AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 5  Junio 2013

Héroes cotidianos
Pablo Molina Libertad Digital  5 Junio 2013

Los trabajadores que han decidido empezar a ejercer por cuenta propia el pasado mes de mayo han contribuido de manera destacada a las buenas cifras de empleo que el gobierno acaba de hacer públicas. Doce mil quinientas personas han decidido enfrentarse a la vida sin el colchón de una nómina, un acto meritorio en cualquier circunstancia y una osadía en medio de la recesión que atraviesa el país. Fátima Báñez estaba ayer entusiasmada con los datos generales del paro y agradecida a los trabajadores autónomos, a los que mostró su reconocimiento en un acto con la asociación mayoritaria que los agrupa. No es para menos.

Los trabajadores que se autoemplean tienen que enfrentarse a las regulaciones delirantes de tres administraciones compitiendo entre sí y a unas exacciones de la Seguridad Social y el fisco prohibitivas, a lo que hay que sumar las dificultades propias de una economía embarrancada. El panorama no puede ser más alarmante, pero en España sigue habiendo hombres y mujeres capaces de enfrentarse a la furia socialista de un sistema pensado para desalentarlos antes de iniciar su aventura y, en caso de persistir en el empeño, esquilmarlos. Convencidos de que son capaces de satisfacer las necesidades de los demás mejor que la competencia, el mes pasado 12.500 desempleados (o a punto de serlo) decidieron no resignarse a malvivir del subsidio estatal sin haber intentado antes salir adelante explotando una idea de negocio por modesto que sea. No hay mejor educación para la ciudadanía que el ejemplo de los trabajadores autónomos, a los que todos los colegios de España deberían invitar, al menos una vez al mes, para dar una charla a los escolares y hacerles ver cómo se puede vivir con dignidad frente a los que pretenden aprovecharse de una riqueza que no han creado con ayuda del poder político, desgraciadamente el modelo imperante en el currículo.

Los gobiernos no crean empleo, pero pueden hacer mucho por destruirlo, como han demostrado siempre los socialistas, auténticos virtuosos en arruinar el futuro de los que han sufrido sus mandatos prolongados. Justo es reconocer al gobierno del PP su apoyo a los creadores de empleo, aunque sea bajo la figura vergonzante del emprendedor, versión progre del verdadero empresario. Rajoy podría haber sido mucho más contundente, sobre todo bajando impuestos y cotizaciones, pero con un gobierno de mindundis sociatas a estas alturas España estaría como Andalucía. Los autónomos no sólo están contribuyendo de manera decisiva a salir de la crisis, sino a hacer que ese ominoso pacto de Rajoy con Rubalcaba con el que nos amenazan los medios progres resulte innecesario a la vuelta de unos pocos meses, si todo sigue así. Sólo por ese último servicio a todos los españoles, nuestros autónomos ya merecerían ser sacados a hombros en los telediarios. Qué grandes son.

Los pirómanos quieren ser bomberos
Luis de Velasco www.republica.com  5 Junio 2013

Son como dos náufragos que se saben perdidos y se abrazan entre sí como postrero intento de salvación. O mejor, fingen que se abrazan porque en el fondo quieren que sea el otro el que se hunda. Pero al mismo tiempo son conscientes de que el uno necesita al otro en ese momento. Pasado el mismo, vuelta a lo de siempre.

Los dos náufragos son, seguro que Ud. lector ya lo había adivinado, el PP y el PSOE, los partidos del actual Régimen, así con mayúscula, los partidos de esta nueva Restauración, los nuevos Cánovas y Sagasta. Eso sí, con la adherencia de sus inseparables acompañantes, los grandes beneficiados del sistema a los que hace tiempo entregaron la llave d la gobernabilidad, Convergencia y Unión y el Partido Nacionalista Vasco.

Han visto las encuestas (seguro que tienen las propias que les confirman sus temores), han visto lo que pasa en el resto de Europa y han visto la insoportable levedad del bipartidismo y la inexorabilidad de su caída. Han olido el peligro mayor que es la pérdida de parcelas importantes de poder. Dicho de una manera que se entiende mejor, la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, de chollos para ellos y los suyos. Ese es el tema, aquí no se trata de proyectos ni de ideologías, es algo mucho más pedestre y vulgar.

No se trata sólo de esos dos partidos y sus adheridos. El bipartidismo es mucho más que eso y por eso su declive es mucho más complicado. En torno a ellos, múltiples y poderosos intereses de toda laya desde financieros hasta mediáticos. Eso que se llama el “establishment” que ya está poniendo en circulación, a través de sus múltiples y poderosos altavoces, la nueva milonga de “bipartidismo o caos”.

Es en este contexto en el que hay que situar el señuelo del Pacto, aquí también con mayúscula. La primera muestra del mismo indica claramente por dónde van los tiros. La famosa transparencia y su vergonzante proyecto ha permitido la escenificación de ese abrazo con la entusiasta colaboración de los nacionalistas que, una vez más, han obtenido lo que querían. Vamos camino de un texto frustrante o mejor dicho de diecisiete textos de “transparencia y buen gobierno”, uno por cada autonomía. Este comienzo en un asunto central define bien el camino por donde quieren llevarnos.

¿ Por qué no pactan reformar la ley electoral con proporcionalidad ( una reciente encuesta muestra que eso es lo que quiere cerca del ochenta por ciento de los encuestados), luchar decididamente contra la corrupción tanto política como penalmente, no controlar el poder judicial y los organismo reguladores y supervisores incluido el Tribunal de Cuentas, reformar a fondo las administraciones autonómicas y locales adecuándolas en su tamaño y funciones a las posibilidades y necesidades reales del país, entre otras muchas más cosas, la lista no es exhaustiva? ¿Por qué no acuerdan una reforma de la Constitución que haga posible la imprescindible regeneración democrática y la refundación del Estado que pide la ciudadanía? Al fin y al cabo, hace muy poco acordaron una modificación clave de la Constitución en veinticuatro horas con nocturnidad y alevosía.

No dejemos que nos engañen. En los próximos meses vamos asistir a una ceremonia, orquestada y con amplio respaldo en los medios dominantes, de búsqueda e incluso logro de un consenso que buscará preservar lo fundamental, su pacto de hierro para mantener la alternancia, a cambio de retoques de fachada y migajas. Pero queda el obstáculo de una ciudadanía que conoce mucho mejor a los protagonistas y su doblez y que no estará dispuesta a que los pirómanos se disfracen y quieran actuar como bomberos. Esperemos que así sea.

Quiénes deben afrontar la crisis
Pío Moa www.gaceta.es  5 Junio 2013 5

Final de ciclo: quienes han conducido al país a la triple crisis actual no pueden ser quienes la resuelvan.

Partamos de la existencia de una triple crisis política: de política nacional, de política democrática y de política económica. Crisis que reviste hoy una gravedad profunda y cuya solución no puede partir de los partidos y políticos responsables de ella. Estamos al final de un ciclo abierto por una transición muy defectuosa (algunos de sus fallos los he explicado en La Transición de cristal), aunque el problema real no han sido los errores iniciales, en parte difíciles de evitar, sino su agravamiento por falta de análisis y corrección. En estos años la política ha vivido del tópico convirtiéndose cada vez más en una farsa apoyada en la corrupción y la manipulación de la opinión pública (tiene una triste gracia, por ejemplo, que los partidos que durante decenios han vivido en la opacidad sobre sus ingresos y gastos, se presenten ahora como campeones de la transparencia).

La regeneración –que evite una revolución, como señala el libro Recuperar España, de Otero Novas y otros -- debe venir de otros. Solo puede partir de los partidos razonables emergentes y de los sectores críticos que toman forma en el PP y el PSOE. Hay ya cierto número de esos partidos y corrientes (UPyD, C´s, AES, SCyD, Reconversión, DENAES, y seguramente algunos más), y entre todos deberían llegar a unos pocos y concretos puntos básicos, como la racionalización del estado y recobro de competencias por el poder central, la independencia y despolitización de la justicia, la democratización y transparencia de los partidos o el saneamiento de la economía (pues la causa real de la crisis económica está en una verdadera enfermedad causada por las demagogias de unos y otros)

¿Será esto imposible? ¿Serán esos partidos y políticos emergentes incapaces de entender su tarea histórica y ponerse de acuerdo? La propuesta se parecería a un Pacto de San Sebastián, pero no con la intención de derrocar un régimen, y menos mediante un golpe militar, como intentó aquel pacto, sino para regenerarlo, acabando con la tentación suicida de empezar de cero cada sesenta o setenta años.

Al mismo tiempo sería muy conveniente un nuevo partido basado en puntos más concretos, algunos de los cuales he venido proponiendo en entradas anteriores de este blog.

Choque generacional en Europa
Gene Frieda. La Razón  5 Junio 2013

Estratega global en Moore Europe Capital Management.

La crisis financiera europea está pasando de aguda a crónica, y la disputa sobre a quién le corresponde pagar los costes de resolverla está alentando la aparición de una nueva generación de movimientos políticos. En la denominada periferia, los nuevos surgimientos políticos prometen a los ciudadanos una alternativa a la austeridad. En los países del «núcleo» de la eurozona ofrecen proteger a los contribuyentes de las demandas incesantes de ayuda a los países deudores. De cómo respondan los líderes europeos al reto planteado por estos nuevos contendientes dependerá que la unión monetaria se estabilice o se fracture.

En general, la élite política europea siempre fue decididamente integracionista. La mayoría de sus miembros son de la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial, lo que los hace claramente conscientes de los beneficios que reporta una Europa en paz. Pero en los años noventa, las divergencias respecto de la integración europea llevaron a que se buscara una solución de compromiso que resultó problemática. Para asegurar el apoyo de Francia a la reunificación de Alemania, este país aceptó que se creara una unión monetaria, pero no una unión fiscal. Ahora Europa sufre las consecuencias de este pacto irreflexivo.

Mientras esto sucede, los líderes europeos están bajo presión de una nueva generación de votantes crecidos a la sombra de la caída del Muro de Berlín. La apertura del Telón de Acero permitió que Occidente accediera a una abundante oferta de mano de obra barata en Europa del este. La oferta aumentó todavía más con el posterior surgimiento de China, en un proceso que culminó con el ingreso de este país en la Organización Mundial del Comercio en 2001. El resultado fue que muchas de las economías de Europa comenzaron a quedarse atrás.

Para ayudar a las economías menos competitivas de Europa a ponerse a la par de los países más prósperos del norte, los líderes europeos confiaron en la creación de una unión monetaria. Y durante la primera década de existencia del euro, no hay duda de que cumplió lo que se esperaba. Así como en Estados Unidos la financiación de hipotecas baratas ocultó las grietas que abría la creciente desigualdad de ingresos, en Europa la disponibilidad de capital barato del norte aceleró lo que parecía ser una convergencia económica.

La generación postmuro parecía tener toda la suerte consigo... al menos por un tiempo. Pero en todos los países miembros de la eurozona se estaba dando un deterioro constante de la distribución de ingresos: mientras los ciudadanos mejor educados se beneficiaban con el auge de la industria de los servicios, los menos educados padecían el traslado de los empleos fabriles a países más baratos. Luego estalló la crisis financiera global, hubo un aumento abrupto de la desigualdad de ingresos y en el sur de Europa la generación postmuro sufrió la peor caída de niveles de vida desde la Segunda Guerra Mundial.

A diferencia de Estados Unidos, cuya fundación obedeció a una causa política que forjó una identidad nacional común (la oposición al colonialismo británico), lo único que buscaban los países que formaron la Unión Europea era evitar más guerras en el continente. Era una causa loable, pero no sirvió para promover el surgimiento de una identidad europea compartida. Por el contrario, permitió un florecimiento de las identidades nacionales.

A los miembros de la generación postmuro, que tienen menos de 40 años de edad y están, por tanto, muy lejos de la Segunda Guerra Mundial, esa causa no les dice mucho. Les importa mucho más la divergencia creciente de objetivos económicos entre los países deudores y los acreedores.

Los ciudadanos de las economías deudoras, que crecieron despreocupadamente convencidos de la convergencia económica, ahora perdieron sus ahorros y, en muchos casos, también las esperanzas. Entretanto, a los ciudadanos de los países acreedores les preocupa sobre todo proteger las ganancias logradas antes de la crisis, ya que, después de todo, el gasto imprudente de sus vecinos se financió con sus ahorros.

La creciente desigualdad de ingresos en toda la eurozona ha creado una subclase marginada que desconfía cada vez más de la unión monetaria. La generación de posguerra está envejeciendo (la mayor parte de sus miembros ya tienen al menos 60 años, y sus líderes ocupan puestos directivos o políticos de alto nivel) y a la par que eso ocurre, el apoyo a la integración se va desvaneciendo.

Muchos votantes de la generación postmuro se encuentran en los márgenes de los partidos establecidos o están formando sus propios partidos, mientras que hay un grupo más pragmático que vacila entre el viejo orden y los nuevos movimientos políticos. La respuesta reactiva y confusa a la crisis del euro refleja los acuerdos que han debido negociar los partidos políticos tradicionales para conservar el poder a medida que las diferencias generacionales se han vuelto cada vez más extremas.

Es raro que una crisis aguda de corta duración desemboque en una revolución política. Más bien, las revoluciones se producen tras una o más generaciones de decadencia crónica, cuando el temor a las pérdidas económicas cede paso a la furia concentrada y emergen voces carismáticas para orquestar una respuesta. Es una pauta que se viene repitiendo a lo largo de la historia, desde la Revolución Francesa hasta la caída del Muro de Berlín. Y aunque es posible que por ahora los mercados estén amansados, en los cimientos políticos de la eurozona ya empiezan a verse grietas.

Por ahora, la generación postmuro no tiene un blanco claro sobre el cual descargar su ira. Los nuevos partidos populistas en Italia, Grecia y Alemania señalan la dirección que tomó la política, pero no su destino final. Su capacidad para recabar apoyo tanto en la izquierda como en la derecha indica un deseo compartido de reconstruir las barreras protectoras nacionales que la generación de posguerra demolió.

En estas circunstancias, la mayoría de los líderes europeos temen que sus electorados rechacen cualquier propuesta que parezca implicar más integración. Es el clásico dilema del prisionero: todos los países estarán mejor si contribuyen a una causa común, pero la presión de las elecciones nacionales impide a los políticos abogar por esa causa. La prueba final de liderazgo será la decisión de comprometerse con la reforma del tratado de la UE, con las difíciles negociaciones y los referendos que ello implica.

Los líderes de la generación de posguerra deben dar una respuesta eficaz al desafío que plantean los movimientos políticos emergentes, y deben hacerlo pronto, mientras estos movimientos todavía son inmaduros. Si demoran demasiado esa respuesta, volverán a alzarse los viejos muros y los guardianes del euro quedarán afuera.

desajustes del déficit nacional
Las diputaciones, fabricantes de deuda
NEGOCIOS.COM   5 Junio 2013

Su nivel de endeudamiento se disparó un 34% en plena crisis. El incremento desde 2008 es de tres dígitos en Álava.

La deuda del Estado continúa en aumento y esto se debe en gran parte a la macro estructura con la que cuenta el Gobierno a lo largo del territorio español. Las diputaciones son una de las causantes de los grandes desajustes del déficit nacional y no es de extrañar si se echan un vistazo a las cifras.

Según datos del Ministerio de Hacienda, su nivel de endeudamiento se disparó un 34% en plena crisis. En concreto, entre 2008 y 2012, el pasivo de estas instituciones pasó de suponer un total de 4.826 millones de euros a incrementarse hasta los 6.467 millones. Estos son los datos generales que ha recopilado El Economista, pero el descenso a las cuentas particulares de cada uno de los gobiernos provinciales es lo que demuestra hasta qué punto se puede descontrolar el endeudamiento en estas instituciones, nada menos que las llamadas por la reforma local a asumir competencias de pequeños ayuntamientos con el objeto de prestar sus servicios con el máximo de eficacia.

El caso que sobresale con mayor notoriedad es el propio de la Diputación de Álava, dado que el capítulo del debe en su contabilidad engordó, entre 2008 y 2012, casi un 470%, la diferencia expresada en porcentaje que media entre los 76,4 millones que adeudaba al inicio de la crisis y los más de 435 millones que arrastraba al final del ejercicio precedente. Cierto es que las Diputaciones vascas merecen un capítulo independiente, puesto que la que menos ha engordado su deuda, la de Vizcaya, desde que empezó el cambio de ciclo económico, lo ha hecho un 102%, de manera que su entrampamiento es el más elevado de este tipo de organismos en toda España: casi 1.200 millones de euros.

Entre las dos ya citadas se sitúa la propia de Guipúzcoa, con un aumento del 155%. Y es que, jurídicamente las tres se distinguen como forales; es decir, no entran en el llamado régimen general de Gobiernos provinciales, lo que supone que en sus territorios tienen más competencias y, por tanto, prestan más servicios. Ese hecho podría explicar el ritmo endiablado al que generan deuda. Sin embargo, no debe perderse de vista que el aforamiento implica otra diferencia. Tanto la Diputación de Vizcaya, como sus homólogas de Álava y Guipúzcoa tienen su propio sistema de financiación, ya que pueden recaudar impuestos. Pero de poco les sirve esa vía para obtener ingresos, teniendo en cuenta el ritmo al que gastan. De hecho, ya en el primer trimestre de 2011, saltó la alarma en el País Vasco, ya que sus tres gobiernos provinciales acumulaban el mayor endeudamiento en 15 años y la cifra no ha dejado de aumentar desde entonces.

Ahora bien, también en el régimen general de cabildos, consejos y diputaciones hay ejemplos de cómo se puede desequilibrar casi sin límite las cuentas. Entre las que pueden dar lecciones a este respecto está la Diputación de Valladolid, con su 273% de incremento de la deuda entre 2008 y 2012, intervalo en el que pasó de representar 18,4 millones a 64,5. Lugo y su 222% no se sitúan muy lejos, mientras que la palma entre los gobiernos provinciales insulares lo tiene Ibiza, con su alza del 213,6%.

El PSC desentierra el término nación, tres años después de ser barrido por el alto Tribunal
El rescate del Estatuto catalán que tumbó el Constitucional siembra la discordia en las familias socialistas
Los fantasmas del pasado que José Luis Rodríguez Zapatero agitó en su partido vuelven a resucitar. El sistema federal que ahora defiende el PSC reivindica de nuevo para Cataluña el término nación que rechazó en 2010 el Tribunal Constitucional, una actitud que entorpece la tregua que Alfredo Pérez Rubalcaba quiere conseguir en su partido sobre el modelo territorial que el mes que viene aspira a cerrar en Granada.
Nacional. Federico Castaño www.vozpopuli.com  5 Junio 2013

En la retina de Alfredo Pérez Rubalcaba, de Alfonso Guerra y de otros dirigentes socialistas que vivieron en primera persona entre 2005 y 2010 el tormentoso viaje del Estatuto catalán por el Parlamento autonómico, por el Congreso de los Diputados y, finalmente, por el Tribunal Constitucional, quedó grabada la inutilidad de un debate estéril que, lejos de quedar cerrado, se ha reabierto años después de la mano de un proceso secesionista, esta vez liderado por CiU, que empieza a guardar cierta similitud con el fenecido ‘plan Ibarretxe’. El desafío que encabeza Artur Mas en Cataluña está provocando una visible división interna en todas las fuerzas políticas, a excepción de Esquerra Republicana y de Ciudadanos, pero en el PSOE amenaza con causar un incendio de grandes proporciones, casi diez años después de que José Luis Rodríguez Zapatero prendiera la primera mecha.

El término nación y la descentralización completa del Poder Judicial fueron rechazados en 2010 por el Constitucional y ahora son reclamados por los socialistas catalanes

La propuesta federal que ahora apadrina el líder del Partido Socialista de Cataluña (PSC), Pere Navarro, reivindica, entre otras cosas, dos de las referencias básicas de la reforma estatutaria que naufragó parcialmente en el Constitucional en 2010: el término nación y la descentralización completa del Consejo General del Poder Judicial.

“En la perspectiva de la reforma constitucional se puede considerar el reconocimiento de Cataluña y el País Vasco como naciones, con un específico tratamiento simbólico, institucional y competencial”, se lee en la propuesta del PSC. “En todo caso”, se defiende en otra parte del documento, “puede afirmarse que España es una nación de naciones o bien una nación integrada por nacionalidades y regiones. Nación y nacionalidades no son ideas contradictorias”. El Constitucional sentenció que carece de eficacia jurídica el preámbulo de la reforma estatutaria en el que se daba cuenta de que el Parlamento catalán había definido “de forma ampliamente mayoritaria” a Cataluña como nación y que la Constitución española reconoce “la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad”.

"Se puede considerar el reconocimiento de Cataluña y el País Vasco como naciones", defiende el PSC en su documento

Otro de los flecos de la reforma estatutaria que quieren rescatar los socialistas catalanes, pese al rechazo del Constitucional, afecta a las competencias exclusivas sobre la Justicia que reclaman los nacionalistas y también exige el PSC. El alto Tribunal tumbó todos los artículos del Estatuto en los que ganaban terreno tanto el tribunal de justicia autonómico como el llamado Consejo de Justicia de Cataluña, concebido como el órgano de gobierno del Consejo del Poder Judicial en esta comunidad. Años después, los socialistas vuelven a la carga y reclaman la plena incorporación del Poder Judicial al estado autonómico mediante una reforma integral que descentralice el grueso de las competencias que ahora tiene el Estado.

De la entrevista que el pasado lunes mantuvo Rubalcaba con el presidente andaluz, José Antonio Griñán, se deduce que el PSOE va a tener que vencer muchos obstáculos para pactar el mes que viene en Granada un modelo federal asumido por todo el partido, ya que en Andalucía y en el resto de las federaciones socialistas que rehúyen el debate territorial, provocan alergia las posiciones lideradas por Pere Navarro en el PSC.

Las reivindicaciones territoriales de Pere Navarro provocan alergia en los socialistas andaluces y entorpecen la tregua a la que aspira Rubalcaba sobre el modelo federal

La gran paradoja, argumentan fuentes socialistas, es que quien tiene que lidiar ahora con este morlaco no es otro que Alfredo Pérez Rubalcaba, quien vivió, primero como portavoz parlamentario del PSOE, luego como ministro del Interior y, más tarde, como vicepresidente en los gobiernos de Zapatero, buena parte de la singladura de la reforma estatutaria a la que con tanto entusiasmo se abrazó el expresidente. Dos frases han pasado a la historia de la pequeña política en esta ajetreada excursión: “Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán”, pronunciada por el expresidente del Gobierno a finales de 2003, y “el estatuto catalán saldrá de las Cortes limpio como una patena”, salida de la boca de Alfonso Guerra, entonces presidente de la Comisión Constitucional, en el otoño de 2005.

España
La mitad de las CCAA no suprimen las entidades públicas previstas
Los gobiernos autonómicos eliminan 533 organismos, superando los 515 acordados. Sin embargo, los de Aragón, Región de Murcia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra y Galicia no alcanzan los objetivos establecidos.
Redacción www.vozbcn.com  5 Junio 2013

Las CCAA están haciendo los deberes. Esta es la conclusión a la que se llega tras comprobar que, a fecha de 1 de enero de este año, los gobiernos autonómicos han liquidado -o están haciéndolo- 533 entidades públicas (empresas, consorcios y fundaciones, principalmente), lo que supone 18 más de las 515 a las que se habían comprometido a principios de 2012, en el Acuerdo 5/2012 del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que ampliaba otro de julio de 2011.

Según el último informe trimestral del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, conocido este lunes, a 1 de enero de 2013 las CCAA habían suprimido 307 entidades, y otras 226 estaban en proceso de extinción. De estas últimas, 31 estaban de baja efectiva, 92 estaban en proceso de liquidación o disolución y las 103 restantes han cesado sus actividades.

Solo ocho CCAA alcanzan los objetivos previstos
Sin embargo, no todas las CCAA han cumplido con los objetivos previstos hasta el 1 de enero de 2013. Solo ocho gobiernos autonómicos han suprimido las entidades acordadas, e incluso algunas más. En concreto, se trata de los de Andalucía (120 empresas eliminadas), Asturias (5), Baleares (96), Canarias (9), Cantabria (18), Castilla y León (17), La Rioja (5) y la Comunidad Valenciana (40). No hay datos disponibles del País Vasco.

En cambio, otros ocho ejecutivos autonómicos se han quedado cortos. Así, la Generalidad de Cataluña ha eliminado (o está en proceso) 48 entidades públicas, 18 menos de las 66 previstas; la Región de Murcia ha suprimido 32 (15 menos de las previstas); el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha, 35, nueve menos; el de Aragón, ocho, ocho menos; el de Extremadura, diez, dos menos; el de la Comunidad de Madrid, 23, dos menos; el de Galicia, 44, una menos; y el de Navarra, 24, una menos.

El ranking de los incumplimientos en términos relativos lo encabeza el Gobierno autonómico de Aragón (solo ha suprimido el 50% de las entidades comprometidas inicialmente), seguido del de la Región de Murcia (68,1%), el de la Generalidad de Cataluña (72,7%), Castilla-La Mancha (79,6%), Extremadura (83,3%), la Comunidad de Madrid (92%), Navarra (96%) y Galicia (97,8%).

De 2.362 a 1.654 entidades autonómicas
El Gobierno estima que la supresión de estos organismos habrá supuesto unos 1.505,43 millones de euros de ahorro hasta finales de este año. El plan preveía pasar de las 2.362 entidades públicas autonómicas inventariadas en julio de 2010, a 1.847 al finalizar 2012, lo que implica una reducción del 21,8%.
Objetivos del plan de supresión de entidades públicas de las CCAA (fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).

Objetivos del plan de supresión de entidades públicas de las CCAA (fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).

Adicionalmente, este 2013 las CCAA han asumido un compromiso de reducción neta de otras 193 entidades públicas, con lo que la reducción final acumulada será de 708 organismos, hasta situarse en los 1.654.

Una vez finalice la implementación total del plan, la Generalidad seguirá siendo el gobierno autonómico con más entidades públicas a su cargo (378, esto es, el 22,9% de las de todas las CCAA), seguido por el de Andalucía (246) y el de la Comunidad de Madrid (155).


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CONTRA LAS ADVERTENCIAS DE AZNAR
La apuesta por el pacto de Rajoy se extiende a pensiones y al castellano en Cataluña
Daniel Forcada El Confidencial  5 Junio 2013

La luna de miel política que empieza a gestarse entre Mariano Rajoy y el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, parece haber abierto las puertas a algo que va más allá de un acuerdo puntual de cara al Consejo Europeo de finales de junio. La fiebre por el pacto parece haberse adueñado del presidente del Gobierno, quien, en la sesión de control al Senado de ayer, abrió la mano a nuevos pactos en dos frentes diferentes, el de las pensiones e, incluso, en el tema del castellano en Cataluña, el punto más conflictivo de aceptar por parte de la Generalitat de la próxima reforma educativa.

Cuando todavía resuenan las andanadas de José María Aznar contra Rajoy y su Gobierno y sus palabras de que “un pacto sustitutorio de la actual mayoría” sería “un error histórico garrafal”, el presidente parece dispuesto a marcar terreno y tomar distancia de su predecesor acercando posturas limando asperezas con los dos grupos mayoritarios de la oposición, el socialista y el catalán de Convergència i Unió.

El punto de inflexión empezó a fraguarse la semana pasada, en el Congreso, con la oferta de Rubalcaba para cerrar una postura común de cara al Consejo Europeo que haga más fuerte al actual inquilino de la Moncloa de cara a sus homólogos europeos. En este nuevo clima de entendimiento, que llega después de meses en los que las continuas y reiteradas propuestas de Rubalcaba habían caído sistemáticamente en saco roto, surge ahora el deseo de Rajoy de pactar con el PSOE el futuro de las pensiones.

“Hay algo que debemos hacer y de lo que todos debemos tener plena conciencia”, respondió ayer Rajoy al portavoz socialista en la Cámara Alta, Marcelino Iglesias. “La salud financiera del sistema de pensiones no depende de la buena voluntad, que todos los aquí presentes tenemos, ni se arregla con demagogia. Lo que se requiere es una gestión responsable y eficaz de los recursos que hay”, explicó. Por ello, Rajoy añadió que el estudio que han elaborado hasta ahora los expertos sobre el futuro de las pensiones y su viabilidad es sólo un análisis sobre el que no se ha tomado ninguna decisión todavía, pues esta deberá adoptarse, deseablemente con acuerdo, en el seno del Pacto de Toledo. “Así como usted me invita a mí a tratar temas europeos -una invitación que acepto- yo le invito a usted a hablar del sistema de sostenibilidad de las pensiones porque es un tema capital para el futuro de España”, concluyó.

La oferta de Rajoy llegó después de que el presidente asegurase que el déficit acabará el año en torno al 1% y que, por tanto, todos los pensionistas habrán ganado poder adquisitivo en el 2013, pues el 76% de las pensiones ha subido el 2%.

La mano tendida de Rajoy no quedó, sin embargó, ahí. En la siguiente interpelación que le hizo el portavoz de CIU, Josep Lluís Cleries i González, y pese a que no estaba previsto, según el guion, que se hablase sobre la cuestión lingüística de la futura reforma educativa, el presidente se mostró dispuesto a dialogar. A dialogar en busca de fórmulas alternativas allá donde su ministro, José Ignacio Wert, no ha logrado limar asperezas con la Generalitat.

El portavoz catalán había invitado a Rajoy a visitar con él cualquier barrio de Cataluña para comprobar no se discrimina ni se separa motivo de lengua. Rajoy, por su parte, defendió la necesidad de la reforma de su Gobierno, que prevé que el Estado adelante el coste de la escuela privada en castellano allá donde la Administración autonómica no lo garantice como lengua vehicular y que plantea revertir después el coste a la financiación autonómica de Cataluña. Este punto ha levantado en armas a prácticamente todo el arco parlamentario catalán y, cuando parece que las posturas están más distanciadas que nunca, el presidente pareció abrir ayer un resquicio para caminar hacia el entendimiento.

En su respuesta, y en sus minutos finales, Rajoy aseguro que si CIU “tiene una fórmula mejor que la que le figura en el proyecto”, él está dispuesto a negociar, cara a cara, con el portavoz nacionalista. “Yo estoy dispuesto a negociarla con usted; además, yo personalmente y con usted, si quiere, si tiene una fórmula que sirva para resolver este problema y sea mejor que la que se recoge en el propio proyecto”.

El ministro Wert tiene previsto continuar en los próximos días la ronda de contactos que está estableciendo con todos los grupos políticos de la Cámara. De momento, se ha visto ya las caras con el PSOE y con Izquierda Unida y, en breve, lo hará también con CIU. Hasta la fecha, el entendimiento con la consellera catalana del ramo, Irene Rigau, ha sido imposible y las conversaciones, tortuosas. Un nuevo clima, proclive al entendimiento, parece haberse adueñado del propio presidente. La luna de miel, de momento, continúa, mal que le pese a Aznar.

El silencio de los vascos
JOSÉ FÉLIX PÉREZ-ORIVE. ABC  5 Junio 2013

El silencio de los vascos no es el silencio de los corderos. Todo lo contrario, es el sigilo cauteloso de los que creen que todavía tienen opciones, pero que, altamente condicionados, no quieren excitar demasiado a su gente por si acaso. Porque, si bien el tiempo juega a favor de España, no lo hace a favor de nacionalismo, y menos de Rajoy. Con una diferencia, y es que este con seguridad lo sabe

En los años noventa, un amigo y antiguo alcalde de Madrid acompañó a mi despacho a uno de los padres de la patria. Este deseaba conocer algo ajeno a nuestro desempeño: si informes confidenciales de enjundia para empresas y partidos políticos tendrían aceptación. Como ejemplo estelar expuso: Arzallus ¿es nacionalista o separatista? Sorprendido, transmití a mi egregio visitante que no creía que se remuneraran esas opiniones. Hoy, cuando menos, hubiera sugerido plantear cosas más intrigantes, como: a) ¿Por qué Urkullu da la impresión de estar callado? b) ¿Volverá ETA a atentar? Y c) ¿El nacionalismo conseguirá la independencia? Es obvio que no tengo las respuestas, pero puede ser interesante analizarlo.

No hay nacionalistas buenos y separatistas malos. Todos son independentistas. La diferencia es que Urkullu es sensato. Tiene una crisis que gestionar, y los temas identitarios son déficit añadido. Si a los catalanes en Europa no les han hecho caso –pensará Urkullu–, imagínense a nosotros, que somos más pequeños y pretendemos una parte de Francia. Posponer su anunciado referéndum al 2015 le va a permitir conocer con tiempo, y sin decir ni pío, qué fue del desafío catalán y si Rajoy perderá las próximas elecciones.

Pero posponer la consulta también es reconocer que Europa es una apisonadora que trabaja diariamente a tres turnos produciendo leyes y jurisprudencia. Y que cuando se consoliden estructuras más irreversibles (alguna lo hará en los dos próximos años) los nacionalistas podrían quedarse sin margen de maniobra. Todos sabemos que se puede salir del Eurogrupo. Pero ¿conocemos si hay un mecanismo establecido para salir de la Unión Europea? La respuesta es que no lo hay. En ese caso, si el nacionalismo no puede aspirar a la independencia ni librarse con facilidad de Europa, ¿qué espacio político le queda? Vistas las cosas con realismo, el problema para Urkullu no sería celebrar un referéndum, ni siquiera ganarlo. De trascender y confirmarse estas ideas, su problema sería un frenazo embarazoso de expectativas. Desmontar el independentismo exigiría no solo pedagogía en el planteamiento, sino reemplazarlo por objetivos de calidad: el crecimiento ec onómico y conciliar los viejos problemas familiares. Curiosament e , Urkulluestá y a dedicado a ambos; l o cual, más que una coincidencia, acaso sea un diagnóstico.

Otra razón para su reser va es que la izquierda abertzale no es buena compañera de viaje en los asuntos europeos. Cuando Bildu dice que «los vientos que vienen de Europa soplan a favor de la independencia», o es ignorancia supina o láudano para sus bases. Europa no les gusta porque es de rigor conservador, opuesta en ética y estética, laboralmente exigente, de economía indescifrable y peor madrastra que España. Y si preguntáramos a Europa por ellos, el cariño sería parecido.

Pero, más allá de algunos desahogos, el silencio de la izquierda abertzale comparado con el fragor habitual se debe a que su prioridad no es ni la autodeterminación ni la crisis. Su prioridad son los presos. Acontece que los que están entre rejas, sus líderes, ven cómo otros disfrutan de las prebendas de la política a su costa; y los de fuera, los portavoces, no pueden sin ellos prodigarse a hablar y han de convivir con el estigma que señala su habilidad para no estar encarcelados.

Si por exceder los límites impuestos por el Tribunal Constitucional Bildu fuera ilegalizada, muchos vascos auguran que no habría atentados porque el pueblo vasco ha pasado página. No lo sé. Mi intuición femenina me traiciona últimamente. Pensaría, como Carrillo, que es más fácil crear una organización clandestina que eliminarla. Ahora bien, si comprobaran que Europa es una ratonera de oro, que imposibilitara su sueño de independencia, la desesperación no sería sólo cosa de unos incontrolados. Quienes gobernaran Euskadi en ese momento tendrían que arrostrar cierta frustración sobrevenida.

Cualquier líder serio contaría con ello.
Para gobernar instituciones, los conocimientos de la lucha callejera no son suficientes. Por eso el PNV, en condiciones normales, irá comiendo espacio a Bildu. Más aún si la votación de la diáspora, otro colectivo silente –200.000 en teoría–, añadiera muchos votos a PSE o PP (ruidosamente callados); circunstancia imposible de anticipar porque cada familia es un mundo y porque el desarraigo puede limitar sus efectos.

La pregunta responsable que el PNV necesita formularse e s : ¿e n 2 030, Euskadi habrá ganado la independencia o sus pretensiones se habrán esfumado? Cierto que es insolente irrumpir así en el limbo de los demás, pero deben saber dónde están para centrar su acción de gobierno. La prudencia de Urkullu tiene algo de respuesta. Cosa distinta es que en 2030, por supuesto, se seguirá celebrando en las campas de Euskadi el día de la patria vasca.

Para Urkullu ayudar a los presos sería un éxito. Muchos canjearían libertad por independencia y llenarían con su presencia una atmósfera de vacío. Además, fortalecería su liderazgo y de paso crearía un guirigay de poder en Bildu. Por eso Urkullu porfía en este tema con Rajoy, con quien se entiende mejor que Mas.

Rajoy calla: se debe a la ley, a los constitucionalistas y a las víctimas del terrorismo. No está incómodo: el tiempo y Europa juegan a favor de la continuidad ininterrumpida de España, a la que no fueron ajenos los grandes vascos: Ignacio de Loyola, Juan de la Cosa, Elcano, Blas de Lezo, Churruca, Unamuno, Baroja, Chillida, Loyola de Palacio… Ninguno dio síntomas de localismo ni se quedó en casa, por eso fueron españoles universales. Contar con su apoyo tácito le da mucha fuerza.

El silencio de los vascos no es el silencio de los corderos. Todo lo contrario, es el sigilo cauteloso de los que creen que todavía tienen opciones, pero que, altamente condicionados, no quieren excitar demasiado a su gente por si acaso. Porque, si bien el tiempo juega a favor de España, no lo hace a favor del nacionalismo, y menos de Rajoy. Con una diferencia, y es que este con seguridad lo sabe.

Hacienda devuelve a Mas las facturas de las partidas soberanistas
Carmen Morodo. La Razón  5 Junio 2013

El listado de subvenciones que en estos momentos tiene en vigor la Generalitat de Cataluña deja bastante en evidencia el discurso y la huida hacia adelante de su presidente, Artur Mas. En el tablero político, Mas no se baja de la estrategia soberanista y se ha parapetado tras el Consejo de Transición Nacional para mantener en marcha el camino rupturista. Pero la política y su alianza con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) va por un lado; la realidad empresarial y social, por el suyo; y la situación económica y financiera de la Generalitat, por otro, en el que, por cierto, no hay de dónde sacar fondos para seguir rellenando el granero más nacionalista.

Mas ha tenido que recortar por la puerta de atrás el grueso de las variopintas subvenciones para alimentar el proyecto de construcción de la Nación catalana, que ha mantenido en vigor prácticamente hasta antes de ayer. La última remesa importante es de finales de verano y otoño del año pasado. Es verdad que todavía hay algunas excepciones en las que sigue abierto el plazo para su solicitud, cinco significativas, no más. Están destinadas a apoyar a los artistas catalanes para su desplazamiento al exterior; la difusión exterior de la literatura catalana; los estrenos comerciales de largometrajes doblados o subtitulados en catalán; la traducción de obras literarias y de pensamiento original en lengua catalana, y la ayuda a la producción editorial en catalán y en occitano (dentro de un programa de adquisición bibliotecaria).

Y ya está. En la actualidad no están convocadas nuevas becas dentro del amplio abanico que ha cultivado estos años la Generalitat. Entre otras materias, ha dedicado fondos a las estancias en comunidades catalanas en el exterior; a ayudas sociales a personas miembros de esas comunidades catalanas en el exterior; a la promoción y proyección internacional de las organizaciones catalanas; a entidades religiosas y sociedades catalanas, o a empresas editoriales que tradujesen al catalán obras literarias en otras lenguas.

Y esto es sólo una gota de todo el entramado de ayudas, becas y subvenciones en clave nacionalista que ha funcionado en Cataluña. Entre las que también están ya fuera de plazo figuran materias tan sorprendentes como la grabación de obras de teatro en formato televisivo para la generación de nuevos públicos; los documentales y largometrajes televisivos destinados a ser emitidos por televisión; la traducción al occitano de obras literarias en catalán; la investigación sobre movimientos, obras y autores o autoras y crítica literaria de literatura catalana; la edición de partituras de especial interés cultural en lengua catalana u occitana; la renovación de páginas web y otros recursos en línea sobre literatura catalana; las residencias de traductores de la literatura catalana; las empresas discográficas catalanas; las tesis doctorales en catalán; las emisoras de radio de titularidad privada que emiten en catalán o aranés; las publicaciones digitales que informan en catalán; los desplazamientos fuera del dominio lingüístico de escritores en lengua catalana y de traductores del catalán; o la promoción exterior del pensamiento en catalán.

Todo este gasto, en convocatorias que en bastantes casos aún no han terminado su desarrollo, «no puede seguir existiendo», según el Ministerio de Hacienda. «No hay otra alternativa al recorte», añaden. La explicación es que la Generalitat tiene que presentar todas las facturas que quiera financiar con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y las que afectan a las materias citadas son rechazadas. En el FLA sólo se están admitiendo las facturas de sanidad, servicios sociales, educación y proveedores.

Esto concuerda con el hecho de que entre las pocas ayudas con plazo abierto hay justo muchas de carácter social. En estos momentos los catalanes pueden solicitar la ayuda de la prestación económica para personas menores de edad en situación de riesgo; para atender las necesidades básicas; para los gastos del hogar de determinados colectivos; para cubrir el impago de pensiones y prestaciones alimentarias o compensatorias; para familias con niños o para la acogida de una persona menor de edad tutelada por la Generalitat. Para 2013 la Generalitat ha solicitado al FLA 9.073 millones de euros. Esta cantidad supone 3.703 millones más que en 2012, ejercicio en el que Artur Mas recibió la autorización de Hacienda para pedir prestado a ese fondo hasta 5.370 millones de euros. El Gobierno de Mas depende de este dinero para hacer frente a sus vencimientos de deuda y para pagar nóminas, funcionarios, hospitales o centros de atención primaria concertados, por ejemplo.

En lo que gasta Mas el dinero

2.539.257 euros para la traducción, el doblaje o la creación de películas en catalán

378.896 euros para la creación, traducción o la promoción de obras literarias en catalán

301.381 euros para la promoción y la dinamización de la sardana

147.321 euros para que los sindicatos promocionen la lengua catalana

117.747 euros para la traducción o creación de aplicaciones informáticas y de móviles en catalán

64.436 euros destinados a la promoción y fomento del pesebrismo

45.863 euros para la traducción y la producción de videojuegos en lengua catalana

36.917 euros destinados a promocionar y apoyar a las asociaciones de giganteros

Caso Can Domenge
Baleares amañó un concurso público por cuatro millones de euros
EFE www.gaceta.es 5 Junio 2013

El ex vicepresidendente de Baleares garantizó que la empresa Sacresa sería adjudicataria "si se pagaba la cantidad de 4 millones de euros en efectivo".

El empresario Román Sanahuja, propietario de Sacresa, ha registrado hoy una confesión ante la Audiencia de Palma en la que reconoce que pagó 4 millones de euros al ex vicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal para que le fuera adjudicado el concurso de venta del solar Can Domenge de Palma, conocido como el caso Can Domenge.

Esta confesión se produce la víspera de que comience el juicio contra la antigua cúpula del Consell de Mallorca por la venta de este solar en 2005, que fue otorgada a la unión de empresas Sacresa-Ferratur por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro (30 frente a 61 millones).

Sanahuja es uno de los seis acusados en este juicio y estará acompañado en el banquillo por Nadal, la ex presidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, los ex consejeros de Territorio Bartomeu Vicens y de Economía Miquel Àngel Flaquer, así como el abogado de Sacresa Terrenos Promoción cuando ocurrieron los hechos, Santiago Fiol.

La Fiscalía pide seis años de cárcel para Munar, Nadal, Flaquer y Vicens por los delitos de fraude a la Administración y revelación de secretos, un año y medio de prisión para el abogado Fiol por fraude y revelación de secretos, y para Sanahuja solicita 2 años por fraude y uso de información confidencial.

En un escrito de dos folios, titulado "confesión", Sanahuja explica que tras presentarse al concurso por la venta de Can Domenge, Sacresa tuvo conocimiento informal de que no iba a ganarlo y fue contactada por Nadal, quien garantizó que la empresa sería adjudicataria "si se pagaba la cantidad de 4 millones de euros en efectivo".

Detalla que se realizaron dos entregas de 2 millones en efectivo, la primera antes de conocerse el fallo del concurso y la segunda unos meses después.

Los pagos se efectuaron en dos lugares públicos de Mallorca a un intermediario designado por el exvicepresidente Nadal, relata en su confesión Sanahuja, quien afirma que desconoce "el destino final y el reparto del dinero". El dinero era de Sacresa y se retiró de cuentas de la compañía.

El empresario ahora admite su "grave error" por haber accedido a pagar esa cantidad y muestra su arrepentimiento y deseo de cooperar con la Justicia.

En la confesión, Sanahuja se disculpa por haber cambiado su declaración el día antes del comienzo del juicio y afirma que la empresa siempre ha querido reparar el supuesto daño causado al intentar devolver al Consell de Mallorca la finca de Can Domenge.

La confesión del propietario de Sacresa se suma a la hecha también por escrito ante la Audiencia Provincial por el ex consejero Vicens el pasado 20 de mayo, que reconoció que él, Munar y Nadal se repartieron 1,8 millones de un soborno por la adjudicación fraudulenta del solar.

Tras la confesión de Vicens, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia por la que el Juzgado de Instrucción número 8 ordenó practicar registros en las viviendas de Munar y Nadal para buscar el dinero cobrado o indicios que pudieran conducir a hallarlo.

Munar solicitó la semana pasada el aplazamiento del juicio por considerar que la confesión de Vicens cambia la situación y genera indefensión. Ayer notificó además a la Audiencia un cambio de abogado. El tribunal de la Sección Segunda le ha emplazado a plantear ambas cuestiones al inicio del juicio, mañana.

Galicia La jubilación parcial en la Xunta rebajará la jornada hasta un 75 %
Podrán acogerse de forma voluntaria 3.000 empleados de más de 60 años
Serafín Lorenzo. santiago / la voz  5 Junio 2013

La Administración autonómica prevé cerrar a lo largo de este mes el acuerdo con las cuatro centrales sindicales que abrirá la posibilidad de acogerse a la jubilación parcial a un total de 2.969 empleados públicos. Esta cifra duplica con creces los 1.300 trabajadores que Función Pública estimó en principio que podrían solicitar una opción voluntaria que les permitirá reducir la duración de su jornada laboral entre un mínimo del 25 % y un máximo del 75 %.

El acceso a esa reducción de jornada está supeditado al cumplimiento de una serie de requisitos por parte del personal laboral, cuyos nombres deben figurar en el anexo del acuerdo que Función Pública y los cuatro sindicatos (CIG, UGT, CC.OO. y CSIF) firmaron el 27 de marzo. Esos trabajadores tienen que tener cumplidos los 61 años (60 en el caso de los que tengan la condición de mutualista con anterioridad al 1 de enero de 1967) y acreditar 30 años de cotización (25 en el supuesto de personas con discapacidad) y una antigüedad de al menos 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial.

Además, entre otras condiciones determinadas por la legislación estatal (Real Decreto ley 5/2013), el trabajador que se acoja a esta fórmula deberá concertar con la Xunta un contrato a tiempo parcial, con una reducción de la jornada de trabajo (entre el 25 y el 75 %) que, lógicamente, conllevará un recorte salarial por el mismo porcentaje. En paralelo, la Administración tendrá que concertar de forma simultánea un contrato de sustitución con otro trabajador desempleado, salvo en el caso de que la persona que se acoja a la jubilación parcial tenga los 65 años cumplidos. Esta excepción permitirá a la Xunta cumplir su hoja de ruta para ir amortizando las plazas que liberen los empleados a medida que vayan alcanzando los 65 años de edad, con arreglo al criterio establecido por el Ejecutivo de Feijoo dentro de la última Lei de Orzamentos.

Acumulación horaria
El proceso abierto por la Dirección Xeral de Función Pública para cerrar con las centrales las instrucciones de acceso a la jubilación parcial cierra hoy otra fase con la finalización del plazo para que los sindicatos puedan presentar alegaciones. Con arreglo a esos contactos, el CSIF da por hecha la admisión por parte de Función Pública de una propuesta de las centrales para permitir la acumulación horaria, una demanda que el departamento adscrito a Facenda había desestimado en principio. Esto posibilitará que el personal laboral de la Xunta que acceda a la jubilación parcial no tenga que trabajar durante todo el mes y pueda concentrar el desempeño de las horas que le corresponda (siempre con arreglo a esa horquilla del 25 al 75 %) en unas semanas y la reducción de jornada en otras. Así, esos trabajadores podrán ausentarse de sus puestos durante varios días o semanas del mes, al acumular su nuevo horario en el resto de las jornadas.

Aunque la Xunta se reserva el derecho a decidir sobre cada una de las solicitudes voluntarias de jubilación parcial que reciba entre esos 2.969 trabajadores, en función de las necesidades organizativas de cada departamento, los sindicatos aseguran que la Administración pretende facilitar esa opción en la gran mayoría de los casos.

Editorial Ikaselkar
Las ikastolas lanzan los libros de texto que desarrollan su 'currículo vasco'
El nuevo material didáctico recoge el aprendizaje por competencias
M. F. VALLEJO | BILBAO. El Correo 5 Junio 2013

Las ikastolas concertadas vascas, 'Ikastolen Elkartean', a través de su editorial Ikaselkar, han lanzado al mercado los primeros libros de texto que desarrollan el 'currículo vasco', el documento que elaboraron junto a los colegios religiosos (Kristau Eskola), y a Sortzen Ikasbatuaz -una asociación de escuelas públicas- durante los años en los que EA estuvo al frente del Departamento de Educación con los consejeros Anjeles Iztueta y Tontxu Campos, entre 2001 y 2009. Este material didáctico se ajusta, además, al aprendizaje por «competencias», adaptado a las normativas europeas y que ya se emplea en los centros de enseñanza; y a la «pedagogía de la integración», mucho más práctica y dirigida a que el alumno sea capaz de aplicar en su vida diaria lo que aprende en la escuela.

Ikastolen Elkartea y la editorial Elkar crearon la empresa Ikaselkar en 2011 con una «primera misión» de «producir, publicar y distribuir» material didáctico destinado a desarrollar el currículo vasco elaborado por su red y por Kristau. Un documento, según detallan los responsables del proyecto, dirigido a «que la persona se desarrolle con plenitud como individuo y como miembro de la sociedad y parte de la naturaleza, al mismo tiempo que hace suyas las bases de la cultura vasca».

Los libros de texto corresponden al primer nivel educativo de ESO y estarán disponibles para el inicio del curso 2013-2014. Las ikastolas ya han utilizado estos textos de forma experimental en 23 centros de su red. En los próximos años editarán los materiales, que cuentan con soportes tanto en papel como digitales, correspondientes al resto de la Secundaria.

El presidente de las ikastolas y de la empresa editorial, Koldo Tellitu, apuntó ayer que estos textos se ajustan a los decretos del Gobierno vasco en los que se recoge el currículo oficial de la enseñanza en Euskadi -lo que deben estudiar los alumnos-, aprobados en la etapa de Campos y modificados posteriormente por la consejería socialista para redefinir el uso del término Euskal Herria y anular la prevalencia del euskera sobre el castellano. Los responsables de las ikastolas ya han dado a conocer su proyecto, que denominan EKI, a representantes de la enseñanza pública y a Kristau. Ayer lo presentaron en sociedad, en el Paraninfo de la UPV en Bilbao


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