AGLI Recortes de Prensa   Domingo 23 Junio 2013

Las autonomías se niegan a reducir sus despilfarros
EDITORIAL Libertad Digital  23 Junio 2013

Tras prácticamente un lustro con el país entero sumido en una crisis económica cuyos efectos han ido agravándose progresivamente, el gobierno ha decidido que ha llegado la hora del "sacrificio de los políticos". Así lo subrayó ayer Soraya Sáenz de Santamaría, en relación con el informe del Comité para la Reforma de las Administraciones Públicas que, según la vicepresidenta, se suma al esfuerzo que han realizado los ciudadanos durante los últimos tiempos debido a la crisis.

Ya hemos explicado aquí las falacias que esconde ese informe y sus efectos reales sobre las finanzas públicas de la administración española, sensiblemente inferiores a los que aparecen en el dosier con que el gobierno ha presentado el mamotreto. Pero no es sólo que la reducción real del gasto público vaya a ser prácticamente testimonial de cumplirse las 200 medidas que recogen los 2.000 folios del informe, sino que la mayoría de esas propuestas han de ser llevadas a efecto por los gobiernos regionales, con lo que es más que dudoso que las acciones verdaderamente importantes en términos presupuestarios vayan a ser finalmente aplicadas. De momento ya hay reticencias en varias comunidades autónomas a la hora de suprimir una institución perfectamente inútil como los "defensores del pueblo", mientras que otras autonomías como la catalana ya han dejado claro que no piensan aplicar ni una sola de las medidas recogidas en el informe que el gobierno ha presentado con tanta alharaca.

El propio presidente Rajoy ha reconocido su incapacidad para hacer cumplir a los gobiernos regionales con unas medidas que simplemente buscan recortar ligeramente el tremendo despilfarro autonómico. En su alocución para presentar este plan de racionalización administrativa, el gobierno ha admitido que las 120 propuestas que afectan a las comunidades autónomas son meras "recomendaciones" que los gobiernos regionales tendrán la facultad de aceptar o rechazar, de tal forma que nadie puede asegurar en estos momentos que las embajadas autonómicas, los organismos científicos de todo tipo que se solapan con los centros nacionales especializados y otras varias decenas de duplicidades clamorosas y carísimas vayan a suprimirse tal y como se recoge en la propuesta del ejecutivo de Rajoy.

El gobierno alude a un conflicto competencial para justificar su impotencia a la hora de hacer cumplir a las autonomías sus directrices sobre racionalización administrativa. Precisamente por esta ambigüedad en el reparto de las distintas potestades partidos como UPyD y Ciudadanos vienen exigiendo desde hace tiempo una reforma constitucional que permita al Estado ejercer como tal, especialmente en unos momentos cruciales para nuestro futuro como los que atraviesa actualmente el país. No hay que olvidar, por otra parte, los mecanismos compulsivos que la propia Constitución pone en manos del gobierno central para llevar la práctica unas pautas racionales de general cumplimiento. De una u otra forma, el gobierno ha de llevar a cabo la reforma administrativa que se ha propuesto, con el acuerdo de las autonomías o sin él. Por lo que supone de beneficio para el contribuyente –aunque sea magro-, pero también por la preeminencia de la autoridad del Estado en todo el territorio nacional, tal vez la reforma más importante de todas las que podría llevar a cabo el gobierno del PP en esta su primera legislatura.

Laissez faire
La ‘reformilla’ de don Mariano
Fernando Díaz Villanueva www.gaceta.es 23 Junio 2013

“Lo estatal” lo asfixia todo, por mucho que Soraya diga que la elefantiasis del Estado no es tal.

Montoro culpa de la crisis al tamaño del Estado es un “error conceptual”, es decir, un error de concepto. Los que creemos eso –afortunadamente cada vez más– estamos equivocados porque, como todo el mundo sabe dentro de los ministerios, el Estado es tan pequeño que aún podría duplicar su tamaño sin que la economía lo notase. No hay más que contratar a otros tres millones de funcionarios, aprobar un ambicioso plan de infraestructuras, dotar convenientemente a la política social y montar tres centenares de empresas públicas más para que todo se arregle como por ensalmo. La renovada actividad “estimularía” la demanda y así las empresas privadas se pondrían a crear empleo como locas. En cosa de meses los problemas se alejarían como vinieron: de golpe y sin causar daños colaterales.

Bien, resumiendo mucho, este es el mantra que circula entre los estatólatras de izquierdas y derechas desde hace varios años. A falta de poder imprimir dinero como en los buenos tiempos, todos los problemas habidos y por haber se solucionan con deuda. Todo ese dinero prestado se podrá devolver mañana con sus correspondientes intereses gracias a las recrecidas recaudaciones fiscales de una nueva burbuja. Aunque parezca mentira, los José Carlos Díez del mundo, que son muchos y siempre están cerquita del poder, van colocando esta mercancía averiada y se la compran.

Lo hacen porque el poder siempre quiere que le doren la píldora. Hace siglos, cuando los Habsburgo españoles se empeñaron en dejar el país hecho un erial, las voces de los que clamaban por no meterse en guerras y dejar así de envilecer el real de a ocho, nunca fueron escuchadas. Los que querían marcha, sin embargo, prosperaron en la Corte y se lo llevaron todo lo crudo que pudieron. Si alguna vez viaja de Madrid a Burgos a la altura de Lerma mire a su derecha. Verá un portentoso palacio herreriano, un Escorial en miniatura digno de un monarca que mandó construir Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma y valido de Felipe III. Mírelo bien, ese palacio fue todo un “estímulo” a la demanda agregada de la economía castellana de principios del siglo XVII, una economía moribunda y machacada por la tiranía y el derroche.

Sandoval era, amén de un granuja y un ladrón de marca mayor, un gran despilfarrador del dinero de los demás. Mientras el reino se desangraba en guerras lejanas, su aristocracia se engolfaba en la corrupción, el privilegio y la pereza. Hoy en España hay muchos Sandovales y muchos más que pululan alrededor de los Sandovales. “Lo público”, es decir, “lo estatal” lo asfixia todo por mucho que Soraya nos venga ahora con aquello de que la elefantiasis del Estado no es tal. Pues sí, es tal. Los Estados elefantiásicos son los que se pulen discrecionalmente la mitad de la riqueza que genera el país, los Estados elefantiásicos son los que tienen en nómina a más gente de la que trabaja en régimen de autónomo, los Estados elefantiásicos, en suma, son los que gastan más cuando se recauda menos.

Para cambiar este aberrante orden de cosas en el que se penaliza el esfuerzo individual y se premia el trinque colectivo hace falta algo más que una reforma y mucho, muchísimo más que la reformilla que acaba de anunciar el Gobierno. Dicen que, en el mejor de los casos, el Estado se ahorrará 37.000 millones de euros. Vale, muy bonito, pero el desfase entre gastos e ingresos es aproximadamente el doble. Si usted gasta al año 10.000 euros más de los que gana, de poco le servirá reducir ese gasto a la mitad. Seguirá incurriendo en un insoportable déficit que le llevará a la ruina y a la insolvencia más pronto que tarde. Pero, no olvide esto, el Gobierno puede hacer algo que a los particulares y empresas les está vedado. ¿Por qué? Porque el Gobierno fabrica el dinero y si, como es el caso del nuestro, no puede hacerlo, lo pide prestado en cantidades indecentes poniéndole a usted, a sus hijos y a sus nietos como garantía de pago.

Luego está la estimación misma del Gobierno. ¿Alguien en su sano juicio, alguien que conozca el paño –y a los tratantes de paños– puede creerse esta cifra? Evidentemente no. Primero porque el Gobierno de Rajoy miente más que habla desde que llegó al poder. Su lema es hacer justo lo contrario de lo que dicen. Así que no sería descabellado encontrarse con un gasto extraordinario de 37.000 millones dentro de un año. Y segundo porque pretender realizar semejante ajuste con buenas palabras, sugerencias y recomendaciones es simplemente una quimera.

No es creíble que máquinas de quemar dinero como la Generalidad de Cataluña o la Junta de Andalucía vayan a apretarse el cinturón por las buenas. El modelo de financiación es el que es y nadie quiere cambiarlo. Las autonomías gastan lo que el Estado recauda. ¿Realmente los sátrapas autonómicos tienen algún incentivo para moderar el gasto. No, nada de eso. En España impera la ley de “tonto el último”, la percepción es que lo que uno deja de gastar lo va a gastar el vecino, así que hay que inflar los presupuestos todo lo que se pueda. Hay un incentivo sí, pero para gastar a lo loco y luego, si eso, pedir perdón y mostrar propósito de enmienda.
La reformilla marianil no va cambiar esto ni pretende hacerlo. Es puro bla, bla, bla estéril y autocomplaciente idéntico al del Zapatero. Siguen empeñados en ganar tiempo a cualquier coste, incluido el coste de los siete millones de desempleados que se avecinan. Todo con tal de no tocar lo suyo, lo de los Sandovales y de quienes mejor le sirven.

Por qué fracasará la reforma de la Administración
Carlos Sánchez El Confidencial 23 Junio 2013

¿Es posible acometer una reforma en profundidad de las administraciones públicas sin tocar los estatutos de autonomía y la Constitución? Probablemente, no. Sin embargo, ese es el empeño del Gobierno: hacer una tortilla sin romper huevos. Pero carece de sentido -por mucha mercadotecnia política que se ponga en circulación- cambiar el modelo de Administración sin incardinar lo que se quiere hacer en una reforma territorial del Estado. Precisamente, para hacer viable un principio cada vez más asentado en la teoría económica: el crecimiento depende, sobre todo, del marco institucional de un país y no de voluntarismo político.

España, sin embargo, como sostiene el profesor Muñoz Machado, parece haber abandonado el cauce constitucional para hacer reformas. Y en su lugar, se ha dejado arrastrar por un modelo dominado por el “oportunismo y la improvisación”, sin reglas objetivas a las que atenerse con cierta seguridad jurídica. Las microrreformas en lugar de la macrorreforma.

Es la consecuencia lógica de intentar modelar el Estado a golpe de leyes que el siguiente Gobierno cambiará. Y el fracaso en el modelo educativo o la hipertrofia administrativa demuestran que sólo un país de leguleyos reforma el Estado cada mañana. Olvidando aquel viejo principio del Derecho Romano: De minimis non curat praetor. O lo que es lo mismo: de las cosas pequeñas no se ocupa el juez. Y la reforma que se propone -sin duda certera en el diagnóstico y útil en muchos aspectos- se fija demasiado en la anécdota, pero no en la categoría.

Unos cuantos datos, ofrecidos esta misma semana por el presidente de CEOE, lo ilustran. En 2011, se aprobaron 2.896 normas de carácter estatal y otras 10.261 de origen autonómico. Pero es que al año siguiente las páginas publicadas por el BOE ascendieron a 151.133, mientras que los distintos diarios y boletines oficiales de las comunidades autónomas sumaron otras 715.009 (han leído bien). A lo que hay que añadir la producción legislativa emanada desde Bruselas.

España lleva 30 años hablando de reformar la Administración, pero poco se ha avanzado. Probablemente porque el país sigue anclado en un modelo galdosiano de organización del Estado -a imitación del francés- en el que la Administración se arroga el papel de vigilante con carácter previo de los actos de los ciudadanos

Frente a esta realidad se presenta una reforma que, con buen criterio, intenta podar la frondosa arboleda del Estado, pero que carece de instrumentos reales para racionalizar tanto dispendio. Las impugnaciones ante el Tribunal Constitucional caerán por docenas sin un pacto político previo. Muchas administraciones seguirán huyendo del derecho administrativo -mediante la creación de sociedades mercantiles- con el único objetivo de favorecer el clientelismo político.

Es cierto que la reserva del Estado, plasmada en el artículo 149 de la Constitución, da un amplio margen a la ley estatal, pero parece insuficiente en un contexto como el actual, en el que hay un problema de legitimación política. ¿Dónde está escrito que el PP va a gobernar toda la vida? ¿Es posible y hasta legítimo cambiar las reglas del juego cuando el actual modelo de financiación autonómico impide a las regiones responsabilizarse de sus propias decisiones fiscales?

Una tercera cámara
La estrategia del Gobierno es todavía más preocupante si se tiene en cuenta que la propia Carta Magna no define claramente el modelo territorial del Estado, lo cual supone gobernar a ciegas. Como, de hecho, ha ocurrido desde 1978. Algo que explica, en buena medida, el gran número de litigios entre comunidades autónomas y Gobierno central, lo que ha convertido al Tribunal Constitucional en una tercera cámara legislativa que no sólo interpreta la norma fundamental del Estado, sino que, además, la crea en función de cada mayoría (política) de magistrados.

El Estado autonómico está ahí, y, guste o no, nada se puede hacer sin atacar el fondo del problema, que no es otro que poner al día la Constitución para definir con mayor precisión el marco competencial. Haciendo bueno aquello que dijo Georges Pompidou: "Haremos las regiones sin deshacer Francia". Y lo que ha sucedido en España es justamente lo contrario.

Como recuerda la propia reforma aprobada por el Gobierno, hasta la fecha, los ministerios han detectado 5.800 normas de 28 sectores económicos “que podrían estar afectando a la unidad de mercado”. Una vez más se corroboran las teorías que sostienen que a medida que existen más niveles de Gobierno diferenciados, aumenta el número de instituciones políticas vulnerables a grupos de presión próximos que inducen a un aumento del gasto público.

Quiere decir esto que la reforma de la administración propuesta por el Gobierno: el intento de modernizar el aparato del Estado -ese complejo magma organizativo que llaman algunos-, sin tocar el Título VIII de la Constitución acabará, necesariamente, con numerosos recursos ante el TC. Básicamente por un problema de lealtad constitucional. Y la prueba del nueve la dio este viernes Mas-Colell (otro buen economista que ha acabado siendo un pésimo gestor) nada más conocer la propuesta del Gobierno: "No vamos a devolver jamás ninguna competencia", dijo ufano.

La reforma de la administración propuesta por el Gobierno: el intento de modernizar el aparato del Estado -ese complejo magma organizativo que llaman algunos-, sin tocar el Título VIII de la Constitución acabará, necesariamente, con numerosos recursos ante el TC. Básicamente por un problema de lealtad constitucional

España lleva 30 años hablando de reformar la Administración, pero poco se ha avanzado. Probablemente porque el país sigue anclado en un modelo galdosiano de organización del Estado -a imitación del francés- en el que la Administración se arroga el papel de vigilante con carácter previo de los actos de los ciudadanos, lo cual convierte los actos administrativos en una carga insoportable.

Se obvia, de esta manera, una de las reformas de mayor calado que pretende hacer la Unión Europea a imagen y semejanza del modelo anglosajón, donde la administración comprueba si el administrado cumple los requisitos, pero a posteriori, sin frenar las dinámicas económicas. En definitiva una nueva cultura que la reforma no está en condiciones de imponer al resto del sector público (dos terceras partes del gasto es autonómico). Precisamente, porque no va al fondo del asunto. Fue Hobbes quien advirtió que la esencia de la naturaleza es “la anarquía y la ley de la guerra”. Pero las pautas que guían al ser humano para evitar esta fatalidad también están insertadas en la naturaleza. Por eso, sostenía, “un Estado sin poder soberano sólo es una palabra sin contenido”.

Aeropuertos sin aviones
Este desamparo es todavía más preocupante si se tiene en cuenta la falta de tradición de la Administración española a la hora de hacer un análisis coste-beneficio de sus decisiones económicas. Primero se ordena el gasto y, posteriormente, se evalúa su rentabilidad económica y social. Y el mejor ejemplo es el despropósito a la hora de construir kilómetros de alta velocidad (el caso del AVE que morirá en Badajoz y no en Portugal es de aurora boreal). Aunque no son menos escalofriantes los aeropuertos sin aviones que pueblan la geografía española. Sin duda, por ausencia de planificación económica en el conjunto del territorio.

Planificación no es sinónimo de estatalismo ni, por supuesto, tiene que ver con planes quinquenales, sino que planificar, como alguien dijo, es el arte de conciliar intereses contrapuestos. Y aunque la reforma habla de planificar, como recordó la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, lo cierto es que carece de instrumentos jurídicos más allá de la utilización con fines coercitivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Una prueba de ello es el carácter bifronte, como ha dicho el Constitucional, de los ayuntamientos, que dependen indistintamente de las comunidades autónomas y la Administración central, lo cual genera disfunciones que sólo la jurisprudencia del TC -y no la Constitución- resuelve.

Ya el economista alemán Adolph Wagner advirtió, a mediados del siglo XIX, una verdad incómoda. O al menos, paradójica. Observó que el tamaño del Gobierno tiende a crecer a medida que prospera el nivel de vida de los ciudadanos, lo que a priori puede parecer una contradicción. Se supone que los ciudadanos de un país desarrollado tenderán a depender menos del Estado que los habitantes de una nación emergente o en vías de desarrollo. No es así. Wagner lo vinculó a una constatación. Al hacerse las sociedades más complejas, las necesidades de gasto público son mayores. Y, por lo tanto, hay que gastar más. Un aumento del output privado, por ejemplo, requiere mayor inversión pública en capital físico o tecnológico. De lo contrario, se correría el peligro de que la producción privada fuera estrangulada por falta de infraestructuras.

Lo que ha ocurrido, sin embargo, es más doloroso. Como alguien dijo, se pretendía inicialmente que el Estado se ocupara de que un vecino no cortara flores en el jardín de otro; pero nunca se ocuparía de regar ni de cultivar esas flores. Con el tiempo, sin embargo, acabó transformándose en jardinero. Ese es el problema de fondo. Lo otro son ínfulas de subsecretario.

Las buenas ideas
IGNACIO CAMACHO ABC  23 Junio 2013

El Gobierno ha acertado al fin en la comunicación de un proyecto. Quizá porque es más fácil comunicar la buena política

POR una vez, y ojala sirva de precedente, el Gobierno ha hecho un ejercicio impecable de comunicación política. Tan bueno que corre el riesgo de que la opinión pública crea que la reforma de la Administración es un proyecto al alcance inmediato y no un complejo proceso que implica el improbable consenso de partidos y autonomías. Pero el informe que audita la inaceptable redundancia del aparato burocrático ha sido presentado, por fin, con una estrategia medida y acertada. La aparición inicial de Rajoy ante un auditorio selectivo, la filtración parcial de contenidos y detalles y la posterior comparecencia de la vicepresidenta para presentar un tocho adecuadamente extractado en internet constituyen una secuencia razonable y eficaz que realza, en vez de oscurecer como de costumbre, una buena idea. Quizá sea éste el secreto: que es más fácil comunicar la buena política que la mala.

Y este plan lo es. Conecta con un sentimiento generalizado entre los ciudadanos acerca de la ineficiencia y el despilfarro de una burocracia sobredimensionada. Propone soluciones viables y razonadas con memorias económicas de ahorro. Apuesta por las tecnologías de la comunicación apara simplificar procedimientos. Elude tocar la médula de los servicios públicos esenciales y esquiva propuestas maximalistas ?como la supresión de municipios o diputaciones? difíciles de llevar a efecto. Se mueve en una ambición sensata de adelgazar estructuras superpuestas y, esto es muy importante, se trata de un estudio elaborado por competentes funcionarios públicos previa consulta a numerosas instituciones y empresas. Si acaso ofrece un reparo genérico, conceptual: no cuestiona a fondo el magma improductivo de los aparatos territoriales y parte de una cierta defensa conservadora del stau quo que parece propia de una socialdemocracia de derechas.

Aun así será difícil que obtenga la anuencia de la socialdemocracia propiamente dicha. El esfuerzo del presidente y sus colaboradores por defender el peso del Estado frente al «mito» (???) de su hipercefalia es un guiño que la izquierda no va a aceptar porque su escala de sector público es radicalmente mayor. Y el proyecto topará también con resistencias clientelares del nacionalismo y del propio Partido Popular. Aquí es donde Rajoy se juega la credibilidad del esfuerzo: como mínimo tiene que ser capaz de lograr que sus dirigentes autonómicos apliquen a fondo la voluntad reduccionista y ganen la batalla de la ejemplaridad. El éxito de este desafío reformista reside en la creación de un clima de opinión pública que arrastre a los partidos e instituciones a emprender el harakiri de sus privilegios.
Pero el primer paso, al menos, está bien dado. Con coherencia, precisión y acierto. Falta continuarlo con tenacidad, imponerlo en la agenda pública y no dejarlo languidecer con otras prioridades, bandazos, ocurrencias y cambios de criterio.

POR una vez, y ojalá sirva de precedente, el Gobierno ha hecho un ejercicio impecable de comunicación política. Tan bueno que corre el riesgo de que la opinión pública crea que la reforma de la Administración es un proyecto al alcance inmediato y no un complejo proceso que implica el improbable consenso de partidos y autonomías. Pero el informe que audita la inaceptable redundancia del aparato burocrático ha sido presentado, por fin, con una estrategia medida y acertada. La aparición inicial de Rajoy ante un auditorio selectivo, la filtración parcial de contenidos y detalles y la posterior comparecencia de la vicepresidenta para presentar un tocho adecuadamente extractado en internet constituyen una secuencia razonable y eficaz que realza, en vez de oscurecer como de costumbre, una buena idea. Quizá sea éste el secreto: que es más fácil comunicar la buena política que la mala.

Y este plan lo es. Conecta con un sentimiento generalizado entre los ciudadanos acerca de la ineficiencia y el despilfarro de una burocracia sobredimensionada. Propone soluciones viables y razonadas con memorias económicas de ahorro. Apuesta por las tecnologías de la comunicación apara simplificar procedimientos. Elude tocar la médula de los servicios públicos esenciales y esquiva propuestas maximalistas ?como la supresión de municipios o diputaciones? difíciles de llevar a efecto. Se mueve en una ambición sensata de adelgazar estructuras superpuestas y, esto es muy importante, se trata de un estudio elaborado por competentes funcionarios públicos previa consulta a numerosas instituciones y empresas. Si acaso ofrece un reparo genérico, conceptual: no cuestiona a fondo el magma improductivo de los aparatos territoriales y parte de una cierta defensa conservadora del stau quo que parece propia de una socialdemocracia de derechas.

Aun así será difícil que obtenga la anuencia de la socialdemocracia propiamente dicha. El esfuerzo del presidente y sus colaboradores por defender el peso del Estado frente al «mito» (???) de su hipercefalia es un guiño que la izquierda no va a aceptar porque su escala de sector público es radicalmente mayor. Y el proyecto topará también con resistencias clientelares del nacionalismo y del propio Partido Popular. Aquí es donde Rajoy se juega la credibilidad del esfuerzo: como mínimo tiene que ser capaz de lograr que sus dirigentes autonómicos apliquen a fondo la voluntad reduccionista y ganen la batalla de la ejemplaridad. El éxito de este desafío reformista reside en la creación de un clima de opinión pública que arrastre a los partidos e instituciones a emprender el harakiri de sus privilegios.

Pero el primer paso, al menos, está bien dado. Con coherencia, precisión y acierto. Falta continuarlo con tenacidad, imponerlo en la agenda pública y no dejarlo languidecer con otras prioridades, bandazos, ocurrencias y cambios de criterio.

La batalla de Soraya contra la España de Larra
Alejandro Vara www.vozpopuli.com 23 Junio 2013

Cuando a aquel ministro Bermejo le pillaron cazando en Jaén con licencia de Puertollano, caímos en la cuenta del absurdo de la España autonómica. La ilegalidad de aquel ministro de Zapatero no fue que, pese a su cargo de ministro de Justicia, acudiera a una tenida cinegética junto al por entonces juez Garzón y al jefe de la policía judicial, ambos embromados en perseguir las tramas corruptas del PP.

El problema de aquel Bermejo fue su desconocimiento palmario de uno de los principios básicos de nuestra realidad político/administrativa. A saber: en España no sólo hay 17 mini-estados, sino que cada uno de ellos expide su correspondiente licencia de caza. Así, con la de Castilla-La Mancha no se puede disparar en los montes de Andalucía. Se te cae el pelo.

O aún más. Un afanoso oyente de Carlos Herrera comentó en antena esta semana que incluso en Canarias, cada Cabildo expide su propia licencia de caza con lo que no puedes pasear alegremente, de isla en isla, practicando tan ruidoso pasatiempo con un único permiso.

Revolución en la ventanilla
Una selva de disposiciones, normas, leyes, emanadas desde miles de organismos repartidos por toda la geografía española que se superponen, se contraponen, se anteponen y se predisponen para amargarle la vida al pobre ciudadano que, en su desesperación, opta por no crear empresas, no fundar industrias, no generar empleo.

Más de doscientas medidas componen el impresionante paquete presentado esta semana por la muy laboriosa y esforzada vicepresidenta del Gobierno para acabar con la España de los manguitos, la España de la burocracia asfixiante, la España de la oficina siniestra, la España del "vuelva usted mañana" de Mariano José de Larra. La ventanilla electrónica contra la ventanilla del XIX. Toda una revolución pendiente desde los tiempos de la "ventanilla única" de Manuel Fraga, que fracasó en el intento. Certificados, notificaciones, consultas, licencias, nacimientos, defunciones y demás trámites susceptibles de ser gestionados electrónicamente dejarán de hacerse en forma presencial. Cada ciudadano ahorrará en trámites más de quince días al año. Se dice pronto. Suprimir duplicidades, simplificar gestiones, borrar organismos paralelos... Una demanda necesaria que nadie había logrado acometer con la suficiente ambición.

Organismos sentenciados
Otro aspecto de la reforma anunciada. Fundaciones, consorcios, gerencias, sociedades, institutos... tienen mil nombres esas entidades sin objetivo alguno pero con presupuesto. En la "lista de Soraya" hay casi sesenta organismos sentenciados para desaparecer. Y más de noventa "observatorios" marcados con lápiz rojo. Todos dependientes del Estado central. Quizás se consiga. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría tiene capacidad y decisión suficiente para ejecutarlo. ¿Pero quién hace lo propio con las miles de reproducciones a escala de esos entes estatales que pululan y persisten en las autonomías?

Ahora mismo se antoja misión imposible. La vicepresidenta, armada de razones, comenta que "si los gobiernos autonómicos no quieren abordar la simplificación, deberán dar explicaciones". Bueno, algunas comunidades ya han empezado a adelgazar. Levente. Pero otras, ni lo están haciendo ni lo harán. Dice el portavoz del gobierno de la Generalitat: "Puestos a suprimir duplicidades, que eliminen el ministerio de Cultura y el de Educación". Dice Duran Lleida, ese hombre de Estado: "O que eliminen Sanidad". Más bien, el error fue poner en marcha ese endiablado proceso de trasferencias de servicios, competencias y recursos a las administraciones periféricas. El desparrame ya tiene difícil enmienda.

Pero es un error quedarse con la simplificación de la España de los manguitos. Es una iniciativa elogiable, tantas veces anunciada y tantas veces frustrada pero quizás la necesidad, ahora, colabore en abordarla con mayor éxito. Si se consigue, el Estado se ahorrará 7.500 millones este año. Y el Gobierno anuncia un ahorro de 27.000 millones en 2015. Así sea... Es preciso que quienes colaboran con la vicepresidenta en controlar la maquinaria de este artefacto hipertrofiado de la Administración actúen con firmeza insobornable... Y que los baroncillos del PP que pululan por la periferia tengan a bien sumarse al carro de la reforma.

Pero el problema es mucho mayor. Sólo las diputaciones nos cuestan 22.000 millones al año. Por no hablar de la deuda de las Comunidades que cabalga ya por los 190.000 millones, tras aumentar el primer trimestre del año casi un treinta por ciento. O de aquel incumplido compromiso de suprimir alguno de los 8.000 ayuntamientos que adornan nuestra geografía patria, el doble de la media de los países europeos, en cifras relativas. ¿Y el Senado? ¿Por qué no acabar con ese apéndice inútil, bueno sólo para aparcar políticos en retirada?

¿Estamos en el buen camino?
Nuestro problema es que cada año ingresamos cien mil millones de euros menos de lo que gastamos. Tal disparate no se solventa mediante gestiones electrónicas y ventanillas virtuales. Sólo cabría pensar en que estamos en el buen camino si se aborda, en serio, el recorte del grueso de la Administración pública (central y periférica) que nos asfixia y acogota. La España autonómica es disparatada e inasumible. Pero no lo veremos. Y no por problemas técnico-jurídicos sino porque los partidos, los políticos, han transformado el Estado en feudo particular para sus manejos y su dicha.

La reforma administrativa de Soraya, bienvenida y mejor vendida, es un paso necesario en la buena dirección. No mezclemos las cosas. Acotar y modernizar la burocracia es una cosa. Echar el cierre a absurdos chiringuitos públicos, otra. Ambas, necesarias y ambas siempre postergadas. Pero la verdadera, la gran reforma queda pendiente.

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EL VARÓMETRO.- A Bono se le ha visto el plumero. No renuncia a sus privilegios de expresidente. Ni un solo momento de dignidad. // María Casado, pese a opinadores tragaldabas y obtusos, se consolida en los desayunos de TVE. // El mérito del ministro Wert es que no se oculta, da la cara, en un gobierno de cobardes agazapados.

Despojémonos ya de los financieros
Juan Laborda www.vozpopuli.com 23 Junio 2013

El ascenso al poder de los financieros, facilitado por los Clinton en la década de 1990, está en la raíz de los graves problemas actuales. Aunque en realidad, y siendo justos, los últimos tres presidentes estadounidenses, incluido el actual, así como la inmensa mayoría de las élites políticas occidentales, constituyen una auténtica vergüenza. Teniendo en cuenta el totalitarismo invertido, término acuñado en 2003 por Sheldom Wolin, en que se han transformado la práctica totalidad de las democracias occidentales, se otea muy poca esperanza en el horizonte, a excepción de algunos puntos de luz aislados en medio de una erosión general sin parangón.

Mi preocupación es que a medida que la situación empeore, y empeorará, la élite tiende a castigar a los inocentes y los débiles. Esta ha sido su respuesta hasta el momento, mucho más allá de lo que uno podría haber imaginado. Simplemente miren el esperpento en que se ha transformado nuestra querida España. La situación puede llegar a ser tal y acabar tan fuera de control que no descarten ustedes que algún día se empiecen a abrir juicios penales por “crímenes de guerra financieros”. La mayoría de estos individuos, además, no tienen vergüenza, abusan de los juramentos, y son maestros del engaño.

Así que probablemente el desarrollo y devenir de la actual dinámica, no sólo económica, sino también política y social, no terminará bien. Pero terminará. Una vez más, lo irónico es que la verdad está saliendo a la luz, poco a poco, pero no en los medios de comunicación dominantes, que se están cubriendo de gloria.

El diseño del comienzo del desastre
Las élites económicas y políticas, tras una larga secuencia de raquíticos crecimientos económicos, diseñaron a mediados de los 90 una huida hacia adelante a través de una política monetaria excesivamente expansiva que conllevó el proceso de endeudamiento y la burbuja financiera más grande la historia. Además de sostener una expansión artificial de la demanda, que sorteó la caída de la tasa de ganancia del capital, permitió, sobre todo, la financiación de un gigantesco proceso de acumulación y adquisición de riquezas por todo el globo a favor de las grandes multinacionales.

Sin embargo, la desigual distribución de la renta, junto a los límites físicos y energéticos del planeta, abortaron el intento de fuga hacia delante que supuso la burbuja financiera, que incluso las elites tecnócratas financieras, valoraron peyorativamente: “la burbuja financiera, no fue sino una vía para sortear artificialmente los limites que la desequilibrada distribución de la riqueza en el mundo” (Strauss-Kahn, 2010).

Con la actual crisis sistémica las élites occidentales tratan de rediseñar una nueva política económica que eufemísticamente denominan austeridad fiscal expansiva, a través de la cual, y de espaldas a los poderes democráticos, quieren recuperar sus tasas de ganancia a costa de los ciudadanos.

Sin embargo, el equilibrio artificial que mantenía el status quo, a través de expansiones cuantitativas de los bancos centrales y el constante soporte para ofrecer liquidez sin límites, se está resquebrajando. Estamos, como expliqué en mi último blog, a las puertas de un nuevo paradigma, donde se “normalizará” el coste del capital y las primas de riesgo. Es decir, subirán los tipos de interés y caerán fuertemente los precios de los activos de riesgo. Hay dos razones básicas. En primer lugar, la sobrevaloración de la mayor parte de los activos, tanto los de riesgo como los que en su momento se denominaron seguros. En segundo lugar, la falta de ahorro global para reciclar en el futuro.

Este proceso ya ha empezado, primero en los mercados de materias primas y en los de los países emergentes, donde ha habido un fuerte incremento en los tipos de interés de la deuda y una notable depreciación de sus divisas; y a continuación en los mercados de riesgo occidentales. Frente a la opinión mayoritaria, los países que más sufrirán en el medio plazo serán curiosamente aquellos donde las élites financieras son dominantes, Estados Unidos y Reino Unido. Sencillamente habrá un momento en que no podrán refinanciar su ingente volumen de deuda, pública y privada; y comenzarán su particular descenso a los infiernos, su recesión de balances.

El último misterio de la crisis financiera
El pasado miércoles 19 de junio, el periodista Matt Taibbi, publicó una excelente pieza bajo el título “The Last Mystery of the Financial Crisis”, en español algo así como “El Último Misterio de la Crisis Financiera”. Mediante un nuevo hallazgo de documentos embarazosos explica cómo las agencias de calificación Moody’s y Standard & Poors ayudaron a expandir la crisis. En esos documentos, reunidos en las dos principales demandas judiciales contra las agencias de calificación, se detalla cómo en realidad constituyeron una desvergonzada herramienta para los bancos, dispuestos a dar a cualquier cosa una calificación alta a cambio de dinero.

La función principal de estas agencias de calificación es la de ayudar a definir lo que es seguro para comprar, y lo que no lo es. Una calificación triple A según los propios informes de Moody, sólo debería darse a aquellas compañías o países que "sobrevivirían a un escenario equivalente a la Gran Depresión." Pero la realidad fue muy distinta.

La Comisión Investigadora de la Crisis Financiera descubrió que Moody’s entre 2000 y 2007 concedió a casi 45.000 títulos respaldados por hipotecas la calificación AAA. Durante un año, cada día, Moody’s repartía calificaciones AAA a un promedio de 30 valores respaldados por hipotecas, el 83 por ciento de los cuales fueron finalmente rebajadas. "Esta crisis no habría sido posible sin las agencias de calificación", concluyó la comisión.

La crisis financiera no es algo que acaba de suceder. Simplemente fue un fraude infame perpetrado durante un largo período de tiempo por los mayores bancos y sus facilitadores. Y muchos de ellos son cómplices por encubrimiento. Parafraseando a Franklin Delano Roosvelt, “los monopolios financieros y empresariales, una banca imprudente, y el sectarismo, han llegado a considerar al gobierno simplemente como un apéndice de sus propios asuntos. Ahora sabemos que el gobierno del dinero organizado es igual de peligroso que un gobierno del crimen organizado". Todo esto, les suena, ¿verdad? Pues ya es hora, como hizo FDR, de despojarnos de ello.

Si habla mal de España es español
José Luis González Quirós El Confidencial 23 Junio 2013

Todos los eslóganes tienen su reverso, y, a veces, los carga el diablo. Desde la época de Mío Cid, “¡que buen vasallo sería si tuviese buen señor!”, la idea que los españoles nos hacemos de nosotros mismos ha oscilado entre el denuesto a nuestros dirigentes y el elogio al paisanaje, y sus contrarios. Ahora estamos en una fase orteguiana: “Aquí lo ha hecho todo el pueblo, y lo que el pueblo no ha podido hacer se ha quedado sin hacer”. Pero los políticos se defienden considerando antipatriotas o antisistema a los que les critican.

Al Gobierno le duran poco los eslóganes
Hay mucho que discutir sobre si el Gobierno está reduciendo el gasto público, pero no hay duda de que está quemando a enorme velocidad los lemas de su política. De la transparencia hemos pasado a la reforma administrativa en horas veinticuatro, como si el primer tema fuera baladí y suscitase un entusiasmo indescriptible en los que tendrían que rendir cuentas, y, ciertamente, no lo hacen.
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Tal vez porque se pueda ahorrar poco con ese procedimiento, la misma Soraya ha presentado su minimacroreforma administrativa, hecha a pulso, con abogados del Estado y sin asesores externos ni compañías de doble nombre & por medio, y con un inconfundible tufo de orgullo funcionarial de los altos cuerpos del Estado: un ejemplo más de que vuelve la retórica de los siete magníficos con que se presentó la primera, y escasamente exitosa, Alianza Popular. Ya decía Eugenio D'Ors que lo que no es tradición es plagio.

Evitar duplicidades o hacer números y pensar un poco
Reforma, déficit, deuda. Son tres corceles díscolos y tal vez la amazona encargada de enbridarlos no tenga fuste para tanto. ¿Nos tomamos en serio que el déficit se ha reducido? Más bien parece que se han apretado las cinchas fiscales a riesgo de matar al jaco sin que la recaudación haya compensado el sacrificio, nada placentero ni voluntario, o sea que no ha sido sacrificio sino un martirio. ¿Podremos aguantar indefinidamente con cuatrocientos millones diarios de incremento en la deuda simplemente a base de que baje la prima de riesgo? Ningún banco le daría un duro, cuando los daban, a un cliente que fuese con ese cuento. Lejos de resolverse, nuestros problemas financieros parecen más insostenibles que hace un año, salvo el milagro de que los mercados decidan que nuestra deuda se disolverá al socaire de la cosmética reformista de Soraya. Pero puede que algún prestamista no acabe de ver claro que cada vez que un viajero se suba al AVE, el gesto cueste tres mil euros, (una división simple entre la suma de los gastos de inversión, mantenimiento y explotación y el número de beneficiarios) y eso que todavía no hemos llegado a Pontevedra. En el AVE, al menos de momento, no hemos triplicado líneas, pero la pregunta que hay que hacerse no es otra que si podemos aguantar indefinidamente lo que los políticos consideran imprescindible pagar a nuestra costa. Poco a poco cada vez son más lo que están en el secreto y ya no creen en que la deuda pueda estirarse indefinidamente, pero cuando eso se convierta en una evidencia universal nos enfrentaremos a una auténtica revolución.

Jueces a todo ritmo
Es muy arriesgado generalizar, pero podría pensarse que los jueces están tentados de resolver por vía penal lo que habría que depurar por vía política

Lo de los jueces no es normal, pero tampoco puede despacharse como una epidemia superficial y pasajera. La situación recuerda no demasiado vagamente a una larga época italiana de hace décadas que acabó, todo hay que decirlo, consagrando a Berlusconi, y es que en política, como en literatura, con buenos sentimientos se pueden cosechar muy malas añadas. A veces parece como si los jueces hubiesen decidido olvidarse de liebres y perdices, que no es que escaseen, para dedicarse a la caza mayor.

Es muy arriesgado generalizar, pero podría pensarse que los jueces están tentados de resolver por vía penal lo que habría que depurar por vía política, pero, ¡ay! entre los políticos predominan los leguleyos, y no están demasiado dispuestos a que se les arruine el festín haciendo reformas. Es difícil sentir que algo va mal cuando se sacan diez millones de votos, y, sin embargo, no es que algo vaya mal, es que crujen las cuadernas del barco y la tormenta no parece ni pequeña ni pasajera. Los juzgados están repletos de bombas y algunas están claramente fuera de control, de manera que pudiere suceder que la Justicia, que según la Constitución, emana del pueblo, se lleve por delante a algunos mascarones ilustres incluso sin que se hunda del todo el barco, aunque todo esté abierto y cualquier cosas pueda ocurrir.

Un pacto, un paraguas
Aunque sea por una vez, parece que ahora no podrá decirse aquello de que “con la grande polvareda perdimos a Don Beltrán”, porque tanto Rajoy como Rubalcaba han decidido formar una pareja de hecho ante Dios y ante los hombres, si bien no es claro lo que pueda dudar. Hace años circulaba un chiste político que decía que la mejor sastra de España era quien de una camisa vieja de su hermano había conseguido hacerse un sostén para toda la vida. No creo que quepa esperar tanta vitalidad de un remedio de afligidos. Pero es obvio que ambos dos le han visto la cara al lobo y se han refugiado en una especie de remedo de la grosse koalition. Parapetados, protegidos, en uso de su indudable legitimidad tratarán de ponerle el cascabel al gato, pero no bastará con la foto, porque los ratones andan muy revueltos.

Política contra la corrupción
Editorial La Razón 23 Junio 2013

Cuando las sociedades democráticas viven una situación de crisis económica, pero también de valores, profunda, aparece la antipolítica con su seductor canto de sirenas: hay que acabar con las instituciones representativas de la democracia parlamentaria. Quienes lideran este discurso atronador que tanto atrae a radicales de todo signo dicen hacerlo desde el desprecio a los políticos y, claro está, desde el desinterés personal. Ellos sólo son intérpretes de la voluntad popular, una vieja fórmula que define lo que hoy conocemos como «populismo». El abono eficaz con el que fertiliza la antipolítica es, sin duda, la corrupción, que no sería más que la prueba de que el sistema está podrido y de que los políticos se han convertido en una casta al margen de la sociedad, dicen estos caudillos.

Cuando la corrupción se generaliza y la sociedad la vive como un verdadero problema que lastra las ambiciones colectivas es precisamente porque la política ha desaparecido y ha dejado paso a lo más inmoral que puede hacer un servidor público: el enriquecimiento o la utilización de su cargo en beneficio propio. La encuesta del CIS del pasado mes de abril arrojó unos datos que nadie debería ignorar.

Por primera vez, la «corrupción y el fraude» se situaban como segundo problema de los españoles (39,3 por ciento), por debajo del paro (80,7) y seguidos de «los políticos en general, los partidos y la política» (29,4). De esta manera, la política se convierte en parte del problema y no en la solución. Podemos instalarnos en el pesimismo o en el tremendismo y dejar que las nuevas formas de populismo socaven la legitimidad democrática, pero en las sociedades sólidamente constituidas sólo la política entendida como la administración de los asuntos públicos en aras del bien general puede revitalizar un ejercicio noble y altruista. Una sociedad en decadencia es la que asume con desidia y resignación la corrupción como un mal que no se puede evitar.

«Todo hombre tiene su precio, lo que hace falta es saber cuál es», dijo Fouché, un profesional de la conspiración política. O la política recobra su espacio natural, o ese espacio será ocupado por populismos de nuevo cuño y viejos himnos; o por aquellos movimientos de justicia adánica que emplean técnicas de coacción antidemocráticas, como los escraches, porque creen estar asistidos por la justicia popular; o por los que creen que la «democracia verdadera» es una suerte de sociedad telemática en la que las decisiones se toman a golpe de tuit. Hay algo que olvidamos: la política la ejercen miles de ciudadanos comprometidos con la sociedad, que llevan a cabo un trabajo honrado y sacrificado. Ésa es la realidad, y ése debe ser el espíritu que se imponga ante el uso perverso de la actividad pública. Si hay política, no hay corrupción.

España
Contra la corrupción, en defensa de la política
Manifiesto de LA RAZÓN 23 Junio 2013

La política es un ejercicio noble al servicio de la sociedad. La ejercen miles de ciudadanos que dedican su esfuerzo de manera voluntaria y altruista en defensa de una causa justa. La corrupción es un mal que afecta a muchos países y que perjudica de manera especial a la propia política. La corrupción sólo se podrá combatir desde la política

Intelectuales, escritores, profesores y científicos han suscrito el manifiesto «Contra la corrupción, en defensa de la política» bajo el convencimiento de que es la hora de que la política frene a los que buscan desde el radicalismo el desprestigio de las instituciones democráticas. Prescindir de la política asegura la decadencia de una sociedad

Manifiesto
La vida pública española se está viendo convulsionada por casos de corrupción, por una crisis institucional y de valores, así como por una crisis económica que están poniendo en cuestión las instituciones. Lejos de caer en el desánimo y la indeferencia es nuestro deber hacer valer el papel de la política y de la sociedad civil para superar la desafección. Se ha impuesto la idea de que el sistema no funciona y de que todo es corrupción pero sólo desde el reconocimiento de que hay una gran mayoría de políticos honrados que trabajan para el bien común podremos recuperar el prestigio y la confianza en nuestro país. Ante esto, es necesario reaccionar. Por eso los abajo firmantes manifiestan que:

1) Los seres humanos no vivimos, ni podemos vivir, aislados de los demás. Necesitamos a nuestros semejantes para cumplir una vida que dé satisfacción a nuestras necesidades y nos permita progresar en todos los aspectos.

2) La política es, justamente, la actividad que se ocupa de aquello que nos es común a todos. La política, por tanto, no es un hecho prescindible ni un mal menor.

3) La acción política requiere la máxima exigencia y ambición. La necesita de todos los que formamos parte de la sociedad y, sobre todo, de quienes la ejercen. A todos nos exige que estemos a la altura de nuestro deber y que sepamos defender y hacer cumplir nuestros derechos. Que cumplamos con nuestra naturaleza de ciudadanos.

4) La labor de los políticos debe estar unida a su vocación de servicio: servicio a sus propios valores, a los del conjunto de la sociedad, y sobre todo servicio a los demás para que el desprestigio causado por unos no enturbie la necesaria labor que han de acometer en todos los ámbitos.

5) La política nos abre oportunidades a todos, también a quienes no se interesan por ella. Prescindir de la política sería como renunciar a las oportunidades que nos brinda una sociedad civilizada. Es la política la que nos permitirá acabar con los casos de corrupción, porque la corrupción consiste en el aprovechamiento ilícito del poder.

LOS FIRMANTES
Alfonso Ussía, Albert Boadella, Francisco Nieva, Álvaro Pombo, Fernando García de Cortaza, Rafael Matesanz, Luis Miguel Enciso, José María Marco, José Iturmendi, Javier González Ferrari, Luis Alejandre, Juan Iranzo, Fernando de la Rosa, José Luis Requero, Julio Ancochea, Antonio Montserrat, Santiago González-Varas, Carlos Marzal, José Luis Martín Prieto, Vicente Carreño, Vicente Rouco, José Joaquín Puig de la Bellacasa, Agustín Jesús Pérez-Cruz, Carlos González-Vilardell, Cristina López Schlichting, Luis del Val, José María Gil Tamayo, Antonio García Martínez, Carlos Rodríguez Braun, José Luis Concepción, Ángela Vallvey, Zoé Valdes, Julián Cabrera, Juan Antonio Sagardoy, Graciano García, César Vidal, Irene Villa, Alfonso Urbina, Javier Martínez Fernández, José Antonio Ballestero y Manuel González-Jiménez

La política y los profesionales de la política
Nota del Editor 23 Junio 2013

Muchos de los que han firmado el manifiesto no lo han leído porque firmar que "la corrupción sólo se podrá combatir desde la política" indica una candidez extrema. Llevamos un montón de años pastoreados por estos profesionales de la políticas y pretenden que sigamos igual.

El único modo de combatir la corrupción es con el control efectivo de la ciudadanía de todos los actos del estado en todos sus niveles. Pero claro, no les interesa, quieren que todo parezca que cambie para seguir igual.

Ahora sueltan la ley de transparencia, como si hicieran falta mas leyes. Estamos acogotados con tantas leyes y encima montones de ellas abortadas en lenguas regionales machacando la constitución españoña y que sólo entienden los que chupan del bote, salvo algunas raras excepciones por haber sufrido la estupidez de de su cooficialización, y que levantan su voz silenciados por las altas barreras que imponen los que siguen disfrutando del cuento de la riqueza de las lenguas regionales.

Queremos seguir siendo pobres en lenguas regionales, nuestra parte de la herencia, si es que pudiera correspondernos alguna, no la queremos. Queremos transparencia y por tanto no podemos admitir procedimiento o resolución alguna en lengua regional, la queremos es español para poder entenderla y controlarla. Queremos todos los procedimientos, todas las cuentas, todas las facturas en Internet y no queremos profesionales de la política que no responden ante nadie, ni jueces que por haberse presentado a una oposición, tienen la última palabra, siempre con retraso, sin responsabilidad alguna.

Los políticos son claves en una democracia
Francisco Marhuenda La Razón 23 Junio 2013

Es cierto que no son buenos tiempos para la política y los políticos. Hay diversos factores que han deteriorado la imagen de una actividad que merece el respeto y el reconocimiento social. Los españoles deberíamos apoyar la política sin importar las ideologías o los partidos. La brutal crisis económica que ha sufrido nuestro país, la más grave desde los duros años de la posguerra, y los escándalos de corrupción han deteriorado la imagen de los políticos. La inmensa mayoría son personas honradas que se dedican al servicio público por vocación. Mi profesión me ha permitido conocer a un gran número de ellos y de todos los partidos. El problema es que los árboles nos impiden ver el bosque. La existencia de alguna manzana podrida nos hace creer, desgraciadamente, que el cesto está lleno de ellas cuando son la excepción. En LA RAZÓN siempre hemos estado y estaremos en contra de la corrupción. Nada puede justificarla, pero también defendemos que no se puede extender la sombra de la duda sobre un colectivo tan amplio y que tiene, por regla general, un comportamiento honorable.

No tenemos una democracia de baja calidad, sino que es perfectamente equiparable a la que tienen el resto de países de la Unión Europea. Estamos entre las naciones más avanzadas del mundo en todos los terrenos y ahora que estamos saliendo de la crisis no lo tenemos que olvidar. Nos tenemos que sentir orgullosos de ser españoles, pero también de nuestros políticos. Me siento muy orgulloso por el comportamiento de políticos de izquierdas con los que no coincido ideológicamente, pero que sé que defienden sus ideas con honradez. No es verdad que sean una casta que defiende sus privilegios. No hay más que observar al resto de los países europeos para constatar que están peor pagados y que también allí se producen casos de corrupción. Lo importante es que se actúe con contundencia, desde la legalidad, contra los corruptos y los corruptores. Lo fundamental es que exista transparencia para que no surja ningún resquicio para la duda.

Hoy impulsamos desde estas páginas un manifiesto «Contra la corrupción, en defensa de la política». Es un texto abierto a todos, para que reflexionemos sobre la importancia de la política en una democracia y que no hay que dar ninguna oportunidad a los que están en contra del sistema con planteamientos demagógicos. La política y los esfuerzos del conjunto de la sociedad nos han convertido en una de las grandes naciones del mundo. Es cierto que somos un país que históricamente pasamos de un extremo a otro. De un exagerado orgullo a un sentimiento de depresión, cuando ni lo uno ni lo otro tienen fundamento. Es triste ver cómo en ocasiones los extranjeros nos valoran mejor de lo que nosotros lo hacemos.

Las naciones grandes valoran tanto la política como a sus políticos. Es lo que tenemos que hacer. A los corruptos hay que tratarlos con dureza, pero no podemos extender la duda sobre el conjunto. Hemos de ser exigentes con ellos, pero también respetuosos. Hay que tratarlos como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Hay que expulsar de la vida pública tanto al corrupto como al incompetente, a la vez que animar el reconocimiento social de esta actividad que es imprescindible en cualquier democracia. No hacerlo es un grave error cuyas consecuencias pagaremos todos.

Los políticos y los periodistas
Nota del Editor 23 Junio 2013

El setenta por ciento de la actividad periodística, descontado los deportes, se basa en el mareo de la perdiz que ejercen la mayoría de los periodistas de los graninos de idiotez que los profesionales de la política les sueltan, de modo que es poco probable que la mayoría de los periodistas tenga la idea de criticar a quienes suponen la mayor parte del tinglado de su sustento.

Parece que cada profesional de la política les paga cada vez que repiten nombre, apellido del padre y apellido de la madre en sus crónicas, artículos y demás intervenciones, lo que constituye una especie de gota malaya  o como se llame el martirio de la estalagmita, Cuando uno tiene que poner en marcha la radio para evitar el otro martirio de los atascos, retenciones, atraco de estacionamiento, castigo de los badenes y demás gilipolleces (costosísimas en nuestro tiempo y bolsillo) de los inútiles de la administración local que nos pastorean, parece que todos se ponen de acuerdo para decir lo mismo en todas las emisoras, para propagar las mismas estupideces que se le han ocurrido por la mañana al profesional de la política que ha tenido la gentileza de ser "amables" con ellos y soltarles el rollo que permitirá rellenar los espacios que de otro modo carecen de intelecto para rellenar.

Y algunos dicen en su más alta situación de descerebramiento que a los profesionales de la política hay que pagarles bien (con el dinero de los demás), que hay que respetarlos porque su labor es indispensable (para seguir hundiendo España y esquilmando a los españoes), y no se plantean decirles lo iñutiles, corruptos y miserables que son y que deberían presentar todas sus miserias, devolver lo afanado e irse por donde vinieron.

Sociedad madura, soluciones sensatas
La historia de España está a la altura de nuestros vecinos europeos: la Transición y la monarquía han traído estabilidad
Benigno Pendás* La Razón 23 Junio 2013.

España no es una sociedad corrupta. Sin embargo, existen casos concretos de corrupción, más de la cuenta, siempre intolerables. La corrupción es un cáncer para la democracia constitucional, porque causa daños irreparables a la confianza de los ciudadanos en el poder, seña de identidad de un sistema político legítimo. Al margen de tópicos (interesados) sobre el norte y el sur o de lecturas superficiales de Max Weber sobre la ética calvinista y el espíritu del capitalismo, es imprescindible situar cada cosa en su sitio. Alan Solomont se despidió de su embajada con una reflexión muy certera: los españoles no confían en sí mismos. Producto, sin duda, de una larga experiencia de políticas excluyentes y sectarismos intolerantes. En todo caso, la historia de España es equiparable para bien y para mal con cualquier otra, a la altura (cuando no por encima) de nuestros vecinos europeos, tantas veces enemigos, ahora felizmente socios y afines.

Con sus grandezas y servidumbres, la Transición supo forjar un proyecto sugestivo de vida en común, en términos orteguianos. La monarquía parlamentaria, instaurada por la Constitución de 1978, nos trajo un periodo desconocido de estabilidad política y prosperidad económica, ahora empañada por una crisis de alcance internacional.

Es cierto que la crisis pone en cuestión buena parte de lo que era sólido, matizando el inteligente título de Muñoz Molina. Digo buena parte, y no todo, porque la sociedad española es en el fondo más madura de lo que algunos piensan, o tal vez desean. Aquí no hay estallido social, como ocurre en tantos sitios: últimamente, Brasil o Turquía, pero hace poco en Suecia y otras admirables democracias nórdicas.

Aquí no prosperan las ocurrencias populistas que desquician los sistemas parlamentarios de países que sentimos muy cercanos, como Italia. Aquí no hay partidos (serios) que propongan la salida del euro o el abandono de la Unión Europea como falsa solución autárquica para problemas globales. Tengamos en cuenta esta realidad antes de lanzar juicios apresurados. Nuestra sociedad padece una situación dramática en materia de desempleo, particularmente grave respecto a los jóvenes.

Por eso, la prioridad absoluta de un Gobierno sensato es crear las condiciones socioeconómicas necesarias para ofrecer un puesto de trabajo digno a millones de personas. El pacto de cara a Europa entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba responde a un deseo social expresado muchas veces por los ciudadanos a través de las encuestas. El «minipopulus» que reflejan los sondeos reclama a los políticos que otorguen prioridad al interés general frente al partidismo coyuntural. Algunos critican ahora lo mismo que llevan exigiendo desde hace año y medio. He escrito más de una vez que la política no es geometría, pero tampoco hay que caer en el despropósito permanente.

Puestos a buscar malos hábitos congénitos, dan ganas de volver la mirada hacia ese ruidoso sector de eternos descontentos y exigirles un poco más de rigor. No hay bálsamo de Fierabrás para curar de una sola vez todos los males. Más bien, siguiendo en la órbita del Quijote, «cada cual es hijo de sus obras».

En el terreno de la reforma institucional, el programa del Gobierno es ambicioso y a la vez realista. Ahí está la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Vamos a llegar casi los últimos en el ámbito de la Unión Europea, pero a cambio tendremos una ley moderna, ambiciosa y con un generoso ámbito de aplicación: partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, Casa del Rey y órganos constitucionales, así como entidades que se financian esencialmente con fondos públicos.

Esta misma semana ha rendido cuentas la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas: una exhaustiva auditoría de la realidad del sector público junto con una serie de medidas orientadas en la buena dirección. En el horizonte próximo, la traducción en proyectos de ley de las medidas contra la corrupción anunciadas en su día por el presidente del Gobierno y avaladas, sin ningún voto en contra, por el Congreso de los Diputados. Planes a medio plazo para regular la actividad de las organizaciones de intereses, el control económico-financiero de los partidos políticos o la cercanía de los ciudadanos a las instituciones a través de sus legítimos representantes.

Estamos, pues, en el camino de una democracia de mejor calidad, sin esperar soluciones mágicas ni anunciar paraísos ficticios. Porque la democracia es representativa por definición, aunque pueda y deba ser completada por mecanismos ágiles de participación directa. Los datos dicen mucho más que los tópicos al uso. Recuérdese que 24.590.557 españoles votamos libremente en las elecciones generales de 2011. Ello supone el 71.69 por ciento del censo electoral. ¿Seguro que «no nos representan»? El sistema electoral español funciona con la máxima legalidad y precisión. Algunos discuten la «fórmula» D'Hondt, pero la traducción de los votos en escaños procura en todas partes conjugar la fidelidad al sufragio popular con la estabilidad de los gobiernos.

En España han gobernado los dos grandes partidos, unas veces con mayoría absoluta, otras con mayorías relativas. En el marco, insisto, de elecciones libres, por utilizar un título clásico de Mckenzie. El debate político y mediático es propio de una «sociedad abierta», en el sentido clásico de Karl Popper. Las libertades públicas funcionan al mismo nivel que en los países más avanzados. Para mejorar las cosas, está en proceso de elaboración un nuevo Plan de Derechos Humanos, con especial atención a los requisitos más exigentes a escala internacional. El pesimismo (mucho peor, el derrotismo) es una rémora para afrontar las situaciones difíciles en el ámbito personal y social. Confianza es el primero y principal de los objetivos para salir de la crisis en el terreno decisivo de la ética pública. Reformas útiles al margen de polémicas estériles. Política de integración y no de exclusión. Lucha implacable contra los corruptos con las armas poderosas del Estado de Derecho y la eficacia administrativa. Reivindicación de la Política con mayúsculas y de las instituciones democráticas. En fin, propuestas atractivas para una sociedad exigente, pero también responsable y madura.

*Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

Sociedad madura, ¿ donde ?
Nota del Editor 23 Junio 2013

Para que todo parezca que cambia y así poder seguir igual, siempre andan soltando vocablos muy altisonantes como democracia, sociedad madura y gilipolleces por el estilo, como igualdad de todos ante la ley y valor del voto.

Donde dicen sociedad madura deberían decir rebaño de lo que Vd. quiera añadir, bien pastoreado con los recursos que a una buena parte del rebaño le sacan del bolsillo los profesionales de la política bien apoyados por los profesionales de la prensa pedigüeños de los anteriores.

Mentiras: democracia constitucional, monarquía parlamentaria, transición, pacto, transparencia, reforma administraciones, legítmos representantes, democracia representativa, sistema electoral preciso, voto libre, estabilidad de los gobiernos, libertades públicas, derechos humanos,

Verdades; corrupción; estallido social

El emplasto de Ermua
*Aquilino Duque www.gaceta.es 23 Junio 2013

Una de las pruebas de autenticidad de nuestra democracia es la existencia legal del separatismo

Nada hay que tenga tanto eco en nuestra patria como las proezas de la ETA. A partir de la perpetrada en Ermua, los partidos políticos y los medios de manipulación darían en la flor de formar un frente compacto de demócratas para movilizar a eso que llaman la ciudadanía en multitudinarias manifestaciones. El tono de estas manifestaciones, vamos a llamarlas de impotencia, y las ocurrencias en su curso de la mayoría de los hombres públicos harían del territorio nacional una fantástica caja de resonancia. Por poco importantes que se crean, los chicos que sacuden el nogal del separatismo, o como ahora se dice con un eufemismo igualmente criminal, del “soberanismo”, no tienen más remedio que confirmarse en su conclusión de que lo que hacen vale la pena, no sólo por la cantidad de gente que son capaces de sacar a la calle, sino por la razón que les dan con sus súplicas y sus exhortaciones. Esas súplicas y esas exhortaciones se resumen en dos cosas, a saber: que los fines que persiguen están justificados y que es perfectamente posible alcanzarlos sin detonaciones ni matanzas. El guirigay que forman políticos y periodistas con sus despropósitos no tiene más remedio que llenar de regocijo a quienes dan pie al guirigay. En este guirigay lo único que está claro es algo que a los que le dan pie no sólo los regocija, sino que los tranquiliza, y es el consenso unánime de que todo va a seguir como hasta ahora, es decir, que el Estado va a seguir a la defensiva y sin atreverse a entrar en el fondo de la cuestión.

A comienzos de la presente Transición, el general Gutiérrez Mellado proclamó que había que mantenerla “caiga quien caiga”. También se nos dice y se nos repite que la democracia tiene un precio que hay que pagar y que en cambio no se puede pagar cualquier precio por vivir en paz. Quiere esto decir que paz y democracia no son conceptos necesariamente compatibles y que una de las pruebas de autenticidad de nuestra democracia es la existencia legal del separatismo y la libertad de acción de que gozan sus partidarios. En la Constitución, como vulgarmente se dice, cabemos todos; donde no cabemos todos, por desgracia, es en España. Eso es al menos lo que opinan los separatistas. Mientras a ellos no se les permita irse llevándose un buen pedazo, los que sobran son sus víctimas, que esas sí que no caben ya ni en España ni en la Constitución.

El separatismo es una tara política, en cuanto dobla el legítimo amor a la patria chica con el odio a la patria grande, y para taras semejantes hay en nuestra historia una terapia muy acreditada y eficaz, que es el exilio. Puede que yo deba mis sentimientos patrióticos, más que a la formación recibida, a haber residido en el extranjero, con alguna breve interrupción, entre 1954 y 1975, y debo decir que en los diversos países en que he vivido he conocido a más de un vasco y a más de un catalán, exiliados, ellos o sus padres, por motivos políticos, que han procurado mi amistad por nostalgia de la patria común. Esa patria común no es la monserga ibérica, pues con ningún portugués me ha pasado lo mismo, y en cambio sí que me ha pasado con cuanto hispanoamericano he conocido, prueba de que en cambio la Hispanidad –ese invento de vascos– no es ninguna monserga. El colombiano García Márquez decía que él debía su amor a España y a su literatura a un exiliado catalán del que aprendió casi todo lo que de España sabía.

El general carlista Zumalacárregui murió como es sabido a consecuencia de un balazo recibido en el sitio de Bilbao. La herida no era mortal, pero los cirujanos del Cuartel Real no fueron capaces de extraerle la bala. Llevaron al herido a Ermua o Hermúa, como escribe Galdós, donde al parecer había un curandero, que tampoco le extrajo el proyectil, limitándose a ponerle un emplasto. Don Tomás moría pocos días después en Cegama. No sería el emplasto aquel el último que se pusiera en Hermua.

*Aquilino Duque es escritor.

Cómplices
Criminales moderados
Aleix Vidal-Quadras www.gaceta.es 23 Junio 2013

La aparición de Rohani sólo sirve para que Irán avance en sus planes destructivos

Una de las tácticas típicas de los regímenes dictatoriales es la de alternar en el poder a duros y a dialogantes. La teocracia totalitaria iraní utilizó esta estratagema durante el mandato del presidente Jatami, que era cordialmente acogido por jefes de Estado y de Gobierno de Occidente, en la esperanza de que trajese un auténtico cambio. Por supuesto, estas ingenuas expectativas quedaron frustradas y a Jatami le sucedió el bronco Ahmadineyad, que no se ha molestado jamás en disimular su odio a las sociedades abiertas, su voluntad de acabar con Israel y su apoyo al terrorismo. Tras esta etapa tensa y agresiva, los mullahs de Teherán han optado de nuevo por una cara amable con el fin de despistar a la comunidad internacional y seguir con su programa nuclear, su belicismo, su feroz represión interna y su financiación de todo tipo de grupos islamistas violentos que operan en Europa, en Estados Unidos, en Líbano, en Palestina, en Somalia y en Irak.

El recién elegido primer mandatario, Rohani, lejos de representar a un auténtico reformismo, es un hombre de confianza del Líder Supremo, Jameini, con el que lleva colaborando estrechamente desde hace décadas. Su aparición tendrá un efecto muy negativo porque inducirá a las democracias a volver a probar la vía negociadora, camino que la experiencia ha demostrado inútil y que sólo sirve para que el régimen gane tiempo y avance en sus planes destructivos. El único método eficaz para combatir a los crueles clérigos que someten al pueblo iraní a la opresión y a la miseria es prestar ayuda a la oposición democrática y propiciar un alzamiento contra el jomeinismo. Entre los ayatollahs no hay radicales y moderados, a no ser que se pueda ser moderadamente crimina

Crónica del 'Bienestar del Estado'
España mantiene a más de 400.000 empleados públicos 'fantasma'
La mayoría trabaja en entes públicos, en donde sólo el 1,5% es personal funcionario.
DIEGO SÁNCHEZ DE LA CRUZ Libertad Digital 23 Junio 2013

España mantiene 400.000 empleados públicos 'fantasma'. El Ministerio de Hacienda tiene un Boletín Estadístico Oficial que recoge el personal al servicio de las Administraciones. Dicho informe cuenta 2,63 millones de asalariados. Sin embargo, si nos fijamos en la Encuesta de Población Activa, el número sube hasta los 3,04 millones. ¿Qué hacen esas 400.000 personas? La mayoría trabaja en entes públicos, donde la contratación es enormemente discrecional. De hecho, apenas el 1,5% de la plantilla de estos organismos es funcionario.

Los datos del INE también ayudan a aproximarnos al fenómeno de los empleados públicos fantasma. Así, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística para 2013, se puede hablar de un mínimo de 160.000 personas dedicadas a esta cuestión, un número superior a las 142.000 de 2012.

Volviendo a la Encuesta de Población Activa, también comprobamos que los datos de Hacienda subestiman el alcance de la plantilla de empleados públicos. Más concretamente, los 1,33 millones detectados por el Ministerio contrastan con los 1,72 millones que figuran en los datos de la EPA. A nivel municipal, los datos también encuentran 30.000 empleados "fantasma".

Buceando en dicha encuesta oficial, encontramos incluso el caso de las 1.300 personas que declaran a la EPA que trabajan para una Administración Pública… pero no saben identificar con exactitud qué organismo paga su sueldo.
El despilfarro continúa

Pero el caso de los empleados públicos "fantasma" es solamente una muestra más de que el despilfarro, la opacidad y el descontrol siguen a la orden del día en España. Lo vemos en noticias como las que siguen:

- RTVE destina el 41% de su presupuesto a pagar sueldos. La radiotelevisión estatal tiene una plantilla tres veces más cara que la de los grupos Mediaset y Atresmedia, donde los sueldos de personal son el 12% y el 17% del presupuesto. También es importante señalar que RTVE tiene dos veces más empleados que ambos grupos juntos (6.400 frente a los 1.360 empleados de Mediaset y los 1.700 trabajadores de Atresmedia).

- El ICO negoció un préstamo de 20.000 millones con el Banco Central Europeo para luego dedicar buena parte del mismo a financiar a las Administraciones Públicas. Según las cuentas anuales, la cartera de inversión a vencimiento en títulos de otras instituciones pasó de 3.563 a 17.730 millones en el año 2012.

- Las Comunidades Autónomas siguen gastando más de 1.000 millones de euros al año en sus televisiones públicas. Esta cifra no incluye las deudas multimillonarias de la catalana TV3 (1.046 millones) o la valenciana Canal 9 (1.200 millones).

- El Congreso abona cada mes al Gobierno una indemnización de hasta 1.800 euros en concepto de "gastos originados por la actividad de la Cámara". La dieta en cuestión está exenta de tributación. Por otra parte, el Congreso también destina millones de euros a financiar el aparcamiento en aeropuertos, los viajes en tren o coche, etc.

- El PP gastó 70.000 euros en jamones mientras anunció los recortes de diciembre de 2012. El partido de gobierno, que debe el 90% de su financiación a las subvenciones oficiales, gastó en 2011 más de 1,6 millones en "comidas de trabajo", así como 2,2 millones en "regalos y atenciones sociales", 2,1 millones en “facturas de teléfono”, 4,2 millones en “viajes” y 152.000 euros en “aviones privados”.

- La deuda de las CCAAs se multiplica por tres durante la crisis. En términos relativos, la región más endeudada sigue siendo la Comunidad Valenciana, con el 29,1% del PIB de la región, seguida de Castilla-La Mancha (28,1%) y Cataluña (25,7%).

- La deuda pública carga una factura extra de más de 53.000 euros a cada familia. Desde el comienzo de la crisis, ha pasado de menos del 40% del PIB a una ratio cercana al 90%. Ignorando las normas de contabilidad de Bruselas e incluyendo todas las obligaciones, la deuda pública ya rebasa el 100% del PIB.

- El Gobierno anuncia un "Plan de Empleo para Jóvenes" que supondrá un gasto de 3.500 millones de euros en esta legislatura. Como muestra de la efectividad de este tipo de medidas, conviene recordar que solamente entre 2008 y 2011, el gobierno español aprobó 32 "planes" contra la crisis sin éxito alguno.

- Desde que comenzó la crisis, España ha gastado más de 63.000 millones en "políticas activas de empleo". A la vista está que estas medidas no han evitado que el paro siga creciendo de forma galopante. El monto comprometido para esta partida de gasto triplica la recaudación anual del Impuesto de Sociedades, pero por lo visto no solamente nadie plantea eliminar esta partida de gasto, sino que está previsto ampliarla con un "plan de empleo para jóvenes" financiado por la Comisión Europea y valorado en más de 6.000 millones.

- Desde el año 2000, el sector público español ha crecido un 45% frente al aumento medio del 20% registrado en la Unión Europea. Los países donde menor ha sido el aumento son la República Checa, Letonia, Croacia, Finlandia y Rumanía. Este aumento descontrolado del sector público va de la mano con el hecho de que España es el país de la OCDE que más ha aumentado la presión fiscal desde 1965.

- La especulación urbanística de Chacón, Corredor y Zapatero dejó en la ruina la Entidad Pública Empresarial del Suelo. En 2009, esta empresa dependiente del Gobierno invirtió 300 millones en grandes urbanizaciones. El coste del proyecto multiplicaba por diez los ingresos de la entidad. Por otro lado, conviene recordar la Operación Campamento, otro ejemplo de especulación urbanística desarrollado por el gobierno Zapatero con pésimos resultados económicos.

- El 23% de los pensionistas tiene unos ingresos superiores al tramo salarial medio de los trabajadores en activo. Esto significa que cerca de dos millones de pensionistas ganan más de 16.800 euros al año, superando así el sueldo más frecuente en España, según el INE.

- Solamente en facturas sin pagar por la compra de fármacos y equipos médicos, las Administraciones Públicas suman impagos de 7.500 millones de euros.

- Margallo mantiene la "Casa Mediterráneo", un proyecto relacionado con la Alianza de Civilizaciones que cuesta cada año 700.000 euros a los contribuyentes.

Eso sí: el despilfarro no solamente se queda en España, sino que también se exporta cuando nuestros políticos se "colocan" fuera. Pensemos, por ejemplo, en la Organización Panamericana de Salud, un ente internacional que mantiene en nómina a Leire Pajín con un sueldo de 137.326 euros. Este salario, al igual que ocurre en todos los organismos vinculados a la ONU, va libre de impuestos. Cabe recordar, por otra parte, que el gobierno socialista en el que Pajín fue ministra entregó subsidios a esta organización por valor de 60 millones de euros.
Austeridad en Castilla-La Mancha

Aunque el primer año de gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha estuvo caracterizado por recortes de gasto relativamente tibios, el año 2012 marcó un interesante cambio de actitud en el Ejecutivo regional. Así, el déficit bajó del 7,7% al 1,48% en apenas un año. Esto equivale a ahorrar 10 millones de euros al día para cumplir con el objetivo fijado por Hacienda.

Como explicó en su día Libre Mercado, el objetivo del Plan Cospedal era recortar un 20% el gasto público corriente del Ejecutivo manchego. Las medidas contempladas incluyen la eliminación de subvenciones, la reducción de liberados sindicales, la supresión de entes y empresas autonómicas, etc. De los 1.800 millones que planteaba el ajuste, 1.718 venían de menos gasto y 97 de más ingresos.

Aplicar el Plan Cospedal en toda España serviría para reducir el déficit prácticamente a cero, ya que ajustando el gasto público en un 20% el ahorro sería de alrededor de 100.000 millones de euros. En cualquier caso, la mejor forma de cuadrar las cuentas con verdadera austeridad sigue siendo aprobar un presupuesto de base cero y así asegurar el equilibrio fiscal sin más retrasos.
Más impuestos

Por su parte, la Generalidad catalana aprobó el pasado martes un anteproyecto de ley por el que se aumentará del 8 al 10% el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas de Bienes Inmuebles, el principal impuesto que grava la compra de una vivienda de segunda mano. El impacto recaudatorio de esta medida ha sido cifrado por el gobierno de Artur Mas por encima de los 150 millones de euros al año.

Sólo en su comunidad
CiU pide que el catalán sea obligatorio para trabajar en el ámbito judicial
 www.gaceta.es 23 Junio 2013

CiU ha pedido al Gobierno que el conocimiento de la lengua cooficial y del derecho propio de la comunidad autónoma de destino sea considerado un requisito para trabajar en el ámbito judicial.

Así se recoge en una proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario catalán, en la que se aboga por articular el funcionamiento de la administración de justicia en la lengua catalana para mejorar la eficacia en Cataluña, dado que la ciudadanía la emplea de manera habitual.

Explica que la administración no puede desarrollar correctamente su actividad si desconoce una cosa "tan imprescindible y elemental" como el idioma propio del territorio cuando, añade, los actos jurídicos en catalán tienen plena validez y eficacia.

CiU indica que el Estatuto de Autonomía proclama que todas las personas tienen derecho a utilizar la lengua oficial que elijan en todas las actuaciones judiciales, y agrega que los operadores jurídicos que trabajan en Cataluña deben tener un conocimiento adecuado de la lengua para cumplir de manera correcta sus funciones.

Para el grupo parlamentario, la valoración como "simple mérito" del conocimiento del idioma propio de las comunidades autónomas no contribuye a garantizar el derecho efectivo a su uso, por lo que pide que su conocimiento se exija como requisito imprescindible para proveer plazas en el territorio de la comunidad respectiva.

Vivir del cuento
Nota del Editor 23 Junio 2013

Viven tan bien del cuento que no pueden parar de parir paridas. Queremos que cualquier ciudadano español pueda establecerse y trabajar en cualquier punto de España. El deber de conocer el español no implica el deber de conocer lengua regoinal alguna. Si alguien pretende utilizar la lengua regional para cualquier procedimiento que deba estar sometido al control de la ciudadanía, es decir, que tenga que ver con cualquier función del estado, tiene que ser realizado en español, así que la pretensión de los que siguen viviendo del cuento no ha lugar.

No ha entregado las armas'
La viuda de Gregorio Ordóñez cree que ETA 'no está derrotada'
4 comentarios EFE www.gaceta.es 23 Junio 2013

Ana Iribar ha presentado en Valencia el archivo documental sobre su marido, elaborado 18 años después de su asesinato.

La presidenta de la Fundación Gregorio Ordóñez y viuda del concejal del PP asesinado por ETA en 1995, Ana Iribar, manifestó este viernes su deseo de que cuando el Gobierno de España dice que ETA está derrotada "sea verdad", pero considera que "no lo es".

"Me gustaría que cuando el Gobierno de España, sus representantes, el ministro del Interior o el PP dicen que ETA está derrotada, que sea verdad y no lo es", dijo Iribar en la presentación en Valencia del archivo documental sobre Ordóñez, elaborado 18 años después de su asesinato.

La viuda del concejal donostiarra aseguó que esa afirmación será verdad "el día en que ETA haya abandonado las armas, se haya entregado, esté derrotada y no quede ni rastro de ella ni de su proyecto político".

Un poco antes del acto, que se celebró en la Fundación Bancaja, Iribar explicó que este archivo muestra la evolución de Gregorio Ordóñez y es un repaso a esos años. "A través de Gregorio Ordóñez se conocen sus ideas políticas, su trabajo, su personalidad pero también lo que pasaba en el País Vasco, en San Sebastián y cómo se reaccionaba política y socialmente", contó.

La figura de su marido, añadió, es "el hilo conductor" que nos acerca a conocer la historia del País Vasco y de España en esos años "tan importantes", desde que fue nombrado concejal de San Sebastián en 1983 hasta que fue asesinado por ETA en 1995.

En opinión de Iribar, el mensaje de Ordóñez "sirve perfectamente para la situación actual" y aseguró que su marido "estaría criticando que ETA vuelva a estar en las instituciones". "Nunca los trataría como uno más porque no lo son. Muchos de ellos han estado en el origen de ETA y de Herri Batasuna y han decidido quienes van a ser víctimas y quieres van a salvar la vida en este país".

El archivo, a cuya presentación asistió un centenar de personas, entre ellos representantes políticos y de la sociedad civil valenciana, recopila 800 entradas de intervenciones de Ordóñez en medios de comunicación escritos, televisiones y radios, como la Agencia EFE, que ha ayudado a vertebrar todo el material.

En el acto estuvieron presentes la madre y la hermana de Ordóñez, esta última presidenta también del Colectivo de Víctimas del País Vaco (Covite), así como Manuel Broseta, hijo del catedrático valenciano también asesinado por ETA.

Consuelo Ordóñez cree que la recopilación de este archivo era algo "imprescindible" que para la familia ha supuesto "una gran carga emocional" y ha lamentado que sus propios compañeros de partido "no hayan aprovechado ese ejemplo y referente" que fue su hermano.

Además, coincidió con su cuñada en que el discurso de su hermano está "totalmente de actualidad" porque ahora se defiende "lo que él defendía ya hace más de 20 años"."Mi hermano no hubiera permitido esto, sabía cómo acabar con la lacra del terrorismo, con firmeza, nunca negociar, que los asesinos estuvieran en la cárcel y que la sociedad vasca plantara cara y venciera el miedo".

******************* Sección "bilingüe" ***********************

El PP y el creacionismo lingüístico

La deriva del debate identitario preocupa en el partido que impulsó la Acadèmia
Joaquín Ferrandis Valencia  El Pais  23 Junio 2013

El ambiente de confusión en el que está sumido el PP, tras el marasmo provocado por los casos de corrupción y la renuncia a puntales básicos de su ideario como la reducción de impuestos, ha terminado por distorsionar su discurso identitario. Un discurso que los populares habían hecho evolucionar en las últimas décadas, a trancas y barrancas, para intentar acercarlo a la modernidad y dotarlo de transversalidad en la sociedad valenciana. Sin embargo, una iniciativa parlamentaria ha retrotraído esta semana el relato del PP a la etapa más oscura del secesionismo lingüístico.

El portavoz del Grupo Popular, Jorge Bellver, es el firmante de una iniciativa que reclama a la Real Academia Española (RAE) de la Lengua que suprima de la definición de valenciano que es una “variedad del catalán”. La pretensión de los populares es que la RAE reconozca al valenciano “su categoría de lengua o idioma propio”, más allá de la actual definición que dice que esta habla “se siente como lengua propia”. Para justificar la pretensión, la iniciativa parlamentaria aduce en su exposición de motivos argumentos tan peregrinos como que “el habla de los valencianos, que parte sin duda de la más profunda prehistoria, se escribe desde el siglo VI antes de Cristo con el lenguaje ibérico”.

La proposición no de ley, redactada por el diputado Rafael Ferraro y alentada por el miembro de la dirección del grupo Rafael Maluenda, busca también torpedear la legitimidad de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el organismo estatutario competente en esta materia pactado en septiembre de 1998 por el PP y el PSPV-PSOE y aprobado por las Cortes Valencianas sin votos en contra. El acuerdo impulsado por el PP, y alentado por CiU que apoyaba a José María Aznar en Madrid, permitió cerrar la discusión política sobre la pertenencia a un mismo sistema lingüístico del valenciano y el catalán y apartar del debate una discusión estéril que lastraba los esfuerzos de progreso de la Comunidad Valenciana.
El disparate

¿Qué pide el PP? La iniciativa parlamentaria pide que la Real Academia Española de la Lengua cambie la definición del valenciano y le otorgue la categoría de lengua o idioma.

¿Por qué? El PP dice que la definición que figura en el diccionario de la RAE desde la edición de 1970 se basa en “una ficha desconocida del académico Rafael Lapesa” que define el valenciano como variante del catalán.

¿En qué se basa? La petición de los populares, escrita en valenciano y plagada de faltas, se fundamenta en que “el habla de los valencianos, que parte sin duda de la más profunda prehistoria, se escribe ya desde el siglo VI antes de Cristo con el lenguaje ibérico y, después de las aportaciones sucesivas a partir de los fenicios, griegos y latinos, ha llegado a nuestros días en la forma en que la conocemos”

¿Por qué ha decidido el PP volver a una posición tan ultramontana? Las causas que han confluido en este disparate son diversas. Por un lado, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que ha empezado a estudiar valenciano, tiene poco control sobre su grupo parlamentario. Por otro, la falta de iniciativas políticas del Consell en plena crisis económica ha llevado a la dirección regional del PP a refugiarse, de nuevo, en el discurso identitario para intentar la atención de los problemas de gestión. La exhibición de una muestra en las Cortes Valencianas, titulada Nosaltres. 30 anys del Estatut d'Autonomia y dedicada al proceso preautonómico —con un catálogo prologado por el propio Fabra y el consejero y secretario regional del PP, Serafín Castellano— en el que aparecían cuatribarradas y alusiones al País Valenciano, hizo el resto.

Un grupo de veteranos diputados populares evidenció su disgustó con la muestra y pidió su retirada de las Cortes, que finalmente no se produjo. Sin embargo, las amenazas dieron pábulo a las advertencias de que la moderación del PP, en una situación de desgaste político como la actual, podrían alimentar el resurgimiento de algún partido blavero en las próximas elecciones. De modo que, sin una dirección política clara, los seguidores del creacionismo lingüístico, animados por la decisión del PP de Luisa Fernanda Rudi de denominar oficialmente Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental (Lapao) al catalán que se habla en la franja lindante con Cataluña, dieron un paso al frente y se animaron a ponerle las peras al cuarto a la RAE.

Ahora, tras estallar la polémica, el PP valenciano intenta poner paños calientes. Bellver asegura que el 99% de sus iniciativas parlamentarias tienen que ver la situación económica y servicios básicos y que la propuesta sobre el valenciano solo pretende que la RAE recoja la denominación estatutaria. “Lo importante es la resolución, no la exposición de motivos”, señala.

El Gobierno valenciano intenta no abrir más frentes en su deteriorado grupo parlamentario y el viernes su portavoz, José Ciscar, se excusó en que no la había leído para no criticar la propuesta. Sin embargo, en privado, la dirección regional del PP achaca la iniciativa a “un despiste” del Grupo Popular. “Queremos mantener un equilibrio en nuestro discurso sobre las señas de identidad, pero no reabrir la batalla de la lengua”, señala este cargo, “la AVL la creamos nosotros y fue un acierto. Hay temas que están cerrados”. Pero de momento, los creacionistas lingüísticos del PP, los que señalan que los íberos ya hablaban valenciano, aspiran a ganar su próxima batalla.

Denuncias de la asociaciones de víctimas
La Audiencia Nacional ha localizado 347 causas de ETA sin acabar de resolver

 www.gaceta.es 23 Junio 2013

Según la memoria de la Audiencia Nacional, se han encontrado 347 de las 349 causas de ETA que las asociaciones de víctimas denunciaron estaban sin terminar de resolver.

La Audiencia Nacional ha localizado 347 de las 349 causas de ETA que las asociaciones de víctimas denunciaron estaban sin terminar de resolver, según la Memoria de este tribunal de 2012, que refleja también que el pasado año fueron juzgados 141 miembros o colaboradores de la banda terrorista en 55 juicios.

La Memoria destaca el "importante esfuerzo de investigación" que ha supuesto la localización de esas 349 causas de las que a final de 2012 solo quedaban seis por localizar y este año la cifra se ha reducido a dos.

Entre estas causas se encontraba la del doble atentado en López de Hoyos, el 21 de junio 1993, en el que fallecieron siete personas, seis de ellas militares, reabierta la pasada semana poco antes de prescribir ante los "indicios lógicos" de la participación del ex dirigente etarra Ignacio Miguel Gracia Arregi, "Iñaki de Rentería".

Para la reapertura de este procedimiento fue decisivo el testimonio aportado por Pablo Romero, hijo de una de las víctimas, al que después respaldó la Asociación Víctimas del Terrorismo en su petición a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de reclamar que se reabriera el caso.

En cuanto a las causas que han seguido su curso, la cuatro secciones que componen la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebraron 55 juicios de ETA, una cifra similar a la de los celebrados tres años antes, en 2009, pero inferior a los 75 de 2011 y a los 65 de 2010.

Esta cifra se podría explicar por el descenso de la actividad terrorista, aunque muchos de los juicios celebrados tienen su origen en acciones violentas cometidas varios años atrás.

En todo caso, el pasado año fueron juzgadas 141 personas y de ellas, quienes más veces se sentaron en el banquillo fueron los miembros del "comando Otazua" -Daniel Pastor, Iñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria-, que lo hicieron en cinco ocasiones, si bien los que acumularon mayores condenas fueron Andoni Otegi y Óscar Celarain, quienes, en tres juicios, fueron sentenciados a penas cercanas a los 900 años de prisión.

Las víctimas del terrorismo han sido también una prioridad para la Audiencia Nacional y por ello, en 2012, se potenció el papel de la Oficina de Asistencia a las Víctimas con el fin de prestar un servicio lo más amplio posible, no solo presencial, sino también virtual.

Fruto de ello fue la puesta en marcha, en noviembre, de una Oficina Electrónica que permite a las víctimas consultar el estado de sus causas, su tramitación y sentencias sin necesidad de desplazarse al tribunal.

Además, desde 2012 las víctimas reciben asistencia psicológica por videoconferencia si así lo solicitan

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