AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 29  Mayo 2013

Ajustes y reformas
Sacrificios inútiles
Emilio J. González Libertad Digital 29 Mayo 2013

Cualquiera que eche un vistazo a los datos de déficit público hasta abril no tendrá más remedio que preguntarse para qué ha servido hasta ahora tanto sacrificio como está exigiendo el Gobierno a la ciudadanía, en forma de subidas de impuestos y recortes en los gastos fundamentales del Estado del Bienestar, esto es, en educación, sanidad, pensiones y prestaciones por desempleo. Y la respuesta, para desgracia del Ejecutivo, no es otra que para nada, porque el desequilibrio de las cuentas del Estado, lejos de reducirse, sigue yendo a más. Al Gobierno y a sus corifeos, por supuesto, les va a falta tiempo para explicarnos que todo esto no es culpa suya, sino de la nueva ola de crisis económica que recorre la Unión Europea, y que, por supuesto, no hay alternativa a su política económica, en contra de lo que otros muchos dicen. Pero, llegados a este punto, conviene recordar que las excusas son como las narices: todo el mundo tiene una.

No hay nada inevitable en lo que está sucediendo con las cuentas públicas. Por el contrario, lo que está pasando es, precisamente, fruto de la política económica equivocada que está siguiendo el Gobierno. El Ejecutivo solo está apostando por las subidas de impuestos para combatir el déficit público, mientras espera a que ocurra el milagro de que la economía deje de caer y empiece a recuperarse para evitarse el tener que tomar decisiones que no quiere tomar. El problema es que esta estrategia ya no tiene recorrido. La subida de impuestos tuvo sentido al comienzo de la legislatura para evitar la suspensión de pagos del Estado, porque Zapatero se había gastado la caja de la primera mitad de 2012 y se necesitaban con extrema urgencia unos ingresos que los mercados no iban a aportar. Pero, a partir de ahí, la estrategia se ha mostrado equivocada, porque cada incremento de la presión fiscal se traduce en caídas de la recaudación, ya que deprimen la economía. Ese es el problema fundamental con las cuentas públicas de 2013, no la situación europea, si nos atenemos a las cifras de exportaciones y de entrada de turistas.

Ahora lo que toca es ponerse de verdad a reformar el sector público, porque ya no se puede financiar nuestro modelo de Estado. Ese es el problema real, y por eso es posible otra política económica, que deje de exigir sacrificios a los ciudadanos y empiece por meter mano a las autonomías, redefiniendo sus funciones y su forma de financiación, para que pase a ser a través, exclusivamente, de sus propios impuestos. Pero Rajoy se niega hacer nada de esto, y como no quiere hacerlo, pues no hace más que dedicarse a sacar de la chistera medidas como la ley de emprendedores y después decir que con esta política se facilita la llegada de la recuperación y que ésta sea intensa. Nada más lejos de la realidad. La recuperación no llegará mientras el sector público no adelgace rápida y drásticamente para poder empezar a reducir los impuestos cuanto antes. Todo lo demás solo empeora las cosas, y ahí están los datos de déficit de abril para demostrarlo

Los partidos políticos españoles nos llevan hacia el totalitarismo
Francisco Rubiales Periodista Digital 29 Mayo 2013

Los actuales partidos políticos, degradados y alejados de una ciudadanía que los culpa, cada día con mas claridad, de la ruina y de los grandes problemas de España, están conduciendo al país también hacia el totalitarismo. Muchos de los jóvenes que integran las nuevas generaciones de españoles, decepcionados con el actual sistema político español, creador de desempleo y plagado de corrupción, injusticia y abuso de poder, ven con buenos ojos y hasta admiran totalitarismos indecentes, injustos y crueles como los vigentes en Cuba y Venezuela o las doctrinas y propuestas de nazis y comunistas.

Una prueba de la degradación de las nuevas generaciones de españoles y de su peligroso alejamiento de conceptos como libertad y democracia es la opinión de Beatriz Talegón, secretaria general de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas, que ha afirmado en Twitter que "Cuba no es una dictadura". Posteriormente, asustada ante la avalancha de críticas recibidas por esa afirmación, sorprendente en una dirigente de un socialismo que, al menos en teoría, cree en la democracia, ha eliminado el tweet en el que aparecían esas palabras.

Otra prueba del drama que se nos avecina con millones de jóvenes que, decepcionados de la actual corrupción y abuso de poder en España, se echan en brazos del totalitarismo, son las denuncias contenidas en el libro “Pisando charcos”, del político Percival Manglano, en el que se estremece ante el deslizamiento de los jóvenes hacia el totalitarismo y propone, como remedio ineludible, una regeneración profunda de la degradada y antidemocrática política española.

Las propuestas de Manglano son casi idénticas a las que vine proponiendo este blog "Voto en Blanco" desde 2004, todas ellas orientadas a sustituir la actual dictadura de partidos vigente en España por una democracia auténtica, con listas abiertas, leyes iguales para todos, partidos con poderes controlados, protagonismo de los ciudadanos, poderes básicos del Estado independientes y separados, una sociedad civil fuerte y capaz de servir de contrapeso al poder, castigo para los corruptos y canallas que saquean el Estado y un largo etcétera de reformas profundas que representarían un giro de 180 grados en la actual política española, plagada de corrupción, delito, injusticia y abuso de poder.

Los actuales partidos políticos, sobre todo aquellos que tienen representación parlamentaria fuerte (PP, PSOE, IU y los nacionalistas vasco y catalán) constituyen para España un auténtico cáncer que ya ha conducido a la nación hasta la ruina y el fracaso presente y que amenazan también, en un futuro próximo, con acabar con la fe en la democracia para recibir con los brazos abiertos a cualquier totalitarismo que prometa arrasar con el actual sistema injusto y podrido y acabar con los políticos delincuentes que han destrozado la nación y saqueado el Estado y las finanzas.

Voto en Blanco

Rajoy prefiere gastar a bajar impuestos
Editorial www.gaceta.es 29 Mayo 2013

Algunas voces críticas dentro del PP, como la de Esperanza Aguirre y el ex presidente José María Aznar, han reclamado a Rajoy que rebaje impuestos, tal y como establecía el programa electoral del partido.

El Estado registró a finales de abril un déficit público equivalente al 2,38% del PIB, o lo que es lo mismo, un desfase entre ingresos y gastos de 25.007 millones de euros. El dato de abril supera en un 1% al del mismo periodo de 2012 pese a la entrada en vigor de los nuevos recortes. El balance de la Administración central muestra que las partidas destinadas a los intereses de la deuda y prestaciones sociales no dejan de aumentar, mientras los impuestos vinculados a la actividad caen por efecto de la recesión. Las primeras crecieron un 10,6% mientras que la recaudación por impuestos y cotizaciones baja un 5,3%. Un dato preocupante y que aleja un poco más la consecución del objetivo de déficit para el conjunto del año, que el Gobierno prevé que será del 6,3% para el conjunto de las Administraciones Públicas y del 3,5% para la Administración central tras la prórroga concedida por la UE.

El balón de oxígeno concedido por Bruselas reduce el esfuerzo, ya que el déficit tan sólo deberá bajar del 7% al 6,3%, de modo que las Administraciones Públicas apenas deberán acometer un ajuste presupuestario de 6.300 millones en lugar de los 25.000 previstos inicialmente. Dicho de otro modo, el sector público contaría con un margen extra de 18.700 millones de euros en comparación con el ajuste al que Rajoy se comprometió con Bruselas.

Ante este nuevo escenario, algunas voces críticas dentro del PP, como la de Esperanza Aguirre y el ex presidente José María Aznar, han reclamado a Rajoy que rebaje impuestos, tal y como establecía el programa electoral del partido. Sin embargo, por el momento, el Gobierno prefiere aumentar el gasto público por encima de lo previsto, aprovechando el mayor margen de déficit que concederá Bruselas, dejando las rebajas fiscales en algo testimonial, como acaba de hacer a través de la Ley de Emprendedores de cara a los dos próximos ejercicios.

Si bien hay que anotar que el aumento se centra en la inversión y, en concreto, en la obra pública, lo que podría animar algo la dramática situación del empleo, supone un error estratégico porque lo que hace es aplazar la solución del problema. El Gobierno debería atajar el gasto improductivo y adelgazar la nómina del Estado al tiempo que abordar de una vez por todas la reforma del Estado de las Autonomías, ese monstruo de 17 cabezas que es la raíz del problema del déficit. Cerrar los ojos a esta realidad no es de recibo, y menos cuando se lleva en el programa y se dispone de mayoría absoluta.

Alergia y fobia al cambio
Juan M. Blanco www.vozpopuli.com 29 Mayo 2013

Hace algunos días, un prestigioso medio internacional exponía sus dudas sobre la disposición de Mariano Rajoy a acometer las imprescindibles reformas que España necesita. Una exhibición de aguda perspicacia, quizá motivada por la observación exhaustiva de una política española que evoluciona a tirones, a golpe de improvisación, más a la deriva y a merced de las corrientes que gobernada por un habilidoso timonel con rumbo firme.

Las medidas adoptadas van siempre a remolque, mirando de reojo la reacción de nuestros socios europeos, como aquel niño que engulle a regañadientes media cucharada con la esperanza de que su madre transija y le permita dejar el resto del plato. El mínimo imprescindible para evitar la regañina. Y siempre primando aquellas políticas inocuas para el statu quo y la cómoda posición de la clase política y sus adláteres. Definitivamente, no era eso lo que la gente esperaba aunque tampoco causa sorpresa. Un gobierno verdaderamente reformista decide sus cambios antes de llegar al poder y acomete las medidas con ímpetu en los primeros meses, no las pospone en un desesperante goteo.

Sin embargo, el inmovilismo no constituye rasgo privativo del actual presidente del Gobierno. Se trata de una constante que afecta de manera permanente al Régimen de la Transición, como ese defecto de fábrica que determina un inevitable colapso final. Un espejo cóncavo de la ya lejana Restauración canovista, donde muchos veían los fallos pero nadie era capaz de acometer la regeneración. Con una diferencia. La mediocre clase política actual no sólo no percibe los defectos sino que, como el necio que continúa el baile cuando acaba la música, todavía se jacta de las bondades del Régimen, del pretendidamente generoso espíritu de la Transición y del ejemplar sistema que “nos dimos”, como si de un traspié con bofetón incluido se tratase. Consignas desgastadas y vagos eslóganes, que reflejan el profundo vacío conceptual reinante.

Todos dejaron pasar la oportunidad
Sorprende, por ello, el eco mediático alcanzado por los alegatos del expresidente Aznar a favor de las reformas, un toro que sólo se disponen a lidiar aquellos que, habiéndose desprendido del traje de luces y cortado la coleta, carecen de opciones para volver al ruedo. Ninguno de los presidentes tuvo voluntad, valentía, disposición o entendimiento suficientes para impulsar los cambios que hubiesen permitido una España diferente, más moderna, justa y eficiente. Quizá porque la dinámica e intereses partidistas dominan e inmovilizan cualquier impulso regenerador del líder, suponiendo que éste hubiera existido.

Por el contrario, todos los gobernantes favorecieron ese lento pero inexorable avance partitocrático en el dominio y manipulación de la justicia, de las instituciones, de los organismos reguladores, de los medios de comunicación o de multitud de organizaciones de la sociedad civil. Nadie hacía ascos al reparto de consejeros, magistrados o representantes paniaguados en ese ignominioso juego de Monopoly que tanto furor causaba entre los jefes de los partidos. Todos impulsaron, en mayor o menor grado, la creciente complejidad de las leyes como una artera vía hacia la discrecionalidad del poder político, abriendo enormes espacios a voluntad y capricho de oligarcas y caciques. Ninguno puso freno a la insoportable corrupción: por acción u omisión todos favorecieron su expansión.

En lo que al funcionamiento de las instituciones respecta, la etapa de Zapatero no supuso el corte radical con el pasado que pretende el presidente de honor del PP. Como mucho, implicó una cierta aceleración del inexorable deterioro del Régimen, ofreciendo al respetable una lamentable fotografía, sin trucajes ni photoshops, de la verdadera calidad de los políticos españoles.

Las reformas chocan con la lógica del sistema
Pero no podía ser de otro modo. Las reformas radicales chocan frontalmente con la lógica del sistema instaurado en la Transición, caracterizado por las barreras a la participación política y económica, pues implican una trasformación de las instituciones con el fin de que actúen con rigor e imparcialidad. Se trata de un cambio en las reglas del juego por otras más justas y aceptables para todos. Una supresión de trabas y barreras para garantizar la igualdad de oportunidades. Una apertura de las instituciones para poner fin al monopolio del poder y a esa entente entre políticos y ciertos empresarios para el reparto de rentas, caldo de cultivo donde se desarrolla la corrupción.

Las reformas no consisten en subir impuestos o recortar temporalmente ciertas partidas de gasto. Se trata de ajustar el tamaño de la administración a los servicios públicos esenciales, de eliminar los chiringuitos creados para colocar a los cercanos y de plantear desde cero el reparto de competencias entre Estado, autonomías y ayuntamientos con criterios de eficiencia. En interés del ciudadano, no del político.

Tampoco consisten en añadir leyes y más leyes a las cientos de miles existentes sino justo lo contrario. Implican una simplificación legislativa que elimine las restricciones a la competencia, permita la acción de los emprendedores y suprima los amplios márgenes existentes para la concesión de privilegios a costa del resto de los ciudadanos. Pocas normas, justas y sencillas constituyen la mejor vía para alcanzar la seguridad jurídica, el cumplimiento de las leyes, las relaciones impersonales e institucionalizadas, la libre competencia política y económica, la selección por mérito y la igualdad de oportunidades. Estas reformas también incluyen cambios en los sistemas electorales que permitan mejor representación y más eficaces controles sobre los gobernantes.

Aunque algunos políticos hablen de reformas, es poco probable que cometan semejante atentado contra sus privilegios. La regeneración de la vida pública, la apertura de puertas y ventanas para que corra aire fresco sólo pueden venir de la sociedad civil, de ciudadanos comprometidos, conscientes de la vital encrucijada y propensos a aportar su esfuerzo. Y dispuestos a aplazar sus diferencias para impulsar unas reformas que beneficien a la mayoría. Quizá se escuchen los primeros ecos.

La ilegalidad se blinda en Cataluña
EDITORIAL Libertad Digital 29 Mayo 2013

Tal y como presagiaban los insultos y la nula voluntad de acatamiento que los nacionalistas ya habían dirigido a la Ley Wert, la reunión que la Generalidad ha mantenido este martes con los partidos nacionalistas y el PSC ha servido para hacer un frente común contra la misma y utilizar el estatuto de autonomía como supuesto amparo legal a su anunciada y pública determinación de no acatar una legislación que otorga a los catalanes una cierta vía de escape a la coactiva e inconstitucional inmersión lingüística que se perpetra en Cataluña.

Por mucho que los nacionalistas hayan querido ser más suaves en las formas y dar cierto un aire de legalidad al texto que han consensuado, la reunión de marras no ha servido más que para "blindar un sistema educativo declarado ilegal", tal y como ya pronosticaba pocas horas antes de celebrarse el líder de Ciutadans, Albert Rivera. Y efectivamente así ha sido, porque la parte del estatuto a la que apelan los nacionalistas en su "propuesta de modificación" es precisamente la que el Tribunal Constitucional declaró incompatible con nuestra Carta Magna.

No hay que olvidar, por otra parte, que la oposición de los nacionalistas al proyecto de Wert no sólo se basa en la cuestión de la lengua, sino en su negativa a conceder una mayor capacidad de decisión al Estado sobre las asignaturas y el volumen total del currículo, que con la Ley Wert aumentaría del 65 al 75% para las comunidades autónomas sin lengua cooficial y del 55 al 65% en las comunidades con lenguas cooficiales.

Ni que decir tiene que esta oposición de los nacionalistas por supuesta invasión de competencias también constituye en realidad una abierta oposición a la misma Constitución, que deja muy claro en sus artículos 27, 146 y 147 que el desarrollo del derecho a la educación está reservado al Estado, que es el Estado el que fija las condiciones de obtención de títulos académicos y profesionales, lo que implica, entre otras cosas, la ordenación general del sistema educativo y la fijación de las enseñanzas mínimas. Los estatutos de autonomía no pueden invadir competencias estatales cuando especifican las competencias que asumen, ni siquiera legislar sobre materias de su competencia con normas y reglamentos si no es a partir de la legislación estatal básica. Y esto es precisamente lo que los nacionalistas se han saltado a la torera en Cataluña y lo que pretenden blindar ante los tímidos proyectos de reforma del ministro.

De hecho, si algo cabe reprochar al ministro de Educación es precisamente su escasa ambición a la hora de recuperar para el Estado competencias que han sido usurpadas por los nacionalistas, así como la vergonzosa y aparatosa vía elegida para que los catalanes que así lo deseen puedan también estudiar en español mediante conciertos con colegios privados.

Los nacionalistas han dejado muy claro, en cualquier caso, que este proyecto del Gobierno del PP también supone para ellos cruzar aquellas "líneas rojas" que Artur Mas marcó durante la primera entrevista que mantuvo con Rajoy como presidente del Gobierno. La pelota vuelve, pues, al tejado del Gobierno central y a su incómoda responsabilidad de hacer cumplir la ley. Teniendo presente que el acomplejado y aparatoso mecanismo que la Ley Wert contempla en su insuficiente defensa del castellano surgió precisamente de la omisión por parte de Rajoy y de la Fiscalía General del Estado del deber de hacer cumplir a la Generalidad las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional, todo apunta a que el presidente del Gobierno también dejará que las comunidades autónomas cumplan a la carta o de forma asimétrica la Ley Wert.

¿Derecho contra democracia?
Francesc de Carreras. La Vanguardia  29 Mayo 2013

Leo en La Vanguardia del 20 de mayo una crónica sobre una entrevista a Artur Mas publicada en el libro de Jordi Cabré Ara que no ens escolta ningú. El periodista destaca determinadas afirmaciones de Mas y una de ellas me llama la atención: “Primero, la democracia, después, el Estado de derecho: no al revés. Las leyes se tienen que poder adaptar a la evolución democrática de la sociedad. Según como se entienda, el Estado de derecho puede llegar a ser un adversario de la democracia”.

¿Esto es así? ¿Debe prevalecer la democracia sobre el Estado de derecho? ¿Puede ser el Estado de derecho un adversario de la democracia?

No sólo creo que una reflexión sobre estas cuestiones tiene interés teórico, sino también práctico: desde hace unos años están en el fondo del debate catalán, antes sobre la legitimidad de la sentencia del TC sobre el Estatut, ahora sobre el llamado derecho a decidir. Esta respuesta de Mas coincide con la de muchos políticos y comentaristas catalanes que tienen una idea populista de democracia: sitúan al pueblo por encima de la ley y apelan a él directamente, por encima de sus representantes. Algo muy peligroso que recuerda experiencias trágicas. Pero vayamos al grano: analicemos las palabras de Mas.

En primer lugar, que las leyes deben adaptarse a la evolución de la sociedad es algo más que obvio: no otra cosa hacen los parlamentos al modificarlas. Ahí no hay problema alguno. El problema está en la otras dos frases: primera, prelación de la democracia sobre el Estado de derecho, no al revés, y, segunda, la posibilidad de que el Estado de derecho pueda ser un adversario de la democracia. Por separado, ambas podrían ser conformes a la idea liberal de democracia, al conectarlas aparecen ciertas dudas; formuladas en el actual contexto histórico catalán, estas dudas se disipan y queda claro que se distorsiona el concepto de Estado democrático de derecho.

En efecto, en una democracia constitucional como la nuestra el principio democrático es inseparable del principio de Estado de derecho, es decir, no hay Estado de derecho sin democracia. La clave de bóveda para comprenderlo está en la superioridad jerárquica de la Constitución sobre el resto del ordenamiento jurídico. Ello implica que ni el procedimiento de elaboración ni el contenido de ninguna de las leyes –así como también de los reglamentos, actos administrativos y sentencias– puede ser contrario a lo prescrito por la Constitución.

Para asegurar esta superioridad constitucional sobre las demás normas, todos los poderes públicos –incluido el poder judicial– están sometidos a lo que dispone la Constitución y como garantía última se establece un órgano jurisdiccional específico que, en nuestro caso, es el Tribunal Constitucional. Sólo el Reino Unido, Holanda e Islandia no disponen de un órgano con tales características, aunque los tribunales europeos ejercen en parte tal cometido.

Hasta ahora hemos tratado de un aspecto fundamental del Estado de derecho: la jerarquía entre normas, con la constitución como norma jurídica que encabeza todo el ordenamiento. Pasemos a examinar ahora cómo un Estado de estas características es democrático. Punto de partida fundamental: la división entre dos grandes tipos de poderes, el constituyente y los constituidos.

En efecto, el pueblo –es decir, la suma de todos los ciudadanos– es el titular del poder constituyente y ejerce este poder aprobando una constitución. Por tanto, la superioridad de la Constitución sobre las demás normas deriva de que el poder constituyente es superior a los poderes constituidos, tanto el legislativo como el ejecutivo y el judicial. Así pues, la pieza clave de todo el sistema democrático es el pueblo, que, como poder constituyente, elabora, aprueba o reforma una constitución, la cual contamina de legitimidad democrática a los poderes constituidos y al resto de las normas.

Naturalmente, la Constitución debe regular determinados aspectos básicos: derechos fundamentales, órganos constitucionales y procedimientos de producción de normas. Desde un punto de vista democrático, es indispensable que el contenido de esta Constitución garantice la igualdad de derechos, las elecciones libres, el pluralismo político (derechos de reunión y asociación) y la libertad de expresión que permita la existencia de una opinión pública libre. Una Constitución como norma superior del ordenamiento y con este contenido es la garantía de un Estado democrático de derecho.

No se trata, por tanto, como dice Artur Mas, de que primero es la democracia y después el Estado de derecho y no al revés, sino de que ambos elementos son inseparables una vez que la Constitución ha sido aprobada. Tampoco cabe la posibilidad de entender que el Estado de derecho puede llegar a ser un adversario de la democracia: ambos están estrechamente entrelazados e indisolublemente unidos. De tal manera que, en un sistema así configurado, si la democracia es contraria al derecho no es democracia, sino vulneración de la democracia, porque la democracia sólo se puede ejercer a través del derecho y, por tanto, no puede ser contraria al derecho.

Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

El doble secreto de la Transición/ PSOE, de problema a pesadilla
Pío Moa www.gaceta.es 29 Mayo 2013

Sorprende cómo unos políticos mediocres hicieron la transición con tal facilidad, así como la facilidad con que se desmanteló el sistema franquista.

El doble secreto de la Transición.
Cuando los problemas sociales no son graves ni hay que hacer mucho más que seguir cierta rutina sobre una base institucional ya asentada, la política puede ser desempeñada por personas de poco fuste intelectual o moral, por los que suelen llamarse mediocridades, como son la gran mayoría de los políticos. Esto no es tan malo como puede parecer, porque una contienda entre personajes con grandes caracteres y visiones del estado puede desestabilizar las instituciones. Pero hay situaciones históricas que exigen personalidades de gran talla, los que solemos llamar estadistas. Una típica es la transición de un régimen a otro. Pues bien, lo primero que sorprende en la transición posfranquista es que pudiera ser dirigida por personajes de tan bajo nivel intelectual y político como Juan Carlos y Suárez. Los dos eran incultos en general, bastante ignorantes de la historia y de mentalidad un tanto bananera; sus habilidades apenas sobrepasaban las típicas de los relaciones públicas, con cierta propensión al engaño, que lo mismo pueden servir para un roto que para un descosido.

Y sin embargo consiguieron algo tan notable como la dicha transición, lo que requiere algún análisis. Lo llamativo de ella son sobre todo dos rasgos: la notable facilidad con que pudo hacerse desde el franquismo, por políticos del franquismo y de la ley a la ley, frente a la dura oposición –sin excluir los atentados-- que preconizaba una ruptura radical con el régimen anterior. Y la facilidad con que fue desmantelado dicho régimen. En estas dos facilidades radica la clave para entender aquel proceso, que he estudiado en La Transición de cristal.

Pues bien, ¿cómo pudieron realizar la doble faena unos políticos tan mediocres? Por dos razones principales: en primer lugar porque el franquismo había legado un inmenso capital político, esencialmente la prosperidad económica y la reconciliación nacional, lograda de mucho tiempo atrás. Habían quedado olvidados, para la inmensa mayoría, los odios de la república, hecho crucial reflejado en la debilidad de la oposición antifranquista. Sobre esa base, aun derrochando gran parte del capital, era posible maniobrar cómodamente. El panorama internacional era también favorable, porque casi nadie en Occidente quería aquí una repetición de la caótica transición portuguesa, tan próxima a la guerra civil. Claro que, por otra parte, la mediocridad de los políticos comprometidos en el proceso, tanto los del franquismo como sus contrarios, solo pudo construir una democracia muy lejana de la perfección, como ha terminado por ver casi todo el mundo.

La segunda razón es que el franquismo estaba agotado, como lo demuestra que el partido principal que agrupó a la derecha, UCD, se compusiera por abrumadora mayoría de gentes del aparato del Movimiento, más unos pocos socialdemócratas, liberales y democristianos. De tiempo atrás había una impresión bastante generalizada de que el aparato ideológico y en gran medida orgánico del franquismo, el Movimiento, estaba anquilosado y burocratizado: ya no podía generar ideas nuevas ante los cambios exigidos por la situación de prosperidad y reconciliación creada por el propio franquismo. La reconversión de los hombres del Movimiento a la democracia fue en su gran mayoría más bien un simple cambio de chaqueta que una actitud fundada en convicciones.

Quedaban los remanentes del franquismo, bien conscientes de ciertas trampas de la transición, y que aún hoy siguen lamentando, justificadamente, la continua campaña de calumnias y descrédito contra el régimen de Franco y perciben sus peligros para la propia unidad nacional; pero, faltos nuevamente de ideas, tienden a prescindir del análisis de la realidad y atribuir su derrota y su incapacidad para actuar en democracia, a oscuras conspiraciones orquestadas desde misteriosos centros internacionales de poder. Naturalmente que las conspiraciones existen, por todos los lados, pero centrar en ellas el análisis es lo contrario del pensamiento político, impide percibir las causas profundas de los cambios y no hace sino dar armas a sus enemigos. Así, incluso en una crisis de régimen como la actual, les es imposible salir de la marginalidad social en la que, pese a disponer del aparato del régimen, estaban ya antes de la muerte de Franco.

Hoy nos encontramos con que el sistema salido de la Transición, montado sobre un duopolio partidista en combinación con los grupos separatistas de varias regiones, está también agotado, causando una triple crisis: nacional, política y económica. Ello no exige un cambio de régimen, porque la democracia, no debe ser abolida sino perfeccionada o regenerada. Pero demanda políticos de talla superior a la muy lamentable que vemos un poco por todas partes.
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El PSOE, de problema a pesadilla
Hace tiempo publiqué una reseña del primer tomo de la magna obra de Enrique D. Martínez-Campos sobre la historia del Partido Socialista. Dicho tomo, titulado El PSOE, ¿un problema para España? dejaba clara la trayectoria de dicho partido desde su fundación hasta la Guerra Civil. Quiero decir que aclaraba con documentos irrebatibles que el PSOE nunca fue un partido democrático, sino de orientación y práctica totalitarias, un factor de perturbación permanente de la convivencia en libertad en España. Así, contribuyó poderosamente a hundir el régimen liberal de la Restauración, y después destrozó la república con una política demencial. La excepción en este recorrido fue la dictadura de Primo de Rivera, con la que colaboró.

El nuevo tomo de la serie se titula El PSOE, de problema a pesadilla, y se centra en el período bélico de 1936 a 1939. Nuevamente encontramos los documentos, las citas, las opiniones de unos y de otros políticos, que empeoran, si cabe, la significación adquirida por el PSOE en los años precedentes. Queda claro en el libro cómo los socialistas cooperaron a implantar y organizar el terror de las chekas y los paseos, cómo se entregaron --antes de los comunistas-- a Stalin, a quien convirtieron en árbitro de los destinos del Frente Popular con el envío de las reservas de oro, cómo colaboraron y a veces rivalizaron con los comunistas, los cuales finalmente se impondrían al Lenin español, como propagandísticamente habían llamado a Largo Caballero; quedan señaladas las increíbles fechorías de Negrín... Vale la pena recorrer una trayectoria de la que solo personajes como Zapatero pueden sentirse "orgullosos". En nuestro tiempo de inversión de valores, el orgullo se reserva a las vilezas. Al mismo tiempo, el PSOE demostró su insignificancia teórica y doctrinal, su marxismo de baratillo cuando, de ser el partido de izquierda más importante al comenzar la guerra, llegó a ser manipulado y orientado por el PCE, es decir, por Stalin, únicos que habían elaborado una verdadera estrategia política y militar. Primero se libraron de Largo Caballero, después de utilizarle, y más tarde de Prieto, quedando solo Negrín como el socialista más identificado con los soviéticos: no en vano había sido el principal autor del envío del oro a la URSS y el más consciente de las consecuencias políticas de tal decisión.

En definitiva, y como concluyó al final otro socialista, Besteiro, "Estamos derrotados por nuestras propias culpas (...) Por habernos dejado arrastrar a la línea bolchevique, que es la aberración política más grande que han conocido quizás los siglos". Besteiro había sido el único jefe socialista de primera fila que en 1934 se había opuesto a aquella línea bolchevique que derivó en la insurrección de octubre de aquel año y luego en la demolición de la legalidad republicana. Y concluye Besteiro con lógica "La reacción contra ese error (...) la representan genuinamente, sean los que quieran sus defectos, los nacionalistas (se refiere a los nacionales) que se han batido en la gran cruzada antikomintern". Una lección nunca fue asimilada por el PSOE, que, reconstruido artificialmente en la Transición a base de campañas mediáticas, dinero negro y picaresca, se ha convertido también en la pesadilla de la democracia actual.

Los sucesos y desarrollos de la guerra son, en general, bien conocidos y han sido tratados por muchos autores, pero hacerlo desde la perspectiva de la actuación de los socialistas es una novedad, que recuerda el trabajo de Bolloten sobre la política comunista: no se había hecho hasta ahora, al menos con un mínimo de solvencia (las historias de Santos Juliá al respecto apenas superan el nivel de la propaganda justificativa). Por ello este libro viene a llenar un hueco muy importante.

Una anécdota no falta de significación. En el diario Claridad , órgano del sector de Largo Caballero, llegaron a verse análisis como este: "Todos los humoristas acaban al servicio de la barbarie, como Camba, Fernández Flórez, Muños Seca y tantos otros. Hay que desconfiar de los humoristas profesionales. Siempre llevan dentro a un contrarrevolucionario". Y ciertamente no hablaban por hablar. A los humoristas que, como Muñoz Seca, cayeron en manos de la izquierda, les aplicarían un correctivo mortal.

Eurozona
¿Se puede pagar la deuda?
José García Domínguez Libertad Digital 29 Mayo 2013

Ni siquiera todos los billetes de euro que circulan por el mundo bastarían para saldar la deuda de la Eurozona. Aunque los deudores quisieran pagar, literalmente les resultaría imposible encontrar tanto dinero. No lo hay. A día de hoy, en el planeta Tierra existen 9,53 billones de euros en forma de monedas y billetes. Pero sucede que la suma de la deuda pública y la privada de los países que emplean esa divisa ya ronda los 25 billones. Ni destinando a ello hasta el último euro y volviendo al trueque sería viable el empeño. Ni así. Solo en 2012, y en concepto de intereses, los contribuyentes europeos tiramos a la basura 380.255 millones de euros. Solo en doce meses. A lo largo de 2013, el Gobierno español prevé mutilar el gasto en 39.000 millones. La misma cantidad, 38.589 millones, se nos irá en el abono de intereses. Estamos desmantelando el Estado únicamente para pagar plusvalías a los bonistas. Un extravío colectivo, ése del endeudamiento público-privado, ante el que nadie en el continente se atreve a reconocer la verdad.

Porque lo cierto es que la deuda nunca se podrá liquidar. Islandia, contra lo que presumen los optimistas, no está llamada a ser la excepción sino la norma. Durante la alegre desregulación financiera, esa minúscula isla de pescadores de atún alumbró un sistema bancario por internet que equivalía a diez veces su PIB. El milagro de los panes y los bancos. Un desvarío. Después, cuando todos aquellos castillos en el aire se desvanecieron de golpe, Islandia se planteó el dilema. O asignar sus ingresos fiscales de los próximos cuatro siglos a resarcir a los inversores extranjeros o romper la baraja. Decidieron no pagar. Aunque en realidad no tenían otra opción. Hicieron lo único que podían hacer. Pero es que tampoco Grecia puede pagar. Aunque los condenemos a morir de hambre a todos, no pagarán. Es imposible, completamente imposible. A día de hoy, la deuda pública griega ronda el 200% de su PIB. Como en Japón. Pero Japón tiene a la Sanyo y a la Mitsubishi. Grecia no tiene nada.

Bueno, tiene bancos. Bancos con las cajas fuertes vacías. Se calcula que una tercera parte de los depósitos han huido del país. Y sin depósitos no puede haber créditos. Y sin créditos no puede haber inversiones. Y sin inversiones no puede haber crecimiento. Y sin crecimiento no se paga. Un pez que se muerde la cola. En el asunto de la deuda griega solo cabe una cirugía de urgencia: condonar por lo menos la mitad. Como mínimo. Aunque, claro, ese día quebrarán todos los bancos del país. Y es que lo único que queda a estas alturas en sus balances es precisamente eso, los bonos tóxicos del Estado. Eso y una deuda de 100.000 millones de euros con el BCE. Suma que reconvertida en dracmas pasaría a doblarse en horas. No quedaría en pie ni una sucursal. Lo de Grecia simplemente no tiene solución. Ya no. Si se pacta una gran quita con la Troika, habrá una conmoción en los mercados internacionales de renta fija. De nuevo España e Italia en la cuerda floja. Y el BCE que exigiría la petición formal del rescate antes de intervenir.

La otra alternativa, que el país saliese del euro y declarara acto seguido la suspensión de pagos, tendría idéntico efecto, si no peor. Ocurra lo que ocurra, el terremoto está servido. Apenas es una cuestión de tiempo. Claro que aún hay quien habla de una salida ordenada del euro. Pero no hay salidas ordenadas cuando una nación entera se asoma al borde de un precipicio. Como no hay salidas ordenadas cuando alguien grita "¡Fuego!" en la platea de un cine lleno a rebosar. Esas fantasías balsámicas no existen en el mundo real. Así las cosas, tras lo inevitable habrá que empezar a pensar en algo llamado Target-2. Es lo más parecido a una bomba de relojería que ha creado la Unión Europea. Desaparecido en combate el mercado interbancario ante la desconfianza mutua entre las entidades, únicamente el crédito de los bancos centrales permite que se sigan realizando los pagos y movimientos transfronterizos de capitales con normalidad. Target-2 consiste en que, cuando un inversor privado desea sacar sus activos de España y enviarlos a Alemania, es el Bundesbank quien en verdad pone el dinero. Si mañana los países del Sur abandonasen el euro, el Estado alemán se encontraría con una deuda incobrable de 700.000 millones de euros. Llegados a ese punto, ya no habría ninguna diferencia sustancial entre Islandia, Merkel y Grecia: la banca alemana también quebraría en bloque. Pensar que lo peor ha pasado es soñar. Soñar despierto.

Juan Ramón Rallo
'El balance del Gobierno es nefasto'
ANA MÍGUEZ PÉREZ www.gaceta.es 29 Mayo 2013

El economista joven más seguido de España cree que el Ejecutivo ha hecho justo lo contrario de lo que debería: subir impuestos, el gasto y el déficit.

Su juventud puede llevar a equívocos, pero lo cierto es que Juan Ramón Rallo es un economista lo suficientemente preparado y solvente como para presentar alternativas liberales a las políticas económicas de los gobiernos. Doctor en Economía y director del Instituto Juan de Mariana recomienda más mercado y menos Estado. Para la salida de la crisis, Rallo reclama una bajada de impuestos y del déficit, así como de liberalización de la economía para que los empresarios hiperregulados generen riqueza.

- La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) confirma el malestar ciudadano en cuanto a la economía. Es más, el 90% considera que la situación es mala o muy mala, y el 85% da por seguro que el año próximo no mejorará. ¿Cree que el Gobierno está haciendo todo lo posible para sacar al país de la crisis?
El balance de la política económica del Ejecutivo es muy negativo porque ha hecho todo lo contrario a lo que tenía que hacer. Tenía que haber bajado impuestos, el gasto y el déficit. Más bien, lo que hizo fue subir impuestos, mantener el gasto y mantener el déficit casi en los niveles que estaban. Además, también tenía que liberalizar la economía y prácticamente no lo ha hecho. En cuanto al rescate a la banca, tendría que haber recaído sobre los acreedores y al final ha socializado las pérdidas entre todos los españoles. Por tanto, es un balance bastante nefasto que va muy en la línea de lo habría llevado a cabo Zapatero.

- En ciertos círculos financieros se comenta que en términos económicos, España tiene un Gobierno más socialista que popular. Las medidas tomadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy parecen no convencer a la mayoría de su electorado, además de no surtir efecto. ¿Cuáles serían sus recetas para poner las finanzas en orden?
En primer lugar, reducir el gasto público para acabar con el déficit y al mismo tiempo para poder bajar impuestos. Luego, liberalizar la economía para que los empresarios que ahora mismo están asfixiados e hiperregulados tengan capacidad para volver a generar riqueza en este país. Y por último, no cargar con las pérdidas del sector privado que las ha habido y las va a seguir habiendo a los contribuyentes que ya tienen sus propios problemas y que no tienen por qué soportar los problemas ajenos.

- La situación del país es crítica. Más de seis millones de parados, la deuda del Estado supone casi el 88% del PIB, las pensiones son prácticamente insostenibles al igual que el modelo de la Seguridad Social, etc. Los lectores de Negocios.com quieren saber si hay luz al final del túnel. ¿Podría poner fecha?
No, porque depende de lo que haga el Gobierno y la locura de los gobernantes no se puede prever.

- Dicen de usted que escribe a la velocidad del rayo. Cuenta con una obra extensa y más si se tiene en cuenta su juventud. “Una crisis y cinco errores”, “Un modelo realmente liberal” o “Una alternativa liberal” son algunos de sus libros, pero le pediría que recomendase uno que no fuese suyo …

Empeora sus previsiones
La OCDE prevé que el desempleo en España supere el 28% en 2014
La Organización defiende que impulsar el crecimiento debe ser "la prioridad política número uno" del Gobierno español
Europa Press www.lavozlibre.com 29 Mayo 2013

París.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha empeorado sus previsiones de crecimiento para España en 2013 y 2014 y prevé que la tasa de desempleo siga subiendo, hasta superar el 28% el próximo año, según recoge la última edición de su informe 'Economic Outlook', que defiende que impulsar el crecimiento debe ser "la prioridad política número uno" del Gobierno español.

La OCDE prevé que la economía española se contraiga un 1,7% en 2013, tres décimas más de lo que estimaba la última edición del informe, publicada en noviembre de 2012, mientras que ha reducido su estimación de crecimiento del PIB para 2014 desde el 0,5% al 0,4%. Por su parte, el desempleo aumentará al 27,3% este año y volverá a subir al 28% el próximo.

Estas previsiones de PIB contrastan con las últimas realizadas por el Gobierno, que prevé una contracción del 1,3% este año y un crecimiento de cinco décimas el que viene, e incluso son más pesimistas que las de la Comisión Europea (CE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que esperan una caída del PIB del 1,5% y del 1,6% en 2013 y una subida del 0,9% y del 0,7% en 2014, respectivamente.

"Esta previsto que la recesión en España continúe en 2013 en la medida que la consolidación fiscal y el alto endeudamiento del sector privado socaven la demanda doméstica", explica la OCDE, que subraya que la economía española sigue estando "en las garras de una recesión prolongada".

Aún así, añade que el crecimiento de sus socios comerciales y las mejoras en los costes de competitividad, junto con unas mejores condiciones financieras como consecuencia de un descenso gradual de los interés, "ayudarán a impulsar una lenta recuperación 2014".

La OCDE prevé que un incremento de las exportaciones del 2% compensen la caída del 1,7% de la demanda doméstica y el estancamiento de la formación de inventarios en 2014. Por el contrario, en 2013 el repunte del 2,6% de las exportaciones contrastará con la caída del 4,2% de la demanda doméstica.

De cara a los próximos meses, considera que la mejora de las condiciones financieras en España y Europa y los avances en los costes de competitividad podrían apoyar un crecimiento mayor de lo previsto. Por el contrario, la contracción podría ser "más persistente" por el aún elevado riesgo de contagio de posibles acontecimientos adversos en Europa, así como por alto endeudamiento del sector privado.

Respecto a la inflación, la organización con sede en París cree que las presiones están contenidas, ya que espera que los precios repunten un 1,5%, mientras que en 2014 subirán cuatro décimas.

LEVE REDUCCIÓN DEL DÉFICIT EN 2013
Por otro lado, la OCDE señala que debido a los "sustanciales esfuerzos de consolidación", el déficit continuará cayendo, aunque según sus estimaciones el descenso en 2013 será mínimo, ya que pasará del 7% de 2012 (10,6% teniendo en cuenta las ayudas a la banca) hasta el 6,9% en 2013. En 2014, el déficit público cerrará en el 6,4%, según la organización.

"Medidas de consolidación adicionales se traducirán en nuevos descensos del déficit, pero los progresos serán lentos debido al pobre crecimiento", agrega la organización, que apunta que el Gobierno debe continuar desarrollando su plan de consolidación fiscal del Programa de Estabilidad para mantener la credibilidad fiscal.

De cumplirse las previsiones de la OCDE, España incumpliría los objetivos presentados a Bruselas para reducir el déficit por debajo del 3%. Según el Ejecutivo de Mariano Rajoy, el déficit bajará al 6,3% este año, al 5,5% en 2014 y al 4,1% en 2015.

Por su parte, el ratio de deuda respecto al PIB también continuará al alza en los próximos años, al pasar desde el 84,1% de 2012 al 91,3% en 2013 y al 97% en 2014.

CRECIMIENTO, PRIORIDAD "NÚMERO UNO"
En este contexto, la OCDE considera que impulsar el crecimiento "debe ser la prioridad política número uno" del Gobierno español, por lo que defiende que se centre en alcanzar sus objetivos de consolidación fiscal en términos estructurales y dejar que los estabilizadores automáticos operen de forma plena.

Por otro lado, subraya que se han anunciado "más esfuerzos" para impulsar la iniciativa empresarial y desregular el mercado de productos, incluidos los servicios profesionales y de transporte.

Asimismo, cree que se han dado "pasos positivos" para mejorar las políticas de activación del mercado laboral y la demanda de empleo, por lo que estos esfuerzos debe mantenerse. Además, aboga por eliminar "totalmente" la prórroga legal de los convenios colectivos para dar más flexibilidad a las empresas para contratar en épocas de circunstancias "inciertas y cambiantes".

En esta línea, también destaca que el incremento del capital de los bancos y sus mejores condiciones de financiación, aunque remarca que las presiones para que las entidades logren beneficios operativos en una economía "débil" limitarán probablemente que estas mejoras en la financiación se trasladen a los ciudadanos.

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Hacia la independencia catalana (II)

Jorge de Esteban. El Mundo  29 Mayo 2013

El autor plantea las soluciones que caben para evitar el secesionismo auspiciado por la Generalitat. Baraja desde aplicar el artículo 155 de la Constitución a convocar un referéndum en todo el Estado español.

El camino emprendido por los nacionalistas catalanes, desde los mismos inicios de nuestra actual democracia, evidencia sobre todo una cosa: su deslealtad constitucional. La Constitución fue aprobada en Cataluña por el 88% de los que votaron en el referéndum de 6 de diciembre de 1978, con un 67% de participación. Lo cual significa que en esa fecha la inmensa mayoría de los catalanes aceptaban la nueva Carta Magna española. Sin embargo, este apoyo masivo de los ciudadanos no fue correspondido por la nueva clase política catalana que comenzaba a gobernar, porque pronto empezaron a incumplir algunos preceptos constitucionales. Como ya dije en el artículo de ayer, la inmersión lingüística y otras medidas de la Generalitat chocaban de frente con la Constitución, demostrando así la falta de lealtad de los gobernantes catalanes. Si quisiéramos poner un ejemplo sorprendente de estas conductas, habría que referirse al cerebro gris de la tendencia soberanista adoptada por la Generalitat, tanto con los Gobiernos de CiU como con los del tripartito. Me refiero a un colega mío, una persona extremadamente educada, muy buen jurista y, lo que yo ignoraba, un ferviente catalanista. Perteneciente a una de las familias influyentes de Cataluña, fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional en 1992 a propuesta de CiU, siendo después vicepresidente del mismo. Haber pertenecido durante nueve años al órgano encargado de hacer respetar la Carta Magna no ha sido un título suficiente para evitar su comportamiento en contra de la propia Constitución.

En efecto, a él se debe la metodología empleada en la redacción del Estatut, a efectos de desarmar la Constitución, atribuyendo a la Generalitat un número ingente de competencias exclusivas, que aparecían blindadas. Si el Estatut posee 223 artículos se debe a que de forma minuciosa se han ido desgajando detalladamente cualquier competencia en subcompetencias para evitar que el Estado pueda legislar sobre ellas, a pesar de que en la Constitución aparecen como competencias exclusivas del Estado. Es evidente que Carles Viver i Pi-Sunyer, al que ya se había nombrado Director del Institut d’Estudis Autonòmics, ha sido recompensado nuevamente por su labor de ingeniería técnico-jurídica con el apabullante cargo de presidente del Consejo Nacional para la Transición a la independencia. De esta forma, encabeza un grupo de destacadas personalidades que tienen como misión estudiar las estructuras necesarias que deberá tener el nuevo Estado catalán. Pues bien, la clave para lograr la independencia deseada por los nacionalistas catalanes, consiste en poner en práctica ese llamado derecho a decidir, que no es otra cosa que el derecho de autodeterminación. La forma de ejercitar tal derecho, inexistente en los países democráticos, radica en un referéndum o, como se llama también de forma eufemística, una consulta popular. Desde el punto de vista constitucional los referendos, según el artículo 92 de la Constitución, deben ser convocados por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno y con la autorización del Congreso de los Diputados, teniendo como ámbito todo el territorio nacional, luego no existe la posibilidad de convocar, en este supuesto, referendos territoriales.

Un jurista como Carles Viver, que ha sido vicepresidente del Tribunal Constitucional, y que en la actualidad es también magistrado del Tribunal Constitucional de Andorra, sabe perfectamente que no cabe un referéndum como el que reclaman los nacionalistas, salvo que se modifique antes la Constitución. Pues bien, lo curioso del comportamiento de este ex vicepresidente del Constitucional es que para justificar un referéndum inconstitucional, como es el que se reivindica, se agarra al precedente del referéndum con el que se aprobó el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el cual iba en contra de alguno de los requisitos que señalaba la Constitución. Aquello, no hace falta recordarlo, fue una cacicada injustificable. Por eso, la argumentación que hace el presidente del Consejo Nacional para la Transición Nacional de Cataluña es realmente asombrosa, puesto que viene a decir que una fechoría justifica otra fechoría.

Sea lo que fuere, con estos antecedentes, si se quiere resolver mínimamente el problema catalán, es necesario que el Gobierno de Madrid tome ya la iniciativa, porque después de lo expuesto, es evidente que todo el arsenal nacionalista se dirige, a trancas o barrancas, a la proclamación unilateral de la independencia. Está claro que la sociedad catalana se halla fragmentada entre los que desean seguir perteneciendo a España y los que quieren independizarse. Sin embargo, desconocemos el tanto por ciento de cada una de las posiciones. Pero el número de independentistas puede ir aumentando tanto por la presión ambiental que ejercen los nacionalistas, como por la permisividad o errores del Gobierno de Madrid. En estos días, se está dando un paso más al haberse comenzado a tramitar en el Parlament la llamada Ley de Consultas, que será la utilizada para convocar ilegalmente el referéndum de independencia. Efectivamente, a pesar de las ambigüedades de la Constitución, de la ley de diversas modalidades del referéndum y del Estatut, es claro que el referéndum, llámese como se llame, está fuera de las competencias de la Generalitat, como dice expresamente el artículo 122 del Estatut, y como el propio Carles Viver ha reconocido sibilinamente, aunque dando por hecho que piensan convocarlo por encima de todo. Ahora bien, esta política de hechos consumados puede pararla el Gobierno, si por fin despierta de su modorra, a través de varias vías, como veremos enseguida, y no con un estéril recurso ante un Constitucional que los nacionalistas solo reconocen cuando les favorece.

Con frecuencia, temer lo peor es la mejor manera de estar preparado para poder pararlo, pero dicho esto hay que convenir que oponerse a la amenaza independentista de los nacionalistas catalanes solo se puede llevar a cabo teniendo en cuenta dos condiciones necesarias. Por una parte, utilizando los medios propios de un Estado de Derecho como es el nuestro, y, por otra, siendo conscientes de que Cataluña, como el País Vasco, no es una mera región española, sino algo más, lo que se debe tener siempre en cuenta.

Veamos las vías señaladas. En primer lugar, si el Gobierno catalán se empeña en llevar a cabo un referéndum ilegal, se puede intentar una negociación en el seno de la comisión bilateral Generalitat-Estado, que reconoce el artículo 183 del Estatut, para llegar a un acuerdo que evite la convocatoria ilegal. Sin embargo, esta posibilidad parece ya superflua a la vista de cómo van los acontecimientos. Por lo cual, de seguir adelante con la organización del referéndum independentista, no cabría más solución que recurrir al artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, tomar las medidas oportunas en aras del interés general. Entre esas medidas, que son palabras mayores y no deseadas, cabría acudir al artículo 32 de la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, que dice expresamente: «Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios, el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 116 de la Constitución, podrá proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio». Por supuesto, esta primera opción, por muy dura que sea, es plenamente constitucional y a ella cabría acudir si los nacionalistas se empeñan en violar la Constitución y las leyes.

Ahora bien, sin necesidad de recurrir a esas medidas, el Gobierno puede también advertir que la amenaza de celebrar un referéndum inconstitucional tendría sus consecuencias inmediatas en lo que se refiere a la ayuda económica de una Generalitat que está ahogada por el déficit y que no cuenta con los medios necesarios para llevar a cabo los gastos ordinarios, que han derrochado de forma irresponsable. Cerrar el grifo de la ayuda estatal podría ser un medio para lograr un acuerdo que evite la secesión de Cataluña. Porque digámoslo claramente, lo que está en juego no es solo la separación de una parte esencial de nuestro país, sino que lo que se halla realmente en el tablero es la destrucción de España, pues esta secesión sería seguida de la del País Vasco y de lo que viniera después. El Estado más antiguo de Europa no tiene derecho a suicidarse de esta forma.

Por último, en todo caso, cabría una solución más democrática, como desean los nacionalistas catalanes, y sería la de que el Gobierno, según el artículo 92 de la Constitución, convocase un referéndum consultivo en toda España, con la pregunta: «¿Está usted de acuerdo con que Cataluña siga perteneciendo a España?», después de una campaña en libertad en la que cada partido expusiera sus razones, habría que decidir, a la vista de los resultados globales y de los propios de Cataluña en particular, qué es lo que cabría hacer.

Mientras tanto, Cristóbal Colón, desde su atalaya al final de las Ramblas, orgulloso de su origencatalán, como demuestra su camiseta blaugrana, otea un confuso horizonte que no presagia nada bueno…

Jorge de Esteban es presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO y catedrático de Derecho Constitucional.

¡Barra libre en el Congreso!
Vicente A. C. M. Periodista Digital 29 Mayo 2013

Que el dinero público no es de nadie, sigue siendo la interpretación de todos estos cara duras y parásitos que nos gobiernan, aunque espero que no por mucho tiempo. Las dos noticias de hoy destacadas van en el mismo sentido. La primera es que el Gobierno ha aumentado el gasto en un 42% en un solo mes,con lo que el déficit se dispara. La segunda es que hemos sabido que en el Congreso de los Diputados, se disfruta de un servicio de restauración subvencionado con nuestros impuestos, en los que no faltan las bebidas alcohólicas y los combinados.

Si suponemos que el Congreso es el "centro de trabajo" de Sus Señorías y de los empleados del mismo, ujieres, taquimecanográfas, administrativos, servicio de limpieza y seguridad, etc., no se entiende que se dispensen bebidas alcohólicas y mucho menos se subvencionen las comidas, no siendo sustituidas por un complemento salarial como en algunas empresas privadas. Ese servicio "de lujo" ni está justificado, ni es admisible, menos aún en una época en que se predica la austeridad y se somete a la ciudadanía a una presión fiscal brutal y desproporcionada.

Pero aún eso, no pasa de ser una mera anécdota de absoluta inmoralidad, comparada con la noticia del escandaloso aumento del gasto por parte del Estado, justo en el momento en que se pide a las autonomías, solo a algunas, que mantengan el sacrificio y se ajusten al límite de déficit. No se puede ser más hipócrita, ni más miserable. Y ante este panorama descorazonador, ¿cual debe ser la respuesta de los ciudadanos? Yo solo veo una, la de demostrar de una vez por todas el profundo rechazo a esta casta de parásitos y tomar las calles para reclamar un cambio radical.

La ilusión de establecer una verdadera democracia ha sido anulada por unos desaprensivos delincuentes que solo merecen acabar siendo juzgados por sus crímenes contra la sociedad española. No es posible seguir aceptando la legitimidad de quienes han traicionado todo y a todos. No es posible admitir como normal la incompetencia y la dejadez en la defensa del orden institucional y de las sentencias del Tribunal Supremo de España ante el desafío secesionista de los dirigentes de la Comunidad autónoma de Cataluña o El País Vasco. No es posible permanecer callados ante las políticas de connivencia con los representantes del terrorismo de ETA, la suelta de presos etarras y la legalización de partidos ligados a esa banda terrorista.

En España hay barra libre para toda clase de delitos, pero lo grave es que quien tiene la responsabilidad de gobernar y de hacer cumplir las leyes, muestra pasividad, cobardía o mira para otro lado. No permitamos que además de robarnos, lo celebren tomando gin tonics. La barra libre debe acabar ya.

El catalán, dictadura desde abajo
José Javaloyes www.republica.com 29 Mayo 2013

Cuando el nacionalismo que gobierna en la Generalidad de Cataluña habla por boca de Francess Homs, portavoz del Govern y Conseller de Presidencia, de un “mensaje contundente” contra la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza) en lo que afecta a la LEC (“Llei de Educació Catalana”) – reguladora de la inmersión lingüística implantada en esa Autonomía por vía estatutaria, y recurrida ante el Tribunal Constitucional por el gobernante Partido Popular -, significa tanto como que ese nacionalismo se dispone a poner los pies en pared, y por supuesto que poco menos que a cantar – en catalán – aquello del ” no nos moverán” …

Anticipada ya tienen la copla, visto por dónde se pasaron la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña contra la ilegalidad que supuso la plenaria inmersión lingüística en todos los niveles de la Enseñanza, con la autónoma aplicación de una reformas estatutarias que contravienen los límites constitucionales, como si la Generalidad no fuera una parte del Estado mismo, atenida a su misma Constitución y perteneciente a la misma Nación.

La “contundencia” a la que se refiere Homs concierne al mensaje que habría de emitir la asamblea de rabadanes que representan a la nómina de partidos nacionalistas con presencia en el Parlamento de Cataluña, constituidos en “cumbre” la tarde de este martes. Pero el derrote asambleario del nacionalismo catalán contra la LOMCE, en términos de avisada contundencia, no es propiamente y en su más amplio propósito contra la reforma educativa misma -que también – sino asimismo, sobre todo, para preservar el integrismo de la inmersión lingüística en el universo occitano. Ese mundo que limita al norte con el Loira y al sur bastante más abajo del río Alcanar, límite con la Comunidad Valenciana, exactamente con el Segura, por donde Miguel Hernández nació a sus versos en castellano.

No estaría de más que las mesnadas políticas del nacionalismo se asomaran para tomar nota al recuerdo de qué dejaron hacer las Cortes Constituyentes de la II República, a los catalanistas de máximos, con la Enseñanza respecto al castellano y el catalán cuando recibieron el Estatuto que les habían enviado desde Barcelona. Y no sólo para que repasaran las integrales idiomáticas de la II República sino, muy principalmente, las agresiones con que pagó el radicalismo catalanista la generosidad republicana, agrediendo con un golpe de Estado reiterado al régimen del 14 de Abril que habían pactado con los republicanos y algún que otro “monárquico sin rey”, en la tenida de San Sebastián, el 17 de agosto de 1930.

La hipótesis de que esta alborotada presión contra la reforma de la Enseñanza contenida en la LOMCE, pueda estarse esgrimiendo a cambio de ventajas en el desconcierto presupuestario de las Autonomías, de poco y para menos sirve. Es como el cara o cruz entre el “seny” y la “rauxa”, entre la sensatez y la locura. No pocos apenas conseguimos contemplar el espectáculo, deslumbrados ante tanto farol.

tras los 6 días más de permiso a lasarte
La AVT: "Es rocambolesco y humillante para las víctimas"
Efe | MADRID El Correo 29 Mayo 2013

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha considero "rocambolesco", "inaudito", "indignante" y "humillante" para las víctimas el segundo permiso para salir de prisión concedido en un mes al etarra arrepentido Valentín Lasarte. El juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha concedido al etarra un permiso de seis días en contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la cárcel, el segundo tras el que disfrutó de tres días el pasado día 17.

"¿A quién le toca dar el próximo permiso penitenciario a un asesino de ETA?", se pregunta la AVT en un comunicado ante la "duda" que reconoce les ha surgido al conocer la "rocambolesca" decisión del juez Castro. Se pregunta también "por qué con cada decisión que toma las instituciones judiciales españolas se ríen de la memoria de las víctimas del terrorismo".

La AVT pide que le expliquen por qué hace una semana, con el primer permiso concedido a Lasarte, tanto el juez Castro como la Junta de Tratamiento se pronunciaron en contra del permiso al etarra, que finalmente fue concedido por el magistrado de la Audiencia Fernando Grande-Marlaska. Sin embargo, añade, en esta ocasión, y de nuevo con el informe contrario de la Junta de Tratamiento de la cárcel, es el juez Castro quien decide conceder el nuevo permiso.

A juicio de la AVT, todo ello parece "encaminado" a conseguir que Lasarte y otros asesinos "pasen más tiempo en la calle que en prisión, paseando libremente por las calles que entre rejas, que es el lugar en el que tendría que cumplir íntegramente su condena".

Para la asociación, este "cúmulo de indecisiones, contradicciones y despropósitos dejan claro que en este momento ni la Justicia ni este país estén preparados para acometer la derrota total de los terroristas".

La AVT asegura que, "como siempre", tendrán que ser las víctimas las que "den la cara" para conseguir Justicia, aunque sigan poniéndoles "la zancadilla día tras día". De todos modos, la asociación que preside Ángeles Pedraza confía en que la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurra el nuevo permiso "infame".

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