AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 22  Mayo 2013

Cataluña debe dinero a España
Marcello www.republica.com 22 Mayo 2013

Ya sabemos que en todas las naciones del mundo, e incluso en el seno de la Unión Europea, las regiones más ricas, industrializadas o dotadas de mejores recursos naturales, aportan más dinero a las cuentas públicas en beneficio solidario de las regiones que son más pobres, tienen menos recursos o generan menos riqueza, y que además suelen ser clientes muy especiales del comercio industrial y financieros de la regiones más ricas. Se ve con gran facilidad en la UE donde Alemania es la nación que más aporta al Presupuesto europeo.

En España ocurre lo mismo, y esa situación ha sido utilizada por el nacionalismo catalán como un argumento ‘infame’ a favor de su independencia. El que vimos en la Diada de 2012 con aquella pancarta indecente de “España nos roba”, que en su día no recibió la merecida respuesta del presidente del Gobierno Mariano Rajoy (a quien por cierto Aznar leyó ayer la cartilla si es que no le ha firmado el finiquito en ‘diferido’, que diría Cospedal).

Pero ocurre, además, que lo que dice Cataluña sobre su presunto déficit fiscal de 16.000 millones de euros es absolutamente falso y una cuenta manipulada e incompleta. Para empezar porque en ella se incluye el IVA que las empresas y bancos catalanes recaudan fuera de su territorio regional y que debería quedarse en el lugar donde se produce. Además, porque los catalanes han utilizado un método contable que no se corresponde con la realidad. Y en tercer lugar porque la relación económica de Cataluña con el Estado y el resto de España debe ser analizada de manera global y completa y no solo por el lado fiscal. De manera que si se hace la cuenta llegaremos a la conclusión de que Cataluña le debe dinero a España porque en su relación total y económica con el Estado y el resto de España gana mucho más de lo que aporta.

Para empezar en la balanza comercial, donde las ventas de los productos catalanes al resto de España es muy beneficiosa para los catalanes. Recuérdese lo ocurrido en la llamada ‘guerra del cava’ y añádase que el mercado comercial, financiero y de los servicios del resto de España y del que disfrutan las empresas catalanas es imposible de sustituir, y menos aún en tiempos de crisis del consumo. Y constituye una inmensa fuente de riqueza para Cataluña.

Para seguir por la balanza de servicios, incluido el turismo -de invierno y verano- que también es muy favorable a los catalanes. También hay que añadir las aportaciones oficiales del Estado en innovación, obras públicas y mantenimiento a todos los activos del Estado español en Cataluña como las carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, así como la parte que le corresponde a los catalanes de servicios generales del Estado como son gastos de la política Exterior, Defensa, Seguridad, gobierno de la nación, etcétera.

Es, por lo tanto, la cuenta global la que cuenta y no la parcial del ámbito fiscal, por lo que asistimos a una gran mentira, otra más, del nacionalismo catalán, que encierra el riesgo de una gran guerra comercial que imaginamos que no desean en Cataluña. Porque de la misma manera que sustituir el mercado y la clientela española para Cataluña es algo imposible, el sustituir en el resto de España los productos y servicios catalanes es, en su gran mayoría, algo bastante fácil de llevar a cabo si llegara el caso. Y además en el caso de guerra comercial muchas serían las empresas catalanas y entidades financieras que se marcharían del territorio catalán porque se juegan un mercado de 40 millones de españoles no catalanes, frente a 7 de catalanes. Y el mundo de las empresas y del dinero -máxime en Cataluña- no hace distingos ideológicos y menos para dar su apoyo a la deriva demencial del nacionalismo.

O sea, que ya esta bien de victimismo y mentiras desvergonzadas con argumentos falaces, insolidarios y antidemocráticos, como lo son el del idioma, la autodeterminación o el fiscal. O ¿acaso están los nacionalistas a favor de la autodeterminación de Tarragona, o de que todas las provincias catalanas aporten por igual a las finanzas de la Comunidad, o que en los pueblos españolistas catalanes se prohíba hablar o rotular en catalán? Ya está bien de ese discurso antidemocrático y falaz de los partidos independentistas. Y ya es hora de que el Gobierno de Rajoy presente las cuentas globales del Estado y del resto de España en su relación económica global con Cataluña para poner punto final a semejante situación. Y si Rajoy no lo hace, lo tendrá que hacer Aznar.

Duran i Lleida, Wert y el agravio catalán
Inocencio Arias www.republica.com 22 Mayo 2013

Oigo que Duran i Lleida ha escrito a Rajoy diciéndole que la ley Wert de educación hace crecer espectacularmente el sentimiento de independencia en Cataluña.

No hay que echar en saco roto la conclusión del político catalán. Para nada. Tiene una parte de verdad, pero habrá que preguntarse quién tiene la culpa de que eso suceda, de que la nueva ley encrespe, excite, ofenda de tal manera a un sector de la sociedad catalana. En una situación normal, la fría lectura del texto no podría crear ninguna brecha seria entre la sociedad catalana y la del resto de España.

En un momento como el que vivimos, sin embargo, lleno de crispación y, sobre todo, en el que el victimismo de ciertos dirigentes catalanes alcanza cotas que en otro país resultarían incomprensibles sí que es posible que la ley separe a las dos sociedades.

Artur Mas y la gente que lo rodea vienen encontrando el modo de presentar, ante la opinión pública catalana, cualquier medida del Gobierno de la nación como algo vejatorio, insultante, claramente dirigido a sofocar la personalidad catalana. Desde la forma de explicar la historia, guerra de secesión, arguyen, en vez de sucesión, hasta las cuentas pendientes con el Estado capítulo en el que remachan hasta la saciedad que son “el motor de la economía española”(¿Madrid no lo es?), que son la comunidad que más paga, incorrecto, y olvidando no sólo que quien verdaderamente paga son los individuos sino que ellos tienen un jugoso mercado español en el que colocar sus productos y que si yo me compro un yogur Danone en Almería estoy enviando mi aportación fiscal por ese consumo, de ese y de tantos productos, a Cataluña porque la empresa que lo fabrica cotiza allí.

La ley Wert, inevitable en muchos de sus aspectos por la penosa situación de nuestra educación, que estemos a la cabeza europea del abandono escolar es patético, tendrá aspectos claramente discutibles. El establecimiento de la asignatura de religión, aunque haya que aclarar que es facultativa, es decir no obligatoria, suscita evidente controversia. Que no se ponga suficiente énfasis en la enseñanza del inglés es criticable.

Ahora bien, llama poderosamente la atención que el tema que chirría enormemente en Cataluña sea el intento del ministro y del Gobierno de que cualquier español pueda educarse en la lengua que es de toda la nación (y, además, una de las de mayor progresión en el mundo). Dice el ministro que cuando aborda el asunto en el extranjero nadie entiende el sofoco de los dirigentes catalanes. A mí me ha ocurrido otro tanto, cuando explico en el extranjero que no se trata en absoluto de frenar la utilización y la enseñanza del catalán en Cataluña sino de que se pueda tener similar acceso a la del español si se desea mis interlocutores no lo entienden. Me lo hacen repetir, creen que me estoy expresando mal en inglés o en francés.

Me pregunto, por lo tanto, lo que ocurriría si, cuando el Gobierno central dicta una norma molesta para cierto nacionalismo catalán, los dirigentes de la Generalidad en vez de coger el megáfono y gritar estentóreamente: “humillan a Cataluña”, “los castellanos nos quieren robar algo sagrado de nuevo”, ” esto demuestra que no nos quieren” se dedicaran a considerar el asunto con frialdad y no a cavilar que ya han encontrado otro filón, otra causa para, exagerándola y retorciéndola, avivar el sentimiento independentista.

La Ley Wert, como otras medidas, puede haber creado bastantes independentistas. Pero serían muy pocos, poquísimos, los que nacerían sin el concurso entusiasta e incansable de avivafuegos del señor Mas y de otros dirigentes catalanes entre los que no incluyo, por lo que intuyo, al señor Duran.

El profesor chiflado
Alfonso Merlos  La Razón 22 Mayo 2013

Impresionante, extraordinario, mágico, genial. Lo del doctor Andreu Mas-Colell es un verdadero prodigio. Podríamos colegir simplemente que estamos ante la clásica figura del profe chiflado. Pero seríamos profundamente injustos. Estamos ante un personaje de convicciones férreas, innegociables: la primera, que una región con absoluta autonomía política y replegada sobre sí misma crea más riqueza y prosperidad que una economía abierta de libre mercado; la segunda, que la independencia de Cataluña consagraría el despunte de esa parte de España que sufre el desagradable lastre del resto.

Más allá del disparate y el insulto de tales teorías no soportadas por argumentos sólidos, sino montadas débilmente sobre burdas excusas, está el ridículo. Estamos ante el sujeto que en su momento confesó que el único banco que se fiaba de las mesnadas de Artur Mas y cía se llamaba «Gobierno de España».

Estamos ante el personaje que hace cuatro días ha salido a Estados Unidos en busca de financiación para cortocircuitar al perverso Montoro y ha recibido un soberano y neoyorkino portazo en las narices. O sea, asistimos a la presencia del clásico correveidile que de cuando en cuando sale a por lana y termina trasquilado. Va de suyo que el jefe de los dineros en Barcelona vuelva de forma recurrente con el cuento y las cuentas de las balanzas fiscales.

Pero más allá de las bromas, tomemos en serio sus acusaciones: NADIE (en Albacete o Valladolid o Mérida o Santander) roba a los ciudadanos catalanes. Porque robar es apropiarse de algo ajeno contra la voluntad de su dueño usando la violencia. Aquí el único atraco sigiloso es el de los mal llamados soberanistas de corbata y barretina contra los españoles que viven en una de las más hermosas regiones que tiene una gran nación llamada España. Punto.

Hasta que se garantice la oferta en la escuela pública
La LOMCE financiará estudios en castellano en colegios privados a los catalanes que lo soliciten
A.V. www.vozpopuli.com 22 Mayo 2013

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, asegura que el compromiso de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) con la enseñanza en castellano obedece a un mandato implícito del Tribunal Constitucional, que pide que haya un mecanismo eficaz para aquellos padres que quieran escolarizar a sus hijos en castellano. "La Ley no pone en cuestión el uso del catalán en la educación ni que se aplique como sistema preferente el de inmersión lingüística. Sólo pide que haya una posibilidad efectiva de ofrecer clases en castellano", ha explicado en una entrevista concedida a Onda Cero.

"De manera temporal y hasta que Cataluña pueda garantizar esa oferta educativa, los padres tendrán derecho a llevar a sus hijos a colegios privados siendo el Estado quien corra con los gastos", ha anunciado. La semana pasada, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ya se especificaba una partida de 5 millones de euros para garantizar este derecho de los padres.

Respecto a la polémica que ha provocado la asignatura de religión, Wert defiende que en la LOMCE no tiene un tratamiento "sustancialmente distinto" que en la LOE. "No es una asignatura troncal, será optativa. A nadie se le obliga a cursar la religión".

Falta de acuerdo con la oposición
El ministro Wert comparecerá en la Comisión de Educación del Congreso este miércoles para explicar las principales líneas de la LOMCE. Fue el propio ministro quien, a petición propia, solicitó comparecer frente a los grupos parlamentarios para dar cuenta de las principales líneas de la reforma educativa.

Pese a no tener consenso ni acuerdo con los principales grupos de la oposición, Wert se muestra confiado de poder alcanzarlo en los próximos meses. "No me parece tan difícil encontrar puntos de acuerdo. El problema es que hasta ahora yo no veo por parte de la oposición una voluntad de centrarse en las bases del proyecto, sino en aspectos marginales y accesorios", afirma.

"Hay un planteamiento ideológico distinto en los grupos nacionalistas y de izquierda, pero sus objeciones no tienen que ver con el objetivo central de la Ley, que es mejorar los resultados educativos de los jóvenes y su empleabilidad".

El ministro ha recordado que el 26% de los alumnos españoles no llega a titular en la educación obligatoria. "Tenemos una tasa de abandono escolar temprano que duplica la media europea, si bien con la crisis y las dificultades de encontrar empleo de los jóvenes poco preparados, ha disminuido un poco. Eso es incuestionable y convierte a la LOMCE en una prioridad".

Las reválidas elevarán el nivel educativo en tres años
Por último, el ministro Wert ha destacado que todos los países que han reformado sus sistemas educativos en los últimos 15 años han incorporado revalidas o pruebas a final de cada ciclo. "Está demostrado que a partir del tercer año provocan una mejora sustancial en los resultados educativos y elevan el nivel de los alumnos que más dificultades tienen", asegura.

"Es la garantía para alumnos y profesores de que se alcanzan los objetivos educativos y se adquiere un nivel homogéneo. No hay nada más equitativo que un termómetro común", ha explicado, al tiempo que ha anunciado el final de la Selectividad. "Al existir una evaluación externa al final de bachillerato, no es necesario realizarla", ha concluido.

Cataluña
UPyD también se opone al proyecto de la LOMCE en su parte lingüística
La formación ‘magenta’ se une a la posición de Ciudadanos y las entidades en defensa del bilingüismo, contra la ‘ley Wert’. Mas pide al PSC que defienda la inmersión sin tapujos. Rivera exige a Mas que aplique el mismo modelo multilingüe de las escuelas privadas en las públicas que dependen de la Generalidad.
Redacción www.vozbcn.com 22 Mayo 2013

A la crítica de los nacionalistas, Ciudadanos y las entidades defensoras del bilingüismo -los primeros por motivos distintos a los siguientes- se ha unido, este miércoles, la de UPyD. El portavoz en Cataluña de la formación magenta ha asegurado que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) demuestra que “las leyes y las sentencias relativas a la lengua no se cumplen por parte de la Generalidad” y el Gobierno “se ve impotente para hacerlas cumplir”.

En un comunicado de prensa, Ramón de Veciana ha señalado que “el resultado político [de la LOMCE] es nefasto”, porque “se reconoce que no existe Estado de derecho en Cataluña, por lo que las administraciones no están sometidas a la ley y se marca un espacio de impunidad e incumplimiento tolerado”.

“Wert ha preferido optar por la peor de las decisiones”
Desde la formación que lidera a nivel nacional Rosa Díez se ha criticado que “lo que cualquier independentista hubiese soñado queda reconocido por la ley Wert: Cataluña no forma parte de España ya que el Gobierno no puede hacer cumplir las leyes en esa parte del territorio nacional”.

Para De Veciana, “Wert ha preferido optar por la peor de las decisiones, que es mirar para otro lado y no querer ver los reiterados y constantes incumplimientos de las sentencias y de las leyes en Cataluña”. UPyD ha defendido que en las escuelas de la Comunidad se establezca un modelo bilingüe, paso previo a “un verdadero sistema de libre elección”.

De esta manera, además de Ciudadanos y las entidades que defienden el bilingüismo en Cataluña -con matices-, también UPyD se ha posicionado en contra del modelo recogido en el proyecto de la LOMCE, que ahora iniciará su trámite en las Cortes Generales, para que en la Comunidad los alumnos puedan estudiar en las dos lenguas oficiales como vehiculares.

Mas: la LOMCE es una “chapuza inaplicable”
Por su parte, Artur Mas (CiU), presidente autonómico, ha valorado la LOMCE como una “chapuza inaplicable”. En respuesta a dos preguntas en el Parlamento autonómico, una de Ciudadanos y otra del PSC, en sentido bien diferente, Mas ha vuelto a pedir a todos los partidos que defiendan el modelo de inmersión lingüística obligatoriamente en catalán, que excluye la lengua española como vehicular en las escuelas, en contra de lo dictado por los tribunales.

El presidente de la Generalidad, en sesión de control parlamentaria, ha recordado al PSC -que ha criticado los recortes en educación- que CiU pactó la autonómica Ley de Educación de Cataluña (LEC) cuando los nacionalistas estaban en la oposición en el Parlamento autonómico y José Montilla (PSC) era el presidente de la Generalidad, porque “puso los intereses de país [por Cataluña] por delante de los intereses legítimos” de partido.

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha reprochado a Mas que no aplique en las escuelas públicas el mismo modelo lingüístico (multilingüe) que está en marcha en las escuelas privadas. Una de estas, la Escuela Aula, es a la que el presidente de la Generalidad llevó a sus hijos. El plan lingüístico de este colegio incluye como lenguas vehiculares el español, el catalán, el inglés y el francés.

España
La DGT conmina a la Guardia Civil para que deje de multar a las concesionarias de las autopistas que incumplen la ley
Paraliza medio centenar de multas interpuestas por agentes de la Benemérita que detectaron ilegalidades en las señales de tráfico en autopistas de Galicia. En las CCAA con dos lenguas oficiales, las señales tienen que ser bilingües.
Redacción www.vozbcn.com 22 Mayo 2013

La delegación gallega de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado que no tramitará las multas que agentes de la Guardia Civil interpusieron contra concesionarias de las autopistas por incumplir varios artículos de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación.

Según ha declarado Pedro Pastor, coordinador de la DGT en Galicia, las denuncias -alrededor de medio centenar- no seguirán su trámite administrativo pese a reconocer que algunas señalas, al estar rotuladas solo en gallego o en gallego e inglés, incumplen la legalidad en materia viaria. Las multas serán archivadas por deficiente argumentación de los agentes y por tanto no significarán la imposición de la multa de 3.000 euros por cada expediente abierto.

Las denuncias se interpusieron contra las empresas concesionarias de la AP-9 y de los dos viales autonómicos de pago en La Coruña, al no incluir el español en las señales que anuncian la proximidad de un peaje, tal y como establecen las normas, que son muy claras en este aspecto.

“Una fórmula para dejar a todo el mundo satisfecho”
La normativa legal no deja lugar a dudas. En toda España las señales de tráfico deben estar en español, y en las CCAA con lengua autonómica, la señalización tiene que estar en las dos lenguas oficiales. El artículo 56 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que ‘las indicaciones escritas de las señales se expresarán al menos en el idioma español oficial del Estado’.

Y el artículo 138 del Reglamento General de Circulación indica que ‘las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas, e inscripciones, figurarán en idioma castellano y, además, en la lengua oficial de la Comunidad Autónoma reconocida en el respectivo estatuto de autonomía, cuando la señal esté ubicada en el ámbito territorial de dicha Comunidad’.

Pastor, pese a reconocer que las concesionarias incumplen la norma al rotular las señales denunciadas en gallego e inglés, sin incluir el español, ha señalado en La Voz de Galicia que “buscará una solución y una fórmula para dejar a todo el mundo satisfecho”. El delegado de la DGT ha adelantado que han requerido a la Guardia Civil para que dejen de presentar multas por este concepto.

Pontevedra, Barcelona…
Hace dos meses se dio a conocer que el Ayuntamiento de Pontevedra retira las multas de tráfico que tienen que ver con las señales viarias que están únicamente en gallego, en cumplimiento con una sentencia judicial que obliga al consistorio a devolver el dinero requisado previamente. Pese a esto, ni BNG ni PSOE, que forman parte del equipo de gobierno municipal, tienen pensado cambiar las señales para adecuarlas a la ley.

En la misma situación se encuentra el Ayuntamiento de Barcelona. Tanto en la etapa de gobierno liderada por el PSC como en la actual, cuyo alcalde es de CiU, Xavier Trias, el consistorio devuelve las multas de tráfico que se recurren alegando el incumplimiento de las dos normas citadas anteriormente. En este caso, el ayuntamiento tampoco tiene pensado ajustar las normas de tráfico a la legalidad.

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El déficit autonómico y el cabreo general
Esther Esteban Estrella Digital 22 Mayo 2013

Periodista y comentarista política

Dicen que las aguas bajan mucho más calmadas entre los barones del PP, pero yo no creo que la cosa haya amainado, ni mucho menos. El llamado déficit a la carta les ha puesto a todos en pie de guerra y el cabreo es mayúsculo, desde Extremadura a Madrid pasando por Aragón, Castilla y León, La Rioja, Cantabria o Galicia.

Que algunas comunidades autónomas como Cataluña no puedan cumplir su objetivo de déficit y no pase nada, contradice todo lo que ha repetido hasta la saciedad el gobierno y de ahí el mosqueo monumental que tiene algunos. Se nos dice que no se trata sólo de beneficiar a Cataluña que otras autonomías del PP como Valencia estarían la misma situación, pero el argumento no convence en tanto en cuanto en este país las cosas o tienen su premio o deben recibir el justo castigo. Se puede advertir que Cataluña no se puede hundir porque arrastraría a toda España en la caída y es verdad, pero lo que no puede pretender el Gobierno es que ahora los presidentes que se han apretado cinturón hasta términos insospechados y han sometido a sus ciudadanos a una auténtica y estricta cura de adelgazamiento, queden como los "primos" de la película. Por eso precisamente algunos como Monago o Ignacio González han alzado su voz y advierten con grandes dosis de sentido común que si se permite que Cataluña, Valencia, Murcia o Baleares lleguen a un déficit cercano al 2 por cierto, será casi imposible conseguir cumplir el objetivo del conjunto.

El déficit a la carta tiene muchos inconvenientes y muy pocas ventajas, al menos de momento. Sobre todo porque planea la sospecha, bastante fundada, de que su origen está en el encuentro secreto -que finalmente fue un secreto voces- entre Rajoy y Artur Mas que tuvo su continuación un poco después con Rubalcaba. Todos comentan en voz baja que lo que ha habido es un acuerdo a tres bandas y que se trata de darle un respiro al presidente de la Generalitat a cambio de que baje un poco el "pistón" sobre el tema de independencia. De ser así, de momento, no se ha visto ningún fruto porque el catalán no desaprovecha la ocasión para recordar que su objetivo es la celebración de un referéndum para, finalmente, separarse de España. Debería, sin embargo, ser consciente de lo que le está pasando a la imagen de Cataluña de puertas para fuera. Sólo recordar que recientemente el consejero de economía de la Generalitat ha vuelto de su viaje a Wall Street -donde pretendía vender deuda catalana y conseguir inversores norteamericanos- con las manos vacías. De hecho para aceptar el préstamo los bancos y los fondos inversión le pidieron unos intereses del 7,5 por cierto muy superior al que paga, por ejemplo, el tesoro. Con un ranking de bono basura la deuda de Cataluña sigue sin despertar confianza de los mercados internacionales lo que les debería servir como reflexión, si no estuvieran obsesionados, como están, en negar lo evidente que nadie entiende a Cataluña sin España ni viceversa.

Dice José Antonio Monago que el Gobierno de Extremadura no permitirá que se beneficie a Cataluña a costa de las comunidades cumplidoras y su postura es secundada por muchos otros que no lo han dicho tan abiertamente.. Su discurso es lógico teniendo en cuenta que el "Barón rojo" ha basado su gestión en el cumplimiento del déficit y repetido hasta la saciedad que Extremadura ha pasado de ser la segunda comunidad con mayor déficit en el 2011 al más bajo el pasado año, según los datos del Ministerio de Hacienda. De momento ha tenido que ir la vicepresidenta del gobierno a su tierra para limar asperezas, pero la cita que todos tienen señalada en rojo es la del próximo lunes, el día en que Rajoy se reunirá con los presidentes autonómicos de su partido para intentar apaciguar las cosas por el lío que se ha organizado con esa ocurrencia del déficit a la carta. De todas formas todo tiene un precio y esta cuestión sólo se solventa con dinerito contante y sonante. O sea que las que han cumplido tendrán que recibir compensaciones claras, se tendrá que poner sobre la mesa un sistema de incentivos que puede ser de los fondos europeos destinados a la inversión u otras fórmulas que se están estudiando ya a marchas forzadas. Eso sí también las incumplidoras, deberán ser penalizadas para que no se rompa la baraja.

'El permiso a Lasarte es un insulto al Estado de Derecho'
Juan E. Pflüger. Foro de Ermua 22 Mayo 2013

Las principales asociaciones de Víctimas del Terrorismo y el Foro Ermua critican unánimamente el beneficio penitenciario y lo consideran “continuismo en la política antiterrorista de Zapatero”.

El etarra Valentín Lasarte, que disfruta un permiso penitenciario concedido por la Audiencia Nacional, se pasea tranquilamente por la localidad navarra de Lodosa. El terrorista, que ha manifestado arrepentimiento, incumple, según las víctimas, otro de los requisitos fundamentales para recibir estos permisos. Y es que Lasarte, que cumple condena por los siete asesinatos que cometió, jamás ha declarado nada que permita completar otras investigaciones judiciales. Los portavoces de las diferentes asociaciones de víctimas no dudan en calificarle como el terrorista amnésico.

Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), ha declarado a LA GACETA que su salida es “un mazazo que se recibió cuando se conoció el auto de la Audiencia Nacional”. Ordóñez, hermana de uno de los asesinados por Lasarte, el concejal del PP Gregorio Ordóñez, se mostró convencida de que la mayoría de los españoles “no quiere encontrarse a este tipo por la calle”. Su salida es, para ella, señal de que “algo no funciona bien en el Estado de Derecho” y cree que en materia antiterrorista se sigue la hoja de ruta marcada por ETA en los acuerdos de Guernica: legalización política, flexibilización en el trato a los presos, no aplicación de la Ley de Partidos y mantenimiento de Sortu.

Inma Castilla de Cortázar, presidenta del Foro Ermua, también tiene muy claro lo que significa la salida del etarra: “El permiso a Lasarte será sólo un gesto a ETA, pero apunta a la vigencia de la vía Nanclares 2 que el Gobierno de Rajoy puso en marcha, con extraordinaria diligencia, al asumir los compromisos del tramposo proceso de negociación de Zapatero con ETA. ¿Se entendería esta política penitenciaria en cualquier país democrático para el miembro del comando Donosti, con siete asesinatos a sus espaldas, entre ellos Gregorio Ordóñez y Fernando Múgica? ETA aniquiló a sus adversarios políticos, para conseguir imponer su proyecto político: ahí están en las instituciones, burlando cada dos por tres el más elemental comportamiento exigible por un Estado de Derecho respetable. En el Foro Ermua nos parece muy bien que se arrepientan los etarras, pero el arrepentimiento no puede ser una tapadera para la impunidad”.

Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), su presidenta Ángeles Pedraza ha declarado a este diario que “la democracia no debe ser que el asesino pasee con el carrito del niño y las víctimas lleven flores a las tumbas”. También ha considerado que decisiones como esta “dejan al Estado de Derecho por los suelos y uno se pregunta qué pasa para que la Justicia se ponga del lado de los asesinos”; asimismo, considera que la politización de organismos como el Tribunal Constitucional tienen parte de la culpa de esta situación.

Desde la Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, su presidente Miguel Folguera no ha dudado en explicar que “ver a Lasarte paseando es un dolor añadido”, máxime cuando se trata de “un individuo que jamás ha colaborado con la Justicia” y coincide con Pedraza al señalar que “el politizado Tribunal Constitucional no ha cambiado” y añade que “se sigue la hoja de ruta marcada por Zapatero, el actual Gobierno continúa con la política antiterrorista del último Ejecutivo socialista”.

La DGT deja sin efecto las 54 denuncias por usar «peaxe» en las autopistas gallegas
Las atribuye a dos agentes y anuncia que buscará la forma de integrar gallego, castellano e inglés en las señales
Galicia Tráfico archivará las denuncias por la señalización en gallego
La DGT asegura que buscará el modo de compatibilizar los dos idiomas
Carlos Punzón La Voz 22 Mayo 2013

Las denuncias contra las concesionarias de las autopistas de la comunidad por rotular parte de sus señales en gallego no avanzarán finalmente en su tramitación administrativa, según anunció ayer el coordinador de la Dirección General de Tráfico en Galicia, Pedro Pastor. El máximo responsable de la DGT en la comunidad aseguró a La Voz que el medio centenar de denuncias tramitadas por la Guardia Civil de Tráfico serán archivadas por deficiente argumentación de los agentes y por tanto no significarán la imposición de la multa de 3.000 euros por cada expediente abierto como propusieron en sus boletines de denuncia contra las empresas concesionarias de la AP-9 y de los dos viales autonómicos de pago.

«Entendemos que como mucho estirando la ley daría para una sanción de tipo leve porque no genera ningún tipo de problema de seguridad vial sino que es un problema más de tipo sentimental con el idioma», dice el coordinador de la DGT contrariando así la versión aludida en las denuncias sobre la supuesta confusión que el idioma gallego puede generar en la conducción a algunos usuarios de las autopistas.

La ley salvaguarda el español
Pero aunque las denuncias sean archivadas y con ellas las sanciones propuestas, la DGT reconoce que sigue habiendo un escollo para implantar de nuevo las señales solo en gallego. El artículo 56 de la Ley de Tráfico aprobada en 1990 establece textualmente que «las indicaciones escritas de las señales se expresarán al menos en el idioma español oficial del Estado». Un real decreto posterior añadido a la citada ley como artículo 138 especifica que «las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas, e inscripciones, figurarán en idioma castellano y, además, en la lengua oficial de la comunidad». Pero en el caso de las señales de restricción de paso en los peajes que motivaron las denuncias en Galicia se establece en la instrucción R200 A, que el texto deberá ser «peaje» en la parte superior de la señala y «toll» (su traducción en inglés) en la inferior, sin dejar lugar pues al término gallego «peaxe». Sin embargo desde abril del 2010 una orden del entonces ministro de Fomento, José Blanco, remitida a Audasa y a las unidades provinciales de Carreteras en respuesta a una queja de A Mesa Pola Normalización Lingüística, determinaba la sustitución progresiva de las señales para que incluyesen la toponimia correcta «e a sinalización mediante pictogramas ou bilingüe na cartelaría para os nomes comúns», según se hace constar en una carta remitida desde el ministerio a la organización gallega.

Pocos agentes
«No pretendemos herir susceptibilidades, porque incluso esas señales de peaje se pueden colocar sin ningún texto, pero se buscará una solución y una fórmula para dejar a todo el mundo satisfecho», añade Pedro Pastor.

Según la versión del responsable de la DGT, las denuncias fueron realizadas por dos agentes de la Guardia Civil en la provincia de A Coruña, desconociendo si también se han cursado en Pontevedra, como sí señalaron a La Voz fuentes de la Guardia Civil. Tráfico asegura que se ha requerido a los agentes desde el subsector de la Guardia Civil para que dejen de denunciar a las concesionarias gallegas por las leyendas de las señales, añadiendo que algunas de las denuncias fueron remitidas a las empresas solo para que presentasen alegaciones.

«Aquí sólo tienen derechos los asesinos», asegura la viuda de Puelles
EL CORREO  22 Mayo 2013

Paqui Hernández reconoce en la Audiencia Nacional que su «vida no es vida» desde el asesinato en 2009 del inspector de Policía.

«Es injusto que estas alimañas tengan un juicio justo. Mi marido no lo tuvo», exclamó.

«Aquí, derechos sólo tienen los asesinos». Paqui Hernández mostró ayer en la Audiencia Nacional el calvario personal por el que ha atravesado desde que en junio de 2009 una bomba-lapa asesinara a su marido, el inspector de la Policía Nacional Eduardo Puelles. «Mi vida no es vida», reconoció la viuda en la primera sesión del juicio contra los tres terroristas que presuntamente cometieron el atentado, Daniel Pastor, ‘Txirula’, Iñigo Zapirain, ‘Aritza’, y Beatriz Etxebarria, ‘Kot’.

El relato de Hernández protagonizó una jornada en la que los tres procesados se negaron a contestar a pregunta alguna, al no reconocer la «legitimidad» del tribunal presidido por el magistrado Alfonso Guevara. Los supuestos miembros del comando hablaron en castellano y Etxebarria añadió que su confesión fue obtenida tras ser maltratada.

La viuda, que compareció tras un biombo, censuró a quienes reclaman los derechos de los presos de ETA y piden cambios en la política penitenciaria. «Siempre se habla de los derechos humanos, pero yo creo que, aquí, derechos tienen solamente los asesinos», aseguró en la sala de vistas. Una idea que después repetiría ante los periodistas ya en el exterior. Subrayó que, en su opinión, es «injusto» que «estas alimañas (en alusión a los etarras) tengan un juicio justo» cuando contra su marido no hubo «ningún juicio». «Decidieron matarle y ya está», insistió.

Antes, delante de los tres jueces que ven la causa, recordó aquel 19 de junio de 2009. Cómo se despidió de su marido cuando éste salía de casa para dirigirse a su trabajo en la comisaría de Indautxu, en Bilbao, y cómo una fuerte explosión la sobresaltó apenas diez minutos después. «Enseguida» supo que la víctima era su marido. Por el poco tiempo transcurrido.

Bajó a la calle y se dirigió a la explanada del barrio de La Peña, en Arrigorriaga, donde Puelles había aparcado su coche. Llegaban los bomberos, intentó acercarse al vehículo, pero le fue imposible. No le dejaron. «Cuando me llevaron de allí, el coche seguía ardiendo y nadie había apagado el fuego», explicó. Entre los presentes dijo haber visto a ertzainzas, policías municipales, vecinos y miembros del PNV, partido que gobierna la localidad vizcaína. «Mi vida ha cambiado totalmente. Yo tenía una vida normal», subrayó Hernández. En la sala de vistas escuchaban su testimonio los cuatro hermanos de Eduardo Puelles.

Sus palabras dieron paso a los testimonios de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que durante estos años han tomado parte en la investigación del atentado y en la posterior detención de los presuntos integrantes del ‘comando Otazua’. Explicaron cómo la detonación provocó un cráter en el suelo del parking, una zona asfaltada y «aislada», rodeada de vegetación y cercana a la línea del tren que une Bilbao con Orduña y a un buen número de huertas junto a la ribera del río Nervión. El vehículo, según los peritos policiales, estaba «totalmente destrozado», con el eje trasero «partido» por el efecto de la bomba adherida a los bajos del automóvil, junto al depósito de gasolina. Los agentes no pudieron extraer huellas por la «temperatura» alcanzada en la deflagración.

Los expertos de la Guardia Civil trataron de desmontar las acusaciones de los procesados acerca de unas supuestas torturas sufridas. Aseguraron que durante el arresto se cumplieron todas las «formalidades legales» y que los tres etarras firmaron sus declaraciones «voluntariamente». Y detallaron que Daniel Pastor intentó en dos ocasiones autolesionarse.

No hubo torturas
Unos argumentos que se vieron corroborados por los testimonios de los abogados de oficio que atendieron en un primero momento a Zapirain y Etxebarria. Ambos sostuvieron que no observaron que hubieran sufrido «maltrato» y que antes de que rubricaran sus declaraciones habían hablado con los detenidos «sin problemas» y sin «ningún tope».

Según el fiscal, Zapirain, Etxebarria y Pastor formaron un comando en 2006 y se dedicaron a anotar matrículas de los vehículos aparcados junto a la comisaría de Indautxu. En 2008, durante una cita en La Peña, Pastor reconoció uno de los coches, del que aún recordaba la matrícula y comprobó que lo conducía Puelles.


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