AGLI Recortes de Prensa   Martes 25 Junio 2013

Rajoy presenta una decepcionante y coja reforma del Estado
Francisco Rubiales Periodista Digital 25 Junio 2013

Rajoy ha presentado una ridícula y decepcionante reforma del Estado que ignora las grandes demandas de los ciudadanos y que solo servirá para ahorrar unos pocos miles de millones de euros, cuando podría y debería ahorrar cientos de miles de millones en un país arruinado por el inmenso costo de su gigantesco e inútil aparato administrativo y político.

Entre las reformas no figura ni una sola de las grandes demandas y reivindicaciones de los ciudadanos, ni desaparecen ninguno de los antidemocráticos privilegios y ventajas que hacen de la clase política española una turba de sátrapas impunes y sin controles cívicos.

La reforma consiste en una serie de medidas administrativas periféricas y de segundo orden, como la de suprimir los defensores del pueblo, centralizar los servicios de meteorológicos y la elaboración de presupuestos ministeriales con base cero, pero no reduce ni limita la contratación libre de personal por parte de la administración, principal demanda ciudadana, horrorizada ante la existencia de casi medio millón de enchufados que cobran del Estado, sin otro mérito que el de ser amigos del poder o gente con carné de partido. Además, esas reformas no obligan a los despilfarradores gobiernos autonómicos, muchos de los cuales ya las han rechazado.

La reforma, que según Rajoy «Marca un antes y un después en la buena dirección», tampoco menciona ninguno de los cambios que el pueblo español está pidiendo a gritos: el fin de la impunidad práctica de los políticos, la eliminación de la financiación con dinero público de los partidos políticos, sindicatos y patronal, el castigo de los corruptos y la obligación de devolver el dinero que roban y una reforma profunda del poder Judicial que cree una justicia independiente, libre de jueces parciales al servicio de los partidos políticos y sin el obsceno nombramiento de magistrados por parte de los partidos.

La reforma no se atreve a limitar el número de diputados, senadores, consejeros y ministros, pero si habla de unificar las 4.800 cuentas bancarias que tiene hoy la administración del Estado. Puras medidas periféricas cargadas de desprecio al deseo ciudadano y de frustración democrática.

El mayor ridículo de la reforma presentado por Rajoy está en los 8.000 millones de euros que ahorrará a un Estado que gasta mas de 400.000 millones cada año, una masa injusta y exuberante de dinero que el Estado no puede recaudar, a pesar de los enormes impuestos que asfixian al ciudadano, y que consigue endeudando peligrosamente a la nación en los mercados mundiales. Ahorrar 8.000 millones cuando podrían ahorrarse, según los expertos, hasta 300.000 millones, es de risa.

La reforma no garantiza que las miles de instituciones y empresas públicas innecesarias, utilizadas por los políticos como centros para colocar a sus amigos, sean eliminadas, ni suprime el inútil Senado, ni las obsoletas diputaciones provinciales, ni limita el número de parlamentarios y consejeros en las autonomías, cada una de ellas dotadas de pequeñas "cortes" de lujo donde se practica también el amiguismo, el clientelismo, el nepotismo, la ostentación, el despilfarro y otras diversas facetas del abuso de poder habitualmente presentes en la falsa democracia española.

Gran parte de las 217 medidas presentadas son responsabilidad de las comunidades autónomas y no serán obligatorias, lo que permite vaticinar que la mayoría de ellas serán brindis al sol y nuevos engaños a la ciudadanía. Ante el escándalo despilfarrador de las "embajadas" autonómicas esparcidas por todo el mundo, Rajoy no las suprime sino que propone la idea de que se instalen dentro de la embajada del Estado español.

Una reforma seria habría comenzado por suprimir el lujo y el despilfarro duplicado, triplicado y varias veces inútil reinante en las distintas administraciones públicas españolas, sobre todo eliminando gran parte de la inmensa legión de políticos contratados, una carga injusta e innecesaria que convierte al Estado en un insostenible océano de enchufados, cuyo número en España es mayor que el existente en Alemania, Gran Bretaña y Francia juntas.

Voto en Blanco

Reforma de las Administraciones
Los nacionalistas y el paripé de Soraya
Guillermo Dupuy Libertad Digital 25 Junio 2013

Por mucho que lo afirme un diario digno de consideración como El Mundo, ni el paripé de Soraya merece ser calificado como un "intento serio de reformar la Administración" ni el desprecio que le han dedicado los nacionalistas son "nervios" que puedan ser utilizados como "termómetro que pueda medir que la reforma administrativa de Santamaría va bien encaminada".

Un proyecto de adelgazamiento de nuestro sector público que se presenta con casi dos años de retraso, que sólo aspira a reducir el gasto en un importe tan nimio que ni siquiera alcanza a lo que nuestra deuda pública se incrementa en un par de meses y que, para colmo, se condiciona a que lo quieran cumplir en el futuro nuestras manirrotas autonomías es una auténtica tomadura de pelo. La llamada reforma Soraya es una muestra más de ese homenaje que el vicio rinde a la virtud, tal y como La Rochefoucauld entendía la hipocresía, que, a su vez, es el rasgo más característico del funesto Gobierno que padecemos.

Los supuestos "nervios" que los nacionalistas sienten hacia esta reforma no son más que el desprecio que sienten hacia un Gobierno que, como el de Rajoy, no se hace respetar ni siquiera a la hora de hacer cumplir la ley, y con él los nacionalistas nos muestran una vez más el error de quienes se empeñan en intentar contentar a quienes, como ellos, no se van a contentar.

El Mundo, quiere, sin embargo, convencerse de que el Gobierno de Rajoy tiene a su disposición un instrumento para forzar esta reforma como es "la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el Fondo de Liquidez Autonómica, cuyas ayudas deberían estar condicionadas al cumplimiento del plan del Gobierno". Así debería ser, ciertamente. Sin embargo, la única cosa positiva que tiene el retraso en abordar esta reforma es que nos ha dado tiempo para comprobar que, con Rajoy al frente del Gobierno, la Ley de Estabilidad Presupuestaria sólo ha servido de papel higiénico para nuestros manirrotos gobiernos de taifas, mientras que el Fondo de Liquidez Autonómica ha sido y sigue siendo el principal instrumento financiero gracias al cual los nacionalistas pueden permitirse su carísimo proceso de construcción nacional, todo él radicalmente ilegal. Y es que mientras Rajoy no esté dispuesto a intervenir ninguna autonomía, de nada servirá este supuesto plan de reforma, ya de por sí ridículamente reformista.

No es la democracia, es la pasta
Javier González Ferrari La Razón 25 Junio 2013

Cayo Lara confunde el recorte de los gastos de una administración que ha crecido durante las últimas décadas de manera incontrolada y que ha duplicado, cuando no triplicado, las funciones de las entidades públicas, con un hachazo a la democracia. Para el líder de IU, que cada vez que se publica una encuesta tiene un subidón de adrenalina, que se disminuya el número de diputados autonómicos resulta un ataque directo a los fundamentos de lo que él considera la democracia que no es tanto aquello de un hombre un voto, como un escaño una pasta.

Si la reforma aprobada por el último Consejo de Ministros conlleva, de verdad, un ahorro de casi 38 mil millones de euros en apenas dos años, les va a resultar muy difícil a la izquierda española y a los nacionalistas, que también han puesto el grito en el cielo, convencer a los ciudadanos de que esto es malo porque ataca la esencia de la democracia cuando, de verdad, lo que ataca es una enfermedad que ha convertido a las administraciones públicas, en muchos casos, en organismos hinchados por la hidropesía ocasionada por la acumulación de líquidos en forma de plantillas infladas, organismos innecesarios, y asesores de los asuntos más variados y pintorescos.

En lugar de acabar con el centralismo representado por la capital de España, se ha conseguido crear diecisiete, tantos como comunidades autónomas, para tener que terminar al final, en no pocas gestiones que necesitan realizar los ciudadanos, haciendo cola en Madrid. No se trata, con esta reforma que los ciudadanos llevan reclamando desde que la crisis puso sobre sus espaldas el cien por cien de la carga, de acabar con el Estado autonómico como algunos nos quieren hacer creer. Se trata de hacerlo más eficiente, y por lo tanto más eficaz. Y si con ello los partidos, los sindicatos y todos aquellos que obtienen dinero público tienen que renunciar a una parte de sus privilegios, que así sea.

Un español, responsable del hundimiento de los mercados
S. McCoy El Confidencial 25 Junio 2013

Con motivo de la presentación de su Informe Anual por parte del Banco Internacional de Pagos de Basilea, su director general, el español Jaime Caruana, ha lanzado un torpedo -en forma de discurso- a la línea de flotación de la estrategia de los bancos centrales (BBCC) en los últimos años, al acusarlos de forma explícita de poner en peligro la estabilidad financiera a nivel mundial y pedir abiertamente el fin de sus políticas de crecimiento incontrolado de balance.

Un mensaje tanto más sorprendente cuanto, como es sabido, los miembros del BIS son, precisamente, hasta un total de 60 instituciones supranacionales distintas representadas por los Ben Bernanke, Mario Draghi, Haruhiko Kuroda y demás gobernadores relevantes que en el mundo hay; que se ha lanzado, para que no haya dudas, coincidiendo con la Asamblea Anual del pasado domingo, a la que están todos obligados a acudir personalmente o de forma delegada; y que, además, se produce de forma simultánea a la prolongación del mandato del exresponsable del Banco de España por cuatro años más, hasta 2017, año en el que alcanzará su edad de jubilación. Alguno se estará frotando el mentón al conocer su particular agradecimiento.

Las ocho páginas de su intervención parten de un titular ya de por sí provocador: "Making the most of borrowed time". Un encabezamiento muy bien explicado por el final de la primera de las tres partes en las que se divide el texto, la que hace referencia a la cruda realidad económica en buena parte del mundo desarrollado y emergente después de seis años de intervenciones sin descanso por parte de sus asociados: distorsión en el precio de los activos financieros, ingeniería contable versus inversión real y "recuperación dubitativa, frágil y desigual".

El prólogo ocupa las dos primeras páginas y su lectura resulta imprescindible. Concluye de la siguiente manera:
En resumen, el balance entre costes y beneficios de esta expansión monetaria sin precedentes se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. Entramos en el tiempo extra, que ha de ser utilizado para restaurar los principios que aseguren un crecimiento sólido a largo plazo.

No sé cómo la prensa en general lo ha podido interpretar más como un traspaso de la responsabilidad a los Gobiernos que como una severa autocrítica y, por ende, un serio aviso a navegantes. Lo veremos en detalle un poquito más abajo. De hecho, si alguno tenía dudas de que la música puede dejar de sonar en un futuro no muy lejano, estos diez párrafos deberían disipárselas por completo. The time has come. Los mercados no han tardado en reflejar tal convencimiento, con desplomes generalizados a lo largo del día del lunes.

Sigamos.
A partir de esta introducción, Caruana desgrana a lo largo de cuatro puntos qué se debe hacer a juicio del organismo que gestiona, no sin antes recordar que "en la medida en que los estímulos se mantienen, la vuelta a la normalidad se hace más complicada, se incrementa la volatilidad y se empeora la asignación de capital". ¿Les habíamos hablado alguna vez de represión financiera y los riesgos derivados de su permanencia en el tiempo? Voilà, hora de confesiones.

Lo que toca según el BIS es, a saber: reducir la dependencia de la deuda, especialmente en aquellos estados que están viviendo una ‘peligrosa ilusión’ de bajos tipos de interés debido precisamente a la actuación de sus bancos centrales (página 3, antepenúltimo párrafo); mejorar la productividad laboral a través de las correspondientes reformas, que muchos Gobiernos han retrasado "gracias a que los BBCC han reducido la urgencia de su necesidad (…) queda casi todo por hacer" (página 5, segundo párrafo y final del tercero); terminar el saneamiento del sector financiero, evitando en la medida de lo posible "el uso de fondos públicos, los subsidios y el riesgo moral": ¡alerta depositantes! (página 6, segundo párrafo); fijar límites a la actuación de los propios bancos centrales que han llevado a cabo "medidas impensables hace sólo cinco años" (página 7, segundo párrafo).

¿Aún incrédulos de que la crítica sea el fondo de la alocución dominical? Lean estas líneas que resumen el ataque frontal que Jaime Caruana realiza a lo sucedido hasta ahora de la mano de esos lobos con piel de cordero en que se han convertido sus miembros, por más que en las conclusiones trate de suavizar su discurso. Último párrafo de la página 7 en su tenor literal:

Nadie sabe cómo van a desandar lo andado los bancos centrales, ni las consecuencias de su repliegue. Sea como fuere, requerirán de grandes dosis de implementación y comunicación. Cierto, disponen de más herramientas que hace seis años. Pero, llegada la hora, necesitarán de una enorme flexibilidad para usarlas como mejor convenga. Y tendrán que tomar decisiones con mucha menos certidumbre de la que desearían ya que la seguridad es enemiga de la eficacia. Cuanto mayor sea su papel actual en las respectivas economías, más difícil será reconducirlo.

¿Cuánto? El propio BIS calcula que una subida de 300 puntos básicos en la curva de tipos de Estados Unidos infligiría pérdidas a los tenedores de bonos USA equivalentes a un 8% de su PIB. Nada comparado, por cierto, con el 35% de Japón. En 1994, última gran sangría en la renta fija soberana, el repunte fue de 200 bps… Pero, ojo al dato, el ritmo de liquidación actual -venta de deuda, aumento de rentabilidad- es mayor que el que se produjo entonces. Glaps.

El enemigo en casa, se llama esto, ¿no creen?

Cocerse como una rana a base de deuda
Jesús Sánchez-Quiñones El Confidencial 25 Junio 2013

Para cocer una rana viva basta con depositarla en un recipiente de agua fría y calentar el agua poco a poco hasta que hierva. El cambio paulatino de la temperatura hace que la rana se vaya adaptando en cada momento al cambiante entorno hasta que muere cocida sin haberse dado cuenta de que la creciente temperatura iba a causarle una muerte segura.

Con la deuda y la economía ocurre algo similar. El nivel de endeudamiento crece y crece sin que sus efectos perniciosos se noten, pero a partir de cierto nivel llega el colapso (Grecia, Irlanda, Chipre). El crecimiento de los niveles de deuda, privada y pública, no es algo nuevo. Se ha producido en los países desarrollados de forma casi ininterrumpida en los últimos treinta años. La deuda de los países miembros del G7 pasó del 171% del PIB en 1980 al 303% en 2010. El fuerte crecimiento experimentado en este periodo no habría sido posible sin la alegría crediticia y la facilidad de endeudamiento.

Cuando los créditos son fáciles de obtener y los tipos son bajos, se crea la falsa sensación de que siempre va existir la misma facilidad de obtener nuevos créditos y de renovar los existentes. Se olvida el concepto básico y elemental de que las deudas hay que devolverlas. Nadie garantiza que al vencimiento de cualquier deuda sea posible renovar el importe adeudado. Se ha llevado a considerar que tanto las empresas como los Estados, incluso las familias, deben tener un cierto nivel de deuda 'estructural', que nunca se devuelve, sino que siempre se renueva a su vencimiento. Endeudarse para acometer inversiones que faciliten el crecimiento futuro, o para financiar un bien de consumo duradero, tiene sentido. Hacerlo para pagar gastos corrientes supone adelantar al presente gastos futuros. El futuro llega, y en ese momento no sólo no se podrá mantener el ritmo de gasto, sino que además habrá que devolver las deudas que permitieron un mayor nivel de gasto en el pasado.

No hace tanto que los analistas y bancos de inversión penalizaban la valoración de las empresas que no 'optimizaban' su estructura financiera con deuda, prevaleciendo la rentabilidad sobre los recursos propios (ROE), y despreciando la rentabilidad sobre activos (ROA). Cuanto menor era la cifra de recursos propios y mayor la cifra de recursos ajenos, más elevado el ROE. No hace falta recordar a qué llevó esta práctica en gran parte del sistema bancario mundial. Cuanto menor es el porcentaje de recursos propios sobre el total de activos, más vulnerable es una entidad.

Tras el estallido de la crisis financiera en 2007–2008 y la sequía absoluta del crédito (credit cruch), los bancos centrales intentaron evitar el colapso de la economía occidental inyectando cantidades ingentes de dinero: más de 10.000 billones de dólares entre Banco de Inglaterra, BCE, FED, Banco de Suiza, Banco de Japón y Banco de China. Esta cantidad de dinero ha evitado que muchas economías, entre ellas la española, hicieran frente a su problema de endeudamiento. La liquidez ha actuado de analgésico, haciendo olvidar la existencia de la enfermedad.

El anuncio de cambio de sesgo de la Reserva Federal es un recordatorio muy oportuno. Sólo ha anunciado que, de cumplirse las previsiones de reducción del paro, limitará las inyecciones adicionales de liquidez hasta suprimirlas totalmente el próximo año. Pone de manifiesto que las inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales no pueden ser ni indefinidas en el tiempo ni ilimitadas en cuantía. Los tipos de interés cercanos a cero son coyunturales, no eternos. Sólo con liquidez y tipos bajos no se resuelven los problemas estructurales de la economía. Los Gobiernos tienen que hacer su parte.

El proceso de desapalancamiento de la economía, o de reducción de deuda, es, inevitablemente, un proceso doloroso y prolongado. En España el sector privado está reduciendo su endeudamiento a marchas forzadas: más de 270.000 millones de euros desde fin de 2011. El sector público, de momento, se contenta con incrementar su deuda a un ritmo menor cada año, previendo alcanzar el 100% de deuda pública sobre el PIB en 2016. Es difícil conocer de antemano qué temperatura exacta es la que causa la muerte de la rana. También es difícil anticipar cuál es el nivel máximo de deuda que una economía puede soportar antes de colapsar. En ambos casos, a mayor temperatura y mayor nivel de deuda, el punto de no retorno se encontrará más cerca.

Ni la liquidez que proporcionan los bancos centrales es ilimitada, ni los tipos de interés seguirán siempre en los mínimos actuales, ni los inversores estarán dispuestos siempre a financiar a un país o a una empresa sea cual sea su deuda. Si el mensaje de Bernanke ha servido para despertar del sueño placentero a más de uno, bienvenido sea.

11-M
'Sine Iustitia, nulla Libertas'
Gabriel Moris Libertad Digital 25 Junio 2013

He de confesar que he plagiado el título de este artículo. Es la razón que da un firmante de la petición que lancé en change.org, hace dos meses, para que se investiguen los atentados de los trenes de Cercanías.

Creo que la frase no requiere traducción. Intentando recordar la lógica que se estudiaba en los planes de bachillerato de otras épocas, me atrevo a elaborar un silogismo: la premisa mayor sería: Sine Veritas, nulla Iustitia; la conclusión, en español, es que sin verdad no puede haber libertad. Yo me atrevo a afirmar que las tres palabras encierran conceptos relacionados entre sí.

Otro término que se usa con ligereza es el de democracia, en mi opinión hemos llegado a devaluarlo antes de practicarlo. No en vano Salvador de Madariaga afirmó: "La democracia es un medio y una forma, mientras que la libertad es una esencia y un fin". Todos tenemos en la mente ejemplos de utilización engañosa del adjetivo democrático.

Después de un período de democracia orgánica, según nos decían, nos hemos dado una democracia apoyada en una monarquía parlamentaria. Ahora, algunos piden una "democracia real, ya". Otros, no sé si los mismos, quieren una democracia republicana. Todo esto no dejan de ser medios y formas. La libertad, apoyada en la verdad y la justicia, sólo la reclamamos algunos utópicos. Con frecuencia nos hablan de régimen de libertades, pero ¿nos pueden traducir esa expresión al román paladino?

Trataremos de aclarar con algún ejemplo cómo aplicamos estos principios a nuestra convivencia en la democracia que tenemos.

La verdad en la acción y en la información debería estar garantizada. Pues bien, del mayor crimen cometido en democracia, los atentados del 11-M, casi diez años después, seguimos ignorándolo casi todo. Sólo sabemos los nombres de las víctimas, y que viajaban en los Trenes de la Muerte. ¡Ah! También podríamos hacer una relación de servidores públicos que han sido ascendidos o condecorados. Si estas personas no fueron capaces de evitar tanto dolor ni de descubrir y ajusticiar a los autores, ¿qué motivos pueden esgrimir para justificar tales premios? ¿Podemos decir que este crimen, cometido y ocultado en democracia, es democrático?

Voy a recordar algunas frases inolvidables:
– "Los españoles se merecen un Gobiernos que no les mienta". ¿Cuántos Gobiernos siguen mintiéndonos? ¿Ha habido alguno que nos dijera la verdad?

– "Está todo claro, ha sido un grupo islamista radical". ¿Qué grupo? ¿Donde están sus miembros? ¿Cómo siguen pendientes las investigaciones?

– "Para buscar a los culpables no hay que ir a desiertos remotos ni a montañas lejanas". Pero habrá que ir a algún sitio, ¿no? Habrá que investigar en el lugar, a las personas que lo hayan podido cometer y a los que sin duda impiden que se investigue.

Como podemos comprobar, la Verdad no parece ser una virtud en nuestros dirigentes pasados y presentes. Las noticias diarias lo avalan.

En cuanto a la Justicia, mejor no generalizar, quizás debamos hablar de leyes y de personas que la administran. En el mayor atentado de Europa no hemos tenido suerte: ni el instructor, ni el tribunal ni la Fiscalía han hecho otra cosa que cometer errores, negligencias o, lo que sería peor, prevaricar. ¿Se explica de otra forma la destrucción de pruebas, la utilización de pruebas falsas o el hecho de que se dicte una sentencia sin autores? Y para colmo nos dicen desde su dudosa autoridad que el 11-M es "un caso juzgado y sentenciado". La única juez que se ha atrevido a instruir este caso en la Audiencia Provincial de Madrid ha sido apartada del mismo de manera expeditiva y fulminante.

Yo estoy convencido de que el 11-M fue la madre de todas las corrupciones sobrevenidas durante el calvario que comenzamos a padecer como pueblo aquel día inolvidable.

Dejo para la reflexión una frase de uno de los grandes de nuestra novela picaresca, Mateo Alemán: "Donde la fuerza oprime, la ley se quiebra".

Creo que el pueblo español asiste impasible, desde el 11-M, a la opresión de un Estado corrupto y corruptor. Podríamos decir:

Sine Veritas, nulla Iustitia et nulla Libertas.

Navarra
El privilegio navarro y la desfachatez de Yolanda Barcina
Mikel Buesa Libertad Digital 25 Junio 2013

El privilegio navarro es algo así como el pufo vasco, solo que en versión españolista. Nos lo acaba de decir Yolanda Barcina, la presidenta de Navarra, la semana pasada en un memorable artículo publicado por El Mundo. Memorable no por la finura de su estilo o la profundidad de su contenido, sino más bien por la desfachatez con la que se expresa esta política foralista, mezclando conceptos que no tienen nada que ver entre sí y cometiendo errores de bulto con la finalidad de tratar de convencernos de que "el Convenio Económico –o sea, la norma por la que se regulan las competencias fiscales del Gobierno de Navarra– plasma [la] solidaridad de Navarra con el resto de España". Más aún, la señora Barcina pretende que ese convenio, además de ser un derecho histórico irrenunciable, es un sistema beneficioso no sólo para la Comunidad Foral, sino también para el conjunto de España.

Digo que el privilegio navarro es la versión españolista del pufo vasco por tres motivos. Uno, porque el sistema del Convenio Económico es, en lo esencial, el mismo que el del Concierto Económico de los vascos; y su cierre –es decir, la contrapartida a la capacidad de navarros y vascos para recaudar los impuestos convenidos o concertados– es idéntico, aunque en un caso se llame Aportación y en el otro Cupo. Dos, porque, coherentemente con lo anterior, durante la etapa democrática reciente los navarros han ido negociando lo suyo al rebufo de lo de los vascos, exigiendo en todo momento lo mismo que habían conseguido los representantes nacionalistas de estos últimos. Y tres, porque así lo sostienen los foralistas y así lo expresa su actual presidenta en el artículo de marras: los navarros, "frente a los continuos alardes y provocaciones de los nacionalistas –se refiere a los herederos vascos del aranismo– (…) optaron tradicionalmente por defender sus derechos y ser solidarios con el resto de la nación, y fueron articulando esta estrecha relación a través del pacto o convenio en las distintas épocas y regímenes que ha atravesado el viejo Reyno de Navarra en España". Olvida, por cierto, doña Barcina que el Reino de Navarra desapareció el mismo día y a través de la misma norma jurídica que reguló la primera "contribución de Navarra a los gastos de la Hacienda Real", pues en efecto fue la Ley del 16 de agosto de 1841 la que convirtió ese reino en provincia de España.

Y olvida también la inquilina del Palacio de Navarra que esta provincia, hoy comunidad autónoma, ve reconocidos sus derechos históricos no en virtud de un pacto con el Estado, sino de una Constitución que los integra dentro de los principios generales que ésta regula, entre ellos el de que ninguna particularidad de un estatuto de autonomía –en este caso la Ley del Amejoramiento del Régimen Foral– "podrá implicar privilegios económicos o sociales", y el que reserva al Estado "la potestad originaria para establecer los tributos". Así pues, entérese doña Yolanda, no es cierto, como dice en su artículo, que el Convenio "nos permite (…) recaudar nuestros propios impuestos", pues los impuestos que recauda la Administración Foral no son otros que los que el Estado le ha transferido.

Aclaremos a los lectores qué es eso del Convenio Económico de Navarra. Se trata de una ley aprobada en Cortes por la que el Estado transfiere a la región la capacidad recaudatoria de los impuestos convenidos –que no son todos los existentes–, así como una limitada capacidad normativa sobre ellos, bajo dos restricciones generales: una, que la denominación, estructura y características de los impuestos convenidos sean las mismas que las reguladas por el Estado; y dos, que la presión fiscal en Navarra sea la misma que en el resto de España. A cambio de esa capacidad de gestión fiscal, el Gobierno de Navarra debe pagar al Estado una Aportación anual con la que cubrir el coste de las competencias que éste ejerce y que no han sido transferidas a la Comunidad Foral –por ejemplo, las de relaciones exteriores, defensa, supervisión monetaria, vigilancia de fronteras, orden público, etcétera–. Y aclaremos también que es en este cierre del sistema foral donde radica la trampa del Convenio, pues la Aportación –que se aprueba por ley estatal cada cinco años– está calculada de manera engañosa, de modo que su cuantía infravalora sistemáticamente lo que realmente Navarra debería pagar al Estado.

La presidenta Barcina dice en su artículo que su región "aporta al resto de España la parte que [le] corresponde de los gastos generales del Estado"; y menciona la cifra de 551 millones para este año. Esta cifra es, en efecto, casi la misma que aparece en la ley de 2007 que determinó la última metodología aprobada para el cálculo de la Aportación –553 millones, en concreto–. Pero, como mostré en mi libro sobre La crisis de la España fragmentada, esta cifra es, al menos, 700 millones de euros inferior a la que, de haberse utilizado los datos reales y no los inventados por los políticos acerca del déficit público, tendría constar en esa ley. Y añádase a ello el problema que se ha suscitado con las desgravaciones del IVA al grupo Volkswagen por los vehículos que, fabricados en Navarra, se exportan a otros países desde Cataluña; unas desgravaciones que suman la bonita cifra de 400 millones anuales. O sea, que si nos ponemos estrictos y no nos inventamos historias, la Aportación de Navarra tendría que ser –entérese bien, doña Barcina– del orden de 1.600 millones al año y no sólo un tercio de esta cifra. Claro que si, como ella dice, lo que ahora pagan –o sea, los 551 millones– supone "el 18% de nuestro presupuesto de ingresos fiscales", me temo que, para hacer frente de verdad a la solidaridad debida por los navarros al resto de los españoles, la señora presidenta tendría que utilizar algo más de la mitad de los recursos que recauda la Hacienda foral.

¿Qué ocurriría con la financiación autonómica de Navarra si este último supuesto tuviera lugar? Pues es muy sencillo: que Navarra se parecería a las demás comunidades autónomas y dejaría de situarse en una posición de privilegio. Las cifras son bastante claras: actualmente el Gobierno de Navarra dispone para sus gastos de 4.908 euros por habitante; y si su Aportación fuera la que debe ser, entonces sólo le quedarían 2.263 euros por habitante. O sea, en este último caso la financiación per cápita de Navarra sería casi igual a la media de las regiones de régimen común.

¿Y qué nos dice Yolanda Barcina sobre todo esto en su artículo? Pues que Navarra es solidaria con el resto de España porque, en las balanzas fiscales de las comunidades autónomas que publicó Zapatero en 2008, "el resultado siempre es que Navarra es una contribuyente neta al conjunto de España". O sea, que se sale por la tangente y, de paso, enmaraña los conceptos confundiendo el saldo fiscal con la Aportación y, de paso, con la solidaridad. Comprendo que, habiendo estudiado Farmacia, la señora Barcina no sea ducha en los asuntos referidos a las balanzas fiscales, pero ello no le autoriza a hacer la pirueta conceptual con la que pretende vender la idea de la solidaridad de Navarra.

Mire usted, doña Yolanda, aceptemos por un momento que el saldo fiscal es la expresión genuina de este último concepto. En tal caso, lo que nos dice la balanza fiscal es que, en Navarra, con un saldo de 364,5 millones de euros en el caso más favorable para sus intereses –los datos son de 2005–, cada habitante de Navarra habría contribuido con el 2,4 por ciento de su renta. Pero es que el mismo ejercicio contable señala que cada catalán lo habría hecho con el 6,7 por ciento de la suya y cada madrileño con el 9 por ciento de la que le corresponde. Como el PIB per cápita de Navarra es algo mayor que el de Cataluña y algo menor que el de Madrid, podríamos pensar que si los navarros hubiesen sido tan solidarios como los catalanes y madrileños, entonces su contribución debería haberse situado entre las de ambos. Pongamos, en términos proporcionales, el 8,1 por ciento. Entonces, el saldo fiscal de Navarra habría sido de 1.230,5 millones; o sea, más de tres veces más del que realmente se contabilizó.

¿Se da usted cuenta, doña Yolanda, de que esta es casi la misma proporción que la que, como he destacado unos párrafos más atrás, guardan la Aportación que aparece en el cheque que usted le firma al Estado todos los años y la que, si todo en este asunto no fuera un engaño, debería haber pagado realmente? Pues vaya tomando nota, porque con esa apelación que hace usted a las balanzas fiscales no va a lograr engañar a nadie. Así que déjese de artificios contables y afronte la única verdad que hay en el régimen foral, y que no es otra que el hecho de que su configuración implica un privilegio heredado del Antiguo Régimen que los españoles cada vez estamos menos dispuestos a aceptar.

El motín del pesebre
IGNACIO CAMACHO ABC l 25 Junio 2013

Frente a la reforma del desgobierno se avecina una batalla por el derecho al despilfarro. El motín del pesebre
PASEN y vean: está a punto de comenzar el motín del pesebre. Una sedición de taifas autonómicos agarrados a sus banderitas estatutarias para defender su competencia constitucional de crear organismos perfectamente prescindibles y colocar en ellos a legiones de parentela política y hasta familiar. Que sí tienen esa competencia, sí; algo se hizo mal en el desarrollo de un modelo territorial razonable que ha acabado convertido en una máquina de gastar. Pero la auditoría administrativa del Gobierno, un trabajo serio, ha levantado el mapa del despilfarro como una fotogrametría de Google Earth y algunos virreyes se han visto retratados en ella por el perfil menos favorable. La mirada del satélite ha localizado la trastienda de los regímenes clientelares, el enorme aparato discrecional y superfluo que se oculta tras la fachada del Estado pseudofederal: una burocracia paralela sobrecargada de organismos superpuestos, consejillos de amiguetes, televisiones de cámara, observatorios de la nada, defensorcitos del pueblo, embajadas de la señorita pepis y agencias de colocación. El reverso tenebroso del principio de subsidiariedad.

Ese desparrame acumulado en sedimentos de desarrollo competencial ?al que nadie es ajeno: lo empezó González, lo continuó Aznar mano a mano con Pujol Sr. y lo culminó Zapatero con su oleada neoestatutaria? no se puede defender ante una opinión pública cansada de sufragar el dispendio. Así que la resistencia apelará a conceptos grandilocuentes de soberanía autóctona, buscando el resorte populista de una defensa de la identidad diferencial. El malvado centralismo contra una variante del presunto derecho a decidir que no es sino el presunto derecho a gastar. Con el nacionalismo como ariete, los capataces de los latifundios autonómicos se disponen a cavar trincheras de desobediencia al grito de no pasarán. No nos quitarán las prebendas, no nos tocarán los privilegios, no hollarán los pastos que engordan las hegemonías electorales. No pondrán sus sucias manos reformistas sobre las estructuras del nuevo caciquismo.

Y si el discurso del agravio territorial no funciona, apelarán al Estado del Bienestar. El bienestar de las clientelas acostumbradas a un contrato no escrito de beneficios mutuos, de regalías y subvenciones acolchadas en los pliegues de unas administraciones opacas donde se pueden esconder EREs trucados, privatizaciones de servicios básicos o licitaciones de ITVs a medida. El bienestar de los veinte mil asesores y de los ejércitos de estampillados en las empresas públicas que desdoblan el papel de los cuerpos de funcionarios. El bienestar de los cientos de cargos de confianza repartidos en estructuras de poder ramificadas. Lo van a defender con alboroto político, con recursos jurídicos y con resistencia pasiva. Será un pulso interesante: el gobierno de la desorganización contra la organización del desgobierno.

ETA
El Congreso y las víctimas del terrorismo
Cayetano González Libertad Digital 25 Junio 2013

El Congreso de los Diputados celebrará el próximo jueves una sesión solemne en recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo, a la que ya han anunciado que no asistirán, por motivos diversos, las principales asociaciones de víctimas. De momento sólo han confirmado su asistencia la presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, Pilar Manjón –la que en el 2004 llamó "asesino" a Aznar a las puertas del Congreso–, y el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero. En este último caso, se da la circunstancia de que ese día era el cumpleaños de su padre, el ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero García, asesinado por ETA en Granada el 9 de octubre de 2000. Su hijo Daniel quiere honrar la memoria de su padre estando presente en dicho acto.

Respetando esta circunstancia tan personal de Daniel Portero, los motivos para no asistir a este acto institucional son muchos más y de mayor entidad que los que se puedan esgrimir para la asistencia. En la actual composición del Congreso sólo hay un grupo parlamentario, el de UPyD, que propugne la derrota sin paliativos de ETA, sin ninguna concesión a cambio, y que esté al lado de las víctimas del terrorismo. Todos los demás grupos –si bien cabe añadir a UPyD a algunos diputados del Mixto, como Enrique Álvarez Sostres, de Foro Asturias, o el navarro Carlos Salvador, de UPN– son cómplices del mal llamado proceso de paz que llevó a cabo Zapatero en sus dos legislaturas y que de manera distinta en las formas pero con una coincidencia de fondo ha continuado Rajoy desde que llegó a La Moncloa.

Esa complicidad, por ejemplo, resulta palmaria cuando el actual Congreso, con la mayoría del PP, no ha querido derogar la resolución que la propia Cámara aprobó el 17 de mayo de 2005 y por la que se apoyó institucionalmente la negociación política que Zapatero iba a llevar a cabo con ETA, y que se concretó en numerosas reuniones en Loyola –entre el PSE, PNV y Batasuna– y en Oslo –entre enviados del Gobierno y la dirección de ETA–. Mas allá de las disquisiciones jurídicas y reglamentarias sobre si la citada resolución decae cuando se convocan elecciones generales y se forma un nuevo Congreso, si el PP hubiese querido tener un gesto y dejar claro que aquello fue una grave afrenta a la democracia y a las víctimas del terrorismo, le hubiese bastado con proponer un nuevo texto donde se dijera que nunca más un Gobierno democrático negociaría con una banda terrorista que deje de matar.

Por otra parte, ¿qué homenaje pueden tributar a las víctimas del terrorismo partidos como el PSOE, que han negociado con los terroristas cuestiones políticas sin importarles nada lo que pensaran al respecto las propias víctimas? Partidos como ERC, que se reunió con ETA en Perpiñán para pactar una tregua sólo en Cataluña; o el PNV, que no ha apoyado nunca ninguna de las medidas que desde las instituciones se han tomado para luchar contra ETA; o CiU, que en esta cuestión nunca ha tenido criterio propio y siempre ha hecho lo que le ha marcado el PNV.

Las víctimas ya están hartas de este tipo de homenajes cimentados en la falsedad y en la falta de respeto a la Memoria, a la Dignidad y a la Justicia que reclaman. Por eso, es fácil entender que no quieran legitimar con su presencia un acto que está concebido por sus impulsores para dar la impresión que se está con las víctimas del terrorismo. Si esto fuera verdad, lo que tendría que hacer el Gobierno, con el apoyo del Congreso de los Diputados, sería poner en marcha los mecanismos legales para volver a echar a ETA de las instituciones; o para que Bolinaga regrese a la cárcel –por cierto, la sucesora de Basagoiti al frente del PP vasco, Arantza Quiroga, se ha retratado y ha dejado claro que ella es partidaria de que este asesino/secuestrador siga en libertad–, o para que se investiguen los más de 300 asesinatos de ETA que están sin esclarecer.

No son tiempos fáciles para las víctimas del terrorismo. Pero lo menos que hay que exigir a las instituciones es que no añadan más dolor y más indignidad a la que ya han tenido que padecer por la propia actividad terrorista de ETA, o por los que han facilitado la vuelta de esta a las instituciones del País Vasco y de Navarra, o al propio Congreso de los Diputados. Por cierto, Amaiur ha anunciado que no estará presente en el acto del jueves, ya que en su opinión será "parcial", porque no estarán "todas las víctimas". Una lástima esta ausencia, que redundará negativamente en la solemnidad y en la sinceridad del acto…

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Reforma de las Administraciones
El autoescrache del Gobierno
Cristina Losada Libertad Digital 25 Junio 2013

El Gobierno ha adornado su propuesta de reforma de las Administraciones con un argumento insólito en boca de un Gobierno. Sobre todo, de un Gobierno que lleva un tiempo ejerciendo. En un caso así, manifestar que "ha llegado la hora del sacrificio de los políticos", que ése es el ornamento, equivale a decir que hasta este instante no han hecho ninguno, lo que se merece, como mínimo, el reproche indignado de "¡a buenas horas!". Como mínimo. Porque a la inexcusable tardanza se une la ironía de que el propio Gobierno, que es un organismo político y no una comisión gestora, se incluya, de facto, entre los que han logrado escaquearse del general sacrificio.

El spot gubernamental, que spot es a fin de cuentas, parece diseñado para responder a las expresiones de desafecto popular, según las cuales los políticos se siguen dando la gran vida, ajenos a las estrecheces que padece la gente corriente. Ya se sabe, las mamandurrias, los chiringuitos, los asesores, los coches oficiales, los colocados a dedo y toda la lista de los privilegios que enardecen a Juan Pueblo desde que estalló la crisis. Seguramente ése es el estado de opinión que se quiere atemperar con este anuncio de la hora del sacrificio. Pero no se ha reparado en que fortalece aquella percepción: la percepción de que los políticos son un caso aparte y se han librado, los muy cucos, de arrimar el hombro como el resto.

Es posible, ya metidos en suposiciones, que el Gobierno pretenda, de ese modo, presionar a las autonomías para que hagan su parte de la reforma, que es mucha parte. Que quiera colocarlas ante la espada del pueblo, que pide una buena guillotinada, por carecer el Gobierno central de un instrumento cortante igual de persuasorio. En efecto, las autonomías han introducido en sus estatutos o en su abundante legislación su competencia para disponer de defensores del pueblo, tribunales de cuentas, agencias meteorológicas, y un largo etcétera. Así las cosas, la poda de organismos depende, casi enteramente, de la voluntad de los gobiernos autonómicos. Casi.

Sea como fuere, lo más asombroso es la estampa que nos deja la torpeza del aprendiz de populista. Ahí tenemos a un Gobierno que reclama, ¡ahora!, sacrificios a los políticos, como si estuviera al otro lado de la barricada. A este paso, cualquier día convoca un escrache. Es decir, un autoescrache.

Dinero de los ciudadanos para actos soberanistas
GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA El Mundo  25 Junio 2013

La Abogacía del Estado analiza los pagos de ayuntamientos catalanes a la Asociación de Municipios por la Independencia

Cientos de ayuntamientos catalanes pueden estar financiando con dinero público actos destinados a apoyar tanto la consulta soberanista como la senda hacia la independencia. Lo hacen a través de la cuota establecida para poder formar parte de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), una plataforma creada en 2011 para dar mayor empuje social a las reivindicaciones independentistas. Por ejemplo, a través de iniciativas como la insumisión fiscal a la Agencia Tributaria o el bautizado como Concierto por la Libertad, que se celebrará el día 29 de junio en el Camp Nou y en el que actuarán Lluís Llach, Dyango, Paco Ibáñez y otros. Un acto en el que la AMI figura como organizadora.

Hasta 668 municipios de los 947 que tiene en total Cataluña ya se han adherido, por mayoría absoluta en sus plenos, a la AMI, la cual incluye en sus estatutos la recaudación por parte de los socios de «al menos» una cuota anual pactada y de obligado pago para «sostener económicamente a la asociación», y cuyo montante total se fija en proporción de la población empadronada en cada uno de los municipios. Así, los ayuntamientos de menos habitantes abonan varios cientos de euros al proyecto, mientras que los de mayor tamaño, como Vic (Barcelona) o Gerona, ven elevada esa cifra hasta los miles de euros.

Ése es el caso de Vic –su alcalde, Josep Maria Vila d’Abadal, es fundador de la AMI–, cuya junta de gobierno aprobó pagar hasta 3.600 euros a la plataforma independentista. Una inversión de dinero público que, según confirmaron ayer fuentes de la Delegación del Gobierno, ya está en manos de la Abogacía del Estado para que valore si el municipio estaría vulnerando sus competencias al utilizar fondos públicos para fines que trascienden el interés de sus vecinos y se destinan a iniciativas ideológicas. En caso de ser así, la Abogacía asesoraría a la delegada del Gobierno, Llanos de Luna, sobre cómo proceder para frenar la iniciativa y sancionar o llevar a juicio a los responsables de la vulneración.

La ofensiva de la Delegación contra los municipios que estarían sosteniendo económicamente a la AMI y las iniciativas que ésta organiza no se queda ahí. Según publicó el diario ABC, la propia Llanos de Luna habría enviado un requerimiento escrito a la alcaldesa de Begues, Mercè Esteve (CiU), reclamándole información sobre el pago de cuotas con dinero público a la plataforma y que se traduciría en el ingreso de unos 745 euros anuales. El escrito exige a Esteve que traslade en el plazo de 20 días toda la información sobre el Pleno en que el se aprobó una medida que, como en el caso de Vic, podría vulnerar la jurisprudencia existente sobre competencias locales.

El documento enviado desde la Delegación del Gobierno recuerda que un informe de la Abogacía del Estado recoge dos sentencias redactadas por el Tribunal Supremo (TS) en 2006, en las que se constata que los organismos municipales no pueden ir más allá de sus competencias legales y activar sus instrumentos –en este caso, el uso de fondos públicos– «al servicio de ideas o proyectos políticos determinados que promuevan la autodeterminación, cuya promoción o defensa corresponde a otro tipo de instituciones». El requerimiento de información, asimismo, menciona que los ayuntamientos o entes municipales no pueden reconvertirse en «organizaciones de difusión o defensa de proyectos supranacionales», en referencia a la reivindicación de un Estado catalán independiente.

Las sentencias del TS que sostendrían los argumentos de la Abogacía del Estado contra los pagos a la AMI fueron redactadas para un conflicto similar vivido en el País Vasco. Así, el TS resolvió en aquel momento anular los pagos de 300.000 y 522.000 pesetas, respectivamente, que los ayuntamientos alaveses de Barrundia y Alegria-Dulantiz abonaron a la plataforma Udalbiltza, cuyos fines eran las iniciativas para promover la independencia de «Euskal Herria».

La iniciativa tomada por la delegada del Gobierno ha espoleado las críticas en su contra, por haber activado ya varias medidas legales contra ayuntamientos catalanes a los que ha enviado requerimientos oficiales por la persistente ausencia de banderas españolas en los balcones consistoriales –vulnerando así la legislación vigente sobre símbolos oficiales– o la mencionada insumisión fiscal a la Agencia Tributaria.

El alcalde de Vic y líder de la AMI, quien abandonó Unió tras perder su pulso por lograr que la formación que lidera Josep Antoni Duran Lleida apoyara abiertamente la senda soberanista, acusó el sábado a Llanos de Luna de «poner en cuestión la democracia y la representación del municipalismo en Cataluña».

En declaraciones a Europa Press, Vila d’Abadal también tachó de «barbaridad» su requerimiento al Ayuntamiento de Begues y denunció que «la AMI no le gusta y no le interesa». Para el portavoz de la plataforma independentista, lo único que trata de hacer la delegada con su ofensiva legalista es tratar de «controlar» el movimiento soberanista.

Mitos centralistas
Kepa Aulestia. La Vanguardia  25 Junio 2013

El plan de reforma de las administraciones públicas introduce aspectos que volverán a modificar el diseño del Estado autonómico y provocarán, eventualmente, nuevas tensiones al respecto. El presidente Rajoy dijo acabar con el mito de una Administración sobredimensionada, pero persiste ese otro mito, el de las duplicidades, a modo de vergonzoso ejemplo de desbarajuste y lugar común de tantas invectivas contra el modelo autonómico. El autogobierno fue sinónimo de democracia durante la transición e inmediatamente después. Resulta que ahora, cuando algunos de los estatutos han sido ampliados recientemente en sus competencias, el debate territorial está sujeto a criterios de eficacia y eficiencia que se establecen desde el convencimiento de que el Estado central es siempre más racional y que la autonomía no es más que una concesión a los anhelos diferenciadores de algunas comunidades que otras tratarían de emular.

La argumentación razonada que recoge el informe para la reforma de las administraciones públicas parece insuficiente para soslayar los prejuicios y la desconfianza que se han instalado en círculos de influencia económica y de opinión respecto al hecho autonómico. La distinción de competencias entre exclusivas y compartidas y su ejercicio real tampoco sería tan crítica si el Estado compuesto no estuviera sometido a la tensión entre fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas que casi nunca explicitan con claridad sus intenciones o su agenda. Pero la propuesta racionalizadora del Gobierno no resulta precisamente aséptica. Su entrelineado contiene dos mensajes que la convierten en una poderosa palanca para remover los cimientos, no siempre firmes, sobre los que se asienta la actual realidad autonómica. Por una parte, la presencia de la ley de Estabilidad Presupuestaria como razón última y argumento disuasorio para procurar la anuencia de las comunidades autónomas más necesitadas. Por la otra, y como complemento de la primera, la invitación que se cursa para que los gobiernos autonómicos se avengan a las recomendaciones del plan e incluso pudieran ampliar la lista de las atribuciones a las que estarían dispuestos a renunciar.

El proceso autonómico ha tendido a una igualación competencial cuestionada ya no sólo por quienes aspiran a mayores niveles de autogobierno sino por aquellas comunidades que preferirían devolver a la Administración central una parte de sus competencias. La tutela fiscal y financiera que ejerce Madrid en nombre de Bruselas puede resultar hasta hiriente para unas mientras que otras la reclaman. Élites gobernantes que siguieron la estela de las autonomías históricas para dotarse de una trama similar de poder en sus respectivos territorios parecen haberse dado cuenta de que hay algo políticamente más sangrante que manejarse sin competencias: no poder financiarlas. El resultado resulta evidente. El Estado autonómico pasará a serlo de manera más asimétrica, las autonomías parcialmente fallidas servirán para cuestionar en una próxima ocasión los fundamentos del sistema y los planes soberanistas que se albergan en Catalunya y Euskadi se situarán todavía más en tierra de nadie.

Las renuncias autonómicas de algunas comunidades podrán devolvernos a un estadio en el que los nacionalismos periféricos se sentían más cómodos por gobernar realidades netamente superiores en autogobierno a las del resto del mapa español. Pero ello no va a servir para realzar la singularidad de las nacionalidades, sino que pondrá en solfa la racionalidad de su existencia como entidades verdaderamente autónomas. Basta proceder a la lectura de las duplicidades catalogadas por la reforma propuesta para cerciorarse de qué significan los conceptos de eficacia y eficiencia en el ánimo de sus promotores y para preguntarse por qué razón no han incluido otras muchas disfunciones que podrían ser perfectamente denunciables siguiendo con el mismo patrón. La lectura de las duplicidades sugiere que nos encontramos ante una revisión pretendidamente funcional del Estado autonómico, no tanto porque así lo determine la lista de los organismos y funciones que propone recentralizar como por el hecho de que el Ejecutivo de Rajoy y el partido que lo gobierna casi todo en España no acaban de explicar por qué el resto de la edificación autonómica resulta beneficiosa para la sociedad y el progreso. La crítica ponderada contribuirá siempre a que la realidad autonómica mejore como fórmula de administración del interés común. Pero es la carencia de una defensa desinhibida del modelo por parte del poder central lo que más en entredicho pone su futuro.


Artur Mas corre en bicicleta estática
maría jesús cañiares ABC Cataluña 25 Junio 2013

Artur Mas está «on fire». Y no serán los Bomberos de la Generalitat quienes acudan en su ayuda, pues acaban de manifestarse en calzoncillos para protestar contra los recortes que aplica. Tampoco los Mossos d’Esquadra, cuya única aproximación al líder de CiU ha consistido en acampar ante la puerta de su casa para quejarse de lo mismo. Lo dicho, Mas está que arde y me cuentan que, en un reciente acto social, regañó a Josep Maria Calmet, secretario general del Cuerpo Consular de Barcelona, por asegurar en una entrevista en ABC que este colectivo ve con preocupación el proceso soberanista que se sigue en Cataluña. La hemeroteca da fe de la prudencia de las declaraciones de Calmet, pero esa virtud no es precisamente la que practica el presidente catalán. Mas ni da entrevistas a este diario, ni tolera que otros la concedan. Ni recorta su colosal administración autonómica ni consiente que otros le digan que debe hacerlo. ¡Cómo se pone cuando el Gobierno español le dice que simplifique!. Y eso que en su tan cacareado Plan de Gobierno 2013-2016 figura precisamente la racionalización de esos 200 entes catalanes. Bueno, eso lo viene prometiendo desde hace tres años. Pero ya sabemos que Cataluña tiene un gobierno al ralentí. Por eso resulta obsceno que la presidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals, acuse de «falta de dinamismo» a los empresarios que el miércoles no firmarán el Pacto por el Derecho a Decidir. Ella, que vive de las millonarias subvenciones de Mas.

Esa parálisis queda perfectamente representada en la figura del propio «president» pedaleando en bicicleta estática en su gimnasio. El profeta del derecho a decidir corre, pero no avanza. Tampoco en su proyecto soberanista, para desespero de ERC y del único cómplice que le queda, el consejero de Presidencia Francesc Homs. Para ser justos, algo ha avanzado, pues empezó en el medievo con su propuesta de «vegueries» (que debían sustituir diputaciones y/o consejos comarcales) y ahora va por la edad moderna, con la exaltación del 1714.

La práctica del deporte embellece, pero no relaja al líder de CiU, que comparte gimnasio con Santi Vila, menos atolondrado en materia identitaria y que ha reconstruido puentes con el Ministerio de Fomento, pues para eso es consejero de obras públicas. Igualmente han mejorado las relaciones entre la Delegación del Gobierno y la Consejería de Interior gracias a Ramon Espadaler, menos iracundo que su predecesor, Felip Puig. Con Espadaler se puede hablar de la intervención del Ejército en caso de desastre natural, que para eso está, aunque algunos nacionalistas rechacen su ayuda. El consejero se ha disculpado con las víctimas del terrorismo por la ausencia del Gobierno catalán en el acto conmemorativo de los 26 años del atentado de Hipercor. Así sí.


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