AGLI Recortes de Prensa   Martes 4 Junio 2013

La batalla del lenguaje
¿Va a ser peor la herencia de Rajoy?
Guillermo Dupuy Libertad Digital 4 Junio 2013

Hay gente que tiene perdida la batalla propagandística antes de haberla librado. Tal es el caso de quienes asumen la manipulación del lenguaje de sus oponentes y entonan su particular "vivan las cadenas" al ver que los otros tergiversan la palabra libertad. Así, lejos de rebatir la tergiversación, la propagan. Tal es el caso de quienes nos dicen ahora que "las políticas de crecimiento son un desatino". No. Lo que es un auténtico desatino es llamar "políticas de crecimiento" a lo que no es otra cosa que una condena al estancamiento mediante una mayor presión fiscal y un mayor endeudamiento público. Esto es lo que viene aplicando desde el primer momento el fraudulento gobierno del PP con la peregrina excusa de la "mala herencia recibida". Y esto es lo que, de seguir así, va a llevar a Rajoy a dejar en herencia al próximo presidente del gobierno –sea o no él mismo– una losa aun más pesada que la que a él le dejaron Zapatero y, sobre todo, los manirrotos gobernantes autonómicos del PP.

Por mucho que las maquilladas cifras del déficit de Montoro induzcan a hacernos creer lo contrario, Rajoy no es que haya reducido algo el ritmo de endeudamiento del sector público, es que lo ha elevado como nunca antes, más incluso que en el año 2009, el año más negro de la etapa de Zapatero.

Lo peor es que si en 2012 el escalofriante y silenciado ritmo de crecimiento de nuestra deuda fue de 400 millones de euros días, en lo que llevamos de 2013 el pufo está aumentado a razón de unos 440 millones de euros al día. Eso es lo único que está creciendo junto al paro, por mucho que el austero gobierno de Rajoy vaya a aprovechar los buenos datos de coyuntura de mayo en lo que a empleo se refiere para vendernos sus particulares "brotes verdes".

El empeño de Rajoy de sobrepasar por la izquierda a Zapatero en lo que a moratoria de reducción del déficit y presión fiscal se refiere, es lo que nos condena al estancamiento. Y yo, desde luego, no voy a calificar eso de "política de crecimiento" por mucho que el continuador de Zapatero me descalifique como "antipatriota" o "histérico".

El fraude andaluz era aún mayor
Editorial www.gaceta.es 4 Junio 2013

Déjese, pues, a la juez Alaya culminar su trabajo, que los españoles de bien nunca se lo agradeceremos bastante.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha encontrado tres nuevas fuentes de fondos públicos presuntamente utilizados de forma ilegal por la Junta de Andalucía, que superan los 18 millones de euros (tres mil millones de pesetas, para formarse una idea del monto de la fechoría). También fueron administrados por la Consejería de Empleo, responsable directa de los ERE fraudulentos. En este número de LA GACETA encontrará el lector información del nuevo escándalo. No se sabe todavía si la juez abrirá causas aparte con los nuevos datos obtenidos o si, por el contrario, establecerá que existe conexión suficiente para incorporarlos a la macro-causa que lleva instruyendo desde hace años.

Mercedes Alaya tiene fama de tenaz, minuciosa y enigmática. Los jueces de apoyo que se le adjudicaron se ocupan de los procesos que podríamos llamar de trámite, y reserva para sí las grandes y complejas causas argumentando que puede con ellas, aunque su instrucción haya de ser forzosamente lenta. Se da además –aunque ella no lo dice así– la circunstancia de que, por su naturaleza, esas grandes causas son las que contienen una importante carga política que las hacen susceptibles de convertirse en una grandísima tentación para que el poder político trate de interferir el curso independiente de la justicia; y es razonable pensar que esta característica pese decisivamente en la decisión de la juez Alaya para ahorrar a sus colegas el trance de acabar corrompiéndose por miedo, ambición o codicia. O, tal vez, para asegurarse de que la larga mano del poder político no llegue a desvirtuar su trabajo.

Levantado el secreto de lo ya instruido hasta ahora en el sumario de los ERE, tendremos sin duda información de aspectos clave de este gigantesco escándalo de corrupción generalizada e institucional, como el destino final del dinero, el monto total del fraude (que se ha llegado a estimar en casi mil millones de euros), la función de mediadores, sindicatos y demás anomalías que formaron su espesa madeja de ilegalidades. Alaya, presionada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para darse prisa en la finalización de su trabajo, cree que en este año podrá darle cima; ahora, tras estos nuevos hallazgos presuntamente delictivos, podría prolongarse algún tiempo más. Pero no cabe duda de que estamos probablemente ante el escándalo de corrupción política de mayor calado que se recuerda.

Hasta ahora la labor investigadora de Mercedes Alaya, por lo que hemos conocido, ha sido ciclópea. Ha desmenuzado, con paciencia y detalle de entomólogo, el enrevesamiento de la trama delictiva calculado para sortear cualquier control. Ha tratado de llegar hasta el final en el esclarecimiento de las responsabilidades de todos los no aforados. Ya llegará el momento de que instancias superiores determinen las de éstos. Será su deber. Déjese, pues, a la juez acabar su trabajo, que los españoles de bien nunca se lo agradecerán lo bastante.

Si no hubieran perdido la vergüenza
Pepa Antón www.gaceta.es 4 Junio 2013

La gravísima crisis que de verdad está destruyendo a España es la institucional.

Sí, ustedes, representantes desde hace años de las instituciones de España. Ustedes, con nombres y apellidos que todos conocemos. Garantes, en teoría, de la unidad de la Nación y de la igualdad de todos los españoles ante la ley, nazcan en San Sebastián, Ferrol, Barcelona, Sevilla o Pamplona y sean hijos de rey, relevantes financieros, políticos, miembros de la farándula o becarios. Ustedes, creadores de nuestras leyes. Responsables de su cumplimiento. Administradores de unos recursos que ustedes mismos establecen. Cacareados representantes de esos partidos donde el más elemental concepto de democracia ni está ni se le espera. Santos adalides sindicales que abochornan a los trabajadores y que, mano a mano, con el poder político han dirigido el errático rumbo de las Cajas de Ahorros consiguiendo anteponer sus propios intereses a los intereses de las entidades, que no deberían haber sido otros que su obra social, sus ayudas al desarrollo y la concesión de créditos a pequeños y medianos empresarios, perpetrando así, con este mal hacer, uno de las mayores depredaciones de nuestra larga historia. Si, ustedes, causantes de que España esté arruinada por sus despilfarros, ¡los suyos¡. ¡Que no los nuestros¡. Porque de los nuestros, respondemos cada uno de nosotros con nuestras haciendas, mientras que de los suyos tenemos que responder todos y encima, contemplar atónitos cómo los responsables de este rapiña observan el panorama, millonarios, ascendidos y tan contentos. Derroches escandalosos, que a la vista de las informaciones que ahora tenemos, parecen ser el trazado meticuloso, con premeditación y alevosía, de un perverso plan concebido para enriquecer a unos cuantos familiares y amigos a costa del endeudamiento y empobrecimiento de toda la Nación.

¡Ojalá que esta crisis fuera solamente económica! Pero la gravísima crisis que verdaderamente está destruyendo a España es la crisis institucional. Y la crisis institucional es una crisis de personas. ¿Quiénes han estado y están al frente de las instituciones? Las instituciones no son varitas mágicas que tienen el poder de transformar en príncipes a simples sapos, por el mero hecho de tomar posesión del cargo; las instituciones son las personas que las han dirigido y las dirigen y de estas personas, de su ética, de su independencia, de su preparación y de su categoría personal dependerá el prestigio de la institución a la que representan. ¡Pero, claro! en una sociedad en la que se considera que un piernas, deja de ser piernas en el momento que ha sido nombrado, por sumisión y obediencia debida al partido, presidente de cualquier institución, pues qué les voy a contar a ustedes! Y encima, aún tendremos que oír, lo mucho que valía el elemento en cuestión!

¿Qué buscan ustedes, el bien común o el interés particular, aprovechándose de su situación y de sus privilegios para enriquecerse y enriquecer a los suyos a costa de los demás?

Esa es mi pregunta. Pero tengan en cuenta que si ustedes no hubieran perdido la vergüenza, los ciudadanos no les habrían perdido el respeto.

Varapalo de la troika
Editorial www.gaceta.es 4 Junio 2013

Dada la situación económica adversa y la calidad de los activos es necesario continuar con una estrecha supervisión.

La troika ha hecho un balance agridulce del examen al que se ha sometido a la Banca española durante el pasado mes de mayo: el riesgo de la Banca se mantiene y se debe reforzar la supervisión. Un enorme varapalo que no ha sido muy bien encajado. Los tres organismos que han puesto a disposición de España hasta 100.000 millones de euros para sanear las cuentas de bancos y cajas españoles –la Comisión, el BCE y el FMI, la llamada troika– consideran que la operación de limpieza va por el buen camino, pero alertan de que los activos bancarios continúan deteriorándose, lo que podría generar que, al final, los bancos con problemas necesitarán más de los 40.000 millones de euros que hasta ahora han usado del dinero europeo.

“Dada la situación económica adversa y el ajuste en el sector inmobiliario que sigue afectando con fuerza a la concesión de crédito y a la calidad de los activos del sector bancario, es necesario continuar con una estrecha supervisión”, asegura el comunicado conjunto de la CE y del BCE. Los inspectores de la troika también se han fijado en otro aspecto que no hay que menospreciar: los cambios normativos sobre desahucios. Pese a no citar en ningún momento ni la normativa antidesahucios aprobada por Andalucía y Canarias o las reformas legales impulsadas por el Gobierno, la troika insiste en que habrá que controlar la puesta en marcha de las nuevas normas para determinar si son apropiadas para garantizar la estabilidad financiera. Es decir, Bruselas y Fráncfort admiten las preocupaciones de los desahuciados, pero ponen el acento sobre la necesidad de asegurar en todo momento la estabilidad de los bancos.

Dentro de las luces de alarma, los hombres de negro advierten del riesgo que pueden entrañar las refinanciaciones y celebran la reciente definición por parte del Banco de España de los términos para clasificar los préstamos refinanciados y reestructurados, haciendo hincapié en que una “rigurosa aplicación” de los mismos ayudaría a garantizar unas adecuadas provisiones por créditos fallidos.
El resultado del examen no es para alarmarse. De hecho, y pese a los riesgos, el Gobierno asegura que no necesitará pedir más dinero del rescate. Pero los banqueros no acaban de ver el final de su calvario particular. Los criterios del Banco de España y el consiguiente endurecimiento de las provisiones de los créditos refinanciados de la Banca que ocultan créditos incobrables –la llamada morosidad oculta– ya había causado cierto malestar por entender que podían acabar pagando justos por pecadores. Ahora el informe de la troika supone la puntilla.

Sin una reforma política y constitucional, España no saldrá de la crisis.
¿Ley de Emprendedores e impuestos confiscatorios? Otra contradicción del Gobierno.
30 mayo, 2013 por Lucio A. Muñoz Periodista Digital 4 Junio 2013

¿Puede tener éxito la nueva Ley de Emprendedores en un entorno marcado por la economía de la subvención, los impuestos confiscatorios, el intervencionismo estatal y el gasto público improductivo?

El ajuste en España está en marcha, si bien es preciso señalar que la reducción del déficit del pasado año fue posible debido al expolio al que el Gobierno sometió a las familias de clase media, a las pymes y a los autónomos. De todas formas y apesar de la subida de impuestos, el agujero fiscal está creciendo en lo que llevamos de año, puesto que el déficit del Estado supera al de hace un año. (Recordemos, igualmente, que la casta política sigue con sus inmorales, injustos e inmerecidos privilegios intactos). No obstante, España sigue aplastada por una deuda insostenible e impagable, sin que exista una voluntad política de recortar el gasto público reduciendo radicalmente la estructura del Estado.

Aunque las exportaciones (sobre todo, en los primeros meses de 2013) han experimentado un relevante crecimiento gracias al enorme esfuerzo de los empresarios españoles, no es factible centrar el proyecto de recuperación económica de nuestro país únicamente en ellas. Por tanto, España tiene la imperiosa necesidad de crecer y crear empleo, vía fundación de nuevas empresas, con ello se regeneraría nuestro breado (a causa del maltrato del que ha sido objeto por parte del Gobierno actual y del anterior) tejido empresarial.

¿Es posible potenciar el emprendimiento por mediación de la nueva Ley de Emprendedores pero sin mejorar sustancialmente el entorno (político, económico, financiero, fiscal, laboral, administrativo, etc.) en el que deben moverse los emprendedores? ¿No sería más eficaz (mediante imprescindibles y verdaderas reformas de calado que el Gobierno no desea llevar a cabo) allanar primero el dificultoso camino por el que deben transitar las pymes y los autónomos (facilitar el acceso a la financiación, bajar los impuestos, reducir la Administración, profundizar en la reforma laboral, aumentar la libertad económica, impulsar la unidad de mercado y la seguridad jurídica, etc.)?

En principio, algunos aspectos del anteproyecto de ley de apoyo a los emprendedores pueden ser valorados positivamente (limitación de la responsabilidad patrimonial de los emprendedores ante acreedores privados, menores cotizaciones para autónomos pluriempleados, determinadas deducciones y facilidades para crear una empresa, etc.). Aún así, el legislador no puede pretender que una nueva normativa sobre emprendeduría sea suficiente para subsanar las carencias del modelo de economía subvencionada implantado actualmente en España.

El Gobierno actual, al igual que hizo el anterior, ha optado por la economía de la subvención, los impuestos confiscatorios y el intervencionismo estatal, arrinconando a la economía productiva y, por tanto, a las empresas. Si este círculo vicioso no se corta, esta nueva Ley de Emprendedores no tendrá el efecto deseado. La altísima tasa de desempleo existente en España (al margen del efecto del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y de la crisis económico-financiera) es la consecuencia de la conjunción de una serie de variables: impuestos abusivos, subvenciones improductivas, mamandurria del Estado, falta de flexibilidad de nuestro mercado laboral, sindicatos de clase, etc. ¿Propone la nueva Ley de Emprendedores alguna solución a tal efecto?

La única fórmula para que la nueva Ley de Emprendedores tenga un resultado mínimamente satisfactorio es acompañar a la misma de una bajada generalizada de impuestos que reactive tanto el consumo interno como la capacidad de inversión de las empresas (y la renta de las familias). No solamente hay margen para reducir los impuestos (recortando, de forma paralela, los gastos del Estado en la misma proporción) sino que es crucial bajarlos, puesto que esta es la salida hacia el empleo y el crecimiento económico.

El Gobierno no ha aprovechado para bajar los impuestos ni la bajada de la prima de riesgo ni el aplazamiento respecto al cumplimiento de los objetivos de déficit otorgado por Bruselas a España. De igual modo, el Gobierno debería ser consciente de que un modelo de crecimiento basado en el emprendimiento y en la creación de pymes y autónomos es incompatible con un marco impositivo axfisiante. Además, mejorar el clima fiscal y el entorno de los negocios también ayudaría, sin duda, a atraer inversión extranjera, uno de los motores que nuestra economía debería encender urgentemente.

Evidentemente, se aprecia una contradicción entre aquello que desea comunicar el Gobierno (apoyar el emprendimiento a través de la nueva ley) y la política económica que está ejecutando (intervencionismo estatal, impuestos abusivos e inapreciable reducción del gasto público). En consecuencia, el mensaje llega completamente distorsionado a los emprendedores.

La clave es el entorno. ¿Camina la nueva Ley de Emprendedores en dirección contraria al entorno? ¿Cumplirá la Administración la nueva Ley de Emprendedores, teniendo en cuenta los antecedentes, por ejemplo, el incumplimiento permanente de la Ley de Morosidad pública? ¿Quiénes han elaborado la nueva Ley de Emprendedores; asesores y políticos (que ni han creado empresas ni han trabajado en ellas) o emprendedores reales?

Más desanimados
Primo González www.republica.com

El ejército de los desanimados aumentó en mayo tras dos prometedores meses durante los cuales se habían producido algunas deserciones en sus filas. Lo dice el último sondeo del CIS, el organismo oficial que mide los estados de ánimo de la población y otras muchas cuestiones que preocupan a la sociedad española.

El giro a peor se produce cuando algunos indicadores económicos reales parecen orientados hacia niveles más tolerables, menos negativos. Parece que la sensación de los ciudadanos, que en algunas etapas recientes era bastante mejor de lo que permitían deducir los datos, es ahora bastante peor, la situación se ha dado la vuelta. De hecho, es bastante mayoritaria la opinión según la cual la economía va a ir a peor en los próximos meses, opinión que comparte el 59,5% de los españoles. Toda esa parafernalia que despliegan las autoridades para transmitir la sensación de que ya hemos tocado suelo no acaba de calar en la población, muy escéptica ante esos cantos de sirena. La mayoría, holgada, piensa que no es así y que todo lo que nos rodea es susceptible de empeorar.

Este estado de ánimo puede ser más o menos acertado, pero indudablemente tiene un profundo calado en la trayectoria de la economía. Los estados de ánimo negativos alimentan la recesión y el papel restrictivo del gasto. La gente que piensa que las cosas van a ir a peor tiende a gastar menos, a ahorrar todo lo que puede y a ponerse a resguardo de cualquier eventualidad. No hay nada más negativo para el crecimiento económico que una sociedad encogida y temerosa, como la española actual. La sensibilidad ante los datos positivos es casi nula, a pesar de que estos destellos de salida de la crisis ofrecen en algunos casos connotaciones prometedoras, más esperanzadoras desde luego que las existentes hace un año.

A la hora de la verdad, el impacto del paro en el entorno de las familias está siendo muy determinante. La permanente lucha de las autoridades españolas por zafarse de las exigencias de mayor austeridad comunitaria en lo que atañe al déficit es otro de los asuntos que impactan muy negativamente en los ciudadanos. La insistencia de Bruselas en más reformas como condición para apoyar a España en la salida de la crisis tiene una lectura también negativa en los ciudadanos, ya que se interpreta como nuevos recortes de gastos que pueden afectar al bolsillo de los ciudadanos y a las economías familiares.

Por si todo estos fuera poco, el horizonte de reforma de las pensiones, que ha desarrollado sus principales mensajes restrictivos a lo largo del mes de mayo, ha terminado por infundir serios temores a los ciudadanos. No es un asunto menor el de la reforma de las pensiones. La pensión pública se ha convertido con el paso del tiempo en un pilar básico de muchas economías familiares, en ocasiones incluso en la única fuente de apoyo económico para la subsistencia de algunas familias, lo que está teniendo importantes repercusiones en muchas familias españolas. La reforma de las pensiones públicas ha extendido un elevado grado de incertidumbre entre muchas familias españolas, que consideraban hasta ahora que la pensión pública era un pilar intocable de las economías familiares.

Sería muy conveniente para la buena marcha de las expectativas económicas y a la postre de la economía real que el Gobierno pusiera coto a las incertidumbres, a la agenda permanentemente abierta de las reformas que nunca terminan. Ese estado de cosas es mortal para la estabilidad económica. El Gobierno debería cerrar cuanto antes, con pacto con los demás partidos o sin él, los numerosos capítulos abiertos que puedan tener impacto en los bolsillos de los ciudadanos y que en estos momentos son fuente permanente de incertidumbre y desasosiego, con las negativas secuelas económicas que estamos viendo.

Hacienda: juez y parte.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 4 Junio 2013

El blindaje judicial que se está proporcionando a la Infanta Cristina,roza ya lo patético además de lo descarado. La última petición fundamentada del Juez Castro para que un Inspector designado por él investigue las bases que Hacienda ha usado para exculpar a la Infanta, ha sido rechazada por este Organismo Estatal. Las excusas van por la vía de una interpretación de la "voluntariedad" para la comisión de un delito fiscal, dando un juicio de valor en vez de analizar las causas objetivas. Dice Hacienda que ser socio de una entidad que ha cometido delitos fiscales, no es causa suficiente para incriminarle. Sin embargo, sí que supo aprovecharse de los "servicios" y de los fondos que esa entidad le proporcionaba, sin plantearse su procedencia. Una candidez dificil de justificar.

Hacienda se erige así en juez y parte en una posición que apesta a trato de favor descarado. El caso es que desgraciadamente, Hacienda siempre tiene legalmente la potestad de juzgar y rechazar cualquier recurso en primera instancia contra evidentes abusos de interpretación de las leyes fiscales. Al sufrido contribuyente, aparte de pagar por adelantado, solo le queda el recurso del largo camino por lo contencioso administrativo en unos juzgados bloqueados por la falta de medios humanos y materiales. Pero lo que se da en el caso de Aizoon y la Infanta, es algo bastante curioso, en el que Hacienda no quiere analizar el fondo del asunto y se niega a que un juez quiera verificar los fundamentos legales de la exculpación.

Lo tremendamente patético es que Hacienda, al igual que la Fiscalía, son organismos con una fortísima dependencia jerárquica. Es por ello que es imposible que un Inspector "de a pie" pueda salirse del guión establecido por sus superiores en la escala de mando. Así que este empeño en querer cerrar también el posible delito fiscal, que sí se le reconoce al esposo Iñaki Urdangarín, es solo el resultado lógico del servilismo cortesano del Gobierno. Un servilismo que no requiere necesariamente de ninguna sugerencia concreta, ya que a nadie se le escapa que un Rey, padre al fin y al cabo, no va a consentir que su hija y sus nietos herederos de la Corona en la lista de sucesión, se vean salpicados por este caso de corrupción al por mayor en todas las esferas del Estado.

Estamos ahora precisamente en una época en la que millones de españoles nos debemos enfrentar a esa labor "solidaria" de presentar la declaración de la Renta. Lo realmente insultante e indignante es que si cualquiera comete un error, inmmediatamente recibirá una paralela en la que se le exigirá hasta el último céntimo de euro. Dado el caso, si lo que se descubre es un intento de ocultación, entonces caerá sobre el infractor todo el peso de la ley con las sanciones económicas y penales si las hubiera. Es claro que esto no va a pasar con la Infanta, ya que Hacienda considera su inocencia, eso sí sin dejar que nadie ponga en duda esa afirmación.

El conocido eslogan de que "Hacienda somos todos", se queda en nada como en el caso de que "La Ley es igual para todos". Siempre habrá excepciones como esta de la Infanta, que podrá seguir su vida negando lo evidente, con ese aire de no haberse enterado de nada, como la Ministra Ana Mato con los enjuagues de su marido. Nadie sabe, nadie recuerda, nadie quiere investigar. Algo huele a podrido, no en Dinamarca, sino en España, en sus Instituciones, en los Organismos estatales, en toda una casta política corrupta, corruptora y además profundamente cortesana, dispuesta a todo con tal de mantener todos los privilegios y aplicar el "hoy por tí, mañana por mí".

Y mientras, los españolitos, seguimos como auténtico rebaño a estos miserables delincuentes. La verdad es que con esta actitud, merecemos lo que pase y lo que nos pase.¿Hasta cuando?

Soplan vientos de apaños
Juan M. Blanco www.vozpopuli.com  4 Junio 2013

Los húmedos vientos traen rumores de pactos entre los grandes partidos, es decir, entre sus cúpulas dirigentes. Rubalcaba tiende la mano a Rajoy, ofrece su hombro para luchar juntos contra la crisis y el paro, un acuerdo con efecto taumatúrgico que obre el milagro de conjurar los profundos males de la economía española pues, ya se sabe, empujan con más fuerza dos que uno. Desgraciadamente, el acuerdo o desacuerdo entre Gobierno y oposición resultan bastante irrelevantes en la resolución de los problemas cotidianos de los españoles. El remedio sólo llega cuando los gobernantes toman con valentía las decisiones correctas, aun duras y difíciles, sea con compromiso entre fuerzas políticas o sin él. Entonces ¿por qué algunos muestran tanto empeño en los pactos?

Desde hace años, el compromiso entre partidos, el mal llamado consenso, viene disfrutando de una dimensión especial, casi mágica, en el imaginario de la política española. La propaganda oficial lo presentó como la panacea, el remedio definitivo, un moderno bálsamo de Fierabrás, que todos los males cura. Al fin y al cabo, todos los políticos no pueden equivocarse a la vez ¿o sí? El error implícito, cuando no deliberado, consiste en atribuir al pacto entre partidos las mismas características, virtudes y cualidades que poseen los acuerdos privados, ocultando que la política democrática se rige, o debe hacerlo, por otras reglas distintas. Por ello, en España los acuerdos entre partidos han traído más desgracias que dichas.

La negociación y acuerdo entre privados tiende a dar solución a una disputa, abierta o latente, entre partes. Sin embargo, la política no consiste en la resolución de un originario conflicto entre partidos. Por el contrario, la democracia se basa en la competencia entre formaciones, en la crítica racional y argumentada, dentro de unas reglas previamente aceptadas. Los acuerdos partidarios son más bien un apaño, un intercambio de favores, que beneficia a los líderes más que al cuerpo social.

Consenso no es apaño entre partidos
El consenso, o consentimiento, es el acto originario de fijación de reglas del juego dentro de las que se desarrollará la política de un país. Es el acuerdo sobre los principios básicos, el fundamento y los límites de la acción de los gobernantes, la fijación de los pilares que establecen una Constitución. Pero, por propia definición, este consenso no puede ser un mero acuerdo entre élites gobernantes, ni siquiera entre partidos, sino un consentimiento amplio del cuerpo social, del conjunto de la ciudadanía que constituye la nación.

Un vez establecidas y aceptadas ampliamente estas reglas, la política del día a día se fundamenta en una crítica constante y en una confrontación de argumentos entre partidos. La contrastación de ideas, propuestas y políticas o el gobierno decidido de las mayorías, constituyen las esencias de la democracia moderna mientras que el abuso de los arreglos, componendas o enredos, acaban impidiendo la sana competencia de ideas en el terreno político y conducen al anquilosamiento, a la apatía y al reparto tácito de lo público en esferas de intereses. La democracia se basa en decisiones responsables de gobierno, explicadas y razonadas con profundidad ante el parlamento y la opinión pública. Y en una leal oposición, que contrapone ideas y razonamientos alternativos. Nunca en una política errática, improvisada, no explicada, ni en un superficial intercambio dialéctico entre gobierno y oposición, plagado de frases hechas, simplezas, burdos recursos retóricos o meras descalificaciones.

La oposición puede coincidir o no con las medidas del gobierno, pero su criterio debe ser profundo y desinteresado. Nunca depender de contrapartidas y compensaciones. En una democracia digna de tal nombre, el asentimiento se basa en la convicción, no en el intercambio de favores.

Unos acuerdos en beneficio de los dirigentes
Desgraciadamente, la política española se alejó desde el principio de estos básicos principios. El pretendido consenso constitucional nunca se construyó desde ese amplio consentimiento social que pretende el relato oficial. El debate abierto a la opinión pública fue sustituido por una discusión secreta entre partidos y un arreglo de conveniencia, origen de las profundas deficiencias de un sistema político viciado desde la raíz y carente de las apropiadas reglas y controles eficaces. A partir de ahí, la dinámica entre gobierno y oposición ha evitado siempre el debate de ideas, sustituyéndolo por la descalificación, la frase aprendida, la teatralización de la disconformidad y la ausencia de argumentos profundos o alternativas concretas. Una política más dirigida a los veinte segundos televisivos que al elector pensante y ávido de argumentos.

Por ello, los acuerdos entre partidos raramente se basaron en coincidencias programáticas, en una voluntad de impulsar conjuntamente medidas a favor del ciudadano ni en el propósito de arrimar el hombro en nombre de un sano patriotismo sino, más bien, en un intercambio de prebendas y favores o en pactos entre facciones para defenderse y protegerse de las críticas. Un “te apoyo a cambio de algo” o “no te saco las vergüenzas si tú ocultas las mías”, un compromiso con letra pequeña para beneficio y ganancia de los firmantes, no de los ciudadanos. Una privatización de la vida pública para reparto del pastel entre unos pocos privilegiados. Ejemplos notables fueron los pactos establecidos por PSOE o PP con los nacionalistas para poder gobernar en algunas legislaturas y que, lejos de acuerdos programáticos, no eran más que una cruda compra de votos a cambio de jugosas concesiones a costa del ciudadano.

Los partidos mayoritarios pueden pactar entre ellos cuantas veces lo deseen, deteniendo por un tiempo ese teatral y aburrido intercambio de desgastadas invectivas. No por ello va a empeorar, ni mejorar, la banal política española. Eso sí, muchos agradecerían que, de producirse, los firmantes excluyesen del discurso conceptos tales como bien común o futuro de los ciudadanos. No cuela. El respetable está ya suficientemente toreado como para saber que los partidos convencionales no mueven un dedo, ni una triste comisión, salvo en beneficio propio o de sus dirigentes.

El comunismo-basura
Javier Orrico Periodista Digital 4 Junio 2013

El Partido Comunista de España fue una cosa muy seria. A los jóvenes, a quienes bajo la especie de la “memoria histórica” se les está contando una burda leyenda (protagonizada por aquellos a los que jamás se les vio en manifestación alguna), alguien deberá explicarles que a Franco se le opuso muy poca gente. Por eso Franco se murió en capítulos controlados por los suyos y no por sublevación alguna. Sin embargo, los pocos que se movilizaron lo hicieron, lo hicimos, bajo control y estrategia del PCE. Ser comunista o estar con los comunistas era el modo en que creíamos estar luchando por la democracia. Y la democracia era la libertad y la igualdad. El PCE debió haberse disuelto poco después. En el momento en que comprobamos que el socialismo real, o sea, el de verdad, el único, no había sido ni era otra cosa que la más formidable tiranía, la maquinaria de miseria y horror más poderosa que hubiera conocido la Humanidad. En la URSS, en China, en Camboya, en Corea del Norte, en Cuba, en toda la Europa sometida a los tanques rusos y donde quiera que se hubo implantado. Después del Muro y sus crímenes confirmados, nadie habría debido arrastrar la memoria de aquellos comunistas españoles que lucharon contra la dictadura, hasta convertir al Partido en lo que es hoy: un cómplice idiotizado del nazional-caciquismo. Haber pasado de perseguir la emancipación universal, a defender que el destino de todos lo decidan unos pocos. La vuelta al feudalismo, donde sólo los señores decidían la suerte de sus siervos, de sus esclavos. Los señores son hoy los catalanes, los amos del mercado, que son los que pueden votar, según esta Izquierda Unida de vergüenza; y los siervos, el resto de españoles, los que no tenemos derecho a decidir.

Podemos proponer un nuevo modelo de Divorcio IUnido, el modelo musulmán, que tanto les gusta, aquel en el que sólo uno, el hombre, decide si se queda o se va; y el otro, la mujer, se aguanta con lo que le toca. Los catalanes pueden decidir irse. Salvo que Rajoy los ahogue con las paletadas de millones que ya ha empezado a echarles. Pero de darse el caso, nadie va a mover un músculo para impedirlo. No se inquieten los camisas ‘negres’. Al contrario, habrá millones de españoles felices ese día. Como las mujeres que se liberan de quien las insulta y humilla. Pero lo que no pueden decidir es quedarse sin preguntarnos a los demás si queremos que se queden. Eso sí sería para abandonar un país que habría entregado hasta el último resto de su dignidad. Incluso de su ‘dignidaZ’, si les queda alguna. Sobre todo, cuando la razón del divorcio es que el que dice que gana más, ya no quiere compartir su supuesta riqueza. No puede haber una motivación más miserablemente burguesa. Esto es lo que apoyan los que aún se llaman a sí mismos comunistas. ¡Por San Marx y San Engels! Y es que IU se ha vuelto hoy una simple factoría para el blanqueo de malas conciencias burguesas. Un confesonario para progres con fondos de inversión, una coartada para EREs. Alguien debería haberles impedido hacer del comunismo esta basura.


Democracia y Estado de Derecho
IVAN TUBAU. EL MUNDO  4 Junio 2013

MENOS MAL que algún amigo mío, por ejemplo el catedrático constitucionalista Francesc de Carreras, tiene claro que una cosa es la democracia y otra el Estado de Derecho. Desafortunadamente, muchas personas -por ejemplo los liceístas que pitaron al Heredero y a su Consorte Plebeya -también mayúsculas, por Dios, faltaría más- parecen pensar que democracia y Estado de Derecho, pongámoslo con mayúsculas de nuevo, vienen a ser más o menos los mismo Pues no: el Estado de Derecho es un objetivo, la democracia un vehículo. Aquí resulta pertinente, cómo no, desenfundar el sólito ejemplo demostrativo de que no siempre lo uno lleva a lo otro: una votación impecablemente democrática -es decir la voluntad de los más- llevó a Hitler al poder absoluto en Alemania. Votaciones democráticas -la voluntad de la mayoría- reinstauraron la pena de muerte en estados de Estados Unidos donde había sido abolida: de 13 pasaron a ser -si al articulista le es fiel la memoria- 39; es decir, una mayoría absoluta de los estadounidenses (creo recordar que en total hay 51 estados) decidieron recuperar el asesinato legal, consulte quien lo desee el significado de la palabra asesinato.

Ha llegado pues el momento de acudir a Jacques Brel, el 'chansonnier' belga de lengua francesa, y traducirlo de memoria: «Poned a un lado a diez sabios razonadores, al otro a once imbéciles, y someted cualquier asunto a votación. Ganarán los imbéciles. Eso es la democracia.»

¿Merece, pues, la pena optar por ella? El articulista piensa que sí: por su valor instrumental, pues la democracia es el único de los sistemas inventados por la humanidad que ha permitido llegar, en algunos lugares, al Estado de Derecho, es decir a aquel donde coexisten tres poderes que pueden contrapesarse si es necesario: legislativo, ejecutivo y judicial. Los tres términos son de una claridad meridiana y no necesitan glosa: los parlamentarios (elegidos directamente) legislan, el gobierno (que se deriva de esa elección) ejecuta lo que el parlamento ha propiciado y los jueces (cuya elección es fruto de pactos pero que están obligados a actuar en función del Derecho existente, es decir la Constitución en primer lugar) zanjan cuando es necesario.

Evidentemente, la famosa frase de Winston Churchill -algo así como «La democracia es el peor de los sistemas políticos existentes después de todos los demás»- hay que ponerla tan en cuarentena como la del rey Juan Carlos I de España diciendo: «La justicia es igual para todos.» Ni el Reino Unido ni España son democracias propiamente dichas ya que son monarquías y a los reyes no se les elige ni se les puede echar legalmente: la Constitución española, sin ir más lejos, declara explícitamente, si no recuerdo mal, que el Rey está al margen de la ley y por tanto no puede ser juzgado.

No obstante todo lo dicho y lo que ustedes saben que no se ha dicho aunque acaso conviniera ir diciéndolo, en España y por ende en Cataluña, que es donde este texto se publica, son días casi de vino y rosas porque algunos delincuentes muy próximos al poder ejecutivo o al legislativo se están enfrentando al parecer al judicial y ya era hora. Evidentemente no es la democracia lo que ahora conviene defender (ya ha dicho este articulista lo que piensa al respecto) sino el Estado de Derecho.

El lío de Vidal-Quadras con Cospedal y su timo del tocomocho
Ricardo Rodríguez www.elsemanaldigital.com 4 Junio 2013

Busca un bote salvavidas pero más le valdría dejarse de tanto fuego de artificio. El todavía eurodiputado del PP afronta en soledad los caprichos del destino. Nadie le baila ya el agua.

Imposible eludir la tentación de aplicarle el viejo refrán de quien mucho abarca poco aprieta. E imposible rehuir más de un reproche. Me refiero a la credibilidad herida de quien ya tiene un pie fuera de la mamandurria institucional. Alejo Vidal-Quadras huele a cadáver político. En el pulso entre el veterano eurodiputado y el PP ya se sabe quien va ganar, el aparato del partido, que tiene la sartén por el mango en la configuración de las listas a las europeas de 2014.

Vidal-Quadras ejerce de Pepito Grillo. Lo hace de cara a la galería ya que, según constató un servidor la semana pasada en los pasillos del Parlamento Europeo, sorprendió su presencia en la visita de María Dolores de Cospedal. Nadie le esperaba. Alejo resulta tan tóxico en la actualidad como unas preferentes. Pero ahí estuvo para apuntarse el tanto de montar el teatrillo ante la secretaria general. Total, que volvió a la cantinela o se regodeó en los lugares comunes. A saber: La búsqueda de un sistema auténticamente democrático para la confección de las candidaturas electorales o la necesidad de abrir las siglas a debates internos.

Palabras mayores, sin duda, pero se agotan en sí mismas o en el aplauso de los fans, viniendo de Vidal-Quadras. Habrá a quien desespere, y no le faltará razón, la férrea disciplina de nuestros partidos, su manejo como si de una hacienda se tratara y donde cualquier cambio democrático se da de bruces contra despachos, erarios públicos y bastones de mando. Pero Vidal-Quadras no tiene un pase. Él lleva décadas beneficiándose del tinglado, llámenle sistema si quieren, a la sombra del Poder, sin decir esta boca es mía. Que el que a buen árbol se arrima… Hasta ahora.

Las repentinas ansías de Alejo Vidal Quadras por ventilar el PP están destinadas, dicho sea en corto, a tratar de asegurarse la venta como un represaliado de María Dolores de Cospedal. A uno hay que medirlo siempre por la dimensión de sus enemigos. Cierto. Sin embargo, he reído, por no llorar, al escuchar a Vidal Quadras difundir que Cospedal le guardaría rencor ante la lejana polémica sobre la candidatura del consistorio de Yebra (Guadalajara) a quedarse con el Almacén Temporal Centralizado de Residuos Nucleares. La secretaria general, y entonces candidata a la presidencia de Castilla La Mancha, se propuso expedientar al alcalde popular. El eurodiputado, por su parte, se declaró partidario del regidor… Tararí que te vi.

De eso, nada de nada. Habrá quienes crean sus milongas pero Alejo Vidal Quadras no sólo opina sino que desafía y se encuentra en plena campaña para armar su propio proyecto político todavía innominado. Tal y como adelantó El Semanal Digital, en los primeros diseños figuraba el antimarianismo y el antinacionalismo como elementos más visibles de sus motivaciones. Las evidencias son numerosas y resultaría reiterativa la cita pormenorizada de los movimientos del todavía eurodiputado del PP con la mirada puesta en no desaparecer del espectro parlamentario.

Por desgracia para él, estaría muy lejos de recibir el ansiado feed back de sus tanteados para acompañarle en la botadura del tocomocho de su particular marca. Y eso tiene un nombre.

Instalados en el fondo del agujero
María Blanco www.vozpopuli.com 4 Junio 2013

El presidente del Gobierno, que esconde su insípida sonrisa bajo la cuidada barba, se ha descolgado este fin de semana y nos ha contado que va a salir un dato económico de empleo verdaderamente esperanzador.

La esperanza que no sirve
Decía Mario Benedetti en uno de sus poemas "La esperanza tan dulce/ tan pulida tan triste/ la promesa tan leve no me sirve/ no me sirve tan mansa/ la esperanza". A mí tampoco me sirve el guiño-guiño-codazo de Rajoy. Aplaudiré todos los datos favorables, brindaré por las alegrías económicas que nos ofrezcan las estadísticas de mayo, pero no caeré en la famosa trampa presidencial de la manipulación de la esperanza.

Por la misma razón que hace unos meses renegaba de quienes manipulan la miseria ajena y la utilizan con fines particulares, no aguanto esta táctica que suelen poner en práctica los presidentes de gobierno cuando los momentos difíciles se alargan en el tiempo. Actúan como ilusionistas principiantes que tratan de entretener con trucos malos a una audiencia francamente aburrida y desmotivada. Pero se ve la trampa. Por más que la repiten, se les ve. Si el domingo Rajoy luchaba “frente a la histeria del Apocalipsis”, Zapatero decoró nuestros días con “brotes verdes”, a través de Elena Salgado, y “conjunciones planetarias” al ganar Obama, vía Leire Pajín, en el 2009. Los españoles deberíamos estar ya escarmentados, como la hastiada audiencia del ilusionista fracasado.

Instalados en el agujero… de deuda
Cita Daniel Lacalle en su último artículo a Publilio Siro quien afirmaba que "la deuda es la esclavitud de los libres". Es difícil decir tanto en tan poco espacio. Pese a quienes siguen cuestionando si las deudas asumidas por los gobernantes deben ser pagadas por los ciudadanos; pese a aquellos que culpan a los que nos prestaron por haberlo hecho en el momento que más les convino, como si nosotros no fuéramos tenedores de deuda de nadie y no operáramos con la misma premisa; frente a quienes ven conspiraciones alemanas y salvaciones “manga”… la deuda sigue ahí, mirándonos impasible, esperando ser pagada algún día, a ser posible más pronto que tarde.

Y la solución que los políticos nos presentan, desde hace un lustro ya, es la misma: como no vamos a recortar gastos políticos, como no vamos a afrontar de verdad la reforma de las administraciones, como no vamos a dejar de nutrir el capitalismo de coleguitas (crony capitalism), como no vamos a dejar de subvencionar votos, lo que queda es subir impuestos y tocar pensiones.

Es mentira que solamente queda ese camino. Es mentira que es el camino más doloroso para el PP. Es mentira que lo hacen “valientemente”, por nuestro bien, a riesgo de perder votos. Ellos sabían que hicieran lo que hicieran iban a resultar impopulares y la ruta elegida es, sin duda, la menos mala para asegurar su perpetuidad. Es el modo político. Los impuestos empobrecen a la población, a la maltrecha clase media, pero siempre se le puede echar la culpa a los ricos, a quienes sacan sus capitales huyendo de la asfixia, o al mambo si hace falta.

Respecto a las pensiones, no se puede añadir nada a lo que explica el profesor López Zafra en El Mundo cuando afirma respecto al sistema de reparto que “caben pocas opciones para la viabilidad, y todas ellas deberían abordarse de forma conjunta”. Son varios los economistas del Instituto Juan de Mariana que han hablado de las alternativas. Está todo dicho.

Salir del confort de la esclavitud
Para romper el círculo vicioso en el que nos encontramos tal vez sea necesario taparse los oídos a lisonjas y excusas un rato y reflexionar sobre los pasos que los propios ciudadanos hemos dado.

Decía el grupo Alice in chains en su tema Down in a hole que ha inspirado el título de este artículo "he sido culpable/ De darme patadas a mí mismo en los dientes". De alguna manera, con los votos, la credulidad hacia los mensajes que menos nos comprometen, que menos nos responsabilizan, con esa habilidad española para escurrir el bulto y endosárselo al que venga detrás, o al extranjero, o al que cumple mejor, los propios ciudadanos hemos puesto, o hemos dejado que pongan, las piedras más gordas en nuestro camino, y ahora no podemos movernos. Pero lo peor no es eso. Lo terrible es que hemos encontrado en la esclavitud de la deuda esa zona de confort de la que uno no quiere salir.

Mientras Bruselas pide y pide reformas por toda Europa para no acabar de la peor manera posible, los españoles nos miramos unos a otros, impasibles, sin ningún afán de tomárnoslo en serio. Como reconocía El País de ayer, solamente bajo la insoportable presión de los mercados o amenazados por un rescate, en el que los consejos se convierten en exigencias, somos capaces de reaccionar.

No puedo más que terminar con otra cita de Publilio Siro, para la común reflexión: "No culpes al mar de tu segundo naufragio". Reaccionemos.

Justicia
Metro de Valencia, sí. Trenes de Madrid, no
Gabriel Moris Libertad Digital 4 Junio 2013

Ante todo, he de confesar que desconozco en profundidad lo ocurrido en el accidente del metro de Valencia. Lo mismo puedo decir del proceso judicial y de las conclusiones de la comisión parlamentaria.

Estos días ha saltado a los medios de comunicación la noticia de la reapertura de este proceso (ya juzgado y sentenciado). No seré yo quien se oponga a la decisión judicial, menos aún si hay una sola víctima del accidente que esgrima alguna razón para sospechar que la instrucción del caso, las pruebas, los testimonios o la sentencia no son verdaderos o conformes a derecho. Tampoco me opondría si el Ministerio Fiscal encontrara razones para ello, no en vano la Fiscalía debe representar a todos los ciudadanos.

Las víctimas del accidente habían pedido que se repitiera el proceso por falsedad testifical. La Fiscalía también ha solicitado la revisión del proceso, apoyando a las víctimas. Han contribuido a este resultado dos medios de comunicación, el diario El Mundo y la cadena de televisión La Sexta. Políticamente, el jefe de la oposición expresó el pasado 10 de mayo su apoyo total e incondicional a la revisión de este proceso. Espero y deseo que, si algo se hizo mal en el mismo, se proceda a la rectificación.

Quiero recordar a los desmemoriados y a los olvidadizos que, dos años antes del accidente del metro de Valencia, en la Comunidad de Madrid, concretamente en tres estaciones ferroviarias, alguien, aún desconocido, decidió y consiguió hacer explotar simultáneamente cuatro trenes abarrotados de viajeros, trabajadores mayoritariamente. El balance de los atentados creo que todos lo conocemos: 192 muertos, 2.000 heridos y un pueblo atacado sin piedad y sin motivos, vejado y humillado.

Ese golpe supuso una auténtica convulsión en España, en Europa y en el mundo entero. España recibió un castigo injusto e inmerecido, por muchas razones que se intentaran esgrimir. El cambio de un Gobierno no puede justificar un crimen de lesa humanidad, máxime cuando el reparto de fuerzas garantizaba la alternancia en el poder de los dos partidos mayoritarios. ¿Hay alguna otra razón, conocida por los poderes públicos e inconfesable, para que las víctimas y el pueblo seamos testigos mudos de este crimen?

Si comparamos ambos casos podemos constatar que los mismos elementos que concurren en la reapertura del caso del metro de Valencia se podrían dar en el mayor atentado político de España y de Europa.

Los casi cincuenta mil firmantes de la "Petición al Gobierno, al Congreso y a la Audiencia Nacional" para que investiguen el 11-M estamos alineados con la iniciativa que ha triunfado en Valencia. Falsedades testificales sobran en el caso del 11-M.

La Fiscalía no apoya iniciativa alguna para clarificar este crimen. Materia no falta: manipulación y destrucción de pruebas, desaparición de vagones, sentencia sin autores, etc. El foco aparecido en Tafesa el año pasado, y guardado y custodiado en un cobertizo, sólo ha servido para reafirmar que "el 11-M es caso juzgado y sentenciado".

Respecto a los medios de comunicación, sólo dos tratan de informar con imparcialidad sobre el atentado que ha transformado a España, el grupo Libertad Digital y El Mundo. El resto sólo callan y no se retractan ni se arrepienten de las mentiras e intoxicaciones de antaño y de hogaño.

Creo que, si razonan lógicamente, pocos lectores podrán comprender el trato tan discriminatorio recibido por las víctimas y por el pueblo español, ambos objeto de los atentados del 11-M.

Me atrevo a dejar este mensaje: "Metro de Valencia, sí. Trenes de Madrid, también". ¿Por qué no?

La estructura de la Nación, a debate
El Estado ha conseguido que se cierren 535 'chiringuitos' autonómicos
Empresas, consorcios y fundaciones, principalmente-, 20 por encima del compromiso adquirido por la nueva normativa de estabilidad presupuestaria
Europa Press www.lavozlibre.com 4 Junio 2013

Madrid.- Las Comunidades Autónomas han cesado la actividad de 535 entidades autónomas -empresas, consorcios y fundaciones, principalmente-, 20 por encima del compromiso adquirido por la nueva normativa de estabilidad presupuestaria. Según los datos del último informe sobre la reordenación del sector público autonómico con datos del 1 de enero, el conjunto de las Comunidades Autónomas habían disuelto hasta esa fecha 307 entidades, mientras que las 226 restantes estaban en proceso de extinción. En cuanto a estas últimas, 31 correspondían a bajas efectivas, 92 a procesos de liquidación o disolución y las 103 restantes habían cesado sus actividades.

El compromiso de cese de actividad se rebajó de 525, fijado en el informe anterior, a 515 debido a que de acuerdo a la nueva normativa de estabilidad presupuestaria no deben formar parte del inventario de entes autonómicos las entidades participadas por las Comunidades Autónomas en las que otra Administración Pública ostente en solitario una mayoría del control o financiación de la entidad. A nivel de cada Comunidad Autónoma, y aunque muchas se encuentran en porcentajes cercanos al 100%, ocho de ellas no cumplirían el compromiso inicial. Se trata de Aragón (al haber llevado a cabo o estar próximo a completar el 50% del compromiso inicial), Castilla-La Mancha (79,6%), Cataluña (72,7%), Extremadura, (83,3%), Galicia (97,8%), Comunidad de Madrid (92%), Región de Murcia (68,1%) y Navarra (96%). Según las previsiones, los procesos de extinción de entidades producirán, en base a los datos disponibles, un ahorro en el periodo 2011-2013 de 1.505,43 millones de euros. Adicionalmente a este compromiso adquirido con anterioridad, las Comunidades Autónomas han aprobado un compromiso adicional de reducción neta de 193 entidades en 2013.

España
Dinero de la Junta para parados acaba en Rumanía, Luxemburgo y paraísos fiscales
A. R. VEgA / M. BEnítez / córdoba ABC 4 Junio 2013

Vitalia cobró 21,23 millones en sobrecomisiones por tramitar ERE

La rama internacional de los ERE andaluces
La trama de los EREs fraudulentos subvencionados por la Junta de Andalucía no conoce fronteras. Parte de las abultadas «sobrecomisiones» pagadas a la mediadora del grupo catalán Vitalia, cuyo negocio consistía en tramitar ayudas sociolaborales, acabó en «complejas operaciones y estructuras societarias en Luxemburgo y Rumanía (sin descartar otros paraísos del Este de Europa)» y se esfumó en ramificaciones societarias vinculadas al negocio inmobiliario con sede en paraísos fiscales como República Dominicana.

Un informe de los Mossos d’Esquadra, que forma parte de las diligencias del caso Eurobank instruido en la Audiencia Nacional, aporta detalles muy sustanciosos sobre la arquitectura financiera creada para evadir importantes partidas de dinero público que teóricamente estaba destinado a rescatar a empresas y asegurar una pensión a trabajadores que se quedaban en paro.

La juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, levantó el miércoles pasado parte del sumario (51 tomos) que estaba bajo secreto desde hace siete meses, relacionado con el cobro de las llamadas sobrecomisiones. Se enmarca dentro de la operación «Heracles», que se ha saldado con cinco imputados más. Entre la voluminosa documentación entregada ayer a las partes se halla el citado informe de avance que realizó en 2011 la policía autonómica catalana a instancias de un juzgado de Barcelona tras incautarse de una gran cantidad de documentación en papel y material informático en los inmuebles de Vitalia. Hasta seis directivos de la consultora están imputados en el caso de los ERE: Eduardo Pascual y María Vaqué (también imputados en Eurobank), además de Antonio Albarracín y su esposa María José Marcos, Jesús Bordallo y Roser Massa.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil estima en 21,35 millones de euros «el exceso de comisión percibida en el conjunto de las pólizas» de prejubilación gestionadas por la consultora Vitalia, cuyos márgenes de ganancia superaron el 29,5% (aunque la media del mercado estaba en torno al 4% o 5%). Los trabajos se adjudicaron sin mediar un concurso público. De esta cuantía, las comisiones cobradas por la filial Irson SL y correpondientes a pólizas suscritas con la aseguradora Generali ascendieron a 7,9 millones, mientras que Holding Europeo Tindex facturó 13,29 millones a través de las pólizas firmadas con Fortia.

El atestado de los Mossos d’Esquadra destaca que su «importante papel» como mediador ante la Junta constituyó «una de las fuentes de negocio mediante la cual se nutría el grupo». Dentro del «laberíntico entramado» se encontraban la aseguradora belga Apra Leven, ya quebrada, y Fortia Vida (resultado de la fusión de Personal Life y Norton Life), que concentraron gran parte del negocio de las prejubilaciones pese a carecer de autorización legal para realizar tales operaciones. Los investigadores destaparon que Apra Leven «replicó un entramado mercantil en torno a la aseguradora belga» que habría acabado en sociedades inmobiliarias de Luxemburgo (considerado un paraíso fiscal) y Rumanía. Precisamente en este país los agentes descubrieron cómo compraron un solar por un precio irrisorio y otra sociedad suya adquirió el mismo solar a «un precio muy superior a través de tasaciones falsas para inflar el valor del patrimonio». Vitalia también utilizó terceras empresas ubicadas en paraísos fiscales para «dotar de opacidad al movimiento de fondos», apuntan.
El consejero lo autorizó

La Guardia Civil concluye que las sobrecomisiones, que «han causado un verdadero perjuicio a la hacienda pública andaluza, eran acordadas por Albarracín, director general de Vitalia, con la Junta, «con el conocimiento y autorización de los superiores jerárquicos de ambos (Pascual y Vaqué, por un lado, y el consejero de Empleo [Antonio Fernández] por otro). Los comensales que comieron de este jugoso pastel fueron tan diversos como el destino del dinero: enriquecimiento personal de los mediadores y del exdirector de la Junta Javier Guerrero, pagos a los sindicatos UGT y CC.OO. «por servicios prestados o no», así como a «conseguidores» de ayudas como Juan Lanzas, consultoras y abogados.

Presenta su libro en ‘Es la Noche’
Toni Cantó: "Tenemos que recuperar sin complejos la idea de España"
El diputado de UPyD ha hecho un repaso a la situación política y económica de España mientras presentaba su nuevo libro.
LIBERTAD DIGITAL  4 Junio 2013

El actor y diputado de UPyD, Toni Cantó, ha acudido al programa de Es la Noche de César de esRadio para presentar su libro Movilízate. En la entrevista ha hablado de su visión de la política y de su militancia en UPyD.

En este sentido, Cantó ha destacado la "caída libre de bipartidismo", algo que considera positivo pues "la gente está siendo expulsada del sistema" y así sólo ganan PP y PSOE.

El diputado valenciano ha confesado lo que más le atrajo de UPyD. Lo primordial es "recuperar la idea de España sin complejos, atreverse a decir lo mismo en todos los lugares". Esto y el hecho de "plantar cara al nacionalismo, hablar de España sin complejos y de plantar cara en el País Vasco fueron los ganchos".

Su lucha contra la política de género ha sido lo que más problemas y ataques le ha granjeado. Ante esto, Cantó ha insistido en que "en la época de Zapatero se hizo igualdad contra los hombres." Además, añadió que "creyendo que somos muy modernos, somos muy antiguos en igualdad. Se ha hecho un dogma".

"Cuando una ley no funciona debemos ponerla encima de la mesa y ver qué pasa para mejorarla. No hay que cerrar los ojos ante las víctimas colaterales. Por ello queremos cambiar la ley de violencia de género por otra intrafamiliar, que afecta a hombres, abuelos, discapacitados, homosexuales...", sentenció.

También habló sobre el colectivo de actores, dada su antigua profesión. "Siempre he sido muy crítico con los actores y han hecho mucho daño a la izquierda. La cultura y el arte se han olvidado de hacer el papel de crítico con los gobiernos socialistas. Han perdido credibilidad ante el público y han tratado muy mal a la mitad de su público", dijo.

Durante la entrevista, Toni Cantó también habló de la situación económica. "Hay que rebajar el gasto", afirmó, para añadir que "instituciones tan inútiles como las diputaciones han aumentado su deuda un 34 por ciento".

Además, destacó la "falta de financiación de las empresas". "Hay que inyectar dinero para que las empresas puedan financiarse", indicó. Por ello, agregó que "sólo entienden austeridad en bajar sueldos y prestaciones sociales pero no en rebajar el gasto en comunidades".

******************* Sección "bilingüe" ***********************
La broma macabra de Amaiur
EDITORIAL Libertad Digital 4 Junio 2013

Todos, y más que nadie sus propios miembros y sus votantes, sabemos bien quién es Amaiur y a quién representa en las instituciones. Es más, podemos decir sin ningún género de dudas que lo hemos sabido siempre, pero aunque no fuera así los dirigentes de la coalición proetarra se han encargado de recodárnoslo continuamente: con su actitud ante las víctimas, con sus palabras y su silencio a la hora de condenar la violencia terrorista, incluso con sus falsos ayunos.

Por esta razón, sabiendo lo que todos sabemos, las subvenciones que recibe Amaiur de los impuestos que pagamos los españoles resultan una broma macabra, que no tiene ninguna gracia y que, más bien al contrario, son una ofensa grave no sólo para las víctimas del terrorismo, sino para todos los que creemos importantes conceptos como la Justicia, la dignidad de las instituciones y el Estado de Derecho.

Una broma macabra y de mal gusto que, sin embargo, es el broche de oro a un proceso infame, y en cuyos detalles encontramos el mejor ejemplo de la vergüenza de la operación de blanqueamiento diseñada por Zapatero y Rubalcaba, pero que Rajoy no se ha molestado en desmontar: pagamos a quienes representan y defienden a ETA en las instituciones… para que se protejan de los posibles atentados de ETA, esos atentados que, por cierto, jamás han condenado.

El Gobierno aduce que "es la ley", pero resulta una excusa muy poco convincente después de 18 meses de mayoría absoluta: si esa es la ley tiempo han tenido de cambiarla, como tiempo han tenido de instar a una ilegalización para la que hasta el Tribunal de Estrasburgo ha aportado argumentos a un silente Ejecutivo.

Que entre todos paguemos la seguridad de Amaiur nos retrotrae a una etapa de nuestra democracia que estaba superada y debería seguir estándolo: aquella en la que las franquicias etarras apoyaban desde las instituciones los objetivos y los crímenes de los terroristas, aquella en que cada uno, HB o Batasuna y ETA, hacía su parte de un sucio trabajo.

Esta era la situación hasta que España supo dotarse de las herramientas para que, siempre desde la legalidad, los terroristas no se sirvieran de las instituciones para reventar la democracia desde dentro. Y gracias a esas herramientas –y, por supuesto, al excelente trabajo de las fuerzas de seguridad– la banda asesina llegó a una situación límite, tanto política como operativamente.

Ahora, y de nuevo con el PP en el poder y de nuevo con mayoría absoluta, seguimos esperando que ese camino, desandado de forma irresponsable por Zapatero y los suyos, vuelva a surcarse con paso firme, tan firme como el que tuvo aquel PP liderado por José María Aznar y por Mayor Oreja a los que ahora la cúpula popular mira con desconfianza en lugar de pedir consejo.

La marcha hacia ninguna parte
José Antonio Yturriaga www.vozpopuli.com 4 Junio 2013

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero diseñó un modelo de financiación autonómica para beneficiar a Cataluña, que ha gastado a discreción e incumplido los planes del control del déficit público, por lo que ha batido el “récord” con 50.948 millones de euros de deuda.

Reducción del déficit público de España
Para hacer frente al grave endeudamiento de España, el Gobierno consensuó con el PP –a instancias de la UE- una reforma de la Constitución para consagrar el principio de que las administraciones no podían gastar más de lo que ingresaran. El nuevo Gobierno desarrolló esta nueva disposición constitucional mediante la Ley de Estabilidad Presupuestaria –que, curiosamente, no fue apoyada por el PSOE- y acordó reducir el déficit por debajo del 3% del PIB nacional a finales de 2013. Decidió disminuir dicho déficit un 1,5% en 2012, pero sólo logró el 1,73%, ya que, si bien doce comunidades autónomas (CCAA) cumplieron el compromiso –Extremadura 0,7%; Asturias y Rioja, 1%; Madrid y Cantabria, 1,1%; Galicia y Canarias, 1,2%; Navarra 1,3%; Castilla-León y País Vasco, 1,4%, y Castilla la Mancha y Aragón 1,5%-, las otras cimcp no lo respetaron –Baleares, 1,83%; Cataluña, 1,96%; Andalucía, 2,02%; Murcia 3,02%, y Valencia 3,45%-.

Para 2013, el Gobierno ha fijado un objetivo de 1,2%, pero comunidades como Murcia, Valencia, Cataluña o Adalucía lo han rechazado y preconizado una distribución asimétrica del esfuerzo requerido. Así, en su entrevista secreta con Mariano Rajoy, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, exigió para Cataluña un porcentaje no inferior al 2,1%; el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, pidió que la reducción se aplicara al déficit primario sin tener en cuenta el pago de los intereses de la deuda; el presidente de ERC, Oriol Junqueras, afirmó que su partido no apoyaría unos presupuestos que previeran una reducción inferior al 2%, y la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, sugirió que se fijara entre el 1,5 y el 1,8%.

Según Francesc Homs, Cataluña no pide privilegios, sino aplicar el sentido común. Rajoy ha afirmado que estudiará estas peticiones y el Gobierno se ha mostrado sensible a las pretensiones de la CCAA incumplidoras. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha prometido flexibilidad, pues hay que “tener mano izquierda” ya que “hay temas políticos de fondo”. Los porcentajes se establecerán conforme a criterios objetivos que tengan en cuenta la “singularidad” de cada comunidad. Está a la espera del informe de un Grupo de Trabajo Técnico y –tras recibirlo- fijará criterios políticos para negociar con las CCAA la distribución del déficit público. La posibilidad de un “déficit a la carta” ha provocado la rebelión de las comunidades que están haciendo sus deberes y de ciertos sectores del PP, al no resultar aceptable tanto por razones objetivas como subjetivas.

Razón objetiva: Igualdad de las CCAA
Desde un punto de vista objetivo, el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido coherencia al Gobierno, que negó a su Comunidad y a otras con alto endeudamiento –como Castilla la Mancha- cualquier suavización de las condiciones y la amenazó con intervenir sus cuentas, mientras que ahora se muestra proclive a “tratar de forma diferente a las CCAA diferentes”. La relajación sólo lleva a nuevos incumplimientos y todas las comunidades deben comer “de menú” y no “a la carta”. El vicesecretario del PP, Estaban González Pons, ha declarado que su partido no está dispuesto a aceptar un reparto asimétrico del déficit que perjudique a las CCAA que han cumplido con los objetivos y que éstos deberán ser establecidos mediante un acuerdo multilateral. El economista John Müller ha afirmado que fijar un “déficit a la carta” es un paso atrás en el esfuerzo de disciplinar fiscalmente a las CCAA, erosiona la Ley de Estabilidad y tiene difícil justificación. El profesor Juan Ramón Rallo considera disparatado permitir ajustes desacompasados en los ritmos de reducción del déficit, pues constituye un paso definitivo para consolidar la indisciplina subvencionada. Para el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, los criterios para la distribución han de ser económicos y pactados multilateralmente, y no políticos y acordados bilateralmente.

El Gobierno ha plegado velas ante esta avalancha de críticas. Así, Montoro ha asegurado que no se penalizará a las CCAA que están cumpliendo con los objetivos y Rajoy ha negado que haya concertado un acuerdo con Cataluña para darle trato de favor. Hay un margen de tensa espera hasta conocer la decisión del Gobierno, que ha mejorado su situación con el balón de oxígeno que le ha dado la Comisión Europea al fijar en el 6,5% el tope requerido para 2013 y conceder dos años adicionales para situar el déficit por debajo del 3%, pues con ello podrá suavizar sus exigencias a las CCAA.

Razón subjetiva: premio a la deslealtad de Cataluña
Desde un punto de vista subjetivo, la principal crítica que se hace al Gobierno es que su política de individualización de la capacidad de gasto va a beneficiar a una comunidad que está en abierta rebelión contra el Estado. Según Carlos Cuesta, “tras incumplir el mandato de control del déficit en 2012, rebasar el listón de 50.000 millones de deuda pública, saltarse las sentencias judiciales en materia de educación, enfrentarse a los tribunales por sus barreras ilegales a los comercios, lanzar procesos soberanistas inconstitucionales y cometer desacato a la Constitución, Más dice que quiere más y Mas tendrá más: un déficit negociado en exclusiva con la Generalitat”.

El presidente de una CCAA al borde de la quiebra e incapaz de hacer frente a sus gastos corrientes –el Gobierno le ha tenido que adelantar 800 millones para que pudiera pagar los sueldos de sus funcionarios y otros servicios básicos- fue a pedir árnica financiera a Rajoy tras haber constituido el Consejo Asesor para la Transición Nacional y reiterado su compromiso de celebrar en 2014 un referéndum de autodeterminación que conduzca a Cataluña a la independencia. Mas chantajea al Gobierno con la amenaza de la secesión y éste accede a beneficiar financieramente a la Comunidad en “una especie de pago para amansar a la bestia”, como ha comentado Rosa Díez. En vez de combatir con firmeza este desafío secesionista con todos los medios que le proporcionan la Constitución y el Estado de Derecho, el Gobierno cede y parece dispuesto a dar un trato privilegiado a Cataluña en detrimento de las demás comunidades, en la creencia errónea de que, de esta forma, calmará la las ansias separatistas, sin tener en cuenta que el aprendiz de brujo ha liberado al 'genio' y resultará harto difícil que éste retorne a la botella de la nación española.

¿Y cómo reaccionan los partidos políticos catalanes no nacionalistas ante esta gravísimas situación?. El PSC sigue totalmente 'desnortado' y ya no sabe si es socialista, nacionalista o medio-pensionista. Es el arquetipo de 'tonto útil', pues defiende a capa y espada el “derecho a decidir”, pese a ser consciente de que CIU y ERC lo utilizan como paso previo a una secesión a la que dice oponerse. En el caso de IU -“éramos pocos y parió la abuela Lara”-, a pesar de haber mantenido que Cataluña no podía decidir unilateralmente porque forma parte de España y los demás españoles también deben pronunciarse, se ha sumado ahora a su filial catalana ICV y apoya la celebración sólo en Cataluña de un referéndum para decidir sobre su futuro político, cuyo resultado será aplicable en toda España. Incluso el PP catalán defendió en su programa electoral el derecho de Cataluña a tener un régimen de financiación “singular”, con capacidad recaudatoria propia, que mejore su situación financiera mediante una mayor cesión de impuestos y la disminución de su aportación al sistema de solidaridad nacional.

Como ha señalado el presidente de Castilla-León, Juan Vicente Herrera, ofrecemos solidaridad a los que la pueden necesitar, pero no para caprichos ni para constitución de Estados innecesarios. Cataluña parece aspirar a ser un nuevo Kosovo, aunque sin la tutela protectora de Lady Ashton y de la UE. La Generalitat ha puesto en movimiento una maquinaria difícil de parar, en una marcha sin retorno hacia ninguna parte, hacia, en palabras del periodista Jesús Nieto, “una patria de juguete”

País Vasco
Las armas de ETA, el PNV y la Guardia Civil
Cayetano González Libertad Digital 4 Junio 2013

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha tenido la peregrina idea de proponer que la banda terrorista ETA entregue sus armas a las instituciones vascas: "No entiendo –ha dicho– que ETA prefiera entregar las armas ante la Guardia Civil o el Ejército español antes que ante las instituciones vascas o a una representación del País Vasco". Según ha explicado, el PNV ha trasladado esta propuesta tanto al entorno de ETA como a los conseguidores internacionales, es decir, a aquellos, que con el visto bueno del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, celebraron en octubre de 2011 la bochornosa conferencia de paz del Palacio de Ayete, en San Sebastián.

Se me ocurren varias razones para explicarle a Ortuzar por qué me ha parecido peregrina su idea. Primero, está por ver que ETA quiera entregar las armas que tiene en su poder, ni a la Guardia Civil ni a la Ertzaintza ni al lucero del alba. Han pasado ya veinte meses desde que anunció su "alto el fuego definitivo" y hasta el momento ni se ha disuelto, ni ha pedido perdón por sus crímenes ni, por supuesto, ha entregado una sola pistola.

En segundo lugar, Ortuzar tiene que comprender que la fiabilidad que tiene eso que llama "instituciones vascas" para ser depositarias de una hipotética entrega de armas por parte de ETA, en el mejor de los casos, está bajo mínimos, y en el peor... mejor no tentar al diablo. ¿Se imagina Ortuzar a una delegación de ETA entregando las armas que tenga en Guipúzcoa al diputado general de ese territorio, Martín Garitano, o al alcalde de San Sebastián, Juan Carlos Izaguirre, ambos miembros destacados de Bildu? Nunca ha sido aconsejable la cuña de la misma madera.

Pero es que casi es peor si pensamos que la banda terrorista decide hacer esa entrega, pongo por caso, a la consejera de Seguridad del Gobierno vasco, Estefanía Beltrán de Heredia. Esta señora fue la que hace unos días le dio su móvil particular a la portavoz de Bildu en el Parlamento autonómico, Laura Mintegi, para que le llamara si detectaba algún problema en la actuación de la Ertzaintza cuando este cuerpo policial, en cumplimiento de una orden de la Audiencia Nacional, fue a detener a una colaboradora de ETA que se parapetaba en un puente de la localidad vizcaína de Ondárroa protegida por 300 simpatizantes de la denominada izquierda abertzale. Como para depositar nuestra confianza en los buenos servicios de la susodicha.

Hablemos en serio. El PNV no tiene autoridad moral para plantear ninguna cuestión que afecte al hipotético final de ETA. Ha sido un partido que no ha apoyado en todos estos años ninguna de las medidas que se han tomado desde las instituciones democráticas para luchar contra el terrorismo de ETA. Y no solamente no las ha apoyado, sino que generalmente las ha criticado. Por lo tanto, si no estuvo a las duras, que no pretenda estar ahora a las maduras.

Por eso, el Estado, a través del Gobierno, de la Policía, de los jueces, con la colaboración internacional, tiene que seguir perseverando en su lucha, hasta que ETA se disuelva y, efectivamente, entregue las armas. Si al señor Ortuzar no le parece mal, todos estaremos más tranquilos si esto último lo hacen en la casa cuartel que a los terroristas les pille más cerca. Mario Onaindia, que en esta materia fue cocinero antes que fraile, lo tenía muy claro: "Menos mal –dijo hace ya unos años– que en la lucha antiterrorista nos queda la Guardia Civil". Pues eso.

La imaginación al poder
En años de bonanza, el Estado obtiene de Cataluña ingresos por encima de los servicios que presta; mientras que en los de crisis, el saldo fiscal de Cataluña es pequeño o incluso favorable a esta comunidad
Antoni Zabalza. El País  4 Junio 2013

La reciente presentación del saldo fiscal catalán para 2010 es muy parca en explicaciones. El mensaje central de la Generalitat es que en 2010 los catalanes aportaron al Estado entre 11.258 y 16.543 millones de euros por encima del gasto recibido. Estas cifras son muy elevadas: un 5,8% y un 8,5% del PIB catalán respectivamente. Es necesaria una explicación de cómo se calculan, de dónde proceden y qué significan. Que en estos momentos de extrema penuria económica, al ciudadano catalán se le diga desde fuentes oficiales que en 2010 fue un 8,5% más pobre de lo que pudiera haber sido, tiene por fuerza que causarle inquietud y disgusto. El Gobierno catalán debe explicar claramente la razón de esta merma económica y convencer a la sociedad de la realidad de la misma.

Una cuestión previa es la gran diferencia entre los dos saldos: uno incorrecto (el del flujo monetario) que da 16.543 millones y otro correcto (el del flujo de beneficios) que da 11.258 millones. Es simplemente absurdo creer que los catalanes no reciben servicios de la Administración general del Estado, de Defensa, de la diplomacia, etcétera, y pensar que los madrileños son los únicos españoles adecuadamente servidos en estos campos. Las cosas son ya suficientemente complicadas como para presentar dos cifras alternativas cuando solo una es la que responde a la cuestión que nos interesa: saber si en un determinado territorio el Estado presta más servicios que los impuestos que recibe, o si recibe más impuestos que los servicios que presta. Coherentemente, en lo que sigue me limito a los resultados del enfoque del flujo de beneficios.

Haciendo uso de las estadísticas existentes, ¿cómo se mide la diferencia entre lo que pagamos y recibimos del Estado? El informe de la Generalitat (*) (pág. 28) cifra en 50.093 millones de euros la recaudación que el Estado obtuvo en Cataluña en 2010, y desglosa esta cifra en figuras impositivas (IRPF, IVA, Sociedades, etc.) o conceptos (cotizaciones a la Seguridad Social) fácilmente reconocibles y a los que de forma directa o indirecta, y en menor o mayor medida, todos hemos contribuido. Por otra parte, el informe de referencia (pág. 50) cifra en 49.319 millones de euros el valor de los servicios prestados por el Estado en Cataluña, entre los que se encuentran pensiones, infraestructuras, inversiones de entes públicos como ADIF, Aena y Puertos del Estado, defensa, intereses de la deuda, transferencias del sistema de financiación autonómica, etc. Todas ellas partidas conocidas y vinculadas de forma unívoca a epígrafes de los Presupuestos del Estado.

En el año 2010, el saldo fiscal de Cataluña con el Estado se limitó a 774 millones de euros
Estas dos cifras, procedentes de las estadísticas oficiales, son las que miden la incidencia en Cataluña de la actuación fiscal del Estado en 2010. Y su diferencia es el saldo fiscal catalán: en 2010 el Estado ingresó en Cataluña 774 millones de euros más que el valor de los bienes y servicios que prestó a esta comunidad (774= 50.093 -49.319). Este es el saldo fiscal catalán de 2010 que sale de los datos estadísticos: 774 millones de euros; un 0,4% del PIB catalán. Ésta es la realidad fiscal.

Por razones difíciles de comprender, el informe no calcula este saldo. En su lugar, introduce (pág. 52) un críptico cambio: de los 50.093 millones de ingresos considerados más arriba pasa a 60.577 millones, que denomina “Ingresos detraídos de Cataluña” en 2010. Es decir, añade 10.484 millones a los ingresos reales. Con este cambio, el saldo fiscal pasa de los 774 millones anteriores a los 11.258 millones (11.258= 60.093-49.319) que la Generalitat denomina saldo fiscal “con presupuesto equilibrado”. Este es el único saldo del que habla el informe. Un saldo que surge de una manipulación —la adición de 10.418 millones a los ingresos— que el ciudadano no entiende y que debe ser explicada.

El Gobierno catalán debe decirle al ciudadano en qué delegación de la Agencia Tributaria, o en qué oficina del Estado especialmente habilitada para ello, ingresó en 2010 su cuota parte de los 10.484 millones añadidos. Y como no se lo va a poder decir, porque tal ingreso no existió, deberemos convenir que la etiqueta "Ingresos detraídos de Cataluña" que el informe utiliza es estrictamente falsa.

Ante esta tesitura, el Gobierno catalán probablemente haría ver al ciudadano (pág. 9) que, aunque no un pago efectivo al Estado, los 10.484 millones añadidos sí constituyen una deuda que los catalanes adquirimos en 2010 para, junto con las demás comunidades, hacer frente al déficit del Estado en ese año. Pero si esto es así, el Gobierno catalán debe decirle al ciudadano en qué partida concreta del Presupuesto liquidado de 2010 de la Generalitat de Catalunya se encuentra el apunte que certifica esta variación de la deuda. Una vez más, no se lo va a poder decir porque tal endeudamiento simplemente no existe.

Es difícil saber por qué razón el Gobierno catalán evita de forma tan pertinaz cualquier referencia al saldo fiscal realmente observado. Quiero creer que no es para obviar una cifra demasiado pequeña para la causa secesionista, sino para contrarrestar el efecto que el ciclo económico ejerce sobre este saldo. El ciclo imparte volatilidad al saldo fiscal, como lo hace con cualquier variable macroeconómica, y ello hace que el dato de un año concreto pueda no ser una buena representación del efecto territorial de la actuación del Estado a lo largo del tiempo. Pero entonces, si con un año no es suficiente, ¿por qué no presentar al ciudadano los saldos reales a lo largo de todo el ciclo económico?

La etiqueta "ingresos detraídos de Cataluña" usada por la Generalitat es estrictamente falsa
Por ejemplo, y a modo de ilustración, los saldos fiscales reales de Cataluña (medidos con respecto a su PIB) del período 2006/2010 (único período cíclicamente equilibrado para el que disponemos de datos homogéneos y comparables) fueron 8,0% en 2006; 8,3% en 2007; 3,2% en 2008; -2,1% en 2009; y 0,4% en 2010. Como puede comprobarse, el Estado, en el ejercicio de sus competencias, tiene efectos territoriales que pueden variar bastante a lo largo del tiempo. En momentos de bonanza, como en 2006 y 2007, los saldos fiscales reales tienden a ser altos en contra de Cataluña debido a los altos ingresos impositivos y los bajos gastos asociados al desempleo. En cambio, en tiempos de crisis, como en 2008, 2009 y 2010, la caída de ingresos y el aumento de los subsidios al desempleo hacen que el saldo fiscal de Cataluña sea relativamente pequeño o incluso favorable a esta comunidad como ocurrió en 2009.

Es verdad que ahora tenemos cinco cifras en lugar de solo una. Pero este es el efecto que a lo largo del tiempo el Estado ejerce sobre el territorio. Si queremos afinar más, antes que aventurar complejas manipulaciones que el ciudadano no entiende, es mejor utilizar la media de estas cinco cifras como una aproximación inteligible del saldo fiscal estructural, e interpretar la diferencia entre los saldos reales de cada año y esta media como los efectos coyunturales de la actividad del Estado. La media de los cinco saldos reales es el 3,5% del PIB catalán (6.910 millones de euros de 2010), y la interpretación de los saldos coyunturales es perfectamente razonable: en los años de bonanza el Estado obtiene de Cataluña ingresos por encima de los servicios que presta (4,5% en 2006 y 4,8% en 2007), mientras que en los años de crisis Cataluña se beneficia de servicios estatales que superan los impuestos pagados (-0,3% en 2008, -5,6% en 2009 y -3,1% en 2010).

Estos cálculos son una mera ilustración porque el período considerado no constituye un ciclo completo. Pero una ilustración que la gente entiende y que no hurta información al ciudadano sobre la realidad de lo que ocurre cada año. Imputar una deuda a los catalanes a cuenta de un déficit fiscal del Estado que nadie ha reclamado es un supuesto, entre otros muchos que podrían hacerse, que puede tener sentido en el seno de la discusión de un seminario académico pero que confunde al ciudadano; es algo que no pertenece a la realidad sino al reino de la imaginación. El gobierno catalán ha decidido prescindir de la realidad y llevar la imaginación al poder. Pero desgraciadamente sin el encanto y romanticismo del estudiante francés de mayo del 68.

(*) El informe “Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central any 2010” puede consultarse en www20.gencat.cat/portal/site/economía

Antoni Zabalza es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y fue secretario de Estado de Hacienda entre 1991 y 1993 con el Gobierno de Felipe González.

Cataluña ante el desafío secesionista
A Artur Mas le gusta el francés para Cataluña mientras persigue al español
Contempla que alguna operadora ferroviaria europea sustituya a Renfe gestionando Rodalies
Europa Press www.lavozlibre.com 4 Junio 2013

Barcelona.- El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha destacado este lunes la importancia que para Cataluña debe tener la francofonía, ya que para los catalanes representa a 200 millones de "vecinos" tanto en Europa como en el norte de África. En rueda de prensa desde París, ha asegurado que el conocimiento del francés es "clave" para el presente y el futuro de los catalanes, igual que lo es el inglés como idioma de proyección internacional, y el catalán y el castellano como idiomas cooficiales de Cataluña. Ha recordado que es un idioma muy importante no solo para los 65 millones de habitantes de Francia, sino que también es patrimonio de Bélgica, Suiza y de algunos países del norte de África que lo tienen como segunda lengua. El presidente catalán ha destacado que viajar a Francia "ya no son viajes al exterior", por la proximidad y por su pertenencia a la UE compartida con Cataluña, y ha destacado los lazos que unen a ambos territorios. Así, ha recordado que para Cataluña el Estado francés es "un país capital y estratégico" por su condición de principal socio comercial y uno de los principales emisores de turistas con destino catalán y de ciudadanos con residencia estable en Cataluña. Sin embargo, Artur Mas desprecia que el español o castellano lo hablan 500 millones de personas, mientras él no permite que los padres elijan esta lengua oficial en Cataluña para sus hijos en las escuelas.

VIAJE BRASIL
Ha explicado que entre los lazos que podrían unir a los dos territorios en el futuro podría ser el ferroviario, ya que ha contemplado que la Société National des Chemins de Fer Français (SNCF) pueda sustituir a Renfe como operador de Rodalies. "Renfe es un operador muy importante, pero esto no quiere decir que tenga que ser exclusivo para siempre. No descartamos que la SNCF pueda hacerse cargo del servicio de Rodalies", ha explicado. Para el presidente catalán, no solo podría asumir el servicio la operadora francesa, sino que también podría hacerlo la italiana Ferrovie dello Stato (FS) o la alemana Deutsche Bahn (DB). Mas ha anunciado también que la Generalitat prevé un "viaje institucional" a Brasil en los próximos meses de aproximadamente de siete días.

MINISTRO DE DEFENSA
Mas ha dado explicaciones sobre la cancelación de su encuentro con el ministro de Defensa francés, Jean-Yves Le Drian, previsto para este lunes, matizando que no se reunía con él en calidad de ministro, sino como presidente de la Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas de Europa (CRPM). Ha atribuido la cancelación a un problema de agenda del mandatario francés, y ha asegurado que celebrarán el encuentro previsto para este lunes próximamente en Barcelona. La reunión fue pedida a instancias del ministro como presidente de la CRPM, y mientras Mas y su partido (CDC) aceptan que se trata de un problema de agenda, su socio parlamentario, ERC, considera que se debe a "presiones" del Estado a Francia.

Financiación pública en 2013
El Gobierno abona 11.000 euros a Amaiur, los amigos de ETA, para gastos de seguridad contra ETA
Los partidos reciben más de 13,82 millones por las subvenciones del primer trimestre del año, la mitad para el PP
Europa Press www.lavozlibre.com 4 Junio 2013

Madrid.- La coalición abertzale Amaiur, que incluye a los herederos de la ilegalizada Batasuna, ha recibido del Gobierno 11.006 euros como compensación para cubrir gastos de seguridad, una partida ideada en su día para ayudar a las formaciones políticas frente a las amenazas de la banda terrorista ETA. La ayuda se recoge en el listado de subvenciones que el Estado ha abonado a los partidos en el primer trimestre del año. En total, las formaciones políticas han recibido hasta marzo 13,82 millones de euros como subvención para su funcionamiento ordinario y para cubrir gastos de seguridad frente al terrorismo. La mitad de esa cuantía, que se distribuye en función de los resultados electorales, fue a parar al PP, que ha obtenido 6,63 millones. En el conjunto del año, y según acordó recientemente el Consejo de Ministros, está previsto que las subvenciones estatales para los partidos políticos con representación parlamentaria asciendan a un total de 52,7 millones de euros, lo que supone una reducción del 40 por ciento con relación a 2011, cuando sumaron 82 millones. En concreto, y según los datos del Ministerio del Interior hechos públicos en el Boletín Oficial del Estado(BOE), el Estado abonó este primer trimestre del año algo más de 13,15 millones de euros en concepto de subvenciones para el funcionamiento de los partidos políticos, más otros casi 670.000 euros para cubrir gastos de seguridad frente al terrorismo. 5,58 MILLONES PARA TODOS LOS SOCIALISTAS Casi la mitad de esos más de 13,82 millones ha ido a parar el PP, que recibió 6,31 millones en subvenciones para su funcionamiento ordinario y otros casi 325.000 euros para sufragar gastos de seguridad. El PSOE, incluyendo los socialistas catalanes del PSC, se ha quedado con 4,23 millones. Detrás figuran Izquierda Unida (IU), con algo más de 621.000 euros, sin contar lo que recibe ICV (150.000 euros, aproximadamente) y la CHA , y a continuación está Unión, Progreso y Democracia (UPyD), con unos 520.000 euros.

CDC COPA LAS SUBVENCIONES DE CIU
Por su parte, los nacionalistas catalanes de CiU, tercera fuerza parlamentaria en número de escaños pero quinta en número de votos, detrás de IU y UPyD, ha obtenido entre enero y marzo alrededor de 615.000 euros, de los que buena parte fueron a parar a las arcas de Convergencia Democrática (CDC) para su funcionamiento ordinario. En el caso de Amaiur, la coalición que logró siete diputados en las generales de 2011, el importe recibido del Estado en el primer trimestre asciende a 225.346 euros, de los que 11.006,07 euros (2.000 euros menos que en el mismo periodo de hace un año) servirán para cubrir gastos de seguridad derivados precisamente del compromiso de la Administración de ayudar a las formaciones políticas a protegerse de ETA.


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