AGLI Recortes de Prensa   Viernes 17  Mayo 2013

Negociar con un nacionalista
Recado de Vidal Quadras a Mas: 'Mira, Arturet'
R. C-M www.gaceta.es 17 Mayo 2013

El europarlamentario popular llama chusma y panda de delincuentes a los nacionalistas catalanes y explica su receta contra ellos.

Se hablaba de independentismo catalán y dinero en 'El Gato', pero el europarlamentario popular Alejo Vidal Quadras decidió cambiar de tercio y analizar las ansias soberanistas desde el punto de vista político. Y lo hizo con rotundidad.

Primero, el análisis: "Hay una comunidad autónoma española que está en un proyecto de destrucción de la Constitución y de liquidación de la Nación. Es un proyecto agresivo e implacable, un problema político de primera magnitud. Quieren destruir la matriz de nuestros derechos". Primera parte de análisis que convierte a los independentistas catalanes en "enemigos mortales en el sentido político".

Llegan los hechos: "Esta gente ha despilfarrado de forma tan brutal que tiene un déficit bestial y ahora pide ayuda porque no puede pagar hospitales, pensiones, dependencia. Eso es un chantaje intolerable. Es lo que corresponde a esta panda de delincuentes que practica su habitual inmoralidad". Añade más: "Son chusma, se ha sabido todo lo que han venido robando", dice Alejo que menciona entonces el libro La pasta nostra de Xavier Horcajo.

Y, por fin, la solución. "La que haría un presidente de verdad al frente del Gobierno de esa Nación amenazada". "¿No tienes dinero, no puedes pagar las nóminas? Mira, Arturet [Artur Mas], tienes este problema y el Estado español puede ayudarte". Las condiciones de Alejo para esa ayuda están claras: "Se ha acabado la independencia, el referendum, la agencia tributaria, el Consejo de Transición, las embajadas y la discriminación lingüística. Todo eso lo vas a hacer, y en el momento que hagas todo eso, pero no antes, empezamos a hablar del dinero. Si no lo haces te dejaré quebrar, intervengo la Autonomía y tú te vas a tu casita y el Estado se hace cargo de la Comunidad que tú no has sabido gestionar".

Más claro, agua.

Y si no se cumple ¿qué?
J. de Mendizábal www.vozpopuli.com 17 Mayo 2013

El Gobierno y, en general, sus delegaciones en las comunidades autónomas, recuerdan cada dos por tres que hay que cumplir la Ley y acatar las sentencias de los tribunales... pero dirigiéndose, no a la población en general, ¡sino a otras instituciones y cargos del Estado! ¿Cómo es posible que haya que repetir lo obvio? Evidentemente porque se incumplen ambas cosas sistemáticamente desde los propios poderes públicos. Si a los cargos y representantes políticos hay que recordarles, desde el Gobierno, que sería conveniente cumplir la Ley ¿en qué fase del proceso prerevolucionario nos encontramos exactamente? Y, sobre todo, ¿por qué hemos llegado hasta aquí?

Empezando por la segunda cuestión: hemos llegado hasta aquí porque en España saltarse la ley a la torera en el ámbito público no tiene coste alguno (en el privado, las cosas cambian sustancialmente). Hace un par de meses escuchaba una entrevista de Carlos Herrera a Luis Garicano -profesor economista de la London School of Economics- en la que comentaba que "la corrupción afecta gravemente a la imagen de España en el exterior, pero no porque no haya probablemente la misma en otras partes del mundo desarrollado, sino porque en España, aun conociendo a los culpables, los procesos se eternizan y, al final, no pasa nada. No hay nadie en la cárcel". Y ponía ejemplos concretos. Cierto, pero es que, además, el asunto ni mucho menos se queda en la corrupción. Se amplía a la protección de la propiedad privada (Gordillo, aforado, asaltando fincas...), al derecho a la intimidad, al honor, a la privacidad (escraches, extorsión...), a educarse o rotular en español... pongan el derecho privado que les plazca, vulnerado por personajes pagados por todos. Hay casos para aburrir.

Volviendo a la primera cuestión (la fase exacta del proceso prerevolucionario en el que nos encontramos) hemos de concluir que progresamos adecuadamente. Presidentes de comunidades autónomas declaran abiertamente que no piensan cumplir sentencias firmes, que no piensan aplicar tal o cual tasa o impuesto estatal, que van a hacer lo que les venga en gana, en definitiva. Esto es perfectamente ampliable a ayuntamientos sin banderas, por poner sólo un ejemplo.

¿Y qué? ¿Qué pasa en las diferentes comunidades, ayuntamientos, países y naciones que conforman lo que se viene denominando Estado español si los distintos poderes públicos no cumplen la Ley o las sentencias condenatorias? NADA. No pasa nada. Este es el problema. No hay miedo a la sanción, caso de haberla. Les sale gratis incumplir. Nadie es inhabilitado, ni apartado de la vida pública de inmediato, ni mucho menos, detenido.

Las sanciones, multas, penas las inventaron los romanos para poder vivir en sociedad (antes, directamente, te cortaba la cabeza el de al lado). Nuestro Derecho proviene en un porcentaje altísimo de su Derecho. Deberíamos volver a lo más básico, dado que se han traspasado los fundamentos mínimos de lo razonablemente admisible.

Y, desde luego, no vale que la señora vicepresidenta les/nos recuerde que España es un Estado de Derecho, que hay que cumplir la Ley y acatar y cumplir las sentencias ¿No me diga? ¿Seguro? ¿Y si no, qué pasa?

Pregunta final: Caso de no ir ciego como un piojo o huyendo de la policía ¿por qué no va usted a 180 km/h por la carretera? Por miedo a la sanción. Pues eso.

Muy crítico con Wert
Francisco Caja: "Se han bajado los pantalones"
Convivencia Cívica Catalana acoge con decepción la solución de la LOMCE para el bilingüismo. Lo que tiene que hacer, ha dicho, es "cumplir la ley".
esradio Libertad Digital 17 Mayo 2013

En una entrevista En Casa de Herrero, de esRadio, Francisco Caja ha criticado duramente lo que contempla la nueva ley educativa sobre el bilingüismo: el Gobierno adelantará el coste de colegios privados que enseñen en castellano para quien lo pida y luego deducirá el importe de la financiación autonómica.

En opinión de Caja, el Ejecutivo "se ha bajado los catalanes". En su opinión, la ley es "un disparate" y sitúa a los castellanohablantes en Cataluña "con menos derechos que en Andorra". Para Caja, "el Gobierno no se ha atrevido a hacer cumplir la Constitución como juraron en su día. Aquí no tenemos Constitución, ni derechos y libertades básicas. Fundamentalmente la culpa es del Gobierno central, que gobierna y no se atreve con sus obligaciones constitucionales".

Además, Caja ha lamentado que esta solución "pone a los pies de los caballos, de la burocracia y de la administración" a los padres que batallan por una educación en castellano. "Deberíamos tener una educación bilingüe de antemano. La ley del ministro Wert es inconstitucional", ha zanjado.

Se descontará el coste a las autonomías
El Gobierno pagará colegios privados para garantizar la enseñanza en español
La Ley Wert renuncia a combatir la inmersión lingüística. Los alumnos que quieran estudiar en español serán enviados a la privada.
Libertad Digital  17 Mayo 2013

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la séptima norma educativa en 37 años de democracia, para su remisión "inmediata" al Congreso de los Diputados, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría

En comparecencia junto al ministro de Educación, José Ignacio Wert, Saénz de Santamaría ha afirmado que se trata de "la ley más importante de la Legislatura" y "una de las reformas fundamentales" del Ejecutivo, pues tiene "un doble cometido esencial, mejorar la calidad de la educación y la empleabilidad de los jóvenes".

Una de las principales novedades se refiere al capítulo lingüístico. Aunque según la Constitución, todos los españoles deberían tener derecho a recibir la educación en español, el Gobierno asume en esta ley su incapacidad de hacer cumplir la Constitución en algunas regiones como Cataluña. Así, costeará la educación en un colegio privado de aquellos alumnos que deseen educación en español y su comunidad autónoma no se la ofrezca en los centros públicos y, según ha explicado Wert, descontará después este dinero de la financiación autonómica.

El ministro Wert ha dicho que los casos de alumnos que quieran estudiar en español y no puedan hacerlo en regiones como Cataluña son "muy excepcionales". De hecho, ha valorado en cinco millones de euros el coste total que pueden suponer estos casos. Además, Wert ha dicho que es un "mecanismo temporal y subsidario" hasta que sean las autonomías las que garanticen la enseñanza en español.

"Necesitamos la remodelación urgente de nuestro sistema educativo porque no nos podemos permitir las cifras de fracaso, abandono y paro juvenil", ha señalado Sáenz de Santamaría, quien ha destacado que la reforma tiene entre sus objetivos refuerzo de conocimientos instrumentales, la flexibilización de las trayectorias, la incorporación y desarrollo de sistemas de evaluación externa y la promoción de la autonomía en los centros docentes.

Asimismo, ha destacado que para su redacción "se han tenido en cuenta" las opiniones de las comunidades autónomas, los padres de alumnos, los docentes, los representantes sindicales, los profesionales de la educación, las asociaciones, plataformas y los ciudadanos en general con un buzón de sugerencias.

Luz verde para la LOMCE
La Religión contará para la nota media y no se podrá pasar con más de dos suspensos
Ahora, la LOMCE iniciará su trámite parlamentario. Se quiere implantar a partir del curso 2014-2015, pero puede retrasarse hasta el 2015-2016.
O. Moya Seguir a @oliviamoya Libertad Digital

"No ha habido ninguna reforma educativa tan revolucionaria (como ésta) desde la LOGSE de 1990", señalaron fuentes del Ministerio que dirige José Ignacio Wert poco antes de que el Consejo de Ministros aprobara la Ley de Mejora de la Calidad Educativa. El Gobierno dio su visto bueno este viernes a la LOMCE, que se presentó sin cambios sustanciales con respecto a lo que ya se conocía hasta ahora. De esta manera, contestan a aquellas voces que cuestionan la idoneidad de llevar a cabo una enésima reforma educativa.

Sus objetivos fundamentales son "reducir las tasas de abandono y fracaso escolar" y mejorar la "empleabilidad de los jóvenes". El texto mantiene las líneas generales del proyecto (adelanto de itinerarios hacia la FP, reválidas, nuevo reparto de competencias entre el Gobierno y las autonomías para diseñar los contenidos escolares), pero introduce pequeños cambios para adecuarse a algunas de las objeciones que puso recientemente a la norma el dictamen del Consejo de Estado.

Los principales cambios del proyecto de ley, que a partir de ahora inicia su tramitación parlamentaria con la oposición de todos los grupos políticos, son:
Asignaturas troncales, comunes y obligatorias

Las asignaturas se dividirán en troncales, específicas y de libre configuración para garantizar "un núcleo básico homogéneo" de los contenidos en todas las comunidades autónomas.

El Estado será el que defina los contenidos y la forma de evaluación de las troncales y los criterios de evaluación de las específicas. Las autonomías sólo tendrán total libertad para definir las de libre configuración y las asignaturas sobre sus lenguas cooficiales.

Evaluaciones nacionales y suspensos
Desaparece la selectividad y se implantarán evaluaciones externas al finalizar ESO y Bachillerato. El ministro ha negado que sean "reválidadas" que impidan seguir estudiando si se suspenden, pero ha explicado que será necesario aprobar estas pruebas para conseguir la titulación.

En Primaria la prueba se efectuará en tercero para medir la capacidad en lengua, escritura y cálculo y serán diseñadas por las comunidades autónomas en contra de las anteriores que serán competencia del Ministerio de Educación y se realizarán y corregirán por personal externo al centro. Esta prueba en Primaria no puntuará para nota pero sí servirá de indicativo para saber en qué hay que reforzar a los alumnos. Sí serán puntuables y harán media las evaluaciones de 4º de la ESO y Bachillerato.

Además, a partir de ahora no se podrá pasar con más de dos asignaturas suspensas, siempre y cuando entre esas asignaturas no estén las matemáticas y la lengua castellana/cooficial. En este caso, tampoco.

La nota de Religión y su alternativa cuenta
Las asignaturas de Religión y su alternativa (Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria) serán evaluables y su nota contará para la media del curso "a todos los efectos" como para obtener una beca, por ejemplo. "Hasta ahora la nota no contaba porque su alternativa era el recreo", señalaron dichas fuentes. Es obligatorio ofertar la religión, pero no lo es escogerla. Tampoco se incluirán en las evaluaciones nacionales.

El alumno podrá optar por una de ellas o estudiar las dos a la vez en lugar de cualquier otra optativa, según explicaron fuentes ministeriales.

Por otro lado, se suprime finalmente la asignatura de Educación para la Ciudadanía a pesar del informe del Consejo de Estado que pedía que se mantuviera, pero su contenido pasa a ser transversal, es decir, que se incluye en otras asignaturas.

Además, sobre otro de los puntos polémicos, el de las subvenciones a los colegios que separan por sexo, Educación ha introducido una cláusula por la que estos centros tendrán que justificar que su modelo es tan aceptable como el mixto si quieren acceder a algún tipo de subvención pública. El Consejo de Estado así lo había reclamado.

La reforma de 4º de la ESO y la nueva FP
Otra de las novedades será la reforma de 4º de la ESO que tendrá dos itinerarios, uno enfocado al Bachillerato y otro a la Formación Profesional. Se convertirá en un curso puente o pasarela y "cumple un poco" con la función de lo que habría sido hacer un Bachillerato de tres años en lugar de dos. Si finalmente no se ha aumentado el número de cursos de Bachillerato es, entre otras cosas, porque "estructuralmente resultaba muy complicado y caro para los centros", dijo Wert.

La reforma educativa incluye también una reforma de la Formación Profesional básica enfocada a los "jóvenes que tienen dificultades en completar el ciclo de la ESO" sin que suponga por ello "un itinerario cerrado" ni una "carrera secundaria", según ha detallado Wert.

Europa pagará la mitad del coste de la reforma
El coste estimado de la reforma y su implantación es el mismo. El Ministerio no lo ha revisado tras el informe del Consejo de Estado. Pero lo que sí se ha hecho durante este tiempo, de ahí el retraso en la aprobación de la ley, es negociar con Trabajo. Lo que se hará es intentar que en torno a la mitad del dinero que costarán los cambios (unos 200 millones de los 400 previstos en tres años) lo ponga la Unión Europea. El Gobierno solicitará que ese dinero salga del Fondo Social Europeo. Y es casi seguro que se consiga, señalaron las citadas fuentes. Ese ahorro para las arcas públicas se producirá en los costes directos, es decir, la que pondrá el Gobierno central, y no en los costes indirectos, que sufragarán las comunidades y dependerá del éxito que tenga la reforma, es decir, del número de alumnos que sigan estudiando en vez de abandonar el sistema educativo.

Sobre la memoria económica la implantación de la ley supondrá unos gastos en el primer año de 22 millones de euros, 130 en el segundo año y 255. Este dinero se destinará a costear la nueva FP y de los itinerarios hacia ésta y Bachillerato al final de la ESO. (Pinche aquí para ampliar la información relativa al coste de la reforma).

Además, se dotará a los centros y a los directores de una mayor autonomía, y, por contra, se les exigirá una mayor rendición de cuentas y una mayor transparencia.
Lenguas cooficiales

Por último está la polémica de las lenguas cooficiales y en concreto la trifulca con Cataluña. Finalmente, la solución que se da en la 'ley Wert' es que aquellos padres que quieran ver reconocido su derecho a que sus hijos estudien castellano puedan acudir a un centro privado y los costes corran a cargo de la Administración: la central en un primer momento y la autonómica finalmente, puesto que estos costes se descontarán después a la comunidad autónoma de la financiación educativa.

La solución es sencilla: si Cataluña no quiere recibir menos dinero del Estado "que cumpla las sentencias", señalaron a LD fuentes ministeriales. "Tenemos el deber de hacer cumplir" lo que en los fallos judiciales se insta, subrayan. Y añaden: "Son derechos individuales, da igual que sean muchas o pocas familias las que lo soliciten", concluyen.

Consejo de Ministros
El Gobierno destina 5 millones de euros para garantizar el derecho a la educación en castellano
Esta medida, "temporal y excepcional", sólo afectará a aquellos sistemas en los que se impone una sola lengua vehicular en educación, es decir, la inmersión lingüística de Cataluña. La LOMCE es la séptima ley educativa en 37 años de democracia y se espera que esté aprobada "en otoño" y llegue a las aulas en el curso 2014/2015.
Nacional www.VOZPOPULI .com17 Mayo 2013

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha anunciado que la recién aprobada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) garantiza el derecho de los padres a elegir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza de sus hijos, con independencia de que conviva con la lengua cooficial.

"Esta medida va dirigida a aquellos sistemas en los que se impone una sola lengua (la inmersión linguística en Cataluña); los sistemas con bilingüismo integrado o con uso preferente de una lengua cooficial no se ven afectados", ha matizado.

Esta medida, temporal y excepcional, contará con un presupuesto de cinco millones de euros hasta que las administraciones educativas puedan garantizar una oferta razonable de educación en castellano. "Este cálculo es una hipótesis basada en las peticiones que ha habido en Cataluña", ha explicado.

Entre los numerosos cambios que contempla la LOMCE, enfocados a reducir los niveles de fracaso y abandono escolar y la mejora de la empleabilidad de los jóvenes, se modifica la distribución competencial del Estado y las Autonomías -que será conforme a bloques de asignaturas- con el fin de garantizar la homogeneidad del nivel educativo en los distintos territorios. "De los 27 países de la Unión Europea, España es el que presenta las diferencias más acusadas entre sus distintos territorios", ha justificado el ministro.

Asimismo, se apuesta por la Formación Profesional como una "salida digna y enfocada a la empleabilidad", ya que el ministro la considera la mayor debilidad de nuestro sistema desde el punto de vista de titulación. "No sólo será más digna, sino más accesible y flexible. No debe ser un camino de segunda categoría".

Para lograrlo, se prevé la creación de una Formación Profesional Básica, de dos años de duración, que será obligatoria y sustituirá a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), dirigidos a alumnos de 15 años. Además, introduce asignaturas en la FP de grado medio orientadas a sectores profesionales y facilita el paso hacia la FP de grado superior. "La implantación de la formación profesional básica constituye una posibilidad para los jóvenes que tienen dificultad para concluir los estudios de ESO", afirma.

Una ley polémica pero "imprescindible"
La andadura de la LOMCE se inició el pasado 21 de septiembre, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de la ley. Desde entonces, su principal promotor, el ministro Wert, se ha reunido con la mesa sectorial de Educación (sindicatos) y con las comunidades autónomas, y ha sometido la iniciativa al dictamen del Consejo Escolar y del Consejo de Estado.

"Se trata de una de las reformas más importantes de esta legislatura. Necesitamos una renovación urgente de todo el sistema educativo", ha asegurado la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. "No podemos permitirnos una tasa de abandono escolar del 25% (1 de cada 4 alumnos), una tasa del desempleo juvenil del 57% y un 23% de jóvenes que ni estudia ni trabaja (sólo superado por Israel)".

Soraya Sáenz de Santamaría afirma que la inversión en educación es muy superior a la media de la OCDE, a pesar de los pobres resultados obtenidos en el informe PISA. "La inversión en educación se ha duplicado en la última década y el fracaso escolar también. No hay, por tanto, argumentos para defender el sistema actual", explica.

Itinerarios, más independencia y exámenes de fin de etapa

Entre las principales novedades se encuentra la implantación de evaluaciones a nivel estatal al final de Primaria, ESO y Bachillerato, además de una prueba en 3º de Primaria para la detección precoz de problemas de aprendizaje en los alumnos. Los exámenes de ESO y Bachillerato serán necesarias para obtener el título y, en concreto, el segundo, que los sectores críticos llaman "reválida", sustituirá a la actual Selectividad.

"Se trata de volver a la cultura de la evaluación. No son esencialmente pruebas de conocimiento sino que señalarán la asimilación de competencias de los alumnos" ha relatado el ministro, que se opone a que sean consideradas 'reválidas'. "No son obstáculos ni limitadores, son caminos de señalización".

Otro de los cambios más notables afecta a 3º de la ESO, pues se adelantan a este curso los itinerarios hacia la FP y el Bachillerato a través de asignaturas optativas. Estas dos vías estarán ya completamente diferenciadas en 4º de la ESO.

Además, la LOMCE aumenta la capacidad del Ministerio de Educación para decidir sobre los contenidos comunes de las asignaturas mientras cede libertad a centros y comunidades autónomas para hacer lo propio con las materias no instrumentales, a fin de que se especialicen. Mientras, se incrementa la carga lectiva en todas las etapas de las asignaturas instrumentales -Matemáticas, Lengua e Inglés-.
Se mantienen los pilares fundamentales de la LOMCE
La Ley Wert sitúa la Religión y las Matemáticas al mismo nivel: ambas harán media
El Gobierno adelantará 5 millones de euros -que después descontará a las comunidades autónomas- para garantizar el derecho a estudiar en castellano en todo el territorio español
Elsa S. Vejo, Sígueme en @elsavejo. Estrella Digital 17 Mayo 2013

Ya lo advirtió el viernes pasado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la última rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "La ley se va aprobar manteniendo los pilares fundamentales inicialmente previstos". Dicho y hecho. Ni la huelga general de Educación que se celebró la semana pasada, ni las múltiples mareas verdes que se propagan casi diariamente por las calles españolas han hecho desfallecer al Ejecutivo 'popular' en su empeño inicial: "Remodelar urgentemente el sistema educativo español", según han repetido hasta la saciedad la portavoz gubernamental y el ministro de Educación, José Ignacio Wert, este viernes durante la presentación del proyecto de ley de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Después de ocho meses de negociaciones, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una de las leyes más controvertidas de esta legislatura. De hecho, pasa a su tramitación y discusión en las Cortes Generales con la calle en pie de guerra.

Pocas sorpresas hemos recibido parte del Gobierno en esta materia, pero alguna hay. El nuevo texto normativo mantiene las líneas generales del anteproyecto, como el nuevo reparto de competencias entre el Gobierno y las autonomías para diseñar los contenidos escolares, el adelanto de itinerarios hacia la FP o las famosas reválidas -que Wert se ha esforzado en dignificar-; pero lo cierto es que también introduce pequeños cambios. ¿El principal motivo? cumplir con algunas de las objeciones que el dictamen del Consejo de Estado puso a la norma.

En este sentido, el Gobierno ha presentado dos novedades reseñables. En primer lugar, y tal y como ha adelantado el ministro, a partir del próximo curso, la asignatura de Religión contará igual que el resto de materias -las que el Ejecutivo ha tildado de "instrumentales"- y servirá para pedir ayudas y becas. Una importante novedad teniendo en cuenta que con la LOE ni era evaluable al final de curso ni servía para pedir becas. "Será evaluable pero no será objeto de evaluaciones nacionales", ha sido la explicación de Wert a este respecto. Es decir, cada año contarán para la media global, pero en las tres pruebas finales que el Ejecutivo dispone con esta nueva normativa al final de cada ciclo -las llamadas reválidas- no se incluirá. Además, la asignatura de Religión deja de ser excluyente. Es decir, hasta el momento, el alumno debía elegir entre cursar esta asignatura o su alternativa -que con la nueva ley pasa a denominarse Valores Culturales y Sociales-. Ahora, esto dejará de ser así. Ambas asignaturas pasan a ser optativas, de tal forma que un alumno que se matricule en Religión podrá también aprender valores culturales y sociales, sin que una asignatura discrimine a la otra. Y por lo tanto, ambas contarán para hacer media y pedir ayudas y becas.

Y en segundo lugar, se garantiza el derecho de todos los españoles a elegir el castellano como lengua vehicular en su educación. Éste siempre fue uno de los asuntos más polémicos de la normativa. Y el Gobierno parece haber encontrado la solución: adelantará el dinero para pagar a los colegios privados donde se matricularán los alumnos que no encuentren otra opción de estudios con más clases en castellano. Pero finalmente será la comunidad autónoma de turno la que deberá hacerse cargo de este coste, puesto que el Ejecutivo lo retirará de las transferencias presupuestarias. Eso sí, los padres que quieran optar por esta enseñanza tendrán que iniciar un procedimiento administrativo a través de la Alta Inspección Educativa donde demostrarán que no tienen otras posibilidades. ¿La justificación de este mecanismo que el ministro ha denominado "excepcional y transitorio"? cumplir con todas aquellas sentencias judiciales que han insistido en el derecho que tienen todos los españoles de elegir la lengua cooficial en la que estudiar, independientemente del territorio al que pertenezca. ¿Cómo piensa hacerlo? reservando cinco millones de euros de la memoria presupuestaria de la ley para cubrir la escolarización de unos 1.000 potenciales alumnos que solicitaran más clases en castellano en esta comunidad. Por el momento, se ha dado la circunstancia de que en Cataluña -como claro ejemplo de región afectada por esta novedad- el curso pasado solicitaron la enseñanza en castellano sólo 17 familias.

Educación para la ciudadanía y segregación por sexo
Ahora bien, el Ejecutivo sólo ha atendido a las observaciones hechas por el Consejo de Estado que le ha interesado. En este sentido, también hay dos puntos importantes a destacar. Por un lado, la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía desaparece. Era una de las batallas en materia educativa más importante del PP cuando estaba en la oposición. Pese al dictamen elaborado por la institución presidida por José Manuel Romay Beccaría de que la nueva opción llamada "Valores culturales y sociales" no era suficiente como reemplazo, la asignatura se elimina de un plumazo. El Ejecutivo mantiene que sus contenidos están integrados ya en otras partes del currículo, pero habrá que ver cómo lo resuelve. Y por otro lado, se blindan las subvenciones a los colegios que separan por sexo. Eso sí, Educación ha introducido una cláusula por la que los centros segregados deben garantizar que la educación no es diferenciada en el contenido, sino que las clases que se imparten son iguales para los dos sexos.

Este viernes, el Gobierno del PP ha aprobado la séptima reforma educativa de nuestra democracia. En un principio lo hará solo, no parece que ningún grupo de la oposición esté por la labor de ofrecer su apoyo, aunque el discurso empleado sigue siendo el del diálogo. Se considera suficientemente legitimado para hacer estos cambios, y no sólo eso, sino que ve "muchos motivos": una tasa de abandono escolar del 24,9% que dobla a la del resto de países de la Unión Europea, una tasa de alumnos repetidores muy elevada, una tasa de desempleo juvenil que supera el 57%, un 23,7% de jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan y unos resultados académicos que se alejan de los puestos de cabeza de los países desarrollados.

Ley para la Mejora de la Calidad Educativa
La comunidad educativa se mueve entre el rechazo y la conformidad
EFE www.gaceta.es 17 Mayo 2013

La Cofapa valora que con la Lomce se da un paso más hacia la libertad de enseñanza. Los sindicatos auguran que la ley durará poco, porque nace "muerta".

Los sindicatos de docentes y las diversas organizaciones de centros y alumnos han reaccionado de distinta manera ante el proyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, moviéndose entre el rechazo, la frialdad o la conformidad.

Los sindicatos, en contra

Así, entre los sindicatos, CSIF ha augurado en un comunicado que la ley "durará lo que dure el ministro", pues nace "muerta" y tendrá poco recurrido, pues ninguna norma prosperará "si da la espalda al profesorado".

La Federación de Enseñanza de CCOO ha opinado que el Consejo de Ministros ha hecho "oídos sordos" a las recomendaciones del Consejo de Estado y que el ministro José Ignacio Wert condena a la educación a la "degradación" progresiva por aprobar la reforma con el "rechazo" de toda la comunidad escolar.

En la misma línea, FETE-UGT ha afirmado que el proyecto de Lomce genera "incertidumbre" en aspectos "esenciales" como la educación en valores, la "segregación" educativa por sexos, la memoria económica o la regulación de la escolarización en castellano en CCAA con lengua cooficial, que generará "un conflicto innecesario".

Estos dos sindicatos forman parte de la Plataforma Estatal por la Educación Pública, junto a padres y alumnos, que convocaron una huelga general educativa el 9 de mayo contra la Lomce.

Día de 'luto por la educación'

Por su parte, la Comisión Permanente de la Conferencia de Decanos de Educación ha señalado su "profundo desacuerdo" con la reforma educativa defendida por el ministro Wert, al considerar que es necesario no segregar en edad temprana a los alumnos al plantear itinerarios como hace la Lomce o que se dedica en ella "escaso tratamiento" a la educación infantil.

Escuelas Católicas ha acogido con "frialdad" el nuevo proyecto de ley educativa porque cree que no garantiza la resolución de los problemas del actual sistema educativo y no ha habido "un diálogo productivo en su proceso de elaboración".

El presidente de Educación Sin Fronteras, Héctor Litvan, ha exigido la retirada de la reforma, ha abogado por un gran pacto social por la educación y ha manifestado que "hoy estamos de luto por la educación".

Similar opinión tiene el Consejo de la Juventud de España, que ha expresado que la Lomce generará "desigualdad" y nos aleja de los sistemas educativos europeos. En concreto, "la eliminación del poder de los Consejos Escolares y la cesión de autonomía al director del centro sin una mínima rendición de cuentas" es, para este consejo juvenil, el punto más criticado.

La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) ha dicho que la Lomce es un proyecto de ley que ha sido elaborado "sin diálogo con la comunidad educativa, sin un diagnóstico previo en profundidad de los problemas de nuestro sistema, sin debate social y, sobre todo, sin voluntad de buscar soluciones compartidas". "Estamos ante otra reforma educativa de partido, algo nefasto en un país que lleva con ésta siete reformas educativas", ha comentado esta confederación estudiantil.

La ANPE, por su parte, lamenta y aunque el texto conste de modificaciones de última hora, recomendadas por el dictamen del Consejo de Estado, no se hayan aplicado todas las recomendaciones de dicho organismo. También considera que sigue contando con numerosos desajustes que pueden hacer muy difícil su aplicación.

La asociación recalca que ha defendido en todo momento la necesidad de una reforma del sistema educativo, pero rechaza este texto porque considera que "no es la reforma global y profunda que se necesita para acabar con el fracaso y el alto índice de abandono escolar y para implicar y motivar al profesorado".

Voces críticas a favor
Por contra, la Confederación de Padres de Alumnos (Cofapa) ha valorado que con la Lomce se da un paso más hacia la libertad de enseñanza y mejora de la calidad Educativa, y contribuirá a mejorar la calidad del sistema educativo y reducirá el fracaso escolar.

Desde la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) se ha expresado "satisfacción" con la reforma al suponer "un cambio sustancial del modelo educativo que venimos padeciendo, un sistema que conducía a un alto e inaceptable nivel de fracaso escolar".

Sin embargo, Concapa ha apuntado varias "carencias" en la Lomce, como las referidas a medidas innovadoras para mejorar la Educación Infantil y Primaria o para equiparar los alumnos de la enseñanza pública y la concertada en los niveles de grado medio y Bachillerato.

La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha manifestado su "conformidad" con la Lomce a la vista de la alta tasa de abandono escolar y los muy bajos resultados de competencias y capacidades; así ha valorado las evaluaciones externas que impone la reforma o que se faculte a las autonomías poder concertar al menos toda la etapa de Primaria y de ESO.


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Cerviz flexible
Alfonso Basallo www.gaceta.es 17 Mayo 2013

¿Como calificar a un Gobierno que cede ante unos caraduras?

Qué dirían ustedes de un país donde te dedicas a reventar nucas, te sacas luego de la manga una coartada política, cambias el mono de matón por el traje de diputado y te presentas a las elecciones, con la inestimable ayuda de un Constitucional que lava más blanco, porque tapa con harina zarpas de lobo?

¿Qué dirían ustedes de un país en el que para detener a una condenada por ayudar a los asesinos hace falta 300 ertzainas, 40 furgonetas, un helicóptero y una lancha, porque un centenar de radicales impide la detención? ¿Qué dirían ustedes si la portavoz del partido blanqueado coacciona a la Policía y se queja de la detención, en tono amenazante?
Todo eso ocurre en una región de ese país. Pero hay otra donde se ven escenas no menos escandalosas. ¿Qué dirían ustedes de un Gobierno regional que exige al de Madrid la bolsa a cambio de personarle la vida? ¿No creen que aún es peor que el Gobierno central ceda al chantaje, concediendo al caradura una reducción del déficit mayor que el resto de las comunidades? ¿Cómo lo calificarían?: ¿máxima flexibilidad de la cerviz?, ¿complejo?, ¿injusticia? Se agotan los calificativos para definir a quien escarba dinero de las depauperadas arcas públicas para dárselo a un manirroto que lo despilfarra en caprichos independentistas.

Sabemos que la política es el arte del pacto y del toma y daca. Pero pruebe a explicárselo al ciudadano asfixiado por el IRPF y el IVA. Pruebe a explicarle al exiliado forzoso del País Vasco o la víctima del terrorismo que una amiga de los etarras da lecciones a los ertzaina, parapetada tras el disfraz de portavoz de Bildu.

Y convénzale luego de que el político es un servidor público y no otra cosa. Por ejemplo, servil con el poderoso, e implacable con el débil.

Resistencia simulada
editorial El Correo 17 Mayo 2013

El desafío de la izquierda abertzale en Ondarroa constituye un episodio más del final de la égida etarra

La detención de Urtza Alkorta, después de tres horas de actuación policial frente a la resistencia que oponía el escudo humano en torno a la joven reclamada por la Justicia, permitió ayer medir la distancia a la que todavía se encuentra la izquierda abertzale del Estado de Derecho. El puente de hierro sobre el Artibai fue el escenario final del ritual que durante días representó en Ondarroa la izquierda abertzale.

La apariencia de un acto de desobediencia civil ocultaba el enésimo desafío a la Ley y a la causa -colaboración con ETA- por la que había sido condenada Alkorta. La permisividad con la que el Departamento de Seguridad retrasó hasta ayer el cumplimiento del mandato judicial no fue suficiente para que los congregados evitasen sus últimos escarceos de resistencia a la Ertzaintza.

Cada una de las personas que se hicieron arrastrar por los integrantes del operativo policial vivió un momento épico -por emplear los términos de la 'Askegune' de Ondarroa- precisamente en el ocaso de la égida etarra. La mayoría de ellas sentiría que ya no tendrá muchas más oportunidades para realizarse en la liturgia antirrepresiva, que tiende a ensalzar a los victimarios como víctimas.

Aunque su comedida negativa al arresto judicial de Alkorta, mediante una fingida oposición a que la Ertzaintza se la llevase, y la disposición mostrada por la requerida a dejarse llevar sin intento de huida constituyen el mejor retrato de la situación en que se encuentran los últimos restos del pasado etarra.

Por eso mismo conviene recordar que la policía autonómica no solo ejerció el papel que le corresponde de ejecutar las resoluciones judiciales, sino que el cumplimiento de su cometido no puede dar lugar a mensajes con sesgo exculpatorio. La persistencia del mal no debe conducir a jueces o gobernantes a disculparse por tratar de prevenirlo o perseguirlo. Tanto Arkotxa como Mintegi argumentaron que no caben detenciones ni encarcelamientos en la «nueva fase», dando por sentado que el cese «unilateral» de las actividades terroristas por parte de ETA debiera ser correspondido con el desistimiento del Estado de Derecho y la indulgencia plena sobre las responsabilidades contraídas en un pasado reciente. Es una de las lecciones que tiene pendientes la izquierda abertzale, aunque sea como fatal conclusión de su trayectoria.

RETRATO DE UN ATRACO
Envolverse en la senyera para robar las carteras de todos
Pascual Tamburri Bariain www.elsemanaldigital.com 17 Mayo 2013

Cataluña es el mejor ejemplo de cómo y por qué el nacionalismo sirve para justificarlo todo, especialmente los delitos. ¿Todo vale, si se envuelve en la bandera adecuada?

Xavier Horcajo, periodista, escritor y profesor de economía, tiene probablemente todo lo que hace falta para ponerle el cascabel al gato de la corrupción catalanista. Un gato del que se habla poco o nada, pero no porque no exista sino porque da miedo a muchos de sus teóricos enemigos. Horcajo, además de sus conocimientos profesionales, trabaja para el grupo Intereconomía, lo que le da la libertad y la independencia de las que no gozaría escribiendo en Barcelona; pero sí ha trabajado en la capital catalana, y conoce a fondo y de años los entresijos de la capital del "oasis catalán", desde los 23 años de reinado de Jordi Pujol i Soley al actual de Artur Mas i Gavarró.

Lo cierto es que con la autonomía, en cualquiera de sus fórmulas de gobierno, la Generalitat catalana se ha distinguido por una anormal abundancia de casos de corrupción política. Con CiU o con el Tripartito, antes o después, políticos de todos los niveles se han lucrado con su posición y han beneficiado a empresas suyas, cercanas, amigas… o dispuestas a pagar. Esto no son ya suposiciones, son hechos juzgados y certificados, aunque el sistema ha conseguido que las condenas hayan tardado en llegar, hayan sido muy leves o se hayan indultado. Es incluso un negocio transgeneracional, como lo describe Horcajo para todos los españoles gracias a Sekotia, puesto que a Pujol y sus apoyos políticos, antes y después de Banca Catalana, le han sucedido sus hijos y familiares, de manera que la Cataluña real del siglo XXI es no sólo más corrupta sino más caciquil y oligárquica que las anteriores, inclusive la del franquismo.

En Navarra bromeamos a veces, y más este último año, con la corrupción que se emboza en la bandera regional y santifica, legitima o al menos perdona actividades ilegales, inmorales o al menos antiestéticas de políticos nacionalistas o regionalistas que empuñan la bandera por un lado y la caja por el otro. La Cataluña nacionalista nos lleva mucha ventaja en este camino, como aprendemos leyendo a Xavier Horcajo. "La bandera catalana ha sido el refugio de conductas indignas". Comisiones para todo, nombramientos trufados, dinero en manos de los partidos y de sus líderes, o de sus empresas, en paraísos fiscales de todo tipo. La autonomía, que vino predicando honestidad y acusando al centralismo de expolio, se ha convertido en excusa de los mayores latrocinios. También de los políticos de regiones ricas respecto a los bienes y derechos de las regiones menos desarrolladas, pero eso, también, lo cubre la bandera.

Los Pujol, que crearon a su imagen y semejanza su partido y su Administración, son ahora infinitamente más ricos que al entrar el president en política o que al empezar la Transición. La bandera, el carisma, la ideología, la reivindicación, la lamentela nacionalista, todo ellos ha servido para justificar o tapar el enriquecimiento de algunos de los nacionalistas. Y es que hay, y cómo, una relación entre nacionalismo y economía, pero no la que los nacionalistas esgrimen habitualmente en tiempo de crisis, diciendo que el Estado oprime a las regiones, sino casi la opuesta: las regiones con un nacionalismo o un regionalismo avezado en el expolio sufren más la crisis, aunque sus clases políticas la sufran menos.

El nacionalismo, también el vasco pero sobre todo el catalán, tiene una fama inmerecida de sensato, de dialogante, de buen negociante, prudente y comedido. Esa fama ha causado incluso división de opiniones en el PP catalán (dejemos descansar por ahora al vascongado), de manera que Jorge y Alberto Fernández Díaz y Alicia Sánchez Camacho creen o han creído que pese a todo el partido de Pujol, Durán y Mas, pese a su currículum, podría aliarse solventemente con el PP, mientras que Alejo Vidal-Quadras, quizá por ser catalán de nacimiento, origen y cultura familiar, lo ve como un enemigo objetivo del núcleo de lo que el PP dice o decía defender. Entender este problema requiere conocer el catalanismo y el uso que de él se hace, y para eso ningún instrumento mejor que este libro de Horcajo, además de tantos de sus programas.

Lo que continúa
¿Es una protesta pacífica movilizarse en defensa y exaltación de los que practican la violencia?
Patxo Unzueta . El Pais 17 Mayo 2013

El rector de la Universidad del País Vasco (UPV) se ha dirigido a seis de los profesores que en su día se vieron obligados a abandonarla bajo amenaza de ETA, emplazándoles a regresar y recuperar sus plazas a comienzos del próximo curso dado que, según la Ertzaintza, ha desaparecido (por el cese de la violencia terrorista) la amenaza que les forzó a irse.

El asunto está siendo polémico. Es lógico que la UPV, que ha seguido pagando los sueldos de esos docentes desplazados a otras Universidades, les plantee la posibilidad de volver, pero de manera individual y sin empujar: respetando las razones personales, familiares, académicas que podrían inclinarles a seguir en el centro universitario de acogida. Respetando incluso la diferente percepción de su propia seguridad que puedan tener esas personas.

La polémica ha puesto de manifiesto la hostilidad que sobrevive al cese de ETA, expresada en actitudes de desprecio o amenazas (en pasquines, por ejemplo) del mundo abertzale radical contra quienes no les secundan. Algo que se evidencia de manera más acusada en algunos departamentos y facultades, y que recuerda a la situación existente en pueblos pequeños dominados por ese sector.

Aunque sin la sombra de ETA las amenazas tienen menor poder intimidatorio, no puede decirse que esa presión de su entorno haya desaparecido. Dirigentes de las formaciones herederas de Batasuna, como el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, sostienen que “el cambio estratégico de la izquierda abertzale hace inviable el retorno al pasado” por parte de ETA. Pero siguen sin exigir la disolución de la banda y reclamando la negociación con ella de los Gobiernos de España y Francia como parte de lo que siguen llamando “proceso de paz y normalización política”. En esto hay una clara continuidad con su pasado.

Aunque ha habido algunos rebrotes de violencia callejera, protagonizados según la Ertzaintza por sectores próximos a la izquierda abertzale pero reivindicados en nombre de colectivos anticapitalistas, es cierto que ahora recurren generalmente a formas pacíficas de protesta, y que en sus papeles hablan de desobediencia (o resistencia) civil como estrategia de sustitución de la político-militar. Pero los objetivos por los que se movilizan siguen siendo en gran medida la defensa, exaltación y reclamación de impunidad de los que han practicado la violencia: protesta por detenciones de activistas armados en Francia, acampadas en la calle (San Sebastián, Ondarroa) para impedir la detención de personas condenadas por delitos como colaboración con banda armada o la quema de autobuses públicos, tratamiento de mártires aplicado a jefes terroristas fallecidos en prisión, como Thierry. Y en esto también hay más continuidad que cambio: en los años noventa, el 48% de las actuaciones públicas de Herri Batasuna (comunicados, manifestaciones, ruedas de prensa) tenían por objeto el apoyo a ETA, y otro 7% la crítica a la actuación policial contra ETA, según el minucioso recuento realizado en un estudio académico del profesor de la UPV J. M. Mata López sobre El nacionalismo vasco radical publicado en 1993.

Aunque sería un error identificarla con el terrorismo, esa continuidad contradice la rotundidad con que los estatutos de Sortu proclaman entre sus objetivos la “definitiva y total desaparición de cualquier clase de violencia, y en particular la de la organización ETA”. Hay por tanto razones para desconfiar de sus palabras y para mantener un nivel mínimo de exigencia a la hora de pactar con ellos en las instituciones mientras sigan actuando como abogados de la ETA residual que reclama contrapartidas para disolverse.

En sus últimos comunicados la banda reclama en particular iniciativas de España y Francia a favor de sus presos en pago por el cese definitivo de la violencia acordado por ETA; y afirma que antes de la declaración que lo anunciaba existió un compromiso en tal sentido. Pero no fue eso lo que entonces dijeron los portavoces de la izquierda abertzale, que, por el contrario, resaltaron como un mérito de la declaración su carácter unilateral, no condicionada, como también había teorizado Otegi que debía ser. Por eso se echa en falta la voz de sus dirigentes advirtiendo a la jefatura etarra que esa negociación directa con España y Francia sobre los presos no se va a producir en ningún caso.

Resistencia civil (frente a ETA) es lo que ha practicado durante más de 25 años Gesto por la Paz. Al anunciar ahora su disolución por considerar alcanzado su objetivo fundacional, el fin del terrorismo, aunque resten por resolver otros problemas relacionados, este colectivo ha recordado a la izquierda abertzale que es quien tiene “mayor capacidad de influencia sobre ETA y por tanto mayor responsabilidad” para obligarla a dar el paso de la disolución; condición a su vez para abrir el camino hacia la deseable reinserción paulatina de sus presos.



¿Quién teme que el gallego sea de todos?
Roberto L. Blanco Valdés La Voz 17 Mayo 2013

Cuando el nacionalismo no tiene un enemigo a mano, se lo inventa. Acaba de hacerlo el nacionalismo británico, que ha declarado a la UE causa de todos los males de las islas; y acaban de hacerlo, por estas latitudes, los nacionalistas gallegos, a quienes Xesús Alonso Montero, aparte de otras lindezas, les parece, ¡pásmense!, un irredento españolista. ¡El mundo del revés!

Admiro y respeto al eximio profesor desde hace años y aunque lo sé buen conocedor y gran amante de la literatura en castellano, no le he oído jamás hablar en otra lengua que el gallego. ¡Curiosos españolistas estos que utilizan el gallego de forma habitual y sorprendentes galleguistas esos que solo lo hablan ritualmente y se pasan al castellano en cuanto no tienen un micro o una cámara delante!

En defensa de una de las dos lenguas de Galicia, entonces en posición de franca discriminación respecto al castellano, Alonso Montero escribió en 1969 O porvir da lingua galega, y en 1973, su célebre Informe dramático sobre la lengua gallega, que fue un aldabonazo para toda una generación. A lo largo de los años, ese españolista, que ha llegado a presidente de la Real Academia Galega con abrumadores méritos, ha escrito ensayos sobre lo más granado de la literatura en nuestra lengua vernácula, desde Rosalía a Curros, pasando por Pimentel, Cabanillas o Cunqueiro.

¿Por qué, pues, esa inquina contra quien, solo dándole la vuelta a la realidad de un modo descarado, puede ser calificado, ya no de enemigo, sino de poco amigo del gallego?

A mi juicio, porque hay quienes, convencidos de que Galicia y la lengua gallega son su patrimonio de partido, han decidido convertir a la una y a la otra en armas de lucha política, que les sirven para distinguir a los buenos de los malos, a los de aquí de los de fuera, y a los defensores del país de los que están supuestamente dominados por lo que, en invento demencial, se ha calificado en ocasiones de autoodio.

Este país no se asemeja para nada, sin embargo, a esa forma sectaria de analizar su realidad. Y es que, como bien acaba de señalar el propio Alonso, «o galego é de todos. O idioma non é nin do grupo A, nin do grupo B, é o idioma de Galicia, fálano ricos e pobres, parados e non parados, de esquerdas e de dereitas».

¿Puede una declaración tan obvia sonar a revolucionaria? Sin duda, porque acostumbrados a un sectarismo que hace del gallego arma de separación en lugar de vínculo de unión, afirmar lo contrario con la claridad con que lo ha hecho quien hoy es nada más ni nada menos que presidente de la Real Academia Galega constituye un acto de gran valentía personal y valor cívico, que deseo agradecerle a Alonso Montero, como ciudadano y como amigo, de todo corazón. Hacer este agradecimiento el Día das Letras supone, además, un placer añadido para mí y espero también que para él.

Críticas en tromba al ministro
La Generalidad se mofa de la ley Wert y el PSC habla de "golpe de Estado"
A las críticas de asociaciones por el bilingüismo se suman las de los nacionalistas. Rigau no se toma en serio la norma: dice que no se puede cumplir.
agencias Libertad Digital 17 Mayo 2013

La consejera de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, Irene Rigau, ha calificado el proyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) de "herida enorme" a la autonomía y a la dignidad institucional y ha ironizado con la imposibilidad, según ha dicho, de su cumplimiento.

Lo ha dicho en rueda de prensa después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este mismo viernes el proyecto de la Lomce, que establece que el Estado avanzará el coste de escolarizar en castellano en colegios privados a alumnos que lo pidan, lo que se cobrará de los fondos que correspondan a Cataluña en la financiación autonómica.

Rigau ha afirmado que la solución adoptada por el Ministerio de Educación es "imposible de cumplir", además de llegar al absurdo y de partir de la premisa falsa de que los centros concertados y privados se imparte la enseñanza en castellano y los públicos en catalán, ha dicho.

"No existe el método de 'te enviaré la factura o ya te lo descontaré", ha ironizado la consejera, y ha añadido que este modelo no se sustenta en ninguna norma, por lo que no se puede aplicar.

"La oferta en castellano es dificilmente aplicable porque nadie querrá reunir en un punto de Catalunya a todas las familias", ha añadido la consejera, que ha reiterado que no se puede separar a los alumnos por razón de lengua, según fija la Ley de Educación de Cataluña (LEC).

Si prosperara el texto actual, Rigau se ha mostrado convencida de que el Tribunal Constitucional les volverá a dar la razón, como lo han hecho las sentencias anteriores con los casos particulares, ha dicho.

Un "golpe de Estado"
Desde el PSC, su portavoz y diputado en el Parlament, Jaume Collboni, ha asegurado que es un "golpe de estado" en contra del sistema educativo catalán. "Se ha aprobado sin consenso y rompe el principio de igualdad", ha afirmado Collboni, en declaraciones a los periodistas desde la sede central del PSC, y ha expresado el pleno apoyo de los socialistas catalanes a la presentación de un eventual recurso de inconstitucionalidad por parte del PSOE.

El diputado socialista ha aseverado que si no hay ningún cambio en su redactado a lo largo de su tramitación en las Cortes, "los niños se segregarán por razones de origen social, género y lengua", algo que supone para el PSC una vulneración del derecho a la educación que establece la Constitución.

Por ello, el PSC ha ordenado a sus diputados en el Congreso que sigan "muy de cerca" la evolución del proyecto, ha señalado que presentarán enmiendas para tratar de cambiar los contenidos de la ley y que apoyarán plenamente al Gobierno catalán en este tema.

Por su parte, el vicesecretario general de Coordinación Institucional CDC, Lluis Corominas, ha asegurado que su partido "no dará ni un paso atrás" en la defensa del modelo educativo catalán ya que ha demostrado ser, ha dicho, un proyecto inclusivo.
ERC lo utiliza para pedir la independencia

En cuanto a ERC, su portavoz, Anna Simó, ha dicho que con la aprobación de la norma la inmersión lingüística que se practica en Cataluña "está muerta", y ha defendido apostar por la insumisión desde las instituciones catalanas.

En rueda de prensa, la dirigente republicana ha argumentado que la única ley que debe aplicarse en la comunidad catalana es la Ley de Educación de Cataluña (LEC), y le ha lanzado un mensaje al PP: "No os saldréis con la vuestra. Ganaremos, somos muchos más que vosotros".

Para ERC, la ley es un motivo de peso más para que Cataluña apueste por el 'derecho a decidir' antes del "curso 2013-2014", y, si se consigue la independencia, ha asegurado que será la vía más idónea para evitar aplicar la ley y tener un modelo educativo al margen de las leyes españolas.

"Trabajaremos con todos los medios para que la ley no se aplique. El primer medio es la independencia, para que así Cataluña pueda hacer su propio modelo educativo de una vez por todas", ha zanjado Simó.

"Sobrarían algunos euros si solo fueran 17 familias"
Aprobada la reforma educativa
El Gobierno adelantará el dinero para las clases en castellano y la nota de Religión contará como las demás
Se ha modificado el punto que establecía la obligación de la comunidad autónoma de pagar el colegio privado si no ofertaba el castellano en el sistema público
PILAR GASSENT / AGENCIAS | MADRID www.republica.com 17 Mayo 2013

Educación adelantará el coste de escolarizar en castellano en colegios privados a los alumnos que hayan elegido esta lengua como vehicular cuando la comunidad autónoma no la oferte en el sistema público o el concertado, como han denunciado algunos padres que ocurre en Cataluña. Así consta en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), cuyo proyecto ha sido aprobado este viernes por el Gobierno. El ministro Wert ha encontrado un atajo entre su planteamiento inicial -que fuera la Generalitat la que pagara el colegio privado si no ofertaba el castellano en el sistema público- y el dictamen del Consejo de Estado, que objetó que este punto suponía una invasión de competencias porque el Gobierno no puede determinar el destino del dinero autonómico. Cataluña devolverá el dinero vía financiación autonómica, de la que se detraerá la cantidad adelantada. El ‘Govern’ ha tardado en responder, seguramente más preocupado en este momento por conseguir un déficit diferenciado que relaje un poco su objetivo. Finalmente, lo ha hecho la ‘consellera’ de Educación, Irene Rigau, que ha calificado la Lomce de "predemocrática" y ha advertido a Wert que es una reforma que "no se puede cumplir", por lo que le ha exigido que la retire y proceda a su revisión. Rigau se ha referido a un comentario de la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, que no ha ayudado precisamente a la pacificación. Cospedal ha defendido una reforma educativa que ‘vertebre una nación’. Quien sí sale ganando con la reforma es la Iglesia Católica que ha conseguido que se hiciera realidad una de sus viejas aspiraciones: que la asignatura de Religión cuente para la nota media final de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que sirve, entre otras cosas, para poder obtener becas. De esta manera, se consigue que muchos alumnos opten por esta asignatura, tradicionalmente considerada una ‘maría’ o, lo que es lo mismo, más fácil de aprobar que otras.

La reforma educativa debía haberse aprobado hace una semana pero se aplazó hasta este viernes para poder hacer los ‘retoques’ que el Gobierno admitió que necesitaba, especialmente tras el dictamen del Consejo de Estado que hacía no pocas matizaciones al texto original. El aplazamiento no ha servido, sin embargo, para aplacar la polémica que ha suscitado la reforma, a la que se opone la inmensa mayoría de la comunidad educativa, que el jueves 9 de mayo convocó una huelga general y movilizaciones en todo el país.

Para cumplir la recomendación del Consejo de Estado en lo relativo a la enseñanza del castellano, la memoria económica de la LOMCE se reserva un presupuesto de cinco millones de euros, los que se estiman necesarios para garantizar este derecho si 1.000 alumnos solicitan ejercerlo. La cantidad podría ser mucho menor, pues Cataluña dice que en un año sólo lo han solicitado 17 familias. “Si solo son 17 alumnos, como argumenta la Generalitat, el coste será insignificante”, dice el ministerio y Wert precisa: “La cifra de mil es sólo una cálculo, una hipótesis”. En cualquier caso, se trata de un adelanto económico, pues Educación se cobrará la factura de los fondos que correspondan a Cataluña en el marco de la financiación autonómica.

El mecanismo para acceder a la escolarización en castellano consiste en que las familias que la deseen reclamen, primero, por vía administrativa a la consejería de educación autonómica. En caso de respuesta desfavorable, deberán dirigirse al Gobierno a fin de que la Alta Inspección del Estado, a quien se dotará de mayores competencias para estos fines, investigue la oferta educativa en un proceso que tendrá además en cuenta las alegaciones de la comunidad autónoma en cuestión. Si los inspectores de la Administración General concluyen que, efectivamente, el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular de sus hijos está comprometido, la Secretaría de Estado de Educación pondrá los medios para derivar “de forma transitoria” al alumno a un colegio privado donde se dé esta escolarización, en tanto el Gobierno autonómico soluciona el problema.

Al cabo del curso, Educación echará cuentas y quitará lo que se haya gastado de la partida que el Estado vaya a destinar a Cataluña en el marco de la financiación autonómica, de manera que será la Generalitat quien lo acabe pagando, pues es la administración que “está incumpliendo” las sentencias del Tribunal Constitucional. Quedan para la negociación las aristas de la “proporción razonable” de enseñanza en castellano que según el alto tribunal se debe ofrecer, ya que el Gobierno no va a entrar en porcentajes y dice estar dispuesto a negociar las condiciones siempre y cuando se garantice que “no se rebasa el límite” de la inmersión lingüística, es decir, que no se excluye la escolarización en castellano. El departamento que dirige José Ignacio Wert asegura que “en meses de negociación no ha habido ni una propuesta concreta” por parte de Cataluña, que se habría limitado a “criticar” el planteamiento del Ejecutivo, quien sostiene que “no es ni complicado ni costoso” asumir cierta oferta de castellano “aunque sea pequeña”, como hacen otras comunidades.

Religión y su asignatura alternativa
Tanto la asignatura de Religión como su alternativa -Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria- serán evaluables y la nota contará para la media del curso “a todos los efectos”, ya sea para optar a una beca o para calcular el resultado de las pruebas externas de evaluación, “como el resto de las asignaturas”. Asimismo, ambas materias, que tienen un régimen especial porque es obligado ofertarlas en línea con los acuerdos con la Santa Sede -no se consideran troncales-, se podrán cursar como optativas desde la Primaria, facilitando así que quien lo desee pueda estudiar las dos y no sólo una, como contemplaba inicialmente el anteproyecto de la norma, en la que Religión y Valores eran excluyentes. El Consejo de Estado también había criticado este punto en su dictamen por entender que podía ser discriminatorio para el alumno no poder estudiar una de las dos asignaturas.

Otra de las novedades que han llegado al Consejo de Ministros afecta al paso de curso: no se podrá promocionar con más de dos suspensos y nunca si las dos asignaturas que no se han aprobado son troncales o una troncal y una lengua cooficial. La asignatura de Educación Para la Ciudadanía se diluye en “contenidos transversales” recogidos en todas las materias. De este modo, quien suspenda, por ejemplo, matemáticas y lengua, o matemáticas y lengua cooficial, tendrá que repetir. Sin embargo, si las suspensas son matemáticas y música, podrá pasar de curso. Si los suspensos son tres, el alumno no promocionará, aunque una de las asignaturas sea Religión, conforme explican las mismas fuentes.

También sobre asignaturas, cambia definitivamente el modelo de enseñanzas mínimas en virtud de un sistema de troncales, específicas y de libre configuración. Según la LOMCE, el Estado definirá los contenidos y los criterios de evaluación de las primeras y los criterios de evaluación de las segundas. Las terceras, de libre configuración, serán completamente definidas por las comunidades autónomas, al igual que la enseñanza de sus lenguas cooficiales.

En materia de educación diferenciada, la LOMCE les reconoce el derecho a acceder a conciertos económicos siempre y cuando garanticen, en línea con las indicaciones de la UNESCO, que proporcionan el mismo nivel educativo y ofrecen las mismas condiciones a los niños que a las niñas, extremo que deberán justificar los centros cuando soliciten la financiación pública, según han explicado las mismas fuentes.

Pruebas de evaluación externa
Por otra parte, en cuanto a las evaluaciones, el proyecto cambia respecto del redactado inicial: las pruebas de Primaria se realizarán en tercer curso y a nivel nacional pero el diseño del examen y todo lo que a él se refiere será competencia de las comunidades autónomas. Estas pruebas medirán la capacidad en lengua, escritura y cálculo y estarán diseñadas para la detección temprana de problemas. Por contra, la evaluación externa al término de la ESO y la que se impondrá al final de Bachillerato serán asunto del Ministerio de Educación porque servirán para la obtención del título. Además de los conocimientos se medirán competencias como la comprensión, el razonamiento crítico o la capacidad de poner en relación distintas materias, “al estilo de PISA”. En todos los casos, los controles serán realizados y corregidos por personal externo al centro.

Memoria económica de la ley
El proyecto de LOMCE recoge que hasta un 60 por ciento de los costes directos de implantación de la norma sean cofinanciados por el Fondo Social Europeo. En concreto, el 95 por ciento de todo lo que va a costar al Gobierno implantar la ley se debe a la creación de itinerarios en 4 de la ESO -harán falta más profesores- y de la Formación Profesional Básica, sin embargo, ambos aspectos son susceptibles de recibir dichos fondos europeos, pensados para educación y lucha contra el paro juvenil, y Educación confía en que así sea.

En total, Educación calcula que el primer año el coste directo será de 38 millones de euros; de 190 millones el segundo y de 340 millones el tercero. No obstante, si se descuenta lo que se prevé ahorrar con la reforma del Bachillerato, –tendrá menos opciones y se espera menos afluencia por el refuerzo de la FP–, las cantidades se rebajan a 23 millones para el primer año, 130 para el segundo y 255 en el tercero. Los costes indirectos los asumen las comunidades autónomas y dependen del “éxito” que tengan en la implantación de la reforma.

Fracaso escolar y empleabilidad
El Gobierno justifica la necesidad de esta reforma educativa en las alarmantes tasas de fracaso escolar. “El 40% de los alumnos de 15 años han suspendido, al menos, un curso”, ha afirmado el ministro de Educación al presentar la reforma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Wert ha añadido que “hay medio millón de alumnos que están repitiendo y que cuestan 2.500 millones de euros al sistema”. “Necesitamos la remodelación urgente de nuestro sistema educativo porque no nos podemos permitir las cifras de fracaso, abandono y paro juvenil”, ha señalado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha destacado que la reforma tiene entre sus objetivos refuerzo de conocimientos instrumentales, la flexibilización de las trayectorias, la incorporación y desarrollo de sistemas de evaluación externa y la promoción de la autonomía en los centros docentes.

España
El Gobierno adelantará el coste de los colegios privados para garantizar el derecho a una educación bilingüe
El texto final del Proyecto de la LOMCE aprobado este viernes no sufre grandes modificaciones respecto a los últimos borradores. Ante la dificultad para obligar a las CCAA con más de una lengua oficial a hacerse cargo del importe de una escuela privada bilingüe -en caso de no garantizar que el castellano también sea vehicular en un centro público-, el Gobierno adelantará dicho coste, que después será descontado de las transferencias autonómicas. El proyecto de ley inicia el trámite parlamentario, donde todavía puede ser modificado.
Redacción www.vozbcb.com  17 Mayo 2013

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes (foto: la Moncloa).

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes (foto: la Moncloa).

El Gobierno adelantará el dinero para pagar los colegios privados donde, aquellos alumnos que lo deseen, podrán recibir una educación bilingüe en aquellas CCAA con dos lenguas oficiales cuyo gobierno autonómico no garantice este derecho, ampliamente reconocido por los tribunales. Posteriormente, el Gobierno descontará este coste de las transferencias corrientes a dicho ejecutivo autonómico.

Ese es el sistema previsto para garantizar la educación bilingüe que recoge el Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que ha sido aprobado este viernes por el Consejo de Ministros. El texto inicia ahora el trámite parlamentario en las Cortes Generales, donde será sometido a debate y podrán introducirse enmiendas.

Durante una rueda de prensa, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha explicado que se trata de una solución excepcional y transitoria, hasta que la Administración autonómica correspondiente cumpla las sentencias ofreciendo un porcentaje “razonable” de clases en castellano, y ha subrayado que no se trata de ofrecer la opción de estudiar exclusivamente en castellano, sino de ofrecer la opción de estudiar en bilingüe:

“Lo que se ha hecho es, recogiendo las observaciones del Consejo de Estado, cumplir con nuestro papel de garantizar que se hace efectivo el derecho que asiste a los padres de que el castellano, junto con la lengua cooficial de que se trate, pueda ser utilizado como lengua vehicular en la enseñanza. Y se da una fórmula que, contra lo que en algunas ocasiones se ha escuchado, no es una fórmula de garantía de una escolarización plena en castellano.

Estamos hablando exclusivamente de aquellos sistemas en los que la administración educativa plantea el uso de una sola de las lenguas cooficiales -la lengua cooficial propia- y el derecho que asiste a los padres a que, en esas situaciones, se pueda optar por un sistema en el que el castellano sea también vehicular. Es decir, que no es preciso que sea vehicular con carácter exclusivo. Y estamos hablando no, por tanto, de sistemas que practican el bilingüismo integrado, donde la norma no supone ninguna innovación, ni de sistemas en los que coexiste ese bilingüismo integrado con sistemas de utilización preferente de la lengua cooficial pero que contemplan la posibilidad también de la utilización del castellano como lengua vehicular. Es decir, estamos hablando de algo que es muy excepcional y de un mecanismo que en la propia disposición adicional se plantea como excepcional y temporal. Es decir, como un mecanismo subsidiario hasta tanto la administración educativa correspondiente sea capaz de ofrecer una formación en centros sostenidos con fondos públicos en la que el castellano sea también lengua vehicular”.

Cinco millones de euros para garantizar el bilingüismo escolar
La memoria del proyecto de ley prevé una dotación de cinco millones de euros al año para garantizar ese derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en las dos lenguas oficiales, allí donde las haya (tres, en el caso del Valle de Arán). Este presupuesto permitiría cubrir el coste de cerca de un millar de alumnos, una cifra que coincide aproximadamente con el número de solicitudes realizadas a la Consejería de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña (todas ellas ignoradas).

En el caso de que, finalmente, este aspecto de la LOMCE se apruebe tal y como está redactado, supondría la supresión del sistema de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán que se aplica en Cataluña, y que -en contra de lo ordenado por los tribunales- prohíbe la utilización del castellano como lengua vehicular junto al catalán.

El último borrador de la LOMCE preveía que fuera el Gobierno autonómico correspondiente el que asumiera directamente el coste de los colegios privados de los alumnos que quisieran educación bilingüe y no pudieran recibirla en centros públicos. Pero un dictamen del Consejo de Estado, tras reconocer el derecho de los alumnos a recibir enseñanza bilingüe, señaló que obligar a la Administración autonómica a asumir el coste de una alternativa en un colegio privado para garantizar ese derecho podría suponer una invasión de competencias. La fórmula planteada ahora por el proyecto de ley -el colegio privado lo paga el Gobierno y luego se descuenta de las transferencias a la Administración autonómica- resolvería esa cuestión.

Fuentes del Ministerio de Educación Cultura y Deporte han explicado a Europa Press que las familias que se encuentren con la imposibilidad de escolarizar a sus hijos en bilingüe deberán reclamar por vía administrativa primero a la consejería correspondiente. En caso de que su demanda no sea atendida, deberán dirigirse al Gobierno para que la Alta Inspección del Estado compruebe que ese derecho es desatendido.

Una vez comprobado, la Secretaría de Estado de Educación pondrá los medios para derivar de forma transitoria al alumno a un colegio privado donde el castellano también sea lengua vehicular.

Rechazo de los partidos y entidades nacionalistas
Como era previsible, el redactado final del proyecto de ley no ha gustado a los partidos y entidades nacionalistas. El vicesecretario de Coordinación Institucional de CDC, Lluís Corominas, ha señalado que “la sociedad catalana no va a permitir ni una sola agresión a un elemento fundamental para la cohesión de nuestra sociedad, como es la lengua [catalana]“.

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha reclamado la retirada de la LOMCE porque, en su opinión, el bilingüismo “ataca el modelo de cohesión social de Cataluña conseguido a través del sistema educativo catalán”, y el texto responde a una “cuestión ideológica de recentralización”.

Desde UGT de Cataluña también han pedido la retirada de la ley por considerar que supone ‘un ataque sin precedentes al modelo de enseñanza del catalán en nuestro país [por Cataluña]‘. El sindicato justifica su defensa a mantener el veto al castellano como lengua vehicular escolar junto al catalán por “el desquilibrio que vive” este respecto al castellano.

La Joventut Nacionalista de Catalunya (la rama juvenil de CDC) ha instado a la Generalidad a “blindarse” contra la LOMCE porque “desmenuza el papel del catalán como columna vertebral del modelo educativo y de integración de Cataluña” y supone “un ataque contra la espina dorsal de nuestra nación [por Cataluña]. También han animado al Gobierno autonómico a no aplicarla una vez se apruebe definitivamente.

Objetivo principal: reducir el fracaso escolar
El Proyecto de la LOMCE -séptima reforma educativa en 37 años de democracia- introduce otros importantes cambios en el sistema educativo. Entre ellos, destaca la implantación de evaluaciones externas homogéneas a nivel nacional al final de cada una de las etapas educativas (Primaria, Secundaria y Bachillerato); el aumento del número de horas lectivas de matemáticas, lengua, ciencias e inglés; la eliminación de la selectividad (las universidades establecerán su sistema de acceso); el establecimiento de la elección de itinerarios en tercero de ESO; la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía; la implantación como asignaturas optativas de Religión y de Valores éticos y culturales; el fortalecimiento y la flexibilización de la Formación Profesional; y la obligatoriedad de que los colegios con educación diferenciada por sexos deban acreditar que no existe discriminación, si quieren acceder a las subvenciones concertadas.

Wert ha calificado esta reforma como “inaplazable” para solucionar el problema del elevado fracaso escolar que registran los alumnos españoles, con unas tasas de abandono escolar temprano muy superiores (el doble) a la media de la Unión Europea. Y se ha mostrado abierto a buscar “un consenso más amplio” durante el trámite parlamentario que ahora se inicia, habida cuenta de las críticas lanzadas desde la oposición.

Entre los principales objetivos también está el de reducir la dispersión de requisitos y de resultados a nivel territorial; mejorar el conocimiento de las áreas instrumentales (primera lengua extranjera, matemáticas, ciencias y lenguas); promover la autonomía de los centros docentes; y establecer “un núcleo básico homogéneo” de asignaturas a nivel nacional, lo que Wert ha calificado de “cambio en la filosofía” en la distribución de competencias entre la Administración General del Estado y las CCAA.

Según el ministro, el coste de implantación de la LOMCE será de 22 millones el primer año, 130 el segundo y 255 el tercero, la mitad de cuya financiación se espera obtener de los fondos estructurales de la UE. La previsión es que la ley esté aprobada en otoño y se empiece a aplicar en el curso 2014-2015.
 

LOS 400 MILLONES DE LA LOMCE SERÁN COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
El Estado pagará la escuela en castellano pero detraerá su coste de la financiación a Cataluña
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes a la reforma educativa de Wert (EFE).
Daniel Forcada El Confidencial 17 Mayo 2013

La nueva reforma educativa garantizará la escuela en castellano en Cataluña para todos aquellos padres que no encuentren esta oferta educativa en la red pública o concertada. La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros sigue adelante con su pretensión de garantizar este derecho en una escuela privada como último remedio en aquellas comunidades que no cumplan con las sentencias del Tribunal Constitucional que obligan a que el castellano no pueda ser excluido de la educación como lengua vehicular. Como novedad, será el Estado quien adelante el coste de estas matrículas que, después, retraerá de la financiación autonómica que corresponda a Cataluña, la única comunidad que, en la práctica, se ha revelado insumisa.

Esta ha sido finalmente el mecanismo que ha encontrado el ministerio de José Ignacio Wert para sortear las dudas que, sobre este aspecto, había manifestado el Consejo de Estado en su reciente dictamen de la LOMCE. El órgano que preside Romay Beccaría señaló que el Estado no tiene competencia para obligar a una comunidad autónoma a sufragar esta escolarización y recomendó, por ello, que esa medida no figurase en la ley.

Educación se comprometió entonces a estudiar nuevas fórmulas que sirvieran para garantizar ese derecho de las familias pues, entiende el Ministerio, que se trata de un derecho individual que el Estado debe proteger con independencia de que sean muchas o pocas las familias que reclamen este tipo de educación para sus hijos. Por ello, la memoria del proyecto de ley incluye una valoración aproximada de unos 5 millones de euros destinados a esta partida anual y que se ha calculado sobre el hipotético caso de que hubiera 1.000 alumnos afectados por esta imposibilidad de encontrar una escuela que imparta en castellano como lengua vehicular.

Fuentes del Ministerio explican que esto no ocurriría si Cataluña cumpliese con las sentencias de los tribunales, al igual que hacen el resto de las comunidades con lengua cooficial, incluido País Vasco, que oferta tres modelos distintos en función de si se prima más el euskera o el castellano o se opta por un modelo bilingüe. “La LOMCE no discute el modelo de inmersión lingüística de Cataluña, pero este tiene un límite que no se puede superar y es que el castellano no puede quedar excluido”, explican en Educación. Así, con que haya una oferta bilingüe o trilingüe quedaría garantizado ese derecho.

Para ello, los padres deberán acudir a la vía administrativa para reclamar esta solución y, inmediatamente, la Alta Inspección tendrá que evaluar y analizar si es cierto que no existe oferta adecuada en castellano en la escuela pública o concertada de la zona de influencia del alumno. Una vez escuchadas las alegaciones de la comunidad autónoma, el Ministerio será el que adelante los fondos que, después, se detraerán de la financiación autonómica.

Religión y su alternativa no serán incompatibles
Wert también ha aceptado las recomendaciones formuladas por el Consejo de Estado sobre la religión y su asignatura espejo de valores cívicos. El Órgano señaló que no podría existir discriminación hacia los alumnos que opten por estudiar religión pues perderían la posibilidad de cursar también su alternativa ética.

El Ministerio ha optado por establecer como obligatorio la elección de religión o su alternativa pero ofertar también, en el bloque de asignaturas optativas, esas mismas materias para que todos los alumnos puedan cursarlas si así lo desean. Ambas asignaturas puntuarán y contarán para la nota final del alumno, pero no formarán parte de los contenidos que se evaluarán en las pruebas de final de etapa (las reválidas) que se llevarán a cabo, en todo el país, a final de Secundaria y de Bachillerato.

La LOMCE no recuperará, como así había recomendado el Consejo, la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), pero sí que diseminará sus contenidos a lo largo del currículo académico de los alumnos.

Financiación
La LOMCE se ha aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes con un retraso de una semana sobre las previsiones iniciales pues, durante los últimos días, Educación y Trabajo han estado trabajando en los detalles de la memoria económica de la ley.

El coste de implantar la reforma educativa, que se irá adoptando progresivamente en dos cursos académicos a partir de 2014 está estimado en unos 400 millones de euros. Wert y su compañera Fátima Báñez han estudiado qué perspectivas hay de que entre el 50 y el 65% de la reforma pueda ser cofinanciada por los Fondos Sociales Europeos.

El grueso de la LOMCE, la nueva FP básica y el delante de los itinerarios entre FP y Bachillerato a cuarto de la ESO suponen el 95% de los costes de la LOMCE. Fuentes del Ministerio han explicado que ambos cosas son elegibles de ser financiadas por los fondos europeos que, eventualmente, se destinarían a las comunidades autónomas para sufragar el gasto de la implantación de la reforma.

El Gobierno adelantará el pago de las clases en castellano y se lo descontará a la Generalitat
La reforma educativa incluye una partida para garantizar la educación en castellano de los alumnos catalanes que se quita de las transferencias autonómicas
Europa Press www.lavozlibre.com 17 Mayo 2013

Madrid.- El proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, establece que la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades adelantará el coste de escolarizar en castellano en colegios privados a los alumnos que hayan elegido esta lengua como vehicular cuando la comunidad autónoma no la oferte en el sistema público o el concertado, como han denunciado algunos padres que ocurre en Cataluña, aunque luego lo recuperará detrayéndolo de la financiación autonómica.

Para ello, la memoria económica de la LOMCE se reserva un presupuesto de 5 millones de euros, los que se estiman necesarios para garantizar este derecho si 1.000 alumnos solicitan ejercerlo. Se trata de un adelanto económico, pues Educación se cobrará la factura de los fondos que correspondan a Cataluña en el marco de la financiación autonómica.

Se introduce así una novedad en el texto que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros para su remisión al Congreso respecto del planteamiento inicial, que establecía la obligación de la comunidad autónoma de pagar el colegio privado si no ofertaba el castellano en el sistema público. El Consejo de Estado dijo en un dictamen sobre la norma que con esta imposición se invadían competencias, porque el Gobierno no podía determinar el destino del dinero autonómico. Con la nueva fórmula, el concernido es el dinero de la Administración General del Estado.

Según fuentes del Ministerio de Educación, las familias que se encuentren con la imposibilidad de escolarizar a sus hijos en castellano deberán reclamar por vía administrativa primero a la consejería de educación autonómica. En caso de respuesta desfavorable, deberán dirigirse al Gobierno a fin de que la Alta Inspección del Estado, a quien se dotará de mayores competencias para estos fines, investigue la oferta educativa en un proceso que tendrá además en cuenta las alegaciones de la comunidad autonoma en cuestión.

Si los inspectores de la Administración General concluyen que, efectivamente, el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular de sus hijos está comprometido, la Secretaría de Estado de Educación pondrá los medios para derivar "de forma transitoria" al alumno a un colegio privado donde se dé esta escolarización, en tanto el Gobierno autonómico soluciona el problema.

Al cabo del curso, Educación echará cuentas y quitará lo que se haya gastado de la partida que el Estado vaya a destinar a Cataluña en el marco de la financiación autonómica, de manera que será la Generalitat quien lo acabe pagando, pues es la administración que "está incumpliendo" las sentencias del Tribunal Constitucional.

Quedan para la negociación las aristas de la "proporción razonable" de enseñanza en castellano que según el alto tribunal se debe ofrecer, ya que el Gobierno no va a entrar en porcentajes y dice estar dispuesto a negociar las condiciones siempre y cuando se garantice que "no se rebasa el límite" de la inmersión lingüística, es decir, que no se excluye la escolarización en castellano.

Las fuentes consultadas han asegurado que "en meses de negociación no ha habido ni una propuesta concreta" por parte de Cataluña, que se habría limitado a "criticar" el planteamiento del Ejecutivo, quien sostiene que "no es ni complicado ni costoso" asumir cierta oferta de castellano "aunque sea pequeña", como hacen otras comunidades.

El Gobierno paga plazas privadas para aprender en español y catalán

Á. J. M y R.C. www.gaceta.es 17 Mayo 2013

El ministro de Educación defiende las sentencias del Tribunal Constitucional en la LOMCE. No obstante, no obliga a la Generalitat a ofrecer clases en español.

Tras la LOECE, la LODE, la LOGSE, la LOPEG, la LOCE y la LOE, nace hoy la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa). Tras el debate interno y externo, el Gobierno ha presentado hoy las principales claves de esta enésima reforma educativa en una semana que se ha caracterizado, precisamente, por la dura contestación en las calles contra la norma.

El texto presentado hoy mantiene las líneas generales del proyecto inicial, Pero introduce pequeños cambios que intentan sortear algunas de las objeciones que puso recientemente a la norma el dictamen del Consejo de Estado. El punto más polémico y que supone un cambio sustancial con respecto a lo que se había hecho hasta ahora, afecta a la lengua vehicular en la que se debe impartir las clases. Para garantizar que el castellano no queda relegado como lengua secundaria en las comunidades que cuenta con lengua cooficial, el Gobierno garantizará a los padres de los alumnos que no puedan obtener el aprendizaje en castellano en los centros públicos o concertados, la escolarización privada.

Para ello, adelantará el pago de la matrícula en esos centros, pero será la comunidad autónoma la que tendrá que hacerse cargo de ese coste, porque el Gobierno lo detraerá de las transferencias presupuestarias. Para optar a esta financiación, los padres tendrán que iniciar un procedimiento administrativo a través de la Alta Inspección Educativa donde deberán demostrar que no tienen otras posibilidades. El anteproyecto de la ley sostenía que la Generalitat debía hacerse cargo del coste que representará hacer las clases en español para los alumnos que lo soliciten, un punto que el Consejo de Estado rechazaba al entender que invadía competencias de las autonomías.

Aunque el texto legislativo no nombra a ninguna comunidad, es indudable que la norma afectará fundamentalmente a Cataluña , ya que su modelo es de inmersión lingüística en catalán, es decir, no contempla escolarización bilingüe o trilingüe en centros sostenidos con fondos públicos como sí ocurre en otros lugares con lengua autonómica.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha asegurado que no se trata de un sistema de "bilingüismo" sino que las clases en español tendrán un sobrecoste, que soportará la Generalitat de Cataluña, como señalaba en su informe el Consejo de Estado.

La séptima reforma educativa de la democracia en esta materia quiere velar por la libre elección de los padres en cuestión de lengua. Es decir, que alumnos puedan aprender en español junto a la lengua propia de la CCAA.

Wert ha asegurado que no son sólo 17 familias las que piden en Cataluña una escolarización bilingüe, sino que son muchas más. La plataforma Convivencia Cívica Catalana afirmaba que se tratan de más de 1.300 familias las que han pedido español y catalán en las clases públicas. No obstante, Wert no ha desvelado en qué organismos se han realizado estas peticiones.

El ministro ha señalado que el coste será de cinco millones de euros al año para poder escolarizar en dos lenguas a los alumnos, aunque ha matizado que al final todo dependerá de los casos reales. "Sobrarían algunos euros si solo fueran 17 familias", ha indicado el ministro a preguntas de una periodista. Sin desmentir la cifra, ha señalado que "estamos hablando de hipótesis" y ha agregado que "numerosos padres han pedido a la Administración Educativa-no señalo cuál-, deseaban que sus hijos pudieran aprender también en español". "Es sobre esta hipótesis sobre la que se han hecho estos cálculos", ha indicado. Este es un mecanismo excepcional y transitorio. Es decir, en la medida en que la Administración Educativa tenga la capacidad de garantizar una oferta razonable en centros sostenidos con fondos públicos para atender esta demanda, el mecanismo supletorio, simplemente, no entra en vigor. En este sentido, ha indicado que sigue las dos sentencias del Tribunal Constitucional de 2010, una de ellas sobre el estatuto de autonomía de Cataluña. "No es una fórmula de garantía plena del español", ha indicado.
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