AGLI Recortes de Prensa   Martes 11 Junio 2013

Aznar se enfrenta a la realidad que Rajoy rehúye
EDITORIAL Libertad Digital 11 Junio 2013

La intervención de José María Aznar en el Club Siglo XXI no defraudó las expectativas levantadas, como ocurre cada vez que el presidente de honor del Partido Popular opina sobre política nacional. Tras la entrevista que hace dos semanas concedió a Antena 3, en la que desgranó una serie de reproches muy serios a la acción de Gobierno de Rajoy, el discurso de ayer fue la ocasión para sistematizar un amplio programa político del que el PP debería tomar muy buena nota.

El discurso de Aznar partió de un análisis certero de los grandes problemas que nos aquejan como Nación, a partir del cual detalló un preciso catálogo de reformas imprescindibles para superar la crisis actual, que, en contra de lo que afirman el Gobierno y el PP, no es solamente económica.

La primera referencia importante de la disertación de Aznar tuvo como objeto la defensa de la división de poderes, aspecto esencial de todo Estado de Derecho. Los enjuagues de Gobierno y oposición para manejar los resortes del Poder Judicial no pueden ser asumidos como un rasgo inevitable de nuestra democracia sino que, como sostuvo Aznar, son el principal motivo para una reforma en profundidad de la Justicia que garantice su independencia. También el sistema educativo, objeto actualmente de una reforma de carácter principalmente técnico, estuvo presente en la conferencia del expresidente, que insistió en la necesidad de "arrumbar prejuicios" y evitar "la pervivencia de paradigmas fracasados".

Pero tal vez la crítica más en sazón de todo el discurso de Aznar fue la que dedicó a las amenazas a la soberanía de la Nación y la necesaria reforma del modelo territorial, claramente desmadrado, sin que las instituciones nacionales sean capaces de devolver a las autonomías nacionalistas al orden constitucional. El presidente de honor del PP destacó dos cuestiones básicas que el Gobierno debería tener claras. En primer lugar, que la Nación española y su soberanía no pueden ser objeto de discusión, en contra de lo que estamos viendo desde que la Generalidad de Cataluña inició su proceso secesionista. En segundo término, la necesidad imperiosa de "incrementar la racionalidad organizativa y económica del modelo territorial, tanto en lo que se refiere al Estado Autonómico como a los entes locales", pues las ineficiencias y duplicidades están suponiendo un lastre demasiado gravoso como para que podamos iniciar la senda de la recuperación económica. En contra de lo que sugieren con insistencia las intervenciones del actual responsable de Hacienda, "no podemos resignarnos a ser la sociedad que nuestras Administraciones nos imponen", sino que éstas "tienen que servir a la sociedad que queremos".

El conjunto de las medidas defendidas por José María Aznar constituyen un plan de reforma constitucional, por más que el expresidente del Gobierno decidiera no hacer mención expresa a una modificación de la Carta Magna. No obstante, el profundo calado de las reformas que el país necesita exige que sean llevadas a efecto, bien a través de una modificación de la Constitución, bien explotando a fondo los mecanismos previstos en ella para revertir los graves excesos que la clase política ha protagonizado en las últimas décadas.

Frente a la resignación de un presidente del Gobierno partidario de la inacción ante los graves problemas de orden político, José María Aznar hizo ayer una llamada al coraje verdaderamente reformista, poniendo el acento en las cuestiones más sustanciales, por polémicas que puedan resultar. Es la diferencia entre asumir el liderazgo político y rehuir la realidad para evitar la confrontación.

Aznar en el Club Siglo XXI
En tono de presidente
Emilio Campmany Libertad Digital 11 Junio 2013

Aznar ha pronunciado un discurso importante. Ha empezado haciendo un diagnóstico. No lo ha dicho con estas palabras, pero ha venido a acusar al PSOE, el de González y el de Zapatero, de dinamitar el régimen de 1978. El primero, por bloquear el camino abierto por la Transición y no ser capaz de adaptarse a los cambios, de España y del mundo. El segundo, por quebrar el progreso político, económico e internacional iniciado en la era Aznar. Dicho con las palabras del expresidente, la izquierda, "en lugar de adaptarse a un mundo distinto, decidió que era España la que debía adaptarse a la izquierda de siempre". Y para esta reaccionaria misión encontró como aliados a los nacionalistas. Y en 2011 los españoles decidieron que España debía reanudar el proceso de modernización interrumpido en 2004.

Este diagnóstico es en esencia certero. Es verdad que en la era Aznar podía haberse puesto freno a la voracidad nacionalista y no se hizo. Y no es menos cierto que pudo reformarse la Justicia y se renunció a hacerlo. Pero, en esencia, España se recuperó económicamente, haciendo posible el Estado del Bienestar, y logró una posición en el mundo acorde con nuestras capacidades. Y el PSOE de Zapatero se cargó todo eso. Aznar no ha criticado a Rajoy, pero, al describir los errores y horrores de la política del socialista, reprendió la del actual inquilino de La Moncloa en la medida en que es, en tantos aspectos, continuidad de la de su antecesor.

¿Qué hacer? Aquí el expresidente ha sido voluntariamente vago. Ha dicho que no puede estar abierta a discusión la Nación española, que quien rompe los pactos no puede esperar que se reconstruyan en los términos que ellos deseen, que hay que reformar la Justicia, que la democracia se basa en el Estado de Derecho, que hay que asegurar la igualdad de oportunidades, de derechos y la solidaridad de todos los españoles. Más concreto ha sido cuando ha dicho que el equilibrio entre unidad y diversidad no puede ser malbaratado por la gravísima deslealtad de algunos y que en nuestra Constitución hay suficientes resortes para evitarlo, o sea, una clara apelación al artículo 155. También ha sido relativamente preciso al propugnar una reforma fiscal al servicio del empleo y del crecimiento y no al de las Administraciones, que es tanto como reclamar una bajada de impuestos acompañada de un adelgazamiento del Estado.

Un discurso de presidente de Gobierno dado por uno que no lo es. La cuestión ahora es si este programa, todavía excesivamente indeterminado, está detrás del deseo de ponerlo en práctica haciendo cuanto en su mano esté para lograrlo o se limita a ser el consejo que se dirige a uno que se sabe que no sólo no desea escucharlo sino que es seguro que no lo va a seguir. En definitiva, nos falta saber si Aznar sólo aspira a ser el mozo de estoques que le dice al matador cómo tiene que lidiar el morlaco que le ha tocado en suerte o si está dispuesto a vestirse de luces, demostrar lo que sabe hacer con la muleta y sacar de los carteles al trompo que nos ha tocado en suerte y que no para de pinchar y recibir avisos. En poco tiempo tendremos la respuesta.

Partido Popular
La pachorra conservadora
Mikel Buesa Libertad Digital 11 Junio 2013

Tras los dislates y el derroche de recursos que supuso el zapaterismo, la sociedad española acogió con esperanza el relevo en el poder del socialismo, dio al Partido Popular una mayoría parlamentaria con la que pudiera emprender las reformas y cambios que se enunciaban en su discurso político. Lo cierto es que los electores que se decantaron por un reformismo amplio, en el que se incluían aspectos casi estrictamente económicos junto a otros de índole política y moral, se vieron pronto frenados en sus aspiraciones de cambio por un Gobierno parsimonioso que, tratando de consolidar la hegemonía conservadora, perdió un tiempo precioso a la espera de las elecciones regionales en Andalucía. Las reformas estructurales y muy especialmente la formulación de un presupuesto austero llegaron así con un retraso que resultó ser pernicioso para el manejo la política económica, pues los operadores de los mercados financieros no perdonan la indecisión, de manera que en junio de 2012 el Gobierno se vio impelido a solicitar la ayuda europea para abordar el rescate bancario.

Fue en los meses previos a este último acontecimiento cuando los españoles asistimos a un deterioro creciente de la situación financiera del país, lo que dio lugar a importantes presiones sobre el Gobierno para que se pusiera en manos de las autoridades europeas con objeto de allegar recursos a las arcas públicas. El presidente Rajoy se resistió a tal posibilidad –seguramente con razón, pues ello habría certificado su fracaso político en muy poco tiempo– y al final los daños se limitaron a ese segmento de nuestras entidades bancarias formado por las viejas cajas de ahorros reconvertidas. La parsimonia fue, en aquellas circunstancias, una virtud, pero impregnó la manera de afrontar los problemas políticos de tal forma que acabó cercenando el impulso reformista del Gobierno y trastocándolo por una pachorra conservadora que hace muy difíciles los cambios institucionales que requiere el país.

A ello contribuyó también el problema de Cataluña, pues todo indica que Rajoy cree que el impulso secesionista puede ir desinflándose con el tiempo, apaciguando los ánimos y trastocando las instituciones –en concreto las que buscan asegurar la estabilidad presupuestaria– para no ahogar del todo los aprietos financieros de la Generalitat. Y no me sorprendería que apostara a que el golpe final al independentismo catalán lo den los electores escoceses, con su referéndum autodeterminista, mientras se celebran los fastos del centenario de la caída de Barcelona en la Guerra de Sucesión. Una apuesta, por cierto, muy arriesgada, pues podría ser que, amén de reforzar al nacionalismo más radical, una política de esta naturaleza acabara fallando en el terreno financiero, con consecuencias no menores para el conjunto de España.

El caso es que el Gobierno se ha instalado en la pachorra conservadora para rehuir los descontentos que inevitablemente acompañan a toda política reformista, haciendo de ésta un mantra que se invoca en los papeles que se trasiegan por Europa pero que no se desea realizar con la prontitud requerida. Y para ello se recurre a las viejas técnicas de gobierno que hacen depender las decisiones de comisiones interministeriales o del dictamen de grupos de expertos, así como del diálogo con todos los agentes sociales que quieran terciar en los asuntos. Lo vimos el año pasado con la reforma de las universidades –seguramente ya aparcada, después de un informe que irritó a los rectores, a los sindicatos y a los grupos de presión académicos que veían peligrar su poder–; lo estamos viendo ahora con la reforma de las pensiones –con respecto a la cual la formulación de un factor de sostenibilidad ha logrado que el Gobierno eluda la molesta solución de adelantar la vigencia del aumento de la edad de jubilación– o con la de las Administraciones Públicas –contra la cual, sin que se disponga de ningún papel redactado con seriedad, ya han saltado alcaldes, presidentes de diputaciones y políticos locales de todo el espectro ideológico–; y lo veremos, sin duda, con la reforma fiscal cuando, en un tiempo futuro aún sin precisar, tengamos en nuestras manos el parecer del panel de hacendistas recién prometido por el ministro Montoro.

Pero no se trata sólo de alargar los plazos para tomar decisiones, sino también de volver sobre los pasos ya dados con mejor o peor fortuna y someter así las correspondientes políticas a la pachorra conservadora, en espera de que el agotamiento de la legislatura deje para más adelante la solución de los asuntos pendientes. Esto es lo que se ha constatado en el caso de la aplicación del principio constitucional de estabilidad a las cuentas de las comunidades autónomas, haciendo de la última reforma de la Carta Magna un papel mojado, a pesar de los perjuicios que, a la larga, ello va a ocasionar para la economía española. Se ha visto también con la reforma del sistema energético, de manera que las desavenencias que ha habido sobre este tema incluso dentro del propio Gobierno han hecho naufragar, de momento, la loable intención del ministro Soria de frenar los costes de la electricidad y, de paso, empezar a solucionar el grave problema del déficit tarifario. Y se ha comprobado asimismo en la delicada cuestión de la política antiterrorista por lo que atañe al tratamiento de los reclusos de ETA, cuando el cuestionamiento de la vía Nanclares –a la que quiso dar continuidad el ministro Fernández Díaz, a pesar de su ineficacia– ha dado paso a un no hacer nada que está contribuyendo a sostener el poder de la organización terrorista dentro de las prisiones.

Esta pachorra conservadora está teniendo consecuencias muy relevantes sobre los ciudadanos, cada vez más desencantados de sus opciones electorales y cada día más imbuidos de desafección con respecto al sistema político, especialmente entre las clases medias. Los sondeos electorales muestran que el PP ha perdido ya a más de la mitad de sus votantes. Ello no sería grave si, paralelamente, un PSOE centrado se hubiera reforzado con esa aportación. Pero no ha sido así, pues este partido ha visto cercenada su base electoral en algo más de un tercio. Y todo ello mueve a la opinión pública hacia las opciones minoritarias –como es el caso de IU y UPyD– y, de una manera más importante, hacia la abstención y la indiferencia con relación a la política. Con un panorama así, se visualiza ya un futuro de ingobernabilidad, pues, en las aludidas circunstancias, los elementos correctores que el sistema electoral impone sobre la fragmentación política pueden ser insuficientes para preservar la estabilidad. Si esto llegara a ser así, entonces se haría cierta, una vez más, la observación que, en su obra más reciente, formuló el escritor libanés Amin Maalouf:

Quien intenta retrasar un naufragio corre el riesgo de apresurarlo.

Políticos, sus cuentas y el fisco
Editorial www.gaceta.es 11 Junio 2013

Que 24.000 euros se trasieguen sin la menor constancia escrita es, lamentable, cuando no calamitoso y muy poco serio.

En su declaración acerca del préstamo que recibió del Partido Popular para hacer unas reparaciones en su casa, dañada como consecuencia de un atentado terrorista, el presidente del Senado Pío García-Escudero ha manifestado, según la Cadena Ser, que no hizo constar en su declaración de IRPF ese ingreso ni su devolución, porque “no sabía que se tuviera que declarar”, y que no pidió ni dio ningún documento relativo a ese préstamo porque “había una relación de confianza” con el entonces tesorero del PP Álvaro Lapuerta. He aquí otro episodio ciertamente peregrino y revelador del nivel manifiestamente mejorable de nuestra política.

Por lo pronto, resulta que la cuarta autoridad del Estado se declara ignorante de sus deberes con el fisco. No puede disculpársele esta deficiencia porque no sea jurista, porque la mayoría de los contribuyentes tampoco lo son, y además don Pío preside una de las dos Cámaras del Poder precisamente llamado Legislativo. Verdaderamente, la declaración del presidente del Senado es antológica. Pero se da la circunstancia de que puede ser hasta verdad, ya que si hubiera incluido el préstamo en su declaración de la renta es muy probable que hubiese tenido que pagar menos. Fantástico.

En cuanto a la “relación de confianza” entre un senador y el tesorero de un partido político como justificación de que una cantidad tan respetable como 24.000 euros se trasiegue sin la menor constancia escrita, lo más benévolo que se puede decir es que estamos en un caso de administración de dinero público (al menos en buena parte) como mínimo lamentable, cuando no calamitosa, y en cualquier caso muy poco seria. No ha ocurrido nada con ese préstamo, no se ha perdido un céntimo; pero lo alarmante no es eso, sino la seguridad de que si hubiera ocurrido algo indeseado, no habría forma de demostrar nada. El Partido Popular tiene un problema con este asunto.

Ahora bien: sentado lo que antecede, la reacción de algunos medios ante la conducta fiscal de García Escudero produce risa y no poca vergüenza ajena, y recuerda la escena de Casablanca en la que el capitán Renault ordena el cierre e inmediato desalojo del bar de Rick, y cuando este le pregunta por qué, responde: “¡Un escándalo, un escándalo! ¡Me he enterado de que aquí se juega!”; y a continuación, el crupier se le acerca y le da unos billetes: “Sus ganancias, señor”. Es verdad que los políticos tienen un deber de ejemplaridad al que han de hacer frente; pero los otros políticos –que no es que tengan el techo de cristal, sino que ya está hecho añicos en los tribunales– no parecen los más adecuados para hacerse las doncellas mancilladas; y los medios que magnifican este episodio deberían reflexionar acerca de su renuencia y hasta su silencio al tratar (o no tratar) espectáculos, esos sí, escandalosos como los ERE socialistas de Andalucía.

Aznar advierte a Rajoy sobre la Cataluña desleal
Pablo Sebastián www.republica.com 11 Junio 2013

Aznar ha vuelto a decirle a Rajoy lo mismo que ya le dijo en la entrevista de Antena 3 TV: que tiene que bajar los impuestos para favorecer el crecimiento y que debe poner freno a “la gravísima deslealtad” del Gobierno catalán, diciendo que “en la Constitución hay resortes para evitarla”. Y añadió: “No está abierta la discusión sobre la nación española”, dijo Aznar, quizás recordando que fue Zapatero -que también reapareció anoche en otro acto en Madrid- quien dijo aquello de “la nación española discutida y discutible”.

Sin embargo, esta vez, el que fuera presidente del Gobierno del PP, subrayando su derecho a hablar en libertad, le ha leído ‘la cartilla’ de tareas a Rajoy con un tono y actitud más moderada -en la presencia de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría- de la que semanas atrás utilizó en Antena 3 TV. Aunque, eso sí, poniendo a su ‘pupilo’ Rajoy una tabla de tareas reformistas de toda índole. Empezando por la política, las instituciones y la economía, en línea con un proyecto reformista y muy conservador que en lo económico se basa en el control del déficit, la reducción del gasto público (y político) y el ajuste social, especialmente en materia de pensiones, y también en la bajada de los impuestos para facilitar el crecimiento, cosa a la que se resiste Rajoy.

Y todo ello en el mismo día en el que los Sindicatos y el PSOE se han opuesto al informe de los expertos de Rajoy sobre la bajada y retraso de las pensiones, que Aznar dice que hay que llevar a cabo cuanto antes. Algo en lo que coincidió con el comisario socialista de la UE Joaquín Almunia, quien fue mucho más lejos al decirle a Rajoy que esta reforma la debe hacer con o sin el consenso de los sindicatos y el PSOE. Quizás lo más llamativo y novedoso de las propuestas políticas de Aznar fue que ha pedido una reforma que garantice ahora la separación de los poderes del Estado, algo que nunca había dicho y que él no hizo a su paso por el poder. Y lo dijo en este momento en el que se ve que tan grave carencia democrática está en el origen de la gigantesca corrupción política española.

Eso sí, Aznar le ha propuesto a Rajoy una enorme tarea de índole reformista/conservadora recordándole que hay que garantizar la Justicia y bajar los impuestos, pero sin decir cómo y por supuesto reformar la Educación. También ha invitado a Rajoy a revisar el sistema autonómico y a reconducir algunas de las competencias, ante el caos en el que ha derivado el actual modelo territorial del Estado.

Y sobre todo ha sido muy duro -sin citarlo- con el absentismo de Rajoy ante los desafíos independentistas catalanes que calificó de “gravísima deslealtad de algunos” en clara referencia al Gobierno de Artur Mas. Advirtiendo a Rajoy que no debe hacer la menor concesión a quienes no cumplen con la legalidad, en alusión a las facilidades sobre el déficit que Rajoy le quiere hacer a Artur Mas con su reparto asimétrico de la carga fiscal. “Cualquier acuerdo nuevo debe hacerse para fortalecer la unidad de España y no para debilitarla”, dijo Aznar. Quien, en definitiva, no defraudó pero esta vez tampoco sorprendió ni fue más allá de la que fuera su primera reaparición. No dijo, eso sí, que piensa volver como sí lo insinuó la otra vez, pero sí advirtió que no se va a callar, algo que ya sabemos aunque también somos conscientes de que cuando él habla también hay muchas cosas que prefiere callar u ocultar.
www.pablosebastian.com

El señuelo de la transparencia
Javier Caraballo El Confidencial 11 Junio 2013

Es probable que, como tantos otros, también usted se haya sorprendido alguna vez al comprobar que no era sólo su abuela la que se pasaba las tardes enteras con aquel divertimento tan banal del 'cuento de la buena pipa'. Tan simple como es, lo extraordinario es saber que se ha extendido por medio mundo; generaciones enteras que se desesperaban en la falda de sus abuelas con el mismo laberinto dialéctico: "¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa?"; y cuando el pequeño contestaba que "sí" o que "no", la abuela lo envolvía con la misma pregunta: "Yo no digo ni que sí ni que no, lo que digo es que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa...". Y vuelta a empezar. En alguna parte he podido leer alguna teoría sofisticada sobre el origen cultural del ‘cuento de la buena pipa’, contemplado como superviviente de una tradición oral que se perdió en la noche de los tiempos, de la misma forma que otros lo relacionan con juegos ancestrales de una sociedad rural en la que la búsqueda de la buena pipa tenía que ver con la calidad de las simientes, con las semillas de los cultivos.

La cuestión es que, curiosidades al margen, la verdad es que tan antiguas como el cuento de la buena pipa son algunas estrategias políticas que siempre nos enredan en la misma dialéctica, unas veces meramente disuasorias y otras abiertamente absurdas. Que para algo otro de los vicios de la política es el de tratar a la sociedad como si fuera inmadura, como niños en las faldas de sus abuelas. Lo último que nos recuerda el ‘cuento de la buena pipa’ es la obsesión legislativa que ahora diseña leyes de transparencia por doquier; primero, el Gobierno, luego las autonomías y, en poco tiempo, encontraremos normativas similares repartidas por los ayuntamientos. Esa es la forma en que se hacen las cosas en España: se establece una prioridad que suene políticamente correcta y todo se hace por triplicado, como las pólizas, en este caso para garantizar que nacionalistas vascos y catalanes no se van a oponer a la norma en el Congreso.

En poco tiempo, tendremos normas de transparencia por triplicado y nuevos organismos que complicarán todavía más la espesa burocracia política. Habrá una 'Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios' y luego estarán sus réplicas en todas partes. Además, claro, de los demás observatorios y consejos asesores que se vayan creando en cadena. Sólo en el caso de Andalucía, por ejemplo, ya se ha calculado que la nueva Ley de Transparencia, la andaluza, va a provocar la constitución de 26 entes nuevos para poder desarrollarla. Afirman los gobernantes andaluces, y así lo señalan en la memoria económica, que todo se hará con coste cero, con lo que ya pueden imaginar la credibilidad con la que nace la transparencia. ¿Estamos o no estamos otra vez en el mismo punto de partida? Ese es el ‘cuento de la buena pipa’, la historia cíclica que nunca se acaba.

Sin necesidad de aprobar nuevas normas, ya existen en la actualidad muchos organismos que podrían cumplir esa función, desde los tribunales de cuentas hasta los propios defensores del pueblo, pasando, obviamente, por las sesiones de control de todos los parlamentos y plenosEs verdad, sentado lo anterior, que la transparencia es un valor consustancial a cualquier democracia y que cuando, como en el caso de España, no existe esa cultura democrática, está bien que se imponga desde arriba con normas que obliguen a los Gobiernos ante los ciudadanos para que el control de los actos públicos y de la gestión del dinero público esté abierta a todo aquel que desee consultarla. Como principio, es inobjetable, claro. Pero si lo pensamos, sin necesidad de aprobar nuevas normas, ya existen en la actualidad muchos organismos que podrían cumplir esa función, desde los tribunales de cuentas, repartidos también por todas las administraciones, hasta los propios defensores del pueblo, pasando, obviamente, por las sesiones de control de todos los parlamentos y plenos. ¿O es que cuando un Gobierno se niega sistemáticamente a informar, por ejemplo, del número de asesores que tiene contratados a dedo es porque hace falta una ley más que lo obligue, si ya está incumpliendo con sus obligaciones legales?

Ayer mismo, un portavoz del PP andaluz que en Madrid defiende obviamente la Ley de Transparencia que ha planteado el Gobierno de su partido desconfiaba de la ley andaluza que están promoviendo los partidos rivales, el PSOE e IU, porque a su juicio no servirá para nada. Y añadía un dato: la Junta de Andalucía dedica cada día (¡cada día!) más de 120.000 euros a pagar a su corte de asesores y no hay forma de que el Gobierno andaluz presente esos datos, por muchas iniciativas parlamentarias que se planteen. En suma, lo mismo de siempre. El ‘cuento de la buena pipa’.

¿Cuánto dinero va a parar a los agentes sociales?
Lo mismo cabe esperar de quienes, al margen de las instituciones, también se nutren de dinero público. Los sindicatos y la patronal, por ejemplo. En la comparecencia en el Congreso, para valorar la inclusión de ambos en la Ley de Transparencia, lo que ha quedado claro es que lo que nunca conseguiremos en España es conocer exactamente cuánto dinero público va a parar a la financiación de los agentes sociales. Lo que ocurre en la actualidad es que, siguiendo el modelo anterior de todo por triplicado, los agentes sociales reciben dinero público de todas las administraciones, ya sea con los periódicos acuerdos de concertación social o con las subvenciones continuas para formación de empleo o la organización de jornadas sobre las cuestiones más inverosímiles.

La Ley de Transparencia no sólo no va a lograr que sepamos cuánto dinero, en su conjunto, reciben anualmente sindicatos y patronal, sino que, además, va a impedir que todo ello se regule con una Ley de Financiación, algo que se rehúye desde hace años. Para entender el disparate, el dispendio, sólo habría que comparar el dinero global que reciben los agentes sociales para cursos de formación y compararlo con la precariedad con la que se castiga a aquellos que sí necesitan financiación para formar a la sociedad, escuelas, universidades, investigadores...

Sostiene la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que esta Ley de Transparencia es "urgente e inaplazable" y que se trata de "la primera reforma profunda para la regeneración democrática". Aunque se niega la vinculación directa, parece evidente que el fin último de esas nuevas normas que prometen transparencia es combatir el deterioro evidente de la clase política española, lastrada por los continuos escándalos de corrupción, el rifirrafe constante con el que el interés partidario hace imposible cualquier acuerdo, la burocracia política excesiva y un modelo de Estado claramente deforme, obeso. En una democracia la transparencia, es verdad, es una necesidad urgente e inaplazable. Pero, tal como se plantean las cosas aquí, se persigue acabar con una realidad viciada y al final se abunda en lo mismo. Que ni que sí ni que no.

En defensa propia: nacionalismo vs. libertad
Álvaro Torrens Abril www.lavozlibre.com 11 Junio 2013
Comentarista político

Se amenaza al Estado con internacionalizar un supuesto “conflicto” llevándolo a no se qué instancia internacional. Se chantajea con la utilización de un cuerpo armado autonómico en un proceso secesionista. Se insiste en contraponer la legalidad constitucional a la democracia, como si esa legalidad no procediera de las instituciones legítimas de representación y la decisión constituyente de la nación como único sujeto de la soberanía. Y todo eso lo hacen quienes quieren ser reconocidos y llamados “moderados”.

La libertad es un bien precioso y es un bien del que disfruta España, algo que, en la Transición representó para el mundo entero un acontecimiento singular, un acontecimiento que no debemos olvidar nunca por lo que ello representó. Conviene recordarlo ahora, precisamente cuando España vive momentos muy difíciles, una recesión profunda -de la que saldremos- y sacrificios que están golpeando a grandes sectores de la población. Pero España tiene para afrontar este duro desafío con ese recurso precioso que es la legalidad, la convivencia pacífica y la cultura de la libertad.

El gran enemigo de la libertad es el nacionalismo, una vieja ideología, que periódicamente renace, sobre todo, aprovechando momentos de crisis. Un viejo colectivismo que atrae como un imán en nuestra época a los nostálgicos del fascismo y del comunismo. A la corta o la larga, el nacionalismo significa siempre exclusión, discriminación y violencia. Por eso no es extraño que a diferencia de lo que ha ocurrido con la democracia, con el liberalismo, con el socialismo, a lo largo de su historia, el nacionalismo no haya sido capaz de producir un solo ensayo, un solo tratado filosófico, político, jurídico, que tenga permanencia y solvencia intelectual; ¡ni uno solo! Solo panfletos, propaganda, diatribas, catecismos políticos sin ideas; porque el nacionalismo no está hecho de ideas, de razón, sino fundamentalmente de pasiones y de instintos. El nacionalismo es una amenaza que no debe prevalecer, que no prevalecerá, pero depende fundamentalmente de nosotros, de que le salgamos al frente sin temor, sin complejos y diciendo la verdad; que el nacionalismo es la cultura de los incultos.

Es derivado de ese nacionalismo donde pudisteis leer mis artículos titulados “Carta abierta a la(s) profesora(s) de historia”, “Mediocres: Mal educados, adoctrinados y agresores” y alguno más… desde entonces e incluso desde antes he sido juzgado y condenado porque consideraban inmoral y un ataque a la institución educativa a la que pertenezco. Siento mucho la polémica suscitada. Cuando digo que lo siento, os lo juro por mi madre. Ojalá ni yo ni nadie hubiera tenido que hablar de este asunto. Planteé los artículos que tanta polémica han suscitado, como una forma más –si es que la hay- de informar de un acto bochornoso, que aún hoy sigue teniendo sus consecuencias. En mis artículos quise dar voz a una cara de los hechos de un acto profundamente lamentable, quise dar voz a una parte que quería expresarse y dar su particular versión de los hechos. Sé que a veces lo que cuento no es bonito, ya que representa una parte oscura del ser humano, la parte menos agradable, más fea. Que muchos no se atreven a mirar. Es la otra cara de la luna. Pero la realidad y mi trabajo tratan de reflejar la realidad con sus luces y sus sombras. Parte de mi trabajo como columnista es dar voz a esa realidad, sin prejuicios, sin dobles raseros y con una mirada de lo más limpia posible en ese contexto decidí escribir esos artículos. Todos los ciudadanos de este país, llamado España, pueden hablar y explicarse en cualquier medio de comunicación y no es algo que censuro, porque creo en la libertad de expresión, es un hecho irrenunciable, es un derecho fundamental para la democracia. Solamente en dictaduras se cuentan noticias felices. Negárselo a alguien es poner en peligro nuestra libertad individual. Hay algunos que no lo entienden. Durante días e incluso semanas he estado expuesto a un verdadero linchamiento, tremendo, incluso me han escupido por defender eso, la libertad de expresión.

He vivido con cierta impotencia, como se ha maquillado, distorsionado y sacado de contexto todo lo dicho, pero bueno. Quiero decir que si todo esto ha servido para demostrar, que todavía hay gente que quiere condicionar la libertad de las personas y pretende censurar los contenidos de los medios de comunicación, ha merecido la pena –por mucha supuesta denuncia-, afortunadamente el segundo artículo mío mencionado fue récord de audiencia, de visitas, fue el artículo más visto durante todo el día.

Por lo visto todos esos visitantes creéis en la democracia, me leéis cuando escribo, hay veces que os gusto más otras veces menos, pero de corazón, muchísimas gracias.

Pensiones
La sostenibilidad de la estafa
Guillermo Dupuy Libertad Digital 11 Junio 2013

Un comité de supuestos expertos o sabios acaba de proponer una serie de supuestas reformas del sistema público de pensiones que, básicamente, se reducen, tal y como era previsible, a reducir la cuantía de las pensiones y a retrasar coactivamente la edad de jubilación. No digo yo que no sea esa, efectivamente, la única forma de hacer sostenible el modelo estatalizado y colectivista que padecemos. Sin embargo, un beneficio aparente, cuya sostenibilidad depende esencialmente de paulatinos perjuicios a sus supuestos beneficiarios, es, simplemente, una estafa. Y eso es, precisamente, lo que constituye el actual sistema público de pensiones, basado no en la capitalización del ahorro sino en su reparto: una estafa piramidal a la que se debía poner fin y no tratar de apuntalar, tal y como ya se ha hecho en el pasado, con supuestas reformas que no consisten ni pueden consistir en otra cosa que en sacrificar en el altar del sistema a sus supuestos beneficiarios.

Reducir todavía más la cuantía de las pensiones y retrasar más la edad de la jubilación, así como aumentar las cotizaciones o complementarlas con otros impuestos, tal y como también proponen los sindicatos, no es otra cosa que volver a sacrificar al individuo en beneficio del sistema, algo muy propio de los socialistas, pero que no debería ser respaldado por ningún liberal, salvo como paso previo a una transición a un modelo de capitalización individual. Esta última es la única forma en la que el trabajador se puede realmente beneficiar de lo aportado a largo de su vida laboral, así como de la rentabilidad que ese ahorro haya ido generando a lo largo de la misma, mientras conserva en todo momento un derecho civil elemental como es el de decidir cuándo quiere jubilarse.

Apuntalar el sistema público de reparto únicamente por la vía de los ingresos, tal y como propone la izquierda y otros aficionados a las quimeras, es un espejismo, puesto que los impuestos al trabajo desincentivan la creación de empleo. Algo parecido podríamos decir de soñar con iguales tipos contributivos pero con un mayor número de cotizantes, que no deja ser una forma de encubrir la estafa mediante el ardid de aumentar el número de estafados, algo que ni la demografía ni el sentido común nos permiten.

No digo yo, claro está, que lo mejor sea dejar las cosas como están y dejar que la cosa quebrase sin maquillajes para que todos pudieran ver claramente la estafa que ahora niegan quienes afirman que el modelo sí es sostenible. Pero, sin llegar a esa traumática ruptura, sí que pediría a nuestros expertos una auténtica y profunda reforma que suponga una transición a un sistema de capitalización individual que no expropie, mediante repartos, el fruto del trabajo, sino que lo acumule en beneficio del trabajador de cara al momento en que libremente quiera jubilarse. Eso sí sería una reforma y una forma de dejar la política al margen de las pensiones. Lo demás no es otra cosa que el apuntalamiento y maquillaje de una estafa que cualquiera, sin ser experto, puede, efectivamente, hacer sostenible.

La carcundia
Luis del Pino Libertad Digital 11 Junio 2013

Shed Simove es un curioso personaje inglés. Productor de televisión, humorista, inventor, empresario y escritor, en cierta ocasión recibió un premio a la innovación por inventar y comercializar unas velas de cumpleaños que decían "Eres un viejo" al soplar en ellas.

Pero su éxito más espectacular es un libro, que lanzó al mercado en febrero de 2011 y que en muy pocas semanas se convirtió en uno de los 50 más vendidos del portal Amazon, lo cual requiere vender una barbaridad de ejemplares. A unos 6 dólares por ejemplar, y teniendo en cuenta que el libro se lo editó él mismo, porque su editorial de siempre se negó a publicarlo, el bueno de Shed Simove ha debido de ganar una pasta con su obra.

El libro lleva por título "En qué piensan los hombres, además de en sexo" y tiene la friolera de 200 páginas que están... completamente en blanco. La portada está excelentemente diseñada, pero en su interior, el libro no tiene ni una sola letra impresa.

Como reconoce el propio autor, la idea ni siquiera es original, porque ya antes se han publicado otros libros en blanco con títulos llamativos. Pero, original o no, el caso es que el libro se convirtió de la noche a la mañana en todo un éxito editorial, en un auténtico superventas.

La razón, como explica Shed Simove en una entrevista, es que, en lugar de esperar tranquilamente a que el libro se vendiera, lo que hizo fue contratar para su promoción a la mejor agencia de relaciones públicas de Londres. Y esa agencia hizo su trabajo a la perfección, así que el dinero que se gastó Simove en ella estuvo más que bien invertido.

Viento esto a cuento de que, desde hace ya varios meses, los sospechosos habituales - el Grupo Prisa, el PSOE, los sindicatos amarillos e incluso algún nacionalista líder de un partido que robaba dinero de los parados - se dedican a repetir día y noche la matraca de lo importante que sería un pacto entre las fuerzas políticas.

"¡Pacto ahora! ¡Pacto ya!", se desgañitan. Y ponen a los becarios de Ferraz y de El País a buscar sinónimos para describir adecuadamente lo ventajoso, imprescindible, necesario, conveniente, tranquilizador y tecnocrático que sería un pacto entre el gobierno y la oposición.

Los mismos que hace no mucho tiempo reclamaban cordones sanitarios contra el PP, ahora se desviven por vender a la opinión pública las razones que aconsejan que el gobierno tienda la mano al Partido Socialista. Por el bien, supuestamente, de todos los españoles.

Y lo más gracioso es que no se molestan ni poco ni mucho en explicar en qué consiste ese pacto, porque en realidad no consiste en nada más que en un "qué hay de lo mío".

¿Pacto? ¿Un pacto para hacer qué? ¿Para subir las pensiones o para bajarlas? ¿Para pararle los pies a los nacionalistas o para seguir ayudándoles a oprimir y humillar a los españoles? ¿Para derogar la Ley del Aborto o para mantenerla? ¿Para acabar con tanto parásito suelto que vive del erario o para seguir esquilmándonos a impuestos? ¿Para investigar el golpe e estado del 11-M o para seguir encubriéndolo? ¿Para echar a patadas a los terroristas de las instituciones o para seguir financiando a ETA con dinero público?

En realidad, quieren el pacto para tratar de mantener el chiringuito en su estado actual, para poder seguir disfrutando de sus prebendas y del dinero que con tanta facilidad nos extraen a los ciudadanos. Pero como eso quedaría muy mal si se explicita, lo que nos ofrecen es simplemente un libro en blanco, para que estampemos nuestra firma al final.

La portada del libro es maravillosa, y en ella podemos leer en grandes letras de oro: "En qué piensan los políticos, además de en dinero". Y luego abres el libro, y no contiene nada.

Han contratado a sus publicistas habituales - es decir, a ellos mismos - para vender el libro. Y hay bastantes probabilidades de que se lo terminen colocando a Rajoy, al que al fin y al cabo ya han admitido en el club.

Lo que está por ver es que la opinión pública vaya a lanzarse en masa a las librerías a comprar un ejemplar. Porque un libro en blanco está bien como regalo original y gracioso, pero lo que la gente quiere para su país son soluciones concretas, no discursos vacíos de contenido. Y lo que la gente quiere para sí misma es más libertad, no pícaros de verbo fácil y hueco.

A veces me maravilla la manera en que todos estos próceres vendedores de alfombras, que nos llevan tres décadas mangoneando, actúan siempre a piñón fijo. Parece que son incapaces de percatarse de que los vientos de la Historia han cambiado y siguen pensando que los españoles nos creemos que los sindicatos amarillos son sindicatos, y que el PSOE es un partido de izquierda, y que el Grupo Prisa es un grupo de comunicación.

Son incapaces de ver que hace mucho que se les ha visto el plumero. Y no se dan cuenta de que los mecanismos de formación de la opinión pública ya no son los que eran. Y siguen pensando que pueden manipular a los españoles a su antojo y seguir vendiéndoles la burra ciega.

Las velas que Shed Simove, ese curioso personaje inglés, inventó decían aquello de "Estas viejo" al soplar sobre ellas. Pero el problema de todos estos pactistas de la nada no es que estén viejos: lo que están es obsoletos.

Shed Simove es un innovador, en el más estricto sentido de la palabra. Pero estos imitadores baratos no tienen nada de innovador: son la carcundia, el ajado y grasiento búnker de un régimen que se desmorona.

Ellos, los demócratas
Javier Benegas www.vozpopuli.com 11 Junio 2013

Según informaban en este medio el pasado miércoles 5 de junio Antonio Maqueda y Manme Guerra, el Gobierno no quiere ni de broma una autoridad fiscal independiente, tal y como demanda Bruselas. Negativa que justificaba un ministro con las siguientes palabras: “Se están poniendo muy pesados con esta entidad. Realmente lo que quieren es un controlador de carácter tecnócrata, y eso roza lo antidemocrático”.

Con la Iglesia se toparon los funcionarios europeos. ¿Un organismo independiente que controle a la casta? ¿Pero qué disparate es ese? Al anónimo ministro poco le faltó para calificar a los ocurrentes burócratas de fascistas, por ignorar que en España lo que manda es el selecto club de “nosotros, los demócratas”; o sea, el binomio políticos y establishment. ¿Fiscalizarlos a ellos? Sólo faltaba.

El santo y seña del selecto club de los farsantes
Sería misión imposible encontrar entre las decenas de miles de políticos que nos han colonizado en las últimas décadas uno sólo que, sintiéndose acorralado y a falta de mejores argumentos, no haya zanjado alguna cuestión espinosa con la frase “nosotros, los demócratas”; ese santo y seña del Régimen que corta en seco cualquier intento de escrutinio a los hacedores de favores.

Así es, en España mantener una actitud crítica y oponerse al ejercicio arbitrario del poder choca siempre contra ese muro de cinismo construido con esas tres palabras lapidarias: “nosotros-los-demócratas”. Y cada vez que los padres de la patria pulsan ese botón del pánico, el nivel de amenaza se dispara, hasta el punto de que insistir en cuestionar el modelo político y la verdadera naturaleza de sus instituciones conlleva, como primera providencia, la expulsión inapelable del mundo de lo políticamente correcto; ese paraíso, siempre a salvo de las crisis, donde las prebendas fluyen como un maná inagotable.

Cooperadores necesarios
Ante la amenaza de la exclusión, los primeros en claudicar al grito de ¡tonto el último! fueron los intelectuales. Hoy, cómodamente instalados a una distancia prudencial del peligro, divagan sobre cuestiones finalistas o se enzarzan en falsos debates. Cualquier cosa antes que chamuscarse los dedos denunciando que, tal y como sucedía en tiempos de Franco, los españoles seguimos sin ser dueños de nuestro destino.

Como virtuosas bailarinas del Ballet del Teatro Bolshói, las ‘grandes’ plumas del periodismo y el análisis político, salvo honrosas excepciones, pasan de puntillas sobre la farsa democrática española. De ahí que la última orden cursada de que, aun cuando sea para bien, al Rey ni mentarlo, ha sido cumplida a pies juntillas. Y a la ‘bunkerización’ del Régimen se suma con gran entusiasmo el catenaccio de los grandes grupos informativos, a la espera del rescate prometido. Es la ley del silencio que, como todos sabemos, es una de las tres patas de esta democracia de plástico.

Nuestros intelectuales y cronistas poco o nada se parecen a aquellos personajes que, ataviados con un traje viejo y raído, muchas veces prematura mortaja, pero con el porte erguido característico de los hombres libres, usaban su afilada pluma para denunciar y combatir los excesos del poder, tomaban el pulso al país y contaban siempre algo nuevo, revelador, en ocasiones subversivo.

Muy al contrario, el cronista de nuestros días vive en urbanizaciones valladas, con jardín y piscina, es avaro y pesetero y sólo mueve su pluma por dinero. Y gustoso, se deja agasajar por el poder, con el que, además de compartir mesa con mantel de hilo fino y cubertería de plata, a menudo coopera adornando con filigranas literarias sus mentiras.

La farsa democrática
Cualquiera de los personajes que hoy día dicen representar al pueblo español, los que fingen que gobiernan, los que mandan en la trastienda o los que sólo aprietan el botón de su escaño para votar al dictado de su jefe de filas, no son demócratas, no pueden serlo. ¿Cómo podrían ser merecedores de tal calificativo quienes sostienen un modelo político inviable, finiquitado, en el que brillan por su ausencia la igualdad ante la Ley, la separación de poderes y la representación directa? ¿Cómo pueden arrogarse el título de demócratas aquellos que conculcan los principios sagrados de la democracia clásica, con premeditación y alevosía, a cambio de un sobre con dinero? Al igual que no se puede aborrecer a los animales y declararse amante de la naturaleza, no se puede sentir aversión hacia la libertad del ciudadano común y presumir de demócrata.

Es evidente, incontestable, que quien se apropia de los más altos símbolos del Estado y convierte las instituciones en lugares opacos y corruptos, en meros instrumentos de esa economía cerrada del enriquecimiento ilícito que nos ha conducido a esta crisis, y no deja ni un solo organismo, por insignificante que sea, al margen de sus manejos, de demócrata no tiene nada. Increíble que a estas alturas haya que estar denunciando lo obvio.

Nunca antes fue más pertinente el refrán “dime de qué presumes y te diré de qué careces”. En efecto, en boca de quienes expulsan de las instituciones a la sociedad civil española, “nosotros los demócratas” resulta una frase irritante y dolorosa; un insulto a la inteligencia individual y colectiva. Sin embargo, y pese a ser cierto que la democracia no atraviesa su mejor momento en ninguna parte del mundo, en Europa ahora ya saben qué “demócratas” son estos. Y a lo mejor no les gusta y, aunque sólo sea por guardar las formas, protestan.

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Querido lector, el próximo jueves 13 de junio a las 19.30, tendrá lugar en el Centro Riojano, Calle de Serrano 25, la presentación del libro CATARSIS. Se vislumbra el final del Régimen, a la que está usted invitado. Intervendrán en el acto, además de los autores (Juan Manuel Blanco y un servidor), D. Pedro López Arriba, presidente del Centro Riojano, D. Jesús Cacho, periodista y director de Vozpopuli.com, y Jesús Espino, subdirector editorial de AKAL Ediciones.

Terrorismo
La queja de María San Gil
Cayetano González Libertad Digital 11 Junio 2013

Desde que, en mayo de 2008, la dejadez personal y la desidia ideológica de Rajoy propiciaron que abandonara la presidencia del PP vasco, María San Gil no se ha prodigado en actos públicos donde tuviera que intervenir. En estos cinco años sólo ha hecho dos excepciones a esa norma de comportamiento que lo único que corrobora es que María ha sido, es y será una mujer fuerte en sus convicciones y en sus valores.

Aparte de presentar –junto a Aznar, Mayor Oreja y la viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar– su libro, titulado En la mitad de mi vida, ha acudido a e intervenido en actos donde los protagonistas principales eran las víctimas del terrorismo, colectivo que conoce muy bien, por razones obvias. Baste recordar que era una de las tres personas que el 23 de enero de 1995 estaban comiendo con Gregorio Ordóñez en un bar de la parte vieja de San Sebastián cuando un terrorista de ETA entró en el local y descerrajó dos tiros en la cabeza al político popular, que le causaron la muerte.

Al hilo de la presentación, la pasada semana en Madrid, del libro Cuando la maldad golpea, que recoge el relato de once víctimas del terrorismo, María San Gil ha reconocido sentirse llena "de pesar, de dolor" al comprobar cómo actualmente "nos encogemos de hombros o miramos hacia otro lado, distinto al de las víctimas". La política vasca concluía su reflexión con una queja planteada de forma directa, con una desgarradora frase:

¡Qué mal lo hemos hecho y qué mal lo estamos haciendo!

Desgraciadamente, no puedo estar más de acuerdo con este diagnóstico, aunque habría que matizar que no todos tienen la misma culpa.

Produce tristeza constatar que, como sugiere María, las víctimas del terrorismo ya no interesan a los gobernantes. Para Zapatero, supusieron un estorbo en su proceso de negociación política con ETA, e hizo todo lo posible para dividirlas y enfrentarlas; pero gracias a la fortaleza moral de aquéllas, a la movilización que llevó a cabo la AVT presidida por Alcaraz; gracias al compromiso de algunos medios de comunicación –esta casa, la COPE de entonces y poco más–, lo que se denominó "rebelión cívica" supuso un muro de contención ante la perversa política negociadora con los terroristas que llevó a cabo el anterior presidente del Gobierno, y que está contada con todo lujo de detalles en dos libros: El triángulo de Loiola y ETA, las claves de la paz, las confesiones del negociador del PSOE y del Gobierno, Jesús Eguiguren, al periodista de El País Luis Rodríguez Aizpeolea.

Pero es que con el Gobierno actual del PP la situación tampoco se puede decir que haya mejorado en exceso para las víctimas. No se las agrede ni se las insulta públicamente –salvo los Oyarzabal de turno–, pero tampoco se las tiene en cuenta. El ministro del Interior se puede reunir un día con sus asociaciones y paralelamente poner en marcha el proceso para liberar al torturador/secuestrador de Ortega Lara Josu Bolinaga. En los despachos oficiales se hacen promesas a las asociaciones de que el Gobierno no negociará con los terroristas, pero luego no se hace nada para que estos –a través de diferentes marcas y siglas– vuelvan a las instituciones; y una vez instalados en ellas no se mueve un dedo para iniciar su proceso de ilegalización. Por no hablar de la total inacción del Gobierno, de la Fiscalía, de los jueces para seguir investigando quiénes fueron los verdaderos autores del mayor atentado terrorista que ha sufrido España: el del 11 de marzo de 2004.

Por lo tanto, tiene mucha razón María San Gil: ¡qué mal lo hemos hecho y qué mal lo estamos haciendo! Para que a día de hoy los amigos de los terroristas ocupen importantes parcelas de poder en el País Vasco y en Navarra; para que estén tan crecidos, porque se sienten –y tienen motivos para ello– vencedores; para que se esté imponiendo poco a poco un relato falso, escrito y contado por ellos, de lo que han sido mas de cincuenta años de terror por parte de ETA; para que las víctimas se sientan olvidadas, preteridas, arrinconadas. Pero, repito, la responsabilidad de unos y de otros no es la misma. Y entre quienes pueden tener la conciencia muy tranquila por haber defendido siempre lo mismo, por haber plantado cara a los terroristas y a sus adláteres, por haber dado la batalla política al nacionalismo obligatorio en el País Vasco, por haber estado en todo momento al lado de las víctimas del terrorismo, se encuentra sin ningún género de dudas María San Gil.

No es fácil luchar contra el terrorismo islamista
José Antonio Yturriaga www.vopopuli.com 11 Junio 2013

Los recientes atentados con bombas en Boston y los apuñalamientos de los soldados Lee Rugby en Londres y Cédric Cordier en Paris, cometidos por musulmanes fanáticos, ponen de manifiesto el riesgo que corre Occidente por culpa de unos fundamentalistas islámicos como Alexander D., quien confesó que había agredido a este último por “por motivos religiosos”.

No se debe confundir el islam con el islamismo fundamentalista
En opinión de Miguel Ángel Ayuso, secretario del Pontificio Colegio para el Diálogo Interreligioso, no se puede afirmar de forma general que el Islam sea violento. El común de los musulmanes se distingue por su sinceridad y sumisión a Dios y hay que distinguir entre el islam –con su credo, su cultura y su religiosidad popular- y el islamismo militante, que manipula la religión para imponer por la fuerza y con violencia una serie de principios contrarios a su propia religión. En los ambientes más desfavorecidos, el islamismo fundamentalista trata de inculcar una visión distorsionada de la fe en el sencillo creyente, al que manipula desde ciertas mezquitas mediante sermones incendiarios.

El islam no es un problema, pero algunos islamistas sí lo son
La falta de una autoridad mundial y de una jerarquía institucionalizada ha facilitado la proliferación de imames y mullahs semianalfabetos, que interpretan a su antojo el Corán, inducen a la violencia y lanzan fatwas en las que condenan a muerte a algunos infieles. Como ha señalado Idris Tawfiq, profesor de la Universidad Coránica de Al-Azhar, esta ausencia de autoridad religiosa ha alentado la radicalización de los jóvenes musulmanes, que escuchan las prédicas de líderes y grupos que aseguran hablar en nombre del islam y no tienen nada que ver con la auténtica religión. Los seducen con la idea de hacer algo grandioso y les ofrecen un relato atractivo que el islamismo moderado es incapaz de proporcionarles.

Los ‘lobos solitarios’ son fruto de la frustración que sufren estos jóvenes y sólo desparecerá cuando la corriente mayoritaria les ofrezca un plan alternativo que les atraiga. El islam no es un problema, pero algunos islamistas sí lo son. Los fieles educados deberían enseñar a los jóvenes afincados en países occidentales un estilo de visa que haga compatible sus creencias con el respeto a la democracia, a los derechos humanos, a la mujer y a la libertad de expresión. Según Mohamed Sammak, secretario general del Comité de Diálogo Cristiano-Musulmán de Líbano, los fundamentalistas nunca entenderán lo que significa pluralidad y diversidad, monopolizan a Dios y a la verdad, y están no solo contra los cristianos, sino también contra los musulmanes que no comparten sus ideas. Prueba de ello son los crímenes sectarios de chiitas, sunitas y otras minorías islámicas, que a diario se cometen en Afganistán, Irak, Siria, Líbano, Bahrein, Arabia Saudita o Pakistán.

Inadaptación, frustración y radicalización de los musulmanes en Occidente
Esta situación es especialmente grave entre los jóvenes que viven en Occidente, que se han desarraigado de sus lugares de origen y no se han adaptado a las formas de vida de los países de acogida, incluso cuando han nacido y sido educado en ellos. Las políticas de multiculturalidad en Gran Bretaña, de integración forzada en Francia o de segregación razonable en Alemania han tenido escaso éxito, y los musulmanes de tercera generación –aparentemente integrados en la sociedad- no encuentran su lugar en el sol y se radicalizan cada día más. España –país tolerante que no ha seguido una política predeterminada con respectos a los inmigrantes musulmanes, que hasta ahora no han sido tan numerosos como en otros Estados europeos- fue objeto el 11 de marzo de 2004 de un inexplicable e inexplicado ataque indiscriminado del sectarismo islámico fanatizado, que causó 197 muertos. Estos fundamentalistas insatisfechos constituyen un caldo de cultivo adecuado para el terrorismo y actúan como un caballo de Troya en las fortalezas de Occidente.

Contra ellos, los dispositivos antiterroristas tradicionales carecen de eficacia. Hasta el 11 de septiembre de 2001, los estados tenían que defenderse de otros estados o de movimientos revolucionarios o de liberación, pero –a raíz de los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York- el enemigo se ha diluido en el difuso ectoplasma de Al-Qaeda, que a su vez, se ha multiplicado mediante franquicias y filiales -más o menos controladas por la casa madre-, que acaban por actuar por su cuenta. El último eslabón en esta cadena lo constituyen los ‘lobos solitarios’, difíciles de detectar y casi imposibles de neutralizar, si cuentan con armas y explosivos y tienen vocación de mártires suicidas.

Necesidad de una política preventiva
Para hacer frente a esta delicada situación, no queda a los estados más opción que adoptar una política preventiva. Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia deberán vigilar a los militantes islámicos que hayan participado en conflictos bélicos o pasado por campamentos de entrenamiento terrorista, seguir con atención las redes de Internet utilizadas para promover el fundamentalismo integrista y la lucha yihadista, y controlar las prédicas de los líderes religiosos que incitan a la violencia y al terrorismo. Hay que tener especial cuidado con los captadores de mentes y voluntades, y tener con ellos tolerancia cero, tanto con los individuos como con los estados que los apoyan. Un caso paradigmático es el de Arabia Saudita, un país feudal, autocrático y socialmente regresivo, que tiene el Corán como Constitución y la sharia como ley civil y penal.

Respecto a los imanes que incitan desde el púlpito a la violencia, los gobiernos deben prohibir sus sermones subversivos
Está regido por un monarca absoluto, defensor de los creyentes y del wahadismo, la versión más retrógrada e intolerante del islamismo, que hace especial hincapié en la yihad contra el infiel. La monarquía saudita –tradicional aliada de occidente- apoya política y financieramente los movimientos integristas radicales –incluidos los terroristas- y exporta el fundamentalismo wahabita a Afganistán, Pakistán, Irak y los países y regiones musulmanes de la antigua URSS. Facilita dinero y personal a sus escuelas coránicas –madrasas-, en las que se lava el cerebro a los alumnos, se les inculca el odio al cristianismo y a la cultura occidental, se promociona el fundamentalismo integrista, se relativiza el valor de la vida y se ensalza la inmolación suicida.

En el colmo del cinismo, el rey saudí ha promovido y financiado la creación en Viena de un Centro Internacional para el Diálogo Interreligioso, con el objetivo de contribuir a un diálogo eficaz y respetuoso a favor de la Humanidad y en pro de los derechos humanos fundamentales, en particular la libertad religiosa para toda persona o comunidad y en todas partes. No predicando con el ejemplo, Arabia Saudita no permite la libertad de religión y de culto y, a pesar de contar con una población de unos 800.000 cristianos –en su ,mayoría trabajadores procedentes de Filipinas e India- no autoriza ni una sola iglesia en el país, mientras exige libertad de culto para los musulmanes en occidente y su derecho a construir templos. Los gobiernos consienten este doble estándar –‘poderoso caballero es don petróleo’- y el único que ha actuado con corrección ha sido el de Noruega, que ha negado su autorización a la construcción de mezquitas mientras Arabia Saudita no permita levantar iglesias en su territorio. Respecto a los imanes que incitan desde el púlpito a la violencia, los gobiernos deben prohibir sus sermones subversivos y –caso de insistir en ellos- expulsarlos del país. La adopción de medidas preventivas no es labor fácil y, a veces –cuando se toman de forma indebida- provocan críticas de los ‘biempensantes progres’, como ocurrió en el caso del ‘comando Dixán’.

Los musulmanes que se trasladen a otros países o hayan nacido en ellos habrán de adaptarse al modus vivendi de las sociedades que los acogen y cumplir sus normas de convivencia. Los gobiernos, a su vez, tendrán que respetar las creencias de todos los ciudadanos y permitirles su práctica, pero de ningún modo deberán tolerar aberraciones como la ablación, la poligamia o la desigualdad de la mujer y la violencia contra ella, por muy arraigados que estén en la tradición del islam.

Actuar con conciencia histórica
MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA. EL MUNDO  11 Junio 2013

CATEDRÁTICO DE DERECHO POLÍTICO Y EX PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El autor cree que la política se ha de adaptar a las circunstancias que cambian con el transcurso del tiempo
Afirma que algunos observadores no se han situado adecuadamente en este momento del siglo XXI

NO ME PREOCUPA conocer las propuestas de ciertos políticos repitiendo las palabras de los que se pronunciaron sobre el mismo asunto hace 50, 100 o 200 años. Por ejemplo, exigiendo la independencia de Cataluña. En los siglos XIX y XX las circunstancias vitales eran completamente distintas de las que ahora nos condicionan. «Soy yo y mi circunstancia», sentencia acertadamente Ortega.

Y Shakespeare nos advirtió: «El tiempo en su rapidez modifica el curso de las cosas». Ahora vivimos y convivimos en una sociedad globalizada, con unas comunicaciones tan rápidas e intensas que hacen desaparecer las viejas fronteras. Ya no funcionan en Europa las naciones soberanas, al estilo de las que se configuraron según la doctrina de Bodino, en la línea de Maquiavelo y Hobbes. ¿Cómo, en esta situación presente, cabe pensar, por ejemplo, que es posible alcanzar las aspiraciones de los independentistas catalanistas del siglo XIX o del siglo XX? Y, ¿cómo sostener, asimismo, que el País Vasco, o cualquier otro de los integrados en España, puedan estructurarse ahora del modo pedido en los siglos XIX o XX? Nos recuerdan algo que escribió Cervantes: «Que los que viven con esperanzas de promesas venideras siempre imaginan que no vuela el tiempo, sino que anda sobre los pies de la pereza misma». (También podríamos, con indiscutible base histórica, reivindicar el Reino de Granada, mi querida tierra natal. Pero mis paisanos no son unos disparatados).

Se nota por doquier una falta de conciencia histórica. No se colocan adecuadamente algunos observadores en este momento del siglo XXI. La sociedad globalizada, en la que ahora vivimos, tiene que ser objeto de una reflexión y debemos dar unos ejemplos (referencias personales: ¡perdón!) para que los jóvenes lectores se hagan cargo de lo que en el siglo XX sucedía.

Cuando yo era niño y vivía en Granada, años 40, mis padres me llevaban a veces a Madrid en automóvil. Los 432 kilómetros de carretera se cubrían en dos etapas, con noches generalmente en Manzanares, donde estaba el moderno parador. Los coches de la época se calentaban excesivamente con frecuencia (atravesar Despeñaperros era una aventura) y había que echar agua en los radiadores. En un determinado momento de la posguerra civil, España se quedó sin gasolina, siendo necesario encerrar los vehículos en los garajes o colocarles un gasógeno, que era una especie de chimenea alimentada con carbón o con troncos de madera. Naturalmente, el calor era insoportable en los asientos traseros y los automóviles se deterioraban gravemente con esa clase de combustibles. Esta escena que estamos recordando nos parece un producto de la imaginación. Pero realmente fue así.

Suele afirmarse que con la globalización han desaparecido las fronteras. Recuerdo que cuando realicé mi primer viaje de estudios a Alemania, en Heidelberg, me despedí de mis padres sabiendo que mi comunicación con ellos se limitaría a unas cartas que tardarían varios días en llegar. Me iba a otro mundo. Ahora, mi nieta mayor, Lara, se doctora en Stanford (California) y podemos verla diariamente en las pantallas de los nuevos medios de comunicación, hablando además con ella. Mantenemos el contacto a miles de kilómetros de distancia. Esta es la situación que gozamos en la denominada sociedad globalizada.

“¿Cómo cabe pensar que es posible alcanzar las aspiraciones de los independentistas catalanes del siglo XIX?“
Christoph Keller (1638-1707), humanista holandés, dividió la historia de Occidente en tres grandes periodos: la Antigüedad, la Edad Media y los tiempos modernos. Después se añadieron nuevas etapas: la Edad Contemporánea, la Edad Atómica y la Edad Electrónica. Precisa Rodrigo Borja, buen tratadista hispanoamericano, que la Antigüedad se desarrolló desde el origen de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476; la Edad Media fue hasta fines del siglo XV, la Edad Moderna hasta la Revolución francesa y la Edad Contemporánea hasta la explosión de las primeras bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto de 1945; la Edad Atómica llega hasta la caída de la Unión Soviética en 1989 y, a partir de ese acontecimiento, se inicia la Edad Electrónica en la que hoy vivimos.

Resulta enorme el peso de la Historia en los comportamientos humanos. Pero lo verdaderamente importante –si queremos ver claro– es tener conciencia histórica. Y esto es lo que falta a algunos de los que, en nuestra época, aspiran a ser dirigentes políticos. Dicen lo mismo que decían Prat de la Riba o Cambó. Subraya Raymond Carr, el historiador británico, que Prat de la Riba, como presidente de la Mancomunidad catalana, empleó sus poderes al máximo. Murió en 1917 y su sucesor fue Puig i Cadafalch, persona menos enérgica, que, como tantos políticos actuales, había llegado al poder desde la tarea de recrear la Cataluña histórica. Esta tarea de «renacionalización» cultural –por emplear la expresión de Rovira i Virgili– era todavía crucial para el catalanismo, y la Mancomunidad fue su principal instrumento. ¿No es acaso lo mismo que hoy, en una situación social, radicalmente distinta, se nos dice desde la Generalitat? Son pruebas de la carencia de conciencia histórica. Acaso por eso no se les hace caso fuera, rechazando sus productos financieros, en Bruselas y en Nueva York.

VOLVEMOS a citar a Rodrigo Borja: el hombre –nos dice– es un ser esencialmente histórico: no puede desentenderse de la historia. Sus pensamientos son historia; sus conocimientos son historia; sus conocimientos filosóficos, artísticos, científicos y tecnológicos historia son. Su experiencia vital, sus herramientas, las obras de sus manos, las creaciones de su inteligencia también son historia. De esta forma radical se expresa el conocido tratadista y gobernante, que llegó a ser presidente de Ecuador.

No hay que admitir, sin embargo, los excesos del historicismo, un término acuñado por el historiador alemán Karl Werner (1821-1888). Ernest Renan, por su parte, también en pleno siglo XIX, afirmó que «la historia es la forma necesaria de la ciencia de todo lo que llega a ser». Y Dilthey (1833-1911), sostuvo que el hombre es lo que experimenta sólo a través de la historia.

Tales advertencias poseen mucho valor. Reivindicar lo mismo que en otro momento reivindicaron algunos políticos es carecer de conciencia histórica. «No me vengas con historias», fue un consejo de la sabiduría popular. Los pronunciamientos extravagantes, fuera del tiempo presente, no deben preocupar.

Sería distinto si los programas políticos fueran como los Evangelios cristianos. Pero no tienen ese carácter religioso. La política se ha de adaptar a las circunstancias de su momento histórico, que cambian con el trascurso del tiempo.

Conferencia en el Club Siglo XXI
Aznar exige a Rajoy bajada de impuestos y reducción de la administración
Pide "estabilizar definitivamente" la estructura territorial y dice que en la Constitución hay "resortes" contra la "deslealtad de algunos"
Europa Press www.lavozlibre.com 11 Junio 2013

Madrid.- El expresidente del Gobierno José María Aznar ha enumerado este lunes un "profundo" programa de reformas que debe llevar a cabo el Ejecutivo de Mariano Rajoy para "dar continuidad al proyecto nacional que formuló el PP ante los españoles". Dentro de ese "reformismo de alta intensidad", ha citado medidas como una reducción del tamaño de las administraciones públicas que ordene "eficientemente" el reparto de competencias y un sistema fiscal "al servicio del empleo y el crecimiento".

Aznar ha hecho estas consideraciones durante su intervención en el Club Siglo XXI en el marco del ciclo de conferencias organizado por el exministro Eduardo Zaplana con motivo del trigésimoquinto aniversario de la Constitución, un acto que ha contado con la asistencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Industria, José Manuel Soria.

En representación del PP ha acudido el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano. Entre los asistentes también se encontraban su esposa y alcaldesa de Madrid, Ana Botella; los empresarios Luis de Rivero, Fernando Fernández Tapias y Enrique Cerezo; el exportavoz del Ejecutivo Pío Cabanillas; el exsecretario de Comunicación del PSOE Fernando Moraleda; el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty; y los parlamentarios Gabriel Elorriaga, Ana Torme y Pilar Marcos, entre otros.

Alrededor de mil personas han escuchado esta conferencia de Aznar, que se produce tres semanas después de las duras críticas que él mismo lanzó en una entrevista en Antena 3 contra la gestión de Mariano Rajoy. En aquella aparición televisiva pidió bajar ya los impuestos, cumplir el programa electoral y llevar a cabo una acción política más decidida frente a la "languidez de la resignación". También dejó abierta la posibilidad de volver a primera línea de la política activa, una opción que no ven viable en su partido.

"LA RESPONSABILIDAD" CON LOS ELECTORES ES "HISTÓRICA"
Aznar, más suave en las formas en su conferencia de hoy, ha recordado que el PP es el partido "que ha mantenido un voto más fiable incluso en las circunstancias menos favorables" y ha añadido que "la responsabilidad" con los electores y con España en las elecciones generales de 2011 es "histórica". Y por eso ha dicho que ese voto debe entenderse como "un mandato para retomar un programa de reformas tan profundo como lo requiere el contexto nacional e internacional" y para dar continuidad al proyecto nacional que formuló el PP ante los españoles y en el que los votantes se reconocieron". Dicho esto, el expresidente del Gobierno ha dedicado el grueso de su intervención a enumerar las medidas que deben emprenderse para "revitalizar los cinco compromisos fundamentales que definieron la Transición". A su entender, hay que "renovar para actualizar los objetivos históricos de la Transición", así como "atender y encauzar la voluntad de cambio de la que está dando muestras inequívocas la sociedad española". En primer lugar, José Maria Aznar ha pedido dejar claro que "no está abierta la discusión sobre la Nación española ni sobre su soberanía", asegurando que "cualquier acuerdo nuevo se haga para reforzar la nación y no para debilitarla".

UNA CRISIS POLÍTICA QUE EXIGE "REFORMAS INCISIVAS"
En segundo lugar, ha apostado por "renovar y fortalecer" el funcionamiento del sistema democrático y el respeto al Estado de Derecho, ya que, según ha señalado, hay una crisis política que exige soluciones y reformas políticas. "Reformas incisivas para reforzar y modernizar la democracia representativa, no para liquidarla", ha avisado, para precisar que esas reformas significan "mucho más que el adelgazamiento del aparato público o el incremento de la eficacia administrativa". Se trata, ha proseguido, de asegurar la división de poderes, mejorando los procedimientos democráticos, corrigiendo la fragilidad de numerosas instituciones y reformando a fondo la organización y funcionamiento de la Justicia.

Es más, ha dicho que los partidos tienen que ser "el cauce de las reformas", "no su dique de contención". Y en medio de los numerosos casos de corrupción que salpican la vida política española, ha defendido la necesidad de llevar a cabo reformas para "asegurar el cumplimiento de la ley y la honradez en la gestión de lo público". Según ha dicho, "sin ley no hay democracia" y los que dicen "apelar a la democracia para que se prescinda de la ley están amenazando gravemente los fundamentos más elementales del Estado democrático de derecho".

En tercer lugar, el expresidente ha urgido a "estabilizar definitivamente la estructura territorial", de modo que, garantizado la unidad nacional tanto como la autonomía, se "supere el vaciamiento creciente de lo común y se asegure la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos y la solidaridad de todos los españoles". En su opinión, es hora de incrementar la racionalidad organizativa y económica del modelo territorial, tanto en lo que se refiere al Estado Autonómico como a los entes locales.

REDUCIR EL TAMAÑO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Según Aznar, reducir el tamaño de las administraciones públicas, restablecer la estabilidad y el control presupuestario de todas ellas, garantizar la unidad de mercado y ordenar "eficientemente" el reparto de competencias "parece hoy indispensable" para consolidar el Estado de las Autonomías. "Y habrá que instrumentar para ellos los cambios normativos que resulten precisos", ha indicado. Sáenz de Santamaría, que escuchaba atentamente su conferencia en primera fila, presentará antes del 30 de junio el informe sobre la reforma de las administraciones públicas del Gobierno en el que un grupo de trabajo liderado por el subsecretario de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, lleva trabajando desde hace varios meses. Ante el órdago soberanista de Artur mas, ha afirmado rotundo que el esfuerzo que los españoles han realizado para alcanzar el compromiso que equilibra unidad y diversidad en el Estado Autonómico "no puede ser malbaratado por la gravísima deslealtad de algunos".

"Y en nuestra Constitución, tanto como en la decidida voluntad de convivencia de los españoles, hay resortes suficientes para evitarlo", ha proclamado. En cuarto lugar, Aznar ha apostado por "flexibilizar y estabilizar la economía" alegando que es "lo que necesitan las clases medias y lo que hará posible el bienestar". Y en este punto, ha pedido de nuevo una bajada de impuestos.

"Nuestro sistema fiscal no se adapta a la sociedad de hoy. Es necesario cambiarlo y ponerlo al servicio del empleo y del crecimiento, no al servicio de las administraciones. No podemos resignarnos a ser la sociedad que nuestras administraciones nos imponen. Ellas tienen que servir a la sociedad que queremos", ha aseverado. Además, el expresidente del Gobierno ha asegurado que es "preciso" renovar el pacto social para adaptarlo a tres circunstancias que no se votan en las elecciones sino que son realidad: la unión monetaria, una economía global y una demografía y una esperanza de vida que "obligan a cambiar políticas y modelos" para hacer sostenible el Estado de Bienestar. Finalmente, como quinto objetivo nacional Aznar ha asegurado que hay que "recobrar" la posición de España en Europa y en el mundo.

"Alcanzar esos objetivos exige de todos una actitud constructiva y decidida, la actitud de no estar contra nadie sino de estar con los españoles", ha proclamado. Durante su intervención, Aznar ha lanzado duras críticas contra el PSOE y la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero, acusando a la izquierda de no adaptarse a los cambios globales, no "anticipar" la crisis e iniciar, junto al nacionalismo, "el camino de vuelta hacia políticas de exclusión" como el Pacto de Tinell.

España
«El PSOE tiene una Ejecutiva de derrotados, coaligados con la izquierda radical»
luis ventoso / la coruña ABC 11 Junio 2013

Socialista libre, católico y españolista, advierte que la crisis política es mucho más preocupante que la económica: «Se han reabierto las grandes cuestiones que generaron confrontación en España, la territorial y la religiosa»
«El PSOE tiene una Ejecutiva de derrotados, coaligados con la izquierda radical»

Francisco Vázquez, coruñés de 67 años, es parte de la historia del municipalismo español, por sus seis mayorías absolutas consecutivas como alcalde de su ciudad. Su último papel en la política activa lo desempeñó en Roma. Cuatro años como embajador de España ante la Santa Sede, en los que aplicó ungüento a las heridas abiertas por el anticlericalismo de Zapatero. Socialista de espíritu libre, católico y españolista, critica sin ambages la radicalización de su partido y se muestra muy preocupado por la deriva separatista. «Estamos peor que en la Segunda República, porque entonces el PSOE sí defendía la unidad de España», musita en la espléndida biblioteca de su vivienda, en un recodo de La Marina de La Coruña. Hablamos rodeados por una colección de libros que colmaría los sueños de cualquier bibliófilo, alineados en estanterías de madera noble que Vázquez ha coronado con placas con los nombres de sus héroes: Homero, Cervantes, Dante, Napoleón, Mozart…

-Usted entró en el PSOE y la UGT en la clandestinidad, fue el primer secretario general de los socialistas gallegos, diputado desde las Cortes Constituyentes, alcalde, senador, presidente de la FEMP, embajador… Mirando atrás, ¿se han cumplido las ilusiones que tenía su generación cuando entró en política?
-Hace tres o cuatro años yo era un hombre satisfecho generacionalmente. Todo el esfuerzo de generosidad y acuerdo de los años 70 para lograr una España diferente parecía justificado. Hoy ya no soy tan categórico. No soy pesimista. Pero me deprimo a veces pensando que ese esfuerzo ha sido baldío, porque hemos vuelto al punto de partida.

-¿A cuál?
-Se han reabierto las grandes cuestiones que generaron confrontación en nuestro país, la territorial y la religiosa. No la militar, porque las Fuerzas Armadas son la institución más valorada por los españoles y la que mejor ha respondido al cambio. Pero en su lugar ha aparecido la cuestión judicial. Hay inseguridad jurídica, protagonismo excesivo de la justicia y un cierto clima de vendetta política a través de los tribunales. Además, me entristece mucho el giro que en pocos años ha dado mi partido, que no responde ni a su historia ni al papel que le corresponde de partido moderado y socialdemócrata. Hoy es más un partido radical a la italiana que un partido socialdemócrata inglés o sueco.

-Es curioso, porque eso que apunta parece que lo ve todo el mundo, excepto quienes dirigen su partido…
-No es el partido, es su dirección actual. Pero tiene una explicación. Hoy la Ejecutiva del PSOE está integrada por personas que han sido derrotadas en todas las elecciones a las que se han presentado. Derrotados repetidas veces y de forma abrumadora, con la única excepción del alcalde de Toledo. Además, la casi totalidad de integrantes de esa Ejecutiva de derrotados tienen su origen en el propio partido. Si dejan la política no tienen profesión. Están instalados en la resignación de la derrota. No aspiran a ser un partido hegemónico y de gobierno. Están en la coalición, en un espacio compartido con la izquierda radical. Carecen de experiencia y conocimientos y, sobre todo, han sido rechazados por el ciudadano. Mientras no se supere eso estamos condenados a esta decadencia ideológica, que aleja a millones de votantes del PSOE. No ven un partido con la etiqueta de moderado.

-Eso es estricnina en las urnas.
-Claro, porque en España gana quien ostenta la etiqueta de la moderación. Unas veces el centro-derecha y otras veces el centro-izquierda. Mi partido ha olvidado que nuestro competidor es el PP, el centro-derecha, no la izquierda radical, que nos diluye en un mensaje destructivo, incapaz de resolver problemas, con posturas rayanas en la demagogia e inaplicables.

-Pero quizá su generación, los que apelan a ese centro, todavía en pleno vigor intelectual, han estado demasiado callados ¿Dónde estaban, por ejemplo, cuando asistíamos a la inconsciente carrera estatutaria de Zapatero?
-Yo nunca callé. Fui de los pocos. Nuestra generación fue marginada. Fuimos sustituidos por una generación que responde a criterios burocráticos de partido, más que políticos. Hoy es un partido de aparato, como eran los antiguos partidos comunistas, más que lo que ha sido el partido socialista. A mi generación se la desaprovechó.

-¿Le pasaron factura por hablar?
-Cuando fui nombrado embajador para recomponer las relaciones con la Iglesia algunos tal vez buscaban también la manera de alejarme del escenario. Pero no me preocupa. Acepté aquel reto, tanto como socialista como católico, porque entendía que la confrontación izquierda-Iglesia tiene muy mala memoria histórica en España. Había que reestablecer el diálogo y creo que lo conseguí.

-¿Le suscita alguna esperanza alguno de esos nombres que se están barajando, Chacón, Madina, Pachi López…?
-No, no, no. Solo me suscita esperanza el político que viene avalado por las urnas. Punto. En política no hay más. Tenemos que buscar personas que hayan conseguido ganar. Son habas contadas. Al menos se presupone que esos saben contactar con las aspiraciones de la gente. El resto es solo pura entelequia de laboratorio político y cerrazón burocrática.

-¿Debió marcharse Rubalcaba tras su batacazo electoral?
-Sí, Rubalcaba y la Ejecutiva tenían que haber dimitido tras las generales. Es lógico ante una debacle como la que hubo. Eso ha conllevado que no haya un liderazgo fuerte. Para desesperación de muchos como yo, las preocupaciones del Partido Socialista son más las internas que responder a las necesidades de los ciudadanos. Tremendo. Es una Ejecutiva de derrotados. El secretario de Organización se presentó dos o tres veces a candidato de Castilla-León y fue derrotado. Trinidad Jiménez fue derrotada a todo lo que se presentó, Comunidad, Ayuntamiento. Rubalcaba, lo mismo. No tienen otra salida más que la política.

-Y usted, que parece que tiene las ideas claras, ¿por qué no da la pelea?
-Yo hace muchos años que dejé la actividad orgánica. Sigo en política en la medida que la entiendo como un servicio público y un compromiso con tu realidad vital. Además, poco tendría que hacer ahí con los principios que yo tengo. Soy un socialdemócrata alejado del radicalismo, que se declara defensor de España y que además es católico. Eso no encaja en esas estructuras actuales de poder, no en la militancia, que es otra cosa. En el 79, en una situación tan mala como la actual, el PSOE perdió las elecciones. ¿Qué hicimos? ¿Nos radicalizamos? Todo lo contrario. Se abandonó el marxismo. Nos homologamos con la socialdemocracia europea, y en las siguientes elecciones ganamos por una mayoría abrumadora. Lo contrario a lo de hoy.

-¿Qué le quita más el sueño, la economía o el pulso independentista?
-A mi la crisis política, sin duda alguna; la crisis territorial. Yo me baso siempre en la historia. Estamos viviendo una de las mayores crisis en cien años. Sobre todo por la amenaza del secesionismo catalán, al que yo no llamo así, los denomino sediciosos. Hay un desacato permanente de las leyes y sentencias, se incumple la lealtad elemental con el Estado y además se anuncian esos incumplimientos. Pero la crisis política me preocupa sobre todo porque no hay el acuerdo entre las dos principales fuerzas, PP y PSOE, para dar la respuesta, que además es muy simple.

-Pues usted dirá…
-Pues aplicar la Constitución. No se puede mirar para otro lado. Ya se hizo en situaciones similares en democracia. Por ejemplo, en la Segunda República, cuando se plantearon situaciones de insumisión abierta; también, curiosamente, sobre todo por parte del nacionalismo catalán, más que el vasco. Fíjese, el problema es que por primera vez en la democracia no hay alternancia, y eso agrava más la amenaza de ruptura territorial. Normalmente si el gobernante entraba en declive en España siempre generábamos una alternativa, de centro izquierda o de centro derecha. Hoy no. Al contrario. Podemos perder el factor de estabilidad de la mayoría y entrar en una situación a la italiana, de ingobernabilidad absoluta, agravada por la incapacidad del pacto. En Italia al final nunca llega la sangre al río, acaban pactando. Aquí hasta el acuerdo más elemental es inviable.

-Se percibe una especie de complejo de inferioridad del PSOE ante el nacionalismo.
-Bueno, lo ha tenido también el Partido Popular. La incapacidad de pacto entre los dos partidos mayoritarios ha determinado que los nacionalistas fuesen árbitros, y siempre obtenían avances irreversibles en la búsqueda de su objetivo. Hay que empezar a hablar con claridad: la razón de ser de los nacionalistas, su objetivo, es conseguir la independencia de su territorio y romper la unidad de España. Quieren terminar con el estatus de convivencia que disfrutamos. En el caso del socialismo el tema se agrava, porque nosotros nos basamos ideológicamente en el concepto de solidaridad. No puede haber nada más repugnante al concepto de la igualdad que esta defensa de la exclusividad del poderoso, del nacionalista, que busca el reconocimiento de sus privilegios. Durante la República, el gran adversario de los nacionalistas era el PSOE. Felipe González también les supo poner brida en su momento. Ahora no.

-¿Debería el PSOE romper con el PSC y presentarse con sus siglas en Cataluña?
-Sí, sí. Debería haber salido ya. Habrá quien diga que es hacerle el juego a la derecha. Es al revés. Frenaría la pérdida de credibilidad que tenemos en el resto de España. Una de las razones de nuestra caída es precisamente esa, nuestra falta de compromiso con el concepto de España y el Estado constitucional. Además, hay una cosa que no se dice: el nacionalismo separatista español es una confrontación de ricos contra pobres. Cataluña y el País Vasco son como la CEOE. En cambio, los sindicatos son Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha. Esta confrontación tiene un tinte clasista importante.

-¿En qué momento empezó a estropearse todo?
-Lo que ha desencadenado todo ha sido la dejación educativa, una gran responsabilidad de mi generación. Permitimos que la educación pasara a las autonomías y éstas construyeron un artificio ideologizado y muy sectario, deformando la realidad histórica y conformando generaciones de vascos, catalanes y gallegos con una idea de la historia rotundamente falsa, en la que España es una realidad ajena y hostil. Personas de 30 y 35 entienden que la independencia es una realidad que les corresponde por su historia. Mientras no se resuelva eso no hay nada que hacer. Además, nuestra educación va a la cola de todo el mundo.

-¿Cree que el Gobierno acierta con su línea de no intentar echar gasolina al fuego ante el envite nacionalista?
-Nada. Un error. Es sorprendente que se haga una nueva Ley de Educación en la que se prevé el incumplimiento de la misma en un territorio español, como es el caso de Cataluña. Se prevé que en el supuesto de que no se cumpla la ley los niños que quieran aprender castellano irán a la enseñanza privada. ¡Eso es una desmesura! El reconocimiento expreso del derecho a la insumisión y el desacato de una autonomía respecto a las leyes y la Constitución. El Estado tiene que garantizar que se estudie la historia de un espacio compartido que se llama España. Además hay que dar conocimientos. Aquí ni se recomienda la lectura del Quijote ni los jóvenes salen sabiendo quién es Agamenón o quién es Aquiles. No conocemos nuestras raíces culturales, se han sustituido por la precariedad de conocer lo inmediato. Un reduccionismo intelectual absoluto que ha echado a perder a varias generaciones en los últimos 20 años.

Las CCAA apenas han cerrado 308 de sus 2.362 empresas públicas: Cataluña sólo ha recortado el 6% y Andalucía, el 5%
www.vozpopuli.com 11 Junio 2013

A 1 de enero de 2013, las Comunidades sólo han recortado el 13% de sus entes públicos. Hacienda alega que desde entonces hay 227 entidades en proceso de cierre o que han cesado sus actividades. Cataluña y Andalucía mantienen activas el mayor número, 435 y 350 respectivamente. La deuda de empresas de los ayuntamientos se duplica en la crisis hasta superar los 8.000 M.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas anunciaba hace escasos días a bombo y platillo que las Comunidades Autónomas habían disuelto a 1 de enero de 2013 un total de 535 empresas públicas. Sin embargo, al examinar el informe de Reordenación del Sector Público Autonómico elaborado por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, se comprueba que las autonomías sólo han cerrado de manera efectiva 308 de los 2.362 entes existentes a julio de 2010, es decir, apenas el 13,04 por ciento.

A principios de 2013, Cataluña y Andalucía son las regiones que mantienen abiertas más empresas públicas, 435 y 350 respectivamente, y dos de las que menos entidades han recortado, un 6,25 y un 5,41 por ciento.

Hacienda alega en su informe que hay 227 entidades vigentes a primeros de año que ahora se han extinguido, están en fase de liquidación o han cesado sus actividades, lo cual reduciría el número total de entes públicos hasta los 1.827. Además, las autonomías han anunciado el compromiso de dar el cerrojazo a 193 más durante 2013.

Castilla -La Mancha es la Comunidad que más ha empequeñecido su sector público, al recortar 32 de las 82 sociedades que tenía, un 39,02 por ciento. Y eso se ha plasmado en que es la autonomía que mayor ajuste de plantilla ha acometido de todas: 2.395 personas. Le siguen en este capítulo Andalucía, con 905 despedidos, la Comunidad Valenciana, con 695, y Galicia, con 537. En cambio, Cataluña, País Vasco y Extremadura han rehusado aportar datos.

En total, las empresas públicas de las Comunidades Autónomas han echado a 5.836 trabajadores, con un ahorro de 129 millones en nóminas para las cuentas autonómicas. Entre 2011 y 2013, Hacienda estima que las Comunidades ajustarán sus desembolsos en unos 1.500 millones gracias a esta reordenación del sector público. Sin embargo, el conjunto de las empresas clausuradas presentaba un gasto no financiero del orden de los 6.810 millones de euros y una plantilla media de 25.580 individuos, muy por encima de los ahorros cuantificados y los más de 5.000 puestos de trabajo amortizados.

Inmediatamente por detrás de Castilla -La Mancha, Baleares y Galicia han ejecutado el mayor número de cierres: 54 y 40 entidades, el 29,83 por ciento y el 24,69 por ciento, respectivamente. Salvo por la Comunidad presidida por Cospedal, ninguna ha llegado a recortar un tercio de sus compañías públicas.

La buena noticia reside en que el endeudamiento de las empresas públicas de las CCAA se ha menguado desde el pico de 14.242 millones en 2011, hasta los 10.765 en el último trimestre de 2012.

Estas empresas siempre ha servido de vehículo de las autonomías para poder endeudarse y contratar saltándose todos los controles y legislación vigente. De hecho, fuentes cercanas a Hacienda reconocen que el Ministerio no puede hacer un esfuerzo mayor en el cierre de empresas porque de hacerlo esta deuda pasaría a engrosar la de las Comunidades, engordándola considerablemente. No en vano, el total de la deuda autonómica se ha triplicado durante la crisis, alcanzando los 184.5000 millones.

Sin embargo, al mismo tiempo el sector público de la Administración Central da muy mal ejemplo y continúa aumentando su recurso a la deuda. Éste ha ascendido desde los 18.080 millones de 2007 a los 34.300 millones de finales de 2012.

El endeudamiento de las empresas públicas pertenecientes a corporaciones locales también se descontroló en cuanto estalló la burbuja, y se disparó desde los 4.845 millones de 2007, para tocar los 9.418 millones durante 2011 y caer en 2012 situándose en los 8.252 millones.

Cataluña
La Generalidad excluye de los premios del turismo de Cataluña a las empresas y entidades que no rotulen en catalán
La discriminación del Gobierno autonómico hacia las empresas y particulares que optan por utilizar el español sigue siendo una práctica habitual y alcanza los más diversos ámbitos, a pesar de que el Tribunal Constitucional ha dictaminado que no es legal ese tipo de instrucciones.
Redacción www.vozbcn.com 11 Junio 2013

Rotular en castellano es motivo suficiente para que una empresa o una entidad quede excluida como candidata a los galardones del turismo de Cataluña que anualmente otorga la Consejería de Empresa y Empleo de la Generalidad.

Así lo recoge la convocatoria de este 2013 (Orden EMO/112/2013) que ha sido publicada este lunes en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC), y que, además de exigir a los premiados estar al corriente de sus obligaciones tributarias, no haber recibido sanciones graves y no tener ninguna deuda con el Gobierno autonómico, establece como condición imprescindible para optar al galardón presentar una ‘declaración responsable conforme se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística’. ‘La inexactitud o falsedad en las declaraciones responsables es causa de exclusión de la candidatura’, advierte la convocatoria.

Estos artículos señalan que ‘la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados, al menos, en catalán’.

También ordena que ‘los rótulos e informaciones de carácter fijo y que contengan texto que han de constar en el interior de los centros laborales dirigidos a las personas que trabajen en los mismos deben figurar, al menos, en catalán’.

Dos modalidades con cuatro categorías
Los premios -que no tienen dotación económica- se otorgan en dos modalidades: la Medalla del Turismo de Cataluña (que reconoce ‘a la persona física que, con su esfuerzo y dedicación, ha contribuido de manera especial a la promoción del turismo prestando servicios relevantes al sector, en cualquiera de sus aspectos o modalidades o bien contribuyendo con su ejemplaridad profesional y su cooperación, a los intereses turísticos de Cataluña y al posicionamiento internacional de la destinación’) y el Diploma Turístico de Cataluña (que condecora a ‘la institución, corporación, entidad o establecimiento que haya destacado por su actividad en favor del fomento del turismo en Cataluña y la internacionalización de nuestro destino’).

Cada una de las modalidades, a su vez, contará con un premiado por cada una de las cuatro siguientes categorías: turismo responsable; mejor experiencia turística; mejora del conocimiento y la investigación aplicada al sector turístico; e innovación.

De esta forma, y en base a los requisitos establecidos en la convocatoria, aquellas empresas o entidades que utilicen únicamente el catalán podrán optar a los premios, sin embargo, las que hayan decidido utilizar únicamente el español, no tendrán derecho a hacerlo.

Discriminación lingüística sistemática
No es la primera vez que se exige a una empresa o entidad utilizar, al menos, el catalán en sus relaciones privadas internas y externas. De hecho, es un requisito bastante frecuente que la Generalidad suele exigir para poder acceder a ayudas o subvenciones públicas.

Solo en los últimos tiempos, este tipo de obligaciones ha afectado a las consultorías para empresas culturales y para la gestión ambiental; los proyectos de cooperación al desarrollo y los festivales musicales; los profesionales del mundo creativo y artístico; la integración laboral de personas con discapacidad; la lucha contra la pobreza; las empresas de los sectores del comercio, los servicios, la artesanía y la moda, las casas regionales; la promoción del periodismo; las productoras de dibujos animados y las asociaciones de vecinos, las entidades para la prevención de la drogodependencia, y, entre otras, las empresas y ONGs que trabajan para la reinserción laboral.

En contra de la doctrina del Tribunal Constitucional
Cabe destacar que el Tribunal Constitucional ha dejado muy claro que no es legal este tipo de discriminaciones por motivos lingüísticos. Por una parte, en el fundamento jurídico 14 de la sentencia 31/2010, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el Alto Tribunal rechazó que el catalán pudiera ostentar un trato preferente respecto al castellano por parte de la Generalidad:

‘La definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma, por las Administraciones Públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña’.

Y, por otra parte, en el fundamento jurídico 22 de la misma sentencia, desactivó la posibilidad de que la Generalidad pueda imponer a las empresas el uso de una lengua determinada:

‘El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos’.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
ETA está débil, no derrotada
Editorial La Razón 11 Junio 2013

La historia de la lucha antiterrorista en este país está marcada por momentos críticos en los que ETA parecía derrotada y el Estado de Derecho, por unas u otras causas, fue incapaz de mantener la presión y convertir en definitivo lo que se tenía al alcance de la mano. En esos periodos entraron en juego los cálculos políticos de quienes aspiraban a pasar a la historia como aquellos que acabaron definitivamente con el terrorismo o quienes se precipitaron en un proceso como el final de ETA que requería respetar tiempos y reglas hasta que el terrorismo espirara.

La banda aprovechó esa debilidad de los responsables de turno para sacar ventaja, recuperarse y volver al asesinato y a la extorsión. En todas esas coyunturas, ETA lanzó señuelos que algunos siguieron.

Los errores costaron sufrimiento. Hoy, la democracia afronta una de esas encrucijadas cruciales en las que la estrategia de la banda ha puesto a prueba la firmeza de la política. El Gobierno ha sabido manejarse con eficacia y determinación en medio de una maraña de propaganda y falacia proetarras, y alguna que otra colaboración de otros personajes, incluido algún socialista. No ha perdido el norte ni se ha distraído con cantos de sirena.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado han mantenido la presión y la Justicia ha acompañado en cumplimiento de su deber constitucional. El Ejecutivo ha acertado de lleno y la secuencia de acontecimientos le ha cargado de razones. No ya sólo porque ETA se mantenga en un alto el fuego permanente que avisa con revisar continuamente, sino porque las investigaciones demuestran que la amenaza, lejos de ser virtual o quimérica, es absolutamente real, más allá de la retórica de Bildu y compañía, de las escenificaciones de los supuestos mediadores y de farsas como el «Foro Social».

LA RAZÓN adelanta hoy que la banda terrorista mantiene estructuras operativas en España preparadas para actuar, y que su actividad de aprovisionamiento y logística no se circunscribe a Francia. Conviene, por tanto, no equivocarse ni dejarse arrastrar por relatos capciosos o burdos montajes como el convocado para el próximo sábado en el sur de Francia, con etarras que lo fueron y que hoy están plenamente regularizados, con sus documentos españoles en regla, gracias a la prescripción de sus delitos. Estamos obligados a aprender de los errores del pasado. El Gobierno está en la línea de perseverar hasta la derrota de los etarras. En este camino ha habido dolorosos reveses como la legalización de Sortu y Bildu y su regreso a las instituciones, pero también el acierto de no apartarse ni ladearse de la única política posible que, además de agravar la debilidad de la banda con arrestos, ha causado una fractura cada vez mayor entre ETA y Batasuna a cuenta del futuro de los presos. Una fractura que sólo puede ser beneficiosa para los demócratas.

Cataluña, capital París
maría jesús cañizares ABC Cataluña 11 Junio 2013

Mientras investigadores de la Universidad de Barcelona se complacían de haber hallado el lugar exacto donde el «Timbaler del Bruc» expulsó a los franceses en 1808, el presidente catalán Artur Mas entregaba al país galo sus trenes, su ejército y sus ilusiones soberanistas. Cómo ha cambiado el cuento, dirán algunos. Es que en historia no vale la foto fija, digo yo. Pero el nacionalismo es muy dado a ello, al uso del año cero, como ocurre en Cataluña con 1714. También se recurre a menudo a los mitos y leyendas y, a pesar de la citada investigación académica, hay quien asegura que el «timbaler» nunca existió. Que es una ilusión. Como lo es pretender ahora que sea un operador francés el que gestiones Cercanías en Cataluña. De la falacia del asunto da buena cuenta en páginas posteriores Àlex Gubern, quien también escribió en su día sobre la propuesta de ERC de una Cataluña independiente protegida por el Ejército francés. Es una pena que el ministro de Defensa galo no acudiera a la cita con Mas en París para saber algo más.

E igualmente fabuloso -de fábula- resulta que el Gobierno de CiU aspire a establecer complicidades soberanistas con un país tan centralista como Francia, donde la causa bretona es tratada como una excentricidad de la zona noroeste del país. Poco o nada hemos oído de labios del francófilo Mas sobre el bretón, esa lengua tratada como extranjera y, por tanto, como asignatura optativa en el sistema educativo francés y que hablan unas 300.000 personas.

Vimos, eso sí, al dirigente nacionalista muy cómodo expresándose en una lengua que perfeccionó en el Liceo francés, donde según el escritor Gregorio Morán -citar a este autor es como mentar la bicha en determinados ambientes nacionalistas-, obligaban a los alumnos a aprender de memoria los versos de Baudelaire. Otra cosa es que lograra empatizar con la «grandeur» de un Eliseo ahora socialista. Pero París bien vale una fiesta de diplomacia catalana, pues fue en esa capital donde, días después, el director general de Diplocat, Albert Royo, presidió una sesión sobre el derecho a decidir y la convocatoria de una consulta sobre el Estado propio.

Desconozco si alguno de los asistentes a ese acto se interesó por la inclusión del sur de Francia en los denominados Países catalanes. Por aquello de ir preparando a su propio «timbaler» al otro lado de los Pirineos.

Los Mossos, unos verdaderos patriotas catalanes.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 11 Junio 2013

Uno de los mayores males de España derivado del sistema autonómico, ha sido la disgregación de las FFyCCSE en diferentes grupos que actúan solo a las órdenes de los dirigentes de la Autonomía que les tiene en nómina como funcionarios, yo diría como mercenarios. Loa realmente dramático de esta situación es que no hay forma de que la Ley se cumpla en todo el territorio nacional y que muchas CCAA deban ser consideradas como "territorio comanche" refugio de delincuentes de todo pelaje,sobre todo del político y trincón.

En cuanto a las llamadas Comunidades históricas tenemos a la Etzaintza en El País Vasco y a la Policía Foral en Navarra. De las comunidades que han ejercido su derecho a la creacion de esta policía autonómica,destaca exclusivamente Cataluña con Los Mossos de Esquadra, ya que el resto de CCAA o se han limitado a establecer un grupo adscrito de la Policia Nacional, o bien han renunciado a su creación. En cuanto a la legislación aplicable, se encuentra la Ley Orgánica 2/86 de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La Ley es muy clara respecto a las responsbilidades y funciones:
"Las funciones que con carácter de propias de la Policía Autonómica han quedado definidas en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el art. 38.

Estas funciones son:
Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas por los órganos de la Comunidad Autónoma.
La vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma y de sus entes instrumentales, garantizando el normal funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de los usuarios de sus servicios.

La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de la Comunidad Autónoma, denunciando toda actividad ilícita.
El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la propia Comunidad Autónoma.

Las funciones en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que señala la referida Ley Orgánica 2/1986, son las siguientes:

Velar por el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones del Estado y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el art. 29.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.
Vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones humanas.

El ejercicio de estas funciones corresponderá con carácter prioritario a los Cuerpos de Policía de las Comunidades autónomas, sin perjuicio de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando, bien a requerimiento de las autoridades de la Comunidad Autónoma, o bien por decisión propia, lo estimen necesario las Autoridades estatales competentes."

Solo hace falta consultar la hemeroteca para confirmar que durante los últimos tiempos y quizás desde el comienzo de su implantación, las policías autonómicas han hecho dejadez de sus funciones en todas aquellas sentencias de los Tribunales de Justicia de España que han sido sistematícamente ignoradas por los dirigentes y parlamentos autonómicos, así como diversas corporaciones locales. Se ha permitido la insumisión en una actitud de deslealtad e insubordinación con el Gobierno de España,el Ministerio de Interior y los poderes judiciales. El tema de la llamada guerra de banderas, solo es uno más de los actos de desprecio y de injurias que se toleran.

El Gobierno de España tiene el deber de hacer cumplir la ley y las sentencias de los tribunales de España. La Ley 2/86 y la propia Constitución le da toda la legitimidad para no seguir permitiendo esta aberrante situacion de que el nacionalismo separatista use a un cuerpo policial como fuerza de coacción o disuasoria en franca rebeldía y desafío a España. La ley ya existe, solo hace falta voluntad y valor para hacerla cumplir.

Ayer, el suplemento de historia de LA GACETA
Companys, de profesión golpista
FERNANDO PAZ www.gaceta.es 11 Junio 2013

En las últimas fechas se han suscitado ciertas polémicas periodísticas que han buceado de nuevo en nuestra historia. La última ha sido a cuenta de Lluís Companys, el líder idolatrado por el catalanismo y consagrado gracias a su fusilamiento tras la guerra civil, algo que parece santificarle desde la perspectiva de la corrección histórica, pero ¿cuál es la verdad de Companys?.

Aunque en nuestros días se ha convertido en la referencia por antonomasia para el nacionalismo catalán, lo cierto es que Companys no siempre fue, ni mucho menos, catalanista. Si bien manifestó desde muy temprano una muy acusada inclinación a la política, lo cierto es que sus primeros pasos los dio en el lerrouxismo, expresión popular y radical de un españolismo de acendrado espíritu nacional.

Y no solo eso: se le recuerda de su época universitaria como un iracundo joven que incluso participaba en la violenta disolución a bastonazos de las sardanas, celebración en la que encontraba una intolerable contaminación catalanista. Aquel bohemio camorrista empeñó su juventud en frecuentar cafés y redacciones de periódicos, como la de La Publicidad, regida en aquel tiempo por Alejandro Lerroux, que más tarde le empujaría a entrar en el Partido Reformista, de Melquiades Álvarez.

Companys se acercaba entonces a los 35 años. Había dejado de ser un joven para convertirse en una persona adulta y madura, a la que se le suponían unas convicciones. La perseverancia de su militancia política en formaciones españolistas, y su oposición a todo lo que tuviese relación con el nacionalismo, hacía enormemente improbable predecir la deriva que más tarde le caracterizaría: cuando a finales de 1917 fue elegido concejal en Barcelona tuvo que compartir consistorio con Carrasco y Formiguera, al que no dejó ocupar su escaño hasta que no gritara de modo bien audible un estentóreo “¡Viva España!”.

A partir de entonces, Companys se acercó a los sectores anarcosindicalistas, al ejercer como abogado defensor de los pistoleros de los llamados sindicatos únicos (la CNT) que, en aquellos años que antecedieron a la dictadura de Primo de Rivera, se enfrentaban a los matones de la patronal agrupados en los llamados sindicatos libres. Por su lado, los catalanistas, de extracción burguesa y alarmados ante el cariz que iban tomando los acontecimientos -y bien reciente la experiencia de la revolución rusa-, incitaban a los militares a pronunciarse para poner fin a la situación de desorden extremo que asolaba la Cataluña industrial.

Pero Cataluña no estaba constituida solo por la conurbación que se había formado en torno a Barcelona. Aunque era, en el conjunto de España, la región más desarrollada, existía una amplia realidad rural, en la que Companys desarrolló su tarea profesional durante los años centrales de la década de los veinte como abogado de los sindicatos campesinos. Desde allí ingresó en la Alianza Republicana, que en 1926 tributaría un homenaje a Alejandro Lerroux en Barcelona, y tres años después se sumaría a una intentona golpista de la mano de Sánchez Guerra, quien trató de sublevar a los militares en Valencia contra Primo de Rivera. Era su primer golpe de Estado, saldado con apenas tres meses de prisión.

Es cierto que su deriva le llevó a ser uno de los fundadores de Esquerra Republicana, pero no deberíamos sobrevalorar en un sentido catalanista el significado de este gesto. La ERC que vio la luz por aquellas fechas incluía a personajes tan atolondrados como el militar independentista Francesc Maciá, pero también a algunos sectores republicanos y simplemente izquierdistas sin significación nacionalista específica. Companys ingresó en calidad de miembro de la ejecutiva de ERC, uno de los puestos de máxima responsabilidad de la formación nacionalista. Estamos en marzo de 1931, vísperas de la proclamación de la II República.

Las elecciones del 12 de abril de ese año catapultaron a Companys, pues la Esquerra fue el partido más votado en Barcelona. Dos días más tarde, el propio Companys notificaba a Alcalá Zamora el traspaso de poder en la ciudad condal, a la vez que Maciá proclamaba el “Estat Catalá” que “con toda cordialidad procuraremos integrar en la Federación de Repúblicas Ibéricas”, auténtico ente de ficción únicamente existente en la cabeza de los nacionalistas. Aunque es cierto que Companys se mostró escéptico ante tal declaración, lo cierto es que era la segunda impugnación de la legalidad en que se veía implicado.

Companys estuvo al frente del grupo parlamentario de Esquerra en Madrid entre 1931 y 1932, tiempo durante el cual su actitud fue relativamente moderada. Además de votar favorablemente la Constitución republicana, hizo lo propio con el estatuto de autonomía de Cataluña pese a que se habían acordado numerosos recortes de las pretensiones nacionalistas. A mitad del año siguiente incluso sería nombrado ministro de marina bajo el gobierno Azaña, aunque sólo duraría tres meses en el cargo.

Cuando en noviembre de 1932 se celebraron las elecciones al parlamento autonómo catalán, ERC obtuvo un clamoroso éxito y Companys fue nombrado presidente de dicha cámara. Pero el salto político se produjo cuando tuvo que sustituir a Maciá a la muerte de este; el último día de 1933 era elegido presidente de la Generalidad, no sin los recelos de una parte significativa del nacionalismo catalán que le consideraba dudoso y, lo que era aún peor, relacionado con los desafectos cenetistas.
Como queriendo corroborar las peores sospechas, Companys formó un gobierno de amplia base, inclinado a la izquierda y pronto dispuesto al enfrentamiento con el Gobierno de Madrid que, a consecuencia de las elecciones noviembre de 1933, pertenecía a la derecha.

En el mes de junio de 1934, Companys tomó una controvertida decisión: nombró consejero de Gobernación a Josep Dencás, el cual se había manifestado en términos inequívocos a favor del secesionismo. Dencás atacó con decisión a los anarcosindicalistas, ya que estimaba que las reivindicaciones sociales desviaban energías que había que dedicar a la construcción nacional. Numerosos catalanistas le consideraban fascista, y no sin razón; él mismo reivindicaría con posterioridad tal condición, cuando se exiliara a la Italia de Mussolini tras el estallido de la guerra civil en 1936. Además, estaba al frente de las milicias juveniles armadas de las que disponía ERC, los escamots, que con sus camisas verdes y sus disciplinados desfiles reproducían la estética y los modos fascistas sin el menor rebozo.

Hoy cabe poca duda de que Companys nombró a Dencás con plena conciencia de lo que hacía: por una parte, la violencia de Dencás y los suyos le solucionaba la papeleta del orden público, y por otro le ayudaba a organizar la rebelión que se desencadenaría en ese mismo mes de octubre de 1934. Además, si se producía un probable fracaso, podía echarles la culpa, con lo que en el peor de los casos eliminaba al máximo opositor de su política dentro de Esquerra.

El 6 de octubre de 1934, Companys acaudilló la rebelión contra el gobierno legítimo de la república. Coincidiendo con la revolución asturiana, asaltó el estado en la esperanza de que este, debilitado, tuviera que ceder finalmente a su propósito secesionista. Pero la acción del gobierno, decidida a la hora de aplastar la sediciosa rebelión, fue suficiente para concluir con notable rapidez el proceso separatista. Dencás huyó por las alcantarilla de Barcelona, y el propio Companys pasó a disposición de la justicia. Era el tercer golpe en el que se veía implicado.

En junio de 1935 fue condenado por el Tribunal de Garantías Constitucionales a 30 años de prisión y de inhabilitación absoluta, y la autonomía catalana suspendida. Lo que no obstó para que le fuera permitido presentarse como candidato en las elecciones de febrero de 1936 que llevaron al Frente Popular al poder. A finales de ese mismo mes, Companys fue repuesto en su cargo. A Companys, tres veces golpista, le esperaba una guerra civil en la que su papel ha sido duramente cuestionado, pues si es cierto que consta su intervención personal para salvar a algunas personas, no lo es menos que fue decisión suya armar a las milicias revolucionarias que protagonizarían una auténtica orgía de sangre en la retaguardia catalana durante el conflicto.

Vago y desenfrenado
La controvertida figura de Lluís Companys ha sido analizada de distintos puntos de vista. En parte, nos ha llegado considerablemente distorsionada por las exigencias de la corrección política. Pero hay una cierta unanimidad, por ejemplo, en cuanto a que era un hombre de poca disposición al trabajo. Una descripción del hombre nos ha llegado a través del testimonio de un comunista como Serra Pamiés, quien lo retrata como una especie de exaltado, como un desenfrenado que rozaba la locura: “Le daban ataques, se tiraba de los pelos, arrojaba cosas, se quitaba la chaqueta, rasgaba la corbata, se abría la camisa. Este comportamiento era típico”.

España
Las autonomías le cuestan a cada hogar más de 11.000 euros al año
ROBERTO PÉREZ / MADRID ABC 11 Junio 2013

En Cataluña se eleva a más de 12.300 euros, es la tercera comunidad más cara tras Navarra y País Vasco
Las autonomías le cuestan a cada hogar más de 11.000 euros al año

Pese a los recortes presupuestarios, las autonomías gastaron el año pasado 169.819 millones de euros, casi 7.600 millones más que en 2011. Y eso que en 2012 evitaron pagar la extra de Navidad a sus empleados, un ahorro coyuntural con el que no contarán este año. Varias comunidades lograron reducir los gastos en 2012, pero no la mayoría. Parte de esto se debe a que, en mayor o menor medida, todas las autonomías han tenido que hacer frente a multimillonarios pagos de facturas atrasadas de años anteriores. El Plan de Pago a Proveedores que puso en marcha el Gobierno de Rajoy inyectó en las autonomías 18.600 millones de euros que se usaron para pagar facturas pendientes. Pero, al margen de ello, también es cierto que no todas han acometido ajustes estructurales por igual, y eso acaba notándose en el coste que tienen para el ciudadano.

Según los datos oficiales recopilados por ABC, en los tres últimos años —de 2010 a 2012— las autonomías gastaron 509.429 millones de euros. Es decir, la mitad de toda la renta que es capaz de generar España en un año, la mitad del PIB nacional.

¿En qué se lo gastan?
A tenor de lo que el sistema autonómico ha gastado en el último trienio, sostenerlo le sale a un hogar español medio de tres miembros por 11.300 euros al año en números redondos. A razón de 3.756 euros por habitante y año de media. Poco más de la mitad de ese dinero se va en costear la Sanidad y la Educación; el resto, en el entramado de otras competencias que desempeñan, estructuras burocráticas, entes diversos —algunos duplicados con el Estado—, empresas públicas, gasto corriente, pago de la deuda pública...

Unas más, otras menos
El máximo histórico
El récord se dio en 2009: las autonomías se gastaron casi 190.000 millones

Deudas saldadas
Liquidar las facturas pendientes infló el gasto en 2012, pese a los recortes

Deudas saldadas
Liquidar las facturas acumuladas en los cajones hizo crecer el gasto total en 2012, pese a los recortes

Las cuentas para este año
Las autonomías prevén gastarse más de 165.758 millones, pero será más al ampliarse el techo de déficit

Según la comunidad, el coste es mayor o menor. Con los datos que deja el último trienio, las más caras son, por este orden, Navarra, País Vasco y Cataluña. En el lado contrario está Madrid, la comunidad más barata en los tres últimos años. Si se cuenta la previsión de gastos de este 2013, la menos onerosa por habitante será Murcia, seguida de Andalucía y Madrid; pero Navarra, País Vasco y Cataluña de nuevo este año serán las más caras.

El sector público de la Generalitat le cuesta a cada hogar catalán una media de 12.300 euros. En el País Vasco la cifra se eleva hasta los 14.000 en números redondos. Y en Navarra, en el último trienio el coste medio de su estructura autonómica (foral) ha superado los 18.500 euros por hogar y año. Esas cifras contrastan con los poco más de 8.800 euros que cuesta la Comunidad de Madrid, los menos de 9.900 de Murcia, o los poco más de 10.000 euros por hogar y año en el caso de Galicia o Castilla y León.
El sexenio desbocado

El récord de gasto autonómico se produjo en 2009, dos años después de que aflorara la crisis. Aquel año marcó un punto de inflexión. La crisis hizo insostenibles las engordadas cifras de gasto. Los ingresos no alcanzaban a cubrir los costes, que se habían ido expandiendo año tras año.

En 2003 las autonomías gastaron 111.543 millones de euros; seis años después, 188.631 millones de euros. Un aumento del 69 por ciento en un sexenio en el que el coste de la vida —el IPC acumulado— se había encarecido un 17,1 por ciento. Es decir, el gasto de las autonomías no aumentó en proporción a cómo se encareció la vida, sino mucho más, porque se habían ido multiplicando estructuras, entes, más empleados públicos, más gasto corriente... Todo eso engordó los costes al calor del despegue económico. Por si fuera poco, las autonomías lo hicieron disparando el endeudamiento, año tras año, incluso en la etapa de bonanza económica que dejaba a la Administración lustrosos ingresos.
Pagar para sanear

El sistema autonómico también vivió su particular «burbuja». El problema es que en el sector público es fácil crear entramados de gasto, pero cuesta eliminarlos. El propio Gobierno de Rajoy —empeñado en poner orden y acabar con estructuras duplicadas e inmerso en planes de reforma del sector público— ha reconocido en varias ocasiones que la tarea no es sencilla ni inmediata.

De los 188.631 millones de euros que las autonomías gastaron en 2009 se pasó a los 177.380 millones de 2010. Y, de ahí, a los 162.230 millones en 2011. Una caída sustancial, pero sólo aparente, porque en las autonomías se fueron acumulando en los cajones facturas pendientes de pago que ha tocado «digerir» ahora.

El gasto contabilizado bajó en esos tres años, pero no fue una bajada real. Se logró a costa de ir acumulando impagos a los que se ha tenido que hacer frente después, tras dos elecciones de por medio y cambios de gobierno en 2011: los comicios autonómicos de mayo y los generales de noviembre.

Para poner orden en las cuentas, lo primero que ha habido que hacer ha sido liquidar la abultada lista de facturas pendientes. Y eso ha tenido dos efectos: por un lado ha hecho aumentar el endeudamiento de las autonomías en su conjunto, y por otro ha supuesto contabilizar en un año gastos que en realidad se habían hecho en años anteriores. De ahí que, aunque se está avanzando en el recorte del gasto estructural —en unas comunidades más que en otras—, su efecto no se apreció en toda su dimensión en la cifra final que dejó 2012. En su conjunto, el año pasado las autonomías gastaron un 4,67 por ciento más que en 2011, como consecuencia de ese efecto de puesta al día en los pagos que aún se está terminando de digerir.

Artur Mas se opone
Wert: 'La Generalitat pagará la enseñanza en castellano hasta el último euro'
El ministro de Educación no considera que la Lomce suponga un ataque al modelo lingüistico de Cataluña
Javier Sánchez www.lavozlibre.com 11 Junio 2013

Madrid.- "El Gobierno del Estado pagará y después deducirá a la Generalitat los gastos de escolarización en los centros privados que enseñen en castellano a sus alumnos". Así lo ha confirmado el ministro de Educación, José Ignacio Wert, en una entrevista que este lunes publica 'El Mundo' al ser preguntado sobre los padres catalanes que desean escolarizar a sus hijos también en castellano. Más allá de las diversas polémicas que se han establecido entorno a la Lomce y su aplicación en Cataluña, el ministro considera que "la ley salvaguarda el derecho de los padres a que sus hijos sean escolarizados utilizando el castellano como lengua vehicular y, por lo tanto, la administración correspondiente pagará hasta el último euro".

En respuesta al presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, quien considera que la nueva ley atenta contra la dignidad de los catalanes, Wert señala que " es falso que atente contra el modelo lingüístico de Cataluña", y añade que "existen hasta 6 comunidades autónomas con lengua cooficial, y la única que parece afectada por la utilización del castellano como lengua vehicular es Cataluña".

Wert también se refiere a las opiniones manifestadas en el País Vasco que le tachan de provocador por 'querer que los niños vascos aprendan quién es Agustina de Aragón', considerando el ministro que " la Historia de España es también la historia de los pueblos y comunidades que la forman".

Fuera de los conflictos lingüísticos que la ley ha provocado en ciertas comunidades, el principal objetivo de la ley, tal y como ha informado el propio Wert, es la reducción de la tasa de abandono escolar en España, un abandono que se sitúa en el 25%, duplicando a la media de la UE. En este sentido, José Ignacio ratifica que " si bien es cierto que una ley por sí sola nunca es la causa única de una mejora, la Lomce puede mejorar la situación del abandono gracias a la creación de unos itinerarios más flexibles".

Por una reforma federal del Estado autonómico
El concierto vasco y el convenio navarro son asumibles si no generan privilegios
Gregorio Cámara / Carmen Calvo El Pais  11 Junio 2013

El Estado autonómico ha sido hasta ahora el desarrollo de un proceso abierto por la Constitución, que nos ha proporcionado el modelo de organización político-territorial más legítimo, democrático y eficaz que hemos tenido en España. Sin embargo, no es un Estado formalmente federal porque no existió en 1978 una voluntad expresa constituyente, por lo que el modelo no está en la Constitución.

No es esta una cuestión menor. Y no lo es porque esta realidad no solo resta fortaleza a su legitimidad de origen, sino que hace que tampoco disponga de la plenitud y coherencia de los rasgos estructurales de la forma federal, razón por la que está permanentemente abierto a reinterpretaciones o pretensiones de reconfiguración recurrentes sin reforma constitucional. Estamos ya abundantemente ilustrados acerca de estos problemas y de las importantes carencias e incoherencias que el Estado autonómico viene arrastrando en su estructura y articulación, que se proyectan en un funcionamiento deficiente, con grandes tensiones y conflictos territoriales sin un marco común adecuado en el que resolverlos y sin una clara perspectiva de futuro.

El Estado autonómico es el punto de llegada de un Estado fuertemente descentralizado, fruto de un dilatado proceso de desarrollo político e interpretación de las normas constitucionales y estatutarias que ya parece haber alcanzado su límite tras la STC 31/2010 sobre el Estatut. Al importante desgaste que venía sufriendo desde hace años, ha de unirse ahora el deterioro que produce su fuerte cuestionamiento; de un lado, por pretensiones recentralizadoras que apuntan en sentido contrario a la indiscutible realidad plural de España; y de otro, por un nacionalismo que se ha venido instalando con intensidad creciente en planteamientos soberanistas en el País Vasco y en Cataluña. Los efectos y las tensiones generadas por la profunda crisis económica, social y política se suman también a una progresiva pérdida de su legitimidad de ejercicio.

Así las cosas, su desembocadura lógica, “natural” y racional sería el Estado federal pluralista, social y cooperativo como punto de encuentro para una reorganización territorial desde la lealtad al compromiso democrático que animó el consenso constitucional. El Estado federal sería punto de llegada y de partida para un tiempo nuevo. Estamos en uno de esos momentos históricos de encrucijada que conviene aprovechar con el máximo de sensatez, racionalidad y consenso para reasentar las bases de nuestra convivencia.

Está acreditado históricamente que el federalismo es un modelo integrador

Hoy podemos decir que tenemos un Estado muy distinto de aquel del que partimos en 1978. De ahí que sea posible y necesario reconstruir un modelo de organización territorial con la suficiente legitimidad, racionalidad y coherencia para que todos los territorios puedan sentirse suficientemente cómodos en él. Si las tensiones y los conflictos no desaparecen por ello, estarán mejor encauzados sobre la base de un renovado pacto constitucional. Por encargo de José A. Griñán y en el marco de la Fundación Alfonso Perales, un grupo de reflexión del que formamos parte ha elaborado un documento destinado al debate que traza de manera abierta el panorama de una posible reforma federal del Estado autonómico (http://www.fundacionalfonsoperales.com). En él se proponen sustancialmente, con el necesario detalle, los siguientes elementos:

— Reformar el Senado para convertirlo en una auténtica Cámara de representación territorial de nacionalidades y regiones.

— Reformar el Poder Judicial para adecuarlo a la estructura descentralizada del Estado federal y mejorar el servicio público de la Administración de justicia.

— Impulsar los instrumentos de colaboración y cooperación tanto verticales como horizontales, para reforzar las instituciones y ámbitos de encuentro multilaterales donde abordar de manera compartida y eficiente los problemas comunes.

— Reformar, clarificar y cerrar el sistema de distribución competencial para conseguir un autogobierno de la máxima calidad y un Gobierno compartido que sustente la unidad y el interés general de España.

— Configurar en la Constitución una autonomía local fortalecida que descanse sobre la concepción de comunidad política democrática más cercana al ciudadano.

— Establecer un sistema de financiación cuyos elementos esenciales estén en la Constitución, basado en los principios de suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad, equidad y estabilidad; y que ponga remedio a las desigualdades que por su aplicación y metodología producen el sistema de concierto vasco y de convenio navarro, singularidades históricas de cuño confederal que son asumibles democráticamente en tanto que sean neutras y no generen privilegio alguno.

Está acreditado históricamente que el federalismo es un modelo integrador, al tener capacidad de asimilar democráticamente la convivencia de todos, personas y territorios, en la diferencia (no en la desigualdad), configurando así el mejor espacio para el ejercicio de la participación y las libertades democráticas, para el mantenimiento y desarrollo del Estado social y para la canalización de los intereses comunes, fortaleciendo simultáneamente la autonomía territorial, la unidad del Estado y la igualdad. Una igualdad integradora de la autonomía que permita garantizar a la ciudadanía de todos los territorios una homogeneidad básica en sus condiciones de vida (derechos, prestaciones, deberes) para que sean justas y equitativas, pero que no ha de proyectarse en las diferencias culturales, cuya gran riqueza —riqueza para todos— se expresa libremente en la pluralidad de culturas y tradiciones, lenguas, instituciones y otras singularidades y modos de vida de nuestros territorios.

Gregorio Cámara es coordinador del documento y catedrático de Derecho Constitucional. Carmen Calvo es vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Alfonso Perales, profesora titular de Derecho Constitucional y exministra de Cultura.

Los federales, los federalistas, los intoxicadores, los indoctrinadores, los traidores
Nota del Editor 11 Junio 2013

Yo estoy deseando federalizarme. El placer de poder retirar mi parte correspondiente de mi bolsillo al funcionamiento de mi federación y aplicarlo con mis mejores criterios,, me dejaría en un estado casi virtual, y además conseguiría un rendimiento óptimo. Mi federación, que no se asociaría a quienes no estuviesen de acuerdo con mis principios, sería un ejemplo de eficacia, honestidad, y con el tiempo divertida, educada y respetuosa hasta el límite de la razón, porque eso del consenso es un cuento chino.

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