AGLI Recortes de Prensa   Jueves 30 Mayo 2013

Las recomendaciones de Bruselas
Fernando Glez. Urbaneja www.republica.com 30 Mayo 2013

La Comisión Europea dedica triple espacio a describir sus credenciales y las razones para recomendar al gobierno español lo que debe hacer en política económica, que a las nueve “recomendaciones” a las que dedica 1.500 palabras de texto al alcance de cualquiera que sepa leer.

Las páginas de “considerandos” son interesantes para reparar en la autoridad de la Comisión, que nace de los Tratados y de los acuerdos suscritos con los Gobierno del Club Europa, y también para recordar los compromisos adquiridos por cada gobierno (en este caso el español) frente a la Comisión y otros organismos europeos. A continuación las “recomendaciones” que forman parte de los compromisos y exigencias que la unión propone a los gobiernos que quieran estar en la Unión, con sus ventajas e inconvenientes.

Viene a cuento este recordatorio para evitar ese recurso cobarde de los gobiernos que se emboscan en “ordenes de Bruselas” para disimular y sacudirse responsabilidades. El argumento “hago lo que no quiero porque no me queda más remedio” es excusa del mal pagador. Si al Gobierno no le gustan las recomendaciones de Bruselas puede mandarlas a la papelera y atenerse a las consecuencias. Si decide asumirlas, mejor hacerlo con entusiasmo y con todas las consecuencias que andar amagando y racaneando los compromisos.

Las nueve recomendaciones son razonables, coherentes con los largos documentos enviados a Bruselas una vez aprobados por el Consejo de Ministros: “Programa de Estabilidad actualizado” (2013-2016) y “Programa de reformas” (2013). Son compromisos libremente aceptados por el Gobierno que la Comisión bendice con advertencias: “háganlo, cumplan los compromisos en plazos y en su totalidad”.

La Comisión amplia los márgenes temporales para reducir el déficit a la vista de una coyuntura financiera desfavorable, pero apunta temas concretos como la eficiencia en el gasto sanitario, el pago puntual a los proveedores y el factor de sostenibilidad de las pensiones públicas (recomendación 1); y otros de más alcance como “una revisión sistemática del sistema tributario” (recomendación 2), un “Plan de Empleo y la reforma de las políticas activas del mercado de trabajo” (recomendación 4), “abordar el déficit de la tarifa eléctrica y una reforma estructural del sector” (recomendación 8), y la reforma de la Administración local y el aumento de la eficiencia en todas las Administraciones públicas” (recomendación 9).

Hay un párrafo que no he visto reflejado en los medios pero que me parece de los más relevantes por su ausencia del discurso oficial: la recomendación 6ª que reza “adoptar y aplicar las medidas necesarias para reducir el número de personas con riesgo de pobreza o marginación social reforzando las políticas activas dirigidas al mercado de trabajo, y a aumentar la empleabilidad de personas con menor acceso al mercado de trabajo; mejorando el objetivo, la adecuación, la eficiencia y la eficacia de las medidas de apoyo”. En resumen un aviso ante el crecimiento de la marginación y los recortes en las políticas sociales.

No se trata de un examen con nota, aunque lo parece. A la hora de las valoraciones caben distintas opiniones, desde que se trata de un respaldo a Rajoy (esa será la versión oficial) hasta todo lo contrario. Hay apoyo, pero también advertencias. La autoridad de Bruselas es relativa, Europa pasa por uno de los peores momentos de su historia reciente, pero para España no hay alternativa mejor. Ensimismarse en una vía propia, nacionalista, sería suicida; emboscarse con la excusa “nos obligan” es desmoralizante. Lo razonable es asumir todas las recomendaciones como propias sin necesidad de que vengan impuestas por socios y acreedores. Entre otras razones porque las recomendaciones son muy razonables.

fgu@apmadrid.es

Bruselas da facilidades y mete prisa
Primo González www.republica.com 30 Mayo 2013

El mismo día en el que el Banco de España constataba que la recesión se alarga un trimestre más y en el que la OCDE vaticina una tasa de paro algo más elevada, al 28%, la Comisión Europea ha formulado un catálogo de peticiones con el añadido de una ligera tolerancia adicional para cumplir los objetivos de déficit, reiteradamente incumplidos por España y que al final se elevan hasta el 6,5% del PIB, dos décimas más de lo anunciado hace poco. Podría decirse que Bruselas enseña el palo y muestra la zanahoria. Es decir, las concesiones tienen un coste: a mayor margen con el cumplimiento del déficit público, más y mejor cumplidas reformas. No hay rescate, pero se le parece.

Las recomendaciones de la Comisión Europea no son insólitas, ya que no sólo se han escuchado de boca de organismos internacionales sino que forman parte del examen que los propios economistas españoles hacen de forma permanente sobre nuestros males presentes y posiblemente también futuros. Una economía en crecimiento arreglaría parte de nuestros problemas, quizás con exigencia de tiempo, pero por desgracia lo que tenemos es una economía en recesión y cierta prisa por resolver los problemas.

En este orden de cosas, la reforma de las pensiones aparece como ineludible para su entrada en vigor de forma inmediata, ya que la Seguridad Social ofrece un cuatro de previsiones a corto y medio plazo en el que los déficits van a ser permanentes y crecientes. Financieramente hablando, las proyecciones de la población ocupada y de las necesidades de prestaciones de los pensionistas conducen a un callejón sin salida ya que la capacidad recaudatoria de la Seguridad Social se ha debilitado de forma ostensible en los dos últimos años y la afluencia de nuevos pensionistas está siendo tan elevada como en los mejores momentos de la economía. Incluso más, debido a la reiterada procesión de cierres de empresas y de reajustes de empleo. A estas alturas, lo que se teme es que ni siquiera el vaciamiento del Fondo de Reserva de las Pensiones va a servir para taponar el tremendo desfase entre ingresos y gastos. Por lo tanto, es necesario poner un cierto nivel de contención al crecimiento de los pagos por prestaciones económicas, ya que en caso contrario la Seguridad Social, que hasta ahora restaba en el déficit público global (el sistema venía dando saldos positivos en sus liquidaciones anuales), puede empezar a sumar, con el consiguiente riesgo de incumplimiento de los nuevos objetivos de déficit público.

Colocar esta reforma en el calendario con el marchamo de urgencia es posiblemente la mayor de las exigencias que ha lanzado Bruselas al Gobierno de Rajoy. La recomendación de cambios fiscales es más difícil de llevar a la práctica, ya que empresas y particulares no están para muchos esfuerzos adicionales. Subir el IVA para ponerlo igual a los que lo tienen reducido es un asunto que en España (turismo obliga) tiene un complicada lectura. El turismo es la principal fuente de suministro de actividad y de liquidez, de forma que si nos la castigan con un aumento tributario podríamos empezar a despedirnos no sólo de la mayor fuente de ingresos sino de la única que en estos años ha estado funcionando razonablemente bien, compensando las penurias del ciclo económico en baja.

Hay otras reformas que se intuyen difíciles e incluso dolorosas. La reforma de la Administración es dolorosa, pero en un país que ha alcanzado tan alto grado de descentralización, este propósito se hace muy cuesta arriba. Ya estamos viendo lo que supone poner de acuerdo a las Autonomías gobernadas por un mismo partido político, el PP, cisma que aún no está resuelto. Recortar los gastos públicos a lo largo y ancho de España, clientelas políticas aparte, son palabras mayores.

Lo más relevante de todo es posiblemente la urgencia con la que hay que actuar a estas alturas dado el tiempo perdido y la dimensión del problema que aún hay que afrontar. Desde Bruselas han dicho que nos van a vigilar más de cerca en lo que resta de año y también en adelante. Unos lo verán como una amenaza, otros como un alivio.

La izquierda apoya el secesionismo.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 30 Mayo 2013

Es innegable que la izquierda representada por el PSOE con su franquicia del PSC, así como IU con todas sus ramificaciones, es incapaz de mantener una disciplina democrática y reniega de todo aquello que vaya contra su sectarismo ideológico. Desgraciadamente hemos tenido a lo largo de la Historia durante el siglo XX episodios de ese sectarismo y totalitarismo más anti democrático y opresor. Las últimas declaraciones de los máximos dirigentes del PSC apoyando la propuesta secesionista de CiU y ERC, así como de Cayo Lara sobre "el derecho a decidir de los pueblos", ya ha traspasado el límite de la paciencia.

Dice Cayo Lara que existe un derecho a decidir del "pueblo catalán", un concepto que parte de una base falsa y es que existe un pueblo catalán. La única obviedad es que existen ciudadanos españoles que han nacido o residen en Cataluña, pero eso solo les da jurídicamente el derecho a ser considerados como el resto de españoles, es decir, el pueblo español, ese que la Constitución, reconoce como depositario de la Soberanía Nacional. Por cierto el desprecio del Sr. Nuet de EUiA por la legalidad, se resume en sus palabras de que "la consulta se tiene que hacer sí o sí y no lo podrá frenar ni el ejército ni una Constitución monárquica".

Estas declaraciones son totalmente inaceptables por parte de un partido con representación parlamentaria. Porque una cosa es la libertad de expresión y otra muy distinta el desafío directo y las amenazas de insumisión y de incumplimiento de la Ley. Claro que eso ya es moneda común por parte de los dirigentes secesionistas catalanes. No sé si el Gobierno debe llegar al extremo de mandar que las FFAA cumplan su misión de mantener la integridad territorial de España, pero lo que sí debe hacer es responder de forma tajante e inequívoca a este tipo de declaraciones. No puede haber la callada como respuesta, porque eso sería alta traición y cobardía.

Dicen cínicamente los representantes de IU,ICV y EUiA que ellos no están por favorecer la partición de España, sino en reconocer "el derecho a decidir de los pueblos". Pues creo que el pueblo español ya se pronunció cuando aprobó la Constitución en 1978. Por supuesto que esta no es inmodificable y hay que estar abiertos al debate de todos los temas, empezando por la misma forma del Estado, Monarquía parlamentaria o República y por la racionalización del fallido sistema autonómico. Pero para ello, cualquier modificación debe ser sometida a la aprobación del pueblo español en su conjunto y no a cada grupúsculo de personas que se auto denominan "pueblo" por el solo hecho diferencial de hablar en una lengua diferente a la oficial de España, que ha coexistido durante toda la Historia moderna como nación.

La izquierda sigue enarbolando la bandera de una falsa libertad de los pueblos, intentando que se olvide que su fracaso fue total y que su norma fue y sigue siendo el sometimiento de la voluntad de los pueblos. Cuba, China, Corea del Norte,Venezuela, son solo ejemplos actuales de lo que la izquierda entiende por democracia,la anulación completa de la oposición política. El cinismo ha alcanzado su máximo exponente en el acuerdo que ayer perpetraron IU,ICV y EUiA, un acuerdo histórico para la vergüenza nacional de cómo se puede aprovechar el sistema para destruirlo.

¿Es mucho pedir que el Gobierno de España y el resto de partidos democráticos se pronuncien sobre estas aberrantes declaraciones y el acuerdo de este tripartito?

Actualización primera – Impugnación ante el TC de la declaración del parlamento de Cataluña sobre soberanía y derecho a decidir
Cristina Falkenberg Periodista Digital 30 Mayo 2013

Para firmar y compartir: Petición dirigida a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional para que recurra la inadmisión del recurso 858-2013 del TC

El 1 de marzo comentamos cómo dos ciudadanos habían interpuesto recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Resolución del Parlamento de Cataluña 5/X, de 23 de enero de 2013, por la que se aprobaba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña. El fundamento de los dos ciudadanos recurrentes era:

1º – que el titular de la soberanía es todo el pueblo español (Artículo 1.2 de la Constitución española – CE),
2º – la indisoluble unidad de la nación española (2 CE),
3º – que todos tienen derecho a participar en la vida política (23.1 CE) y
4º – que los ciudadanos podrán recurrir en amparo ante el TC cuando se vulneren sus derechos fundamentales y libertades públicas (53.2 CE), cosa que en el caso de una resolución parlamentaria se hace a través del artículo 42 de la Ley Orgánica 2/79, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC).

La citada Resolución 5/X del Parlamento catalán se halla recurrida también por por el Gobierno, en base a que:

1º - el titular de la soberanía es todo el pueblo español,
2º – la indisoluble unidad de la nación española,
3º – la sujeción de tdoos —ciudadanos y poderes públicos— a la Constitución y
4º – que el Gobierno puede y debe impugnar las resoluciones de órganos de las Comunidades Autónomas que resulten contrarias a la Constitución.

El recurso que presentaron los dos ciudadanos era el 858/2013 y desde estas líneas los lectores lo hicimos nuestro, como españoles y ciudadanos que somos. Como se expuso, todo recurso ante el TC ha de ser objeto, primero, de admisión a trámite.

La inadmisión del recurso
Bien pues el TC ha entendido que no procede la admisión a trámite del recurso de amparo porque los ciudadanos recurrentes no están legitimados conforme a lo establecido en el artículo 46.1.a) en relación con el 42, ambos de la LOTC. Es decir, entiende que un ciudadano español no está directamente afectado por la Resolución 5/X del Parlamento catalán. O sea, que la cuestión de la indisoluble unidad de la nación española es algo que no afecta a todos y cada uno de sus ciudadanos y que por definición son quienes integran el pueblo soberano.

Olvida el TC que la LOTC dice así:
Artículo 41. 1. Los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución serán susceptibles de amparo constitucional…

Artículo 42. Las decisiones o actos sin valor de Ley, emanados … de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas … que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, podrán ser recurridos …

Artículo 46. 1. Están legitimados para interponer el recurso de amparo constitucional: a) En los casos de los artículos 42 y 45, la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

También parece olvidar el TC que como todos los poderes públicos, está sujeto a la Constitución y al imperio de la ley, y que recae sobre él la general interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

La pregunta para nota que tenemos que hacernos los españoles es si queremos seguir pagando el sueldo a quienes NO CUMPLEN CON LA FUNCIÓN QUE SE LES HA ENCOMENDADO.

Es absolutamente obvio que la cuestión de la unidad de España afecta a todos los españoles y que el derecho a la participación política de todos y cada uno de nosotros se ha visto lesionada por la resolución catalana que excluye a tantos de una decisión que es de nuestra incumbencia.

Ministerio Fiscal y Defensor del Pueblo
La Providencia del TC inadmitiendo el recurso de amparo de estos dos ciudadanos es recurrible por el Ministerio Fiscal en el plazo de tres días. Desde estas líneas nos permitimos recordar que él también está sujeto al imperio de la ley, como mandatario del pueblo español que es. Dice así la LOTC:

Artículo 47. 2. El Ministerio Fiscal intervendrá en todos los procesos de amparo, en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley.

Por su parte, los recurrentes cuya pretensión se ha visto rechazada, han acudido al Defensor del Pueblo, en ejercicio del derecho fundamental de petición del artículo 29.1 de la Constitución, en conexión con el 124.1. No sabemos si llegarán a tiempo. Lo que sí sabemos es que la Fiscalía tiene la obligación de actuar con absoluta sujeción a la ley y más en una cuestión tan básica como es esta.

Veremos qué pasa… y veremos si en España está o no está vigente la Constitución en sus aspectos más fundamentales; si los poderes públicos cumplen o no su función… y si los demás queremos seguir pagando con NUESTROS impuestos —que es nuestra riqueza ganada con nuestro trabajo— a unas instituciones que no cumplen lo que se les manda, que es aplicar la ley con rectitud, diligencia y observancia siempre del principio de igualdad.

Continuará…

Si después de 30 años el catalán no está normalizado el modelo es un fracaso
www.dialogolibre.com  30 Mayo 2013

El catalán todavía necesita ser normalizado y la inmersión lingüística facilita la cohesión social son dos de las mentiras del nacionalismo en contra de la LOMCE

La plataforma 'Cataluña tal cual' ha salido al paso de la "reacción desmesurada e hipócrita del Gobierno catalán y de los representantes de los partidos políticos separatistas de Cataluña" ante la tramitación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) afirmando que el actual modelo de inmersión lingüística "es discriminatorio y, vistos los resultados lectivos del mismo, debe ser considerado un modelo fracasado".

Por ello, la plataforma -integrada por Asociación por la Tolerancia, Asociación por la Igualdad de las Lenguas Oficiales, Ágora Socialista, Foro España Hoy, Impulso Ciudadano y Plataforma Hispanoamericana en Cataluña- se felicita porque las "Cortes Generales debatan y estén en vías de aprobar el primer intento de regulación de la enseñanza en las lenguas oficiales en una Ley de Educación estatal".

La plataforma ha rebatido las falsedades que utilizan los defensores del actual sistema de inmersión en catalán. Para empezar, los nacionalistas ridiculizan el número de familias que han pedido la educación bilingüe, teniendo en cuenta las trabas que la administración catalana pone para hacer la petición. Además, afirma la plataforma, si son tan pocas las familias, no se entiende la resistencia de la Generalidad a aceptar esta opción.

El argumento de que los niños catalanes tienen un mejor nivel de español que otras comunidades autónomas no se sostiene: "No parece muy lógico que los niños que realizan su vida escolar completamente en una lengua la conozcan a un nivel inferior a los que la tienen como una simple asignatura", como ocurre en Cataluña. También está el 'mantra' de la "cohesión social". Dice 'Cataluña tal cual' que "enseñar en las dos lenguas de la comunidad sólo puede contribuir a reforzar la unión ciudadana" ya que "la verdadera amenaza a la convivencia la constituyen aquellos que apuestan por el monolingüismo escolar obligatorio" y la "senda separatista" que han escogido.

Por último, estas asociaciones no entienden que el catalán todavía necesite "normalización lingüística": "después de treinta años, o bien el catalán ya está normalizado y debe cesar la “normalización”, o bien estas políticas han sido inútiles y deben cesar también".

Por todas estas razones, la plataforma 'Cataluña tal cual' cree que la reforma de la ley educativa debe servir para "adoptar medidas en toda España que contribuyan a garantizar en un régimen de libertad e igualdad un modelo educativo respetuoso con los derechos lingüísticos" y que sirva para "formar buenos ciudadanos y no acólitos de la causa nacionalista".

Terrorismo y ajedrez
José Javaloyes www.republica.com 30 Mayo 2013

Acertamos quienes dijimos qué había debajo de los dos atentados terroristas contra soldados en Londres y París: recluta y activación yihadista de jóvenes de cultura musulmana procedentes de la emigración afroasiática radicada en las grandes urbes europeas.

La detención en un suburbio de la capital francesa del joven que días atrás atacó a un soldado francés en un intercambiador del Metro, ha permitido saber, por confesión del agresor, que son “cientos” los jóvenes musulmanes, en el caso francés, que se encuentran laboreados por la catequesis terrorista de islámicos radicales, que se aplican a ese proselitismo del sectarismo violento y de bajo y asequible coste: una navaja, un cuchillo de cocina o un machete…

Posiblemente, lo que se pretenda por los diseñadores de esta estrategia nueva para el terrorismo urbano sea tanto la efusión de sangre de soldados como la patentización de que existe un acoso difuso y profuso de violencia islámica centrada sobre la tropa enviada a los escenarios donde las redes de Al Qaeda resisten o se extienden, sea por Afganistán o, en África, por los vacíos del Sahel, desde el Índico somalí y keniano hasta el Atlántico y sus aledaños por Mauritania, Níger, Mali y la propia Nigeria.

Existe una correspondencia cierta entre los escenarios geográficos y las campañas militares correspondientes, de una parte, y este nuevo género de pulsión terrorista que ahora empieza a aflorar, como expresan estos dos consecutivos apuñalamientos a la tropa europea. Potencialmente, como ha manifestado el recién detenido por la gendarmería francesa, son numerosos los jóvenes intoxicados por Imanes y otros agitadores de los involucrados en el salafismo los que podrían actuar. Son los crecidos y multiplicados con la semilla fanática de Osama Ben Laden y su lugarteniente, el egipcio Anwar el Zawahiri.

No acaba ahí, sin embargo, dentro de este terrorismo al por menor en las capitales de Europa, la difusión promiscua de escenarios por parte del activismo yihadista en Europa y sus entornos. Se la encuentra en otros escenarios relativamente insospechados. Estuvieron los Alqaedanos en la guerra civil libia y están ahora, trufando la rebelión siria contra el régimen de Al Asad. Algo que complica exponencialmente el conflicto que arrastra el régimen de Damasco y que ya no sólo se ha llevado 80.000 vidas por delante, sino que además ha convertido el problema en algo mucho más complejo, al involucrarse el conflicto en la geopolítica partida de ajedrez que juega Rusia por el Mediterráneo oriental, al enviar a Damasco misiles antiaéreos S-300 para que Siria pueda dificultar a Israel sus operaciones aéreas contra los suministros iraníes de material militar a las fuerzas de Al Asad y, también, contra los apoyos de Hezbolá a sus correligionarios chiíes del régimen de Damasco.

Pero ocurre que esta partida de ajedrez que se juega en Siria se ha venido a extravasar, colateralmente, sobre el espacio libanés, donde chiíes y suníes se intercambian algo más que salvas de saludo. El riesgo de que el conflicto sirio, por vía de la involucración en el mismo de las milicias de Hezbolá contagie plenariamente al Estado libanés, es una probabilidad y un riesgo nada teóricos. De ahí que el referido envío de misiles S-300 por parte de Moscú a Damasco tenga una inquietante relevancia, en tanto que puede abundar en la internacionalización del conflicto ya comenzada, como acabo de señalar. La observación de García-Margallo, calificando tal suministro de armas de “señal equivocada”, tiene de todo menos de impertinente.

Terrorismo yihadista
La amenaza ubicua
GEES Libertad Digital 30 Mayo 2013

Los ataques en las calles de Londres y París, y un doble atentado suicida en Níger, ocurridos todos ellos en la misma semana pero de características y efectos muy distintos, son todos ellos parte de una misma amenaza del terrorismo yihadista salafista. Esta es ubicua, poliédrica y ha venido para quedarse, para matar provocando terror y para combatir, con los medios que tenga a mano, a un enemigo enorme en poder y envergadura –innumerables Estados y millones de individuos, incluidos la inmensa mayoría de los musulmanes– pero también vulnerable frente al zarpazo del terrorismo.

En Londres, dos británicos de origen nigeriano asesinaban fríamente a un soldado el 23 de mayo y captaban la atención mediática. Con su acción amenazaban al mundo, indicándonos que ya no podremos vivir tranquilos. Dos días después, otro individuo intentaba –y por poco lo logra– acabar con la vida de un soldado que realizaba labores de vigilancia antiterrorista (Plan Vigipirate). En Londres se atacaba y asesinaba a un soldado desarmado y en París casi muere un soldado armado y vigilante: ambos casos tienen en común el factor sorpresa y la determinación de los terroristas. Frente al caso de Londres, en el que los terroristas esperaron la llegada de la Policía, en París el terrorista huyó, para poder seguir atentando. Son dos casos distintos aunque con el mismo objetivo: matar.

En un escenario no europeo, y en la misma semana, nos encontrábamos con acciones terroristas más letales y por ello eficaces desde la perspectiva terrorista. Hasta diez terroristas suicidas muertos en una doble operación, ejecutada con un intervalo de media hora, contra un acuartelamiento militar en Agadez (24 soldados y un civil asesinados) y una instalación de la compañía francesa Areva –que extrae uranio– en Arlit (un civil muerto y trece heridos). Los terroristas entraron en Níger desde Libia, cada vez más su santuario; pertenecían a al menos dos grupos terroristas, el Movimiento para la Unicidad del Islam y el Yihad en África Occidental (Muyao) y el grupo denominado Los que Firman con la Sangre, de Mojtar Belmojtar, y mostraron buena organización, coordinación, motivación, disponibilidad de medios logísticos y, en suma, eficacia.

En Londres y en París, en Agadez y en Arlit, forman parte de lo mismo: buscan extender la yihad sembrando la muerte y el terror por doquier, y son todos ellos parte de esa amenaza representada por el yihadismo salafista. Una ideología atroz, que manipula el islam hasta convertir una religión en un instrumento de combate, y a la que no hay que hacer concesión alguna. Vivimos momentos dramáticos, en los que hay que reconocer como nunca antes que no todas las ideologías son legítimas, y que esta en concreto demanda de todos nuestros esfuerzos para derrotarla.

© GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Cataluña / barcelona al día
La política educativa catalana, feliz en su tupper
oti rodríguez marchante ABC Cataluña 30 Mayo 2013

Lo peor no es el desprecio con el que cavan trincheras para la educación de los demás, sino la desfachatez de querer imponer la ilegalidad sobre la legalidad

TRAS la sonora reunión de todos los grandes cerebros para cavar una trinchera entre la Lomce, que significa la Ley Orgánica de Mejora Educativa, algo evidentemente intolerable, dado que la «mejora» en la educación catalana es imposible, se ha llegado a la vistosa conclusión de que la señora Irene Rigau, consejera de Enseñaza (¡enseñanza!) de la Generalitat, se ve bien en plan insumisa.

No hay ninguna duda de que el único objetivo de esta cumbre de «cerebridadades» es la de vigilar que las nuevas generaciones de catalanes tengan la mejor educación posible, que es la que ellos promueven e imponen desde que tienen poder para ello. Y por eso, porque tienen poder para ello, la promueven e imponen para todos los demás, salvo ellos mismos. Hace sólo un par de días podíamos leer que los hijos de Artur Mas se han educado, igual que Artur Mas, en un colegio que imparte las clases en cuatro lenguas vehiculares, castellano, francés, inglés y catalán, pero ése no puede ser es un buen sistema para imponérselo al resto de los catalanes, a los cuales es mucho más práctico sumergirlos en el monolingüismo educativo, o sea, en la fiambrera, en el tupper.

Pero, lo peor no es el desprecio con el que cavan trincheras para la educación de los demás, sino la desfachatez de querer imponer la ilegalidad sobre la legalidad, algo que ha de convertir a toda esa masa cerebral (¿alguien entiende qué dice y en qué lo dice Francesc Homs?) en pulpa para las nuevas generaciones, o al menos para aquellas que consigan liberarse de la cadenita con la que quieren controlarlas. El Constitucional ya se cargó con abundantes dosis de sentido común la inmoralidad del Estatuto mediante un razonamiento sólo inadecuado para grandes cerebros catalanistas cuando sentenció que «las Administraciones públicas no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales, y que sólo los particulares pueden tener esa preferencia por una o por otra»... ¡Qué atraco a la libertad..., darle sólo al individuo, y no a los grasientos intereses de los políticos, la decisión de qué prefiere y de qué le hace más libre!

Todo este grumo de intereses políticos y lingüísticos que se antepone a la mejor educación posible para nuestros hijos se quedaría deshecho tras una simple pregunta: ¿cómo educaron a ese tal Toni Albà?..., pues a mi hijo, please, de la otra manera.

SE DISPARA LA INCONTINENCIA LEGISLATIVA DE LAS COMUNIDADES EN MATERIA TRIBUTARIA
Las CCAA crean una artillería de 80 impuestos en los últimos años, el cuádruple que el Estado
Carlos Sánchez El Confidencial 30 Mayo 2013

La incontinencia legislativa de las comunidades autónomas comienza a no tener límites. Lo demuestra el hecho de que ya han creado desde su constitución -hace tres décadas- casi 80 figuras impositivas. No se trata de tasas o precios públicos -que tienen una función finalista-, sino de impuestos puros y duros. Y lo que es todavía peor, tan sólo en 2013 han creado una decena de impuestos que gravan diferentes hechos imponibles.

Para hacerse una idea de lo que significa esta cifra, hay que tener en cuenta que la Administración central del Estado cuenta en estos momentos con alrededor de 20 impuestos diferentes, lo que quiere decir apenas la cuarta parte de los que han nacido al calor del actual sistema autonómico gracias a su capacidad normativa.

Estos datos se incluyen en un monográfico editado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) sobre la reforma de la financiación autonómica, y su autor es el profesor Luis María Alonso, de la Universidad de Barcelona, para quien el hecho de que las CCAA hagan nacer de forma tan prolífica tantos impuestos en realidad lo que provoca es el fin del sistema fiscal nacido en la transición: pocos impuestos, y de gran potencia recaudatoria. En el libro han colaborado algunos de los primeros espadas de la financiación autonómica, los profesores Zubiri, Monasterio, Zabalza, Barberán, Uriel, De la Fuente, Cucarella o Francisco Pérez.

La lista de impuestos es interminable y afecta a casi todos los sectores económicos, muchas veces gravando hechos imponibles que prácticamente replican a los que tiene el Estado.

Así, por ejemplo, doce CCAA tienen vigente un canon sobre el agua; nueve, un impuesto que grava determinadas actividades que inciden en el medio ambiente; cinco han puesto en marcha un tributo sobre grandes superficies comerciales, mientras que otras cinco, lo que gravan es el juego.

No acaba aquí la lista. Cinco gobiernos autonómicos han decidido crear un impuesto que grava la emisión de gases a la atmósfera, otros ocho cargan la producción o depósito de residuos en instalaciones controladas y dos, Asturias y Andalucía, han instaurado un impuesto sobre las tierras "en deficiente aprovechamiento".

Hay más: Canarias grava el tabaco y los combustibles, precisamente dos de sus principales fuentes de ingresos, mientras que Extremadura ha considerado hecho imponible el aprovechamiento cinegético, es decir, la caza, pese a que es una de su principales fuentes de riqueza.

La hemorragia legislativa afecta también a los depósitos bancarios, las bolsas de plástico, la energía eólica, el daño medioambiental causado por la instalación de transporte por cable, el daño medioambiental por el aprovechamiento del agua embalsada o por la estancia de turistas en establecimientos hoteleros.

La lista se ha 'renovado' este año en Baleares, que gravará a las empresas de alquiler de coches o las bebidas no alcohólicas.

Lo paradójico de la lista del profesor Alonso es que la imposición de tributos no depende de opciones ideológicas. Todos los Gobiernos autonómicos, independientemente de su ideología, han creado una artillería de impuestos que en algunos casos compiten directamente con los estatales en cuanto al hecho imponible. Sobre todo, a partir de la interpretación que dio el Tribunal Constitucional en 2009 a la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas), mucho más laxa para la creación de impuestos que en sentencias anteriores.

El resultado de esta frenética actividad legislativa es que junto a impuestos con reducidísima recaudación, existen otros con bastante potencia a lo hora de ingresar. Tan sólo Cataluña, por el canon del agua, recauda unos 500 millones de euros, mientras que, según aparece en la sentencia del TC, el impuesto de depósitos bancarios ingresará entre 500 millones y 800 millones.

Nota de redacción: El Gobierno de Aragón ha suprimido el impuesto de transporte de cable, que aparece reflejado en el cuadro que acompaña a esta información.

Avala la investigación del 11-M
La Audiencia de Madrid desmonta la denuncia de las testigos rumanas del 11-M contra El Mundo
La Audiencia de Madrid avala que "no hay en la causa el más mínimo indicio de la comisión de un hecho delictivo".
LIBERTAD DIGITAL  30 Mayo 2013

Tras el sobreseimiento de la denuncia de las testigos rumanas del 11-M contra el diario El Mundo, ahora, la Audiencia de Madrid avala la labor de investigación llevada a cabo por el diario. Según informa, el tribunal ha acreditado la "total falta del fundamento de la denuncia", confirmando el dictamen del juez instructor.

La Audiencia respalda el trabajo llevado a cabo por Casimiro García Abadillo y Joaquín Manso, que llevaron a cabo "exclusivamente una labor de investigación periodística" que destapó las mentiras de las dos testigos en el juicio del 11-M.

El diario El Mundo publicó una serie de reportajes poniendo de manifiesto las contradicciones y circunstancias en las que ambas testigos protegidos (Con claves C-65 y J-70) declararon en el juicio del 11-M para provocar la condena de Zougam como autor del atentado.

Las testigos aseguraron que el diario las había conminado "bajo presiones" a que efectuasen una declaración exculpatoria de Jamal Zougam, ofreciendo a cambio regalos como una camiseta del Real Madrid o gestiones para evitar el desahucio de una de ellas.

Pero la testigo J-70 se retractó ante el juez, y admitió que no había sufrido coacciones. C-65 insistió en un relato que se ha demostrado falso, asegurando que la habían amenazado durante un encuentro en una cafetería. El Mundo presentó la grabación de ese encuentro –con autenticidad comprobada por la Policía Científica- y demostró las mentiras de la testigo. El juez instructor subraya también este punto: "Contrariamente a lo que la testigo señaló", la cinta "no recoge en absoluto una conversación en la que los denunciados intimidasen u obligasen, o intentasen hacerlo de algún modo, a la testigo para que colaborase con ellos".

Tras el sobreseimiento libre de la causa, los recursos han confirmado la realidad de los hechos. En un auto redactado por el magistrado Luis Martínez de Salinas, se resuelven los recursos del abogado Gonzalo Boye y de un letrado de la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo presidida por Pilar Manjón. "No hay en la causa el más mínimo indicio de la comisión de un hecho delictivo", remata.

Gracias a las revelaciones del diario, la Audiencia de Madrid ordenó su imputación por falso testimonio para esclarecer si "pudieron confabularse con la finalidad de alcanzar ciertos beneficios personales y económicos faltando a la verdad en las manifestaciones que realizaron en la vista del juicio oral".

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Déficit a la carta y otras enormidades
Tensiones de la España fragmentada
Mikel Buesa Libertad Digital 30 Mayo 2013

La deriva institucional de España, especialmente durante los tres últimos lustros, ha conducido a un estado de fragmentación territorial en el que resulta cada vez más difícil asegurar los principios consagrados en la Constitución, singularmente el de igualdad entre todos los ciudadanos y el de unidad política y de mercado. El de España ha dejado de ser el Estado unitario y descentralizado que se diseñó en 1978 para pasar a ser un híbrido de difícil clasificación política en el que los elementos originales de ese diseño se amalgaman con situaciones confederales de hecho y de derecho. No sorprende por ello que, en ocasiones, se apele a la necesidad de que el Estado se dote de instrumentos para asegurar la cohesión territorial, tal como ocurrió en el caso del presidente Aznar en su controvertida intervención televisiva de hace una semana. Y sin embargo hay que añadir inmediatamente que, en realidad, esos instrumentos se encuentran ya definidos en el texto constitucional, aunque su falta de uso, unida a la incuria de nuestros gobernantes para hacerlos valer, los hace ausentes de la práctica política.

Algo de esto es lo que estamos viendo durante las últimas semanas con ocasión del debate sobre el déficit a la carta para las comunidades autónomas; un debate en el que han vuelto a aflorar las que podríamos denominar tensiones de la España fragmentada, con la particularidad de que, en este caso, no se han mezclado con ellas las diferencias partidarias o las pulsiones nacionalistas, pues casi todo el asunto se ha dirimido entre los dirigentes regionales de un mismo partido, que no es otro que el que ostenta el Gobierno de la Nación.

El déficit a la carta es una aportación de nuestro ministro de Hacienda para facilitarle a su jefe, don Mariano Rajoy, un instrumento con el que templar gaitas con la Generalitat de Catalunya mientras se intenta inducir en Artur Mas una reflexión práctica acerca de la inviabilidad política de su proyecto secesionista o, en todo caso, de la conveniencia de dejarlo para mejor ocasión. Tan loable pretensión tiene, sin embargo, el inconveniente de que, más que asentar el Estado, lo que hace es fragmentarlo un poco más, sobre todo porque convierte a algunas de sus instituciones –a los instrumentos de la cohesión, en concreto– en papel mojado.

En efecto, para empezar, el déficit a la carta introduce de tapadillo el principio de bilateralidad en las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas; un principio que resulta inasumible para un Estado que se presume unitario y que, en todo caso, choca con el carácter multilateral del diseño de los instrumentos relacionados con la financiación autonómica –salvo la excepción constitucional de los territorios forales–. Pero es que, además, con él se quebranta el principio de estabilidad presupuestaria que nuestra Constitución ha acogido en su última reforma, amén de que se deja, en la práctica, sin efecto la panoplia de instrumentos con los que el Estado puede obligar a los Gobiernos autonómicos a volver a la senda del "santo temor al déficit" –por emplear la expresión consagrada entre nosotros por el que fuera ministro de Hacienda en el bienio 1872-73, don José de Echegaray–.

El caso es que la Ley de Estabilidad Presupuestaria resulta damnificada con esta pretensión del déficit a la carta. Pero ahí no se para el memorial de daños, pues, como en esto del déficit –de su reparto, para ser más precisos– estamos ante un juego de suma cero, resulta que también se daña la igualdad que la Constitución pretende para todos los españoles al prevenir que no se formen situaciones de privilegio en las entidades territoriales del Estado. Es un juego de suma cero por la sencilla razón de que, a final de año, es el conjunto de las Administraciones Públicas el que tiene que rendir cuentas ante la Comisión Europea y mostrar el cumplimiento agregado del objetivo de déficit que se haya negociado con ella. Por tanto, si una comunidad autónoma suma, con respecto a su Producto Interior Bruto (PIB), un déficit mayor, habrá otra que tendrá que resignarse con un déficit menor. Y de esta manera la primera habrá dispuesto de más recursos que la segunda para hacer frente a los servicios públicos que ambas prestan a sus habitantes. La desigualdad para éstos se encuentra así servida en la bandeja que el ministro Montoro le ofrece al presidente del Gobierno.

Naturalmente, las tensiones de la España fragmentada no se paran ahí, pues quien más quien menos, entre los gobernantes autonómicos, todos aspiran a sacar alguna tajada de este galimatías deficitario. Lo ha dejado claro, para empezar, José Antonio Monago, el inteligente político que dirige el PP en Extremadura y gobierna esa comunidad autónoma. Monago ha exigido compensaciones y, en una conversación discreta con la vicepresidenta del Gobierno que ha tenido lugar en Mérida, le ha sacado a Soraya Sáenz de Santamaría un tren de velocidad alta y un plan de empleo para la agroindustria. No seré yo el que niegue el interés de ambos proyectos para la maltrecha economía extremeña –la de la región de menor nivel de desarrollo, cuyo PIB per cápita es la mitad del vasco o del madrileño y sólo alcanza los dos tercios de la media nacional española–. Pero lo que sí cabe cuestionar es la vía que se ha seguido para obtenerlos, pues ambos deberían haber sido proyectos acogidos al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). Este fondo es una institución constitucional destinada a atenuar las desigualdades interregionales existentes en España; una institución, por cierto, lánguida y maltratada, que apenas cuenta con dinero y, por tanto, apenas sirve al fin para el que fue creada. Los lectores se harán una idea si consideran que el FCI maneja un poco más de mil millones al año; es decir, mueve apenas una centésima parte de los recursos que se ventilan en la financiación autonómica. Y Monago, sabedor de esta circunstancia, no se ha parado a considerar que, en la perspectiva de la fortaleza institucional de España, más hubiera valido exigir el reforzamiento del FCI que sacarse un ferrocarril y unos dineros para los parados en un trapicheo entre políticos.

Ha habido otros dirigentes del PP que han participado en este juego tensional de la España fragmentada. Alberto Fabra, sin ir más lejos, ha aprovechado el debate para vender la idea de que su déficit –o sea, el de la Comunidad Valenciana, que él gobierna–no sería tal si la financiación autonómica fuera igualitaria. Una idea falsa, como sabrán mis lectores, lo que no impide reconocer que en esto de la igualdad, en cuanto a los recursos autonómicos, queda aún un buen camino que recorrer. A su vez, Alberto Núñez Feijóo, desde Galicia, ha exigido una discriminación positiva para los Gobiernos regionales temerosos del déficit, sin pararse a pensar que las discriminaciones, sea cual sea su concreción, tienen un inmediato reflejo en la fragmentación institucional del país. Y, por su parte, Alicia Sánchez Camacho, en una original contribución al freno de los gastos en Cataluña –para la que sigue reclamando un déficit singular–, se ha decantado por excluir de todo tipo de ayudas a los inmigrantes que no acrediten una residencia legal de al menos un año y medio en su región, destrozando de paso los esfuerzos institucionales de España para preservar la igualdad de los extranjeros que viven en ella.

En fin, las tensiones de la España fragmentada parece que sólo pueden resolverse, esta vez según los políticos de la derecha, estropeando aún más las instituciones y haciendo todo más enrevesado y arbitrario. Ello me recuerda aquel pasaje de El laberinto español en el que Gerald Brenan –don Geraldo para los que le conocieron en su periplo por la Alpujarra– observa que en España los reyes y gobiernos legislan, los siglos pasan, pero los problemas fundamentales continúan en el mismo estado.

La ley Wert: una muestra más
maría teresa giménez barbat ABC Cataluña 30 Mayo 2013

Las leyes y las sentencias relativas a la lengua no se cumplirán reconociendo tácitamente que Cataluña es un territorio donde no rige la autoridad del Estado

EL alcalde Trías dijo que no podían «tomarse la ley por su mano». Se refería a las familias que decidieron protestar contra los recortes en los centros educativos empleando la desobediencia civil. Resulta que los padres que pertenecen a las 35 Ampas de las guarderías públicas que forman el colectivo insumiso van a retener la cuota que deben pagar al centro como «medida de presión». El munícipe les ha alertado de la inviabilidad de esa desobediencia y de que pueden enfrentarse a un embargo.

Resulta del todo sorprendente esta severidad cuando esos padres concienciados no hacen más que seguir un modelo absolutamente «mainstream» en la sociedad catalana, y que se inspira y tiene como modelo a las más altas instancias políticas y administrativas del gobierno de la Generalitat. La cosa no vienen de hoy. Ya es tradición catalana, forma parte de nuestra «identidad» que los cargos del poder de la Generalitat, de este «govern» y de los anteriores (¡gloriosa Inma Mayol declarándose «antisistema»!) proclamen a los cuatro vientos que piensan pasarse por el forro de las entretelas cualquier ley, norma o acuerdo que vaya contra lo que, en un momento dado, interpreten áulicamente que desea «Catalunya».

¿Por qué algo tan modestamente ejemplar como decidir qué hace un padre concienciado con su dinero puede ser castigado con embargos y cuando un tal Andreu Bartolomé, empresario independentista del Priorat, decide administrar sus impuestos directamente y ofrecerlos a los servicios sociales de su comarca, es adjetivado por la prensa como «icono de la insumisión fiscal» y no recibe más que parabienes?

Un poco de coherencia dentro del caos, por favor. La desobediencia civil y política ha sido alentada por el nacional-progresismo desde casi la Transición. Pero aquí no se aclaran ni los nuestros ni los suyos. Y el peor ejemplo siempre ha llegado de Madrid. Ahora con esa fallida Ley Wert que hace aguas por todas partes. Se va a obligar a la Administración a pagar la escolarización en castellano en colegios privados de los niños cuyos padres lo soliciten. Posteriormente, el Estado deducirá ese importe de las transferencias a la Generalitat. El resultado será que solo podrán acceder a la educación en castellano los catalanes que vivan en zonas donde exista una gran oferta escolar, subvencionándose así la enseñanza para las capas más pudientes de la sociedad. Es lógico, en barrios obreros o de clase media o en pequeñas localidades será imposible por falta de oferta.

Seguimos con lo de siempre. Las leyes y las sentencias relativas a la lengua no se cumplirán reconociendo tácitamente que Cataluña es un territorio donde no rige la autoridad del Estado. Con la llamada Ley Wert se remacha el consagrado hábito de que en Cataluña hay que utilizar las puertas de servicio para no molestar a la Bestia.

Mª Teresa Giménez Barat es escritora y miembro del consejo territorial de UPyD en Cataluña.

Economía moral del nacionalismo
El axioma básico de los nacionalistas es: “Hay conciudadanos que no son iguales a nosotros”. Sus propuestas no aspiran a ser aceptables en un marco democrático, ni por su contenido ni por sus principios
Félix Ovejero. El País  30 Mayo 2013

A veces hablamos como hablamos, y eso nos lleva a simplificar las expresiones”. De este modo quiso justificar Francesc Homs, portavoz de la Generalitat, una falsedad repetida durante meses por los nacionalistas: que el Tribunal Constitucional alemán había establecido un límite fiscal del 4% al déficit de los länder. Como si se tratara de un despiste circunstancial sobre un asunto opinable y no de una consigna de meses sobre números y sentencias. No es la única vez que descubrimos que la economía del nacionalismo se sostiene en mentiras sin escapatorias. También sucedió con otro mantra, este de menor tráfico y con más esquinas: el Principio de Ordinalidad, según el cual es consustancial a los Estados federales que las transferencias de nivelación no alteren el orden de las federaciones por recursos tributarios per capita o por habitante ajustado.

No eran calentones de tertuliano borrachín, sino tesis precisas puestas en circulación a sabiendas de su falsedad y que, sin molestarse en sopesarlas, un día sí y otro también repetían con fervoroso convencimiento periodistas propicios y académicos rebosantes de ardor patriótico espontáneo o engrasado. De esas que, en condiciones normales de cultura democrática, conducen a dimisiones, rectificaciones y ostracismo profesional.

Pero la economía moral del nacionalismo es discutible no solo por los procedimientos sino también por sus fundamentos. Recordemos lo básico: las fronteras de los Estados democráticos enmarcan perímetros de justicia y democracia. Podemos exigirnos el compromiso con las decisiones y, si lo hemos acordado, imponernos redistribuciones. En esa superposición entre justicia y democracia se sostiene el germen igualitario que asociamos al ideal ciudadano. De fronteras afuera solo caben acuerdos que respondan a la capacidad de negociación y a beneficios de trato. No redistribuimos con los alemanes ni decidimos con los suizos. Ni siquiera se nos ocurre reprocharles que ignoren nuestros intereses o sus evasiones fiscales. Ni la justicia ni la democracia entran en consideración.

La economía moral del nacionalismo desprecia esta trama democrática. Su axioma básico es: “Hay conciudadanos que no son iguales a nosotros”. Para confirmarlo, basta con examinar el trasunto normativo de su obsesión por las balanzas fiscales y los lemas en que cristaliza. El primero, “España no nos sale a cuenta”, solo se entiende desde la desconsideración de los “no nacionales”. Hay unos que sí importan y otros que no. Por eso el cálculo no se contempla entre catalanes, no se pregunta, por ejemplo, si a Barcelona le conviene compartir comunidad política con la pobre comarca de la Anoia. Si diéramos por bueno el trasfondo moral del lema, lo debido sería hacer una lista de ciudadanos “desechables”; para empezar, niños, descapacitados y ancianos. Si hacemos unas preguntas y otras no, si “entre nosotros” no se piden las balanzas es porque a los otros no se les considera nuestros iguales.

“España no nos sale a cuenta”sólo se entiende desde la desconsideración a los “no nacionales”

El segundo lema, “los catalanes pagamos demasiado al Estado”, asume que los impuestos que yo pago son de Cataluña. No los pago como ciudadano de un Estado de acuerdo con un marco constitucional que me proporciona derechos y libertades, sino como parte de una impreciso contribuyente fiscal: “los catalanes”. Con las mismas razones mi hermana o mis vecinos podrían apropiarse de mis cuentas para quejarse de lo que pagamos los Ovejero o los del Ensanche. Yo pertenezco a una familia, vivo en un barrio barcelonés y he nacido en Cataluña, pero, desde el punto de vista de mi condición de ciudadano, lo que incluye el entramado jurídico en el que se insertan “mis” impuestos, esas circunstancias tienen tan poca relevancia como mi condición de culé, miope o varón. Los miopes, que compartimos identidad biológica y hasta visión del mundo, borrosa, no somos sujetos fiscales. La igualdad solo se hace inteligible entre ciudadanos, no entre familias, tierras o aficionados deportivos.

El tercer lema es más sutil y merodea un argumento: “Hay que proporcionar un trato privilegiado a Cataluña, motor económico, porque, por goteo, los españoles se beneficiarán”. Los nacionalistas lo invocan como una justificación moral. Y no. Cuando ciertos liberales hacen uso de una idea parecida, sustituyendo “Cataluña” por “los ricos”, su defensa de la desigualdad es prudencial o instrumental, no normativa. No nos dicen que los privilegios estén bien, sino que debemos resignarnos a ellos porque, de ese modo, se consigue lo importante, la mejora de los desfavorecidos. El argumento, al final, se sostiene en la defensa de los ciudadanos en peor situación. A nadie se le ocurre invocar los privilegios como principio de justificación, consagrarlos en constituciones o estatutos (salvo quienes apelan a derechos históricos, pero esos, seamos serios, no razonan moralmente). La desigualdad acaso sea un estímulo para el comercio, como lo pueden ser el sexo y las comilonas, pero a nadie se le ocurre encabezar una constitución con los pecados capitales. Por cierto, también las descargas eléctricas o los latigazos resultan muy estimulantes para evitar acciones terroristas.

El trato diferencial no es un argumento político, público. Nadie en un Parlamento se atrevería a decir sin sonrojo: “Yo solo contribuyo si tengo un trato privilegiado”. Esa es la raíz última del desinterés nacionalista por una Cámara federal. Lo suyo son las negociaciones privadas y en trastienda, esas que están detrás de los distintos modelos de financiación que los nacionalistas propusieron, los demás acataron y, al poco tiempo, sus autores presentaban como tiránicas imposiciones. Sus propuestas no aspiran a ser aceptables en un marco democrático: ni por su contenido, en tanto buscan el trato diferencial, ni por sus principios, en tanto no entienden a los demás —sus intereses— como dignos de consideración, ni siquiera como interlocutores, como parte de su comunidad política.

Con igual legitimidad, los que viven por encima de la Diagonal pueden crear un municipio independiente

El uso del “argumento” por los nacionalistas es particularmente torpe. No ya porque pretendan usar el privilegio como principio de justificación, sino porque, además, lo usan mal. Y es que si lo aceptamos, valdría para las personas, nunca para los territorios. Quienes invierten son los empresarios, no “Cataluña”. Si lo damos por bueno, el argumento lo único que justificaría es el trato favorable para los más adinerados, vivan en Marbella, Madrid o Girona.

Todo ese desorden moral se hace inteligible cuando se asume que los otros no son nuestros iguales. Las balanzas fiscales no son el punto de partida de ningún razonamiento, sino la conclusión del axioma irrenunciable del nacionalismo: unos son los nuestros y a los otros hay que mirarlos como extranjeros. Esa es la elección fundamental de quienes quieren levantar fronteras. En una suerte de xenofobia superlativa, no es que no quieran a los extranjeros como conciudadanos, es que quieren, además, a los conciudadanos como extranjeros. El mismo sostén de quienes invocan el derecho a decidir, a romper la comunidad de ciudadanos. Con la misma legitimidad, los que viven por encima de la Diagonal podrían constituirse en Ayuntamiento independiente. Sin que los demás barceloneses pudiéramos decir esta boca es mía. Y si aceptamos esos principios y ese derecho, resulta irrelevante el hecho, real o imaginario, de que “una mayoría esté de acuerdo”. El “derecho” a decidir por parte de esos barceloneses, su posibilidad, es previo a saber si existe una mayoría. La mayoría es, si acaso, el resultado del ejercicio de ese supuesto derecho, lo que se quiere averiguar. Lo decisivo es que, de entrada, unos han decidido que los de abajo no somos de los suyos ni tenemos vela en nuestro entierro.

Que estas cosas se les pudieran ocurrir a los de encima de la Diagonal sería casi normal. De eso iba la nobleza un 5 de mayo de 1789 en Versalles, de comer aparte. Se opuso el Tercer Estado en la sala del jeu de paume y comenzó la mejor andadura de la moderna democracia. Otra cosa es lo que cabe esperar de quienes dicen defender el ideal de ciudadanía, en especial de la izquierda. Cuando ICV y PSC caminan en compañía de CiU —a estos efectos sus programas son una copia mala del programa de CiU del año anterior—, en esta retórica de la “singularidad” confirman su desbarajuste intelectual. Quien levanta una frontera donde no existía le está diciendo al que queda al otro lado que no lo considera su igual, que no le alcanzan los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Han decidido hacernos extranjeros.

Félix Ovejero es profesor de la Universidad de Barcelona. Acaba de publicar ¿Idiotas o ciudadanos? El 15-M y la teoría de la democracia (Montesinos).

Economía moral del nacionalismo
El axioma básico de los nacionalistas es: “Hay conciudadanos que no son iguales a nosotros”. Sus propuestas no aspiran a ser aceptables en un marco democrático, ni por su contenido ni por sus principios
Félix Ovejero. El Pais 30 Mayo 2013

A veces hablamos como hablamos, y eso nos lleva a simplificar las expresiones”. De este modo quiso justificar Francesc Homs, portavoz de la Generalitat, una falsedad repetida durante meses por los nacionalistas: que el Tribunal Constitucional alemán había establecido un límite fiscal del 4% al déficit de los länder. Como si se tratara de un despiste circunstancial sobre un asunto opinable y no de una consigna de meses sobre números y sentencias. No es la única vez que descubrimos que la economía del nacionalismo se sostiene en mentiras sin escapatorias. También sucedió con otro mantra, este de menor tráfico y con más esquinas: el Principio de Ordinalidad, según el cual es consustancial a los Estados federales que las transferencias de nivelación no alteren el orden de las federaciones por recursos tributarios per capita o por habitante ajustado.

No eran calentones de tertuliano borrachín, sino tesis precisas puestas en circulación a sabiendas de su falsedad y que, sin molestarse en sopesarlas, un día sí y otro también repetían con fervoroso convencimiento periodistas propicios y académicos rebosantes de ardor patriótico espontáneo o engrasado. De esas que, en condiciones normales de cultura democrática, conducen a dimisiones, rectificaciones y ostracismo profesional.

Pero la economía moral del nacionalismo es discutible no solo por los procedimientos sino también por sus fundamentos. Recordemos lo básico: las fronteras de los Estados democráticos enmarcan perímetros de justicia y democracia. Podemos exigirnos el compromiso con las decisiones y, si lo hemos acordado, imponernos redistribuciones. En esa superposición entre justicia y democracia se sostiene el germen igualitario que asociamos al ideal ciudadano. De fronteras afuera solo caben acuerdos que respondan a la capacidad de negociación y a beneficios de trato. No redistribuimos con los alemanes ni decidimos con los suizos. Ni siquiera se nos ocurre reprocharles que ignoren nuestros intereses o sus evasiones fiscales. Ni la justicia ni la democracia entran en consideración.

La economía moral del nacionalismo desprecia esta trama democrática. Su axioma básico es: “Hay conciudadanos que no son iguales a nosotros”. Para confirmarlo, basta con examinar el trasunto normativo de su obsesión por las balanzas fiscales y los lemas en que cristaliza. El primero, “España no nos sale a cuenta”, solo se entiende desde la desconsideración de los “no nacionales”. Hay unos que sí importan y otros que no. Por eso el cálculo no se contempla entre catalanes, no se pregunta, por ejemplo, si a Barcelona le conviene compartir comunidad política con la pobre comarca de la Anoia. Si diéramos por bueno el trasfondo moral del lema, lo debido sería hacer una lista de ciudadanos “desechables”; para empezar, niños, descapacitados y ancianos. Si hacemos unas preguntas y otras no, si “entre nosotros” no se piden las balanzas es porque a los otros no se les considera nuestros iguales.

“España no nos sale a cuenta”sólo se entiende desde la desconsideración a los “no nacionales”

El segundo lema, “los catalanes pagamos demasiado al Estado”, asume que los impuestos que yo pago son de Cataluña. No los pago como ciudadano de un Estado de acuerdo con un marco constitucional que me proporciona derechos y libertades, sino como parte de una impreciso contribuyente fiscal: “los catalanes”. Con las mismas razones mi hermana o mis vecinos podrían apropiarse de mis cuentas para quejarse de lo que pagamos los Ovejero o los del Ensanche. Yo pertenezco a una familia, vivo en un barrio barcelonés y he nacido en Cataluña, pero, desde el punto de vista de mi condición de ciudadano, lo que incluye el entramado jurídico en el que se insertan “mis” impuestos, esas circunstancias tienen tan poca relevancia como mi condición de culé, miope o varón. Los miopes, que compartimos identidad biológica y hasta visión del mundo, borrosa, no somos sujetos fiscales. La igualdad solo se hace inteligible entre ciudadanos, no entre familias, tierras o aficionados deportivos.

El tercer lema es más sutil y merodea un argumento: “Hay que proporcionar un trato privilegiado a Cataluña, motor económico, porque, por goteo, los españoles se beneficiarán”. Los nacionalistas lo invocan como una justificación moral. Y no. Cuando ciertos liberales hacen uso de una idea parecida, sustituyendo “Cataluña” por “los ricos”, su defensa de la desigualdad es prudencial o instrumental, no normativa. No nos dicen que los privilegios estén bien, sino que debemos resignarnos a ellos porque, de ese modo, se consigue lo importante, la mejora de los desfavorecidos. El argumento, al final, se sostiene en la defensa de los ciudadanos en peor situación. A nadie se le ocurre invocar los privilegios como principio de justificación, consagrarlos en constituciones o estatutos (salvo quienes apelan a derechos históricos, pero esos, seamos serios, no razonan moralmente). La desigualdad acaso sea un estímulo para el comercio, como lo pueden ser el sexo y las comilonas, pero a nadie se le ocurre encabezar una constitución con los pecados capitales. Por cierto, también las descargas eléctricas o los latigazos resultan muy estimulantes para evitar acciones terroristas.

El trato diferencial no es un argumento político, público. Nadie en un Parlamento se atrevería a decir sin sonrojo: “Yo solo contribuyo si tengo un trato privilegiado”. Esa es la raíz última del desinterés nacionalista por una Cámara federal. Lo suyo son las negociaciones privadas y en trastienda, esas que están detrás de los distintos modelos de financiación que los nacionalistas propusieron, los demás acataron y, al poco tiempo, sus autores presentaban como tiránicas imposiciones. Sus propuestas no aspiran a ser aceptables en un marco democrático: ni por su contenido, en tanto buscan el trato diferencial, ni por sus principios, en tanto no entienden a los demás —sus intereses— como dignos de consideración, ni siquiera como interlocutores, como parte de su comunidad política.

Con igual legitimidad, los que viven por encima de la Diagonal pueden crear un municipio independiente

El uso del “argumento” por los nacionalistas es particularmente torpe. No ya porque pretendan usar el privilegio como principio de justificación, sino porque, además, lo usan mal. Y es que si lo aceptamos, valdría para las personas, nunca para los territorios. Quienes invierten son los empresarios, no “Cataluña”. Si lo damos por bueno, el argumento lo único que justificaría es el trato favorable para los más adinerados, vivan en Marbella, Madrid o Girona.

Todo ese desorden moral se hace inteligible cuando se asume que los otros no son nuestros iguales. Las balanzas fiscales no son el punto de partida de ningún razonamiento, sino la conclusión del axioma irrenunciable del nacionalismo: unos son los nuestros y a los otros hay que mirarlos como extranjeros. Esa es la elección fundamental de quienes quieren levantar fronteras. En una suerte de xenofobia superlativa, no es que no quieran a los extranjeros como conciudadanos, es que quieren, además, a los conciudadanos como extranjeros. El mismo sostén de quienes invocan el derecho a decidir, a romper la comunidad de ciudadanos. Con la misma legitimidad, los que viven por encima de la Diagonal podrían constituirse en Ayuntamiento independiente. Sin que los demás barceloneses pudiéramos decir esta boca es mía. Y si aceptamos esos principios y ese derecho, resulta irrelevante el hecho, real o imaginario, de que “una mayoría esté de acuerdo”. El “derecho” a decidir por parte de esos barceloneses, su posibilidad, es previo a saber si existe una mayoría. La mayoría es, si acaso, el resultado del ejercicio de ese supuesto derecho, lo que se quiere averiguar. Lo decisivo es que, de entrada, unos han decidido que los de abajo no somos de los suyos ni tenemos vela en nuestro entierro.

Que estas cosas se les pudieran ocurrir a los de encima de la Diagonal sería casi normal. De eso iba la nobleza un 5 de mayo de 1789 en Versalles, de comer aparte. Se opuso el Tercer Estado en la sala del jeu de paume y comenzó la mejor andadura de la moderna democracia. Otra cosa es lo que cabe esperar de quienes dicen defender el ideal de ciudadanía, en especial de la izquierda. Cuando ICV y PSC caminan en compañía de CiU —a estos efectos sus programas son una copia mala del programa de CiU del año anterior—, en esta retórica de la “singularidad” confirman su desbarajuste intelectual. Quien levanta una frontera donde no existía le está diciendo al que queda al otro lado que no lo considera su igual, que no le alcanzan los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Han decidido hacernos extranjeros.

Félix Ovejero es profesor de la Universidad de Barcelona. Acaba de publicar ¿Idiotas o ciudadanos? El 15-M y la teoría de la democracia (Montesinos).

En el Congreso
Wert no ve conforme que el catalán sea la única lengua vehicular
Efe GACETA.es 30 Mayo 2013

Las únicas cuestiones que critica el PSOE sobre la reforma educativa son "adjetivas, accesorias y que no tienen nada que ver con la médula del proyecto".

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, afirma que la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza es "excelente" tras las críticas que recibe por parte de la oposición, que se centra únicamente en la Religión como asignatura.

La conocida Ley Wert, nombre que ha rechazado el ministro, debe ser "excelente" cuando las únicas pegas son "adjetivas, accesorias y que no tienen nada que ver con la médula del proyecto". La réplica socialista en la sesión de control al Gobierno ha sido la de abuchear.

Por otro lado, el ministro de Educación ha señalado en los pasillos del Congreso que la propuesta de la Generalitat de enmendar la reforma educativa para continuar con la imposición del catalán y el adoctrinamiento en la escuela no le parece "muy conforme" con la "jerarquía normativa" y con las competencias del Estado en cuanto a legislación básica. La Generalitat quiere mantener la LEC sin tocar una coma, es decir, que debe ser un juez quien inste a los colegios a impartir también clases en español.

Wert se ha referido así a la propuesta que han presentado CiU, PSC, ERC, ICV y las CUP para que se dé preeminencia a lo que estipulen los estatutos autonómicos sobre el uso de las lenguas en la enseñanza. La Generalitat se empeña en mostrar el estatuto de 2006, que blindaba el catalán en la Administración y también en la escuela. No obstante, el Tribunal Constitucional tumbó cuatro años más tarde esa parte, entre algunas otras, al entender que el español debe ser también lengua vehicular. Es decir, emplazaba a la Generalitat a poner el porcentaje de español y catalán en la escuela como lenguas vehiculares. La Administración, además, no puede elegir la lengua con la que se comunique con los ciudadanos, sino que deben ser éstos quienes señalen en que lengua deben contestar las instituciones.

El titular de Educación no ha querido opinar en profundidad sobre el documento consensuado este martes en la segunda cumbre sobre la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

No obstante, tras recordar que ni el PPC ni Ciutadans participaron en este encuentro, ha señalado que el planteamiento sobre la cuestión lingüística no le parece "muy conforme" con la "jerarquía normativa", con lo que es, en definitiva, "competencias del Estado en cuanto a legislación básica".

Manos Limpias
El terror de los corruptos
JESÚS ANDRÉS LOMBARDERO www.gaceta.es 30 Mayo 2013

Blesa, y antes Garzón, Urdangarín, Jordi Pujol, Baltar o Hernández Moltó han sido investigados por el sindicato, un pequeño David que pone en jaque al Goliat de la corrupción.

Sodoma y Gomorra sucumbieron a la destrucción divina muy a pesar de Abraham que, impotente, fue incapaz de encontrar en sus calles a diez hombres próvidos que albergaran en su interior el más mínimo sentido de la justicia. La justicia, paradigma de cualquier democracia, ha sido enterrada con el visto bueno de una sociedad que, de forma ciega, ha aceptado encantada la cesión de sus vidas, su libertad, su hacienda, su destino y su tiempo a los que anunciaban alegremente que “Montesquieu ha muerto”, mientras utilizan los escasos recursos para aplacar cualquier signo de vida en nuestras almas.

Pero habrá esperanza mientras existan iniciativas que, desde la sociedad civil, luchen por restablecer el orden sometiendo la política al control del ciudadano. Es el caso de Manos Limpias, sindicato que, prácticamente en solitario, se dedica desde hace dos décadas a luchar contra la corrupción, investigando numerosos affaires y llevándolos a los tribunales.
Su rostro visible es el abogado Miguel Bernad, antiguo letrado del Ayuntamiento de Madrid, que no oculta su pasado en el Frente Nacional de Blas Piñar, y que fundó el sindicato, en 1995. Desde entonces ha sido el terror de quienes tenían algo que ocultar en sus cuentas o en sus dineros, sobre todo si se trataba de gastar escapando de la fiscalización pública, o de ayudar a los amiguetes del partido.

Los medios de izquierda, como El Plural de Enric Sopena o eldiario.es de Ignacio Escolar tratan de desacreditar su labor, al recordar su pasado. Pero él responde que el partido era democráticamente legítimo, y que ahí está su labor al frente de Manos Limpias al arrojar luz sobre la corrupción y desenmascarar iniciativas antidemocráticas del poder. Por otro lado, el sindicato ha perseguido la corrupción a todos los niveles, sin importarle el signo ideológico (izquierda, derecha) de la persona investigada por prácticas irregulares.

La prueba es el centenar largo de casos anuales que investigan; que el 85% de las denuncias han sido admitidas en los tribunales, y que más de la mitad se han saldado con sentencias condenatorias. Y todo ello, gracias no a una multinacional o a un poderoso bufete internacional, sino a un modesto despacho en el que colaboran abogados de otras firmas, que con escasos medios pone toda la carne en el asador para mirar debajo de las alfombras y airear las corruptelas.

Se trata de un movimiento importado desde Italia. Allí se vivió en 1992 un macro proceso judicial bautizado como Mani pulite (Manos Limpias) y abierto por el entonces fiscal Antonio Di Pietro, quien descubrió una auténtica tela de araña que salpicaba de corrupción a la gran mayoría de formaciones de todos los espectros políticos italianos, provocando un auténtico terremoto institucional. Posteriormente, lo convirtió en partido político.

La asociación Manos Limpias pretende seguir su ejemplo en lo tocante a la lucha contra la corrupción. Amparada en la figura de la acusación popular, ha conseguido un largo historial de victorias en la lucha contra la corrupción a todos los niveles.

La corrupción, venga de donde vengaNo es de extrañar que levante recelos entre los diferentes estamentos políticos y del Estado. Pero ante las múltiples y variopintas acusaciones vertidas sobre Manos Limpias su secretario general, Miguel Bernad, niega que tras la entidad se escondan intereses económicos ocultos, a la vez que asegura que nos encontramos ante una asociación “sometida a la ley, a la Constitución y al Estado de Derecho”.

En ocasiones se ha acusado a dicha organización de perseguir determinados fines ideológicos cercanos a la extrema derecha, detalle que para Miguel Bernad “ya ni siquiera vende”, a la vez que asegura que es “rotundamente falso”.

Sus objetivos los expone con total claridad: “la lucha contra la corrupción venga de donde venga: partidos políticos, jueces, sindicatos, patronal o sector financiero. Manos Limpias es una asociación de espíritu constitucionalista al servicio de la sociedad civil”.

Y desde luego, hoja de servicio es algo que, precisamente, no le falta. Ahí queda la condena al ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, acusado de un delito de desobediencia al negarse a disolver Sozialista Abertxaleak tras la ilegalización de Batasuna en 2003. O la caída del todopoderoso Baltasar Garzón, que pasó de ostentar el estrellato en la judicatura al absoluto destierro tras la suspensión que terminó con su carrera tras demostrarse su actitud prevaricadora.

Éxitos judiciales que han puesto fin a años de abusos pero que no habrían sido posibles sin la participación de Manos Limpias como parte acusadora. Acciones que se extienden a múltiples casos de corrupción, como la trama de los EREs en la Junta de Andalucía; al caso Urdangarín; a la declaración soberanista del Parlamento catalán; a la red de enchufados de José Luis Baltar en la Diputación de Orense; a las irregularidades que le costaron la vida a cinco jóvenes en el Madrid Arena o en los casos de corrupción perpetrados por uno de los hijos del molt honorable, Jordi Pujol Ferrusola.
También se ha personado contra clínicas abortistas que hacen de la muerte indiscriminada del más inocente un negocio; o en el caso de Caja Castilla-La Mancha y la más que irregular gestión de su ex presidente, Juan Pedro Hernández Moltó o en la estafa de las preferentes, entre muchos otros escándalos.

Las presiones de GallardónEn los últimos días hemos asistido a la detención y encarcelación del ex presidente de Caja Madrid (ahora Bankia), Miguel Blesa. Se trata de la primera detención de un banquero en veinte años motivada por su gestión en la compra del City Bank of Florida, repleta de irregularidades para eludir los controles de la Consejería de economía. Una verdad que conocemos gracias a la maquinaria judicial que Manos Limpias ha puesto en marcha. Pero, como en muchos otros casos, con más de una traba en el camino.

Por un lado, el sindicato Comisiones Obreras, una de las grandes centrales verticales y de clase, ha dejado de lado a la sufrida clase trabajadora y, olvidando a los estafados por las preferentes, se ha posicionado a favor del banquero, criticando en público su detención. Una actitud que Miguel Bernad ha calificado como “vergonzosa” y que demuestra que “sindicatos y patronal al final sólo se deben a su capo, en este caso, a Miguel Blesa”.

Y a la peregrina posición de CCOO se une el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien “ha tomado parte en el caso”. Así lo asegura el secretario general de Manos Limpias a ÉPOCA al asegurar que Gallardón “es amigo de Blesa”, por lo que “ha utilizado la Fiscalía para mover hilos y así beneficiar al ex presidente de Caja Madrid”. Aunque Bernad señala que “por suerte el juzgado de instrucción número 9, encargado del caso, es totalmente independiente y no se deja amedrentar por la presión del ministro”.

Por desgracia, hemos asumido con total normalidad que jueces y fiscales se vean sometidos a todo tipo de presiones y control por parte de nuestra clase política.

ZapaterazoEso explica que los Gobiernos se fíen poco de un sindicato que se dedica a husmear en las bodegas del poder y que deja en evidencia a ediles, consejeros, o dirigentes políticos, empresariales y financieros.

En la última legislatura de Zapatero el entonces Gobierno socialista intentó asestar un rejonazo mortal a Manos Limpias con una iniciativa que pretendía conseguir, a través del Tribunal Constitucional, la suspensión de la acusación popular en los procesos penales, limitando las actuaciones a la Fiscalía (el Gobierno) o a las partes afectadas. Fue un intento de acabar con una instancia sumamente incómoda. Pero no le salió bien a los socialistas.

Las presiones a los miembros del Alto Tribunal fueron intensas. El objetivo del Ejecutivo pasaba por evitar la suspensión a Garzón y, de esta forma, asegurarse que el caso ‘Faisán’ seguiría durmiendo en el sueño de los justos (algo de lo que ya se ha encargado el actual Gobierno del Partido Popular). A la vista está que la operación cosechó un rotundo fracaso para esperanza de exigua democracia.

Gracias a Manos Limpias, más tarde o temprano, termina por imponerse el imperio de la ley a los que acostumbran a navegar por esferas de impunidad, devolviendo a la justicia su necesario papel como herramienta de control en la democracia. Manos Limpias ha logrado demostrar que la verdadera regeneración surgirá de la sociedad civil, de ese Tercer Estado que, como afirmaba Sieyès, hasta ahora no ha sido nada pero aspira a ser algo.

iparraguirre y badiola
Condenados a 299 años dos etarras por el atentado en Ondarroa
GACETA.ES  30 Mayo 2013

Son los responsables del atentado con coche bomba contra la comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa en 2008, donde fueron heridas 18 personas.

La Audiencia Nacional ha condenado a 299 años de cárcel a los etarras Ibón Iparraguirre y Asier Badiola como responsables del atentado con coche bomba contra la comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa (Vizcaya) en 2008, que causó graves daños y heridas de consideración a trece agentes y cinco civiles.

La sección segunda de la Audiencia condena a cada uno de los dos terroristas a 221 años de cárcel por intentar asesinar a trece ertzainas, otros 60 años por intentar matar a los civiles, así como a 18 años por un delito de estragos terroristas, ya que el atentado causó daños a 85 vehículos y 425 viviendas de la localidad.

También les condena como responsables civiles al pago de los desperfectos y a indemnizar a los agentes de la policía vasca en cantidades de entre 25.000 y 272.000 euros, y a los cinco civiles con entre 6.000 y 50.000 euros.

Daños incalculables
La sentencia narra que el coche bomba explotó a las cuatro y media de la madrugada del 21 de septiembre produciendo un cráter en la calzada de tres metros de radio y 20 centímetros de profundidad.

La bomba ocasionó grandes daños en la fachada, estructura e interior de la comisaría tasados en más de un millón y medio de euros, en numerosos vehículos por valor de 309.000 euros y en los edificios cercanos por casi tres millones.

La sentencia concluye que los dos etarras son responsables de un delito de asesinato en grado de tentativa "por la forma en que se ejecuta la acción mediante la utilización de un coche bomba colocado sin previo aviso junto a la entrada de la comisaría".

Para condenarles, la Sala se basa en la declaración que prestó en sede judicial Iparraguirre, en la que reconoció la participación de ambos en el atentado.

En el juicio celebrado el pasado febrero, Iparraguirre aseguró que Badiola no tuvo relación alguna con el atentado, pero, según destaca el tribunal, en la sala de vistas tampoco afirmó que lo declarado supuestamente bajo tortura fuera cierto o erróneo.

Según la sentencia de la Sala, presidida por Ángel Hurtado, en agosto de 2008, los dos etarras, detenidos en 2010, se dirigieron a Francia para reunirse con Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, quien les dio las instrucciones de que tenían que atentar contra una comisaría de la Ertzaintza.

Para llevar a cabo la acción, Txeroki comunicó a los acusados dónde tenían que recoger el coche bomba, señalándoles el aparcamiento del polideportivo de Escoriaza.

Una semana después de recibir el encargo, Iparraguirre, disfrazado con una gorra y una capa, aparcó el coche bomba junto a la entrada de la comisaría de Ondarroa y activó el sistema de iniciación del artefacto.


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