AGLI Recortes de Prensa   Lunes 10 Junio 2013

Las cinco crisis (y II)
Ignacio del Río www.republica.com 10 Junio 2013

La economía española no resistido bien a la crisis global, financiera primero y económica después. Lógicamente, nuestra dependencia financiera ha sido afectada por la crisis de la deuda pública y la restricción de crédito que ha congelado la actividad privada, con un efecto de corto circuito radical.

Desde algunos sectores, todo se imputa a la crisis inmobiliaria, declarando la culpabilidad sumaria del “ladrillo”, como argumento para atribuir todos nuestros males actuales a la Ley del Suelo de 1998 y a Aznar mediante derivada directa. Unas conclusiones que no resisten un análisis con un mínimo rigor.

La primera crisis inmobiliaria de este ciclo económico se produce en EEUU y tiene su origen en la crisis financiera, como consecuencia de una expansión del crédito hipotecario que alimenta un recalentamiento de los precios de los activos dados en garantía. Y lo que sucede después, titulización de hipotecas para situarlas en el serpentín de los mercados –crash de Freddy Mac y Freddy Mae- vertió gasolina a un fuego que estaba latente y del que no se percibía su transcendencia.

Aquí fallaron el Banco de España y los reguladores, además del Gobierno de Zapatero que demostró su ineptitud para establecer un marco restrictivo al crecimiento del crédito inmobiliario a partir del año 2005. Restricciones que debieron aplicarse tanto a la valoración de los activos hipotecados como a las garantías personales de los deudores.

Cinco años después, su Gobierno aprobó una Ley bajo el rimbombante título de Ley de la Economía sostenible que no ha servido más que para rellenar unas páginas en el BOE.

Los errores estaban especialmente incrustados en las Cajas de Ahorros, politizadas y tuteladas por las Comunidades Autónomas que han sido objeto de una reestructuración que ha supuesto, efectivamente, un proceso de disolución y de liquidación ordenada, el cual todavía seguimos. Cumplido un año del rescate financiero, sería procedente que Guindos presentase un memorándum de objetivos y de cumplimientos que serviría para valorar la eficacia de las disposiciones aprobadas por el Gobierno.

La cuarta crisis, también específicamente española, es la crisis institucional que tiene dos derivadas: la crisis de nuestra organización territorial y la crisis política que afecta a los partidos y a los representantes públicos.

El Estado de las Autonomía está quebrado política y económicamente. Políticamente, ya que la reforma del Estatuto de Cataluña concediendo, precisamente, mas competencias y títulos a la Generalidad, ha retroalimentado un proceso independentista que pone en cuestión la Constitución de 1978 y toda la arquitectura nacional.

La adición del problema territorial a la crisis económica genera unos efectos de inestabilidad en la percepción de España en el exterior y reabre grietas en la vertebración territorial, como consecuencia de la puesta en cuestión de los poderes del Estado como garante de la igualdad y de los derechos sociales básicos.

En el fondo, la cuestión territorial es la cuestión de la solidaridad entre los ciudadano que se pretende camuflar bajo las apelaciones a la identidad nacional. La reasignación del déficit presupuestaria a las CCAA demuestra el grado de tensión existente y obliga al Gobierno de Rajoy ha ejercer sus poderes para garantizar que no habrá privilegios territoriales que suponen una derogación derogación de hecho de la ley de Estabilidad y ,ante todo, una dejación de su compromiso electoral.

La segunda vertiente de la crisis institucional, está en la desconfianza en los grandes partidos y sus representantes, aderezada por los caso de corrupción que se suma a su incapacidad para acordar algunos pactos básicos que por, lo menos aporten la sensación de que se trabaja conjuntamente en beneficio de los ciudadanos. Crisis que se refleja en las encuestas.

La última publicada que se refiere a las elecciones del Parlamento europeo sitúa a ambos partidos en unos entornos del 25 por ciento de los votos y presenta un castigo electoral que deriva votantes hacia UPyD e IU. Las elecciones europeas son gratis, no producen consecuencias directas en el Gobierno, pero generarán dudas a nuestros socios europeos y a los mercados. Dudas que no son nada favorables en un entorno recesivo y volátil.

La quinta crisis, como los cinco jinetes del apocalipsis, tiene una connotación psicológica: la confianza. Las instituciones, sus representantes, no aportan confianza a los ciudadanos, inseguros y presos de incertidumbres ante un presente de crisis que se alarga en el tiempo sin vislumbrar un horizonte de salida del túnel.

Pasos a delante y pasos atrás, silencios inexplicables, escasa inteligencia emocional y ausencia de liderazgo, en un entorno que nadie explica y nadie aporta un objetivo, un “deal” que movilice a la sociedad con la fuerza de la convicción en sus propias posibilidades.

Un debe de nuestros políticos, endogámicos, sin credibilidad ni ejemplaridad y cuyas apariciones en los medios de comunicación traslucen que nos dedican frases hechas y escasa sinceridad. Ni siquiera consiguen aportar una estrategia sólida para la Marca España que salga de los tópicos del jamón y del flamenco, importados a Bruselas con escaso éxito de convocatoria.

Tiempos difíciles en el que el país se ha derrumbado y ha bajado los brazos. Todo se confía por el Gobierno al día después. Después de las elecciones alemanas, después del 2013, después de la unión bancaria…

Demasiadas excusas y pocas realidades para unos ciudadanos que sienten que han sido abandonados por sus representantes y que nadie atiende a sus problemas.

Mariano Rajoy crea 260 nuevo empleos y bajará las pensiones un 12%
Roberto Centeno El Confidencial 10 Junio 2013

En Moncloa y en Génova están de fiesta. De la noche a la mañana las lágrimas se han tornado sonrisas. Mariano I el de los parados, por cuya barba nadie daba un euro, ha hecho el milagro: sus políticas han demostrado ser tan geniales que están pensando en proponerle para premio Nobel de Economía. En mayo ha arrasado, ha creado nada más y nada menos que 260 nuevos empleos. Y luego decían que la reforma laboral destruía empleos en lugar de crearlos, lo que hace la envidia. La afiliación a la Seguridad Social ha subido en 4.700 personas, así que las pensiones ya no van a bajar, sino a subir. Mariano les ha explicado que han ganado renta real, y los pensionistas sin enterarse.

¿Acaban aquí los triunfos de Mariano en mayo? Ni mucho menos. La troika ha venido y ha disfrutado tanto con Madrid la nuit que ha decidido que nos vuelven a examinar en septiembre. Porque, además, están convencidos de que el BdE, responsable principal de la crisis, que desde 2006 ha incumplido gravemente sus obligaciones, que miente en todo desde el PIB a la morosidad, a los balances y en todo lo que se tercie, sin embargo imparte doctrina para salir de la crisis y a partir de ahora va a ser bueno y en septiembre va a decir la verdad de los refinanciados, de la mora hipotecaria y del PIB y va a inyectar los 20.000 millones que el cumplimiento con la troika obligaría a realizar para empezar.

Dos o tres meses más al estilo de mayo y volvemos a jugar en la Champions League, esa en la que jugaba Zapatero. Y para celebrarlo Rajoy se ha llevado a Bruselas de excursión a medio Consejo de Ministros para vender sus grandes logros, y para anunciar un gran plan, no iba a ser pequeñito, de reforma fiscal para 2014. Pero no teman, en este nuevo gran plan no se sabe si suben o bajan los impuestos. Es como una escena de Groucho Marx: “Espero no tener que volver a subir a impuestos”, dice Mariano, y acto seguido lo contrario, “si acaso haré algunos cambios: subiré algunos impuestos y bajaré otros”, “el IVA a lo mejor sube, pero a lo mejor no”.

La desvergüenza de doña Soraya
Así que a don Mariano y doña Soraya les digo: Con más de seis millones de parados, casi 100.000 parados nuevos al mes desde que gobiernan, con 1,7 millones de hogares con todos los miembros en paro, ustedes han perdido toda credibilidadBien, esa sería la visión jocosa de lo ocurrido la pasada semana, pero con decenas de miles de niños pasando hambre, que ni cenan ni desayunan, a mí no me queda margen ni ganas para las bromas con estas malas gentes. Desgraciadamente, Rajoy no es Groucho Marx. Por si no lo recuerdan, en los 16 primeros y nefastos meses de su mandato Rajoy ha realizado 30 aumentos de presión fiscal y creado, además, 12 nuevas figuras tributarias -aparte de las 80 creadas en las comunidades autónomas- hasta situar la presión fiscal por familia media española con dos hijos en el nivel más elevado de toda la OCDE con gran diferencia, llevando a la miseria y al hambre a millones.

Temiéndose lo peor, un Draghi visiblemente irritado le leería el jueves la cartilla a Rajoy: “Déjese de subir impuestos, bastante altos los tienen ya, y empiece a recortar de una vez gasto político improductivo”, vino a decirle. No lo hará. Tenemos un Gobierno de truhanes cuyas mentiras y golfadas ni tienen límite ni tienen final. Lo último han sido las cifras de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social de mayo, dando las cifras en bruto, que no significan absolutamente nada, y ocultando las corregidas de estacionalidad, 260 parados menos y 4.700 cotizantes más, que son las que reflejan le realidad. Pero a esta falsedad propia de truhanes, se añade esta vez algo más escandaloso si cabe.

En abril de 2010, Zapatero hizo lo mismo con la mejora de las cifras de paro registrado que, según él, eran la demostración de que habíamos tocado fondo y de que todo empezaba a mejorar. A Soraya Sáenz de Santamaría le bastó un segundo para lanzarse al cuello de Zapatero y llamarle mentiroso, diciéndole airadamente: “Con 5 millones de parados, con 1,4 millones de hogares con todos los miembros en paro, ustedes han perdido toda credibilidad. Sólo usted es capaz, ante una buena cifra de paro en abril, de afirmar que la situación ha mejorado. Son unos mentirosos, todos sabemos que en abril, mayo y junio la estacionalidad hace subir el empleo, pero si la cifra la corrige de estacionalidad, se ve que nada ha cambiado y que todo irá a peor”. Y era cierto, nada había cambiado y todo iría a peor.

Así que a don Mariano y doña Soraya les digo lo mismo pero mucho peor: “Con más de seis millones de parados, casi 100.000 parados nuevos al mes desde que gobiernan, con 1,7 millones de hogares con todos los miembros en paro, ustedes han perdido toda credibilidad; sólo ustedes son capaces, ante una buena cifra de paro en mayo, de afirmar que la situación de fondo ha mejorado. Todos sabemos que en abril, mayo y junio la estacionalidad hace subir el empleo, pero si la cifra se corrige de estacionalidad, se ve que nada ha cambiado y que todo irá a peor”. Además, la deuda pública es hoy 350.000 millones mayor que entonces, el pago por intereses de la misma será de cerca de 40.000 millones frente a menos de 18.000 millones de antaño, la renta disponible de las familias ha caído un 20% y su riqueza un 35%. Y ahora sí es señal de que hemos tocado fondo, y entonces, no. No tienen vergüenza.

Lo que el grupo de expertos ha puesto negro sobre blanco es un denominado factor de sostenibilidad para que el sistema se mantenga financieramente consiguiendo el equilibrio de gastos e ingresos. Dicho en román paladino, “lo que sale del cajón es lo que entra en el cajón”. O sea, se reparte lo que hay y puntoDicen también que “es el mejor dato en un mes de mayo desde 1997” y los medios y la gente se lo tragan sin analizar. Pero vamos a ver, pedazo de tramposos, la cifra bruta de mayo ha sido de 98.265 personas que, comparada con un paro total de 4.890.000, es una bajada bruta del 1,97% respecto a abril. Entre 1997 y 2007 el paro registrado se ha situado en el entorno de los dos millones de parados, o sea que un incremento del empleo de 78.000 personas representaba una bajada bruta del 4%, el doble de la actual. Son unos trileros, pero lo grave es que mentiras tan groseras les funcionan porque la gente se las traga sin pestañear.

Eso para empezar, pero para seguir las cifras de paro registrado sufren tal cúmulo de manipulaciones y distorsiones que su valor estadístico tanto en bruto como CVE es cero. Para que tengan una idea del asunto, el número de personas apuntadas en los Servicios Públicos de Empleo supera los 8 millones. De esta cantidad se van restando colectivos, justificados o no, hasta llegar a los 4,8 millones, así que ya me contarán el margen para hacer trampas que tienen estos mafiosos. La mayoría de los estadísticos lleva pidiendo hace tiempo la supresión de esta medición absurda que no significa nada.

Las pensiones perderán poder adquisitivo año tras año
Escuché el jueves al comité de expertos sobre las pensiones una de las explicaciones más deshonestas que he oído jamás de profesionales de su nivel. Explicaron con orgullo, sin duda justificado, su análisis sobre la situación y sostenibilidad del sistema, pero ocultaron deliberadamente el desastre que se avecina sobre los jubilados actuales y futuros. Pasaron una y otra vez la responsabilidad de su aplicación a los políticos, aunque saben que los políticos se basarán en su trabajo para aplastar a los pensionistas. Sobre todo, escondieron las consecuencias efectivas de la situación, como que a partir de ahora los pensionistas perderán poder adquisitivo año tras año con velocidad y profundidad aceleradas, explicando imposibles de si la economía y los cotizantes crecen y las vacas vuelan, entonces las pensiones no bajarán, sino que subirán.

Más deshonesto aún me pareció el que no aprovecharan su excelente trabajo para explicar que el factor de sostenibilidad no puede ni debe ser sólo de aplicación a los pensionistas, sino al conjunto del gasto público y por las mismas razones. Dirán que no era eso lo que les pedían, pero ante la claridad y la calidad de su trabajo, de la pormenorización de los mecanismos de ingresos y gastos para cuando se produzcan desviaciones saber dónde se han producido y poder actuar, tenían la obligación moral de pedir como expertos su aplicación a la totalidad del gasto. En conjunto, el documento detalla que tenemos una bomba termonuclear, creada por la corrupción, la incompetencia y el despilfarro de la casta política, que hará saltar por los aires todo el Estado de bienestar que ha costado generaciones levantar.

Los expertos sobre las pensiones ocultaron deliberadamente el desastre que se avecina sobre los jubilados actuales y futuros. Pasaron una y otra vez la responsabilidad de su aplicación a los políticosPero no dijeron ni pío de lo único que interesa al 99,9% de los españoles. Como qué pasaría en 2014 si su doble fórmula, factor de sostenibilidad (FRA) y esperanza de vida (FEI), se aplica tal cual: que las pensiones deben bajar un 12,45%, que el recorte empieza ya y que lo que no se recorte ahora tendrá que recortarse después, o cómo cuando se empiece a incorporar la generación del baby boom y el número de pensionistas pase de 9 millones a 15 y los cotizantes sean más o menos los mismos será el apocalipsis; o cómo las soluciones que “ven” los autores entran en el terreno de lo milagroso. Piensen ustedes que en diez o doce años las pensiones serán la mitad o menos que las actuales. Se equivocarán muy poco.

Lo que el grupo de expertos ha puesto negro sobre blanco es un denominado factor de sostenibilidad para que el sistema se mantenga financieramente consiguiendo el equilibrio de gastos e ingresos. Dicho en román paladino, “lo que sale del cajón es lo que entra en el cajón”. O sea, se reparte lo que hay y punto. Que bajan los ingresos, bajan las pensiones; que sube la esperanza de vida, bajan las pensiones. Una magnífica fórmula para aplicar no sólo a los más débiles, sino al conjunto del gasto público para que la casta y sus dos millones de paniaguados queden supeditados también a la marcha de la economía, ya que la oligarquía política ha ignorado e ignora por completo la crisis. Tanto es así que en términos reales, excluyendo el coste de la recapitalización bancaria y los intereses de la deuda, el gasto público total está aún por encima del de 2006.

Aplicada a la totalidad del gasto público, y en forma aproximada, este habría sido el resultado aplicando el FRA, porque el FEI no ha lugar:

g t+1 = g i, t+1 – g p,t+1 – g s, t+1 + k ( I t - G t / G t )

% inc. pensión = % inc. Ingres. - % inc. Pens. – efec susti. + k ( Ingr.–Gast./Gast)

% var. Gasto Público 2013 = -6,9% (variac. Ingresos a abril) - 7% (déficit previsto 2013)+ k (271.000 mill. de ingresos ex. pensiones 2012 – 378.000 mill. de gastos ex. pensiones 2012 / 378.000 mill.) = -6,9 -7 – 0,35 x 28,3 = - 23,8% (si k= 0,35).

Aplicada a las pensiones sería:

% variación Pens 2014 = -5,2% (est. 2013) – 4,8 % (est. 2013) – 0.35 (109.000 ing. 2012 – 115.000 gast. 2012/ 115.000) (prov.) = -11,75 %

FRA+ FEI = -11,75 - 0,7 = 12,45 %

Esto significa que si se supeditara la totalidad del gasto público a la marcha de la economía, como se van a supeditar las pensiones, este debería experimentar un recorte del 23,8% en 2013. Y la pregunta es: ¿tendrán la desvergüenza y la miseria moral de aplicar el factor de sostenibilidad a las pensiones y bajarlas un 12,45% y no al gasto político improductivo? La tendrán, no tengan ni duda. Estos sociópatas sociales harán eso y más para mantener el gasto político clientelar y sus privilegios a no ser que la gente, y en particular los pensionistas, salga masivamente a la calle para exigirlo.

EL SOBRECOSTE AUTONÓMICO
Ediotorial ABC  10 Junio 2013

El déficit autonómico no se resuelve con sentimentalismos políticos, sino con objetividad contable: no se puede financiar el Estado como hasta ahora

LA crisis ha dado al concepto de financiación autonómica un enfoque nuevo, que nada tiene que ver con el que solían utilizar determinados gobiernos autonómicos, nacionalistas y no nacionalistas, para que el Estado central aumentara su capacidad fiscal y así pudieran pagar sus deudas. Actualmente, hablar de financiación autonómica remite a una política de austeridad frente al despilfarro, de control presupuestario frente a la prodigalidad, de superioridad del interés general frente a localismos centrífugos. Entre 2010 y 2012, el gasto regional sumó más de medio billón de euros. El volumen de la cifra no significa que no estuviera justificada. En buena parte lo estaba. En otra, no. El Estado autonómico tiene fugas financieras a través de las competencias duplicadas o triplicadas, el exceso de empresas públicas, la mala gestión de recursos y la utilización de la Administración como agencia de empleo de partidos y sindicatos. La insostenibilidad financiera del Estado autonómico se mide en sus costes por familia y año ?mientras aumenta el paro y caen las rentas familiares? y en su aportación, nada positiva, al déficit del Estado en su conjunto. Además, la realidad financiera de las comunidades autónomas está distorsionada por los enjuagues contables. Entre 2009 y 2011, el gasto autonómico se redujo de 188.631 a 162.230 millones de euros. La causa no fue la buena gestión, sino el progresivo impago de facturas a proveedores y la imputación de los pagos pendientes al ejercicio siguiente. Por eso, el déficit público en 2011 se disparó a medida que, en 2012, afloraba la morosidad de las comunidades autónomas con la empresas proveedoras de servicios. Y por eso en 2012 el gasto autonómico aumentó el 4,67 por ciento (7.600 millones de euros) respecto a 2011, porque había que pagar las facturas que habían estado escondidas en el cajón.

No todas las comunidades autónomas presentan el mismo cuadro financiero. Unas son más caras para los ciudadanos (Navarra, País Vasco y Cataluña) y otras más baratas (Madrid). Y algunas se estrechan el cinturón de manera evidente, como Castilla-La Mancha. Con el dinero del Estado autonómico sobran las declaraciones de principio y las proclamaciones de la bondad de las autonomías. Es un problema que no se resuelve con sentimentalismos políticos, sino con objetividad contable: no se puede financiar el Estado autonómico como hasta ahora. Y parte de la solución sigue estando en el cambio de mentalidad que deben experimentar los partidos políticos para dejar de utilizar las estructuras administrativas del poder autonómico como refugio laboral de militantes y amigos. Puede que las nóminas de estos enchufados no representen un porcentaje significativo en el balance, pero sí en la falta de ética con la que se trata el dinero de los ciudadanos.

LA crisis ha dado al concepto de financiación autonómica un enfoque nuevo, que nada tiene que ver con el que solían utilizar determinados gobiernos autonómicos, nacionalistas y no nacionalistas, para que el Estado central aumentara su capacidad fiscal y así pudieran pagar sus deudas. Actualmente, hablar de financiación autonómica remite a una política de austeridad frente al despilfarro, de control presupuestario frente a la prodigalidad, de superioridad del interés general frente a localismos centrífugos. Entre 2010 y 2012, el gasto regional sumó más de medio billón de euros. El volumen de la cifra no significa que no estuviera justificada. En buena parte lo estaba. En otra, no. El Estado autonómico tiene fugas financieras a través de las competencias duplicadas o triplicadas, el exceso de empresas públicas, la mala gestión de recursos y la utilización de la Administración como agencia de empleo de partidos y sindicatos. La insostenibilidad financiera del Estado autonómico se mide en sus costes por familia y año ?mientras aumenta el paro y caen las rentas familiares? y en su aportación, nada positiva, al déficit del Estado en su conjunto. Además, la realidad financiera de las comunidades autónomas está distorsionada por los enjuagues contables. Entre 2009 y 2011, el gasto autonómico se redujo de 188.631 a 162.230 millones de euros. La causa no fue la buena gestión, sino el progresivo impago de facturas a proveedores y la imputación de los pagos pendientes al ejercicio siguiente. Por eso, el déficit público en 2011 se disparó a medida que, en 2012, afloraba la morosidad de las comunidades autónomas con la empresas proveedoras de servicios. Y por eso en 2012 el gasto autonómico aumentó el 4,67 por ciento (7.600 millones de euros) respecto a 2011, porque había que pagar las facturas que habían estado escondidas en el cajón.

No todas las comunidades autónomas presentan el mismo cuadro financiero. Unas son más caras para los ciudadanos (Navarra, País Vasco y Cataluña) y otras más baratas (Madrid). Y algunas se estrechan el cinturón de manera evidente, como Castilla-La Mancha. Con el dinero del Estado autonómico sobran las declaraciones de principio y las proclamaciones de la bondad de las autonomías. Es un problema que no se resuelve con sentimentalismos políticos, sino con objetividad contable: no se puede financiar el Estado autonómico como hasta ahora. Y parte de la solución sigue estando en el cambio de mentalidad que deben experimentar los partidos políticos para dejar de utilizar las estructuras administrativas del poder autonómico como refugio laboral de militantes y amigos. Puede que las nóminas de estos enchufados no representen un porcentaje significativo en el balance, pero sí en la falta de ética con la que se trata el dinero de los ciudadanos.

LA crisis ha dado al concepto de financiación autonómica un enfoque nuevo, que nada tiene que ver con el que solían utilizar determinados gobiernos autonómicos, nacionalistas y no nacionalistas, para que el Estado central aumentara su capacidad fiscal y así pudieran pagar sus deudas. Actualmente, hablar de financiación autonómica remite a una política de austeridad frente al despilfarro, de control presupuestario frente a la prodigalidad, de superioridad del interés general frente a localismos centrífugos. Entre 2010 y 2012, el gasto regional sumó más de medio billón de euros. El volumen de la cifra no significa que no estuviera justificada. En buena parte lo estaba. En otra, no. El Estado autonómico tiene fugas financieras a través de las competencias duplicadas o triplicadas, el exceso de empresas públicas, la mala gestión de recursos y la utilización de la Administración como agencia de empleo de partidos y sindicatos. La insostenibilidad financiera del Estado autonómico se mide en sus costes por familia y año ?mientras aumenta el paro y caen las rentas familiares? y en su aportación, nada positiva, al déficit del Estado en su conjunto. Además, la realidad financiera de las comunidades autónomas está distorsionada por los enjuagues contables. Entre 2009 y 2011, el gasto autonómico se redujo de 188.631 a 162.230 millones de euros. La causa no fue la buena gestión, sino el progresivo impago de facturas a proveedores y la imputación de los pagos pendientes al ejercicio siguiente. Por eso, el déficit público en 2011 se disparó a medida que, en 2012, afloraba la morosidad de las comunidades autónomas con la empresas proveedoras de servicios. Y por eso en 2012 el gasto autonómico aumentó el 4,67 por ciento (7.600 millones de euros) respecto a 2011, porque había que pagar las facturas que habían estado escondidas en el cajón.

No todas las comunidades autónomas presentan el mismo cuadro financiero. Unas son más caras para los ciudadanos (Navarra, País Vasco y Cataluña) y otras más baratas (Madrid). Y algunas se estrechan el cinturón de manera evidente, como Castilla-La Mancha. Con el dinero del Estado autonómico sobran las declaraciones de principio y las proclamaciones de la bondad de las autonomías. Es un problema que no se resuelve con sentimentalismos políticos, sino con objetividad contable: no se puede financiar el Estado autonómico como hasta ahora. Y parte de la solución sigue estando en el cambio de mentalidad que deben experimentar los partidos políticos para dejar de utilizar las estructuras administrativas del poder autonómico como refugio laboral de militantes y amigos. Puede que las nóminas de estos enchufados no representen un porcentaje significativo en el balance, pero sí en la falta de ética con la que se trata el dinero de los ciudadanos.

El Gobierno paraliza la privatización de sus empresas públicas
Javier Fernández www.lavozlibre.com 10 Junio 2013

Periodista

Nueva vuelta de tuerca del Gobierno y cambio de postura. Mariano Rajoy ha dado orden de parar las privatizaciones para hacer caja como hizo en los años noventa, cuando la venta de empresas públicas facilitó la reducción de deuda. En esta ocasión ha constatado que las dificultades son infinitas por varias razones, la primera de ellas, la mala situación de las empresas susceptibles de vender; la segunda, la desfavorable evolución del mercado, y la última y más importante es que la venta de empresas autonómicas, que concentran el grueso del patrimonio, en lugar de contribuir a reducir la deuda la engordan. Ante esta situación la orden ha sido tajante: Se paralizan todas estas operaciones hasta nuevo aviso. Esta es la razón por la que no se volverá a exigir la venta de empresas autonómicas. Se han eliminado 525 entes públicos de los 3.552 organismos dependientes de los entes territoriales. Se pretenden eliminar 686, pero se hará a menor ritmo para evitar que su cierre incremente la deuda de estas Administraciones.

Durante los últimos veinte años, mientras el Estado central se desprendía de la actividad empresarial, las autonomías y los ayuntamientos emprendieron el camino contrario. La estrategia fue diseñada por el diputado socialista Lluís Pérez en el Ayuntamiento de Reus. Se trataba de crear sociedades de gestión, que agilizaran la toma de decisiones y sobre todo que “centrifugaran” el déficit. Fruto de este proceso, se calcula que hay más de 3.000 empresas públicas en España. El grueso de las mismas se concentra en Andalucía y Cataluña. El peor problema que afrontan reside en su deuda comercial, aquello que deben a los proveedores y no está anotado en los libros. Desde finales de 2008, la deuda se había elevado en unos 20.000 millones hasta los 55.000 millones de euros a mediados de 2011, según datos del Banco de España. Eurostat las puso en el punto de mira y obligó al Gobierno de Mariano Rajoy a tomar cartas en el asunto. El problema es que han descubierto que si cierran las empresas es la autonomía o el ayuntamiento quien asume la deuda acumulada. Por esta razón han decidido poner punto final a la estrategia y esperar a que mejore la economía y la situación de las cuentas públicas antes de seguir aflorando problemas.

Pero si la situación es compleja en el ámbito autonómico y local, lo es mucho más en el ámbito estatal. SEPI se había quedado con las empresas industriales residuales, a las que se había buscado una solución tras la reconversión industrial iniciada en los años 80. La estrategia que había diseñado el PSOE era que las empresas rentables pagaran los desequilibrios de las no rentables. Las privatizaciones dieron al traste con esta estrategia y la SEPI ha podido sobrevivir los últimos quince años con los “sablazos” que se han dado en el ámbito internacional para lograr contratos para la construcción naval y las plusvalías de algunas participaciones como Iberia y, sobre todo, REE. Una muestra de las dificultades son los problemas que han surgido en torno a la venta del 25% de Hispasat, que era la única susceptible de venta. Abertis y Eutelsat no se ponen de acuerdo en los compromisos de inversión, razón por la que se están dilatando las negociaciones. Uno de los grandes objetivos que persiguen los tres ministerios de los que depende ese 25% -Defensa, Hacienda y Economía- es que Hispasat se consolide como uno de los grandes operadores de satélites del mundo, dentro de una estrategia empresarial sin carácter político. La empresa española gestiona los satélites españoles y las comunicaciones de las Fuerzas Armadas. Fue fundada en 1989, y ofrece cobertura en el sur de Europa, norte de África y el continente americano a través de su flota de satélites comerciales.

Vuelve Aznar
Marcello www.republica.com 10 Junio 2013

Después de su reaparición en Antena 3 TV, por encargo de su ‘caballero blanco’ y la gran reserva del PP que es Josep Piqué -como lo es Josep Borrell en el PSOE- el que fuera ‘gran timonel’ del Partido Popular, José María Aznar, reaparece hoy ante los medios de comunicación o ¡ante España! de la mano de esos dos pillos de la ex política que son Pepe Bono y Eduardo Zaplana que andan atrincherados entre los restos del Club Siglo XXI. Bono y Zaplana dos almas gemelas, dos ex ministros y ex presidentes autonómicos, dos ex íntimos del Pocero de Seseña, dos amigos de Pedro J., dos que son bastante ricos por arte de magia y dos que quieren volver a la política y al poder a la primera oportunidad que se les presente, y que de momento no se llevan bien con sus respectivos lideres, Rubalcaba y Rajoy.

Pues en este marco y en este ambiente regresa José María Aznar, tras haber sido ninguneado por su partido y el Gobierno de Rajoy desde donde le han acusado de desleal, utilizando el diario “El País” que es el nuevo periódico que orbita entorno a la Moncloa gracias a las ayudas y socorros de Sorayita, la Vicetodo, tiene un ratón chiquitín. En el PP, partido donde la democracia y la libertad no suelen ser atributos habituales y menos aún generalizados, ahora quieren que Aznar enmudezca. Los mismos que antes le jaleaban ahora quieren quitarle la palabra para que no le cante a Rajoy las verdades del barquero.

Ya vamos a ver si el señor del bigote -ahora transparente- se calla y se achanta o sigue con su discurso de hacer frente a todos y cada uno de los problemas empezando por Cataluña y siguiendo por la reforma constitucional y del modelo territorial del Estado. Quizás convencido Aznar de que Rajoy, borracho de su inmenso poder, ve alucinaciones y no se de cuenta de los que está ocurriendo en España, o prefiere no saberlo, o lo oculta intencionadamente. De momento ya se le ha escapado la prima de riesgo hacia los 320 puntos, y nadie descarta el segundo rescate de la banca. Pero da la impresión de que Rajoy está encantado con el espárrago verde que se encontró en el jardín de la Moncloa, su primer brote verde, de la mejora del paro estacional del mayo, un milagro sin duda de la Virgen del Rocío de Fátima Báñez, pero que ya veremos lo que nos dura.

Y por eso dice Rajoy, en alusión a Aznar, que se han acabado los discursos apocalípticos y que el pesimismo pertenece al pasado. Eso es y el hambre de los niños, y la desesperación continua de los mayores y desamparados, la ruina de las empresas, y los más de seis millones de parados pertenecen a la imaginación de unos mal pensados. Y quiera el Olimpo que, entre tanto esperar a las elecciones de Merkel, no nos pongamos este verano encima de los 400 puntos de la prima de riesgo, porque en ese caso a Rajoy le daría un pasmo.

Ahora bien, ¿qué nos va a decir Aznar? Pues que Draghi le acaba de dar la razón en lo de bajar los impuestos, y que no se piensa callar, por más que ‘con el dedo me amenaces, o anuncies miedo’, que decía Quevedo. Aznar es ‘el indomable’. Y a él no le pueden mandar SMS como los de Sorayita tiene un ratón a los ministros (para que no hablen de Aznar), y la loca de Martínez Castro a sus tertulianos, porque el caradura de Carmona no es el único títere al que manejan los amos de la política. Aquí, los ‘argumentarios’ están a la orden del día, por doquier, lo que es lógico y explicable para esta clase política indocumentada y para esos tertulianos de bronca fácil y sumisa cerviz.

Rajoy está furioso con Aznar porque sabe que el ‘fuego amigo’ es el peor, pero el fuego es también purificador salvo de las fallas de Valencia que no consigue acabar con la corrupción. Allí entre sus ninots imputado se fotografió Rajoy este fin de semana, como si nada extraño pasara a su alrededor. Como si Bárcenas no existiera -él no lo menciona-, y como si ya fuéramos en calesa porque la acción del Gobierno ha dejado atrás a los jinetes de la Apocalipsis española, lo que le permitiría a Rajoy cambiar el Gobierno a la vuelta del verano, lo que sería tanto como pedirle que se calle a José María Aznar. Estemos atentos, hoy lo vamos a escuchar.

El fin del bipartidismo y del poder de Rajoy
Pablo Sebastián www.republica.com 10 Junio 2013

Puede que Rajoy y Rubalcaba sean los últimos gobernantes de la transición si se confirma el fin del bipartidismo que anuncian las encuestas electorales. Por ello todo lo que no pacten ahora antes de 2015 en cuestiones de grandes mayorías -como la Corona, en la abdicación y el derecho de sucesión de la mujer, la reforma de las Autonomías, ley electoral y separación de poderes-, o lo que no imponga la mayoría absoluta del PP, no se podrá hacer con facilidad en el futuro Parlamento multipartidario con el que los ciudadanos van a castigar, y con razón, a los actuales dirigentes y gobernantes del PSOE y del PP.

Como en la película de ‘El gran Dictador’ de Chaplin, Rajoy se podía permitir el lujo de jugar en privado en su despacho con un balón que incluyese el mapa de España, porque todo el poder del país está en sus manos. Pero su proverbial inmovilismo ante los problemas nacionales le impide, para bien o para mal, hacer uso de sus prerrogativas poderosas, entre las que no se incluyen -eso no lo dan las urnas- la capacidad de liderazgo, o la audacia y el valor.

Y en consecuencia tampoco goza de una visión de estadista o de una pasión reformista en favor de la Democracia, a pesar de la urgencia española y la oportunidad histórica que tiene por delante. Digamos que Rajoy se conforma con salir más o menos airoso de la crisis, o con que la UE no nos intervenga algo más de lo que ya estamos (lo que debemos anuncio disuasorio del BCE y Draghi), para ver si con algo de recuperación económica consigue llegar a las elecciones de 2015 con posibilidades de victoria (que nunca será absoluta). No en vano Rajoy aseguró hace poco que a él no le pasará lo del presidente G. Bush padre, que perdió ante B. Clinton por subir los impuestos y dañar la economía.

En los dos últimos siglos de la Historia de España sólo las dos dictaduras de Primo de Rivera y Franco tuvieron más poder del que en la actualidad detenta Mariano Rajoy a bordo de la agotada partitocracia española. En la que domina por decreto la acción del poder Ejecutivo, adornada con la mayoría absoluta del Legislativo y con un cómodo control el Judicial (acaba de ocupar el Tribunal Constitucional). Además de todos los canales nacionales de la TV, y una gran influencia sobre la Banca y órganos reguladores de las empresas. Y trece autonomías y la gran mayoría de ayuntamientos del país, toda clase de organismos e instituciones y el BOE.

Todo el poder, pero la pregunta es: ¿y para qué lo quiere? Porque da la impresión que solo para defenderse y sobrevivir sin correr el menor riesgo y huyendo, literalmente, de situaciones conflictivas como la que se derivaría de los demenciales desafíos de Cataluña al Estado, impensables bajo los gobiernos de González o Aznar. Y si huye de esto ¿qué no hará Rajoy ante la idea de una reforma constitucional de la Corona, las Autonomías, o la separación de poderes del Estado -de cuya ausencia disfruta-, la ley electoral y la de partidos? De todo lo que está en el origen de la gran crisis de España, y de la gigantesca corrupción.

Pues lo mismo, Rajoy huirá diciendo que ahora no es el momento de las grandes reformas del Estado, con lo que viene a decir que no será él quien las haga o las lidere en este tiempo de obligadas y decisivas reformas. Entre otras cosas porque él no volverá a tener una mayoría absoluta en 2015, y todo sigue así puede que incluso el PP pierda las elecciones y el poder porque no conseguirá pactar con los partidos del centro (nacionalistas, UPyD y Ciudadanos), entre otras cosas por el vuelco ideológico e involucionista que ha dado en la Justicia, la Educación y la Sanidad (más la Religión y el aborto) que le impedirán al PP pactar con el centro político. Y no digamos lo que puede ocurrir con la monarquía si la desidia de Rajoy -y un nuevo PSOE republicano- dejan a la intemperie la frágil situación de la Corona.

La última encuesta de Demoscopia publicada por el diario “El País”, y relativa a las elecciones europeas de 2014 da: al PP un 24,5% de los votos; al PSOE el 21,5%; a IU 16,8% y a UPyD 13,4%. De manera que si el PSOE, con un nuevo candidato, le quita al PP un 1,6% de los votos Rajoy perderá las elecciones y su inmenso poder. Y entonces, la reforma tendrá un alcance de mayor cuantía y consecuencias imprevisibles y muy difíciles de controlar. De manera que lo que Rajoy (y Rubalcaba) no haga o pacte ahora después de 2015 no lo podrá hacer ni controlar. El fin del bipartidismo puede conducir a su propio final.
www.pablosebastian.com

Federalismo carpetovetónico
Martín Prieto  La Razón 10 Junio 2013

Estanislao Figueras presidió el Poder Ejecutivo (Estado y Gobierno ), pero no la Presidencia de la I República Federal, que no tuvo Constitución, y discurseó a sus paisanos felizmente federados: «Esto es como el iris de paz y de concordia de todos los españoles de buena voluntad». Poco después gritó en catalán a su Consejo de Ministros: «¡ Voy a serles franco; estoy hasta los cojones de todos nosotros !». No podía ser de otra manera.

Los diecisiete estados federados se alzaron insolidarios y autárquicos arguyendo ese derecho a decidir que Artur Mas cree haber descubierto cuando es más antiguo que las pinturas de Altamira. Los estados rechazaban la presencia del Ejército y un enjambre de Sánchez Gordillo parcelaba las finas ocupadas. En el cantón de Cartagena, la flota intentó izar un pabellón rojo y al no encontrarlo en los pañoles de señales enarboló la bandera turca. Un sacrificado marinero se rajó un brazo para tintar con su sangre la media luna y la estrella blancas. Antes del tinte un aterrado telegrafista informó a Madrid de la arribada de la Armada otomana.

En seis meses de guerra, Cartagena abrió hostilidades contra Lorca, y sus fragatas «Almansa» y «Vitoria» bombardearon las potencias extranjeras de Almería y Alicante. Apresadas como piratas por los acorazados «Swiftsure» (alemán ) y «Friedrich Carl» ( inglés ), los cartageneros declararon la guerra a Prusia. Una sinopsis de nuestra historia federal debería ser prueba de selectividad para todo aspirante a concejal o diputado.

La última encuesta nacional hace descender a minorías las aspiraciones independentistas y hasta la credibilidad de las autonomías. En árabe «Alcántara» significa puente, y cuando decimos el puente de Alcántara, redundamos. En 1978 tuvimos miedo a denominar federal el Estado de las Autonomías, pero son lo mismo, y con mayores competencias que un lander alemán. El secesionismo y el federalismo no son otras cosas que la expresión del más cazurro, cejijunto y paleto españolismo celtibérico y carpetovetónico de pandereta. El último eco de sociedad es que los jugadores del Barça se van a disfrazar de maños. No cabe mayor españolada.

El TC o la corrupción de la Justicia
EDITORIAL Libertad Digital 10 Junio 2013

El proceso de renovación del Tribunal Constitucional ha supuesto un nuevo giro ideológico, y ahora tan señalada institución ha pasado a ser un órgano afín al Partido Popular. Tras más de una década con mayoría claramente favorable al PSOE, ahora le toca al PP beneficiarse de su capacidad para dirigir el organismo encargado de juzgar la constitucionalidad de leyes y otras disposiciones objeto de disputa.

En un claro arrasamiento del principio básico de separación de poderes que caracteriza a los Estados de Derecho dignos de tal nombre, en España la victoria en las elecciones generales permite a quienes se hacen con el Gobierno manejar a su antojo los resortes del Poder Judicial. Este mangoneo de la Justicia, en el caso del TC adquiere especial gravedad, al haberse convertido de facto, en lo que supone una grave perversión de su cometido, en una instancia jurisdiccional más, a través de la cual se reinterpretan las sentencias firmes del Tribunal Supremo. Es lo que ocurrió con la legalización de la última franquicia de la banda terrorista ETA, Sortu, gracias a una sentencia del TC que enmendó la plana al TS desvirtuando abrumadores elementos probatorios, a pesar de carecer de facultades constitucionales para perpetrar semejante enjuague jurídico.

Pero la legalización de Sortu, tal vez la decisión más lamentable por la forma en que fue urdida y sus consecuencias políticas, es sólo un jalón más en la trayectoria de un Tribunal Constitucional que si por algo se ha caracterizado ha sido, precisamente, por vulnerar la Constitución cada vez que ha sido requerido para ello por el partido en el poder. Desde el caso Rumasa al nuevo Estatuto de Cataluña, el TC ha estado siempre al servicio del poder político: su polémica trayectoria forzosamente tenía que culminar en la homologación democrática de un grupo terrorista, para que la vergüenza fuera completa.

Transcurridas tres décadas y media desde la aprobación de la Constitución, y constatada la perversión del funcionamiento del órgano encargada de interpretarla, es necesario poner orden en la anomalía jurídica en que ha acabado convirtiéndose el TC. Ninguna reforma de la Justicia, en caso de que hubiera voluntad política de llevarla a cabo, va a poner fin a esta vergonzosa realidad de un TC dividido en bandos políticos, hecho absolutamente escandaloso que ya no escandaliza a nadie. Así las cosas, sólo cabe exigir su conversión en una sala más del TS con el único y exclusivo cometido de interpretar los asuntos sometidos a su escrutinio a la luz del espíritu del texto constitucional. Cualquier otra decisión al respecto será un nuevo apaño de los muchos que, por desgracia, hemos visto consumar.

Rajoy
Mañas de socialista
Emilio Campmany Libertad Digital 10 Junio 2013

Una de las fechas que los historiadores considerarán para señalar el fin de la Transición será la del 28 de octubre de 1982, día en que Felipe González ganó sus primeras elecciones generales. Sin embargo, ahora que se hace a la Transición culpable de muchos de los males que padecemos, habrá que recordar que la mayoría de ellos no se generaron durante ella, sino en el Gonzalato. Y no fueron tanto las leyes socialistas, que también, sino las mañas con las que Felipe gobernó las que sentenciaron a nuestra democracia. Fue en aquella época cuando fue certificada la muerte de Montesquieu y el Poder Judicial fue subordinado a los otros dos. Y que se iban a emplear esas mañas estuvo bien a la vista desde el principio, con la sentencia del Constitucional sobre la expropiación de Rumasa.

Muchos años después, Aznar consiguió interrumpir el camino que el PSOE llevaba de convertirse en el PRI español. En su victoria fue esencial la promesa de regenerar la Justicia. Algo que se sintió como absolutamente necesario después de ver la impunidad de la que habían disfrutado los socialistas gracias al sometimiento de los jueces. Y entonces ocurrió algo terrible. Que el nuevo presidente del Gobierno le cogió el gusto a eso de controlar la judicatura y decidió dejar las cosas como las heredó de Felipe González. El mejor presidente que hemos tenido quiso disfrutar él también del poder que daba mandar sobre el Poder Judicial.

Ahora, esa maña que consiste en que es el presidente del Gobierno quien decide arbitrariamente qué jueces ocuparán los altos cargos de la magistratura en función de su lealtad y disposición a la obediencia se ha incrustado en nuestra constitución no escrita y es vista como algo perfectamente natural. Tan natural que, el otro día, con ocasión del nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, a Antonio Martín Beaumont, periodista de esa derecha que un día soñó con lo regenerador que sería que los jueces fueran independientes, la defendió en el telediario de Ana Samboal. Su argumento era intolerable, pues decía que la nueva mayoría social que había dado la victoria al PP en 2011 tenía que estar presente también en el alto tribunal. La idea era tan zafia que José García Abad, próximo al PSOE que la inventó, se sintió obligado a afeársela.

Nadie quiere arreglar nada. A la vicepresidenta le preguntan por qué el Gobierno ha elegido a éstos para integrar el Tribunal Constitucional y ni se preocupa por defender su capacitación, sino que dice que el Gobierno ha elegido a quienes le ha parecido oportuno y tampoco esconde el haber interferido en los nombramientos que correspondían al Consejo General del Poder Judicial so pretexto de coordinarse con él. Y así, a este PP de nuestras entretelas le cabe el honor de haber convertido las mañas de los socialistas en costumbre constitucional. Y luego dice Rajoy que el pesimismo está en retirada. Rampante es lo que está el mío.

Una putrefacta manta
Alfonso Merlos  La Razón 10 Junio 2013

Diligente, proactiva, hasta el final. Tirando de la manta. Ahí se sostiene la juez Alaya, demostrando que cuando se quiere, se puede. Por el interés de los andaluces y del conjunto de los españoles. Para que la verdad prevalezca y el delito en masa sea reprimido.

Tiene todo el sentido, en este momento y en ese lugar que es la Andalucía carcomida por la corrupción institucionalizada, que se busque en el fondo del estanque. Hay demasiados cadáveres, demasiado robo, demasiado dinero del contribuyente tirado y expoliado, demasiada sinvergonzonería y golfería y canallada de Lanzas y otros sindicalistas del montón.

Dos cuestiones quedan perfectamente dirimidas y clarificadas en el caso de los falsos ERE. La primera, que como certeramente ha subrayado el Partido Popular, Griñán y su peña han estado metidos hasta el cuello, tengan o no vergüenza torera de reconocerlo (que no la tienen). La segunda, que la red clientelar y la tela de araña hedienta que han tejido los socialistas en el sur de la Península durante tres décadas está en el foco de todas las desgracias que se padecen en esa hermosa región de España: el paro, la pobreza, la precariedad, el hambre. Naturalmente que debe averiguarse de dónde ha salido la pasta que todavía mueven con toda la alegría del mundo los que han vivido del cuento, del partido, de la paguita, de la mordida, del chollo de tener al personal anestesiado y cautivo. Aquí no está en juego la salida que se da desde los poderes públicos a un caso más de corrupción. Estamos en lo crucial, en lo estratégico, en lo medular. O ellos o nosotros. O el saqueo o la cárcel para los que lo perpetran. O la justicia que nos redime o el trofeo para los Ali Babás del puño y la rosa. Es facilísimo procesarlo. Y no nos queda otra que hacerlo. ¡Adelante, señora Alaya!

Nacionalismo
La ‘guerra’ de España contra Cataluña
José García Domínguez Libertad Digital 10 Junio 2013

España constituye una unidad de destino en lo universal cuya única razón de ser consiste en oprimir a los pobres catalanes. Resumido en una frase, he ahí el contenido del simposio "España contra Cataluña: una mirada histórica (1714-2014)", dirigido por el antiguo portavoz del PSC, Jaume Sobrequés, y organizado por el Centro de Historia Contemporánea de Cataluña, órgano de agitación y propaganda identitaria dependiente de la Presidencia de la Generalitat. Así, a decir del programa elaborado por los funcionarios de ese ente administrativo,

los diversos ponentes analizarán las condiciones de opresión nacional que ha padecido el pueblo catalán a lo largo de estos siglos, las cuales no han impedido su pleno desarrollo político, social, cultural y económico.

Asunto que acaso despierte alguna perplejidad entre los no advertidos. Pues la pregunta se antoja bien sencilla. ¿Y por qué no lo habrán impedido? ¿Qué clase de opresores nacionales son esos castellanos que, tras trescientos años de hórrida invasión, no han sido capaces de obstruir el "pleno desarrollo" de los aborígenes? Extraños explotadores aquellos murcianos y gallegos que llegaban a Barcelona hacinados en vagones de tercera con sus maletas de cartón para trabajar de sol a sol en las fábricas de los humillados y sojuzgados empresarios locales. Singulares colonos imperialistas los inmigrantes que arribaron de Andalucía para tomar posesión de alguna chabola infecta en las faldas del Tibidabo o de Montjuic.

Curiosos expoliadores de Cataluña los diputados de la Restauración que forzaron a todos los españoles a llevar calzoncillos made in Tarrasa o Manresa solo por dar gusto al patricio Cambó, el del arancel célebre. ¿En que otra invasión se habrá visto que los invadidos dicten hasta cuál ha de ser la ropa interior de los invasores? El avance de la civilización, es sabido, no sigue una línea recta. A veces, sin saber muy bien cómo, sufre retrocesos. Ocurrió en la Alta Edad Media, cuando el edificio milenario de la razón y el pensamiento se vino súbitamente abajo. E igual sucede en la Cataluña contemporánea. La labor de Vicens Vives, de John Elliott, de los grandes historiadores que trataron de liberarla de las brumas del resentimiento mitológico, ha sido destruida por el nacionalismo. Y por completo. Las hordas bárbaras han vuelto a tomar Roma.

De la imposibilidad de lo racional en política
Pedro de Tena Libertad Digital 10 Junio 2013

Siento envidia de los científicos que son capaces de proponer conclusiones que pueden ser falsadas mediante experimentos y pruebas adecuadas, por discutidos que sean. No siempre es fácil, pero las mediciones de Michelson Morley, las observaciones de Eddington o, muy recientemente, las pruebas que han hecho posible la aceptación de la existencia del bosón de Higgs hacen imposible que en la familia científica alguien proponga algo que pueda ser aceptado sin más como conforme a los hechos. Y luego, claro está, se deducen predicciones y leyes que –nada más hay que ver un avión– funcionan. Ciertamente, hay mentiras en la ciencia, algunas clamorosas, pero desde luego la bomba atómica explota, el cohete espacial orbita y los puentes, por poner un ejemplo más terrestre, no se caen. Los ciudadanos pueden confiar en las conclusiones de la ciencia y sus proclamaciones pueden ser comprobadas.

Nada de esto ocurre en la política, a pesar de los milenios que se lleva practicando. Se ha tomado como pilar de la ciencia política el manual de Maquiavelo, que sencillamente reproducía el comportamiento de un príncipe concreto pero más bien es la ciencia del político amoral y sin escrúpulos. Si los Reyes Católicos, Carlos I e incluso Felipe II hubieran actuado así, España sería la potencia más extensa e intensa de la humanidad. El principal problema con el que nos encontramos es que no hay siquiera consenso en la definición de la política. Mientras, para resumir, unos la consideran como la ordenación de los medios públicos para conseguir el bien cómún usando medios morales, otros la entienden como instrumento de la lucha de clases para derrocar a una de ellas e instaurar la dictadura de la otra usando todo tipo de medios, y algunos más la imaginan como el método para hacer real sus utopías nacionales sin reparar en la verdad o la decencia.

En el caso de España, ni siquiera esa palabra, España, que parecía ya decidida en la última Constitución, se comprende del mismo modo. Pero es más, es que ningún estudioso ha afrontado el problema de cómo discernir políticas económicas concretas que benefician a las mayorías en un tiempo razonable de otras que hunden a las mayorías en crisis que las arruinan. Con el tiempo que ha pasado, ya debería saberse empíricamente si las subidas de impuestos, verbigracia, favorecen el desarrollo de una sociedad o si los Planes B contribuyen o no al desarrollo. Si esto es así en economía, repasen qué ocurre en asuntos como la familia, la educación, el medio ambiente, la empresa, la religión, la cultura...

En la política reside aquello que maravillaba a Kant, "el mundo moral en mí", la libertad, ese milagro compatible con las leyes del "cielo estrellado sobre mí". Pero en esa libertad de la política, además de las conductas sinceras, más o menos argumentadas y coherentes, caben las farsantes, las hipócritas, las amorales e incluso las terroristas. Entonces es cuando siento envidia de la ciencia, de una mirada en la que pudiéramos concertar todos y por consenso un futuro común.

Y entonces es cuando uno cae en la cuenta de que tal cosa no es posible porque tal cosa podría representar el fin de la libertad del horizonte de las sociedades. En la política cabe la opinión, la doxa, no la ciencia, la episteme. Preferible la lucha, la tensión, la discrepancia, incluso la maldad. Sí, la libertad es el primer valor.

Propaganda nacionalista
Víctor Andrés Maldonado www.vozbcn.com 10 Junio 2013

La glosa de la España imperial, el paso invencible de nuestros gloriosos ejércitos… Los que lucimos ya unas canas creímos que con la restauración de la democracia en España la propaganda nacionalista pasaría a mejor vida. Pero por desgracia no parece que vaya a ser así. Lo que pasa es que la propaganda no puede, por mucho que se empeñe, cambiar los hechos, sobre todo los del pasado. Por ello, la fascinación de la victoria de Lepanto frente a los turcos y las victorias de los tercios de Flandes no pueden esconder el hecho que desde la derrota de estos últimos allá por el siglo XVII, los ejércitos españoles no han sido precisamente conocidos por sus victorias: todos conocemos las derrotas de Trafalgar a principios del siglo XIX, las pérdidas de Cuba y Filipinas a finales del siglo XIX, el desastre de Annual en 1921, por poner los ejemplos más conocidos.

Los que no somos nacionalistas de ningún tipo confiamos en que el método democrático, es decir, el debate de ideas abierto y libre para canalizar las diferencias de puntos de vista sobre la base de hechos objetivos (aun cuando las percepciones de los mismos puedan ser divergentes) y dentro del marco del Estado de derecho, nos proporcionaría una fórmula que nos permitiría avanzar juntos (en convivencia) hacia la modernidad.

Sin embargo, ese no parece ser el caso, últimamente, en particular desde que CiU y ERC se lanzaron en su particular cruzada hacia el proceso soberanista en Cataluña. Determinadas emisiones de TV3, como el reciente reportaje Hola, Europa! donde se glosa de forma unilateral las bondades del proceso soberanista y la necesidad de la independencia sin contraste alguno con opiniones diferentes. La falta de neutralidad en la presentación de las balanzas fiscales entre Cataluña y el Estado, como justificación de un trato discriminatorio (el famoso “expolio fiscal”), cuando el actual sistema de financiación autonómico (al igual que los anteriores) fue un pacto entre los gobiernos de la Generalidad y el de España; en todo caso, se podría aducir que fue un mal pacto, una mala negociación por parte de los encargados de llevarla a cabo desde el Gobierno de la Generalidad y, por ende, solicitar su modificación cuando venza el mismo (en 2014), pero lo que no se puede hacer, sin faltar a la palabra, es no respetarlo y, encima, acusar al otro de expoliarte. Otro ejemplo a resaltar es el inefable vídeo de Alfred Bosch (ERC) intentando convencernos de que el diseño de la Sagrada Familia es una representación arquitectónica de la estelada (cuatro barras y una estrella coronando). No sé cómo no se le cae la cara de vergüenza al decir esas cosas.

Pero que un representante político de un partido haga propaganda de cualquier tipo (siempre y cuando no exceda los límites a los que la libertad de expresión está sujeta legalmente), tiene su pase, pues el electorado ya les pasará cuentas si así lo estima oportuno en las urnas. Lo que no es aceptable es que los medios públicos de comunicación o aquellos subvencionados de una manera importante adopten posiciones sesgadas a favor de los partidos que ocupan el gobierno en dicho momento (y que los subvencionan a través del dinero de todos los contribuyentes) sin ni siquiera, como mínimo, dar opción a opiniones divergentes a expresar sus diferencias. A eso, en el mundo desarrollado, se le llama utilización de los medios públicos para fines partidistas, un elemento que refleja una clara debilidad democrática.

Pero lo que parece ya un exceso es el simposio que la Generalidad está organizando de cara a la celebración del 300 aniversario de la entrada de las tropas de Felipe V en Barcelona en 1714 como consecuencia de la Guerra de Sucesión a la corona española. Los que no comulgamos con el credo nacionalista catalán estamos acostumbrados a oír, año sí, año también, el relato nacionalista sobre la pérfida España y el desastre que para las libertades nacionales de Cataluña supuso tal acontecimiento. Dicho sea de paso, un caso curioso en el mundo desarrollado la celebración de una derrota, cuando lo que se suele celebrar es una victoria o una efemérides singular (y en términos positivos) en la historia de un país. Pero lo que se prepara pasa de castaño oscuro. El título lo dice todo: España contra Cataluña: una mirada histórica (1714-2014).

Pero, por si había dudas, los apartados principales del ciclo de 22 conferencias no tienen desperdicio: La represión institucional, política y administrativa, La represión económica y social (con una conferencia bajo el sugestivo título de La apoteosis del expolio: siglo XXI), La represión cultural y lingüística. ¿No habría sido más fácil organizar este simposio bajo un epígrafe más neutral e invitar a destacados y reconocidos historiadores internacionales (que los hay, en particular en el Reino Unido, Francia y los EEUU), así como catalanes (nacionalistas o no) y no catalanes para que se produjera de verdad un debate y cada uno pudiera exponer sus tesis sobre lo sucedido tanto en 1714 como desde entonces? De esta forma los ciudadanos de Cataluña habríamos podido escuchar las distintas posiciones al respecto y sacar nuestras propias conclusiones. Esto habría dado credibilidad al simposio y, en su caso, al relato nacionalista catalán de maltrato por parte de España. Sin embargo, no parece que vaya a ser así; al contrario, a la vista de lo publicado todo apunta a un acto de propaganda nacionalista más.

Ante esta estrategia, uno se pregunta cuáles pueden ser los objetivos que mueven al nacionalismo catalán a utilizar la propaganda como instrumento habitual en su quehacer político en los últimos tiempos. El más obvio es el intentar convencer a un mayor número de ciudadanos sobre la pertinencia del actual proceso soberanista y la necesidad de construir un Estado propio para Cataluña como solución a todos los males que nos aquejan. De ser así, esto reflejaría la propia debilidad y falta de fundamento de todo el proceso, ya que lo evidente para el nacionalismo (el famoso clamor de la sociedad catalana) no lo sería tanto, por lo que, como dice el propio Artur Mas, andaría necesitado del apoyo de una amplia mayoría que, por deducción, no tiene actualmente.

Puestos a pensar lo impensable, y a la vista del fracaso en obtener el apoyo de la comunidad internacional a las tesis secesionistas, uno podría preguntarse si no existe también una estrategia premeditada de búsqueda de la confrontación para, a través de la provocación, esperar que alguien con poco juicio lleve a cabo una locura que podría servir como justificación del actual proceso soberanista (tipo acción-reacción, como en su día hizo el nacionalismo violento en el País Vasco). Esperemos que no sea así. En cualquier caso, la deformación es tan grosera (no sólo “España nos roba”, sino que, además, se ha pasado los últimos 300 años oprimiendo a Cataluña desde todos los frentes) que el nacionalismo no se da cuenta que es negativa para sus propios intereses; pero es que el sentimiento les puede.

En este sentido, y por comparación, llama la atención la actitud del ministro del Interior francés, Manuel Valls (nacido en Barcelona, de paso sea dicho), cuando hace unos días afirmó que Francia no aceptará que la lengua corsa sea el segundo idioma oficial de Córcega junto al francés, rechazando de esta manera una moción aprobada recientemente por el parlamento regional de la isla. Ni que decir tiene que no existe un sistema de inmersión lingüística en corso en la enseñanza. Lo mismo sucede con el catalán en la llamada Cataluña Norte donde no es lengua oficial ni existe un sistema de inmersión en la enseñanza. Pero, eso no es opresión cultural y lingüística, claro que no, Francia es el origen de la democracia moderna en Europa a través de su revolución, mientras que España es el origen de todos los males y la opresión personificada.

Los ciudadanos de Cataluña no queremos más propaganda, particularmente si, además, la pagamos con nuestros impuestos. Queremos, en todo caso, un debate sereno y sobre la base de datos objetivos. No busquemos enemigos exteriores. Lo peor de todo es que el actual proceso soberanista ya ha provocado la división de la sociedad catalana como no se recordaba en muchos años y amenaza con dislocarla.

Víctor Andrés Maldonado es economista y experto en relaciones internacionales

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La antesala del separatismo
Juan Vicente Santacreu Periodista Digital 10 Junio 2013

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Es curioso como cada día se van sumando periodistas y personajes mediáticos al grupo de ciudadanos alarmados ante el empuje separatista catalán en España. Aclaro lo de España porque en Francia, ni hay alarma ni se le espera. En Francia, aunque seas catalán o vasco, para asuntos oficiales se habla francés y para ir a por pan puedes hablar como te de la gana. ¡¡Seamos serios!! En un juicio, en “El Tribunal de lo Criminal” de Paris contra un etarra, ni de coña se le ocurre hablar en Vasco a nadie, y mucho menos pensar que le puedan poner un traductor de vascoño al etarra. O se lo traduce su abogado o va arreglado. En Francia se habla francés, los etarras están en la cárcel y Bolinaga no estaría en la calle de copas y chuleando a sus víctimas.

las lenguas y el separatismo en España
De los gabachos he dicho muchas cosas, desde que son más guarros que la tiña, y te aseguro que es cierto, hasta que son unos mierdas, pero lo que nadie puede decir es que son unos gilipollas como los españoles. Aquí y ahora podemos ver a muchos periodistas alarmados por la deriva española, todos y todas alborotadas como si fueran putas escandalizadas por ver las bragas a su compañera, en cambio nadie señala ni pone el dedo en la llaga del germen del separatismo.

Las lenguas tribales son la antesala de los nacionalismos, y estos son el umbral del separatismo. Después de 35 años adoctrinando a los jóvenes e imponiendo unos dialectos tribales, que excepto el catalán el resto son inventados y normalizados, ¿qué esperabas?. Ahora todos se escandalizan por esta “mierda” pero nadie se da cuenta que antes era simple lodo, y ya sabes, de aquellos lodos, estas mierdas. Así que, si en el periodismo queda un ápice de sentido común y unos mínimos de dignidad española, ya va siendo hora que se señale el verdadero tumor de España. No te olvides que las Autonomías son el cáncer de España, pero las lenguas son la metástasis que recorren la sociedad.

Por cierto, ¿sabes que los periodistas son el grupo peor valorado por la sociedad? ¡¡Por algo será!!.

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Y si quieres información para poder ser español en España >> Masaborreguera

Juan Vte. Santacreu – Periodista Digital

Historia y ficción
JUAN VAN-HALEN. ABC 10 Junio 2013

ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

Es denigrante que siglos después sigamos preguntándonos qué es España. Esa pregunta no se la hacen, por ejemplo, en Italia o en Alemania, que accedieron mucho más tarde a su unidad nacional. Sabemos bien qué es España y qué es Cataluña como parte de ella

EL 25 de noviembre de 1984 coloqué al frente de una página de ABC el título «¿Qué es España?». Casi tres décadas después la situación que motivó aquella vieja reflexión está más envenenada y es más desafiante. Escribí entonces que esa pregunta está resuelta por la Historia. España no es un capricho artificial y esa interrogación sólo se plantea en etapas de la Nación que algunos entienden como de debilidad y decadencia, cuando se escudriña la realidad desde la revancha, el interés económico o el oportunismo rampante. Es un río que fluye desde el derrotismo egoísta, que latió ya en el siglo XVI en Flandes, discurrió en el derrumbamiento de los virreinatos ultramarinos en las primeras décadas del XIX y desembocó en el triste mar de la catástrofe del 98.

Los despropósitos independentistas llegan ahora con un cínico disfraz de supuestas exigencias democráticas, y la capacidad de respuesta nunca había quedado, al menos aparentemente, tan desdibujada. Episodios graves como los emprendidos por Francesc Macià en 1926 con el proyecto de intentona armada de Prats-de-Molló y la proclamación de la República Catalana en 1931, y por Lluís Companys con el golpe de Estado de 1934 que proclamó el Estado Catalán, supusieron claros retrocesos históricos para Cataluña, ahondaron brechas con el resto de España, pero tuvieron respuesta. En 1926, con el procesamiento en Francia de Macià y los suyos; en 1931, con una rectificación; y en 1934, a las bravas. Tras sofocar el Ejército la rebelión de Companys, al mando del general Batet, nada sospechoso de derechismo, que sería fusilado en 1937 en Burgos por no haberse sumado al alzamiento militar de 1936, ingresaron en la cárcel el presidente de la Generalitat y su Gobierno, y las Cortes de la República decidieron la suspensión de la autonomía. La Generalitat sólo fue repuesta en sus funciones, y su presidente rehabilitado, tras el controvertido triunfo del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936.

En 1984, cuando apareció aquel viejo artículo, Jordi Pujol presidía la Generalitat desde 1980 s,ucediendo a Josep Tarradellas, uno de los fundadores de ERC, que había llegado al pragmatismo desde su larga experiencia en Cataluña y su exilio en Saint-Martin-le-Beau. El antiguo conseller en cap de Companys, con el que no acabó bien, entendía que Cataluña debía ser autocrítica, alejarse del victimismo y no culpar al Estado español de sus problemas. Tarradellas se lo trabajó, Pujol se lo encontró hecho, y Mas vive de aquellas rentas políticas. El «hecho histórico» no es el que protagoniza Mas con su inconstitucional «derecho a decidir», sino el que protagonizó Tarradellas al revivir la Generalitat, que como institución sólo permanecía en la nostalgia del exilio.

En estos tres decenios, el tiempo de gestación de dos generaciones, según Ortega, los independentistas catalanes se han ocupado de convertir su Historia en ficción e inocularla así a los niños y muchachos. Eso explica muchas cosas. No existió nunca el Reino de Cataluña ni una Corona Catalana-Aragonesa. Cataluña era una suma de condados a cuyo frente aparecía el conde de Barcelona. La unión de Barcelona y Aragón se produce cuando Petronila, hija de Ramiro II el Monje, rey de Aragón, contrae matrimonio en 1150 con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, no rey de Cataluña. La reina fue Petronila, no rey su marido, que pasó a ser consorte de la reina. Se había iniciado una rama Aragón-Barcelona dentro de la Casa Real de Aragón, pero en sentido inverso al que nos presenta la Historia inventada. En esta línea, Alfonso II es, en 1164, titular de la Corona de Aragón, y así hasta Fernando el Católico, que con su esposa Isabel I de Castilla acomete la unidad nacional.

Otra falacia histórica es la transformación de la Guerra de Sucesión española en Guerra de Secesión que los independentistas se disponen a conmemorar el año próximo. Carod Rovira, hoy olvidado, anunció la celebración cuando era un mandamás: «Se trata de preparar la conmemoración del fin de la Guerra en 2014, y he elegido esta fecha porque hace trescientos años que Cataluña perdió el Estado, y ese sería buen momento para que Cataluña decida si lo quiere recuperar». Pero Cataluña nunca «perdió el Estado», de modo que no puede «recuperarlo», porque nunca lo tuvo. Ni aquella fue una guerra entre España y Cataluña.

A la muerte de Carlos II en 1700, la Guerra de Sucesión enfrentó en España y en otros escenarios europeos a los partidarios de dos pretendientes a la corona española: Felipe de Anjou y el archiduque Carlos de Habsburgo. La guerra se prolongó hasta 1713 y la ganó Felipe de Anjou, que reinaba con el nombre de Felipe V. En 1711 murió el Emperador José I de Habsburgo y fue llamado al trono imperial su hermano el archiduque Carlos, por lo que abandonó sus pretensiones sobre España. En 1713 se firmó el Tratado de Utrecht, en el que Barcelona, como integrada en el Reino de Aragón, era parte de la Monarquía. Firmada la paz, no había motivo ni derecho alguno que amparase el empecinamiento bélico de Barcelona. El último episodio de esa contienda, artificialmente prolongada por los tesoneros barceloneses, fue la toma de la ciudad el 11 de septiembre de 1714. No ha sido menos manipulado el papel que jugó entonces el conseller en cap de Barcelona Rafael Casanova, convertido en icono independentista. Antes de que la ciudad claudicara, Casanova distribuyó un Bando en el que confiando en que los barceloneses, «como verdaderos hijos de la Patria», derramaran «gloriosamente su sangre y su vida por su rey (se refería al pretendiente archiduque Carlos, que ya no optaba a la corona), por su honor, por la Patria y por la libertad de España». Casanova fue perdonado por Felipe V y murió a los 83 años de edad en su pueblo natal, Sant Boi de Llobregat.

Fernando el Católico aseguró a Francesco Guicciardini, el joven y hábil embajador florentino, que «la Nación sólo puede hacer grandes cosas si se mantiene unida y en orden». Es denigrante que siglos después sigamos preguntándonos qué es España. Esa pregunta no se la hacen, por ejemplo, en Italia o en Alemania, que accedieron mucho más tarde a su unidad nacional. Sabemos bien qué es España y qué es Cataluña como parte de ella.


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