AGLI Recortes de Prensa   Lunes 24 Junio 2013

¡Tramposos! El recorte del gasto de las AAPP son sólo 2.100 millones, no 37.700
Roberto Centeno El Confidencial 24 Junio 2013

El grado de mendacidad de Mariano Rajoy y su Gobierno supera, con mucho, todo lo imaginable y, aunque las mentiras y falsas promesas del presidente son el pan nuestro de cada día, hay que reconocer que esta vez se ha superado a sí mismo. Rajoy ha afirmado que el ahorro de la 'no reforma' de las Administraciones Públicas más incompetentes y más hipertrofiadas de Europa será de 37.700 millones de euros, cuando, en realidad, será de 2.100 millones anuales o menos. Esta es la mayor operación de engaño y maquillaje de toda la legislatura, ¡y la que califican como una de sus reformas centrales! La afirmación de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, de que “ahora les toca a los políticos apretarse el cinturón”, después de habernos expoliado con los mayores impuestos de la historia, llevado a la miseria a millones y al hambre a cientos de miles es un insulto inaceptable.

Para empezar, estos tramposos -no merecen otra denominación- han sumado el supuesto ahorro de cuatro años, de 2012 a 2015, para dar la falsa impresión de que se trata de una cifra muy alta, aunque obviamente carece de valor alguno. Pero el engaño va mucho más allá. El Gobierno calcula que los ciudadanos se beneficiarán de un ahorro de 16.300 millones por la “mayor eficiencia de la Administración” –derivado por una reducción de plazos y de papeleo-. No tienen vergüenza: ¡se han inventado la cifra sin más! Pero, aunque esta patraña fuera cierta, como señalaba Juan R. Rallo, uno de nuestros mejores analistas en Es-Radio: “Ese supuesto ahorro no tiene absolutamente nada que ver con la reducción del déficit, porque no es recorte de gasto. No debería incluirse en una ley de supuesto ahorro”.

Por tanto, si restamos esos 16.300 millones que se han inventado, nos quedarían 21.400 millones en cuatro años. Una cantidad a la que habría que restar los recortes ya hechos y contabilizados, como los 7.600 millones de la reforma de la Administración local, que al final se ha quedado en nada por la oposición frontal de comunidades y ayuntamientos y otros 7.400 millones de “racionalización” del gasto, que también se quedaría en la mitad de la mitad y, en todo caso, ya están hechos. Así, la reforma de la Administración supone un ahorro para los próximos tres años de 6.400 millones, es decir, la ridícula cifra de 2.133 millones por año. Una cantidad que es ¡18 veces menor que la difundida urbi et orbi por este hatajo de tramposos! Además, los 2.133 se ahorrarían si todo sale como está previsto y eso no ha sucedido jamás. De hecho, varias comunidades ya han señalado que se oponen y no cumplirán, así que al final el ahorro neto puede quedar en 1.000 o en 500 millones, un engaño como la pirámide de Keops.

La Administración española es la menos eficiente y la más incompetente de Europa¿Alguien puede explicar cómo con este procedimiento de selección un país puede tener un sistema que se tenga en pie?Por otro lado y para que lo tengan claro, cuando estos trileros afirman que suprimirán X entidades u organismos, quieren decir que las eliminarán sobre el papel, pero los empleados serán reubicados en otras, con lo que el ahorro neto será cero. Pero, dejando de lado el engaño masivo a los ciudadanos, la cuestión es, ¿qué opina Bruselas?, ¿a qué narices se dedican los superpagados burócratas que deben analizar y opinar sobre esta y otras patrañas?, ¿o qué opina el mercado? Esto último empieza a estar bastante claro: la bolsa se ha derrumbado y ya está por debajo de principios de año, todos los bancos cotizados tienen un precio objetivo entre el 20 y el 25% por debajo de su actual cotización y la prima de riesgo y la rentabilidad del bono a diez años han comenzado una escalada que no augura nada bueno.

Una presentación vergonzosa
Pero si el contenido real de la reforma de las Administraciones Públicas es dieciocho veces menor que el anunciado, la exposición de motivos y la explicación dada por el Gobierno sobre la situación de la Administración Pública es, sencillamente, alucinante y entra en el terreno de lo paranormal. Es una explicación vergonzosa: justificarían su 'no reforma' de la Administración con la patraña de que no es mayor que la del resto de países europeos, algo falso hasta la náusea. ¿Cómo no va a serlo con diecisiete miniestados con todas sus funciones?

Para esta oligarquía política parasitaria, el núcleo mismo de nuestra ruina, el despilfarro masivo político y clientelar, los miles de empresas públicas inútiles, los 30.000 coches oficiales, los 20.000 asesores a 60.000 euros cada uno, las embajadas, los más de 8.000 ayuntamientos, el Senado y las diputaciones inútiles, las prebendas, los chollos y los cientos de miles de enchufados, no sólo permanecen intactos, sino que ahora resulta que son un ejemplo para el mundo. Igual que el sistema financiero era la envidia del planeta. Se han vuelto totalmente locos, y el drama que representa este inaudito punto de vista es aterrador: van a mantener íntegros todos sus privilegios, todos sus millones de enchufados, todos los miles de empresas inútiles, porque nuestra Administración es perfecta.

La parte numérica con la que “demuestran” el “adecuado dimensionamiento” de nuestro sector público se basa en comparaciones de gasto y PIB. Algo que está muy bien, pero que tiene un pequeño problema: el PIB oficial que utilizan para España es un 21% superior al real. Si el oficial se sustituye por el real estimado, 830.000 millones de euros, las flores se tornan espinas y aparece la realidad pura y dura. Esta realidad es que España tiene la Administración Pública más sobredimensionada, no sólo de Europa, sino de todo el mundo desarrollado.

Pero, además, no se trata sólo de tamaño. Sino de que es la menos eficiente y la más incompetente de Europa, y por una razón muy sencilla: las antiguas oposiciones, que en los años 60 y 70 nos llevaron a tener la mejor Administración Pública del continente, han sido sustituidas por designaciones a dedo de parientes, amigos y correligionarios. ¿Alguien puede explicar cómo con este procedimiento de selección un país puede tener una Administración que se tenga en pie? En la Universidad casi el 80% del profesorado ha sido seleccionado por sus amistades y su ideología de izquierdas y carece de los conocimientos necesarios para impartir las enseñanzas a su cargo. Y esto es extrapolable a todo.

El mayor problema es que se han realizado inversiones absolutamente disparatadas, en instalaciones y en material, sin justificación racional alguna excepto las gigantescas comisiones que presuntamente se han pagadoNada como un ejemplo real para ilustrar mis afirmaciones. Es uno entre mil. La Comunidad Valenciana ha estado gobernada desde siempre por el PP, tiene la mayor deuda per capita de España y un déficit oficial en 2012 del 3,5 % del PIB, aunque el real fue del 5,7%. En esta comunidad, la sanidad representa el 60% del Presupuesto y tiene empleadas a 50.000 personas, el triple de las que había antes de que se transfieran las competencias en esta materia. Un despilfarro casi inaudito, y Valencia no es la excepción es la regla. Además, la calidad asistencial es netamente inferior, ya que las antiguas jefaturas de servicio donde estaban sin duda los mejores profesionales fueron sustituidas por unidades básicamente políticas.

Como complemento de este rosario de disparates se han eliminado las plazas por oposición y todo es a dedo o mediante 'pruebas' descaradamente amañadas. Pero el mayor problema es que se han realizado inversiones absolutamente disparatadas, en instalaciones y en material, sin justificación racional alguna excepto las gigantescas comisiones que presuntamente se han pagado. En el caso del Hospital de la Fe, el más grande de toda la comunidad, todos los jefes de servicio negaron la necesidad de construir un gigantesco complejo para sustituirlo: bastaba con remodelarlo. Fue en vano.

El gigantesco complejo fue construido por FCC. De los cuatro grandes bloques hospitalarios, dos funcionan sólo por la mañana, como en el resto de los hospitales públicos. ¿Se imaginan los grandes hospitales mundiales, como el Andersen, el John Hopkins o la Clínica Mayo, funcionando sólo de mañanas? Además, el tercero funciona al 25% y el cuarto no funciona en absoluto. Es decir, una inversión gigantesca innecesaria e infrautilizada. Para equiparla, todo el material se compró nuevo. La pregunta es: ¿quién se ha llevado qué? Por otro lado, la Conselleria de Sanidad tiene empleadas a 1.500 personas, de las cuales 164 son telefonistas, 116 electricistas, 18 pintores, 2 fotógrafos, 80 calefactores y 34 costureras. ¿Cómo creen que un país puede funcionar así? Y con un 22% de absentismo. Esto es la regla. Y resulta que este despilfarro, esta corrupción, es lo que hay en toda Europa y, en consecuencia, es intocable.

¿Dónde están los brotes verdes?
La otra gran patraña: los brotes verdes. Es absolutamente escandaloso que este Gobierno de tramposos anuncie el fin de la crisis basándose en la mejoría coyuntural de algunos indicadores relacionados directamente con la brutal expansión de la deuda para financiar gasto político improductivo. Una inyección de más de 200.000 millones en diecisiete meses es algo absolutamente disparatado e insostenible. Además, la mayoría de los indicadores de actividad y demanda siguen cayendo y los desequilibrios que nos han llevado a crisis no sólo no han mejorado, sino que han empeorado, y en el caso de la deuda pública o el crédito a la economía productiva, espectacularmente.

Pero para que ustedes decidan por sí mismos si ven o no brotes verdes, nada mejor que exponerles, sin más, los principales indicadores de actividad y demanda conocidos la semana pasada (cuadro resumen de indicadores, 19/6/2013). Mírenlos con lupa y vean cómo salimos de las crisis ya mismo: índice de comercio minorista deflactado: retroceso del 7,8 % entre enero y abril de este año, frente a la caída del 7,2 % del mismo periodo de 2012. Consumo aparente de cemento: disminución del 25,5 % de enero a abril, frente a la caída del 34,3% de 2012. Producción industrial: -3,6 % en el primer trimestre frente a -6,0 % del mismo periodo del ejercicio anterior. Ambos son malos, pero el último no tanto. Además, estamos hartos de ver desaceleraciones puntuales de los descensos a los que sigue una recaída. La inversión se redujo un 17,9% en los cuatro primeros meses del año, una cifra mucho más elevada que la del mismo periodo de 2012, cuando se redujo un 8,3%. La financiación del sector privado ha disminuido un 9,9% hasta abril, frente a la pérdida del 5,1% de un año antes. El consumo de energía eléctrica ha retrocedido un 2,0 % en los cuatro primeros meses del ejercicio, mientras que entre enero y abril de 2012 cayó un 2,2 %.

Es absolutamente escandaloso que este gobierno de tramposos anuncie el fin de la crisis en base a la mejoría coyuntural de algunos indicadores relacionados directamente con la brutal expansión de la deuda para financiar gasto político improductivo¿Dirían que estas cifras indican que hemos tocado fondo? ¿Afirmarían que habiendo cedido el consumo privado, que representa el 60% del PIB, cinco puntos porcentuales y la inversión, que supone el 20% del PIB, un 17,9 %, la caída del PIB del segundo trimestre será nula? Ya está bien de que nos tomen por imbéciles. Hay un hecho indiscutible, el que más importa a los ciudadanos y que Gobierno y medios silencian por completo: la evolución de la renta y la riqueza de las familias. Pues bien, los últimos datos de coste laboral y precio de viviendas muestran cómo las ya exhaustas economías familiares se siguen hundiendo, el poder de compra de los salarios ha caído otro 0,8 % en el primer trimestre y el precio de la vivienda ha cedido un 6,6 % en tasa anual.

La pregunta, más allá de los indicadores, es la misma que el último día: ¿puede un país sin crédito al sector productivo y a las familias, con la renta y la riqueza (efecto riqueza) mermando sin tregua, con los mayores impuestos del mundo desarrollado y la energía más cara salir de una crisis cuando el endeudamiento público crece exponencialmente para financiar el gasto político improductivo? Además, si como señaló Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, el martes la era del dinero fácil y barato toca a su fin, entonces la respuesta es inequívoca: se acabó la fiesta. La opinión de los grandes bancos de inversión es que España va a tener un fin de año muy difícil, pero si esto sigue así lo muy difícil puede empezar mucho antes. ¡Feliz verano a todos!

España ante la UE y la gran reforma
Pablo Sebastián www.republica.com 24 Junio 2013

Si España no hace la gran reforma -y no la escasa presentada- de la Administración, el sistema electoral, el modelo territorial y de la separación de los poderes del Estado, el país no dará el gran salto hacia delante que necesita de manera inmediata y no para dentro de diez años. Pero Rajoy ni Rubalcaba, ahora tan amigos, no quieren saber nada de todo esto que incluye reducir y controlar sus poderes partitocráticos y creen que, poco a poco, lograrán reconducir la situación para que todo quede tal y como estaba. Pero esa no es la solución y los ciudadanos no lo van a consentir.

En el palacio de la Moncloa están preparando las fanfarrias para vestir de gran triunfo de la diplomacia de Rajoy los resultados de la cumbre europea de el jueves y viernes próximo a la que acude el presidente del Gobierno adornado de tres importantes noticias: que España se acerca al fin de la recesión al término del presente trimestre (han dicho De Guindos, Montoro y Linde que el PIB del se acercará al cero, a pesar que el Gobierno lo había situado en el -1,3 % para todo 2013); que el Gobierno va a poner en marcha un plan de reestructuración de la Administración del Estado (que va a permitir un ahorro de 9.000 millones anuales); y que el PP y el PSOE han firmado un pacto de apoyo a la política europea de España, para pedir toda clase de ayudas económicas a la UE.

Entramos en una semana ‘decisiva’ con vistas al Consejo Europeo de los próximos días 27 y 28 de este mes en el que España espera conseguir dinero de la Unión Europea para luchar contra el paro juvenil y más ayudas para dar crédito a pequeñas empresas (las Pymes), y para financiar directamente a la banca con problemas. Y si es posible avances a favor de la Unión Bancaria de la UE mientras las 17 naciones del euro hacen ajustes para avanzar, ahora mas lentamente, hacia la unión fiscal, y de esa manera reforzar y consolidar la casa de la moneda única europea cuya construcción, lamentablemente, se inició por el tejado años atrás.

Tanto en España como en la UE se avanza muy lentamente ante la desesperación de los analistas y de los mercados (todo supeditado ahora a las elecciones de Alemania en septiembre), y en medio de nuevos e inagotables problemas. Como los aparecidos en la UE a propósito de la crisis de la ‘troika’ que integran el FMI, el BCE y la Comisión Europea, un triangulo mal avenido que ha fracasado en los rescates de Grecia y Chipre, que puede estallar, y no logra relanzar a Irlanda ni a Portugal, mientras aparecen mas problemas financieros en Atenas y una seria inestabilidad política en Roma.

Siendo España el país, con la mayoría absoluta del PP y el pacto alcanzado por el PSOE, el país mas estable en política aunque el de mayor paro (27 %) y financieramente débil por dudas sobre la banca y por el muy alto endeudamiento del Estado (camino del 90 % del PIB), los bancos, las empresas privadas y las familias.

España, frente a esta dramática situación de la que solo saldremos con un crecimiento superior al 2 %, el Gobierno sigue con ajustes sociales y estructurales de baja intensidad, estudia la reforma de las pensiones, mas subidas del IVA y anuncia una reforma de la Administración que, siendo muy escasa, levanta resistencias en numerosas Autonomías.

El problema autonómico y su financiación -ahora que se abre el debate sobre el modelo territorial y los privilegios excepcionales de Navarra y País Vasco-, es el cáncer del país no solo por temas económicos sino por los virreinatos instalados y los problemas de cohesión nacional que generan (Cataluña en vías de secesión). De ahí que habría que plantear un referéndum sobre lo que se debe hacer con las Autonomías, que a buen seguro nos ofrecería una respuesta contundente de los ciudadanos pidiendo el final o la reducción de semejante y fracasado tinglado de autogobiernos.

Pero eso ya sería entrar a fondo en la reforma de la Constitución y del propio sistema político, y ello es demasiado pedir a un político como Rajoy, a pesar del inmenso poder que acumula, y la gran oportunidad que ofrece esta crisis que no solo es económica sino también política e institucional. Si España plantea la gran reforma y reduce el gasto público, su Administración, y cambia la ley electoral, el modelo territorial y la separación de los poderes del Estado, entonces el salto hacia delante habrá sido histórico y de gran solidez, reconocido dentro y fuera de España. Pero mucho nos tememos que vamos a seguir en el disimulo y bajo el riesgo de que en la UE, o en nuestro país, los problemas se disparen. Rajoy se conforma con la escasa reforma y prefiere mantener el modelo partitocrático y territorial actual, que le garantiza un inmenso poder sin controles democráticos. Pero creemos que el mundo, Europa y los ciudadanos de este país están en otra cosa y quieren la gran reforma, como se vislumbra en las encuestas electorales que cantan el final del bipartidismo como la antesala de todo lo demás.
www.pablosebastian.com

Un solo hombre es quien reforma España en secreto
S. McCoy El Confidencial 24 Junio 2013

La presentación oficial el pasado viernes del Plan de Reforma de las Administraciones Públicas ha supuesto, esta vez sí, el primer intento serio de corregir buena parte de los excesos que el monstruo del Estado autonómico ha consolidado en los últimos años como piezas aparentemente imprescindibles de un entramado absurdo e insostenible.

No en vano, definía José Antonio Zarzalejos el sábado la propuesta como hoja de ruta hacia un nuevo Estado. El carácter coercitivo facilitado a la Administración central por la Ley de Estabilidad Presupuestaria sería una de las razones que anticiparían el éxito, si no imposible en su totalidad, sí sustancial de la iniciativa.

Se equivoca.

De hecho, de la lectura cruzada de las más de 200 y pico páginas del documento resumen, se pueden colegir tres grandes conclusiones:

La primera la subrayó acertadamente en su post del domingo Carlos Sánchez. Buena parte de lo que se pretende implantar exigiría, para su consolidación legal, un cambio en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía delas regiones. Algo que parece queda muy lejos del pensamiento político del Gobierno (y mucho más de los distintos dirigentes autonómicos) a día de hoy.

La segunda, también apuntada por Carlos, es que medidas indispensables, como la propia Codificación del Derecho, esto es, la racionalización de un marco legislativo que es el que de verdad tiene parada a España y su unidad de mercado, están en fase tan incipiente que parece poco probable que se rematen en esta legislatura. Si damos por bueno que hay "5.800 normas en 28 sectores económicos" que afectan a la capacidad de actuar bajo el mismo paraguas legislativo-empresarial en todo el territorio del estado, cualquier deseo de agilizar trámites se verá afectado por esta bolsa legal de inefectividad.

La tercera, más periférica, es que el español protesta pero cuando se le da oportunidad de participar en la tramitación normativa directamente, pasa. Es verdad que ni un servidor era consciente de la apertura de un buzón de sugerencias sobre esta reforma en las distintas webs ministeriales –de nuevo la comunicación de una idea buena brillando por su ausencia-, pero el hecho de que en una materia de esta transcendencia apenas se hayan recibido 2.000 sugerencias, 900 de trabas burocráticas y 1.350 de duplicidades, en tres meses dice muy poco de la corresponsabilidad ciudadana y, sobre todo, pone de manifiesto el abismo que es perentorio corregir entre Política y política, entre despacho y pie de calle.

Dicho esto, se trata de un intento valiente y fundado de sentar las nuevas bases para el modelo administrativo español. Y es el fruto de un trabajo de meses del que ha sido presidente in pectore del país en muchas ocasiones en los últimos meses, al menos por lo que al afán reformista se refiere: Jaime Pérez Renovales, abogado del estado capaz de renunciar al liderazgo –y al abultado sueldo asociado- de la Asesoría Jurídica del Santander para meterse en la tramoya de la política, en la que ya estuvo en la anterior etapa de gobierno del PP.

Jaime es un gran tipo, exvecino con el que comparto misa de domingo por la zona de Aravaca. Hace unos meses le pregunté cómo le iba. Y me anticipó, poco, este gran proyecto. "Pero está siendo muy duro", me dijo. "Imagínate cuando los funcionarios de Moncloa tenían que transcribir para el Consejo de Ministros medidas que afectaban a su bolsillo. Silencio y lágrimas en los ojos. En la Administración hay mucha ejemplaridad, más de lo que parece ahí fuera".

Esta Reforma es obra de Jaime, responsable de la Comisión de Subsecretarios, verdadero coordinador de la acción del Ejecutivo, y de su exiguo equipo. Un trabajador incansable que se lleva, tras muchos meses de sufrimiento innecesario, una primera dosis de efímera satisfacción.

En el pulso de la opinión sobre la iniciativa, aún no sabemos si será Zarzalejos o Sánchez el que se lleve el gato al agua. Todo apunta a que el segundo por las razones ya citadas. Pero, al menos, ya pueden poner cara y ojos a la verdadera estadística que esconden las paredes de Moncloa.

Con todo mi respeto y admiración.
Buena semana a todos.

Reforma de la Administración
Carta de naturaleza para la casta
Emilio Campmany Libertad Digital 24 Junio 2013

Tras presentar la vicepresidenta del Gobierno el plan de adelgazamiento de la Administración, los políticos, incluidos muchos del PP, han reaccionado como cabía esperar de ellos, llamando a rebato e identificando la reforma como un ataque directo a sus privilegios. Tan es así que Soraya Sáenz de Santamaría ha tenido que dar un puñetazo encima de la mesa y decir eso tan bonito de que ha llegado la hora de que los políticos asuman también sacrificios. La frase, en general muy celebrada, encierra todos los horrores y despropósitos que nuestro sistema entraña.

Para empezar, implica reconocer la existencia de la casta. Cuando la vicepresidenta les exige que asuman ellos los sacrificios que hasta ahora no habían querido asumir, tan sólo está hablando de la supresión de unos pocos cargos que ya no podrán repartirse. Naturalmente, esto perjudica a la casta, y es lógico que proteste, pero no es lo peor que le podía pasar, porque la casta como tal sobrevivirá. Y eso es lo que la propia frase de la vicepresidenta implica. Si quieren subsistir, tendrán ellos también que asumir algún sacrificio. Téngase en cuenta que la casta no son sólo los cargos públicos, electos o no. Son también los representantes de la patronal y los sindicatos. Son esos empleados que deben su puesto de trabajo en la Administración o en empresas públicas a la decisión arbitraria de un político. Incluye a los empresarios que logran tener éxito a base de subvenciones, así como a sus empleados, en la medida en que sus puestos de trabajo dependen de ellas.

Lo que Saenz de Santamaría les está diciendo con fingida severidad es que no hay más remedio que asumir algunos sacrificios si quieren seguir disfrutando de la mayoría de los beneficios de los que hasta ahora disfrutan. En este sentido, el Gobierno está haciendo lo que mucha gente, citar mal a Giuseppe Tomasi di Lampedusa y aceptar que algo tiene que cambiar para que todo siga igual. La verdad es que lo que el escritor italiano puso en boca del príncipe de Salina es algo mucho más sutil, que todo tiene que cambiar para que todo siga igual. Sin embargo, lo crucial de esto no es si va a cambiar algo o va cambiar todo. Lo sustancial es que se hace para que todo siga igual.

Francamente, no creo que este plan vaya a cambiar nada importante. Pero lo que es seguro es que, sean o no muchos y profundos los cambios, la casta seguirá existiendo y buena parte de sus canonjías, también. Lo que ha hecho la vicepresidenta ha sido dar carta de naturaleza a la casta reconociendo oficialmente su existencia al hablar de ella como un cuerpo aparte que, sin haber sufrido hasta ahora la crisis y haber seguido disfrutando de sus sempiternos privilegios, está obligado ahora a aceptar un recorte para sobrevivir. Y eso es lo terrible, que van a recortarlos, no a suprimirlos. La casta y sus prebendas subsistirán. Ahora, de forma oficial.

El Sr. Campmany es jurista, escritor y periodista. Su última novela publicada es Quién mató a Efialtes (Ciudadela, 2011). Miembro del panel de Opinión de Libertad Digital.

Mentalidad y no leyes
César Vidal La Razón 24 Junio 2013

Hace unos días tuve el honor y el privilegio, amén del placer, de pronunciar una ponencia en el curso de verano que organiza conjuntamente este periódico con la Universidad católica de Ávila. Señalé yo en mi exposición que para enfrentarse con los problemas que ahora aquejan a España, incluida la erosión sufrida por nuestro sistema político y económico, no era en absoluto necesario entrar en una dinámica revolucionaria ni tampoco proceder a reforma constitucional alguna. Bastaba, a mi modesto entender, con acometer algunas reformas sencillas en áreas concretas como la independencia judicial y la seguridad jurídica, el techo del déficit o la educación.

Fue precisamente al abandonar la sala donde había tenido lugar el acto cuando la persona que me había presentado dando muestras de una excesiva generosidad hacia mí, me dijo: «Tiene usted toda la razón en lo que ha dicho, pero eso implica un cambio de mentalidad». Debo decir con nada oculta satisfacción que, efectivamente, había comprendido de la manera más cabal mis posiciones. Es vicio común de los españoles –aunque no sólo de ellos– creer que el aumento o la variación legislativa constituyen una especie de purga de Benito que todo lo cura. Apruébense más normas, díctense más regulaciones, créense más entidades públicas y todo encontrara remedio, creen muchos.

Pues bien, esa mentalidad le ha costado a nuestra nación innumerables sufrimientos. Si los españoles dejan de considerar el trabajo como un castigo bíblico y lo ven como un privilegio concedido por Dios al hombre; si contemplan a los que emprenden no como opresores sino como un factor esencial de riqueza y progreso; si comprenden que la educación de calidad es indispensable para el futuro de sus hijos; si no esperan que otras instancias hagan por ellos lo que ellos no llevan a cabo por sí mismos; si logran ver más lo que los une que lo que los separa; si no creen estar dotados de privilegios como si fueran los necios «cristianos viejos» de los entremeses cervantinos con licencia para la cazurrería porque no son judíos ni moros; si piden responsabilidades a quien corresponda con independencia de sus creencias o del colectivo al que pertenezca; si respetan la propiedad ajena como si fuera propia; si rechazan los privilegios personales, colectivos y localistas para construir de verdad una nación de ciudadanos libres e iguales, si todo eso sucede cambiando una mentalidad de siglos, el futuro de España será mejor, mucho mejor que el presente. Si no... las leyes nos servirán de poco.

La dignidad de la política
Editorial La Razón 24 Junio 2013

En un país en el que, según qué encuesta se maneje, la corrupción es el primer o el segundo problema para la gente, parece lógico que la clase política se encuentre en estos momentos tan cuestionada y sea objeto de una fuerte desafección por parte de los votantes. La última oleada del Barómetro del Real Instituto Elcano, realizada este mes de junio, reflejó que el 40,4% de los españoles estaba mucho más preocupado por los escándalos políticos que por el paro o la crisis económica, lo que resulta aún más significativo en una nación con un desempleo muy alto. Indica que la sucesión de casos investigados por las Fuerzas de Seguridad y el carrusel de imputados por los juzgados causan aún más desasosiego en la gente que un drama social tan hondo como la pérdida de trabajo, lo que define el impacto de ese fenómeno en una sociedad que valora la ética política.

Decíamos ayer en estas mismas páginas que, frente a ese clima de desencanto tan peligroso, de ese panorama de desconcierto ciudadano, la política debe recobrar su espacio natural para que no sean otros quienes lo hagan y se aprovechen. En ese punto, los miles de ciudadanos comprometidos que sirven a la sociedad en sus responsabilidades políticas deben tener presente en todo momento lo que la gente quiere y espera de su comportamiento en la gestión de lo público. LA RAZÓN publica hoy una encuesta de NC Report que describe con porcentajes mayoritarios el perfil del político ideal, del representante en el que los españoles depositarían su confianza y que sería capaz de enriquecer y prestigiar la condición de servidor del Estado. En síntesis, los españoles quieren una persona honrada, con experiencia, que sea buen gestor, que anteponga los intereses del país a los de su partido político y que, incluso, en caso de necesidad, no dude en adoptar las resoluciones que convengan, por impopulares que sean.

De las respuestas recibidas no se puede convenir que los requerimientos sean ni un exceso ni un despropósito, sino que conforman una identidad casi tipo para un responsable que pretenda dignificar su condición de tal. Son precisamente todos estos valores y cualidades los que habría que preservar a toda costa si se pretende recuperar esa brecha inquietante que separa hoy a los representantes de sus representados. Resulta llamativo, además, que el 95% de los sondeados considere que hay demasiados políticos en nuestro país. En este punto, el mensaje del Gobierno de que ha llegado la hora del sacrificio de los políticos conecta con el criterio casi unánime de la opinión pública. Una democracia que se precie debe también aprender de sus errores y corregirlos. Dignidad, ética y ejemplaridad. La mayoría de los políticos se someten a ellas, pero es preciso redoblar esfuerzos y compromisos.

La clase política
daniel capó La Opinion 24 Junio 2013

Resulta difícil reflexionar sobre aquello que no hemos vivido, aunque se trate de un pasado cercano. Retrocedamos treinta, cuarenta años: ¿fue mejor la clase política que pactó la Transición? ¿Era más generosa que la actual? ¿Tenía más talla ética e intelectual? ¿Y los partidos -al menos, sus elites- representaban de un modo más veraz los intereses ideológicos de la sociedad? Creo que sí, pero realmente no puedo estar muy seguro de ello. Sin duda, como país hemos progresado mucho desde entonces. La industria exportadora se ha consolidado en un contexto de fuerte competencia. La banca, el turismo, las constructoras, el sector textil... han adquirido un protagonismo global. Con Ferran Adrià o con el Celler de Can Roca, hemos pasado de la tortilla de patatas a la tortilla deconstruida, de la ropa vieja al gazpacho nitrogenado. El juego del Barça -y de la Roja- marca tendencia en todo el mundo, al igual que el tenis de Nadal. Gracias a los fondos aportados por la UE, se han modernizado las infraestructuras (y también se ha despilfarrado mucho). La sanidad pública goza de un prestigio europeo.

Pero, por supuesto, no todas las lecturas son igual de positivas. La diarrea legislativa se ha agravado, coincidiendo con la elefantiasis burocrática de las administraciones. El estado general de la educación no responde a ninguno de los parámetros internacionales de calidad. La televisión ha banalizado sus contenidos hasta el nivel de la comida basura. El paro se enquista en magnitudes estratosféricas. La crisis recorre de forma transversal los altos estamentos del país, entre el desprestigio, la desconfianza y el debilitamiento general de las instituciones. ¿Qué ha sucedido? ¿Acaso se coció mal la Transición? ¿O no supimos hacer a tiempo las reformas necesarias?

Aventuro que una fecha clave fue 1992, el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo Universal de Sevilla y el Quinto Centenario. La Transición había sido un éxito, con la llegada de la democracia, de Europa y de la modernidad. Luego sobrevino la crisis económica y las tramas de corrupción saltaron al primer plano informativo. El felipismo se bunkerizó, mientras se imponía cierta forma cainita de entender la política. Los medios desempeñaban su papel, a medio camino entre el amarillismo y la información crítica. Finalmente se produjo el cambio de gobierno, culminando una alternancia de poder que ejemplifica la inteligencia del modelo del 78. Sin embargo, algo ya funcionaba mal. La reforma de las instituciones no se tendría que haber aplazado más allá de los noventa. Fue un error que todavía pagamos.

Desde entonces, el declive de la casta política resulta evidente. Los partidos se han ido nutriendo de la mediocridad social, mimetizando conductas deleznables. De los catedráticos de universidad o letrados del Estado hemos pasado a unos representantes públicos amamantados, prácticamente desde la adolescencia, por el establishment; gente que carece de cualquier perfil profesional -también de perspectivas fuera de la política- y a quienes se exige una obediencia ciega a los dictados de la cúpula. El deterioro ha sido rápido y evidente, casi brutal: los Leire Pajín, Elena Valenciano, Soraya Rodríguez, Óscar López, Carme Chacón? en el PSOE; los Fátima Báñez, Ana Mato, Monago, Pujalte, Carlos Floriano? en el PP. Es un fenómeno que se repite en cualquier partido, a cualquier nivel, ya sea el estatal, el autonómico o el local. Si la Constitución buscaba establecer un bipartidismo natural con dos alternativas fuertes que dotasen de estabilidad al sistema, ahora urge recuperar la meritocracia: atraer a los mejores para servir a los demás.

Reforma o desmantelamiento de la Administración Pública
Alejandro Inurrieta www.vozpopuli.com 24 Junio 2013

El anuncio de la gran reforma de la Administración, utilizando el altavoz semanal del Consejo de Ministros, revela, una vez más, que este ejecutivo sólo lanza globos sondas para desviar la atención de lo realmente importante. Teniendo en cuenta que nunca en la historia de la democracia un partido político tuvo tanto poder político e institucional, resulta difícil de explicar el retraso y la ambigüedad en el texto presentado. El PP gobierna con mayoría absoluta el Congreso y el Senado, con una mayoría que le permite cambiar a su antojo Organismos como el Consejo del Poder Judicial o incluso leyes orgánicas. Además, tiene copados la mayor parte de Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas y recientemente el Poder Judicial y los Organismos Reguladores, convertidos en uno solo.

Con el poder político e institucional en manos del PP, sorprende que sólo se atreva a lanzar globos sonda

Por tanto, no caben excusas a la hora de encarar una verdadera reforma de la Administración, salvo que los intereses que persiga sean otros y sea, como ya se ha puesto de manifiesto, una verdadera cruzada contra el concepto de empleado público o contra los servicios públicos. La estrategia seguida hasta ahora ha sido sibilina, consistiendo en degradar el valor de los trabajadores públicos, señalándolos como los verdaderos culpables de la crisis económica, resaltando sus privilegios en materia de seguridad laboral, frente a la precariedad de la mayoría social. Esto se ha gestado, curiosamente, bajo la égida de un gobierno formado eminentemente por funcionarios públicos o rentistas, y que han vivido la mayor parte de su vida profesional de un sueldo público. La estrategia de mezclarlo todo, organismos autónomos, con empresas públicas o funcionarios públicos y personal laboral pretende situar a todo el sector como un mal en sí mismo, disfrazando la inacción del Ejecutivo con la sangría del gasto público.

El fondo del anuncio de la reforma de la Administración es socavar el valor del empleado y del servicio público

En este sentido, resultó patética la comparecencia del Ministro Montoro en la que se jactaba del gran descenso del consumo público como un valor en sí mismo, sin que nadie le recordase que esa es una de las variables que han contribuido a la profunda recesión en la que nos encontramos. La reducción de salarios públicos, la destrucción de empleo público y el parón de la inversión pública, dado su efecto multiplicador, coadyuvan a mantener a España en esta parálisis. Lo triste es lo ufano y orgulloso que se siente el Ministro de Hacienda.

Pero si algo hace falta en la Administración es transparencia. Esta transparencia debería permitirnos valorar con datos reales, y no con un popurrí de cifras manipuladas, el verdadero alcance de las necesidades de la reforma, que es necesaria, y así poder discernir el heno de la paja. Al no disponer de esta información, todos los anuncios de ahorro y supuestas ventajas, resultan ser, en su gran mayoría, falsas e imposibles de seguir su magnitud real. Lo bueno es que los ciudadanos, y los analistas, salvo los hooligans, sabemos que lo presentado por la Vicepresidenta del Gobierno el viernes es una exageración y pura propaganda. Es imposible un ahorro de 37.000 mill€ con las medidas anunciadas, entre otras cosas, porque con la información disponible no suma esa cantidad.

La falta de transparencia no permite analizar con rigor si las cifras ofrecidas son ciertas, ya que se mezclan demasiadas cosas

El gran debate pendiente, en el que no se ha querido entrar, es el cualitativo, y no en el cuantitativo. En un somero análisis de lo que se quiere suprimir, más allá de la eterna cantinela de que sobran políticos y concejales que en su gran mayoría no cobran, destacan tres elementos muy poco analizados. La supresión de facto de los Institutos de Consumo, de la Juventud y los Defensores del Pueblo autonómicos, tienen una simbología política muy importante.

Los aspectos cualitativos de la reforma son peligrosos ya que se eliminan los organismos de control y de defensa de los derechos de los consumidores y jóvenes

Comencemos por la eliminación de los departamentos de consumo, que ahora se insertan en la Agencia de Seguridad Alimentaria. En un momento en el que las mayores estafas financieras están en plena ebullición, y donde más se nota el fracaso de unos departamentos de consumo especializados y profesionales, el PP opta por difuminar aún más este servicio, mezclándolo con la seguridad alimentaria, dejando al consumidor más huérfano de derechos de defensa, con la única justificación del ahorro presupuestario. En el apartado de los Consejos de la Juventud, la simbología también es clara. Uno de los segmentos sociales más castigados y más despreciados por este ejecutivo es la juventud, por lo que ahora decide suprimir un estamento, muy barato por cierto, que aglutinaba a todas las organizaciones en defensa de las políticas de juventud. Finalmente, el caso de los Defensores del Pueblo autonómicos, la afrenta es todavía más clara. Frente a un Defensor del Pueblo estatal entregado y paralizado por el propio ejecutivo, sin valentía suficiente para denunciar los atropellos y elevar recursos de inconstitucionalidad, los homónimos autonómicos se habían demostrado como mucho más independientes y más cercanos a los defendidos.

En el apartado de Tribunal de Cuentas, dado la inoperancia del estatal, parece lógico que los entes autonómicos, fuesen delegaciones eficientes y más rápidos que el cementerio de elefantes en el que se ha convertido el organismo de la calle Fuencarral en Madrid.

En conjunto, salvo lo referente a los Parlamentos Regionales y Ayuntamientos, la supuesta reforma es más cosmética que real y tiene connotaciones más políticas que económicas. No hay que olvidar, que sin una reforma de la Constitución o de los Estatutos de Autonomía, todo esto es papel mojado.

A la espera de la reforma política de Parlamentos y Ayuntamientos, todo lo anunciado requiere la modificación estatutaria y de la Constitución

Tratan de convencernos que esto es lo que va a relanzar la economía española y lo único que va a provocar es más desempleo y peores servicios, amén de la pérdida de capacidad de lucha ciudadana contra los desmanes de la administración. Por todo ello, no es tan extraño que no se dé una información veraz sobre la realidad económica de las medidas, ni se pueda hacer un seguimiento. La propaganda es lo que tiene, sin datos reales solo quedan panfletos y altavoces, como se quiere hacer con la LOMCE, ensalzar lo que la sociedad rechaza a base de panfletos y propaganda mediática, eso sí con dinero público.

Una propuesta para la igualdad
El modelo federal, regulado y cerrado, que defiende UPyD es la alternativa al desbarajuste en que se ha convertido el Estado de las autonomías, y no la respuesta a las exigencias de los nacionalistas
Rosa Díez El Pais  24 Junio 2013

Unión Progreso y Democracia planteó desde su nacimiento la necesidad de reformar el modelo territorial del Estado. Nuestra reflexión parte de la base de que el Estado de las autonomías ha derivado en un modelo elefantiásico, insostenible en lo económico e inviable en lo político. Un modelo incapaz, por su estructura obsoleta, duplicada e imprecisa, de garantizar el cumplimiento efectivo de los artículos de la Constitución que son innegociables, aquellos que proclaman derechos fundamentales como la igualdad, la justicia y la libertad.

Nadie puede negar que el sistema autonómico transformó España; y la diversidad, muy especialmente la lingüística y cultural en territorios con dos lenguas oficiales, encontró un camino de desarrollo desconocido hasta entonces. Pero mientras eso sucedía, el nacionalismo identitario, particularmente en Cataluña y el País Vasco, reclamaba una mayor cuota de singularidad. Dicho de otra manera: la alta descentralización política de España resultó incompatible con las ansias de singularidad de los partidos nacionalistas. Lo que molesta a los partidos nacionalistas es que lo que ellos llaman “el hecho diferencial” sea cada vez menor; es la distancia con los otros españoles lo que aviva sus instintos más primarios para reivindicar, por la vía que sea, un trato político diferente.

El modelo federal que defendemos desde nuestro partido, de alta descentralización política, regulado y cerrado en la Constitución, no es una respuesta a las reivindicaciones nacionalistas sino una alternativa al desbarajuste en que se ha convertido el Estado de las autonomías. Hoy sabemos —para eso sirve la experiencia— que fue una ingenuidad pensar que el modelo autonómico diseñado en 1978 serviría para integrar al nacionalismo; se hizo la España de las autonomías para que el nacionalismo pasara a ser autonomía y resulta que las autonomías pasaron a ser nacionalistas… No cometamos ahora el mismo error; pretender calmar al nacionalismo —secesionista o no— con propuestas de federalismo es una soberana tontería.

No hace falta que explique que no hay doctrina política más contraria al nacionalismo que el federalismo: el federalismo pretende la igualdad; el nacionalismo exige la diferencia. Si se trata de integrar a los nacionalismos hemos de tener claro que habremos de hacerlo política y no sentimentalmente. Es la sociedad política y democrática la que estamos construyendo; y la política no está para proteger los sentimientos de nadie, sino los derechos de todos. Conviene que no nos equivoquemos: el nacionalismo es insaciable, y la estabilidad democrática nunca podrá depender de su voluntad; no olvidemos que la estabilidad democrática exige integrar no tanto a los nacionalismos como a las sociedades que tienen una fuerte conciencia nacional diferenciada.

El sistema autonómico, elefantiásico y obsoleto, no garantiza la igualdad y la libertad de los ciudadanos

Desde UPyD proponemos un modelo federal cooperativo porque nos parece el mejor para España; por eso mismo partimos de la base de que es más que posible que haya que sacarlo adelante a pesar de los nacionalistas. Hemos de abordar la reforma de la Constitución no para dar encaje a las reivindicaciones de los nacionalistas, sino para resolver de forma satisfactoria los retos que nos plantea la sociedad española del siglo XXI, una sociedad muy diferente de aquella a la que se enfrentaron los constituyentes cuando elaboraron la Constitución de 1978. Defendemos que se aborde esa reforma desde el reconocimiento de los indudables avances que se han producido en estos años de desarrollo democrático y autonómico; pero hagámoslo también desde el conocimiento de las disfunciones que ha generado el modelo abierto e indefinido del texto constitucional. Es hora de que reconozcamos que ese pacto que sirvió para progresar desde la dictadura a la democracia está agotado y convive mal con la integración de España en la Europa política a la que pertenecemos.

Nosotros no creemos que el Estado de las autonomías haya fracasado, sino que el modelo ha dado de sí todo lo que podía. Y digo esto porque en España hemos pasado de proclamar el éxito rotundo del modelo autonómico —atribuyéndole, incluso, los méritos de haber construido la democracia—, a encontrar en él el origen de todos los males de nuestro país. Y tampoco es eso; la causa del anquilosamiento no está únicamente en el diseño, sino fundamentalmente en la cerrazón de las fuerzas políticas viejas que se niegan a revisar un modelo que les ha dado muchos dividendos en forma de poder territorial.

Reformemos la Constitución atendiendo a la realidad política de la sociedad española y no a la forma en la que los nacionalistas expresan sus demandas. Los nacionalistas se integrarán, con más o menos satisfacción, dependiendo de las circunstancias. Pero esa integración será siempre temporal, por lo que nunca deberá condicionar nuestras decisiones. Si tenemos éxito con nuestras reformas, la mayoría de la sociedad se mostrará satisfecha, incluidos los que estaban dispuestos a seguir a los nacionalistas en su estrategia rupturista hacia la tierra prometida; y a los nacionalistas no les quedará otro remedio que adaptarse o se quedarán en minoría.

Plantear la reforma de la Constitución era tabú cuando empezamos a hablar de ello hace cinco años; cada vez que nos han dicho que era imposible hemos aprovechado para explicar algo tan obvio como que las leyes no son divinas y que revisarlas a la luz de sus consecuencias es lo normal en cualquier democracia del mundo. Por otra parte, si se puede reformar la Constitución en 48 horas para garantizar que pagaremos la deuda, ¿cómo no va a poder hacerse para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos básicos de los ciudadanos?

El Estado debe asumir competencias exclusivas en materias claves para defender el interés general de los españoles

Nosotros proponemos reformar la Constitución cerrando en ella la distribución de competencias entre Estado, las comunidades autónomas y los entes locales, de manera que el Estado asuma una serie de competencias exclusivas e intransferibles en materias clave para defender el interés general de todos los españoles. Es oportuno recordar que en el informe emitido por el Consejo de Estado en 2006 ya se puso de manifiesto que el principio dispositivo que mantiene la constante apertura del sistema de distribución de competencias puede dañar el principio de igualdad y el interés general, y que era recomendable el cierre del sistema y la inclusión en la Constitución de unas verdaderas competencias exclusivas del Estado.

Sin ánimo de ser exhaustivos, proponemos modificar el artículo 150.2 excluyendo de las materias consideradas como delegables o transferibles, en principio y como mínimo, las siguientes: representación internacional, defensa, justicia, educación, sanidad, medio ambiente, protección civil, recursos naturales, urbanismo y gestión del territorio. Además proponemos que se establezca una mayoría más cualificada para la aprobación de los Estatutos de Autonomía. También creemos que dentro de ese diseño federal del Estado ha de suprimirse la disposición adicional primera que consagra los derechos históricos de los territorios forales, por ser contrarios al valor superior de la igualdad que rige la Constitución y por consolidar una situación inaceptable de privilegio de unos españoles sobre otros.

La reforma de la Constitución que proponemos habrá de abordar cuestiones clave para la regeneración democrática, tales como la reforma del Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado y la Ley Electoral, reforzando también la laicidad del Estado.

En nuestro partido creemos profundamente en las virtudes democráticas del federalismo integrador, porque un sistema político que garantice la unidad e incluya la diversidad es el mejor espacio para el desarrollo de las libertades democráticas. Insisto: diversidad a partir de que esté garantizada la unidad. Y lo repito porque hoy en España nadie se atreve a reivindicar la unidad de la nación española como instrumento imprescindible para garantizar la igualdad y los derechos de la ciudadanía, la democracia en fin. Y es que la España constitucional, la que proclama que la soberanía reside en el pueblo español, no ha tenido aún una verdadera oportunidad.

Estas son las propuestas políticas de Unión Progreso y Democracia con relación a la reforma de la Constitución y al modelo de Estado. Sé que no es fácil llevarlas a cabo; pero creo que la necesidad es mayor que la dificultad. Y, sobre todo, confío plenamente en la razón y la fuerza de la política para hacer posible aquello que es necesario.

Rosa Díez es diputada nacional y portavoz de Unión Progreso y Democracia.

Modelo federal a nivel individual
Nota del Editor 24 Junio 2013

Había comenzado a leer el artículo para hacer una pequeña crítica, pero al llegar al párrafo "Nadie puede negar que el sistema autonómico transformó España; y la diversidad, muy especialmente la lingüística y cultural en territorios con dos lenguas oficiales, encontró un camino de desarrollo desconocido hasta entonces", tengo que desistir, pues no es mi tarea ejercer la psiquiatría para tratar estas locuras.

He de confesar que en las últimas elecciones, a falta de Alternativa Española (sin meterme en sus planteamientos), que no se presentó, voté a UPyD. Mea culpa, aunque el voto en blanco o no votar tampoco es solución

Rebelión en las taifas
ISABEL SAN SEBASTIÁN ABC  24 Junio 2013

Cuantos más «pesebres», más facilidad para acumular voto cautivo y perpetuarse en el poder
LAS primeras medidas valientes que toma el Gobierno en cumplimiento de su programa electoral, referidas a la poda de organismos públicos, han desatado la ira de varias comunidades autónomas, incluidas algunas propiedad política del PP. Una prueba irrefutable de que el proyecto de ley alumbrado por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, aunque tardío e insuficiente, va en la dirección correcta. Si los señores de esos feudos ponen la proa a la reforma de las administraciones públicas, si presumen de declararse insumisos, como ha hecho el de Cataluña, es porque ésta trata de poner coto a un derroche incontrolado que desde la Transición ha duplicado el número de empleados a sueldo del contribuyente (cerca de tres millones) sin que los servicios que el ?pagano? recibe hayan experimentado una mejora equivalente. Falta averiguar ahora si Rajoy tendrá el cuajo suficiente para aguantar el pulso a estos barones levantiscos, recurriendo a la Ley de Estabilidad Presupuestara para ahogar cualquier rebelión cerrando el grifo del dinero.

Treinta y siete mil millones de euros pretende ahorrar un plan de racionalización tan impregnado de sentido común que una se pregunta cómo es posible que no se haya aprobado hace años. La respuesta es evidente: Porque a mayor cantidad de entidades inútiles, como las agencias autonómicas de meteorología o los defensores del pueblo, las ?embajadas?, los ?observatorios? y las empresas de titularidad pública ajenas al control de la Intervención General, mayor posibilidad de pagar favores y colocar a parientes, amigos y militantes sin otro oficio ni beneficio que la sumisión servil al partido. Cuantos más ?pesebres?, más facilidad para acumular voto cautivo y perpetuarse en el poder: el anhelo que mueve el quehacer de la mayoría de nuestros gobernantes.

Y es que la cuestión no es si el Estado español gasta menos porcentaje del PIB que la media de la UE, como aduce Montoro en un discurso destinado a crujirnos a impuestos sin que protestemos. La cuestión es en qué se gasta lo que nos saca del bolsillo. Y aquí no se invierten esos recursos, la mitad de la riqueza que generamos los trabajadores, en políticas de ayuda a la familia, I+D o fomento de la industria, sino, en una cuantía muy elevada, en financiar asesores (casi 20.000 sólo en las CCAA) obras faraónicas y entidades de nombres rimbombantes destinadas a colocar adeptos alumbrando a la vez la gloria de los virreyes de taifas. Por citar un ejemplo, en 1995 las autonomías destinaban a personal 19.000 millones de euros y la administración central, 17.600. En 2012, las primeras habían elevado ese capítulo hasta los 70.000 millones y la segunda, lejos de reducirlo, lo había incrementado hasta alcanzar los 23.000. ¡Más madera!

A mayor gasto, mayor control del poder y mejores oportunidades para los depredadores de lo público, porque es clara la vinculación entre el auge de la corrupción política y el incremento desmedido de los presupuestos territoriales unido a la multiplicación de organismos autorizados a gastar a manos llenas. Un poquito de aquí, otro de allá, y sumando obras, festejos electorales, ERES y fundaciones ?sin ánimo de lucro?, llegamos al saqueo de esta España que agoniza ayuna de metálico o de crédito.

Es hora de cumplir lo prometido. Se impone la Austeridad, con mayúscula. Y a quien se niegue a podar su parcela? ni un euro del fondo común. ¡Que cada palo aguante su vela!

El manifiesto Marhuenda
CARLOS ESTEBAN www.gaceta.es 24 Junio 2013

La Razón no ha dado un ejemplo modélico en la denuncia de corruptelas de la derecha.

La diferencia entre la prensa de izquierdas y la prensa de la derecha oficialista en España es que la primera da noticias de un mundo que solo existe en su imaginación mientras que la segunda, para evitar ese peligro, no da noticias. Supongo que sonará horrorosamente franquista –para quien me entienda– si digo que echo de menos La Hoja del Lunes.

En esos oscuros tiempos estaba reglado –impuesto, ordenado– que los periodistas descansaran en domingo, ni turnos ni historias, y solo salía un diario el lunes, que llevaba en el nombre su justificación. En mi caso no lo defiendo tanto para descansar como para abstraerme de leer diarios de refrito y chundachunda, que son los que se hacen los sábados para el domingo y que debo comentar sin apenas mimbres.

Un ejemplo de lo que digo me lo da La Razón. Marhuenda ha reunido a cuarenta personalidades para decir que la corrupción está muy mal y, leyendo los nombres de muchos de ellos –como el maestro Carlos Rodríguez Braun–, doy por sentado que lo dicen muy bien.

Pero hay algo cursi, además de incongruente y antiperiodístico, en esa portada sin verbo: Manifiesto de La Razón. Contra la corrupción, en defensa de la política, todo cubriendo una foto simbólica –no sabes hasta dónde estoy ya del simbolismo– de una mano introduciendo una tarjeta con las palabras Elecciones generales. Congreso de los Diputados en una sustancia espumosa que podría ser jabón.
No tengo nada contra los manifiestos. O sí, pero no es este el lugar para explayarme, y lo que sí me parece ligeramente sonrojante es la idea de periodistas organizando manifiestos. Nuestra labor, creo, es otra. Y un manifiesto contra la corrupción tiene el fallo letal de ser cualquier cosa menos polémico; es como presentar un alegato contra el cáncer. Nadie es partidario.

En cuanto a lo de incongruente, estoy convencido de que la corrupción medra en una atmósfera muy polarizada, por cuanto cada partido acusado de meter la mano en la caja puede contar ex officio con sus medios, que defenderán la defensa del encausado hasta que sea imposible seguir haciéndolo, momento en que lo harán desaparecer.

La Razón no ha dado un ejemplo excesivamente modélico en la denuncia de corruptelas de la derecha, por decir lo poco. Y, sobre todo, ha desplegado un estilo de periodismo servil de adoración al líder que es, precisamente, la actitud que conviene para que los poderosos se consideren por encima de la ley.

Algo diré de las primeras de los periódicos de centro e izquierda: parece que dan noticias. Serán o no sesgadas; serán o no noticias, pero lo parecen. No quiero imaginar qué sería un manifiesto de El País, y por eso le agradezco el buen gusto de no darlo. El ABC, probablemente envidioso de que su spin off derechuno se haya llevado a cuarenta de los suyos a firmar un manifiesto, no tiene mejor salida para llenar su portada que una dosis más de fervorín patriótico en versión futbolera. Vicente del Bosque: “Los españoles no tenemos nada que envidiar a nadie”.

Los siameses de la derecha no es que parezcan periódicos franquistas; es que parecen parodias de periódicos franquistas o, peor, lo que la izquierda piensa que debían de ser. Es difícil estar orgulloso, encantado o simplemente tranquilo de ser de derechas si la derecha es esto.

Lo que ve inmediatamente alguien que no haya logrado la perfecta ataraxia intelectual que es el verdadero objetivo del sistema de enseñanza es que unos y otros parten de idénticos supuestos ideológicos. Examine las páginas de cultura o sociedad –es decir, de las cosas que de verdad pasan– y verán que, en todo lo que no intervenga un ministerio (un segmento, lo admito, reducidísimo en esta España que se mueve por decreto), son indistinguibles de las de El País.

Por resumir: la izquierda cree en cosas disparatadas y la derecha solo cree en el poder.

Nadie, por ejemplo, tiene una visión alternativa de esto que leo en eldiario.es de Nacho Escolar, “Prostitución y violencia de género”, que firma Beatriz Gimeno y cuya entradilla reza: “Considerar que las prostitutas son personas cuyo destino es ser víctimas de la violencia masculina es lo que el machismo ha venido defendiendo desde siempre para mantenerlas en su estatus de opresión”.

Si dijera “el perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado” tendría mayor valor informativo, dónde va a parar. ¿Qué machismo ‘ha venido defendiendo’ eso o, en realidad, cualquier otra cosa? ¿Pueden citarme autor y obra, por favor? ¿Ofrecer un caso de alguien cuyo discurso haya ido en ese sentido?

Recurre Gimeno al insoportable cliché de la invisibilidad de las prostitutas asesinadas. “Si su desaparición se denuncia, es entonces posible que la policía no sienta la misma presión para encontrar al asesino; es también posible que los jueces no sientan la misma presión para imponer una pena ejemplar. Lo más probable es que nadie proteste públicamente por su asesinato, que ningún político salga a concentrarse o a guardar un minuto de silencio por esas víctimas; en todo caso las instituciones guardarán silencio”.

El modo en que la mentira cuaje es mentir con desparpajo e insistencia. ¿Quiere saber qué tipos de delito ejercen nula presión sobre los jueces, no suscitan protestas ni llevan a los políticos a guardar minutos de silencio? Oh, se me ocurren muchos, todos políticamente incorrectos, como el de la mujer que maltrata al hombre o los crímenes pasionales entre homosexuales.

La izquierda puede seguir fingiendo que lucha, incomprendida, contra el poder cultural mientras lleva décadas en los despachos. Tiene la suerte de no contar enfrente a ningún partido que le levante los faroles.

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UGT y CC OO, defensores de sí mismos
Editorial www.gaceta.es 24 Junio 2013

Están deslegitimados por su negativa a someterse a la Ley de Transparencia y por su posición beligerante frente a la reforma laboral

Una cosa es que el Gobierno español inste a la Unión Europea a apostar por políticas de crecimiento, compaginables con la exigencia de austeridad para que remonte la economía, y otra muy distinta que quienes se sumen a ese carro sean los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, ya que carecen de legitimidad de facto. Rajoy se reunirá hoy con Méndez y Toxo en La Moncloa para preparar la Cumbre Europea y, aunque los líderes sindicales juegan a hacerse la foto con el presidente, tratando de emular a Rubalcaba y su Pacto de Estado, poco se puede esperar de quienes exhiben preocupación por el paro juvenil, cuando lo único que les quita el sueño es mantener sus abusivos privilegios.

Si antes de la crisis los dos grandes sindicatos de clase estaban desprestigiados porque no representaban a casi nadie y porque se nutrían del maná público, ahora han perdido su autoridad para defender a los trabajadores. Y eso puede explicar la falta de apoyo social. Se podría decir que están deslegitimados por un doble motivo. En primer lugar, por su negativa a someterse a la Ley de Transparencia, con el peregrino argumento de que el sueldo de sus dirigentes es cuestión estratégica. Pero lo que ellos consideran striptease de las cuentas es, en realidad, una exigencia democrática: saber en qué se gastan el dinero que reciben de las arcas públicas, es decir, de todos los españoles. Ese empecinamiento en la opacidad tiene su explicación. Como ha demostrado LA GACETA, sólo el 20% del dinero de UGT y CC OO procede de las cuotas de los afiliados; el resto, hasta completar casi 900 millones de euros anuales, es detraído por los sindicatos del presupuesto público.

Hay un segundo motivo que deslegitima a las dos principales centrales sindicales que hay en España: su posición beligerante frente a la reforma laboral. Por un lado, se han lanzado a la calle contra ella; pero por otro se sirven de las posibilidades que permite la reforma para hacer expedientes de regulación de empleo entre sus propios trabajadores. No parece muy coherente. En realidad, casi nada de lo que dicen o hacen UGT y CC OO lo parece.

Si Toxo y Méndez están clamando contra la reforma laboral no es por la suerte de los parias de la tierra precisamente, sino por el poder que la reforma les ha quitado a ellos mismos. Suena inevitablemente a farisaica su petición de evaluarla en la reunión de hoy. ¿Evaluar? ¿Para qué? ¿Cuando sugieren eliminar “las partes más dañinas” a qué se refieren? ¿A que ahora se priorizan los convenios de empresas por encima de los sectoriales y eso debilita su influencia? Que lo aclaren.

Mariano Rajoy, Bárcenas y las llaves de la santabárbara
Jesús Cacho www.vozpopuli.com 24 Junio 2013

“A un tigre tienes que matarle o darle cariño; lo que no puedes hacer es andar hostigándolo todo el día y mucho menos dejarlo malherido en plena calle, porque se revuelve y te mata... Eso es lo que ha pasado en mi partido con Bárcenas. La Cospedal no lo tragaba, es que no podía con él, y desde que se instaló en Génova con mando en plaza se lo quiso cepillar. No paró hasta que lo consiguió. Pero, claro, el problema es que un tío que ha sido tesorero de un partido no sé cuántos años, que lo sabe todo, todo de todos, es muy peligroso si se le deja por ahí suelto y cabreado...” Dicen que el tigre de Bárcenas afila estos días sus colmillos dispuesto a saltar sobre su presa. Cuentan que no aguanta más, que está al límite de su resistencia, “que se pega un tiro o que se lía a tiros con todo bicho viviente”, porque la presión que soporta le ha vencido. Está dispuesto a romper la baraja. El estallido emocional se produjo el viernes 14, cuando el juez Pablo Ruz desveló que el ex tesorero del PP ocultaba otros 25 millones de euros en cuentas suizas, cifra que sumada a la ya conocida, de 22 millones, arroja la bonita suma de 47 millones o cerca de 8.000 millones de las antiguas pesetas. ¿Puede una cantidad semejante pertenecer a Luis Bárcenas?

Estamos ante el escándalo capaz de hacer estallar por los aires de una vez por todas la situación de unos partidos enemigos de las más elementales prácticas de democracia interna en su funcionamiento y acostumbrados a financiarse al margen de ley, porque las cuotas de los afiliados, irrisorias, y las cantidades que reciben de los PGE en función de sus resultados electorales son claramente insuficientes para mantener la costosa maquinaria de la que viven miles de familias en todo el país. La bola de nieve ha ido engordando hasta convertirse en un gran escándalo. El caso Bárcenas se agiganta día a día como el tronco del árbol de la corrupción del PP, del que la red Gürtel es apenas una de sus ramas, si bien importante, con sus raíces hundidas en las profundidades de los paraísos bancarios suizos, o tal parece. Una gran empresa sumergida, una maquinaria paralela cuyo presidente, en sus orígenes, fue Álvarez Cascos, cuyo consejero delegado ha sido Bárcenas, y cuyo agente comercial no era otro que Francisco Paco Correa.

Dicen que el tigre de Bárcenas afila estos días sus colmillos dispuesto a saltar sobre su presa
Ahora sabemos que había empresarios de la construcción que ingresaban sus “donaciones” al partido directamente en Suiza. Lo contaba este jueves en Vozpopuli Federico Castaño. A cambio de esas entregas, los paganos recibían el premio correspondiente en forma de concesiones de obra pública. Una práctica común a todos los partidos, particularmente a los dos mayoritarios que han tenido responsabilidades de Gobierno y por tanto acceso al Boletín Oficial del Estado. Una práctica inasumible desde el punto de vista del normal funcionamiento de un Estado moderno y de una economía de libre mercado y competitiva, cuyos nefastos efectos pagan al final los ciudadanos en forma de menos libertad y mayores precios de los bienes y servicios que consumen.

Génova y el Partido Popular han perdido el control de la situación. En el caso Bárcenas, y en tantas cosas, son esa barca que navega a la deriva, esa balsa de piedra que dijo el Nobel, confiada en que la meteorología y las corrientes favorables le acerquen a la costa y le permitan fondear en cala abrigada. Es el desconcierto que suele acompañar a los fines de ciclo, las caídas de imperios, los estertores de Régimen: nadie dirige la orquesta, todo sucede como regido por fuerzas descontroladas que se mueven a su antojo. La calle se agita y ocurren cosas estrambóticas, inexplicables, incluso risibles. Quienes parecían estar al mando se encogen de hombros, doblan la esquina, se esconden. Llegan las desgracias o amanece la calma, y todo ocurre como esa balsa que, sin GPS, siquiera sin sextante, se despierta, tras la noche atormentada, a vista de costa y con la mar en calma. “Bárcenas tiene hoy las llaves de la santabárbara”, asegura un noble pepero con años de mili, “y puede hacer volar por los aires al partido”. Este jueves le toca declarar de nuevo ante el juez Ruz en compañía de su esposa, y algunos temen que el ex tesorero, que ha llegado al límite de su aguante, termine por desfondarse y cantar: que el dinero en cuentas suizas no es suyo, sino del Partido Popular S.A.

Botella: “Por lo menos mi marido ha conseguido mover el barco”
Mariano Rajoy, con esa apatía que parece acompañar la escasa diligencia de un partido que llegó sorprendido al poder, sin ninguno de los deberes hecho, y que tampoco ha sabido mantener aseado su propio patio trasero, ha perdido el control del pañol donde se guardan munición y explosivos, artefactos que ahora un hombre acosado amenaza con hacer explotar. “Por lo menos mi marido ha conseguido mover el barco”, dice Ana Botella de su Josemari. Llamativa muestra de incapacidad para gestionar elemento tan vital para la vida del propio partido y pregunta obvia, casi obligada, que formularía el más lego de los miembros de la congregación patria: ¿Puede un grupo que no sabe llevar su propia casa, que ha demostrado tal ineptitud a la hora de desactivar este escándalo, hacerse cargo de la gestión de un asunto tan difícil y complejo como es el Gobierno de España, un país sometido hoy a los embates de toda clase de crisis?

Ahora sabemos que había empresarios de la construcción que ingresaban sus “donaciones” al partido directamente en Suiza
La misma diligencia viene mostrando el Gobierno en la gestión de otro escándalo, el que afecta a la Familia Real, en general, y a la infanta Cristina, en particular, y su polémica venta, o no, de 13 inmuebles. También aquí el Ejecutivo parece superado por las circunstancias, perplejo, perdido, sin explicación creíble. El ministro Montoro dijo el viernes que mañana lunes, a lo sumo el martes, dará a conocer el resultado de la investigación abierta para saber por qué la Agencia Tributaria (AT) atribuyó a la infanta la venta de trece fincas, un “hecho lamentable” según don Cristóbal. Desde que estalló el escándalo han transcurrido ya más de 8 días... ¿Realmente necesita Hacienda y la AT tanto tiempo para dar una explicación creíble? Silencio, la están peinando.

El informe remitido en su día por la AT al juez del “caso Nòos”, José Castro, aseguraba que la Infanta había vendido en 2005 fincas y tierras de su propiedad en las provincias de Alicante, Ciudad Real y Barcelona, poco después de realizada la compra por 5,8 millones de su palacete en el barrio barcelonés de Pedralbes. El dossier enviado al juez señalaba que la hija del Rey había enajenado 13 pisos, casas y tierras por un valor 1,43 millones. El mismo informe aseguraba que de la información aportada por notarios y registradores no se deducía la existencia de tales operaciones. Alimentado por el desmentido de la Casa Real y las contradicciones de Hacienda, las más variopintas teorías, algunas rozando la conspiranoia, se han podido escuchar estos días por los mentideros patrios.

El hilo de un ovillo que apunta al blanqueo de capitales
Ocurre que la suma de esas 13 operaciones, los citados 1,43 millones, coincide casi exactamente con el presupuesto que en su día la pareja Urdangarin-Borbón recibió para acometer las obras de acondicionamiento y mejora del palacete de Pedralbes, aunque la cifra final terminó siendo muy superior. De acuerdo con la tesis que circula por Barcelona, estaríamos ante una operación de blanqueo de dinero del Instituto Nòos en la cuantía necesaria para poder acometer esas obras. Vozpopuli fue el primero que, el 18 de junio pasado, habló de esa posibilidad. Estaríamos ante el hilo de un enorme ovillo de certificaciones que, simulando ventas ficticias, se habrían estado remitiendo a Hacienda desde notarías y registros por parte de algún oficial venal, ello sin necesidad de escrituras ni de firma de notario, utilizando el DNI de la infanta (se habla también de políticos y personajes de gran notoriedad), en la confianza de que ningún inspector de la AT iba a osar reclamar una paralela a la hija del Rey.

La misma diligencia viene mostrando el Gobierno en la gestión de otro escándalo, el que afecta a la Familia Real
La otra explicación apunta a la elaboración de una trama desde instancias oficiales para desacreditar al juez Castro –y de paso a la AT- con una operación tan torpe como la comentada (la supuesta venta de 13 inmuebles que nunca pertenecieron a la Infanta), de cuyo descubrimiento se seguiría una oleada de piedad colectiva hacia la figura de esa frágil, sufridora mujer que hay en Cristina de Borbón, burdamente agredida por quienes persiguen el descrédito de la Familia Real. Pero, ¿realmente es posible imaginar a alguien en este Gobierno o a cualquiera de sus instancias, siquiera el CNI, con capacidad bastante para maquinar una operación semejante, con algo de inteligencia detrás? La teoría se ha venido retroalimentando de la penosa petición de “disculpas” a la Familia Real formulada primero por Montoro y finalmente por el propio presidente Mariano Rajoy, disculpas que lesionan la dignidad de cualquier demócrata y ofenden la inteligencia del español medio.

Decir a estas alturas que el Gobierno de la nación está decidido a tapar este escándalo como sea no es ningún secreto. A cambio de un cómodo tránsito por los juzgados y de la desimputación de su mujer, Diego Torres se comerá el marrón del affaire Nòos como “autor intelectual” del escándalo, con el pobre Urdangarin convertido en un espantajo “orientado hacia la vertiente institucional y comercial” (sic). ¿La infanta? Una santa. Con esta crudeza lo sugiere ya el informe filtrado el viernes por Hacienda. Ruedas de molino. Si la AT, Hacienda, el Gobierno y la Familia Real quieren que les compremos esa mercancía, basta con que saquen a la luz las declaraciones de la renta y patrimonio de la Infanta de los últimos 10 años. Más fácil, imposible.

Andalucía
Perplejidad de un porquero
Pedro de Tena Libertad Digital 24 Junio 2013

No es que uno haya nacido ayer ni que sea más tonto que Pepeleches. Aun aceptando que sigo invadido por un incierto nivel de ingenuidad, hay veces que necesito un Maimónides de la democracia que me guíe en mi descarriamiento. Puedo comprender con Azorín que los políticos practiquen la virtud de la eubolia, que consiste "en ser discreto de lengua, en ser cauto, en ser reservado, en no decir sino lo que conviene decir". Ya me sé el cuento del dueño de los silencios y el esclavo de las palabras. Pero ni siquiera a mi edad puedo comprender los silencios vergonzantes cuando se dicen las verdades del barquero, que, como saben, son verdades, las diga Agamenón o su porquero. Pero he ahí la perplejidad. No es cierto que el porquero tenga la resonancia de Agamenón, aunque su verdad sea irrefutable, maciza, redonda y desnuda. Así que, por una vez, permítanme ser lenguaraz, imprudente e incluso impertinente. En este país, todo el mundo habla con ligereza de los demás, pero nunca de sí mismo. Ya decía Borges que encontrarse consigo mismo es ominoso. Por ejemplo, los periodistas siempre hablamos o escribimos de otros, casi nunca de nosotros mismos. Hoy va a ser la excepción.

Resulta que, como saben, desde hace más de una semana este minero de las noticias (que es bien diferente al ingeniero de las redacciones o al pregonero de las tertulias) ha estado escarbando en los papeles de UGT Andalucía y ha publicado en este humilde medio sus resultados, algunos de ellos no sólo escandalosos sino, según las fuentes judiciales consultadas, más que presuntamente delictivos. Es evidente que trazar un plan para organizar la parafernalia de un congreso simulando sus gastos como si fueran memorias USB destinadas a la formación profesional con el fin de que el coste final fuese asignado a una subvención pública es algo más que una mala arte o un enjuague casual. Pero es que no se presentó un solo caso sino tres. Pues bien. ¿Creen ustedes que alguna agencia de información o medio relevante de prensa, radio o tv (con alguna excepción de impacto minoritario) se ha hecho eco de las fechorías? No. ¿Por qué? No me referiré ahora al miedo que en este país se tiene a los sindicatos, correas de transmisión, a veces de conducción, de la izquierda política. Ni siquiera me referiré a la justicia, aunque ningún juez o fiscal haya encontrado indicios para actuar motu proprio en este entuerto. Me referiré a la industria de la comunicación

Veamos. Los de Vocento no se hacen eco porque la noticia no es suya y porque además su proximidad con la COPE les impide hablar de Libertad Digital y esRadio, bestias negras. Los de la COPE odian a Federico y a César y lo que representan. En Onda Cero, ya se sabe, están a todas y con todos en el planeta. De la SER, ni hablamos. A El Mundo no le gusta un servidor, aunque fui su delegado en Andalucía durante los seis primeros años del periódico y les di no pocas primeras páginas. A El País, vamos anda. La Razón, léase lo de Onda Cero. A Canal Sur radio y televisión, ja, ja, ja. A las agencias de información se les habrá pasado. Etcétera. Esto es, unos por unas cosas y otros por otras, el resultado final es que se silencia una verdad como una casa. Seguramente el momento es políticamente incorrecto. Esto va de pactos. Hubiera sido mejor –dicen algunos– no sacar la información y negociar con ella. Ah, ¿no saben que eso se hace? Menos mal que los tontos somos legión y que, a pesar de todo, la democracia es posible.

Pero, señoras y señores, eso de Agamenón y la verdad es una trola como un piano de cola. La verdad, si la cuenta Agamenón, es mucho más verdad que si la cuenta su porquero. Palabra de plumilla minero, esto es, palabra de porquero.

El soufflé independentista
josé garcía domínguez ABC Cataluña 24 Junio 2013

En el fondo – y en la forma – el nacionalismo no es mucho más que un modo de racionalizar el espíritu gregario. De ahí que el genuino hecho diferencial de la Cataluña contemporánea lo represente el afán por no resultar diferente. Un cuarto de siglo de catequesis identitaria ha tenido por orwelliano resultado que, aquí, todo el mundo ansíe ser como todo el mundo. Lo que explica fenómenos tan inexplicables como la súbita conversión al independentismo de la mitad del censo local. De la noche al día, el secesionismo ha pasado de desvarío instalado en la más estricta marginalidad a supremo canon de la corrección política. En apenas el intervalo de un suspiro, dejaría de constituir risible extravío propio mentes iluminadas para devenir todo lo contrario, esto es, suprema prueba de cordura cívica y sensatez institucional.

Un avatar errático que debería invitar a la esperanza a los pocos que aún mantienen la cabeza encima de los hombros. Porque un soufflé, y el sarampión soberanista no es cosa distinta, con idéntica rapidez se infla y se desinfla. Repárese, por lo demás, en cuán profundos resultan ser los cimientos intelectuales de ese cuento de hadas. Pues, según la encuesta última del CEO, la mayoría que se dice partidaria de romper España vía referéndum convive en plácida armonía con la mayoría deseosa de continuar en ella, ya fuese bajo la forma de un Estado federal o autonómico. Huelga decir que unos y otros son los mismos. No únicamente les sucede a los niños, la opinión pública tampoco destaca por dotar de una mínima coherencia lógica a sus caprichos. Rásquese un poco bajo la superficie sentimental sobre la que se asienta la presunta convicción independentista y emergerá la misma realidad que cuando el Estatut. A la hora de la verdad, aquel fervor unánime en pos de su perentoria reforma se tradujo en nada llegado el instante de las urnas. No fue a votar, ¡ay!, ni el gato. Cataluña, la patria del soufflé.

El Imperio de la Administración

Juan. J. Gutiérrez Alonso www.vozpopuli.com 24 Junio 2013

«Vivimos dentro y según la Administración. Ella nos convierte en lo que somos: ciudadanos y empleados, doctores, cónyuges, personas que poseen cosas. La Administración es espada, escudo y amenaza: insistimos en nuestro salario, nos negamos a pagar la renta, nos vemos forzados a pagar multas o se nos encierra en la cárcel, en nombre de lo que nuestro etéreo y abstracto soberano, la Administración, ha decretado. Y discutimos sobre lo que ha decretado, a pesar de que los libros donde supuestamente están registradas sus órdenes y directivas son silenciosos; actuamos entonces como si la Administración hubiera murmurado su sentencia, en voz demasiado baja como para ser escuchada con claridad. Somos súbditos del imperio de la Administración, vasallos de sus métodos e ideales, amarrados de espíritu mientras debatimos qué debemos hacer».

El párrafo precedente se corresponde con la traducción del inicio del prefacio de la obra «El Imperio de la Justicia» (Gedisa, 1992), de Ronald Dworkin. Pero, donde el insigne pensador norteamericano escribió «ley», yo me he permitido escribir «Administración». El cambio podrá considerarse un atrevimiento, alguien lo criticará y no faltarán tampoco quienes me acusen de confundir o forzar los términos y sentido de la reflexión dworkiniana. Soy consciente de ello. He seguido la obra de Dworkin desde que comencé a estudiar Derecho hasta que nos abandonó el pasado 14 de febrero, pero el título y presentación de su trabajo me parece oportuno y útil para exponer brevemente una realidad: la progresiva confusión entre «ley» y «Administración». Una confusión que, como tantas otras cosas, no es en absoluto una novedad y además discurre paralelamente a otros fenómenos, más o menos relacionados, que vienen a perturbar o distorsionar el sistema representativo en toda su extensión. Es cierto, no obstante, que su intensidad no ha parado de crecer en los últimos años. Hasta tal punto, que se puede sostener que ambos términos, «ley» y «Administración», son ya igual o más intercambiables incluso que en tiempos en los que se presuponía o no se dudaba que lo eran.

Mito y realidad de la Administración contemporánea
El fenómeno apuntado, creo que se explica como consecuencia de una serie de factores o realidades de carácter socio-político que, larvados durante décadas - tal vez varios siglos -, hoy asoman con nitidez a causa de la gran recesión que padecemos, siendo cada vez más identificables y reconocidos por los propios ciudadanos. Y para realizar un adecuado análisis de esta cuestión, creo inevitable remontarse a los años previos y posteriores a la última década del siglo XVIII. Entre otras referencias destacables, Turgot, Taine y, sobre todo, Alexis de Tocqueville, son de obligada lectura para entender mínimamente los sucesos, también para contextualizar adecuadamente las instituciones y comprender su evolución posterior hasta nuestros días. En sus obras y biografías ya hemos advertido en otras ocasiones que encontramos importantes claves interpretativas que se proyectan hasta hoy de modo más o menos inalterado.

En este sentido, tal vez fue Tocqueville quien más preocupación mostró sobre el hecho de que la Administración pública tiende a configurarse en todo caso como poderosa estructura. Una estructura que ayuda, permite, impide, promete y puede dar mucho, muchísimo. Porque como también hemos comentado ya en varias ocasiones, desde ella se influye de mil maneras en la marcha general de los asuntos y también en la suerte de las familias, así como en la vida privada y profesional de cada persona. Unas veces mediantes actos administrativos, otras mediante normas de diferente nivel o rango, otras simplemente mediante la no actuación. Como en antaño, la Administración hoy no solamente mantiene ese esquema, sino que ha ido mucho más allá de lo que algunos imaginaban. Así, la crítica tradicional a la corrupción propia del centralismo, que promovió toda una serie de ideas-fuerza respecto de su transformación, parece hoy una broma si tenemos en cuenta la corrupción desbocada e incontrolable que hemos conocido con la descentralización político-administrativa anudada también al incremento notabilísimo de los títulos de intervención administrativa.

Consecuentemente, en los términos empleados por Dworkin, la Administración ha sido y sigue siendo: espada, escudo y amenaza; según se trate y según de quién se trate. Es decir, la Administración llega a ser, en primera y última instancia, «ley». Porque desde sus entrañas se condicionan las normas y su desarrollo, también su interpretación, con la influencia de otros círculos o de modo aislado, a beneficio de los propios integrantes de la Administración o de quienes desde ella así se decida, en contextos de abundancia y también en circunstancias de penuria. En el nivel central, el regional el local o cualquier otro que se inventen. Porque, como advertía también el sabio aristócrata francés, basta estar ligado a la cosa pública por un hilo para no tener nada que temer de nadie que no sea ella misma. Y yo añadiría que también basta estar conectado por ese hilo para ser el último que tenga algo que temer. En estos tiempos no es un detalle menor.

Reformas desde la Administración, por la Administración y para la Administración
Así es como la Administración acaba configurando su propio «imperio». Un imperio que nos ha llevado a una situación de extraordinaria presencia administrativa en nuestras vidas. Seguramente la mayor jamás conocida a pesar de los esfuerzos para convencer a la gente de lo contrario. Porque nunca antes los ciudadanos hemos estado sometidos a mayor regulación, nunca antes hemos estado expuestos a más supervisión administrativa, nunca antes hemos estado tan fiscalizados tributariamente y nunca antes los poderes públicos -y quienes en ellos se encuentran- han dispuesto de semejante número de títulos de intervención como en nuestro tiempo para no solamente condicionar o dirigir nuestro albedrío, sino también para justificar sus propias estructuras.

Sin embargo, y a pesar de la creciente conciencia social sobre el problema de la Administración en nuestras vidas, estos días algunos pretenden hacernos creer que semejante despliegue administrativo poco o nada tiene que ver con el empobrecimiento colectivo que hoy padecemos y que el cierre de unos centenares de empresas públicas, la implantación de la factura electrónica, el impulso de sistemas de ventanilla única en algunos municipios y enérgicos alegatos en favor de la siempre misteriosa cooperación y coordinación administrativa, además de representar un trabajo titánico, inédito en la historia de las Administraciones públicas, supone un encomiable movimiento transformador en materia de Administración pública.

El trabajo y líneas generales propuestas, qué casualidad, ha sido impulsado y realizado desde casa y para casa, una propuesta de reforma de la Administración, desde la Administración y para la Administración, y que por encima de cualquier otra consideración y/o expectativa respecto de su éxito o fracaso, en las actuales circunstancias que padecemos, no viene sino a confirmar el triunfo total, absoluto e incontestable de la Administración. Un triunfo que se cimenta, tal vez, sobre la convicción de que, a pesar de todo, a la Administración le seguiremos pidiendo, de ella seguiremos esperando y a ella seguiremos aspirando. Una Administración, en conclusión, configurada y entendida como fin y no como un medio.

UPyD consigue comprometer al Gobierno Vasco en la libertad lingüística y que el castellano pueda seguir siendo lengua vehicular
UPyD 24 Junio 2013

Gorka Maneiro ha defendido hoy una propuesta para garantizar la libertad de elección lingüística y el mantenimiento del castellano como lengua vehicular en la enseñanza vasca.

El objetivo de la enmienda, que ha conseguido acordarse con el PP, PNV y el PSE, es garantizar la libertad de elección lingüística, algo que no se ha hecho hasta ahora, “ha habido presiones y `recomendaciones´ para que los padres matriculen a sus hijos en un determinado modelo” ha dicho Gorka Maneiro en el pleno.

UPyD quiere que se pueda elegir libremente el modelo lingüístico a la hora de matricularse en la enseñanza vasca. “No tenemos problemas en que se mejore el sistema de modelos, pero sin que esto suponga desvirtuar el modelo A o en convertirlo en algo distinto” ha asegurado Maneiro.

UPyD insistirá siempre en que el castellano pueda seguir siendo lengua vehicular en la enseñanza, porque no es lo mismo aprender castellano que aprender en castellano y porque es un derecho constitucional y un derecho básico que tiene que mantenerse en el futuro.

Iniciativa de UPyD aprobada que consigue comprometer al Gobierno Vasco en la libertad lingüística y que el castellano pueda seguir siendo lengua vehicular.


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En manos de las autonomías
Enrique Arias Vega www.elsemanaldigital.com 24 Junio 2013

Diga lo que diga Soraya Sáenz de Santamaría, ni se va a adelgazar nuestra Administración, ni se van a ahorrar 37.000 millones y ni siquiera las Comunidades Autónomas del PP le van a hacer caso al Gobierno.

Los políticos nacionalistas ya lo han manifestado alto y claro, como el catalán Andreu Mas-Colell: "La Generalitat no va a devolver jamás ninguna competencia al Estado". Toma ya. Pero es que los no nacionalistas tampoco están por la labor. Por ejemplo, José Císcar, segundo hombre del PP en la Comunidad Valenciana y portavoz de ese Gobierno regional, ya ha advertido que ellos no suprimirán ni su propio tribunal de cuentas, ni su defensor del pueblo, ni muchos otros organismos autonómicos.

Su argumento es bien simple: las competencias del Estatuto de Autonomía Valenciano no puede modificarlas el Gobierno, ya que para reformar el texto legal hace falta una doble mayoría cualificada, tanto en las Cortes valencianas como en las de Madrid.

Tenemos, por consiguiente, en España un Estado autonómico blindado, con atribuciones regionales a cuál más pintoresca y con una producción legislativa de 3.000 normas estatales al año —que no son moco de pavo— frente al aluvión de 10.000 más de las Comunidades Autónomas. O sea, que diga lo que diga el Estado cualquier cacique regional, aunque sea del mismo partido que el del Gobierno central, se lo puede saltar a la torera.

Así que tanto da el que Rajoy y Pérez Rubalcaba se echen los trastos a la cabeza o lleguen a firmar acuerdos sobre los temas más inimaginables. Mientras no logren embridar los particularismos regionales y las veleidades más o menos secesionistas, seguirá habiendo una proliferación abstrusa de normas, duplicidades a gogó, organismos autónomos perfectamente prescindibles y gastos crecientes a mayor gloria de los respectivos caudillos autonómicos, sean del partido que fueren.

Ya ven si son ingenuos —o hipócritas— Sáenz de Santamaría y sus congéneres cuando hacen tan melodramáticas e incumplibles profecías sobre reformas políticas. Allá ellos.

Honestidad intelectual
JOSEBA ARREGI. EL CORREO  24 Junio 2013

A las víctimas hay que equipararlas en lo que se puede, y hay que discriminar entre ellas en lo que se debe.

El debate político vasco está tan contaminado por la historia de terror de ETA que gran parte de los esfuerzos están dirigidos a encontrar un método de pensar que tenga la virtud de ser lo suficientemente neutral en sí mismo para que nadie pueda negar lo que se dice sobre su base. Las referencias al suelo ético, a la convivencia, a la reconciliación son parte de ese método de neutralización del pensamiento. Todos sabemos, sin embargo, que no hay método que produzca la neutralidad que permita eludir la responsabilidad que exige afrontar la historia reciente de Euskadi.

Debiera ser suficiente apelar a la democracia como Estado de derecho para no necesitar de suelos éticos, pues el Estado de derecho es la sumisión del poder del pueblo, del Gobierno, del Parlamento, al imperio de los derechos fundamentales. Y debiera ser suficiente reclamar en el debate público honestidad intelectual para no enmarañarnos en el supuesto significado misterioso de palabras biensonantes pero muy manipulables. Y eso es lo que falla sobremanera en el debate político vasco: la honestidad intelectual.

El reciente informe encargado por el Gobierno vasco a un panel de personalidades independientes –independientes de qué, se podría preguntar– ha sido presentado como una pieza fundamental para la consolidación de la paz, otra palabra que necesitaría un análisis tranquilo y sosegado. Es un informe que recoge, se dice, todas las violencias –muertes, torturas, asesinatos– producidos desde comienzos de los años sesenta. Un informe neutral, basado en los simples números, por lo tanto verdad objetiva, un informe que ni equipara, ni discrimina, que va a ser difícil de aceptar por algunos, se dice –¿por quién?–, un informe que recoge todas las violencias, un informe para los tuertos –¿y si los tuertos ven más que los ciegos, como dice el refrán?– que no quieren ver más que unas violencias y no otras.

Primero: los números no hablan por sí mismos, sino que dependen del contexto. Dos y dos son cuatro, es verdad, pero no dice nada mientras no sepamos qué incluyen. Una de las mejores maneras de mentir es con números. Los números no cantan, se les hace cantar.

Dos: no hace falta ser un seguidor ciego de Foucault para aceptar que las divisiones de la historia, la periodificación de la historia, implican poder. No hay periodificación neutral. No es lo mismo comenzar una narrativa histórica en un momento determinado o en otro. No es lo mismo comenzar la memoria que queramos escribir los vascos en la guerra civil, que también fue una guerra civil entre vascos, o con el nacimiento de ETA, o con el comienzo del uso continuado del terror por parte de ETA, o subrayando que la transición a la democracia es un elemento a tener en cuenta para entender y valorar la continuación de la historia de terror de ETA. Incluir todo en una lista no despeja todas esas incógnitas, sino que esconde las presunciones que la avalan.

Tercero: el lehendakari Urkullu subrayaba la objetividad de la verdad del informe, diciendo que el mismo no cae ni en equiparaciones ni en discriminaciones. Es comprensible que hable en estos términos, pues las víctimas de ETA no aceptan equiparar a los asesinados por esta organización con las víctimas del GAL y otros, y la izquierda nacionalista radical no acepta discriminar entre las víctimas asesinadas. Pero: no hay conocimiento, y por lo tanto no puede haber verdad, si no se dan ambas cosas, la equiparación y la discriminación. No hay conocimiento si no es de lo general, pero no hay verdad sino es de lo concreto. El conocimiento verdadero se mueve entre la necesaria generalización y la no menos necesaria referencia a lo concreto. De ahí el sueño de la filosofía de hallar el universal concreto, fuente de planteamientos totalitarios. Urkullu cae en el extremo opuesto: ni equiparación ni discriminación. Luego ni conocimiento, ni verdad. A las víctimas hay que equipararlas en lo que se puede, y hay que discriminar entre ellas en lo que se debe. Sólo así se abre la puerta a la responsabilidad de cada uno, la de responder cuál es el elemento fundamental conformador de la historia de la sociedad vasca desde el nacimiento de ETA. Y para responder a esta pregunta hay que equiparar y discriminar.

Cuarto: el ejemplo de Alemania y de Chequia. Ningún historiador pone en duda que en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial se produjo una expulsión masiva de alemanes de territorios en los que habían habitado desde siglos antes. Los muertos en ese viaje trágico pueden rondar entre cuatro y cinco millones. Son víctimas y en cuanto tales pueden ser sumadas al resto de víctimas del nazismo y de la guerra. Pero a nadie se le ocurriría ubicarlas, ni historiográficamente, ni en museos, ni en la memoria, junto con las víctimas del Holocausto.

Lo mismo en Chequia, de donde fueron expulsado cientos de miles o algún millón de alemanes, siendo nacionalizadas sus propiedades por los decretos Benes que siguen en vigor. Hubo muertos y asesinados. Sólo desde hace algunos pocos años comienzan los checos a reconocer su responsabilidad. Pero ni en el caso de Alemania ni en el de Chequia duda nadie que la historia de terror es responsabilidad primaria de los nazis. A partir de esa asunción se podrá hablar de otras responsabilidades. Pero sin confundirlas.

Escribe Tony Judt que hace siglos el ingreso en Europa se producía a través del bautismo, pero que después de la Segunda Guerra Mundial la puerta de ingreso es el reconocimiento del Holocausto. Esa es la pregunta que tienen que responder la sociedad vasca y cada uno de los ciudadanos vascos: ¿la entrada a la historia de Euskadi de las últimas décadas por dónde pasa: por recordar hechos lejanos en los que la sociedad participó dividida, o por la historia de terror de ETA?

Los defensores del pueblo regionales, un chorreo millonario
Guía (sonrojante) del despilfarro de las Comunidades Autónomas
Debate sobre la continuidad de todo tipo de organismos autonómicos innecesarios
Europa Press, Periodista Digital 24 Junio 2013

Los diez ejemplos más sonrojantes del despilfarro público en España

Todas las comunidades autónomas menos Cantabria mantienen en la actualidad consejos consultivos propios y hasta diez cuentan con la figura del defensor del pueblo autonómico, dos de las instituciones que el Gobierno recomienda suprimir en su informe sobre la reforma de las administraciones públicas como media de ahorro, teniendo en cuenta que ya existen estos organismos a nivel nacional.

El viernes 21 junio 2013, coincidiendo con la aprobación del informe en el Consejo de Ministros, el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias acordó suprimir su defensor del pueblo, conocido allí como Procuradoría, lo que supondrá, según el PP, un ahorro de 2,5 millones de euros.

Sus funciones serán asumidas por la Comisión de Peticiones del Parlamento regional. La conveniencia de eliminar este tipo de organismos para ahorrar, evitar duplicidades y "ganar en eficiencia" ya fue planteada por el Ejecutivo el pasado año cuando las comunidades autónomas fueron llamadas a llevar a cabo sus planes de ajuste para cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

A raíz del aviso del Gobierno, algunas regiones ya optaron entonces por acogerse a la recomendación. Fue el caso de Castilla-La Mancha y Murcia, las cuales decidieron prescindir de sus respectivos defensores del pueblo el pasado año junto a otras instituciones autonómicas y ahorrar así en sus presupuestos casi cuatro millones de euros anuales.

Además de Asturias y de estas dos regiones, Cantabria, Baleares, la Comunidad de Madrid y Extremadura tampoco cuentan con esta institución. Por su parte, la oficina del defensor del pueblo de La Rioja se encuentra ahora mismo vacante después de la dimisión de su última titular y hay un debate en la región sobre la continuidad o no del órgano.

Ahora, los partidos están negociando alguna fórmula que permita a la institución seguir trabajando, pero con un presupuesto mucho menor y la posibilidad de que su titular compatibilice el cargo con otro puesto o lo ocupe alguna personalidad relevante de la comunidad.

En total, las comunidades que sí cuentan con sus propios defensores de los ciudadanos ante las instituciones gastan en ellos más de 25 millones de euros anuales. En concreto, el que está dotado con un mayor presupuesto es el Síndic de Greuges catalán, que asciende a casi siete millones de euros.

Por detrás se sitúan el defensor del pueblo andaluz, con algo más de cinco millones en 2013; el Ararteko vasco, con 4,7 millones de euros (cifra del presupuesto del 2012); el Síndic valenciano, con una dotación de 3,3 millones; o el Justicia de Aragón, con 2 millones de euros.

Todas las comunidades han rebajado la partida destinada a este fin en los presupuestos de los últimos años. Es el caso por ejemplo de Galicia, donde el proyecto de la Xunta para 2013 contempla un descenso del 11,70 por ciento, o el de Navarra, que ha cuantificado la rebaja en el 5 por ciento.

Sin embargo, el descenso más llamativo en esta partida es el que contemplan los presupuestos de Canarias para este ejercicio, en los que la dotación para su defensor del pueblo --conocido como Diputado del Común-- es un 81,74 por ciento inferior a la del pasado año y se queda en 535.038 euros.

También Canarias ha rebajado más de un 80 por ciento la partida destinada al consejo consultivo autonómico, un órgano que poseen todas las comunidades autónomas menos Cantabria y que reproduce en las regiones las funciones del Consejo de Estado de control de la constitucionalidad y adecuación a la legislación vigente de las nuevas leyes.

Sumadas las partidas que incluyen los presupuestos, las comunidades destinan más de 26 millones de euros anuales a sus consejos consultivos autonómicos. El de la Comunidad de Madrid recibe en los presupuestos de este año 4,3 millones de euros; 3,3 el de Andalucía; o algo más de tres millones el catalán.

Mientras, los de otras regiones funcionan con una dotación mucho menor, como es el caso de los consejos de Aragón (300.000 euros), La Rioja (359.000) o Navarra (470.000). Estos consejos consultivos están al servicio de las administraciones públicas de la comunidad autónoma y tienen como fin último velar por la legalidad de los actos y disposiciones administraciones, para lo que actuarán a instancia de las autoridades autonómicas o de las entidades locales. Todos ellos gozan de independencia en el ejercicio de su función y plena independencia respecto a cualquier otro órgano de la administración.

Normalmente, sus consejeros se reparten entre nombrados por el presidente autonómico, por el Gobierno regional o por el Parlamento. Además, en algunos casos forman parte de ellos los expresidentes de la comunidad. Por ejemplo, este es el caso del Consello Consultivo de Galicia, del que forma parte como conselleiro nato Emilio Pérez Touriño, Xerardo Fernández Albor y Fernando González Laxe.

Algunos de los consejos consultivos autonómicos tienen sus sedes en edificios históricos localizados en la comunidad. Es el caso del de Castilla y León, ubicado en un edificio emblemático situado a escasos metros de la Catedral de Zamora o el de Asturias, situado en la denominada Casa Nava, un edificio levantado durante el último tercio del siglo XVII en el barrio histórico gijonés de Cimadevilla.

El debate sobre la continuidad de este tipo de organismos autonómicos, abierto desde hace meses, ha vuelto a cobrar relevancia en el seno de las comunidades autónomas a raíz de la presentación por parte del Gobierno del informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que incluye 217 medidas, 120 de ellas relativas a duplicidades entre administraciones.

No obstante, son muchas las voces --procedentes de todas las formaciones políticas-- que defienden su necesidad para garantizar la limpieza de las actuaciones de las administraciones y la protección de los ciudadanos frente a las decisiones de las instituciones, o por su tradición histórica, como el Justicia de Aragón.

El propio Gobierno es consciente de que para algunas CC.AA., instituciones como el defensor del pueblo tienen un "valor político mayor", como es el caso de Cataluña, según fuentes del Ejecutivo.

Por ello, subrayan que serán las comunidades las que deberán decidir si quieren aplicar o no las sugerencias y recomendaciones que recoge el informe. Lo que sí han hecho todas las autonomías es rebajarles la dotación que reciben a través de sus presupuestos autonómicos.

Informe de Convivencia Cívica Catalana
Las trampas de la Generalitat con las evaluaciones lingüísticas en Cataluña
Las pruebas de castellano son notablemente más fáciles que las de catalán
www.lavozlibre.com 24 Junio 2013

Barcelona.- El pasado viernes 14 de junio la consejera de Educación del gobierno catalán, Irene Rigau, presentó en rueda de prensa los resultados de las pruebas de competencias básicas de los alumnos de Cataluña. Rigau enfatizó que la nota de castellano estaba por encima de la de catalán, lo que, según ella, demuestra su buen aprendizaje bajo la inmersión lingüística. Pero, ¿cómo eran las pruebas? ¿Tenían la misma dificultad los exámenes de ambas lenguas?

La plataforma lingüística Convivencia Cívica Catalana ha analizado las pruebas de competencias básicas en Cataluña de este año 2013 y constata que las pruebas de evaluación de castellano han sido notablemente más sencillas y fáciles que las de catalán. La entidad considera que el objetivo del gobierno catalán ha sido elevar artificiosamente las puntuaciones de lengua española de los alumnos de Cataluña con una clara finalidad política.

Convivencia Cívica Catalana constata, de nuevo, la técnica del gobierno catalán de utilizar un doble rasero para evaluar los conocimientos lingüísticos de los alumnos en Cataluña.

Las pruebas de castellano se diseñan expresamente para ser fáciles con el objetivo de que las puntuaciones salgan artificialmente elevadas y poder afirmar de forma engañosa que con las únicas dos horas a la semana de enseñanza de español de la inmersión se aprende suficientemente esta lengua.

Por el contrario, las pruebas de catalán se diseñan expresamente para ser difíciles con el objetivo de que las puntuaciones salgan artificialmente bajas y poder afirmar que es necesario profundizar en el aprendizaje del catalán porque los alumnos no lo aprenden suficientemente y seguir aplicando la inmersión y la enseñanza solamente en catalán.

Los mismos alumnos corroboraron la diferencia de nivel de las pruebas. El porcentaje de alumnos que consideraron “muy fácil” la prueba de catalán fue del 8.5%, y los que consideraron “muy fácil” la de lengua española subió hasta el 14.4%.

El análisis efectuado de las pruebas de competencias básicas concluye que los exámenes de catalán tenían textos más largos, un vocabulario notablemente más complejo y las preguntas efectuadas a los alumnos eran de mayor dificultad que en las pruebas de castellano. En concreto:

1.- Los textos a analizar por los alumnos eran más largos en catalán que en castellano, lo cual constituye una desventaja para la comprensión y memorización de datos por parte del alumno.

2.- El vocabulario utilizado en los textos en catalán era notablemente más dificultoso que el utilizado en las pruebas de castellano. Se utilizaban palabras y expresiones tres veces menos frecuentes para evaluar el nivel de catalán de los alumnos que el de castellano. A título de ejemplo, niños de 11 ó 12 años debían entender en la prueba de catalán palabras tan inusuales como “metxera”, “muixer”, “samoiede”, “bagant”, “malamut” o “eixordadora”.

3.- En la prueba de catalán se planteaban a los alumnos menos preguntas de tipo literal, es decir, de resolución inmediata a partir de la sola lectura del texto, que en la de castellano. En los exámenes de catalán son más frecuentes las preguntas de modo inferencial, de tal manera que en ellas el alumno debe realizar un esfuerzo adicional por obtener información o establecer conclusiones que no están expuestas de manera explícita.

EDUCACIÓN | Acuerdo sobre una futura educación 'trilingüe'
El Parlamento preserva mantener el castellano en las aulas como lengua vehicular
Sólo EH Bildu ha votado en contra de este acuerdo educativoapuesta por introducir el ingles en convivencia con el castellamo y euskera
Leyre Iglesias | Bilbao El Mundo 24 Junio 2013

El Parlamento Vasco ha alcanzado esta tarde un acuerdo educativo que, si bien no es revolucionario, marca los ejes por los que, según todos los partidos salvo, EH Bildu, debe transitar la escuela vasca en los próximos años.

La iniciativa partía de UPyD pero se ha transformado en una enmienda que recoge una doble petición al Gobierno vasco: que garantice la libertad de elección lingüística de las familias, conjugándola con el derecho de todos los estudiantes a lograr un conocimiento "práctico" de las dos lenguas oficiales al acabar la Secundaria, y que, mientras el euskera y el castellano sigan siendo vehiculares, se introduzca también un tercer idioma, el inglés.

Gorka Maneiro (UPyD) ha liderado esta propuesta debido a sus "sospechas" en torno a las pretensiones del Departamento de Educación, en manos de Cristina Uriarte, al anunciar un refuerzo del euskera en el modelo A (principalmente en castellano) que pueda acabar "desvirtuándolo". Maneiro ha anunciado que seguirá vigilante en esta cuestión porque es "un derecho constitucional" que los niños puedan aprender en castellano, que no es lo mismo que aprender castellano, ha puntualizado.

Iñaki Oyarzábal (PP) ha pedido abordar el futuro del sistema educativo vasco sin enrocarse en "planteamientos de los años 80", y ha abogado por "hacer más atractivo el modelo A", reforzando el euskera si hace falta, al igual que el castellano en el modelo D público (de inmersión) en aquellos lugares donde sea preciso, como, ha asegurado, ya están haciendo varias "ikastolas concertadas de Gipuzkoa y Bizkaia".

Además, ha abogado firmemente por un sistema trilingüe que permita generalizar el inglés como lengua de aprendizaje (vehicular) cuando el profesorado vasco esté capacitado para ello.

Isabel Celaá (PSE-EE) ha aplaudido el "modelo de éxito" que ha sido la escuela vasca para la recuperación del euskera en los últimos treinta años, pero ha subrayado que en la educación obligatoria los tres modelos lingüísticos existentes (A, B -bilingüe- y D) "ya están totalmente superados" en el día a día de los centros, porque "afortunadamente los modelos son flexibles" y los profesionales de la enseñanza los han sabido adecuar a cada entorno.

Por eso, la ex consejera de Educación ha calificado este acuerdo como "un aperitivo para empezar a hablar de cosas más serias en la enseñanza obligatoria", en referencia a una posible superación de los modelos. Celaá fue en la legislatura anterior la valedora del Marco de Educación Trilingüe (MET) que se ensaya en un centenar de colegios y que el Gobierno actual, en manos del PNV, no ha echado por tierra (quiere analizar su evaluación).

Choque PNV-EH Bildu
Belén Arrondo (EH BIldu) ha considerado que este acuerdo "no va a servir para nada" porque supone "apoyar un sistema que no funciona".

Ha insistido en que el modelo A no sólo no garantiza que sus alumnos sean "euskaldunes", sino que se ha convertido en un modelo de guetos para inmigrantes y alumnos de nivel socioeconómico bajo.

Arrondo ha considerado además "totalmente incomprensible que un Gobierno nacionalista" tome como punto de partida la revisión de los modelos y no la puesta en marcha de un sistema diferente. La apuesta de la coalición abertzale: un sistema orientado a la consecución de alumnos "euskaldunes plurilingües", a través de un "modelo flexible de inmersión que tenga en cuenta la realidad local".

Jone Berriozabal (PNV) ha defendido, en contra del criterio de UPyD y PP, que en Euskadi sí se ha garantizado siempre de forma efectiva la libertad de elección de los padres, pero ha subrayado, en coincidencia con la consejera Uriarte, que mantener tal cual el modelo A es "cerrar opciones" y vulnerar la igualdad de oportunidades de sus estudiantes, pues esta línea no garantiza un conocimiento suficiente del euskera.

Además, ha afeado a EH Bildu que critique al PNV cuando la coalición no ha presentado en este debate ni en otras ocasiones "nada por escrito" sobre lo que poder discutir. "Se ha pasado su turno defendiendo algo que no se sabe muy bien lo que es. Dicen los síntomas del enfermo pero no proponen ninguna medicina", le ha dicho a Arrondo. Y le ha preguntado si su modelo único sería igualmente aplicable en "Laguardia, Balmaseda o Sopuerta". "Tráiganoslo y debatiremos sobre ello", ha concluido

Las lenguas en la escuela : Bilingüismo vs Inmersión – Inmersión vs. Bilingüismo. La ley Wert”
UPyD Cataluña 24 Junio 2013

Conferencia
Participan:
- Mercè Vilarrubias. Catedrática de Inglés en la Escuela Oficial de Idiomas y autora del libro “Sumar y no restar. Razones para introducir una educación bilingüe en Cataluña”
- Enric Larreula. Escritor y profesor universitario de Didáctica de la lengua en la Universitat Autònoma de Barcelona.

Martes, 25 de junio de 2013, 19 horas
Lugar: Sala de Actos de Casa Golferichs - Gran Vía Corts Catalanes 491, esquina Viladomat - Barcelona

¿Necesita España un cambio en su estructura territorial?
Impulso Ciudadano 24 Junio 2013

Mesa redonda organizada por IMPULSO CIUDADANO y la FUNDACIÓN TRANSICIÓN ESPAÑOLA:
Próximo viernes, 28 de junio, a las 17.00 horas en el Centro Cívico Fort Pienc (Plaza de Fort Pienc, junto a la Estación del Norte) de Barcelona.

Intervendrán:
SANTIAGO MUÑOZ MACHADO, Miembro de la Real Academia de la Lengua Española y Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, autor del libro Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo.
TOMAS-RAMÓN FERNANDEZ RODRÍGUEZ, Catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, ex Rector de la UNED y autor de la obra La España de las Autonomías: un Estado débil devorado por diecisiete ‘estaditos’.
JOAQUÍN TORNOS MAS, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, ex Presidente del Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña y coautor del documento de la Fundación Rafael de Campalans Por una Reforma Constitucional Federal.
El acto será introducido y moderado por José Domingo Domingo y José Luís de Zabala Richi

Acto de Convivencia Cívica Catalana en el Palacio de Congresos de Salou
Convivencia Civica  24 Junio 2013

Apreciado/a amigo/a,
Convivencia Cívica Catalana realizará un acto en el Palacio de Congresos de Salou este próximo jueves 27 de junio al que estás invitado.

Por una parte se presentará en Salou, tras haberlo hecho en Barcelona y Madrid, el último estudio económico de Convivencia Cívica Catalana, “Las cuentas claras de Cataluña”, en el cual se analizan las relaciones económicas entre Cataluña y el resto de España y se desmontan muchos de los mensajes y habituales tópicos victimistas del nacionalismo catalán en el ámbito de la economía.

Y por otra parte, analizaremos también junto con padres de Salou, Vila-Seca, Cambrils y otros municipios de la provincia de Tarragona nuestra reclamación de una enseñanza bilingüe en Cataluña. Como sabes, en Convivencia Cívica Catalana defendemos una escuela en la que convivan de forma equilibrada nuestras dos lenguas oficiales frente al modelo de la inmersión y la enseñanza única y exclusivamente en catalán.

Creemos que la cohesión social no se consigue en absoluto, como algunos pretenden, excluyendo y apartando de las escuelas a la lengua de la mitad de la sociedad. Pensamos que eso no es cohesión, sino exclusión.

La verdadera cohesión social pasa por la integración y la convivencia de nuestras dos lenguas de forma equitativa y respetuosa en nuestros centros educativos.

El acto de Convivencia Cívica Catalana es abierto a todos los ciudadanos y tendrá lugar este próximo jueves 27 de junio a las 19:00 horas en el Palacio de Congresos de Salou (en la Sala Costa Daurada del Centro Cívico), situado en la Calle Abogado Gallego, número 2.

Más información en:
http://www.salou.cat/descriptiu_detall/_sqVDweuBhybB6mp-2MIBz5ymTiJgHa06ifbntr8jv2RUGxMG-K6-Xg
http://www.salou.cat/directori_detall/_U-0HZdjPvOnpnVyihrpXN768vm9TtkAqjFU3bW7TWpPsyvkd90KZiw
Su localización exacta puede consultarse en este enlace:
https://maps.google.es/maps?hl=es&gl=es&q=Centro+C%C3%ADvico+de+Salou+advocat+gallego,+2&ie=UTF-8&ei=on_EUZPMBsip7AbV-YDQDQ&ved=0CAgQ_AUoAg

Confiando que sea de tu interés, recibe un cordial saludo
CONVIVENCIA CIVICA CATALANA
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