AGLI Recortes de Prensa   Sábado 22 Junio 2013

Mucho ruido y poca reforma
EDITORIAL Libertad Digital 22 Junio 2013

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), un trabajo "titánico" -en palaras de Soraya Sáenz de Santamaría- de casi 2.000 folios, que incluye más de 200 medidas para tratar de abaratar y mejorar el funcionamiento de la Administración. A primera vista, se trata de una medida positiva en múltiples aspectos, ya que nace con la intención de reducir organismos innecesarios, eliminar trámites burocráticos y, en general, simplificar el sudoku casi irresoluble que conforma la normativa española. Sin embargo, el Gobierno, una vez más, no sólo se queda corto en el alcance real de la reforma sino que, además, yerra por completo el tiro a la hora se solventar uno de los principales problemas que sufre el país: el excesivo e insostenible tamaño del sector público.

Lo primero que llama la atención es el ahorro que, según el Gobierno, conllevará el adelgazamiento del sector público. En total, 37.700 millones de euros entre 2012 y 2015. Se trata, sin duda, de una cifra apreciable, si no fuera porque se trata de un ahorro irreal, puramente ficticio. No en vano esa cifra incluye no sólo la reestructuración estatal que propone el informe, sino la reducción de empleados públicos acometida en 2012 y el efecto presupuestario que conllevará las tantas veces anunciada –pero no aprobada– reforma de la Administración Local. En realidad, las medidas que recomienda la CORA tan sólo supondrían un recorte del gasto de 6.500 millones de euros entre 2012 y 2015, y eso en caso de que se cumplieran todas y cada una de ellas, algo harto difícil si se tiene en cuenta que unas 120 medidas dependerán exclusivamente de la buena voluntad de las comunidades autónomas. Dicho de otro modo, la famosa auditoría de la Administración tan sólo ahorraría al contribuyente unos 1.625 millones de euros al año, como máximo. Una broma en comparación con los casi 500.000 millones de euros que gastó en total el conjunto del sector público en 2012.

Además, casi la mitad de los 37.700 millones anunciados por Soraya es, simplemente, un artificio contable, ya que el Gobierno calcula que la eliminación de trámites y burocracia ahorrará un total de 16.300 millones de euros a familias y empresas en "costes de oportunidad". Es decir, esta última cifra no es recorte de gasto público sino dinero que, supuestamente, se ahorrará el sector privado gracias a la mejora de la eficiencia administrativa. Así pues, la esperada e imprescindible reordenación de la estructura estatal se resume en una reducción de apenas 6.500 millones en cuatro años.

Si España gozara de unas cuentas públicas equilibradas y de una Administración pequeña, austera y útil, acorde con la situación económica del país, el citado ajuste sería más que loable. Sin embargo, ésa no es, por desgracia, la situación real. Los contribuyentes soportan un sector público totalmente sobredimensionado que, tras un lustro de profunda crisis, sigue gastando casi un 30% más de lo que ingresa por vía fiscal, en el que el despilfarro sigue siendo la norma y no la excepción y en donde los excesos y duplicidades de las comunidades autónomas hacen que el sistema sea insostenible financieramente, se mire por donde se mire.

Por todo ello, el ajuste que propone el Gobierno es, simple y llanamente, ridículo. El Ejecutivo ha perdido una nueva oportunidad, y ya van unas cuantas, para atacar la raíz de los problemas estructurales que sufre España. De hecho, con su propuesta acaba de demostrar que no tiene ninguna intención de hacerlo, ya que considera que el sector público ha culminado su particular ajuste y, por tanto, tan sólo queda pulir meros detalles, como la eliminación o "fusión" de determinados entes menores. Se trata de un grave error que pasará factura. El déficit público ronda el 7% del PIB –sin contar ayudas financieras– y la deuda roza ya el 90%, un nivel muy peligroso, pero el Gobierno insiste en que este desequilibrio se debe a la falta de ingresos fiscales y no al exceso de gastos.

Modernizar y mejorar el funcionamiento de las Administraciones Públicas, único objetivo del informe de la CORA, está muy bien, sin duda, pero no es, ni de lejos, lo que necesita España para salir adelante. Urge reducir el tamaño del Estado, pero el Gobierno parece que ha renunciado por completo a ello.

Una cortina de humo
El sietemesino parto de los montes
Juan Ramón Rallo Libertad Digital 22 Junio 2013

Relataba Esopo que, tras terribles sufrimientos, los montes terminaron por parir un ratón. Acaso haya llegado el momento de actualizar la fábula con ese sietemesino informe del Comité para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) que fue presentado ayer, tras meses de vacuos entusiasmos, por la vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Hacienda. A buen seguro, semejante tocho de varios centenares de páginas no pasará a la historia como un copernicano documento que vaya a revolucionar nuestra Administración. Aunque, a decir verdad y atendiendo a la percepción del Gobierno, tampoco debe haber motivo para que lo sea. Fijémonos, si no, con qué convicción reformista empieza el informe:

En los últimos 35 años, las Administraciones Públicas han dado un salto de gigante a la excelencia, representando en muchas materias, un modelo a imitar para otros países. Desde la dificultad en que se encuentra nuestro país, se puede afirmar sin reservas que España tiene una buena administración.

(…)
En consecuencia, analizando el nivel de ingresos y gastos públicos de nuestro país, se puede concluir que el sector público español es relativamente reducido en comparación con nuestros socios de la Unión Europea.

Bueno, bonito y barato. ¿Para qué cambiar nada sustancial más allá de los cuatro parches de rigor? Pues, en efecto, apenas cuatro parches bien empolvados y coloreados es lo que nos ha ofrecido el Gobierno con su reforma de las Administraciones Públicas: cerrar algunos organismos por aquí, fusionar otros por allá, informatizar varios trámites superfluos por acá y liquidar diversos edificios vacíos por doquier. Todo, eso sí, sin despedir a uno solo de los empleados públicos que por tales pastos moraban, pues sabido es que, extinto su cometido, nada mejor que mantenerles el sueldo recolocándolos en cualquier otro menester.

Sorprendería que semejante intercambio de cromos arrojara, tal como promete Soraya, unos ahorros de 37.700 millones euros; sorprendería, digo, si no fuera porque tal guarismo nace de agregar las infladas estimaciones de recortes que en 2012, 2013, 2014 y 2015 se han practicado o se practicarán con tal de reorganizar la estructura estatal y que en buena medida suponen un refrito de medidas ya aprobadas y archianunciadas. De hecho, si nos limitamos a analizar el recorte derivado propiamente del documento presentado ayer, apenas alcanzamos un ajuste de 6.440 millones de euros acumulados durante el próximo trienio. Y ello asumiendo que, primero, el cálculo del Ejecutivo no esté –digámoslo suavemente– "sesgado al alza" y que, segundo, se terminen implementando la totalidad de unas reformas que, en la mayoría de los casos, no pasan de meras sugerencias al resto de administraciones.

A saber, en el mejor de los mundos imaginables, ahorraríamos una media de 2.150 millones anuales: el 0,44% del gasto total de nuestro buenobonitobaratísimo sector público y menos del 3% de los 75.000 millones de déficit que nuestras austerísimas administraciones siguen generando año tras año. O por terminar de poner tal equino ajuste en perspectiva: menos dinero del que el optimista cuadro macroeconómico del Gobierno pronostica que aumentarán nuestros pagos por intereses durante este año. Vamos, el austericidio de cada día; ése mismo que nos llevó en 2012 a gastar un 20% más de lo que ingresamos y que en 2013 nos permitirá repetir tan suicida proeza.

Al final, el problema es bien sencillo de entender: la sociedad española, incluida su clase política, lleva más de cinco años viviendo en el autoengaño. La inmensa mayoría de votantes, y la totalidad de los votados, se han negado a afrontar la necesidad de un ajuste en profundidad de las estructuras de nuestro Estado –incluido, de manera destacada, el Estado de Bienestar–, trasladando toda la carga de ese inexorable recorte a una genérica e imprecisa "reforma de la administración". Cuán felices éramos pensando que, tan sólo metiéndole mano a la burocracia, a los coches oficiales y a las duplicidades, el monstruo del sobreendeudamiento público se tornaría en fructuoso superávit que permitiría revertir todos los sablazos tributarios e incluso seguir subiendo las pensiones ad infinitum. Pero no: la caja de Pandora de los michelines administrativos apenas contenía un espejismo de migajas para cubrir dos de los 75.000 millones de nuestro déficit anual. Lo que suele denominarse, no sin cierta precisión, el chocolate del loro.

Diríase que, a la luz de los resultados del CORA, se han acabado las excusas para no comenzar con los recortes de verdad (y sí, digo comenzar porque Montoro saca pecho por haber minorado el gasto en 20.000 millones, cuando quedan todavía 75.000 pendientes a los que echar el lazo). Pero, precisamente para seguir postergando los ajustes por período equivalente a unos cuantos sietemesinos partos más, el Gobierno nos está camelando con que los michelines administrativos no pesan apenas 2.000 millones de euros, sino 37.000. Vamos, que el propósito no es reformar nada, sino extender cortina de humo para evitar la auténtica reforma de nuestro sobredimensionado e infinanciable sector público actual. ¿Hasta cuándo huiremos hacia adelante? Pues hasta que Draghi diga basta, y no descarten que para entonces sea demasiado tarde.

La reforma de la Administración
Juan Vicente Santacreu Periodista Digital 22 Junio 2013

Si te gusta y lo divulgas, estarás creando una corriente de opinión ciudadana. Gracias

Ayer me escribió en las redes Juan Guerrero –un tuitero- y aunque políticamente no nos llevamos muy bien, compartimos muchas cosas, entre otras el respeto. Él es catalán, que no Catalufo, es decir, es español y creo que él tiene muy claro que cuando me meto con los Catalufos no estoy atacando de ninguna manera a los catalanes. Catalanes y Catalufos, aunque comparten territorio, unos son españoles y los otros unos gilipollas. ¡¡¿Lo he dicho claro?!!

Hecha esta pequeña intro, transcribo el tuit de Juan Guerra: “Buenas noches @JVSantacreu quería preguntarte qué te ha parecido lo dicho hoy por el gobierno de eliminar duplicidades en agencias etc… este gobierno no es de mi devoción, pero creo que esta vez han acertado no?, un saludo”.

Aunque un tuit es demasiado largo y almacena demasiada información difícil de procesar para algunos, afortunadamente para muchos se nos queda corto y es por ello que aprovecho este espacio para responder. Hace unas semanas ya escribí sobre “La movida” de la Casta cuando Felipe González, Rubalcaba, Aznar, Esperanza Aguirre y Rajoy firmaron el “Pacto de caballeros de la mesa bipartita”. Un pacto “por narices” para evitar la centrifugación de votos hacia partidos pequeños y evitar que el PP-PSOE se queden sin controlar el pastel. Y también, como no, para evitar en el futuro la ingobernabilidad de España al igual que está pasando en Italia y Grecia.

Voy a citar solamente el artículo primero del pacto: “La parte contratante de la primera parte, será considerada como la parte contratante de la primera parte”, lo que viene a significar que: “El PP-PSOE van a cambiar algunas cosas en España para que todo siga igual”.

Et voilà! Desde que escribí el artículo “¿Que pasa con Aguirre y Aznar?”, habrás observado que la paz ha vuelto al PP-PSOE. Ya ni siquiera se increpan, es más, falta un minuto para que Rajoy y Rublacaba se besen en el culo –si hace falta-. Con este ambiente idílico y pastoso Rajoy termina de anunciar la reforma de la administración ante el beneplácito de Rubalcaba.

Rajoy ha decidido eliminar miles de trastos administrativos, entre ellos 90 observatorios de imbecilidades; también a unos defensores Autonómicos del pueblo que jamás han defendido a un puto ciudadano; a las agencias de protección de datos, una panda de gilipollas que jamás han protegido mis datos porque todos los días me llaman por teléfono con acento “rarito” –sudaca por si no lo pillas- para ofrecerme una oferta de telefonía. En definitiva, la eliminación estas mierdas nos ahorrarán 6.500 millones de euros y según la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el ahorro acumulado desde 2012 hasta 2015 será de 37.700 millones de euros.

¿Mucho dinero, no?, ¿y todo esto no lo sabían los políticos hasta junio del 2013? Pues lo siento por vosotros, atajo de imbéciles, los ciudadanos lo sabíamos hace años sin necesidad de informes y sin haber llegado a la quiebra técnica de España. Por aportar un solo dato, somos el único país del mundo mundial, y posiblemente interplanetario, que tiene 180 ministros. ¡¿Alguien da más?!

Por cierto, la pregunta de Juan Guerrero era, ¿es buena la reforma de Rajoy?, pues no, es una farsa compartida con el PSOE. Es cierto que el PP está dispuesto a cerrar multitud de cachivaches administrativos, pero no va a tirar a la puta calle a ninguno de los chupópteros ahí apalancados, simplemente los cambiarán de destino.

Que quede claro y que nadie piense que en Masby somos idiotas, España no necesita una reformita de mierda, necesita una restructuración de arriba a bajo, hay que volver a España del revés y preservar los pilares de cualquier nación, incluso los mismos pilares que tienen países federales como EEUU: un país, una lengua; un ciudadano, un voto y los políticos al servicio de sus empleadores, es decir, al servicio de los ciudadanos.

Así que Rajoy, menos lobos traidor, ¿qué tal si empezamos por eliminar el “hogar de los jubilados de oro”?, me refiero al Consejo de Estado y mandamos a sus casas a toda esa banda de inútiles apalancados. ¿Qué Rajoy, reformamos el Estado o seguimos haciendo el imbécil?

Así lo pensamos millones de ciudadanos de Masby y así te lo digo.

Quizás te interese mi último artículo: “Españoles acomplejados“.

Juan Vte. Santacreu – Periodista Digital


Reforma de la estampita
José Luis González Quirós www.gaceta.es 22 Junio 2013

El Gobierno confía en nuestra paciencia, credulidad y estulticia.

Hay un tipo de delito que consiste en vender la misma propiedad en dos o más ocasiones. Si existiese el equivalente político de esta figura penal, las cárceles estarían a rebosar porque los políticos son incansables a la hora de revendernos las mismas promesas, los mismos puestos de trabajo, los mismos timos.

Esta reforma que anuncia al Gobierno en plan de grandísima operación de imagen, con Rajoy subido a un púlpito como si de un Obama se tratase, es una tomadura de pelo en toda regla. El Gobierno actúa como si los ciudadanos creyeramos todavía no ya en los Reyes Magos, sino en el timo de la estampita. Nos ofrece otra reforma administrativa, que no se hará, y que, en el caso de hacerse, supondría un ahorro ridículo que se convertiría en un nuevo motivo de gasto por las Comisiones, los organismos de seguimiento y control y las múltiples chapuzas que traería consigo. No es que el Gobierno se haya vuelto gatopardiano, que todo cambie para que todo siga igual, sino que ahora lo confiesa abiertamente. Es obvio que confía en nuestra infinita paciencia, credulidad y estulticia.

Ortega decía que lo malo no son los abusos, sino los usos. Lo malo no es que se nos diga que se quieren evitar duplicidades, sino que no se diga nada de someter a consideración la supuesta utilidad de tantos servicios y administraciones, por mucho que sean únicas. Renfe, por ejemplo, no hay más que una, y cada vez que un español se sube al AVE los demás pagamos, aproximadamente tres mil euros, golpe a golpe, verso a verso. El Gobierno no quiere enterarse de lo que repiten sus buenos funcionarios, que no hay malas decisiones, sino buenas comisiones. En fin, cuatrocientos millones diarios de nueva deuda nos contemplan, mientras Rajoy se propone seguir jugando a la ruleta rusa porque la quiebra del Estado es imposible. Y le llaman conservador.

Game over!
Vicente A. C. M. Periodista Digital 22 Junio 2013

Esta expresión tan mundialmente conocida de todos los video juegos, significa simple y llanamente que "el juego ha acabado". Hoy, la vicePresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tiene una cita con los "barones" del PP de las CCAA donde gobierna para resumirles "el tocho" de 2.000 folios y las más de 217 "sugerencias" que contempla la propusta de reforma de las Administraciones. Unas reformas que tímidamente intentan poner sensatez y orden en el caos autonómico fruto de décadas de transferencias de competencias y de descontrol legislativo. Pero, como era de esperar, ya ha surgido la voz nacionalista secesionista de la Generalitad de Cataluña, que a través de su Consejero Andreu Mas Colell dice que "jamás lo acatarán y que no están dispuestos a jugar a esto". Una rebeldía en toda regla y un nuevo desafío a la autoridad del Gobierno de España.

Pero es que la culpa de esta situación parte de la propia debilidad y cobardía de un Gobierno que se niega a gobernar. Los diferentes gobiernos de España, desde el principio de la nueva era constitucional, han ido cediendo cuotas de soberanía y transfiriendo competencias a las CCAA, cuyo resultado ha sido la disgregación territorial y el desbarajuste legislativo, en el que España se ha convertido en reinos de taifas donde cada comunidad impone sus propios criterios, según su buen parecer y entender, Se ha llegado al esperpento de la división parcelaria de las cuencas hidrográficas, y a la absurda idea de la propiedad del agua, exclusividad del uso y del control de la distribución. O al batiburrillo educativo y disparidad de materias y baremos de calificación, o al chalaneo entre servicios básicos públicos como la Sanidad.

Pero el colmo de la insumisión es, además de El País Vasco, Cataluña y su demencial carrera independentista capitaneada por partidos como ERC y CiU y jaleada por la izquierda PSC e IU .La insolencia y el desafío se alternan con un victimismo fingido y una campaña de desprestigio contra España en todos los ámbitos internacionales. Una actitud tan cínica que no tienen reparos en compatibilizar con la demanda constante de financiación bajo el lema de que "España les roba". Y la verdad, estoy -y supongo que muchos de mis conciudadanos también- harto de este juego que se traen entre sus sucias y traidoras manos. Estoy harto de soportar como español las injurias a mi patria y la opresión de mis conciudadanos nacidos y residentes en Cataluña en sus libertades fundamentales por esta minoría de nacionalistas secesionistas, que hace tiempo deberían haber sido juzgados y encarcelados.

Hace unos días dije que el enfrentamiento es inevitable porque hemos llegado a una situación límite en la que está en juego la propia supervivencia de España que estos indeseables quieren romper y arruinar a toda costa. Está en manos del Gobierno de España profundizar en las reformas y no quedarse en un mero maquillaje cuyo efecto es inapreciable sobre el sobredimensionamiento mórbido y la ineficacia gestora de un sistema autonómico que ha fracasado. Las competencias básicas del Estado deben volver a él, lo quieran o no las CCAA. La propia Constitución tiene los resortes necesarios para hacerlo. Solo se requiere voluntad y que PSOE, PP y aquellos partidos que antepongan el interés de España sobre cualquier otro, unan sus fuerzas para salvar a España de sus enemigos declarados.

Los dirigentes secesionistas catalanes dicen que no quieren jugar a esto. Pues bien nosotros les respondemos que el juego se ha acabado y que este juego lo han perdido. Game over! Si quieren jugar de nuevo, tendrán que aceptar las reglas o abandonar.

PRIVILEGIOS AUTONÓMICOS
El Gobierno ordeña al fin las vacas sagradas del Estado autonómico
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com 22 Junio 2013

Si algo no funciona o se arregla o se cambia o se quita. Vale para cualquier casa. Vale también para la Administración, en cuya reforma Rajoy encuentra más chantaje que apoyo de Rubalcaba.

Diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, cincuenta provincias, casi 10.000 ayuntamientos y entes locales, todos ellos con sus administraciones, sus políticos, sus poderes, sus funcionarios, sus órganos de Gobierno, sus empresas públicas, sus contratas, sus haciendas y sus historias. Ah, y lo que va quedando del Estado, que antes se ocupaba de todo. Podemos seguirlo llamando "Estado del Bienestar" pero a todos los efectos, y Mariano Rajoy no se privó de decirlo en la campaña electoral de 2011, está siendo un "Estado del derrochar". Y más en medio de esta crisis.

Por eso el Partido Popular llegó al poder, con mayoría absoluta y triunfalmente, con unas propuestas explícitas y unos principios de fondo que implicaban una reforma a fondo de las administraciones (no sólo de las regionales), con un recorte de los gastos (es decir, del dispendio) y una racionalización de los servicios. Una cosa de puro sentido común que el Consejo de Ministros de este viernes empezó a concretar en las 217 propuestas de reforma aprobadas. Toda la clase política la ha entendido como lo que es, la madre de todas las reformas, unos para apoyarla y llevarla adelante y otros para horrorizarse y defender sus prebendas.

Prebenda no es una palabra excesiva. Tomando un ejemplo casi inocente, en España hay hoy once Defensores del Pueblo autonómicos además de Soledad Becerril: ¿Implica eso más calidad democrática, mejores servicios o, simplemente, más gastos y más cargos pendientes de nombramiento? Pues así todo. Prebendas, cuando no simple abuso de la gestión pública. Y ese tipo de situaciones, multiplicadas casi hasta el infinito, son las que legitiman la iniciativa del Gobierno Rajoy, que empezaba ahora por un intento de ahorrar 8.000 millones de euros retocando las administraciones pero que de todas todas, en la lógica del programa del PP, podía y debía llegar mucho más lejos antes de terminar esta misma legislatura.

Que la cosa se puede hacer está más que demostrado. Lo ha demostrado María Dolores de Cospedal, con sus recortes de sueldos, su supresión de cargos y de órganos y la anulación de los sueldos de los parlamentarios; lo han hecho también Alberto Núñez Feijóo e Ignacio González, rompiendo tabúes y apostando por reducir el número de diputados. Una reforma autonómica en profundidad se puede y se debe hacer. Y si algunas autonomías no quisiesen contribuir, mejorando ellas, al bien común de una mejor gestión, Mariano Rajoy y el Estado tienen los poderes necesarios para dirigir una reforma común de todos los territorios y de todos los niveles de la Administración. No se puede esperar a que las autonomías quieran ser reformadas, o limitar las reformas a lo que ellas mismas quieran, porque hay muchos intereses en no tocar nada.

Rajoy tiene el programa y tiene los poderes para recomendarlo primero y para imponerlo después si las regiones no son solidarias. El PP ha sido siempre partidario de la subsidiariedad, de la idea de que cada tarea la haga sólo una Administración, no cuatro a la vez, y que la encargada sea la más eficaz, la más barata, la más competente. Otras pueden ser recortadas y también suprimidas, por el bien común del país y de los españoles. No tiene sentido por más tiempo dejar las diputaciones huecas de contenido mientras asumimos la carísima ficción de que un Ayuntamiento de 100 vecinos puede dar los mismos servicios que uno de 100.000.

Es triste ver que Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha sido ministro en los Gobiernos más caros e insolidarios de la historia de España, se permita vetar partes de la reforma de Rajoy mientras se hace la foto del consenso (europeo, claro). Y sería aún más triste que el PP pagase la foto renunciando a partes centrales de sus planes.

¿A quiénes convienen los separatismos?
Pío Moa www.gaceta.es 22 Junio 2013

El debilitamiento y disgregación de España tiene claros beneficiarios exteriores.

Blog II: Por qué la casta política se compone de delincuentes www.piomoa.es

La debilidad de España, fomentada por los separatismos (y por los gobiernos centrales que les ayudan), interesa a tres potencias: el islam, Francia e Inglaterra, por razones distintas. Al islam, porque una mayor debilidad de España favorecería la vuelta de Al Ándalus, al que nunca han renunciado; a Francia --aunque de momento no le parezca bien, por formalismos de la UE-- porque si los gobiernos españoles fueran incapaces de evitar la secesión, Cataluña y Vascongadas se convertirían en plazo no largo en satélites económicos y políticos de París. A Inglaterra, porque es una forma de asegurar su colonia de Gibraltar, con el pingüe negocio económico-militar que le supone, aparte de su influencia en Vizcaya y su pretensión de hacerse la “protectora” de Cataluña. De hecho, prosigue una política secesionista para España desde Gibraltar.

La intensidad con que se produzcan estas tendencias depende exclusivamente de la fortaleza que muestre el gobierno español. Pero con Zapatero y Rajoy, el gobierno actúa directamente contra los intereses españoles. Es, quizá, su mayor delito.

Espías generosos
Alfonso Ussía La Razón 22 Junio 2013

Intuyo que los populares y los socialistas han renunciado a Cataluña. Entre Pere Navarro y Alicia Sánchez-Camacho se están descarajando en un barranco que no era barranco y que uno y otra se han inventado. La vileza del PSC de no condenar el atentado de Hipercor no merece ni un comentario. Repugnante decisión. Lo del espionaje de la señora Sánchez-Camacho y su acuerdo con los espías a cambio de ochenta mil euros no puede ser tolerado por el Partido Popular. Patadita en el trasero, suave, no dolorosa, pero contundente. Aquel almuerzo con la antigua novia del mayor de los Pujol grabado por la eficiente agencia de espionaje «Método 3» guarda secretos, según se deduce por las actitudes de las espiadas, inconfesables. Razón y derecho le sobran a Jordi Pujol Ferrusola para exigir que Alicia Sánchez-Camacho revele al juez la charlita. Entretanto, el Partido Popular ha ido dejándose en el camino decenas de miles de votos en beneficio de los Ciudadanos de Albert Rivera. Y es lógico. La señora Sánchez-Camacho, que parece una caricatura, pierde votos cada vez que habla, y habla demasiado. Ni Mas ni Junqueras. La independencia de Cataluña sólo será posible si Navarro y Sánchez-Camacho se mantienen en sus responsabilidades, y de momento, no hay señales de cambio en el horizonte.

La representante del Partido Popular en Cataluña no puede canjear la comisión de un delito por ochenta mil euros. Otra cosa es que la grabación con la novia despechada del chico mayor de los Pujol nada tenga de ejemplar. Y es lógico. Cuando dos personas hablan libremente la ejemplaridad desaparece y el chicoleo y los chismes se imponen. Un florero con un micrófono es delictivo. Los espías de «Método 3», que también han trabajado para el «Barça», son eficaces y poderosos. Y generosos también. Solventan sus pestilencias alcanzando acuerdos económicos con los espiados. Por un fajo de billetes corresponsabilizan a sus víctimas del delito cometido. Con independencia del acuerdo entre los espías y una de las espiadas, la Fiscalía tiene que impulsar la investigación del caso.

Ese pacto no puede cumplir sus objetivos, que no son otros que el silencio y la cortina que impide la entrada de la luz en un asunto de corrupción política. Cuando se supo que Alicia Sánchez-Camacho había sido víctima de una grabación comprometida, la propia responsable del desmantelamiento del Partido Popular en Cataluña, prometió que llegaría hasta el final. Es probable que haya cumplido su promesa, y que el final consista en un acuerdo económico. Nadie le pidió que explicara lo que ella entendía por «llegar hasta el final». Quizá la culpa sea de los ingenuos que interpretan esas frases contundentes desde la inflexibilidad y el tremendismo. Pero Sánchez-Camacho no es una ciudadana del montón cuya privacidad ha sido violada por unos espías contratados. Es la presidenta en Cataluña del partido político que hoy gobierna en España, y el final no puede ser otro que la exigencia del cumplimiento absoluto de la Ley. Si en esa conversación ilegalmente grabada la señora Sánchez-Camacho no queda del todo bien, que aprenda a ser más prudente, más discreta y más medida en sus palabras. Pero no a costa de la indignidad de convertirse, siendo quien es y lo que representa, en otro florero manipulado.

Con dinero o sin dinero, se tiene que ir.

Hacia un nuevo Estado
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 22 Junio 2013

El Gobierno se rescató ayer de sus muchos errores y vacilaciones con una ambiciosa y bien articulada propuesta de reforma de las Administraciones Públicas elaborada por una Comisión ad hoc constituida el pasado mes de octubre. Se trata de un informe de 2.000 folios (el resumen ejecutivo que puede consultarse contiene sus elementos esenciales) que plantea un desafío reformista del aparato público en todas las instancias sin parangón en la reciente historia de España. Si se ejecuta por la Oficina que se creará para ello, al frente de la que estará la competentísima Angelines Trillo con categoría de subsecretaria, vamos claramente hacia una nueva morfología del Estado español.

Entre 2005 y 2011 el gasto público se había desbocado pasando del 38,4% del PIB al 45,2%. La menor dimensión de nuestras administraciones públicas en relación con su peso en el PIB nacional, comparada con la de los países de nuestro entorno, sólo era una teórica ventaja neutralizada por una recaudación de ingresos fiscales en España (equivalente al 36,4% de nuestro PIB) diez puntos por debajo de la media de los estados de la eurozona. Sólo Grecia y Eslovaquia nos adelantan en ese ranking de dudoso mérito. Más aún: entre el tercer trimestre de 2007 (cuando Zapatero negaba obstinadamente la crisis) y el tercero de 2011, el empleo público se incrementó en 288.700 personas, tendencia suicida que se ha corregido drásticamente en año y medio.

Sobre las bases anteriores -en una progresión negativa alarmante- ha actuado la CORA (acrónimo de Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas) que constata que casi la mitad del gasto público está gestionado por las comunidades autónomas (34,3%) y los entes locales (12,3%), en tanto el gobierno central (21,6%) y la Seguridad Social (31,95) disponen de la otra mitad. Estos datos componen un diagnóstico claro: España es un país extraordinariamente descentralizado, lo que genera una mayor dificultad técnico-jurídica y política para establecer un sistema de reducción de sus excesos burocráticos y orgánicos. E instalado en una crisis fiscal permanente.

España es un país extraordinariamente descentralizado, lo que genera una mayor dificultad técnico-jurídica y política para establecer un sistema de reducción de sus excesos burocráticos y orgánicosEl espíritu y la letra del CORA es el que necesitaba nuestro Estado y, si el Gobierno tiene perseverancia y valentía política, el saneamiento que propiciará su ejecución resultará igualmente histórico: más de 37.700 millones de euros (cantidad acumulada en el período 2012-2015) que se cuantifican, de un lado, por ahorro presupuestario directo, y, de otro, por menor coste para ciudadano al apostarse por una modernización tecnológica de los servicios públicos, la proscripción de duplicidades y el cambio de cultura administrativa y política. Para que este objetivo se alcance han de cumplirse un total de 218 propuestas de las que 140 afectan al Estado y a las comunidades autónomas y 78 sólo a la Administración General del Estado. Once de ella son de carácter “general y horizontal para todos los ámbitos de la administración pública”, 118 tienden a eliminar duplicidades con las CCAA y dentro del Estado y 43 eliminan “trabas, simplifican procedimientos y facilitan el acceso de los ciudadanos a la Administración Institucional; 38 mejoran las gestión de los servicios y medios comunes y ocho racionalizan la administración institucional” suprimiendo hasta 57 entidades públicas estatales.

La CORA es creíble por las siguientes razones:
1) Porque, aunque no se exprese de manera clara, el Gobierno tiene en sus manos la aplicación de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera que desarrolla el reformado artículo 135 de la Constitución (septiembre de 2011) que establecía la regla fiscal que limita el déficit público de carácter estructural y hace lo propio con la deuda pública. La ley de 2012 permite al Gobierno medidas “correctivas” y “coercitivas” sobre las comunidades autónomas que no se atengan a criterios financieros estrictos, hasta llegar -en hipótesis- a la intervención directa. Las comunidades podrán reducir su costoso andamiaje por las buenas -sería lo deseable-, pero la alternativa es que el Gobierno -si tiene entereza política, porque ya dispone de la mayoría parlamentaria- le fuerce a hacerlo por las malas. Esta perfectamente habilitado para ello. De ahí que sin la reforma de la Constitución y sin la ley orgánica que la desarrolla, esta apuesta reformista no hubiese sido posible. El neofeudalismo que condena a España “a un Estado sin territorio” (Francisco Sosa Warner), tiene que acabar.

2) Por primera vez en décadas, el Gobierno se dispone a impulsar una reforma local (“Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”) que limitará esa plaga despilfarradora que es el ejercicio municipal y provincial de las “competencias impropias, aunque el Ejecutivo, sin embargo, no se ha atrevido -terminará haciéndolo- a abordar la reducción del número de municipios (más de 8.300) y la mancomunidad de servicios a través de las diputaciones, o suprimiendo éstas y creando consorcios y mancomunidades. Es en este aspecto en el que el Gobierno ha pensado antes en su tropa municipal-local que en una planta territorial racionalizada y coherente.

3) Estamos ante el primer intento -hay que esperar que no falle- de reducción de estructuras que sólo sirven para sostener tramas clientelares fuera de todo control que, además, favorecen las conductas más corruptas (800 casos están en tramitación y más de 2.000 personas implicadas, algunas detenidas según las últimas estadísticas) dentro de la Administración y fuera de ella al establecerse relaciones “comerciales” con suministradores y proveedores fraudulentos. Si se busca la localización de la corrupción se hallará en buena medida enquistada en la periferia de las administraciones que es, también, la que se utiliza frecuentemente para el ejercicio de un procaz nepotismo. La transparencia y los sistema tecnológicos (esperemos que no fallen como en el caso de la Agencia Tributaria con la infanta Doña Cristina) de última generación garantizan que pasamos de unas administraciones del siglo XX a otras propias del XXI.

Pero es que, además, el Gobierno -por primera vez en su gestión- ha hecho bien tres cosas esenciales. La primera: ha encargado el informe a funcionarios públicos cualificados y con experiencia fuera de la función pública. Es imposible no citar a Jaime Pérez Renovales, subsecretario del Ministerio de la Presidencia, abogado del Estado, que dejó la jefatura de la asesoría jurídica del Banco Santander para comprometerse con una labor callada y difícil como ha sido la codirección de la CORA. La segunda: el informe ha recabado información y criterio de muchas instancias, no sólo públicas y oficiales, sino también de grandes compañías que han ofrecido referencias de la mejor y más moderna gestión de servicios, de personal y de coordinación. Y la tercera: el Gobierno ha comunicado muy bien esta iniciativa. Ha sacado de su despacho a Rajoy que la presentó ante un público heterogéneo y de peso en La Moncloa; le secundó, el jueves, la vicepresidenta que, ayer, con un Montoro al que le han recetado un ansiolítico, presentó con optimismo y convicción el texto.

Si el Ejecutivo de Mariano Rajoy, apoyado sin reticencia por los barones del PP, hace un esfuerzo de disciplina política, de perseverancia, de entereza y de convicción -también de apertura a un consenso que no desnaturalice el objetivo de las reformas- habrá situado al Estado en la senda de su renovación, incidido sobre un aspecto crítico del malestar ciudadano, gestionado un ahorro sustancial público y privado y manejado una carta de fundamental importancia ante la Troika. Cuando la política se hace con la cabeza, los políticos se rodean de personas competentes sin conflictos de intereses, se planifica el qué de las decisiones, el cuándo y el cómo se adoptan, las cosas salen bien y generan ilusión y esperanza. De ahí la ininteligibilidad de la referencia del Consejo de Ministros del pasado y catastrófico 26 de abril y el reencuentro el miércoles, el jueves y ayer con la mejor derecha gestora y política. Queda mucho por hacer, pero le cuadraría al Gobierno lo que escribió Neruda: “El triunfo verdadero del hombre surge de las cenizas del error”. A ver si es verdad.

Guerra contra el terrorismo
Gracias por espiarnos
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 22 Junio 2013

El pasado día 13 el diario El País publicó un editorial titulado "Europa inerme". Me pareció reconfortante que los formadores de la opinión progre hubieran descubierto que el terrorismo islámico nos tiene a su merced, y que ha llegado la hora de aprender todo lo que pueden enseñarnos los expertos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos sobre las medidas indispensables para vigilar, espiar, infiltrar, controlar, reprimir y combatir sin tregua a los enemigos de nuestra civilización. ¡Me equivoqué! El editorial denunciaba que quien nos amenaza es Estados Unidos:

Las autoridades europeas han facilitado que EEUU espíe de forma masiva a sus ciudadanos. (…) Uno de los combates democráticos del presente es el de poner coto a la banalización de intromisiones como las que permiten dos programas usados por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA) para recoger volúmenes masivos de escuchas telefónicas y de contenidos de internet. La defensa de los derechos de 500 millones de europeos debe ser argumento suficiente para la movilización de las autoridades de la UE, aunque es cierto que se encuentran bastante inermes.

Se cuela el enemigo
Resulta que lo que preocupaba al editorialista no era la multiplicación clandestina de enemigos internos enrolados en la yihad, ante los que estamos inermes, sino el hecho de que Estados Unidos acudiera, nuevamente, a cerrar el hueco por donde se cuela el enemigo. Y digo "nuevamente" porque también lo hizo en las dos guerras mundiales y durante la Guerra Fría. El virus inoculado por los difuntos Comintern y Cominform sigue activo: hay que precaverse contra el imperialismo yanqui, aunque ello implique arrojarse en brazos de los bárbaros. Lo remata Gabriela Cañas ("Oligopolio y espionaje", El País, 17/6):

El espionaje masivo al que Estados Unidos nos tiene sometidos es una desagradable constatación de que nuestras libertades están en peligro.

Siento la tentación de repetir, al editorialista y a la articulista, aquel "¡Es el terrorismo, estúpido!" con que encabecé otra nota.

Los peores totalitarismos
Walter Laqueur tapa la boca, con su habitual rigor dialéctico, a los abogados del diablo que critican, en el mundo libre, las actividades de la NSA, y prevé lo que ocurriría si los yihadistas se salieran con la suya (LV, 13/6):

Si hubiera grandes ataques que tuvieran éxito en el futuro, ¿quién sería responsable de ello? Ni The Guardian, ni el [bloguero] señor Greenwald, sino los servicios de inteligencia, que argumentarían que tenían las manos atadas porque no podían recopilar la información necesaria. El FBI y la CIA han manifestado que la información obtenida de estas fuentes era totalmente imprescindible. (…) La Agencia de Seguridad Nacional estadounidense tiene más de 200.000 empleados y un presupuesto de casi 100.000 millones de dólares, el tercero en magnitud entre los departamentos. (…) Sin embargo, desgraciadamente no se puede dar por sentado que el terrorismo y la violencia política hayan llegado a su fin. Hacerlo no es sólo arriesgado; si las cosas salieran mal, ello podría llevar a una reacción contraria y a una restricción de los derechos y libertades más radical que las que han causado el actual alboroto.

La supervivencia de la democracia en Europa es producto, en gran parte, de la tenacidad y meticulosidad con que Estados Unidos construyó su sistema de seguridad sin dejar de ser, por ello, un modelo de sociedad abierta. Más aun, la sociedad abierta por excelencia. Richard Gid Powers destaca en su insuperable Not Without Honor que en 1917 el Departamento de Justicia registró a 480.000 "enemigos extranjeros" alemanes, y a finales de ese año la declaración de guerra contra Austria-Hungría sumó otros cuatro millones de nombres a la lista de extranjeros enemigos. Europa se benefició de la solidez del frente interno estadounidense.

Tras el ataque japonés a Pearl Harbor, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó el decreto-ley 9.066, por el cual 110.000 japoneses e hijos de japoneses que habitaban el territorio continental de Estados Unidos fueron confinados en lugares remotos de los estados montañosos. Aproximadamente el 30 por ciento eran issei, japoneses nativos, pero el 70 por ciento eran nisei, o sea hijos de japoneses nacidos en Estados Unidos, y por tanto ciudadanos de ese país, con una edad promedio de 18 años. Se cometieron abusos y más tarde proliferaron las autocríticas. Pero, nuevamente, Europa se benefició de la solidez del frente interno estadounidense. Fue en Europa y Asia, no en Estados Unidos, donde nacieron, prosperaron y encontraron mayor respaldo popular e intelectual, los peores totalitarismos del siglo XX y, quizá, de toda la historia de la humanidad. Totalitarismos de los que Estados Unidos nos rescató.
Los escritores colaboracionistas

Después del 11-S, los eternos enemigos de Estados Unidos y el séquito habitual de progres frívolos se asociaron para despotricar contra las medidas de seguridad que adoptaron las autoridades del país víctima del terrorismo islámico, medidas que hoy vuelven a estar en la picota, para mayor disfrute de los mismos difamadores. Barbara Probst Salomon, a quien nadie se atrevería a tildar de proimperialista, escribió entonces (El País, 21/10/2001):

El recuerdo de mi infancia durante la Segunda Guerra Mundial es que nos impusieron muchas restricciones. Las cartas de los soldados llegaban censuradas a casa para que no se divulgara información militar. La prensa no se quejó porque Roosevelt no le informara con antelación del desembarco en Normandía, ni tampoco nos transmitían propaganda de Goebbels (…) Una parte enorme del éxito inicial de Hitler se debió a la máquina de propaganda bélica de Goebbels, un hecho que frecuentemente pasan por alto los historiadores que prefieren hablar de las batallas militares. La razón de que Francia fuera tan dura con los escritores colaboracionistas tras la liberación es que no eran escritores que simplemente estuvieran expresando su opinión. Eran escritores a sueldo de la Oficina Alemana de Propaganda (la Quinta Columna), y contribuyeron a desestabilizar sus gobiernos antes de que llegasen las tropas alemanas.

Los escritores colaboracionistas. La Quinta Columna. Sirvieron al nazismo. Sirvieron y sirven al totalitarismo comunista y a sus secuelas patológicas populistas. Sirven como conciliadores o como militantes al yihadismo. En el primer caso, como recuerda Probst Salomon, Francia y el resto de los aliados fueron duros con ellos: Robert Brasillach, fue fusilado; William Joyce, alias Lord Haw-Haw, que exhortaba a la rendición desde la radio nazi, fue ahorcado por los británicos; el poeta laureado Ezra Pound, que propalaba sus soflamas desde la radio fascista, fue recluido en un asilo psiquiátrico para ahorrarle la ejecución. Después se repitió el fenómeno de la traición, al servicio del Kremlin: Kim Philby, Donald MacLean y Guy Burgess, los elitistas de Cambridge, huyeron oportunamente a la URSS, donde terminaron sus días.

Los que recorrieron el camino inverso y salieron del mundo concentracionario soviético para denunciar sus lacras tuvieron menos suerte mediática. ¿Quién se acuerda hoy de Victor Serge, Jan Valtin, Boris Suvarin y Victor Kravchenko, el estigmatizado autor de Yo elegí la libertad? Y sobre los que desenmascararon la trama estalinista que el agente reclutador Willi Münzenberg había montado en Hollywood recayó el anatema de los biempensantes. Gregorio Morán se ensañó con Elia Kazan calificándolo de "el Rata" (LV, 13/9/1999). Agravio doblemente injusto si se piensa que Morán compitió con Kazan en afanes clarificadores cuando practicó la autopsia implacable de los cadáveres insepultos que ocupaban el Politburó del Partido Comunista de España. Su muy documentado e inhallable Miseria y grandeza del PCE: 1939-1985 (Planeta, 1986) todavía espera una nueva edición, corregida, aumentada y actualizada. Indispensable.
Genéticamente cínicos

Ahora, a los viejos colaboracionistas y espías que trabajaron para los totalitarismos se suman los whistleblowers, literalmente "tocadores de silbato", aunque la traducción libre debería ser "activadores de alarma". Son personajes que al activar la alarma no ponen sobre aviso a los ciudadanos del peligro que corre nuestra civilización sino que, por el contrario, revelan al enemigo los secretos de los puntos clave donde se ocultan nuestras defensas.

Algunos, como el infeliz soldado Bradley Manning, son aparentemente tontos inútiles que, intoxicados por la propaganda buenista, se convierten en cómplices de la iniquidad organizada. Otros, genéticamente cínicos, montan su negocio de espaldas a la sociedad que les regaló el privilegio de la libertad. Julian Assange se ha cobijado bajo el ala del sátrapa Rafael Correa, verdugo de la prensa de Ecuador; colabora con la cadena pública Rusia Hoy del hermético universo putiniano; y tiene como abogado al exjuez Baltasar Garzón, desenfadado asesor de la emperatriz viuda Cristina Fernández de Kirchner en la campaña feroz de esta contra la prensa opositora y el Poder Judicial autónomo. El otro whistleblower, Edward Snowden, apunta sus baterías contra los sistemas de seguridad de nuestra civilización desde Hong Kong, ínsula subsidiaria de China. Toda una garantía de pluralismo.

Leo (LV, 19/5) que la Audiencia Nacional juzgará a Faiçal Erral, un yihadista responsable del aparato de propaganda de Al Qaeda. Y leo (LV, 13/6) que cinco tunecinos propagandistas de la yihad han sido detenidos en Barcelona. ¿Europa inerme? No, si los servicios de inteligencia españoles y del resto de Europa siguen actuando coordinadamente con la NSA y recibiendo su información. ¡Gracias por espiarnos!

La lengua común
El Instituto Cervantes celebra este sábado el 'Día E', la fiesta del español
Europa Press www.lavozlibre.com 22 Junio 2013

Madrid.- El Instituto Cervantes celebra este sábado en todo el mundo el 'Día E', una fiesta con la que se conmemora el idioma español y que celebra la riqueza de la cultura de esta lengua. Los centros que la institución tiene distribuidos por los cinco continentes abren sus puertas con una programación de actividades culturales para todos los públicos.

Además, se dará a conocer quién es el ganador del concurso de cuentos que se ha puesto en marcha. En concreto, en la sede central del Instituto Cervantes en Madrid se festeja el 'Día E' con una jornada de puertas abiertas y un programa de actividades dedicadas al público infantil que incluirá, entre otras actividades, cuentacuentos a cargo de Margarita del Mazo, Norma Sturniolo, Ana Cristina Herreros y Luisa Borreguero. Asimismo, el ilusionista Pedro Volta ha diseñado un espectáculo en el que las palabras cobran una nueva dimensión gracias al arte de la magia. Con esta actividad recordará que la fuerza de la palabra y el lenguaje son tan poderosas que no sería posible materializar lo imposible sin palabras. Los asistentes también podrán conocer la historia y recorrer la cámara acorazada del Instituto Cervantes en la que se guardan los legados de importantes figuras de la cultura en español. Entre ellos, Premios Cervantes como Antonio Gamoneda, Juan Gelman y Nicanor Parra, bailarines como Alicia Alonso y Víctor Ullate, científicos como Margarita Salas, el compositor Cristóbal Halffter, el cineasta Luis García Berlanga, además de varios actores y actrices.

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El nacionalismo profundo

xavier pericay ABC Cataluña 22 Junio 2013

Uno de los mayores empeños del presidente Mas es evidenciar la transversalidad del catalanismo. De ahí esas votaciones en el Parlamento autonómico, a cuál más hiperbólica. De ahí esas reuniones en palacio con las fuerzas políticas afines, con foto incluida, para tratar de la pomporruta hacia la independencia o de la intolerable agresión de la llamada ley Wert contra la escuela catalana, ejemplo donde los haya de tolerancia y libertad lingüísticas. Y de ahí, en fin, esas manifestaciones en la calle convocadas por una de las forces de frappe cualesquiera de entre las muchas que amamanta la Administración catalana con el dinero de todos. Pero, junto a esas expresiones de la transversalidad, hay otras algo menos vistosas pero tanto o más significativas.

Así, el Parlamento de Cataluña es seguramente el único del mundo occidental en que el cargo de jefe de la oposición lo ostenta el líder de un partido político que tiene firmado un pacto de gobierno con el partido en el poder. O sea, el único en que formalmente no existe oposición. Ni gobierno, por desgracia. Pero esa confusión entre las partes, esa homogeneización, se da también entre lo público y lo privado. Así, la Generalitat tiene un organismo demoscópico, el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), que recurre para sus trabajos de campo a la misma empresa a la que recurre El Periódico de Catalunya. GESOP, se llama. No es extraño, pues, que la encuesta del CEO arroje unos resultados casi idénticos a los publicados por El Periódico hace unos días.

En síntesis, la victoria de ERC y el segundo hundimiento de CIU. Es verdad que las muestras son distintas —más amplia la del CEO— y las fechas no coincidentes —aunque consecutivas—; pero, en fin, nada demasiado significativo. Ahora sólo falta que encima acierten. Porque en las últimas autonómicas GESOP le daba a CIU entre 12 y 14 escaños más de los que finalmente obtuvo. Claro que el CEO, que trabajaba entonces con DYM, fue mucho más allá al excederse en 20. Quizá por ello han cambiado de empresa, sin importarles lo más mínimo la connivencia con un medio de comunicación privado.

A cambiar la historia

MANUEL MONTERO. EL CORREO  22 Junio 2013

Tiene un aire clásico, de déjà vu. De forma abrupta llega el debate del Concierto Económico y lo llenan las evocaciones históricas. Conforme a nuestras tradiciones polemistas se carga de interpretaciones del pasado, como si lo importante no consistiese en lo que es o debe ser, sino lo que fue o lo que ojalá hubiese sido.

La entrada en materia del presidente del EBB, por lo general hombre mesurado, es de las que hacen época. Ha estado sembrado. De una tacada ha usado historicismos demodés, creado dos nuevos conceptos nunca oídos (el Concierto como pacto entre iguales y como «soldadura Euskadi-Estado») y reciclado un argumento tradicional. Un rapto de creatividad «histórica».

A lo mejor Navarro, del PSC, hubiese estado mejor calladito, pues no le tocaba, pero no tiene desperdicio la forma en que Ortuzar lo ha despachado: «Es de alguien que no ha hecho los mínimos deberes de saber, en la historia, cuál es el origen del Concierto Económico». Pues sorprende que un nacionalista vasco tampoco haya hecho tales deberes. Dice que el Concierto Económico es «una mínima parte de la devolución de la soberanía originaria de los Fueros vascos». Pues no: conviene distinguir la versión politizada del pasado y el pasado. Esa interpretación la encontramos en la doctrina del PNV: es ideología, no historia. ¿«Devolución de la soberanía originaria de los Fueros vascos»? La idea de que éstos representaron la «soberanía originaria» es una elaboración doctrinal nacionalista sin base histórica (y uso anacrónico de conceptos actuales).

Tampoco puede sostenerse que los Conciertos fuesen devolución de alguna soberanía de referencia foral. No hubo tal. Nacieron el 28 de febrero de 1878, por un decreto del denostado Cánovas, que fue su principal mentor. El 21 de julio de 1876 habían sido abolidos los fueros de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. El entonces presidente del Gobierno quiso satisfacer así a los liberales vascos, que habían combatido a los carlistas y se habían opuesto a la abolición foral. Pero los Conciertos no mantuvieron parte de la foralidad, sino que crearon un nuevo sistema. Permitieron a las Diputaciones vascas una autonomía económica y administrativa mucho mayor que los fueros, pero muy distinta, por lo que no pueden considerarse su supervivencia. Y los reguló un decreto, ni siquiera una ley, lo mínimo para «devolver» soberanías.

Los Conciertos fueron una institución creada por el régimen liberal, no una tradición secular. Otra cuestión es que se justificara por la abolición y que los fueristas los legitimaran después con apelaciones a la tradición foral no del todo justificadas.

El presidente del EBB presenta los Conciertos como producto de «un pacto entre iguales»: la idea es totalmente nueva, nunca se había enunciado. El Concierto no nació de ningún acuerdo, no hubo negociación alguna. En su versión histórica se defendió el Concierto como sucedáneo de un derecho histórico, por su eficacia, y por el apoyo social que alcanzó. Nunca como un pacto, pues a todas luces no lo era y nunca los liberales (o los nacionalistas, en su momento) lo pretendieron. Les hubiera concedido una entidad que no encajaba con las reivindicaciones fueristas.

Tampoco en la Transición, cuando fueron restaurados los de Vizcaya y Guipúzcoa, fueron objeto de una negociación cuyo resultado se presentara como un pacto entre iguales, mucho menos como el punto clave de la inserción del País Vasco en España. «La única soldadura entre Euskadi y el Estado español es el Concierto»: esta idea de Ortuzar es también nueva. Incluso revolucionaria, en términos históricos, no sólo políticos. Jamás la había expresado nadie, ni siquiera el PNV, que en su momento (y después hasta este junio de 2013) presentó la recuperación del Concierto como la de un derecho histórico: jamás como fruto de un pacto, mucho menos como ‘la soldadura’ Euskadi-Estado.

Habrá que reescribir la historia. Entre nosotros el pasado es imprevisible. Cambia.

La afirmación más interesante de Ortuzar es la de que roto el Concierto, los vascos quedaremos en libertad para buscar nuestro camino. «Si se rompe, estamos libres». Esto no es nuevo, sólo su aplicación.

Retoma un mecanismo argumental característico del PNV, que suele presentar sus grandes reivindicaciones no como consecuencia de una voluntad rupturista sino como respuesta a incumplimientos de la otra parte. Desde este punto de vista la legitimidad soberanista reside en que España no cumple sus acuerdos con los vascos, lo que les libera de sus compromisos. Que tales pactos sean imaginarios no cuenta a este respecto.

Era el esquema de Sabino Arana. Reivindicaba la independencia asegurando que España había roto un presunto pacto foral, cuyo origen no documentado se pierde en la noche de los tiempos míticos, como buen axioma ideológico. La traición antiforal legitimaría la independencia.

Esta argumentación básica se ha repetido sucesivas veces. Hacia 1997, ayer, los reclamos soberanistas aseguraban que la otra parte, España, no cumplía con el «pacto estatutario», por lo que cabía echarse al monte. ¿Ahora este papel corresponde al Concierto? De nuevo la ruptura sería una responsabilidad ajena.

El mecanismo legitima con la historia cualquier iniciativa drástica, pero dificulta el debate político. El Estatuto, el Concierto, lo mismo que los fueros, quedan definidos doctrinalmente y sacralizados como pactos imaginarios entre iguales. Así concebido, el ‘pacto’ sirve para justificar rupturas.

Nunca hay noticias de lo contrario, de que se argumente que se cumplen acuerdos, por lo que se acaban las aventuras.

Gastan en ellos casi 60 millones de euros anuales
Las cien maneras de las Comunidades Autónomas de despilfarrar el Presupuesto
El coste anual de contar con estos organismos, cuya eliminación ya se planteó hace un año, asciende a 60 millones de euros
Europa Press www.lavozlibre.com 22 Junio 2013

Madrid.- Todas las comunidades autónomas menos Cantabria mantienen en la actualidad consejos consultivos propios y hasta diez cuentan con la figura del defensor del pueblo autonómico, dos de las instituciones que el Gobierno recomienda suprimir en su informe sobre la reforma de las administraciones públicas como media de ahorro, teniendo en cuenta que ya existen estos organismos a nivel nacional. Precisamente el viernes, coincidiendo con la aprobación del citado informe en el Consejo de Ministros, el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias acordó suprimir su defensor del pueblo, conocido allí como Procuradoría, lo que supondrá, según el PP, un ahorro de 2,5 millones de euros.

Sus funciones serán asumidas por la Comisión de Peticiones del Parlamento regional. La conveniencia de eliminar este tipo de organismos para ahorrar, evitar duplicidades y "ganar en eficiencia" ya fue planteada por el Ejecutivo el pasado año cuando las comunidades autónomas fueron llamadas a llevar a cabo sus planes de ajuste para cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Según los datos recabados por LA VOZ LIBRE, sólo el mantenimiento de estas dos instituciones les cuesta a las CC.AA. un total de 60 millones de euros anuales. A raíz del aviso del Gobierno, algunas regiones ya optaron entonces por acogerse a la recomendación. Fue el caso de Castilla-La Mancha y Murcia, las cuales decidieron prescindir de sus respectivos defensores del pueblo el pasado año junto a otras instituciones autonómicas y ahorrar así en sus presupuestos casi cuatro millones de euros anuales. Además de Asturias y de estas dos regiones, Cantabria, Baleares, la Comunidad de Madrid y Extremadura tampoco cuentan con esta institución. Por su parte, la oficina del defensor del pueblo de La Rioja se encuentra ahora mismo vacante después de la dimisión de su última titular y hay un debate en la región sobre la continuidad o no del órgano. Ahora, los partidos están negociando alguna fórmula que permita a la institución seguir trabajando, pero con un presupuesto mucho menor y la posibilidad de que su titular compatibilice el cargo con otro puesto o lo ocupe alguna personalidad relevante de la comunidad.

SÍNDIC DE GREUGES, CASI SIETE MILLONES
En total, las comunidades que sí cuentan con sus propios defensores de los ciudadanos ante las instituciones gastan en ellos más de 25 millones de euros anuales. En concreto, el que está dotado con un mayor presupuesto es el Síndic de Greuges catalán, que asciende a casi siete millones de euros. Por detrás se sitúan el defensor del pueblo andaluz, con algo más de cinco millones en 2013; el Ararteko vasco, con 4,7 millones de euros (cifra del presupuesto del 2012); el Síndic valenciano, con una dotación de 3,3 millones; o el Justicia de Aragón, con 2 millones de euros. Asimismo, todas las comunidades han rebajado la partida destinada a este fin en los presupuestos de los últimos años. Es el caso por ejemplo de Galicia, donde el proyecto de la Xunta para 2013 contempla un descenso del 11,70 por ciento, o el de Navarra, que ha cuantificado la rebaja en el 5 por ciento. Sin embargo, el descenso más llamativo en esta partida es el que contemplan los presupuestos de Canarias para este ejercicio, en los que la dotación para su defensor del pueblo --conocido como Diputado del Común-- es un 81,74 por ciento inferior a la del pasado año y se queda en 535.038 euros.

EN CANARIAS, REDUCCIÓN DEL 80%
También Canarias ha rebajado más de un 80 por ciento la partida destinada al consejo consultivo autonómico, un órgano que poseen todas las comunidades autónomas menos Cantabria y que reproduce en las regiones las funciones del Consejo de Estado de control de la constitucionalidad y adecuación a la legislación vigente de las nuevas leyes. Sumadas las partidas que incluyen los presupuestos, las comunidades destinan más de 26 millones de euros anuales a sus consejos consultivos autonómicos. El de la Comunidad de Madrid recibe en los presupuestos de este año 4,3 millones de euros; 3,3 el de Andalucía; o algo más de tres millones el catalán. Mientras, los de otras regiones funcionan con una dotación mucho menor, como es el caso de los consejos de Aragón (300.000 euros), La Rioja (359.000) o Navarra (470.000). Estos consejos consultivos están al servicio de las administraciones públicas de la comunidad autónoma y tienen como fin último velar por la legalidad de los actos y disposiciones administraciones, para lo que actuarán a instancia de las autoridades autonómicas o de las entidades locales. Todos ellos gozan de independencia en el ejercicio de su función y plena independencia respecto a cualquier otro órgano de la administración. Normalmente, sus consejeros se reparten entre nombrados por el presidente autonómico, por el Gobierno regional o por el Parlamento. Además, en algunos casos forman parte de ellos los expresidentes de la comunidad. Por ejemplo, este es el caso del Consello Consultivo de Galicia, del que forma parte como conselleiro nato Emilio Pérez Touriño, Xerardo Fernández Albor y Fernando González Laxe. Algunos de los consejos consultivos autonómicos tienen sus sedes en edificios históricos localizados en la comunidad. Es el caso del de Castilla y León, ubicado en un edificio emblemático situado a escasos metros de la Catedral de Zamora o el de Asturias, situado en la denominada Casa Nava, un edificio levantado durante el último tercio del siglo XVII en el barrio histórico gijonés de Cimadevilla.

DEBATE SOBRE SU NECESIDAD
El debate sobre la continuidad de este tipo de organismos autonómicos, abierto desde hace meses, ha vuelto a cobrar relevancia en el seno de las comunidades autónomas a raíz de la presentación por parte del Gobierno del informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que incluye 217 medidas, 120 de ellas relativas a duplicidades entre administraciones. No obstante, son muchas las voces --procedentes de todas las formaciones políticas-- que defienden su necesidad para garantizar la limpieza de las actuaciones de las administraciones y la protección de los ciudadanos frente a las decisiones de las instituciones, o por su tradición histórica, como el Justicia de Aragón. El propio Gobierno es consciente de que para algunas CC.AA., instituciones como el defensor del pueblo tienen un "valor político mayor", como es el caso de Cataluña, según fuentes del Ejecutivo. Por ello, subrayan que serán las comunidades las que deberán decidir si quieren aplicar o no las sugerencias y recomendaciones que recoge el informe. Lo que sí han hecho todas las autonomías es rebajarles la dotación que reciben a través de sus presupuestos autonómicos.

La lengua como columna vertebral de la educación
Asociación por la Tolerancia
22 Junio 2013

(breve resumen)
Conferencia impartida por Inger Enkvist, invitada por la Asociación por la Tolerancia, en Barcelona a 19/06/2013

La profesora Inger Enkvist, con una dilatada experiencia en el campo de la educación, consideró desde el principio la falta de competencia lingüística de los jóvenes en Occidente como el principal problema al que se enfrentan nuestros sistemas educativos.

Además, afirmó, hay otras dificultades que surgen del enfoque de los propios sistemas educativos: igualitaristas, nuevos pedagogos, multiculturalistas y nacionalistas abordan la educación como una herramienta para la realización de sus respectivas utopías y se valen de los alumnos como conejillos de indias, como instrumentos puestos al servicio de una ‘causa superior’. La escuela comprensiva (todos los alumnos se encuadran en grupos por edad y promocionan de forma automática con su grupo) genera clases muy difíciles de gestionar y hace desaparecer el esfuerzo, condición indispensable del aprendizaje. La ‘nueva pedagogía’ no se propone la transmisión de conocimientos, sino la transformación de los educandos para que se socialicen correctamente y sean empáticos. En un sentido similar, otras obsesiones del momento hacen perder de vista el objetivo de la educación, como el multiculturalismo que, al colocar la diferencia y la convivencia con el diferente en el centro de los valores educativos, desplaza a un segundo plano los contenidos y los tiempos del aprendizaje. Por último, los nacionalismos no tienen escrúpulo alguno en subordinar los intereses de los alumnos a sus fines políticos.

Todas estas ‘novedades’ pedagógicas vienen a confluir en objetivos de carácter anti ilustrado y se olvida que es precisamente a través del conocimiento como se crece, se madura y se produce la verdadera emancipación.

Con todo, es la falta de dominio de la lengua el principal obstáculo al que nos enfrentamos. Las nuevas tecnologías y los nuevos hábitos de diversión y de relación, junto a otros factores sociológicos, han tenido como consecuencia una reducción drástica de los hábitos de lectura, eso es muy pernicioso para el desarrollo de un buen dominio de la lengua. La sustitución del libro por la pantalla del ordenador ha cambiado los hábitos de lectura: se lee, no para aprender, sino para tomar decisiones, por lo que uno se acostumbra a saltar rápidamente de una página a otra (la media de permanencia en una determinada página Web es de unos 17”) y desaparece ese espacio de tiempo, de relax y de meditación que se requiere para una lectura placentera, sosegada y provechosa.

La falta de contacto con los adultos es otro factor que empobrece el lenguaje (y no solo el lenguaje). Jóvenes y niños se relacionan casi exclusivamente con otros niños o jóvenes de la misma edad y, por tanto, con las mismas carencias. No participan de las preocupaciones y exigencias de los mayores.

A continuación, ejemplificó estos trazos generales con ejemplos tomados de EEUU y de Finlandia. El primero es un caso en el que la comprensividad, la influencia de las obsesiones por lo políticamente correcto, por el ‘moldeado’ de la sociedad a través de la educación, y la falta de un currículum ‘nacional’ (‘federal’, en el vocabulario estadounidense) conduce al fracaso. El segundo es un sistema de éxito, basado en un modelo tradicional, con profesores cuidadosamente seleccionados y prestigiados, una formación profesional muy atractiva (absorbe al 50% del alumnado) y con filtros de acceso muy, muy exigentes.

En síntesis, habría que preocuparse porque los niños se vieran rodeados de forma constante por un entorno lingüístico lo más rico posible y de forma tan precoz como fuera posible. En segundo lugar, habría que acabar con todos estos métodos que se valen de los educandos como instrumentos porque, como demostrara Immanuel Kant, son inmorales. El objeto de la educación es el desarrollo de la persona como individuo autónomo y responsable.

Siguió un animado coloquio en el que se felicitó reiteradamente a Inger por su conferencia y por su intervención en el Parlament de Catalunya con motivo de la discusión de la LEC. En sus respuestas, abordó los problemas de nuestro entorno inmediato. Afirmó que no es posible hacer a nadie trilingüe a través de la escuela (e, incluso, verdaderamente bilingüe), como no sea de forma muy superficial; que (como se deducía de la exposición, el dominio de la lengua materna es condición indispensable para el cumplimiento de los fines de la educación; que le parecía imposible que un alumno catalán alcanzara un conocimiento del español equivalente al de sus iguales en otras partes de España con solo dos horas de clase a la semana; etc., etc.

Una charla excepcional, de una persona igualmente excepcional.
Barcelona, 19 de junio de 2013

Comunicado: Conferencia de Inger Enkvist
‘La lengua como columna vertebral de la educación’

Inger Enkvist, catedrática de español de la Universidad de Lund (Suecia), con una dilatada experiencia en el campo de la educación y autora de varios libros sobre el tema, dictó este martes, día 19, la conferencia titulada"La lengua como columna vertebral de la educación", acto que organizó la Asociación por la Tolerancia.

En su discurso Inger Enkvist consideró la falta de competencia lingüística de los jóvenes en Occidente como el principal problema al que se enfrentan nuestros sistemas educativos. No es posible formarse sin dominar la lengua. Las nuevas tecnologías y los nuevos hábitos de diversión y de relación, junto a otros factores sociológicos, han tenido como consecuencia una reducción drástica de la práctica de la lectura, lo que resulta muy pernicioso para el desarrollo de un buen dominio de la lengua.

Además, determinados enfoques teóricos de los sistemas educativos como son el igualitarismo, la ‘nueva pedagogía’, el multiculturalismo y los nacionalismos, abordan la educación como una herramienta para la realización de sus respectivas "utopías" y se valen de los alumnos como conejillos de indias, como instrumentos puestos al servicio de una causa hipotéticamente ‘superior’. Puso como ejemplo la falta de escrúpulo de los nacionalismos para subordinar los intereses de los alumnos a sus fines políticos, cuando el objeto de la educación debería ser el desarrollo de la persona como individuo autónomo y responsable.

A continuación, ejemplificó estos puntos con ejemplos tomados de EEUU y de Finlandia. El primero es un caso en el que la comprensividad, la influencia de las obsesiones por lo políticamente correcto, por el ‘moldeado’ de la sociedad a través de la educación, y la falta de un currículum ‘nacional’ (‘federal’, en el vocabulario estadounidense) conduce al fracaso. Por el contrario, el finlandés es un sistema de éxito, basado en un modelo tradicional, con profesores cuidadosamente seleccionados y prestigiados, una formación profesional muy atractiva y con filtros de acceso muy, muy exigentes.

Siguió un animado coloquio en el que se felicitó reiteradamente a Inger Enkvist por su conferencia y por su intervención en el Parlament de Catalunya con motivo de la discusión de la LEC. En sus respuestas, abordó los problemas de nuestro entorno inmediato. Afirmó que no es posible hacer a nadie trilingüe a través de la escuela (ni tan siquiera verdaderamente bilingüe), como no sea de forma superficial, no culta. Consideró que el dominio de la lengua materna es condición indispensable para el cumplimiento de los fines de la educación y le parecía imposible que un alumno catalán alcanzara un conocimiento del español equivalente al de sus iguales en otras partes de España con sólo dos horas de clase a la semana.

Entre los asistentes estuvieron Carlos Carrizosa (diputado autonómico de C's) y Ramón de Veciana (coordinador de UPyD en Cataluña).

AT. Barcelona 20 de Junio de 2013

Las lenguas como armas contra un Estado democrático – o el caso del catalán y del vasco
Inger Enkvist - 2003


A propósito de estos dos artículos (el segundo, aquí) que me han pedido quiero reiterar que:
1. Están escritos para una revista de profesores de idiomas en Suecia (y por eso hay una introducción en sueco).
2. Fueron escritos en 2001 y 2002 y publicados en Moderna Språk 2002:1 (lenguas como armas) + 2003:2 (el otro), es decir que han pasado diez años.
Un saludo cordial.
Inger E
 


Artikeln diskuterar sambandet mellan språk och politik i Spanien, där katalanska och baskiska nationalister använder språkfrågor och utbildningspolitiken som de viktigaste vapnen mot staten, och detta trots att Spanien sedan mer än tjugo år har en demokratisk konstitution med vidsträckta rättigheter för olika regioner. För just språklärare är det förvirrande att se det som vi brukar anse vara ovedersägligen lovvärt, nämligen språkinlärning, kan användas för allehanda politiska syften. I en följande artikel, "La educación como campo de batalla de los nacionalismos en España”, kommer följderna för undervisningen i allmänhet och speciellt språkundervisningen att behandlas.Inger Enkvist är professor i spanska vid Lunds universitet.

Ha sido difícil ver desde fuera de España que algo tan atractivo como la pluralidad de las lenguas y las culturas pueda ser utilizado en contra de un Estado democrático y en apoyo a movimientos separatistas y a veces violentos. Hay entre lingüistas un interés sentimental por la pluralidad de las lenguasy quizá no todos se detienen a ver cuáles pueden ser las consecuencias prácticas de convertir una lengua regional o minoritaria en ídolo, tal como se está haciendo en Cataluña y en el País Vasco. El tema de este artículo es mostrar los problemas que pueden surgir cuando la lengua y el control sobre la educación se utilizan como armas contra los demás conciudadanos dentro del marco de un Estado democrático. El tema tiene además una conexión con el norte de Europa porque los nacionalistas catalanes y vascos están fascinados por una Escandinavia dividida en varios países, y también les interesa el que se haya permitido a las pequeñas naciones bálticas formar países independientes.

La Constitución de 1978 proclamó a España como un Estado de autonomías, con lo cual parecía concluir la larga discusión sobre centralismo y descentralización. Se les reconoció a las autonomías un amplio autogobierno, y se empezó a trasladar competencias y recursos hacia ellas, y en el campo de las lenguas se decretó que todos los españoles tenían la obligación de saber el español y el derecho de usarlo y además el derecho de usar su lengua regional si la tenían. Todos se las prometieron felices.

¿Cómo se llegó a la situación de hoy? Ahora se habla de una falta de experiencia y de unentreguismo en 1978 por parte de los partidos no nacionalistas que ni siquiera sospechaban lo que se estaba preparando. En el País Vasco empezó inmediamente el hostigamiento contra la UCD, el partido de gobierno de 1978 a 1982. La UCD fue sometida a tantas amenazas y fueron asesinados tantos de sus representantes que el partido no encontró candidatos a poner en sus listas vascas en las elecciones de 1982. Los asesinatos eran claramente una estrategia para echar a los "españoles" de Euskadi, y lograr la retirada del ejército y los símbolos del Estado como la bandera española. Atacados con armas como el descrédito y la deslegitimación, tildados siempre de fascistas, los políticos de los partidos no nacionalistas no sabían cómo reaccionar. Se encontraban con eslóganes como "que se vayan" y "hay que limpiar esta tierra de enemigos", fórmulas relacionadas con la "limpieza étnica" (Díaz Herrera-Durán 2001). En resumen, saliendo de un régimen represivo, nadie había previsto que grupos violentos atacaran a la nueva libertad y menos en nombre de la lengua.

Cuando se intenta explicar el fenómeno del nacionalismo periférico en España, se suelen mencionar la alfabetización tardía, las comunicaciones poco desarrolladas y el poco contacto existente entre el centro administrativo y la periferia. La Constitución de 1978, en vez de sacar el tema de la agenda una vez por todas, se convirtió en una plataforma para las reivindicaciones cada vez mayores de los nacionalistas. En Cataluña, el bloque nacionalista Convergencia y Unión, CyU, ha gobernado desde hace entonces, y su líder Jordi Pujol ha sido reelegido una y otra vez. En el País Vasco, el PartidoNacionalista Vasco,PNV, liderado porXavier Azallus, un ex jesuita, ha sabido dominar la política vasca y eso sin haber conseguido en general la mayoría absoluta de los votos. En Galicia, el Bloque Nacional Gallego, BNG, encabezado por Xosé Beiras, no ha conseguido formar gobierno, pero el nacionalismo gallego está creciendo, luchando contra el Partido Popular, PP, que ha gobernado desde 1978 con Manuel Fraga como nombre aglutinante, y esto aunque Fraga fuera ministro de Franco.

Un instrumento eficaz para los nacionalistas ha sido la LOGSE, la ley de educación que otorga a las regiones históricas el derecho de decidir el 45 % del contenido de las materias y que introduce cambios en los métodos de trabajo. Esta ley ha permitido que materias como Geografía, Ciencias sociales, Literatura, Historia y Lengua se conviertan en adoctrinamiento nacionalista. Además, con las transferencias, las regiones han obtenido el control de los presupuestos de cultura, y se ha invertido en la traduccióna la lengua regional y en campañas de publicidad en el extranjero, presentando las autonomías como unidades políticas independientes, sin hacer mención de España.

Cataluña
La diferencia entre Cataluña y las otras regiones históricas en cuanto a la lengua es que es tradition entre la burguesía catalana el hablar catalán en la casa, y desde hace tiempo ha habido un interés por la lengua y por la literatura escrita en catalán. El movimiento llamado el Renacimiento al final del siglo XIX llevó a un esfuerzo para normalizar la lengua, es decir ponerse de acuerdo sobre una gramática, un vocabulario y una ortografía aceptados por todos.Una dificultad ha sido que dentro del ámbito del catalán, el mallorquín y el valenciano se sienten lo suficientemente diferentes como para reclamar un estatus de lengua nacional al igual que el catalán, pero ¿dónde trazar el límite cuando también se afirma que el menorquín es diferente del mallorquín? En el valle de Arán en los Pirineos, los habitantes reivindican el aranés como lengua propia.

Después de aprobada la Constitución en 1978, el Parlamento de Cataluña ha adoptado una serie de leyes que van en contra de la Constitución.El camino ha sido el siguiente: En 1978, la Constitución da derecho a todos los españoles a utilizar la lengua regional junto con el español, es decir que la lengua regional se declara cooficial; pero ya en 1979, el Estatuto de Autonomía de Cataluña insiste en llamar al catalán la "lengua propia" de Cataluña, un nuevo concepto que por definición excluye al castellano como la lengua propia de los habitantes de Cataluña, a pesar de que la mitad de los habitantes de Cataluña son castellanohablantes. En 1983, el Parlamento catalán aprueba la Ley de normalización lingüística que establece que el catalán, y no el castellano, es la lengua propia de Cataluña. En 1998, la Ley de política lingüística dicta que todas las instituciones en Cataluña debe n utilizar el catalán como lengua de trabajo, por ejemplo los tribunales, las escuelas y las universidades. En esta situación, los castellanohablantes se han quejado ante los tribunales que han fallado a su favor, diciendo que la Constitución establece que todos los ciudadanos españoles tienen el derecho de utilizar el español. Sin embargo, las instituciones catalanas no se dan por enteradas, y losnacionalistas tratan como a héroes a los que no acatan las decisiones de los tribunales (Tercero Moreno 1999).

El País Vasco
El nacionalismo vasco es mucho más violento que el catalán, quizá porque el número de vascohablantes era muy reducido en 1978. Como es bien sabido, las provincias con habitantes vascohablantes no han formado nunca un país independiente; algunas provincias han pertenecido y pertenecen a Francia y otras a España, y no es hasta nuestros días que se ha elaborado un vascuence normalizado, común a todos los vascohablantes. El nacionalismo vasco actual se inspira en las ideas y fantasías de Sabino Arana, que a su vez pueden estar inspiradas en el choque entre los obreros inmigrados de otras regiones y la población rural vasca de hace unos cien años, según el profesor y escritor Juaristi que ha dedicado tres libros al tema (Juaristi 1997; 1999:1; 1999:2).Los nacionalistas fundamentan su propaganda en la idea del agravio histórico adoptando una posición victimista para atraerse la simpatía de la gente, aunque sean ellos los agresores en la actualidad. En el País Vasco se habla de una invasión castellana cuando más bien hubo la victoria de una facción de nobles sobre otra. Después de investigar parte de la historiografía nacionalista, Juaristi observa que estos autores no entran nunca en una discusión sino simplemente descalifican a sus adversarios con el adjetivo de "españolista".

Los discursos del señor Arzallus suelen ser una letanía de quejas de los atropellos e "insultos" contra los vascos, de que hay "antivascos" y de que "ellos" odian a los vascos. Esto se combina con el amedrantamiento contra los no nacionalistas como las campañas de desprestigio, las amenazas por telefóno, el empapelar edificios con pasquines y fotos de periodistas y profesores con una diana en la cabeza. El control nacionalista sobre la sociedad vasca es casi total, ya que los nacionalistas han colocado a gente suya en diferentes entidades y organizaciones vascas desde el fútbol hasta los sindicatos. Sueñantambién con sus propios bancos, su propia energía, justicia y telefonía. La contribución vasca a Hacienda es ahora baja y el País Vasco recibe más de lo que ingresa, es decir que se está llevando a cabo una política antiespañola con dinero de los otros españoles (Díez Herrera-Durán 2001).

Para entender la situación es importante recordar que ETA cometió muy pocos atentados durante el franquismo y que los atentados se intensificaron con la llegada de la democracia. ETA siempre ha reclutado a personas muy jóvenes, adoctrinándolas, acostumbrándolas a una vida de pandilla, a beber y a realizar actos violentos en común. Los jóvenes reciben la consigna de callarse y de no discutir con sus padres, si éstos están en contra del nacionalismo. El adoctrinamiento se basa en la idea de los vascos como víctimas de la opresión “españolista”. El filósofo Savater utilizó recientemente una fórmula humorística para subrayar que no hay ningún consenso entre los habitantes de las provincias donde viven vascos para pedir la independencia. Un Estado vasco, dijo, es algo que se discute en Guipúzcoa, no tiene mayoría en Vizcaya, es directamente minoritario en Álava, no gusta en Navarra y está sin traducir al francés(Savater 2001).

La enseñanza del vasco

Las ikastolas existían antes de 1978, pero con la transferencia de dinero del Estado, el País Vasco dedica el dinero a convertir en vascófonos a los habitantes. Para todos, desde los niños más pequeños hasta los estudiantes de Universidad se da prioridad a la enseñanza del vascuence. Se ofrece apoyo económico a los colegios que utilizan el vascuence como lengua vehicular y a los docentes acudan a cursos de vascuence. En el año lectivo 1997-1998, 219 docentes recibieron un curso pagado de 6 meses. Los últimos años, 5.800 millones de pesetas han sido dedicados a la enseñanza del vascuence, mientras que sólo se ha dedicado 1.600 millones a la investigación y sólo unos 113 millones a la enseñanza de otras lenguas de la Unión Europea. Así es como los nacionalistas preparan a su región para el nuevo siglo.

A pesar de esto, la población tarda en aprender el vascuence, y después de veinte años de propaganda por el vascuence, sólo el 18 % de la población habla la lengua. Según unas estadísticas recientes, de 350.000 contribuyentes, sólo 280 hacen su declaración de renta en vasco. En el parlamento, sólo 17 % de los actos se celebran en vasco. En los tribunales, sólo 0,2 % de los actos se celebran en vasco. No obstante, para poder acceder a un puesto de trabajo en el sector público, el funcionario debe dominar el vasco ya que el Gobierno nacionalista exige que todos los habitantes tengan la posibilidad de dirigirse en vasco a un funcionario. Se entiende la irritación que provoca la televisión autonómica vasca ETB 1 y ETB 2 que es cara, mala y tiene un público muy restringido. La frustración llega a cotas muy altas cuando se retrasmiten partidos de fútbol, y la gente tiene que combinar las imágenes del televisor con el sonido de la radio para entender los comentarios.

La justicia en el País Vasco

La situación de la policía puede ilustrar el fenómeno del nacionalismo lingüístico. Se ha mandado recientemente a 300 policías a cursos largos de vasco, es decir que la política nacionalista es cara y que los políticos nacionalistas anteponen su ideología a la seguridad de la población. En este caso, el Gobierno vasco pidió al Gobierno de Madrid al mismo tiempo 300 nuevos puestos de policía para "la seguridad en el País Vasco", es decir que además quieren los nacionalistas que todos los contribuyentes españoles paguen este proyecto político.

En una serie de entrevistas publicada en El País, uno de los 7.300 policías de la policía vasca, la « ertzaintza », habla sin dar su nombre y ocultando su cara en la foto. Dice que se incoroporó a la ertzaintza cuando se creó esa fuerzay cuando todos prometían que los policías autonómicos vascos serían como los "bobbies" ingleses, no armados y muy queridos por la población. Ahora el policía entrevistado, desilusionado, dice que la ertzaintza está infiltada por ETA y que los mandos siguen las órdenes del PNV. Un ejemplo es que los policías reciben órdenes de no intervenir contra la violencia callejera y cuando llegan al lugar de un crimen nacionalista, los culpables siempre han recibido una advertencia. Mandan a los policías a misiones ridículas pero no a aclarar crímenes. En España hay un promedio de cuatro policías por cada 1000 personas, pero en el País Vasco es casi ocho, y aun así los crímenes no se aclaran (Barbería 2000).

La ertzaintza no sólo no contribuye a combatir el terrorismo, sino que ni siquiera logra proteger a sus propios miembros o bienes. Según Díez Herrera y Durán, entre 1993 y 1997 hubo 383 ataques contra agentes de servicio, domicilios de agentes y sus bienes particulares, 122 coches policiales incendiados y 50 comisarías atacadas con cócteles molotov. ETA intenta impedir que la policía pueda trabajar, lo cual es una manera de domesticar a la policía. Aún así, la policía es siempre tildada de fascista por ETA. Díez Herrera y Durán hablan de unos 5000 atentados sin esclarecer durante los últimos años, y cuentan que según la Guardia Civil, entre 1987 y 1999, ha habido 6249 actos de violencia callejera atribuidos a jóvenes radicales en el País Vasco, pero casi nadie detenido. Los violentos se saben impunes.

Hay claros intentos de amedrentar a los jueces, y se utilizan varios métodos para impedir que la justicia resuelva los casos si hay un nacionalista inculpado. Lo que se hace por ejemplo es denunciar masivamente unos malos tratos, después no comprobados, o pedir que el juicio se haga íntegramente en vascuence, aunque la persona inculpada hable perfectamente el español. Pedir que todos los que intervengan en un jucio desde los jueces hasta los testigos hablen en vasco, lo cual es convertir en imposible el trabajo del tribunal. Entre los métodos está también el machacar siempre el asunto de la lengua. Si alguien no habla vasco, se le tilda de enemigo del vasco y se le atribuye un odio a lo vasco. Esta política da su fruto porque los jueces se sienten presionados y las penas son leves. Según una encuesta, un 70 % de los españoles creen que los jueces en el País Vasco tienen miedo. Otros datos dicen lo mismo: En la promoción de jueces de 1998, los 187 ganadores de la oposición al cargo de juez solicitaron el País Vasco en último lugar, y tampoco los 3 vascohablantes pidieron el País Vasco.

Díaz Herrera y Durán subrayan que a pesar de haber pasado casi teinta años desde la muerte de Franco, una parte de España sigue viviendo bajo un régimen totalitario. Los periódicos se escriben desde detrás de puertas blindadas, y los partidos políticos tienen que ocultar la dirección de su sede y extremar las medidas de seguridad. Los violentos pueden salir a cara descubierta, pero los policías sólo pueden actuar con pasamontaña. No son los mafiosos los que necesitan escolta sino los demócratas declarados. En esta parte de España, el Estado ha desaparecido prácticamente de la sociedad desde 1980, y la razón es, creen, porque los terroristas cuentan con una triple impunidad: el miedo de los ciudadanos a denunciar los actos criminales, la pasividad de las instituciones afectadas y la escasa voluntad de los mandos políticos de la policía vasca para esclarerer los actos delictivos.

Detrás de todo, está la sombra de ETA que se financia con robos y extorsiones, el llamado impuesto revolucionario. Los documentos incautados a ETA han mostrado cómo funciona el chantaje. Se manda una carta amenazadora para pedir cierta contribución. Ésta es la señal de que la vida nunca más va a ser igual de la persona designada. Si paga, está en connivencia con bandas terroristas según la ley. Si no paga, le amenza el vandalismo, el secuestro o el asesinato. Si no tiene dinero, ETA le obliga a empezar a negociar y a dar algo. Si la familia no paga rescate, entre los nacionalistas se oyen comentarios como "qué mierda de familia. Mira que dejar asesinar a uno de susmiembros por unas pesetas". También hay que observar que muchas de las empresas que han pagado también han recibido subvenciones estatales, con lo cual son todos los españoles los que mantienen a flote a ETA con sus impuestos.

¿Hay una explicación?

Juaristi ve el terrorismo moderno y su juego con la muerte como un fenómeno estético, una demanda de formas intensas de goce. Juaristi ha analizado la retórica de ETA y ha descubierto una combinación de nacionalismo, de maoísmo y de catolicismo, pero señala que el nuevo nacionalismo es más agresivo y más étnico, dejando atrás el catolicismo; del maoísmo se queda con la violencia; y el resto es puro nacionalismo. Un paso es no sólo rebautizar el País Vasco con un nombre inventado por Arana, Euskadi, sino pasar a la denominación de Euskal Herria, que tiene connotaciones de integrismo lingüístico y territorial (Juaristi 1999:2).

En todo este proceso, la lengua y la educación se utilizan como armas. La defensa de la lengua se combina con una total falta de defensa del ciudadano no nacionalista. Todo esto sucede en un país democrático, miembro de la Unión Europea, en el que se está consiguiendo crear un tal clima de miedo que la gente no se atreve a ejercer sus derechos constitucionales. Hoy ningún ciudadano vasco puede vivir en seguridad si se pronuncia de manera negativa sobre ETA o el nacionalismo. Últimamente ha habido algunos casos sonados de intelecuales vascos que han emigrado a los EE.UU., porque no se sienten lo suficientemente seguros ni siquiera en Madrid. Uno de ellos, Mikel Azurmendi, habla de la obsesión vasca por la identidad, la bandera y el himno. Azurmendi subraya que en el País Vasco nadie ha sido asesinado por ser nacionalista sino todos por no serlo. Azurmendi, como Juaristi, señala que el nacionalismo vasco está construido sobre mitos que han dado el fruto de que el País Vasco sea ahora un país sin ley. El hablar de diálogo con ETA le parece ridículo; si una parte utiliza la palabra y la otra la metralleta, no es posible hablar de diálogo (Calleja 2000).

En resumen, lo desconcertante es que los nacionalistas se basen en una lengua minoritaria para rechazar la convivencia con sus conciudadanos dentro del marco de un Estado democrático. Otros elementos culturales como pueden ser la literatura, la música o el baile folclórico son claramente secundarios en comparación con la lengua. También es desconcertante que en el mundo moderno de comuncaciones rápidas que los valores de la educación se consideren secundarios comparado con el fomento de una lengua regional que ni siquiera es la primera lengua más que de una pequeña parte de los habitantes. Hasta ahora, ningún intelectual español, que se sepa, ha podido sugerir un camino para salir del atolladero en que metieron al país en 1978 los "padres de la Constitución", inventando el concepto del Estado de autonomías. La mayoría de los no nacionalistas son ahora pesimistas.

La situación presenta un dilema ético, y todos los lingüistas y profesores deberíamos preguntarnos qué hubiéramos hecho nosotros en el caso de trabajar en Cataluña, Galicia o el País Vasco. Los jóvenes nacionalistas de hoy no nacieron nacionalistas, estudiaron en colegios e institutos en los que fueron educados por maestros y profesores que siguieron las consignas dadas, con o sin entusiasmo.


Barbería, José Luis. "Una policía rota". El País. 22.10.2000

Calleja, Mariano. "Llevamos veinte años de limpieza étnica programada desde el Gobierno vasco. Entrevista con Mikel Azurmendi."El ABC, 3.12.2001.

Díaz Herrera, José – Durán, Isabel. Arzalluz. La dictadura del miedo. Barcelona. Planeta. 2a ed 2001.

Juaristi, Jon. El bucle melancólico. Historias de nacionalistas vascos.Madrid: Espasa, 1997.

Juaristi, Jon. El Chimbo expiatorio. (La invención de la tradición bilbaina, 1876-1939) Madrid: Espasa, 1999:1.

Juaristi, Jon. Sacra Némesis. Nuevas historias de nacionalistas vascos. Madrid: Espasa, 1999:2. 5a ed.

Mosquera Mata Pablo: "Imponer el euskera". La ilustración liberal. 1999:3.

Ordaz, Pablo. "El nuevo exilio vasco". El País29-10-2000

Ordaz, Pablo. "ETA extiende de forma masiva su campaña de extorsión a profesionales y comerciantes". El País 3.12.2000

Ordaz,Pablo "Mis hijos jugaban a policías y terroristas. El País 3.12.2000

Savater, Fernando. Perdonen las molestias. Crónica de una batalla sin armas contra las armas. Madrid, ed. El País, 2001.

Tercero Moreno: "Represión del español en Cataluña". La ilustración liberal 1999:3

Si no se indica otra cosa, todos los datos sobre el País Vasco están sacados de Díaz Herrera, José - Durán, Isabel: Arzallus. La dictadura del miedo, Barcelona, Planeta, 2001.


20/06/2013 - INGER ENKVIST



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