AGLI Recortes de Prensa   Viernes 31 Mayo 2013

Despilfarro
Fiestas de Halloween con dinero de todos
Francisco Aranda Libertad Digital 31 Mayo 2013

Me parece crítico que se produzca no ya un bloqueo a una posible nueva subida de impuestos, como han recomendado los euroburócratas desde sus moquetas de Bruselas, sino una sustancial bajada de los mismos, para que nuestra economía empiece a funcionar en positivo. La renta disponible está tremendamente limitada en todos nuestros hogares, por lo que sería un milagro que hubiera actividad económica.

Por otro lado, no se pueden perder de vista nuestras cuentas públicas. Ese es un ejercicio de responsabilidad que hemos asumido con el Gobierno de Rajoy, y me parece completamente acertado. No podemos vivir eternamente del crédito, y el crédito suele pedir más crédito, que siempre hay que pagar. Hasta ahora se ha tratado de reducir la deuda incrementando la fiscalidad, pero se puede hacer justo lo contrario para conseguir el mismo objetivo.

Algunos quieren hacer ver que no existe margen para bajar impuestos. Pues bien, a mi juicio sí que lo hay. Podemos perfectamente bajar los impuestos si, al mismo tiempo, recortamos el gasto público. Perdón, yo prefiero hablar de racionalizar el gasto público. A mi juicio, la diferencia estriba en que recortar da la impresión de que se hace sin criterio y de forma lineal; mientras que racionalizar es eliminar gastos injustificados, suplerfluos o no prioritarios, tras analizar cada capítulo de forma rigurosa.

Vamos con algunos ejemplos reales. El BOE es un diario cuya lectura no es tan interesante y atractiva como la de los periódicos tradicionales, pero si se tiene un poco de paciencia alberga noticias muy curiosas. Vayamos, por ejemplo, al del 30 de abril de este mismo año. Ahí podemos encontrar un rosario de asociaciones juveniles junto con las subvenciones que les han sido concedidas por parte del Gobierno central a través del Instituto de la Juventud.

Me pararé sólo en dos casos escogidos, a voleo. Al llamado Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción, de Canarias, le han sido asignados 19.080 euros. Me introduzco en su página web para saber a qué justas causas se dedican y encuentro que su objetivo es sentirse parte del entorno. Desde luego, el objetivo no puede ser más noble. Entre sus actividades figura un curso de uso del GPS en la montaña, habilidad básica en este momento de incertidumbre, que además es muy solicitada en cualquier entrevista de trabajo. También organizan interesantes rutas de senderismo, organizadas en función de su dificultad y en armonía con la naturaleza. No olvidan los elementos de seguridad, y dan una serie de consejos dignos de tener en cuenta: por ejemplo, consideran imprescindible acudir desayunados a las rutas. Por cierto, la cuota de participación en estas caminatas es de 12 euros, y debe abonarse siempre antes de empezar a caminar (textual).

A continuación, fijo mi atención en la asociación Atrompikones, de la provincia de Málaga, que ha recibido 14.472 euros para sus cositas. Nuevamente, realizo una búsqueda en internet y encuentro su página web. Fue fundada el 25 de mayo de 2011 y tiene entre sus dignísimos fines la promoción del desarrollo rural y la participación juvenil a través de variadas formas de ocio. Bueno, podría ser interesante, así que opto por conocer sus actividades, y ahí obtengo ya toda la información. Organización de un pasaje del terror y fiesta de Halloween, en lo que participaron los socios como actores; y, feria del niño, consistente en una gymkana de juegos variados, como la diana de globos, el salto a la rana, las pelotas saltarinas, el pintacaras, los bolos y la lucha de gladiadores.

En fin, creo que los objetivos descritos no hacen mal a nadie, pero parece poco sensato que en un país sumido en la crisis, y con un paro desbocado, se dediquen recursos públicos a organizar fiestas de Halloween o rutas por la montaña. Probablemente las necesitemos para olvidarnos de nuestra dura situación, pero parece más constructivo dedicar esos recursos a actividades productivas, o simplemente dejar ese dinero en los bolsillos de los contribuyentes, para que lo dediquen a lo que libremente consideren oportuno.

Conclusión: sí que hay margen para racionalizar el gasto público, lo cual permitiría reducir los impuestos que nos ahogan. Empecemos lo antes posible.

Francisco Aranda Manzano, presidente de Asuntos Laborales de CEIM-CEOE.

Europa, Europa
Francisco de la Torre www.vozpopuli.com 31 Mayo 2013

Dentro de la "literatura" sobre la crisis en España, existen dos mitos contrapuestos: "Europa, y sobre todo Alemania, tienen la culpa de todos nuestros problemas" y "Europa es LA SOLUCIÓN". En realidad, hemos tenido problemas en Europa, que básicamente nos hemos creado nosotros solos, y previsiblemente, los solucionaremos en algún momento, quizás con ayuda, pero tendremos que ser nosotros. Las instituciones europeas pueden ser un buen marco de convivencia para facilitar los intercambios comerciales y culturales en época de bonanza, pero no son la solución a una grave crisis estructural como la que padecemos. Hace unas semanas, comentamos el papelón de la Unión Europea en la cuestión chipriota, hoy comentaremos las "recomendaciones" que ha emitido la Comisión Europea sobre los programas de reforma y estabilidad.

Estas "recomendaciones" son una forma de presión al Gobierno de España para que adopte determinadas reformas. Los comisarios europeos señalan que son obligaciones, aunque el mero hecho de que las "recomendaciones" recojan varias obligaciones impuestas por el Memorándum de Entendimiento (MoU) a España, y que se han incumplido, hacen dudar de la realidad de las obligaciones. De hecho, la principal concesión a España es el nuevo límite de déficit del 6,5% del PIB para 2013, lo que es un completo incumplimiento de todos los compromisos adquiridos por los sucesivos gobiernos españoles. Tristemente, la realidad se impone y el objetivo fundamental de toda la política económica, a lo que se había sacrificado todo lo demás, sigue sin cumplirse. Este problema tiene, como es obvio, dos causas fundamentales: el aumento de los gastos y la disminución de los ingresos.

El año pasado, el gasto público alcanzó el record histórico del 47,5% del PIB, 493.600 millones de euros. España, nunca, ni en los momentos más álgidos de la burbuja inmobiliaria fue capaz de recaudar más de 434.000 millones de euros. Esto quiere decir que, con los niveles de gasto público del año pasado, obteniendo la máxima recaudación de la historia, tendríamos un déficit de cerca del 6% del PIB, lo que es insostenible, y que incluso lo seguiría siendo de no haber tenido que emplear a fondo perdido 38.343 millones de euros en rescatar a las antiguas cajas de ahorros. Ante esta situación, cualquiera hubiera esperado que la Comisión Europea hubiese señalado, clara y abiertamente, que nuestro nivel de gasto público no es sostenible, y que debíamos realizar un profundo y urgente recorte. Por otra parte, la Administración que más gasta es la de las comunidades autónomas y, para hacer un recorte importante, obviamente, hay que recortar más donde más se gasta: en estas condiciones, que las CCAA hayan empleado en gasto corriente la friolera de 164.361 millones de euros en 2012, con un aumento de casi 5.000 millones de euros, parece un hecho reseñable.

Todo esto no lo busquen aquí, en las recomendaciones, porque no está. Hay diversas propuestas de racionalización, pero la Comisión Europea es mucho más clara en medidas de ingreso, y en otras como "Adoptar y aplicar las medidas necesarias para reducir el número de personas con riesgo de pobreza o marginación social", que son más bien buenos deseos, más propios de una carta a los Reyes Magos, que de una recomendación (o imposición) de política económica. Resulta muy revelador que una institución que, además de velar por los intereses de todos los europeos, de alguna forma representa los intereses de los países acreedores de España, no sea clara y terminante en señalarnos que estamos sobrepasando los límites de gasto que podemos pagar. Como en muchas ocasiones, es casi más importante lo que no se dice, que tenemos una Administración que no podemos pagar, que lo que sí aparece finalmente en los documentos oficiales.

Lo que sí se afirma es que recaudamos muy poco, lo que es cierto. En este sentido, se nos "exige" una revisión sistemática de nuestros sistema fiscal, para marzo de 2014. Esto es positivo y correcto. Sin embargo, de lo que se vuelve a olvidar la Comisión Europea es de que España dedica menos recursos que ningún país europeo comparable a la lucha contra el fraude fiscal. Esto es al menos lo que señalan los informes de la OCDE: España invierte en lucha contra el fraude fiscal menos de la mitad que Alemania, o un tercio que Francia, como porcentaje del PIB. Si España invierte en lucha contra el fraude un euro por cada 5,70 Euros que invierte Alemania, no podemos esperar resultados similares.

Por otra parte, si el lector espera precisión técnica, es preferible que busque otros documentos. La Comisión Europea insta a España a eliminar el "sesgo favorable al endeudamiento del impuesto de sociedades". Esto es imposible, una sociedad que está endeudada paga intereses y tiene menos capacidad de pago que otra que no los paga porque se ha financiado con capital. Si no se cree que deber dinero al banco implica pagar intereses, y supone menor capacidad económica, le sugiero que lo consulte con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. En consecuencia, la única forma de eliminar "el sesgo favorable al endeudamiento" es suprimir el impuesto de sociedades. España tiene, como explicábamos la semana pasada, la norma de limitación de gastos financieros más dura de Europa, mucho más que la alemana. Seguramente, España se merece muchas críticas pero no que una norma de 2012 no elimine de forma mágica el endeudamiento que han acumulado nuestras empresas en una década, aunque le guste a nuestros acreedores.

En fin, parece que la Comisión Europea pierde la paciencia con España y exige reformas, pero muchas cosas quedan, intencionadamente, o no, que diría un gallego, en el tintero, probablemente, las más importantes. Esto no es una buena noticia para España, pero en una crisis económica, política y estructural cada vez más dura, lo que no podamos o queramos hacer en España, ni lo hará Europa, ni obligará a hacerlo, ni, en algunos casos, sabrá cómo hacerlo. Europa, Europa: tan lejos y tan cerca.

Independencia nacional
José María Marco La Razón 31 Mayo 2013

El PSOE es un partido que aspira, legítimamente, a ocupar el gobierno. En teoría, es una organización homologable a los demás partidos socialistas europeos, léase el Partido Laborista inglés, el Socialista francés, el SPD alemán, o lo que queda del socialismo en Italia. Imaginemos por un momento que alguno de estos partidos propone lo que respalda el PSOE en nuestro país: que en una parte de esos países, pongamos por caso en el condado de Kent (o en Escocia), en la Borgoña o en Alsacia, en Baviera o en el Véneto a los niños ingleses, franceses, alemanes e italianos el Estado les prohibiera seguir sus estudios en la lengua del país, es decir en inglés, en francés, en alemán y en italiano.

La hipótesis es tan descabellada que ni siquiera resulta concebible. Lo es en cambio en España, donde nadie discute el derecho de los niños a recibir la enseñanza en la lengua de la zona, pero donde a los niños catalanes (y no sólo a ellos) les está vedado hacer lo mismo... en castellano o español. La situación es tan absurda que juega a favor de quienes están negando a los niños un derecho básico. Fuera de nuestro país no consiguen ni siquiera imaginar lo que está ocurriendo. No llegan a figurarse que los españoles hayamos llegado a tal degradación.

En cuanto a los españoles, durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado a vivir en el esperpento, como si ese fuera nuestro hábitat natural. Así que cambiábamos de registro automáticamente: lo que es natural fuera no rige en nuestro país, y viceversa. En otras palabras, España es un espejo deformado de la realidad europea o, dicho más castizamente (aunque no lo parezca), «Spain is different». Sin embargo, está dejando de serlo a pasos agigantados. Hoy en día, empieza ser muy complicado seguir instalados en esta ficción paródica, que la realidad española niega una y otra vez.

Así que, si el PSOE quiere responder a su vocación de partido nacional de gobierno, deberá empezar a tomar alguna decisión a este respecto. Lo más factible, tal y como están las cosas, es que el PSOE se decida de una vez a emanciparse (o independizarse) del PSC. Si el PSOE se presentase en Cataluña como un partido nacional y dejase al PSC seguir jugando a ser la izquierda dinástica del nacionalismo integral, caben pocas dudas de lo que ocurriría. Entre otras cosas, empezaría a recuperar su vocación de partido de gobierno en España y, después de algún tiempo, también en Cataluña.

Olvídense de Laffer
Juan Ramón Rallo www.vozpopuli.com 31 Mayo 2013

La curva de Laffer siempre fue un arma de doble filo. Por un lado, permitía compatibilizar las espurias ambiciones de los políticos con los razonables intereses de los ciudadanos: si bajando impuestos aumenta la recaudación, todos (políticos y ciudadanos) salen ganando con una tributación más laxa. Por otro lado, sin embargo, identificaba el sistema tributario óptimo con aquel que maximizara la recaudación: alcanzado ese máximo, no habría motivos ni para subir ni para bajar los impuestos.

Esta semana han sido muchos quienes, enarbolando el análisis y las opiniones de Laffer, han justificado una rebaja fiscal en España: “si bajamos los impuestos, aumentará la recaudación y el déficit se reducirá por sí solo”. Otros les han replicado que la curva de Laffer es un cuento chino neoliberal y que no deberíamos hacer caso a tales cantos de sirena. Me temo que ni los unos ni los otros comprenden el fondo del problema.

Cierta, pero poco relevante
De entrada, es evidente que la curva de Laffer sí es cierta: su veracidad sólo necesita de la existencia de un tipo impositivo que maximice la recaudación y de que ese tipo impositivo no sea el 100%. Al final, lo que nos dice Laffer es, simplemente, que la recaudación no es una función lineal de los tipos impositivos debido a que éstos, si bien influyen positiva y directamente sobre los ingresos fiscales, también lo hacen negativa e indirectamente por la vía de aniquilar bases imponibles. Quizá el asunto se entendería mejor si, en lugar de “curva de Laffer”, habláramos de “punto de saturación de Laffer”: aquel tipo impositivo cuyo incremento es incapaz de aumentar adicionalmente la recaudación. Quienes niegan la validez absoluta de los argumentos de Laffer debería responder si, en su opinión, unos gravámenes del 85% (en IRPF, IVA, Sociedades…) permitirían incrementar los ingresos tributarios por encima de los niveles actuales. Obviamente, no.

Ahora bien, los escépticos con Laffer sí tienen algo de razón cuando afirman que quienes apelan al economista estadounidense como argumento de autoridad para bajar impuestos asumen que las economías siempre se encuentran a la derecha de la curva, esto es, que siempre nos hallamos en una situación donde una minoración de la carga impositiva aumenta la recaudación. Y aquí, los defensores de la curva de Laffer caen en un error idéntico al de sus críticos: si éstos negaban que aumentando impuestos puedan terminar cayendo los ingresos, aquéllos se oponen a la posibilidad de que, bajándolos, las entradas del erario caigan.

Por consiguiente, no cabe duda de que la curva de Laffer sí existe, lo que es muy difícil de determinar es en qué punto de la misma nos encontramos. Sin ir más lejos, nadie debería descartar la posibilidad de que hoy España no esté a la derecha de la curva, sino a la izquierda, a saber, que el gobierno todavía pueda incrementar algo más la recaudación si sigue apretándole las tuercas al sector privado. Durante las depresiones deflacionarias como la actual, es dudoso que sólo una bajada de impuestos consiga disparar la actividad del sector privado, de manera que la tajada que se obtiene pegándole un mayor mordisco a las rentas existentes suele ser mayor que los ingresos que se pierden por destrucción (o no creación) de esas rentas. Sin ir más lejos, en 2012 los ingresos tributarios totales de España aumentaron pese a la crisis: señal de que Rajoy todavía tiene margen para explotarnos un poco más, margen que –no les quepa duda– tratará de aprovechar.

El tema, sin embargo, sigue siendo que tanto los críticos como los defensores de Laffer yerran en su punto de partida: lejos de analizar la economía desde la perspectiva del Estado parasitario que desea maximizar sus recursos y su tamaño sin matar al huésped, deberían hacerlo desde la óptica de familias y empresas.

El verdadero objetivo: minimizar la rapiña
Hace cuatro años, coincidí en la mesa de unos cursos de verano con el hoy ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Como no podía ser de otro modo, por aquel entonces Montoro todavía seguía repitiendo la típica soflama popular-populista a favor de los impuestos moderados como principal elemento catalizador del progreso económico (esa misma que luego han desdeñado con mayor inquina que Zapatero), y uno de los argumentos que ofreció para respaldar su razonamiento fue el de la curva de Laffer: “nosotros bajamos los impuestos e incrementamos la recaudación”. Acabada su exposición, tuve ocasión de darle réplica para explicarle que sus puntos de vista eran marcadamente antiliberales. Si un país hipotético recaudara 10.000 millones de euros con unos tipos del 60%, 15.000 millones con unos del 40% y 10.000 millones con unos del 20%, el economista liberal no debería defender bajar los tributos del 60% al 40% (dándole al Estado 5.000 millones de euros más para que los dilapide a placer extendiendo sus redes clientelares), sino, como poco, al 20%: a saber, si un Estado puede recaudar lo mismo con tipos del 60% que con tipos del 20%, debe bajarlos al 20%.

Montoro, claro está, no entendió la explicación ante el desconcierto general de un público que, imagino, tenía en aquel momento una consideración más alta sobre el exministro. Pero no es de extrañar que no lo hiciera, pues Montoro observaba (y observa) la realidad desde la liberticida perspectiva de un codicioso publicano sin escrúpulos. Una perspectiva que, desde luego, solo enriquece a los políticos que la practican y no a las familias y empresas que la padecen.

De ahí que, ahora mismo, el argumento a favor de las reducciones de impuestos en España deba ser otro: hay que minorar los tributos no porque con ello vayamos a aumentar la recaudación (cosa que probablemente no sucedería a corto plazo), sino para dar oxígeno a un sector privado extraordinariamente machacado por la crisis. Pero, para minorar la carga tributaria sin caer en la bancarrota, será imprescindible previamente rebajar el gasto de nuestro hipertrofiado sector público, haciendo compatible la mejora tributaria con la erradicación del déficit. La revolución fiscal ha de ir de la mano de una revolución en nuestro modelo de Estado: hemos de pasar de un sector público redistributivo y asistencial a uno diminuto y casi imperceptible. Un reto que la socialdemocracia del PPSOE jamás afrontará por cuanto prefieren mantener control social sobre una población dependiente del sector público.

Olvídense, por consiguiente, de Laffer: hay que reducir los impuestos –y si la recaudación sube, eso sólo significará que hay margen para seguir bajándolos– y hay que recortar, en muchísima mayor medida, el gasto público. En suma, no hay que maximizar la rapiña fiscal, sino minimizarla... especialmente durante una crisis económica en la que la gallina de los huevos de oro ya se halla extremadamente castigada y debilitada.

La engañifa del pacto nacional
Editorial www.gaceta.es 31 Mayo 2013

Lo peor de todo es que el Partido Popular ya ha manifestado que recogerá el guante del PSOE para “dar la batalla” en la UE.

Un gran pacto nacional. Es es la última receta que pregonan los partidos de la oposición y, en particular, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, para superar la crisis. De esta manera pretenden conseguir el protagonismo que no han logrado en las urnas. Una trampa saducea que quiere confundir a la opinión pública tratando de hacerle creer que mediante la consecución de un amplio consenso entre las distintas fuerzas políticas y los agentes sociales se podría lograr la confianza de los mercados y de Bruselas y, así, resolver el problema del déficit público, las rigideces del mercado laboral español o la crisis del Estado del bienestar, entre otros importantes desequilibrios.

Una nube de humo, porque la engañifa de un acuerdo de mínimos entre PP, PSOE y sindicatos, junto a otras formaciones –ayer CiU se proclamaba favorable a la propuesta de Rubalcaba– sólo traería la ruina más absoluta. Basta con observar las medidas económicas que propone la izquierda para advertir el haraquiri económico que supondría un pacto nacional de tal naturaleza. Porque si en algo coinciden las fuerzas de la oposición es en la necesidad de disparar el gasto público, elevar aún más los impuestos y, sobre todo, dar marcha atrás a las tímidas reformas estructurales aprobadas por el PP y que la UE urge a profundizar. Los pasos dados por el equipo económico de Mariano Rajoy son manifiestamente mejorables, como acaban de advertir, entre otros, Esperanza Aguirre y José María Aznar, pero lo que propone la izquierda supondría caer directamente en el abismo.

Lo peor de todo es que el PP ya ha manifestado que recogerá “el guante” del PSOE para dar la batalla en la UE con vistas al Consejo Europeo de junio. Así lo afirmó ayer el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, quien destacó, un día después de que Bruselas dictara los plazos de las reformas, que el Gobierno de Rajoy tendrá que seguir por ese camino. Un camino en el que podría producirse un acercamiento entre los dos principales partidos para formar un frente común en Europa.

Por desgracia, cada día se va extendiendo más la idea de que España vive una situación muy comprometida y el Gobierno y los partidos políticos tienen que asumir patrióticamente la necesidad de establecer compromisos de Estado para superarla. Son muchos –quién sabe si son mayoría– los que creen que un hipotético acuerdo contribuiría también a mejorar la opinión que los ciudadanos tienen de sus representantes políticos. Vaya usted a saber si podría producirse el milagro. De lo que no cabe ninguna duda es que, en democracia, mandan las urnas. Y estas han dado la mayoría al Partido Popular. Y Rajoy debe hacer valer su mayoría y no esconderse tras un pacto que en nada le beneficia. Es la hora de ser valientes. También de ser coherentes y asumir responsabilidades. Los pactos, para las minorías.

Pánico nacionalcatalanista
Manuel Molares do Val Periodista Digital 31 Mayo 2013

José Ignacio Wert ha provocado pánico en el nacionalcatalanismo de derechas e izquierdas con la futura ley de Educación que permitirá a los padres elegir si sus hijos estudian inmersos obligatoriamente en catalán, como ahora, o equilibradamente en catalán y castellano, como promete legislar.

Siendo el idioma catalán un arma de segregación laboral y social, que el castellano tenga el mismo valor escolar romperá la base del separatismo de la burguesía regional, que perpetúa el poder caciquil de sus cien apellidos históricos.

La propuesta de ley ha encrespado a los partidos locales, CiU, ERC y otros menores, paro también a los de extensión estatal, EUiA y PSC, aliados de IU y PSOE, que corren alocadamente hacia al nacionalcatalanismo.

Hay repetidas sentencias de los tribunales, Superior de Cataluña y Supremo, exigiendo que se enseñe en ambas lenguas, pero la Generalidad se niega a cumplirlas.

Mientras los colegios públicos no lo hagan, Wert pagará colegios privados a quienes deseen estudiar equilibrando catalán y castellano.

Luego, restará los importes de esas subvenciones de las de la Generalidad: medida que rehúye el choque con Artur Mas, tanto, pero que parece una humillación para el Estado, que acepta el incumplimiento de las sentencias.

Aun así, el plan es temible para el nacionalcatalanismo: muchos miles de padres aprovecharán la oferta Wert. En las últimas elecciones autonómicas, PP, Ciudadanos, y los españolistas vergonzantes del PSC-PSOE y de EUiA-IU, habrán sumado algo más de un millón de votos.

Decenas de millares de niños catalanes irán a los colegios bilingües castellano-catalán, y trilingües, añadiendo inglés, y quebrarán el lenguaje místico del nacionalcatalanismo, base del imaginario separatista.

Hay pánico ante la decisión democrática de los padres, expresada ya con votos, pero también eligiendo colegios que enseñen a sus hijos en catalán y castellano.

Pascual Sala
EDITORIAL Libertad Digital 31 Mayo 2013

La despedida oficiosa de Pascual Sala, que este jueves ha participado en el que probablemente será su último acto como presidente del Tribunal Constitucional, ha retratado al personaje, bastante nefasto.

Sala ha hecho de la rueda de prensa que ha ofrecido un pliego de acusaciones y justificaciones asombrosas, cuando no disparatadas, y demostrado por qué urge la reforma del TC, tanto de su composición como de su funcionamiento.

Dice el todavía presidente del Constitucional que éste no es "político", pero cuesta mucho creerle cuando lo más probable es que él mismo vaya a perder su puesto en breve como consecuencia de los equilibrios políticos que harán posible la renovación del alto trinbunal. Cuando, ante cualquier asunto de envergadura, los medios de comunicación y los ciudadanos saben qué magistrados son conservadores y cuáles progresistas (esto es, qué partido les ha puesto ahí) y cuál será el sentido de su voto. Cuando, en fin, justo después de sostener tal cosa el propio Sala ha hecho una enconada, incomprensible y muy política defensa del estatuto de Cataluña.

La historia del TC, desde Rumasa al referido estatuto catalán, es una enmienda a la totalidad a lo que ha dicho este jueves Sala; por ejemplo, que el TC "jamás dicta una resolución por conveniencia u oportunidad política". Lo cierto es que, al menos desde 1983, las presiones políticas sobre la institución han sido constantes y brutales. Los magistrados que las han sufrido nunca las has denunciado, y muy raramente las han resistido.

El desprestigio que soporta el alto tribunal es la consecuencia lógica de un sistema perverso de selección que ha minado lo que debería ser una institución ejemplar. Un sistema perverso que, por cierto, el mismo PP que se había comprometido a cambiar parece dispuesto no sólo a perpetuar sino a reforzar. He aquí otra prueba del más que dañino giro dado por Rajoy y los suyos desde su llegada a La Moncloa.

Le guste o no a Pascual Sala el Tribunal Constitucional es un órgano político, que se ha dedicado a enmendarle la plana al Tribunal Supremo, invadiendo ilegitimamente su jurisdicción, en asuntos tan graves como la sentencia que ilegalizaba al brazo político de ETA, ahora presente en todas las instituciones del Estado. El TC debe desaparecer en su configuración actual y pasar a ser una sala, encargada de asuntos constitucionales, dentro del Supremo, pero nunca encima de éste.

Pascual Sala se despide dejando claro que ha sido un miembro destacado de la casta que ha llevado nuestro país al sórdido callejón en el que se encuentra. Sirva como referencia de cómo no desempeñar cargo institucional alguno, especialmente la presidencia de un órgano que debería velar por el cumplimiento de la Constitución y no estar al servicio de la partitocracia.

Daniel Lacalle
'Hay que bajar impuestos y reducir burocracia'
ANA MÍGUEZ PÉREZ www.gaceta.es 31 Mayo 2013

El reconocido economista habla sin ataduras de la crisis económica española y de cuales serían sus recetas para salir de ella.

De cero a cien. De simple comentarista en un digital ha pasado a ser el economista de moda. Todo gracias a su exitoso libro, “Nosotros los mercados”, que ha encontrado su mejor agente en la red social Twitter. Daniel Lacalle trabaja en uno de los principales fondos de cobertura de la City londinense. Eso le permite hablar de economía -y de política- con plena libertad. Liberal confeso, se muestra muy crítico con las subidas de impuestos y con la reticencia de los gobiernos, tanto socialista como popular, a recortar el gasto.

- Según los últimos datos del INE, el PIB cayó a un ritmo del 2% interanual en el primer trimestre y más de un millón de españoles llevaba tres años o más en el paro en 2012. Las expectativas no parecen no muy buenas ni que vayan a mejorar. ¿Qué balance hace de la gestión económica del Gobierno de Mariano Rajoy?

Es insuficiente. Es cierto que se han llevado a cabo reformas interesantes, pero todavía insuficientes, como la laboral o la financiera. Además, el error ha sido aumentar los impuestos de una manera tan grande sin llevar a cabo los recortes del gasto político necesario.

El error ha sido aumentar los impuestos de una manera tan grande sin llevar a cabo los recortes del gasto político

- Se antoja urgente poner buscar soluciones, a pesar de ello los políticos parecen llevarnos por caminos equivocados ¿Cuáles serían sus recetas para salir de la crisis?

Primero, aumentar la renta disponible de las personas para que se reactive el consumo y eso es reduciendo impuestos. Luego, hay que dejar que las pymes crezcan y generen empleo. Esto también se hace reduciendo impuestos a pymes y reduciendo la trama burocrática. Y tercero, atraer capital para que las multinacionales y las empresas extranjeras contraten en España y ahora que somos mucho más competitivos es una buena oportunidad, pero se tiene que hacer cercenando la burocracia y mejorando la seguridad jurídica.

- ¿Ve la luz a la salida del túnel? El pesimismo cunde entre los españoles. Para que se haga una idea, el 90% considera que la situación es mala o muy mala, y el 85% da por seguro que el año próximo no mejorará. ¿Se atrevería a poner una fecha a la salida de la crisis?

No, porque depende de muchos factores estructurales. Lo que sí puedo ver en los indicadores adelantados es que sí estamos llegando a la saturación de caída, es decir, que no se prevén caídas superiores a lo que ya hemos visto.

- “Nosotros, los mercados” se ha convertido en todo un éxito editorial. Tanto es así que ya va por la cuarta edición y es un libro más que aconsejable. Pero, ¿qué libros recomendaría usted?

“Una alternativa liberal para salir de la crisis” de Juan Ramón Rallo y “Pisando charcos” de Percival Manglano.

Las patrias divisibles
CARLOS HERRERA ABC  31 Mayo 2013

Estos nostálgicos de los califatos juegan con nuestra estabilidad solo para satisfacer un irresponsable afán de originalidad

TODOS aquellos que hoy se escandalizan después de escuchar como Cayo Lara, responsable máximo de los comunistas de Izquierda Unida, apoya el supuesto «derecho a decidir» de los ciudadanos de Cataluña, no hacen si no evidenciar una manifiesta falta de memoria o de información. Eso mismo lo ha venido diciendo IU desde su nacimiento en la noche ladrillos caídos del principio de los noventa. Julio Anguita, al que tanto se le ríen las gracias y a quien se le atribuyen virtudes de equilibrio y sentido común nacidas más de la nostalgia que de otra cosa, declaró por activa y por pasiva que él era partidario, no de un referéndum en Cataluña, sino de uno en todas las comunidades autónomas para que cada una decidiese si quería seguir formando parte del Estado Español. Una suerte de Primera República, en pocas palabras. Acostumbraba a añadir que a esa pregunta IU respondía que no, pero que la misma era pertinente de por sí. Es decir, para que los catalanes pudieran preguntarse si querían seguir siendo una parte esencial de España, había que someter a los demás al estrés de una pregunta absurda en regiones, por ejemplo, como Murcia. Y a semejante pensador se le consideraba un estadista. Manda huevos.

Lo que hace ahora IU no es sino repetir tal boutade, escenificar un desapego de la idea de Nación, del concepto de Estado común, atribuyéndole a la idea de comunidad nacional los males que se desprenden por la gestión de las cosas que tienen los políticos, no las estructuras. Es fácil teatralizar la idea de sociedad sin patria: así se le asigna el mal de nuestro tiempo a algo sencillo de culpar. IU, como el resto de la izquierda, se esconde tras el difuso concepto de estado federal para desnaturalizar la colectividad nacida de afanes comunes que han mantenido durante siglos decenas de generaciones de españoles. Y en virtud de tal empeño sueltan por esa boca unas estupideces que no hacen si no alarmar a los ciudadanos al comprobar en manos de quiénes está el cuidado de nuestros intereses.
Multiplicar las patrias por mil es una forma de acabar con la patria común. En función de ello hemos escuchado la última tontuna en boca del vicepresidente de la inefable Junta de Andalucía don Diego Valderas. Según el inspirado estadista, Andalucía también sería una realidad nacional en el conjunto de España. ¿Tendría a bien decirnos el susodicho pensador qué realidad nacional diferencia a los habitantes del norte de Jaén con los del sur de Ciudad Real? ¿O a los del sur de Badajoz con los del norte de Huelva? Una forma de desautorizar la idea de Patria, que tantos andaluces sienten en sus adentros y la identifican con España, es asegurar que la patria nuestra, la de los ciudadanos del sur, no es otra que la igualdad y la solidaridad. Basta decir que ambas virtudes, tan dignas de aplauso, no son más que características de sociedades desarrolladas, pero no configuran ningún tipo de patria, y menos aún gestionada por gerentes de la catadura de la excluyente izquierda comunista. Si la patria andaluza, que no es otra que la española ?digan lo que digan los iluminados exégetas de Blas Infante? tiene como introductores a elementos de la densidad de pensamiento de Valderas o del haragán de Sánchez Gordillo apañados vamos.

Estos nostálgicos de los califatos, estos irresponsables estrategas del futuro, juegan con nuestra estabilidad solo para satisfacer un irresponsable afán de originalidad. Apoyar la consulta catalana y no reconocer que es a toda España a quien corresponde el derecho de decidir su futuro es una forma de no creer en la misma España. Que es, por cierto, la que les da de comer, la que da sentido a las estructuras mediante las que han llegado a ser lo que son.

No hay secesión pacífica
HERMANN TERTSCH ABC  31 Mayo 2013

Reflexionemos todos. Hay opciones de paz y libertad. Conocidas. En el Estado común
LA escalada de provocaciones del gobierno de la Generalidad desde que Artur Mas se lanzó a la deriva del separatismo radical no tiene fin. De momento. Habrá de tenerlo algún día. Tarde o temprano, los políticos con responsabilidad de gobierno de toda España habrán de poner fin a este delirio nacionalista sin salida. En Madrid, personalidades políticas y académicas en la Universidad San Pablo CEU se han unido en una iniciativa para encontrar la solución a esta crisis terminal del actual sistema que no puede sobrevivir a su lógica interna degenerativa y a las deslealtades centrífugas. Han elaborado una propuesta general de reconstrucción nacional. El libro se llama «Recuperar España. Propuestas desde la Constitución». Les traigo unos párrafos en los que se desmiente esa teoría separatistas según la cual hay una secesión en armonía y amistad. Es falso. No existe.

«La experiencia histórica nos enseña también en España y en las edades moderna y contemporánea que siempre que hemos iniciado proceso de desintegración y autodeterminación como los actuales, aunque en principio pudiera existir retórica amable en el centro y la periferia, lo cerramos con amplios derramamientos de sangre (...); y ello para volver a la situación anterior». (?) No nos dejemos engañar por la dialéctica del «buenísimo» que siempre nos dibujara la posibilidad de fragmentaciones amables de la nación, con fiestas, discursos y promesas de hermandad perpetua. Son poco importantes los ?14 de abril?; lo que conviene conocer qué es lo que ocurre a partir del día 15; y nosotros sabemos muy bien que una República recibida un día con canciones y entusiasmo, se fue deslizando inmediatamente a los golpismos, anarquía, separatismos y, a los cinco años, a la guerra civil.

A partir del día siguiente a la separación, si no ha comenzado ya antes, las grandes naciones quieren crecer o ganar influencia con nuestros territorios desgajados, o impedir que otros lo hagan, proceso estimulado por las comunidades que entren en dispersión, que harán su balbuciente política internacional buscando alianzas o protecciones como tuvimos ocasión de comprobar en los años 30. (...) A este riesgo de conflicto por razones externas se sumará el proveniente de la reacción unitaria del viejo poder central, tanto o más peligroso cuanto más tardío. Reacción especialmente contra las políticas de sus antiguos territorios porque, aun cuando los líderes de la secesión hayan hecho con sinceridad proclamas de paz, solidaridad y de acogida amorosa en el seno de la nueva nación de todos sus habitantes procedan de donde procedan la experiencia nos enseña que inmediatamente afloran las conductas perturbadoras. Comienzan a ofenderse los sentimientos de los partidarios de la vieja patria respecto de la cual se ha obtenido la separación o la distancia, discriminándoles, al menos en la práctica; y en todo caso tales partidarios de la vieja patria viven con sensación de ser perseguidos o marginados, idea que se transmite a la antigua nación de procedencia, en la cual se genera un impulso de intervenir en su antiguo territorio en defensa de los derechos humanos de los suyos, que habitan en los espacios separados. Los nacionalistas no pueden admitir la subsistencia de diversas identidades en su propio territorio. Pero además, está su clara vocación expansionista. Los territorios separados con el entusiasmo nacionalista que le llevó a la separación, con la embriaguez que el éxito producen sus dirigentes, piensan en extender su acción benéfica hacia territorios limítrofes. No hacemos juicios de valor tan sólo anotamos que este esquema negativo para la paz se produce siempre que se dan los fenómenos de separación».
Tomen nota. Reflexionemos todos. Hay opciones de paz y libertad. Conocidas. En el Estado común.

España
El Gobierno de Revilla ocultó impagos de más de 200 millones
ROBERTO PÉREZ / madrid ABC 31 Mayo 2013

Declaró un saldo negativo de tesorería de 83,7 millones de euros al acabar 2009, cuando en realidad era de casi 300

El Gobierno de Miguel Ángel Revilla encubrió en sólo un año más de 200 millones de euros de desfase presupuestario. Más de 200 millones de euros de facturas que se acumularon en los cajones pendientes de pago y de las que no dio cuenta en las liquidaciones oficiales de tesorería que presentaba. La «bola» se fue engordando y acabó pasando al PP cuando Ignacio Diego accedió a la jefatura del Ejecutivo cántabro tras las elecciones autonómicas de mayo de 2011.

La controvertida gestión económica del Gobierno que presidió el regionalista Revilla (PRC) en coalición con el PSOE ha sido puesta en evidencia por el Tribunal de Cuentas. Los documentos de fiscalización a los que ha tenido acceso ABC destacan que, en 2010, ya en la recta final de su mandato, el Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla aprobó el cierre del ejercicio de 2009 sin reflejar la realidad. Declaró que aquel año había acabado con un saldo negativo de tesorería de 83,72 millones de euros, cuando en realidad se acercaba a los 300 millones. La razón: que no imputó correctamente al presupuesto obligaciones no reconocidas a finales de 2009, por valor de 202 millones de euros.

Esa cantidad no declarada correspondía a facturas pendientes de pago del Servicio Cántabro de Salud. Su cuenta contable de «Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto» se presentaba con saldo cero en el período comprendido entre 2007 y 2010, pero eso no era real. Según indica el Tribunal de Cuentas, «en la fijación del déficit regional del ejercicio 2009 la Intervención General de la Administración del Estado cuantifica su importe en 202 millones de euros». Pero no acababa ahí el «agujero», porque el mismo informe explica que «adicionalmente, como hechos posteriores a la fiscalización, se ha tenido conocimiento de que en el año 2011 se han contabilizado 261 millones de euros» en esa cuenta de pendientes de pago. De hecho, el Gobierno de Ignacio Diego tuvo que aprobar a finales del año pasado un crédito extraordinario de casi 260 millones de euros para «cubrir las insuficiencias de crédito anteriores a 2012».
Entramado de sociedades

Como ayer informó ABC, las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas se extienden también, entre otras materias, a las prácticas de adjudicación de contratos por parte del Gobierno cántabro en la pasada legislatura y a la profusión con la que Revilla replicó sociedades públicas para tejer una maraña de empresas a las que derivaba contratos y fondos presupuestarios. Todo ello con sociedades cuya creación se ha constatado como objetivamente innecesaria, cuyos accionariados se entrecruzaban entre la Administración, empresas matrices y compañías filiales.

Ejemplificador de esta «ingeniería» empresarial puesta en marcha por el Gobierno de Revilla fue el entramado de sociedades urbanísticas. Desde diciembre de 1998 funcionaba la Sociedad Suelo Industrial de Cantabria (Sican) para la gestión de una red de polígonos repartidos por toda la región. Pero el Ejecutivo optó luego por tejer en torno a esa empresa una red de filiales.

Así nacieron «Suelo Industrial La Pasiega», «Suelo Industrial Sámano», «Ecoparque Mioño» y «Suelo Industrial de Torrelavega», cuyos accionariados controlaba el Gobierno regional, pero no directamente sino a través de la sociedad matriz, Sican. Y lo curioso es que se crearon para hacer lo mismo que su matriz: «No se aprecia la necesidad de la creación de una empresa distinta para el estudio y gestión del desarrollo de cada zona industrial, actividades técnicas que podrían ser desarrolladas desde la matriz», evidencia el Tribunal de Cuentas. Y remarca: «El conglomerado de sociedades analizado da lugar a la concurrencia de varias de ellas en la realización de iguales o similares actividades».

Aumentan un 130%
Las peticiones de estudiar en español en Baleares pasan del 13% al 30%
Las familias han tenido este año más facilidades para elegir, sin que mediaran los centros
 www.lavozlibre.com 31 Mayo 2013

Palma de Mallorca.- La Fundación Círculo Balear (FNCB) ha recibido con satisfacción los datos de escolarización de Baleares al considerar que "por primera vez los padres han podido elegir la lengua para la primera enseñanza en libertad, sin coacciones de los docentes nacionalistas, al haber podido entregar las solicitudes directamente en la consejería de Educación".

En los colegios públicos, un 75% de alumnos ha elegido catalán y un 25%, castellano; mientras que en los concertados un 40% ha solicitado recibir la primera enseñanza en catalán y un 60% se ha decantado por el castellano. El resultado global es que un 70% han elegido catalán y un 30% castellano.

El presidente de la FNCB, Jorge Campos, se ha mostrado satisfecho: "No se trata de hacer una competición de quien ha elegido más una lengua u otra, sino de haber garantizado la libertad de los padres para poder elegir la lengua aunque sólo sea en la primera enseñanza. Para nosotros lo importante es que los padres puedan elegir en libertad despues de más de 15 años de imposición del catalán. El resultado de una lengua u otra no nos importa".

El área docente y jurídica de la FNCB ha analizado los casos que les han trasladado los padres concluyendo que "la incidencia que ha tenido la intromisión de los docentes catalanistas en la decisión de los padres para que no eligieran el español como lengua vehicular ha disminuido considerablemente". "Produciéndose sólo en aquellos casos en los que los padres han continuado dirigiéndose al centro para escolarizar a sus hijos", agrega.

Jorge Campos destaca que "el número de padres que este año han elegido el español ha aumentado un 130%". "Este dato confirma las coacciones que se sufrieron el pasado curso cuando los docentes nacionalistas amenazaron a los padres para que eligieran el catalán. Este cambio se produce gracias a que la consejería de educación atendió la petición de la FNCB para que los padres no tuvieran que acudir a los centros a entregar las solicitudes", explica.

El presidente de la FNCB ha concluido que "estos datos alejan aún más de la sociedad a los sindicatos y a la patronal de colegios religiosos Escola Catolica cuyo descrédito aumenta entre los padres de alumnos". "La libertad acabará con la dictadura catalanista en la educación, por eso la temen", afirma.

Cataluña
El Parlamento autonómico vuelve a votar en contra de suprimir las multas lingüísticas del Código de Consumo
Ciudadanos considera una “vergüenza” que se mantengan las sanciones en la norma autonómica. El PP acusa a CiU, ERC, PSC e ICV-EUiA de estar obsesionados con controlar en lo que tienen que “hablar, escribir y escuchar los comercios en Cataluña y el conjunto de los ciudadanos”.
Daniel Tercero www.vozbcn.com 31 Mayo 2013

Una vez más, el Parlamento autonómico ha rechazado eliminar las multas lingüísticas a los comerciantes que no rotulen sus locales en catalán, pese a que el español también es lengua oficial en Cataluña. La Comisión de Empresa y Empleo, este miércoles, ha rechazado la propuesta de resolución presentada por Ciudadanos por cuatro votos a favor (sumándose el PP) y 16 en contra (CiU, ERC, PSC e ICV-EUiA).

La medida, presentada por la diputada autonómica Inés Arrimadas, pretendía “eliminar las multas lingüísticas que afectan hoy día a los comerciantes por el simple hecho de elegir en qué lengua quieren rotular su establecimiento comercial”. La formación liberal-progresista ha recordado que la norma autonómica se reformó en 2010 de una manera “chapucera” y aumentando el coste de “las multas de la vergüenza”.

El Código de Consumo se aprobó durante el mandato del segundo tripartito, con José Montilla (PSC) como presidente autonómico, y el Tribunal Constitucional (TC) todavía está pendiente de pronunciarse pues el Defensor del Pueblo y el PP llevaron la norma ante el Alto Tribunal al considerar, entre otros motivos, que las sanciones por motivos lingüísticos no caben en la legalidad, tal y como ya ha señalado el TC en su sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

A favor de los comerciantes que rotulen en las dos lenguas
Por todo esto, Arrimadas ha pedido que se anulen las multas pendientes de ejecución, se devuelvan las cantidades que se hayan cobrado desde la aplicación de la norma autonómica y se eliminen las multas lingüísticas del Código de Consumo. En este sentido, la representante de Ciudadanos ha señalado que “las multas son desorbitadas y recuerdan a épocas pasadas, [...] de dictaduras” y son “una auténtica vergüenza”.

En la misma sesión parlamentaria, la diputada autonómica de la formación naranja ha defendido que desde la Generalidad se establezcan ayudas económicas para que los comerciantes puedan rotular en las dos lenguas oficiales de Cataluña pero, ha insistido, “es retrógrado” que se multe por el uso de una de ellas.

También ha criticado a la diputada autonómica del PSC en la comisión, Montserrat Capdevila, por votar a favor de seguir multando por motivos lingüísticos. A la representante socialista le ha preguntado si cuando los dirigentes del PSC dan mítines en español en poblaciones como Hospitalet, Santa Coloma de Gramanet o Badalona les recuerdan que ellos en el Parlamento autonómico votan a favor de que les multen por poner los rótulos de sus comercios en su idioma, que además es oficial.

“La ruptura de la convivencia”
Capdevila, por su parte, ha señalado que Ciudadanos tiene una “obsesión” cuyo objetivo final es “aniquilar el catalán” y ha defendido una enmienda presentada por el PSC -que no ha salido adelante- en la que sin eliminar las multas lingüísticas se pide a la Generalidad que fomente el uso del catalán entre los comerciantes.

Agnès Russiñol (ERC) ha indicado que “lo que se tiene que hacer es cumplir la ley”, en referencia al Código de Consumo y no a la sentencia del TC. Mientras que Joan Mena (ICV-EUiA) ha señalado que, desde su punto de vista, la propuesta de Ciudadanos es “rancia”, y ha acusado a la formación naranja de llevar a cabo una “estrategia” para “esparcir la ruptura de la convivencia en Cataluña a través de la lengua”.

Xavier Crespo (CiU) ha rechazado la propuesta de resolución presentada por Ciudadanos, ha indicado que la Generalidad no devolverá el dinero cobrado por motivos lingüísticos (obligando a los afectados que quieran recuperar el dinero a acudir a los tribunales de justicia) y ha defendido que el Código de Consumo sí se ajusta a la legalidad constitucional.

“En qué lengua tienen que hablar, escribir y escuchar”
Finalmente, tan solo el PP ha dado respaldo a la propuesta de Arrimadas. El diputado autonómico José Antonio Coto (PP) ha criticado a CiU y al PSC por preferir, en su opinión, que los comercios puedan incumplir la ley de horarios comerciales, abriendo domingos y festivos y 24 horas, “siempre que no lo hagan en castellano”.

El representante popular ha reprochado a los grupos parlamentarios que han rechazado la propuesta de Ciudadanos de querer “aniquilar” el uso del español en los comercios: “Tienen una obsesión intervencionista con la que pretenden decidir en qué lengua tienen que hablar, escribir y escuchar los comercios en Cataluña y el conjunto de los ciudadanos”. Y ha cuantificado en 1.300 las personas multadas en Cataluña y 2.500 los comercios, en 2011, que tuvieron que cambiar sus rótulos.

terrorismo
Los valores del Islam: madre educa a sus hijos y nietos para ser terroristas
REDACCIÓN BILBAO Minuto Digital 31 Mayo 2013

“Los traje al mundo para que fueran mártires, para que se conviertan en mártires en el nombre de Allah. No hubo un momento específico en que ellos hayan mostrado el deseo de ser mártires, yo se lo inculqué y ellos lo siguieron… y los que apenas están comenzando, sin duda continuarán por este camino”.

Mariam Farhat, una ex miembro del parlamento de Hamás en Gaza, crió a sus seis hijos para que cometieran ataques terroristas. Ella esperaba que murieran en acción, de manera que se convirtieran en mártires. Ahora, sus nietos propagan el mismo mensaje en el canal televisivo de Hamás.

En marzo de 2002, Muhamed, el hijo de 17 años de Farhat, entró a una comunidad israelí abriendo fuego contra niños de una escuela y tirando granadas contra las instalaciones. Asesinó a 5 alumnos e hirió a otros 23. Cuando Farhat escuchó que su hijo había muerto después de perpetrar el ataque, salió a celebrarlo regalando cajas de halva y chocolates a la gente por la calle. En un vídeo publicado después del atentado se puede ver a Farhat despidiendo a su hijo Muhamed, que salía a la misión suicida. “¿Cómo me siento prometiéndole a mi hijo el paraíso?” se pregunta retóricamente. “Por Allah, hoy es el día más feliz de mi vida”.

Otro de sus hijos, Rawad, murió cuando su coche que llevaba un cargamento de cohetes Quassam fue alcanzado por la Fuerza Aérea israelí. El hijo mayor de Farhat, Nidal, fabricaba cohetes para Hamás que fueron los que se utilizaron para atacar Tel Aviv y Jerusalén. Farhat más adelante sería popularmente conocida como “Umm Nidal” (madre de Nidal) cuando éste fue alcanzado por las fuerzas de seguridad israelíes. Farhat le dijo a su nieto de 4 años, Imad, que él se reuniría con su padre: “Tu serás mártir algún día” le dijo Farhat, “y ahí es cuando te reunirás con tu padre”.

En 2009 declaró a National Geographic que estaba presionando al resto de sus hijos para que se convirtieran en mártires.

Farhat murió a comienzos de este año, pero logró pasar su mensaje de odio a sus siguientes generaciones. Un mes después de su muerte, el canal televisivo Al-Aqsa TV perteneciente a Hamás, emitió un programa donde aparecían varios de sus nietos. Cuando la niña fue presentada como la hija de Nidal, ella se mostró orgullosa del oficio de su padre. Seguido de eso, cuándo le preguntaron si seguiría sus pasos, ella respondió afirmativamente.

Más adelante en el mismo programa, los nietos de Farhat cantaron a coro “La Yihad otorga orgullo y gloria sobre aquellos que buscan convertirse en un mártir” seguido de “Ohh artefacto explosivo de la gloria, con tu sangre, traes la libertad”.

Al finalizar el programa, el presentador elogió a Farhat. “Ella inculcó a sus hijos desde temprana edad el amor al martirio por el bien de Allah, así cómo el amor a la patria y la defensa de la misma. Deberíamos aprender de ellos, debemos perseverar en la Yihad con el fin de liberar esta tierra”.

“La única razón por la que amó la vida es por el Yihad”
En una entrevista con el diario en árabe Al-Sharq Al-Awsat, con base en Londres, publicada en el 2002, Farhat explicó el proceso para criar a un niño que sea un terrorista suicida: “Por el amor que le tengo a mi hijo, lo motivé a morir como un mártir por el bien de Allah”, comentaba, “esta es la atmósfera en la que el martirio se desarrolló en el alma de Muhamed”, “Yo, como madre, naturalmente motivé el amor al Yihad en el alma de Muhamed y en las de todos mis hijos, que pertenecen a las Brigadas Al-Qassam”.

“Muhamed estaba dispuesto a llevar a cabo cualquier operación de martirio. Él me juró que la única razón por la que amaría la vida sería por el Yihad”, ella continúa, “Él agarraba su arma y me decía: ‘Mamá, esta es mi novia’. Él amaba tanto su arma”.

La capacidad de Farhat de sacrificar a sus hijos enviándolos a la muerte no tiene límites. “Desearía haber tenido 100 hijos como Muhamed” dijo. “Los sacrificaría en el nombre de Allah”. Sus nietos parecen haber recibido el mensaje claro, mamaron un odio que comparten con miles de niños en Gaza.

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Pascual Sala
El ropón obediente
Emilio Campmany Libertad Digital 31 Mayo 2013

Puede hablarse de muchos, pero Pascual Sala es el que mejor encarna lo que quiere un político de un juez, que sea obediente. Fue premiado con la presidencia del Tribunal Supremo y luego con la del Constitucional. Es la viva muestra de a lo que puede aspirar el magistrado que se porta bien. Como los independientes que están fuera de los grandes puestos de la magistratura muestran qué es lo que les ocurre a quienes se portan mal.

Felipe González, el expresidente elegido por Rajoy para recibir consejo tras despreciar el de Aznar, presidió el Gobierno en cuyo seno nació una organización terrorista para saquear los fondos reservados so pretexto de matar etarras que muchas veces ni etarras fueron. El responsable de que no pisara la cárcel, tras despedir entre sonrisas y palmadas en la espalda a sus subordinados cuando cruzaron las puertas de la de Guadalajara, se llama Pascual Sala. Y, naturalmente, uno es recibido en La Moncloa con los honores del estadista que nunca fue y el otro preside el Tribunal Constitucional con los aires del jurista que jamás alcanzó a ser.

Muchos dirán que recordar esto es caer en lo que precisamente denuncia Sala, pues hacerlo constituye un menosprecio de la institución "e incluso personal de sus magistrados". Y que hacer este tipo de censuras causa al tribunal "un grave daño a veces irreparable". Estoy de acuerdo, pero en manos de los políticos está evitarlo, dejando de nombrar como magistrados del alto tribunal a los más solícitos y llevando a sus salas a quienes de verdad son independientes.

Cuando en Francia a alguien se le ocurrió resolver el problema del nacionalismo en Córcega dando a la isla un modestísimo estatuto de autonomía, alguien redactó una pieza que hacía constantes referencias al pueblo corso. El Consejo de Estado francés se cargó el proyecto recordando lo obvio, que en Francia no hay más pueblo que el francés. En nuestra Constitución ocurre lo mismo, que no hay más pueblo que el español, único depositario de la soberanía; de quien emana la justicia que tanto tiempo lleva impartiendo Pascual Sala. Pues bien, en la misma ocasión en la que el juez nos ha afeado la conducta a quienes denunciamos la politización del tribunal que preside ha expresado el deseo de que no se olvide que el estatuto catalán fue "validado en referéndum por el pueblo de Cataluña". Sala olvida algo que no debería, presidiendo el tribunal que preside, y es que el pueblo de Cataluña no existe para la Constitución. Así, el presidente del Tribunal Constitucional defiende la vigencia de un estatuto inconstitucional con el argumento de que ha sido aprobado por un pueblo al que la Constitución no reconoce soberanía alguna. Esa es la diferencia entre un país mínimamente serio y la satrapía en la que hemos convertido al nuestro, donde los más elevados puestos los alcanzan los dóciles en perjuicio de los competentes.

Del éxito y del fracaso escolar
Manuel I. Cabezas González www.vozbcn.com 31 Mayo 2013

Según los sucesivos informes PISA y las periódicas evaluaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el sistema educativo español y el de Cataluña, todavía más, se caracterizan por el fracaso escolar en los aprendizajes fundamentales (lectura, expresión escrita, lenguaje matemático y conocimientos en general) y por el abandono escolar prematuro. Hay que centrarse en las relaciones recíprocas entre éxito o fracaso escolar y las competencias lingüísticas de los alumnos. Para ello y para desvelar una nueva mentira de la política lingüística, no hace falta exponer los datos de los informes oficiales, de sobra publicitados y conocidos, sino que basta con presentar el punto de vista del sociolingüista británico Basil Berstein.

En la literatura científica y en los estudios de campo sobre la relación entre la competencia lingüística de los alumnos en la lengua vehicular de la enseñanza-aprendizaje y el fracaso o éxito escolar, se utilizan siempre, a veces implícitamente, los resultados de las investigaciones de Bernstein. Las traigo a colación, porque nos van a permitir descubrir y comprender lo que ha pasado y está pasando en el sistema educativo catalán, sin necesidad de recurrir a los informes precitados ut supra.

Sin entrar en los detalles de sus investigaciones y en los debates que provocaron, diremos que Bernstein, a partir de su experiencia profesional como profesor, establece una relación muy estrecha entre clases sociales, lenguaje y éxito o fracaso escolar. Esto le lleva a formular la teoría de los dos códigos, que él pone en relación con dos clases sociales diferentes y con los resultados escolares. Por un lado, está el código elaborado, que es la lengua utilizada por las clases medias -favorecidas desde el punto de vista económico, social y cultural- y que conduce normalmente o más frecuentemente hacia el éxito escolar. Por el otro, está el código restringido, que es la lengua de las clases trabajadoras -desfavorecidas económica, social y culturalmente- y que, más frecuentemente, lleva al fracaso escolar.

Estos resultados escolares diferentes se deben, según Bernstein, al hecho de que los hijos de las clases medias cuando llegan a la escuela se encuentran con una lengua vehicular de enseñanza-aprendizaje que coincide con el código elaborado, adquirido en el privilegiado contexto familiar y social en el que han crecido; por eso, al llegar al centro escolar, se encuentran como pez en el agua y el éxito académico es, entre ellos, más común que el fracaso. Sin embargo, los hijos de las clases trabajadoras entran en contacto, cuando llegan a la escuela, con una lengua vehicular (código elaborado), que es muy diferente de la que utilizan en el desfavorecido ambiente familiar y social (código restringido); de ahí que el fracaso escolar sea más frecuente entre ellos.

Si lo que expone Bernstein sucede cuando los hijos de la clase media y de la trabajadora utilizan como lengua vehicular una lengua que coincide con la lengua materna de los alumnos, ¿qué puede ocurrir cuando la lengua vehicular de la escuela (por ejemplo, el catalán) es una lengua distinta de la materna o propia (por ejemplo, el español), como sucede en la mayor parte de los casos del alumnado de Cataluña? Lo lógico será que el número de fracasos escolares aumente sustancialmente entre los alumnos que son hijos de las clases trabajadoras y/o tienen -como lengua materna, habitual y propia- una lengua diferente de la utilizada -como lengua vehicular en la escuela- por el profesor o en los libros de texto o material escolar. Esta deducción lógica es corroborada por los informes PISA y por los informes evaluativos de la Generalidad o del Ministerio. En efecto, en todos ellos, se cita y se utiliza el nivel económico, social y cultural de la familia y del contexto familiar, entre otros factores, para motivar y justificar los resultados insatisfactorios de los alumnos catalanes evaluados.

Ante estas aportaciones de la sociolingüística, que desmontan las afirmaciones gratuitas o memeces de la casta política catalana y de ciertos pedagogos cuando hablan de los resultados de la enseñanza en Cataluña, sobra cualquier tipo de comentario. Ahora bien, quiero terminar esta cogitación citando la conclusión de un informe de la Fundación Jaume Bofill, que no es sospechosa de ser anticatalanista: en Cataluña, ‘el dret a una educació de qualitat per tothom és encara un objectiu pendent d’aconseguir. Excel·lència i equitat continuen sent dos reptes pendents en el nostre sistema educatiu. Catalunya té un dels nivells d’abandonament escolar prematur més elevat de la Unió Europea, i un dels nivells de formació de la població jove més baix’ (Informe-Anuari: L’estat de l’educació a Catalunya 2006-2007, p. 16-17).

Coda: “Je ne demande pas à être approuvé, mais à être examiné et, si l’on me condamne, qu’on m’éclaire”, (Charles Nodier).

Manuel I. Cabezas González es profesor titular de Lingüística y de Lingüística Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona

El amañado combate contra ETA
Las víctimas del terrorismo critican unánimamente el beneficio penitenciario y lo consideran “continuismo en la política antiterrorista de Zapatero”.
Luis del Pino Libertad Digital 31 Mayo 2013

Jake LaMotta, apodado Toro Salvaje, tenía 25 años el 14 de noviembre de 1947, cuando subió al ring en el Madison Square Garden de Nueva York, para enfrentarse a Billy Fox, el boxeador negro de Filadelfia que había ganado hasta el momento 49 de los 50 combates que había celebrado.

En el primer asalto, Jake LaMotta, que era muy superior a su rival, le atizó a Fox dos fuertes golpes en la cara que a punto estuvieron de enviarlo a la lona. Pero luego, inexplicablemente, LaMotta se dedicó a danzar de un lado a otro sin hacer el más mínimo intento de abatir a Fox, mientras éste le asestaba golpe tras golpe. Hasta que, en el cuarto asalto, con el público cada vez más convencido de estar asistiendo a un auténtico tongo, el árbitro dio por finalizado el encuentro y concedió la victoria a Fox, terminando con el castigo recibido por un sangrante e inexplicablemente pasivo Jake LaMotta.

Toro Salvaje terminaría reconociendo unos años después, tras una investigación del FBI, que aquel encuentro había sido amañado. Él lo cuenta así en sus memorias: "Cuando le aticé un par de golpes a Fox en el primer asalto y vi su mirada vidriosa, me dije '¡Santo Cielo! ¿Un par de bofetadas y ya va a caerse?'. Me entró el pánico. Se suponía que tenía que dejar que me ganara, pero parecía como si al final fuera a tener que ayudarle a mantenerse en pie... Al llegar al cuarto asalto, para que alguien en el Madison Square Garden no se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando, tendría que estar borracho como una cuba".

En realidad, el carácter fraudulento de aquel combate era casi vox populi, porque en las horas previas al encuentro las apuestas a favor de Billy Fox habían pasado de cotizar 6 a 5 a cotizar 3 a 1. Pero hasta los mejor informados debieron de quedarse de piedra al ver la chapuza de escenificación que LaMotta y Fox hicieron en aquel ring.

LaMotta había aceptado dejarse ganar para conseguir la protección de la Mafia y lograr competir por el campeonato mundial de los pesos medios. Además de dejarse vencer por Fox, LaMotta pagó a la Mafia 20.000$ para que le permitieran enfrentarse con el entonces campeón del mundo, Marcel Cerdan. La Mafia, por supuesto, había manipulado las apuestas de aquel encuentro, para desplumar a todos los incautos que pensaban que en un combate de boxeo es el mejor el que gana.

La historia de Jake LaMotta, como ya saben ustedes, fue llevada al cine años después por Martin Scorsese. La interpretación de aquel boxeador del Bronx le valió a Robert De Niro el Óscar al Mejor Actor.

Esta semana hemos sabido que la Audiencia Nacional ha autorizado la liberación de dos etarras, uno de ellos con más de 800 años de condena a sus espaldas, al considerar que no es de aplicación la denominada doctrina Parot.

Continúa así el proceso de excarcelaciones, pero por una vía diferente: en lugar de apelar a consideraciones humanitarias, como en el caso de Iñaki de Juana Chaos o de Bolinaga, son tecnicismos jurídicos los que permiten que salgan estos dos etarras de prisión, en vísperas además de la sentencia sobre la doctrina Parot que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene que emitir.

Cuarenta años de combate llevamos con ETA. Y el Estado, una y otra vez, renuncia a usar la fuerza de la Ley, la fuerza de la Democracia, la fuerza del Estado de Derecho, para aniquilar a una banda de asesinos.

De nada sirven los 150.000 servidores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad frente a una banda formada por unos cientos de pistoleros. De nada sirven los 5.000 jueces que pagamos con nuestros impuestos frente a un puñado de abogados batasunos. De nada sirven los 4.000 agentes del CNI a la hora de localizar a un prófugo como Josu Ternera. De nada sirve toda la potencia diplomática del Estado cuando se trata de poner fin a la humillante pantomima de los planes de internacionalización del conflicto y de mediación internacional. De nada sirve una mayoría absoluta del PP en lo que respecta a modificar las leyes para que los asesinos paguen como deben la sangre derramada.

Y ahí están los asesinos saliendo uno a uno de prisión y los amigos de los asesinos cobrando del erario en las instituciones, mientras a las víctimas se las margina y ningunea.

Hace mucho tiempo que está claro que el combate está amañado. Y que los sucesivos púgiles que representan al Estado tan sólo intentan que no se noten demasiado sus evidentes intentos porque el contrincante etarra no acabe en la lona.

Hasta tal punto está amañado el combate, que después del 11-M hubo que hacerle a ETA un boca a boca para poder continuar con la pelea y que pudiera derrotar al Estado como lo está derrotando.

Con lo que la pregunta es obligada: ¿quién es la Mafia que ha ordenado al Jake LaMotta Zapatero y al Jake LaMotta Rajoy que se dejen tumbar por el púgil etarra?

Y la segunda pregunta: ¿Qué dinero es el que esa Mafia espera ganar con las apuestas amañadas?

Cataluña
'Aturar l'invasor'
Antonio Robles Libertad Digital 31 Mayo 2013

Entre la portada de El Punt Avui, "Parar al invasor", del pasado martes, a propósito de la Ley Wert, y la propuesta del PSC de reformar la Constitución para ir a un Estado federal hay una diferencia formal: los primeros utilizan lenguaje bélico y los segundos, mantequilla. Ya saben, la de Marlon Brandon en El último tango en París. Los primeros nos llaman invasores y buscan el desprecio del resto de los españoles para alimentar a su parroquia y los segundos lubrican su faena para hacerla indolora en un intento de hacerla pasar inadvertida.

¿A quién querrán engañar a estas alturas? Pedir que sean los tribunales superiores de cada comunidad autónoma la última instancia del poder judicial en España es nacionalismo puro y duro, el paraíso soñado de las sagas familiares corruptas amamantadas por el pujolismo. Por cierto, la pretensión ya fue declarada inconstitucional por el TC en la reforma del estatuto.

Exigir competencias exclusivas en educación, lengua propia y cultura es intentar colar la exclusión que ahora apoyan y los tribunales condenan. Tampoco esto logró salvar la reforma del estatuto. Lo más curioso es que lo hacen en nombre del pluriculturalismo y el plurilingüismo de un Estado plurinacional. Palabras para envolver; aunque desvelan más que encubren. Son demasiados años de eufemismos. Ocurre en este caso como con el concepto de integración. Se hinchan a utilizarlo cuando en realidad lo que practican a diario es la asimilación, es decir, la eliminación de las señas de identidad y los derechos de los que no comulgan con el ideario nacionalista. En este caso, habrían de hablar de multilingüismo, pues a eso es a lo que quieren llegar, pero tomando a Cataluña como una única identidad frente al fantasma de una identidad española que sólo está en sus obsesiones. En un caso y en el otro.

Pretender convertir a España en una nación de naciones busca legitimar las aspiraciones insolidarias a la asimetría fiscal, exigida por los nacionalistas. ¿Qué nación dejaría de tener derecho a poseer su propio sistema fiscal? ¿Qué nación se rebajaría a renunciar a las relaciones bilaterales con la nación de al lado? Ni cuestiona los privilegios del sistema de cupo vasco y navarro, ni renuncia a la asimetría competencial en materia económica, basada en la ordinalidad y en los derechos históricos. Si excavan un poco más, llegan a los privilegios feudales. ¡Y pensar que el socialismo fundamentó todo su sentido de la justicia en la igualdad! Paradojas de la historia, quien la habría de defender, la rompe y hace a los españoles más desiguales entre sí.

Rompe también una lanza a favor de otorgar representatividad a los territorios, en lugar de reforzar la de los ciudadanos: quieren convertir el Senado en cámara territorial. ¡Con lo barato que resultaría eliminarlo! Evitaría costos y más conflictos entre comunidades. Porque convertirlo en cámara territorial no serviría para reducir tensiones, sino para alimentarlas, darles legitimidad y reforzar las diferencias.

Y para encajar a Chacón, que la ha apoyado para no ahondar más en su imagen antinacionalista, y al PSOE, que no le ha gustado, se olvida de nombrar el derecho a decidir, pero deja abierta la vía para territorializar los referendos. O sea, como Cayo Lara, el internacionalista. Para que no digan.

Y a la vez que allana el camino al separatismo, juega en el cinturón obrero y castellanohablante a parecer lo contrario. Su alcaldesa de Hospitalet ha iniciado una campaña contra la independencia. C’s aprieta y la carne es débil. ¡Qué tropa! ¡Treinta años tomando el pelo a sus bases socialistas de lengua y cultura españolas y aún confían en seguir tomándoselo!

Me temo que el horno ya no está para bollos, y Albert Rivera habla claro y sin medias tintas. ¡Qué tiempos aquellos –estarán lamentándose ahora– donde la inmigración arrastraba un sentimiento de culpa forjado por ellos ante el catalanismo, sin que político alguno dijera en voz alta lo que sentía y callaba en privado!

La gota malaya de las balanzas fiscales
La Generalitat esconde tras un informe de pretensión técnica una burda campaña de agitación
Ángel de la Fuente El Pais 31 Mayo 2013

Hace unos días se hizo público el enésimo informe de la Generalitat sobre la balanza fiscal de Cataluña. En él se destaca que el saldo fiscal de la comunidad con la Administración Central española (y la Unión Europea) en el año 2010 se situó en torno a los 16.500 millones de euros cuando el cálculo se realiza por el llamado método del flujo monetario. Le faltó tiempo al bien orquestado coro de portavoces y opinadores nacionalistas para salir en tromba, identificando esta abultada y discutible cifra con lo que los sufridos contribuyentes catalanes pagamos de más a la Hacienda española —o con lo que España nos roba, si nos atenemos al lenguaje en boga entre los más exaltados defensores de la tesis del expolio.

La maniobra es transparente. Bajo el ropaje formal de un informe pretendidamente técnico no hay más que un instrumento de agitación y propaganda diseñado para cabrear al personal y acercarlo a las tesis nacionalistas. Desde un punto de vista técnico, no hay por donde coger la cosa. Identificar el saldo fiscal de un territorio con lo que sus residentes pagan de más es un disparate en cualquier caso, y mucho más cuando tal saldo se calcula por el simpático método del flujo monetario que tanto le gusta al Gobierno catalán.

Vayamos por partes. Supongamos en primer lugar que la Generalitat ha hecho bien los cálculos. En ese caso, lo que exigen airadamente los nacionalistas catalanes es que los impuestos vuelvan a quien los paga en forma de un volumen equivalente de servicios, sin dejar espacio alguno para la redistribución, que es precisamente una de las funciones básicas del sistema fiscal en cualquier estado moderno. Entiendo que los defensores de tan llamativa tesis no pretenden trasladarla a título individual, pues si los impuestos son de quien los paga, no habría necesidad alguna de pagarlos para empezar.

El Gobierno debería explicar más el efecto territorial del Estado de bienestar
La tesis sería, por tanto, válida solo en el ámbito nacional: puesto que los nacionalistas catalanes no se sienten parte de la nación española, les fastidia repartir con sus conciudadanos de otras regiones y se resisten a hacerlo. Esto es hasta cierto punto comprensible, pero difícil de defender de una forma argumentada. Si los sentimientos generan derechos fiscales, los residentes de Cataluña que no nos sentimos parte de la nación catalana tendremos derecho a no pagar impuestos autonómicos, excepto en la medida en que resulte necesario para sufragar el coste de los servicios que la Generalitat nos presta a cada uno. Supongo que al Gobierno catalán no le haría mucha gracia la idea, y con razón.

Pero la cosa es aún peor. Puesto que la Generalitat excluye arbitrariamente de sus cálculos una parte significativa de los costes de los servicios que la Administración central nos presta a los que vivimos en Cataluña, lo que está diciendo realmente el que exige la desaparición del déficit fiscal catalán es que no deberíamos pagar ni siquiera la parte que nos toca de tales servicios, lo cual tiene perendengues.

Cojamos un ejemplo concreto y dejemos que sea el lector el que decida si la forma en la que la Generalitat hace las cuentas —el llamado método de flujo monetario— es o no razonable. Consideremos la inversión del Ministerio de Defensa español en un avión militar de combate que se destina, por concretar, a la base aérea de Zaragoza. A la hora de repartir entre autonomías el gasto correspondiente (y de pensar sobre quién ha de pagarlo en última instancia) hay dos posibilidades. La primera (el método del flujo de beneficio) es considerar que el avión proporciona servicios de defensa que nos benefician por igual a todos los ciudadanos españoles, lo que lleva a repartir su coste entre regiones en proporción a su población. La segunda es imputárselo por entero a Aragón, puesto que el avión está físicamente allí.

Una falacia mil veces repetida sigue siendo una falacia, pero eso no impide que pueda ser efectiva
Aunque el sentido común seguramente sugiere lo contrario, la Generalitat argumenta que la segunda opción es, de hecho, la más razonable porque recoge mejor el impacto del gasto público sobre la actividad económica. Pero esto es bastante dudoso y, en cualquier caso, no es relevante. Empezando por el final, los Gobiernos compran aviones militares para patrullar el espacio aéreo y no para crear empleo. Y el avión es, además, un buen recordatorio de que la localización del gasto público y su impacto económico pueden tener poco o nada que ver la una con el otro. Donde realmente se crea empleo y renta en este caso no es donde se aparca el avión, sino donde se fabrica, lo que seguramente nos lleva fuera de España (y según y como, a la peregrina conclusión de que nadie debería pagar el aparato). Algo más de sentido tiene el argumento de la Generalitat cuando hablamos del piloto y de los mecánicos de la aeronave. Sin duda, todos ellos tendrán que alquilar o comprar una casa en Zaragoza e irán allí al peluquero y al supermercado. Pero, incluso en este caso, existirán efectos desbordamiento importantes que hacen muy difícil predecir el impacto territorial del gasto público sobre la actividad económica. Los coches del personal militar pueden venir de la propia Zaragoza, pero también de Vigo, Martorell, Valladolid o Corea, su ropa puede estar hecha en Galicia o en Asia, su comida puede provenir de cualquier parte del mundo y los azulejos de su casa seguramente vendrán de Castellón.

Una falacia mil veces repetida sigue siendo una falacia, pero eso no impide que pueda ser efectiva. No se puede negar que la gota malaya de la propaganda nacionalista sobre el expolio ha ido calando hasta el punto de crear entre una buena parte de la población catalana la percepción de que la comunidad sufre un maltrato fiscal insoportable. La mejor forma de combatir tal percepción es con luz y taquígrafos. En vez de dar la callada por respuesta como ha hecho siempre, el Gobierno español debería tomar la iniciativa poniendo encima de la mesa los datos necesarios para un debate informado sobre la dimensión territorial de sus actuaciones, explicándolos en detalle y haciendo un poco de pedagogía sobre las implicaciones territoriales del Estado de bienestar.

Ángel de la Fuente es investigador en el Instituto de Análisis Económico, CSIC.

Y ahora, ¿qué hacemos?
Rafael Nada. La Vanguardia  31 Mayo 2013

Cada día se acumulan mayores evidencias de que Catalunya se encuentra atrapada ante un muro de grandes dimensiones y de que sus líderes políticos no saben cómo franquearlo. En otoño, parecía que el Govern y sus partidarios irían sumando adeptos e ilusionando a los ciudadanos con un proyecto ambicioso de país, hasta convertirlo en una propuesta mayoritaria e inapelable. Ha sucedido lo contrario: han perdido apoyos no sólo entre los grupos de oposición, sino entre los cuadros dirigentes de sus propios partidos y en sectores estratégicos de la sociedad catalana. Y no parece que ninguno de los desengañados haya ido a agrandar las alternativas de oposición, todavía más desprestigiadas.

La mayoría de los líderes catalanes –y las clases dirigentes en un sentido más amplio– aceptan en privado su desconcierto y su incapacidad para superar un bloqueo que ya se prevé inevitable. Catalunya –reconocen– ha quedado atrapada entre un muro que le cierra el paso hacia la independencia y una zanja profunda que le impide el retorno a las posiciones previas a la eclosión soberanista de septiembre del 2012. Unos y otros pueden disimular y mirar hacia otro lado, pero el colapso del país empieza a ser de dimensiones colosales; no hay más que leer todos los martes los acuerdos de las reuniones del Govern y las actas de las sesiones parlamentarias para comprender que, mientras el país se desangra en la crisis, aquí nadie gobierna, ni nadie presenta alternativas.

Algún día deberemos volver a la noche del 25 de noviembre para releer los resultados electorales y aceptar con inteligencia política el veredicto de las urnas. Aquella noche, el liderazgo hegemónico de Artur Mas tuvo un revés inesperado del que deberían haberse derivado consecuencias políticas de trascendencia. Mas se presentó en las urnas como un líder fuerte, moderado e integrador, que ofrecía garantías en direcciones muy diversas y representaba las diferentes intensidades de la desafección catalana. Aglutinaba con mayor o menor entusiasmo tres grandes bloques de la sociedad: los independentistas convencidos, los defensores del pacto fiscal –partidarios de una cierta radicalización sólo si Madrid no ofrecía un pacto razonable– y los que estaban dispuestos a escoger el camino según cuál fuera la preferencia mayoritaria.

El revés electoral forzó una alianza con apoyos menos transversales, igualmente legítima, pero que ya no puede actuar como si conservara intactos todos los apoyos del Onze de Setembre. En política, los actos tienen consecuencias y hay que ser consciente de ello. Sin el liderazgo hegemónico de Mas, el proceso soberanista ha perdido apoyo de sectores empresariales, financieros, profesionales, académicos y mediáticos,que han decidido esperar que los próximos meses aclaren algunas incógnitas.

En estas circunstancias parece muy claro que tampoco cuenta con Unió Democràtica, un socio de gobierno minoritario, pero que tiene la clave de los contactos internacionales del nacionalismo catalán y una relación privilegiada con los lobbies empresariales de Catalunya y de España.

En la misma CDC han aparecido algunas disidencias y seguramente en los próximos meses se destaparán otras más. El PSC se ha alejado definitivamente del proyecto e IC, que antes ofrecía un apoyo homogéneo, ha pasado a sustentar una posición mucho más matizada. Es posible que en una votación libre el proyecto auspiciado por los sectores soberanistas de CDC y por ERC ya no cuente con la mayoría del actual Parlament de Catalunya. Tampoco está claro que Artur Mas conserve el apoyo unánime de su propio gobierno.

Los que se alegran de los problemas de Mas para encontrar salida a su desafío también nos deberían aclarar qué proponen –en el terreno de la política real, no en un mundo teórico y virtual–. Haciendo fracasar el soberanismo y dejando pasar el tiempo, el problema no desaparecerá. Al contrario, los agravios contra los ciudadanos de Catalunya están aumentando hasta extremos excepcionales y ya los pagamos todos, sin excepciones.

Ha llegado el momento de tomar decisiones. La noche del 25 de noviembre del 2012, el liderazgo absoluto de Artur Mas no fue refrendado y la vía moderada a la independencia –entendida como último recurso en caso de fracaso del pacto fiscal– quedó aparcada. El presidente no puede seguir haciendo ver que no se ha dado cuenta. Situado ante este reto, debe decidir si se siente fuerte para sacar adelante su proyecto secesionista con una estrategia menos ambigua y sólo con el apoyo de CDC y ERC. Es legítimo, porque tuvo la mayoría electoral con un programa sin ambigüedades. Y es posible que el paso del tiempo demuestre que las disidencias detectadas en los cuadros de partido y en algunos poderes fácticos no se corresponden con desafecciones de la voluntad popular.

Ahora bien, si con los datos que le proporciona la atalaya privilegiada de la presidencia Artur Mas cree que con las fuerzas que lo apoyan el proyecto es inviable, no le queda más opción que reconocerlo y escoger entre el sacrificio personal y la rectificación para volver a consensos mucho más amplios. Encarado a un muro aparentemente infranqueable, las tres vías –seguir sólo con ERC, la renuncia y la rectificación– son legítimas, pero son incompatibles. Y no todas son viables, ni llevan al éxito. Los grandes liderazgos se acreditan acertando en estas circunstancias extremas. Los líderes se pueden equivocar, pero no pueden cargar sobre sus pueblos el precio de sus errores.

La izquierda esquimal
IÑAKI EZKERRA ABC 31 Mayo 2013

Pere Navarro y Cayo Lara están donde ha estado años el PSOE; donde estuvieron Maragall y Zapatero

DICEN que los esquimales distinguen más de treinta tonos del blanco. Pere Navarro y Cayo Lara van camino de distinguir más de treinta tonalidades de referendos de autodeterminación catalanes metidos, como están, en esa izquierda esquimal que ha pervertido la noble naturaleza del matiz dialéctico. Pere Navarro no estaba por la independencia de Cataluña como Artur Mas, pero sí por el derecho a decir «no» o «sí» a esa independencia. Cayo Lara se sitúa ahora en ese lugar que no existe en el mapa de la lógica aunque podía haber rizado más el rizo. Podía haber dicho que estaba por el derecho a decidir si se tiene derecho a decidir y así sucesivamente hasta el infinito. Matizar es una sana y necesaria actividad cuando se trata de puntualizar y aclarar ideas o posiciones. Pero el matiz que trata de oscurecer en vez de esclarecer es un viaje a la blancura nívea, prístina, glacial de la nada. La búsqueda táctica de matices, de espacios políticamente vírgenes que le permitan a un partido marcar diferencias con otros, aunque sean artificiales, lleva a rebuscadas tierras de nadie o al Polo Norte con mucha suerte.

En realidad Pere Navarro y Cayo Lara están donde ha estado durante años el PSOE; donde estuvieron Maragall y Zapatero antes que ellos, así que no vienen a cuento las caras de sorpresa. Están en esa manía tradicional y tacticista de la izquierda de hacer oposición o marcar distancias diciendo lo contrario de lo que tú dices independientemente de que lo que digas sea justo o cabal. En realidad la IU de Llamazares fue más lejos que la de Cayo Lara al sentarle a Madrazo en la mesa de Lizarra y volver nacionalista a su sucursal vasca hasta el punto de que la mitad de ella ha desaparecido electoralmente y la otra mitad está hoy en Bildu bajo el nombre de Alternatiba, pero invisibilizada por la ETA institucional. El «matizismo» táctico, artificial, frío, gélido, polar, esquimal ?como digo? se disfraza de técnica inteligente de supervivencia, pero conduce a la hibernación política y a esa insensibilidad táctil propia de los congelados que anuncia la muerte. La misma insensibilidad que padece hoy el Cayo Lara que, por abrazar el referéndum de Mas, renuncia a recoger los votos que pierde el PSOE.

Leo y releo estos días los últimos libros de dos amigos míos de Barcelona: «El manicomio catalán», de Ramón de España, y «Lo que cuenta es la ilusión», de Ignacio Vidal-Folch. El primero acaba de salir y va directamente al grano; el segundo tiene un carácter más general de dietario, pero recomiendo ambos al lector porque están llenos de matices aunque no del blanco exactamente. Ambos devuelven el sentido, la inteligencia, el honor, la dignidad al arte excelso y democrático del matiz. Uno es que no es esquimal y no entiende todo ese viaje a ninguna parte, todo ese trabajo de apoyar un referéndum anticonstitucional para decir «no» en él. Uno no entiende que alguien pueda viajar hasta Uzbekistán para comprobar que detesta profundamente Uzbekistán.

Ignacio Agustí
miquel porta perales ABC Cataluña 31 Mayo 2013

Agustí tropezó en 1966 con el nacionalismo. Antes, había tenido problemas con Òmnium Cultural, las Joventuts Nacionalistes y el Front Nacional

CONFORME leía la excelente biografía de Ignacio Agustí que firma Sergi Doria (Ignacio Agustí, el árbol y la ceniza, Destino), la sensación de déjà vu se incrementaba El biógrafo habla de un personaje del cual se cumple ahora el centenario de su nacimiento. Pero, ¡caramba!, también nos habla de nuestro presente inmediato. Digo bien: inmediato. Vaya, de hoy mismo. Tomen nota del episodio que a continuación se relata.

Resulta que en el año 1966, a raíz de la manifestación de sacerdotes frente a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, Ignacio Agustí, a la sazón director del diario Tele/eXprés, escribió un artículo crítico con los manifestantes. ¿Qué reacción provocó? La progresía barcelonesa y el nacionalismo incipiente reaccionaron todos a una y, como señala Sergi Doria, «metieron definitivamente a su autor en el búnker franquista».

En la fachada del diario, aparecieron pintadas: ¡Fascismo no! ¡Democracia! Los panfletos que se repartieron hablaban de «renegado», de «colaboracionismo» y del «entusiasmo enfermizo del delator». La consigna: «No compréis Tele/eXprés. No os anunciéis en Tele/eXprés. Negad vuestros favores a quienes se anuncian en Tele/eXprés».

Finalmente, Ignacio Agustí salió del diario para no volver. Hay que añadir que esa no fue la primera vez que Ignacio Agustí tropezó con el nacionalismo. Antes, había tenido problemas con Òmnium Cultural, las Joventuts Nacionalistes y el Front Nacional. Fue acusado de «botifler», se boicoteó la librería que regentaba y se pidió su cese de la presidencia del Ateneo.

Se dirá que aquellos eran otros tiempos. De acuerdo. Se dirá que Ignacio Agustí -de hecho, un liberal de talante conservador- mantuvo una relación vacilante con la dictadura. De acuerdo. Pero, más allá de ello, no es de recibo la teoría y la práctica inquisitorial de sus críticos. Y uno se pregunta si ahora no estamos en una situación más o menos parecida. Quizá habría que aprender la lección y no ofender a quienes se ofenden cuando son criticados.

Economía
Cataluña dilapiló 218 millones de dinero público en Spanair
David J. Fernández. La Razón 31 Mayo 2013

Hace un año y medio, Spanair dejó de operar. El gran sueño del nacionalismo catalán de crear una aerolínea de bandera –por supuesto, con dinero público– se estrellaba contra la tozudez de los negocios. La compañía dejaba en la estacada a 300.000 pasajeros con el billete en la mano y a más de 2.500 trabajadores. Pero aún hay más: la extinta compañía dejó un agujero de más de 500 millones que difícilmente se van a recuperar. Barcelona tenía que ser como Fráncfort, París o Londres. El aeropuerto de El Prat debía de competir en millones de pasajeros y de conexiones intercontinentales con los grandes «hubs» europeos. Para ello, las administraciones catalanas pusieron todo su empeño –y cientos de millones– en convertir a Spanair en una especia de «Air Catalonia» a imagen y semejanza de Lufthansa para Alemania, o British Airways para Inglaterra. Con esa idea comenzó el goteo de inversiones que ni las voces de economistas ni la crisis en ciernes evitaron. Entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, enterraron en Spanair la friolera de 218 millones de euros.

La historia de «Air Catalonia» se remonta a los años del tripartito, concretamente a 2008, cuando la aerolínea escandinava SAS puso a la venta Spanair y la Generalitat salió al rescate. La compañía se vendió por un euro a cambio de asumir la deuda de la compañía. Las inyecciones de dinero por parte de la Generalitat, a través del Instituto Catalán de Finanzas, no tardaron en llegar, y ya en el ocaso del tripartito se invirtieron 60 millones de euros. Con la llegada de Artur Mas a la Generalitat, y con los recortes a la vuelta de la esquina, lejos de cambiar esta tendencia, se incrementó con una nueva inyección de 75 millones, tal y como reconoció el consejero de Economía, Andreu Mas-Collell. Los pormenores de la inversión, amparándose en el secreto bancario, son desconocidos.

Mención aparte merece el Ayuntamiento de Barcelona, cuya implicación pese a contar con unos recursos sustancialmente menores que la Generalitat, ha sido proporcionalmente mayor que la de ésta. El Ayuntamiento, al margen de conceder un crédito de 25 millones de euros, a través de Catalana de Iniciativas, Turismo de Barcelona y Fira de Barcelona, inyectó otros 48,2 millones. Es decir, 73,2 millones en total.

Cabe destacar, además, que entre los principales acreedores de Spanair se encuentra Aena, por lo que el agujero para las arcas públicas puede ser considerablemente mayor.


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