión Artesana, fue asesinado otro empresario guipuzcoano, José Manuel Olarte, el 27 de julio de 1994.

El gesto de Omar Jerez tiene el simbolismo de haberse atrevido a introducirse en lo que podría ser considerado el epicentro del apoyo social a ETA, aunque no es el único, porque tampoco se quedan atrás, en lo que a ambiente favorable a la banda terrorista se refiere, localidades guipuzcoanas como Mondragón, Ordicia, Lasarte o Hernani.

En unos tiempos en que todo ese mundo que algunos llaman ahora la izquierda abertzale está tan crecido, y tiene claros motivos para estarlo, después de la legalización por parte del Tribunal Constitucional de Sortu, después de la vuelta a las instituciones, después de conseguir gobernar en Guipuzcoa, en San Sebastian y en muchos mas ayuntamientos vascos y navarros, que un actor, “españolazo” dirían ellos a modo de insulto, les dé esa lección de dignidad moral, les abofeteé en sus propias narices denunciando de una forma tan clara su inmoralidad al no condenar los crímenes de ETA, supone al menos un motivo de satisfacción y, lo que es mas importante, un homenaje in situ a todas las víctimas del terrorismo y a todos los que en San Sebastián han tenido que soportar la chulería de muchos de los habitantes de esa zona de la ciudad.

Entre la foto de Omar Jerez con su perfomance por la parte vieja de San Sebastián y la de las hijas de Eguiguren y Otegui recibiendo un premio concedido por el Ayuntamiento de Guernica a sus padres por su supuesta contribución al mal llamado “proceso de paz” impulsado por Zapatero, no hay duda. La dignidad y el respeto a la memoria de las 858 personas asesinadas por ETA están en la primera instantánea. En la segunda, además de una miserable utilización de dos niñas menores de edad, lo que se encuentra es el intento por parte de sus progenitores de plasmar ese falso relato de lo que ha sucedido en el País Vasco, donde ellos no quieren que haya vencedores ni vencidos.

 

Por una ley de lenguas (de una maldita vez) *
Catalán, vasco y gallego deberían ser también lenguas oficiales del Estado. Pero poco avanzaremos en el logro de la paz lingüística si los gobiernos de comunidades bilingües no desisten de posiciones maximalistas
Juan Claudio de Ramón El País  7 Mayo 2013

Lo más absurdo de los problemas de España es que tienen solución. Algunas están tan al alcance de la mano, que uno se siente tentado de pensar que es la mala fe de los políticos, y no su incompetencia, la que impide el acuerdo. Ocurre singularmente con la querella de las lenguas, que tanto desfonda nuestra convivencia.

España no es, en su diversidad lingüística, muy distinta del resto de países. Albergar más de una lengua es la regla en los Estados, no la excepción, y en casi todos se registran tensiones de variado voltaje. Basta viajar un poco para hallar conflictos que traen un inconfundible aire de familia. Sucede que los países, al hacerse mayores —al adoptar la ley democrática— se procuran soluciones razonables que cifran en la ley. En España, en cambio, preferimos seguir semienterrados en nuestro secular duelo a garrotazos. Culpa y vergüenza nuestra. Necesitamos como el respirar una ley de lenguas oficiales. El precio que estamos pagando por no tenerla, en forma de envenenamiento, bronca y derroche malsano de energía, es inasumible. ¿Qué espíritu debería guiar esa ley?

Convendría, para empezar, que el Estado se tomara en serio la pluralidad de lenguas en España. En esta tarea nos hemos quedado a medias. La Constitución de 1978 permitió a hablantes de catalán, vasco y gallego salir del reducto familiar en el que el franquismo los había confinado. Nuevas generaciones pudieron educarse en su lengua, se cambiaron las leyes del registro, se rescataron toponimias tradicionales, se ha distinguido a escritores en catalán, gallego o euskera con premios nacionales. Es injusto pensar que nada se ha hecho, y erróneo que está todo hecho.

En realidad, la rehabilitación de estas lenguas es mérito de sus hablantes y las autonomías; la Administración general se ha conformado con poco, so capa de que solo eran oficiales en sus respectivas comunidades. Lo más triste es que la España que solo habla castellano no termina de percibir que existen amplias porciones del territorio en las que se habla, además, otra lengua, que es la materna para muchos españoles. No es que los españoles de raigambre castellanoparlante se opongan a la existencia de esas otras lenguas; sencillamente, tienden a no interesarse por ellas. Como consecuencia, existe una asimetría entre lo que una persona instruida de, digamos, Gandía, sabe de Garcilaso, y una de Toledo, de Ausiàs March.

Catalán, vasco y gallego deberían ser lenguas oficiales del Estado, con el castellano. A algunos les dará la risa y otros se llevarán las manos a la cabeza. ¿No existe ya una koiné, una eficaz lengua común? ¿No conllevaría una factura monstruosa multiplicar todo por cuatro? Pero la cooficialidad de las cuatro lenguas no significa que todos los funcionarios deban aprender las cuatro ni que todo acto administrativo deba cuadruplicarse. Se trata más bien de una obligación de visualizar el hecho de que todas ellas son lenguas españolas, de igual rango y dignidad, y de facilitar su uso, en el nivel estatal, de manera razonable y progresiva. No parece alocado poder declarar en tribunales con jurisdicción en todo el Estado, solicitar la renovación del DNI o consultar las páginas web ministeriales en el idioma oficial de la preferencia de cada uno.

En principio estas disposiciones ya existen, pero no se vela por su cumplimiento. No haría daño que el aeropuerto de Barajas saludase a los viajeros también en catalán, o que el catálogo del Museo del Prado estuviese disponible en euskera. Ni pasaría nada si dejásemos de emplear la letra ñ en todos los logotipos oficiales. Una ley de lenguas oficiales debería mandatar a los poderes públicos para que estimulasen el aprendizaje de las otras lenguas españolas, de manera que en el currículo de un colegio andaluz se estudie la última poesía en gallego, nociones de catalán, o la fascinante filogenia del euskera. A los que objetaran el coste de estas medidas —que no sería, sospecho, tan descabellado— cabría responder que es el precio de una mejor España. ¿Qué debería suceder en el Congreso? En mi opinión, en el Congreso, por ser el foro común por antonomasia, debería hablarse en la lengua común, para resaltar precisamente su valor de acervo compartido. En el Congreso el castellano merece más que en ningún otro lugar ser llamado español. Pero incluso en ese caso el hablar español debería ser fruto de la costumbre entre diputados, y no una obligación reglamentaria.

Ahora bien, poco avanzaremos en el logro de la paz lingüística si las comunidades con más de una lengua no desisten de posiciones dogmáticas y maximalistas. Tomemos el caso de Cataluña, por ser en ella más reñida la cuestión. Nadie niega el derecho de los nacionalistas catalanes a defender su modelo de enseñanza monolingüe, pero les pediríamos que no invocaran para ello falsos pretextos. A menudo escuchamos decir a los portavoces del catalanismo que en Cataluña no hay un problema de lenguas, que son todo insidias de la prensa de Madrid. Pero son familias catalanas, y no tertulianos madrileños, las que batallan en los tribunales, y son intelectuales y académicos catalanes los más conspicuos críticos del sistema. Por si fuera poco, tenemos conocido que mozos de escuadra y otros colectivos han encontrado un singular medio de protestar: usar únicamente el castellano, capitalizando el estigma que pesa sobre él. ¡Curiosa manera de no tener un problema!

En cuanto a la supuesta insignificancia del número de disconformes, podemos descontar que al menos los 700.000 votantes de PP y Ciutadans (y no pocos, oso sugerir, del PSC) querrían transitar hacia un modelo bilingüe. Nada sabemos con certeza, porque la Generalitat nunca ha realizado una encuesta dirigida a toda la sociedad catalana, con las preguntas adecuadas, para saber lo que en realidad prefieren los padres. Acaso intuye el Gobierno catalán que las preferencias serían más matizadas de lo que pregonan. Porque de matices, de equilibrios, se trata.

La Generalitat nunca ha realizado una encuesta en la sociedad catalana para saber lo que prefieren los padres
Está al alcance de cualquier inteligencia que una enseñanza bilingüe no implica la temida segregación por razón de lengua; no se separa a los alumnos, se separan las materias, unas pocas en una lengua, otras tantas en otra. Es una razonable vía intermedia que los nacionalistas catalanes se encargan convenientemente de olvidar, aunque luego algunos no se recaten, si pueden, en enviar a sus hijos a escuelas extranjeras basadas en esa filosofía. Sobre el supuesto aval internacional al modelo catalán, como ha explicado la profesora Mercè Vilarrubias en este diario, se trata de un sistema que no existe en ningún otro país o provincia del mundo con más de una lengua oficial (ni siquiera en Quebec, donde los anglófonos disponen de escuelas en inglés). Ese derecho a la enseñanza bilingüe (sin que ello implique la doble vía) también habría de ser recogido por una ley como la que propongo.

La mera discusión de un proyecto de ley de lenguas ya sería beneficiosa. Comprobaríamos si hay en nuestros políticos genuina voluntad de acuerdo. En su tramitación cada partido tendría que avenirse a ser razonable o exhibir públicamente su intransigencia. La ley sería divisiva en un buen sentido: quedarían arrinconados los extremos. Los tribunales dejarían de hacer malabarismos para salvaguardar derechos ciudadanos sin enmendar leyes enteras. Cabría esperar de los medios de Madrid y Barcelona (sí, también los de Barcelona) una información responsable. Por desgracia, ningún partido parece estar interesado en ser el portavoz de esta propuesta, basada en el puro sentido común. Intuyo que los españoles seguiremos a garrotazos sin necesidad. Insisto: las soluciones están al alcance de la mano —y del intelecto—, a condición, únicamente, de que todos seamos razonables. Y si finalmente no hay acuerdo, será porque nunca lo quisimos.

Juan Claudio de Ramón es diplomático.

Ser diplomático o ser ....
Nota del Editor 7 Mayo 2013

18 Mayo 2013. Claro como el agua que hay que hacer otra ley, como tenemos poca normativa, podemos seguir aumentando el papel impreso, para que los diplomáticos, al menos algunos, no se dediquen a escribir humor y se dediquen a sus cosas serias, si es que las hay. Como historia de humor resulta tétrica, y su su intencíón era honesta, bien pensada, es mejor que se dedique a hacer punto, sin íntención de molestar a quienes encuentran la actividad relajante.

Ser razonables con la locura es un poco difícil .¡ Hay que ver como está la marca España con estos mimbres !.

ADOCTRINAMIENTO PANCATALANISTA
Círculo Balear denuncia a los 43 colegios que participaron en el 'Correllengua 2013'
"SI BIEN HA SIDO UN FRACASO DE PARTICIPACIÓN, EN LOS CENTROS ADHERIDOS SE HAN REALIZADO ACTOS DE EXALTACIÓN NACIONALISTA EN HORARIO LECTIVO"
 www.lavozlibre.com 7 Mayo 2013

Palma de Mallorca.- La Fundación Círculo Balear (FNCB) ha denunciado a los 43 centros educativos que se han sumado a la campaña política nacionalista denominada 'Correllengua 2013', que finalizó este sábado, y consiste en llevar una antorcha con la "llama de la lengua catalana" por los diferentes centros educativos de Mallorca finalizando con una lectura contraria a las políticas del gobierno balear y en defensa del pancatalanismo. "Si bien ha sido un fracaso de participación, en los centros adheridos se han realizado actos de exaltación nacionalista en horario lectivo", afirman desde la FNCB.

La FNCB denuncia a estos centros educativos por haber realizado una actividad política en horario lectivo y utilizando a menores de edad sin autorización de sus padres o tutores. O, en el mejor de los casos, engañándolos al pedirles autorización para participar en una actividad lúdica, cuando realmente se trata de actividades políticas como lo

demuestra la lectura de un manifiesto por parte de los alumnos menores de edad en el que se reivindica: "Hacer servir siempre y en todas partes nuestra lengua (la catalana) arrinconada y marginada cada día más por los gobernantes de esta isla", "el gobierno de la incultura ha promovido con todos sus medios un menosprecio salvaje hacia los mallorquines. Quieren destruir la cultura propia (la catalana). Ataques que no estamos dispuestos a soportar".

La FNCB ha recordado que "la lectura de estos manifiestos y el relevo de la antorcha "de la lengua catalana" entre niños de primaria y secundaria viene acompañado por mensajes y banderas independentistas catalanas instaladas en los centros educativos. La campaña se inició el pasado 18 de abril en el Monasterio de Lluch apoyado por los monjes nacionalistas que quieren convertir el santuario mallorquín en una especie de reserva espiritual del pancatalanismo a imitación de Montserrat. "Utilizó para esta actividad a los niños conocidos como 'blavets de Lluch'. El prior de Lluch, Antoni Vallespir, animó a los organizadores, la sección juvenil de la entidad independentista Obra Cultural Balear (OCB), Joves per la llengua, a seguir luchando por la identidad catalana de Mallorca.

La FNCB presenta la denuncia ante la consejería de educación del gobierno balear y ante el Defensor del Pueblo al considerar que se vulnera la neutralidad ideológica exigida en todas las actividades de naturaleza escolar. "Es ilegal e intolerable intentar manipular a menores de edad mediante actos de exaltación nacionalista en horario lectivo", ha afirmado el presidente de la FNCB, Jorge Campos.

INTERIOR SE PRONUNCIA SOBRE LA DETENCIÓN DE SEIS ETARRAS
'Golpe casi mortal a la estructura logística de ETA'
R. C-M www.gaceta.es 7 Mayo 2013

Fernández Díaz felicita a las fuerzas españolas y francesas por la detención y recuerda que a ETA le queda disolverse ella o esperar a que el estado la deje convertida en unas siglas, "como el GRAPO".

El Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha calificado la detención de seis presuntos miembros de ETA como un "golpe de gran calado a la ya maltrecha estructura logística de ETA", lo que, unido a la desaparición formal del aparato militar -tras el cese de la violencia anunciado por la banda- supone casi el desmantelamiento del grupo asesino.

"Sitúa de nuevo a ETA ante lo inevitable de su disolución. O se disuelven ellos o los dejaremos reducidos a una siglas, como el GRAPO", ha dicho el ministro en una rueda de prensa larga y marcada por la alegría y las felicitaciones a la Guardia Civil y a la Policía francesa por esta operación que llevaba gestándose desde ocutubre.

-¿Qué tal ministro, cómo está?- decía en tono protocolario una periodista antes de formular su pregunta. El ministro respondía con humor -hoy mejor que otros días, la verdad- evidenciando la alegría por esta exitosa operación.

Los seis detenidos conformaban tres tándem del grupo logístico de la banda terrorista que queda así sin tres servicios "básicos y vitales" según el ministro: falsificación de documentos, custodia de zulos y robo de vehículos.

Sin negociación
Preguntado sobre el último comunicado de ETA y sobre la oportunidad o no de "poner en peligro" las reivindicaciones de la banda, Fernández Díaz ha remarcado que el único comunicado que espera el Gobierno de ETA es el de su disolución definitiva. "El Gonierno dijo que ni había negociado, ni negocia ni negociará con terroristas y estos hechos demuestran que decía la verdad".
No bajamos la guardia, no cantamos victoria y trabajamos en la disolución total de ETA. Ese ha sido el mensaje final de un ministro exultante ante una operación que, ha subrayado, implica una capacidad logística y de inteligencia extraordinaria.

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