AGLI Recortes de Prensa   Viernes 5 Julio 2013

¿Dónde crear empleo?
Rafael López-Diéguez www.gaceta.es 5 Julio 2013

Parece que nos acostumbremos a sostenernos en la cuerda floja del empleo estacional.

Tal y como se esperaba, lo que no deja de ser positivo para esos miles de españoles que han encontrado un empleo, el número de parados ha descendido y el Gobierno, con muchas reservas, se ha apresurado a presentarlo como muestra del inicio de la recuperación. Sin embargo, los datos complementarios distan de invitar a lanzar las campanas al vuelo. Lo cierto es que estos datos no implican que hayamos entrado en un proceso de creación de empleo, elemento clave para nuestra recuperación económica.

Probablemente los datos del paro de los dos próximos meses también serán relativamente positivos, lo que dará un respiro a muchos españoles, pero ello no es efecto, por más que el Gobierno se empeñe, de los beneficios de una reforma laboral que no se han trasladado a la contratación, ni de las expectativas que pueda despertar una insuficiente ley de emprendedores vendida como elemento beatífico para nuestro futuro económico. Por no mencionar la rémora que supone la escasa viabilidad que tiene la promesa del Gobierno de acometer la reforma administrativa que recree una inexistente y vital unidad de mercado destrozada por el Estado de las Autonomías.

Lo que me alarma, indistintamente del juicio de los datos, es que parece que nos acostumbremos a sostenernos en la cuerda floja del empleo estacional; casi parece que el Gobierno se conforma con una progresiva mejora de cifras ligadas a los ciclos vacacionales y de ocio que espera se mantengan en una temporada larga que comience a finales de marzo y se prolongue hasta finales de octubre impulsando el consumo.

Lo que me preocupa es que el Gobierno y también la oposición actúan en materia económica como si los elementos de crecimiento anteriores a la crisis se fueran a recuperar, cuando es evidente que ni el crédito va a fluir como antes en mucho tiempo, ni disponemos ya de unos sectores de oportunidad que se han agotado (inmobiliario o construcción); manteniéndose sólo con perspectivas de futuro –en función eso sí de las adaptaciones que realicemos– el turismo.

Si tanto preocupa el empleo y especialmente el empleo joven, si el objetivo debiera ser reducir el paro con empleos estables y recurrentes, el Gobierno debiera estar aprovechando los enormes sacrificios que nos está imponiendo para actuar decididamente en aquellos puntos que pueden ser palanca de desarrollo, fundamentalmente la economía del conocimiento maltratada por el ejecutivo; para ello es preciso invertir a través de la educación en nuestro enorme capital humano. En vez de ello, el Gobierno parece contentarse con justificar la descapitalización que supone la nueva emigración española que, naturalmente, contribuye a que descienda el número de parados.

El debate fiscal
Francisco de la Torre www.vozpopuli.com 5 Julio 2013

Ya hemos comentado con anterioridad en este blog que el planteamiento gubernamental de “no hay otra política posible”, “no hay margen para hacer otra cosa”… era simplemente la negación de la política. Esto se ha aplicado especialmente en el campo de los impuestos. Se han realizado continuas subidas de impuestos, bajo el argumento, o la excusa, de que era la única forma de aumentar la recaudación y, consecuentemente, reducir el déficit público. Hace unos días, la fundación del partido en el Gobierno, la FAES, proponía un “documento estratégico” en el que se abogaba por una radical reforma fiscal, porque considera la política fiscal seguida hasta ahora era un “error gravísimo”. El documento, apadrinado por José María Aznar, ha sido elaborado por un equipo liderado por José Félix Sanz, catedrático, y por Gabriel Elorriaga, inspector de Hacienda y presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso.

El debate no comienza ahora y se abrió hace unos meses. En concreto, el 16 de mayo en ICADE, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, en el marco de los XIII Encuentros Tributarios, organizó un debate entre representantes de las principales fuerzas políticas, para que nos expusiesen su programa fiscal. Ese día tuve el placer de moderar el debate fiscal entre los portavoces de Hacienda del PSOE y UPyD, los profesores Pedro Saura y Álvaro Anchuelo, y el presidente de la comisión de Hacienda, Gabriel Elorriaga por parte del PP.

Fue un placer porque los tres intervinientes debatieron durante más de dos horas sin descalificaciones personales y con argumentos. Sorprendentemente, o no tanto, los puntos de acuerdo eran bastante importantes. Uno de los puntos de acuerdo era la crítica a la política fiscal seguida hasta ahora, y sobre todo, su articulación mediante sucesivos decretos-leyes que impedían tanto el debate en profundidad como las enmiendas. Desafortunadamente, no pudo asistir ningún representante del Ministerio de Hacienda por problemas de agenda.

La intervención de Elorriaga fue, con mucho, la más comentada porque abogaba por la reducción de impuestos y la vigencia de la curva de Laffer, lo que suponía una crítica muy evidente a la política fiscal del PP en el último año. Por su parte, el portavoz socialista, Pedro Saura, fue también crítico con las subidas de impuestos, aunque por razones distintas a las de Elorriaga: las subidas de impuestos están siendo injustas porque pagan los de siempre. Este enfoque era lógico ya que la propuesta fiscal del PSOE incluye también otras subidas de impuestos, aunque distintas de las de Montoro. La crítica de Saura se centró fundamentalmente en la amnistía fiscal y en el fracaso de la lucha contra el fraude por falta de medios.

Por su parte, Álvaro Anchuelo insistió especialmente en la necesidad de un recorte del gasto público, especialmente, el de las CCAA para que hubiese margen para reducir la fiscalidad, exagerada, que soportan los rendimientos del trabajo en España. Además, Anchuelo consideraba necesario desplazar la carga de la fiscalidad desde el trabajo hacia el consumo y la riqueza. Obviamente, entre otras cuestiones, también criticó la amnistía fiscal, aunque esta “medida”, a estas alturas ya no la defienden ni sus promotores.

Más allá de la discusión en profundidad de las propuestas, que dejo para los lectores, hay dos comentarios obvios. El primero, claramente positivo, es que, efectivamente, hay una parte de la clase política que tiene propuestas, criterio propio, y está dispuesta a debatir en público, y con expertos en la cuestión como los Inspectores de Hacienda. El otro comentario es la ausencia de influencia de los debates, incluso cuando están fundamentados, y en ellos participa el partido en el Gobierno, en la política que efectivamente se lleva a cabo.

Mientras hay un clamor en muchos ámbitos sobre la necesidad de una reforma fiscal en profundidad, y también sobre la urgencia de acabar con las medidas fiscales de emergencia, nos encontramos el viernes pasado un nuevo aumento de impuestos por vía de Decreto-Ley. Además, las medidas excepcionales de “consolidación fiscal” se prorrogan un año más. El BOE parece insensible no sólo a la situación social, sino incluso a las propuestas del propio partido en el poder. A corto plazo parece que seguiremos con la misma política fiscal. Los resultados no han sido buenos, recaudamos muy poco con impuestos muy elevados, como informaba el otro día Antonio Maqueda. Como señalaba Albert Einstein “no puedes esperar distintos resultados, si siempre haces lo mismo”. La buena noticia es que parece que hay ideas de reforma a medio plazo.

¿Ustedes qué opinan?

Crisis económica
Tocar fondo y quedarse en él
G
uillermo Dupuy Libertad Digital 5 Julio 2013

En otoño veremos si la crisis que padecemos ha tocado fondo, tal y como ahora parece, o simplemente hemos vivido una pequeña y efímera etapa de brotes verdes como aquella que vivimos en 2011 en la que durante varios meses consecutivos se redujo el número de parados.

Ahora bien: Como en parte ya han apuntado en este periódico Emilio J. Gonzalez y Franscisco Aranda, la cuestión no debería ser tanto saber si por fin ya hemos tocado fondo sino saber si vamos a rebotar con fuerza o permanecer durante mucho tiempo hundidos en él. Dicho de otra forma más simplista. No es lo mismo que nuestra crisis toque fondo en forma de "V" a que lo haga en forma de "L". Y a esto último es a lo que, me temo, nos condena la hipocresía de un gobierno que predica las reformas que no practica y que, en realidad, prefiere el consenso continuista antes que tener que enfrentarse con los privilegiados beneficiarios del statu quo.

La ausencia de verdaderas reformas que liberalicen nuestra economía –con la excepción de la bien orientada pero claramente insuficiente reforma de nuestro mercado laboral- y la obsesión del Gobierno por apuntalar un sector público claramente sobredimensionado supone una rémora que, no nos condenará indefectiblemente a seguir cayendo, pero desde luego debilita enormemente la capacidad de recuperación de nuestro sector privado.

Quienes de manera elogiosa hacia el gobierno ya nos anuncian el final de la crisis basan, en realidad, su optimismo en la consumación de una reforma laboral que el gobierno no ha consumado; en la reforma de unas pensiones que el Ejecutivo no ha ejecutado; en las disposiciones de reducción del gasto autonómico que el gobierno ha aprobado pero no ha hecho cumplir; en una reforma energética que el gobierno ni siquiera ha formulado o en una unidad de mercado que sigue sin formar parte de la realidad.

Tenemos un presidente de Gobierno que considera, tal y como él mismo ha declarado, que España "no tiene un problema estructural" en sus cuentas públicas, sino tan solo uno "coyuntural". Lo cierto es que ese problema estructural que Rajoy niega lo tiene en realidad toda Europa, si bien España de manera todavía más acusada.

Tenemos un presidente que, a la vista también de sus propias declaraciones y, sobretodo de su acción de gobierno, ya no considera que la simplificación y rebaja de los impuestos son un instrumento para la creación de empleo y de riqueza sino más bien un lujo que sólo nos podremos de verdad permitir una vez hayamos salido de la crisis.

Artículo aparte merecería el fatal y decisivo ritmo de endeudamiento al que nos ha abocado no sólo la renuencia de Rajoy a la hora de adelgazar al Estado sino tambien su empobrecedora subida de impuestos, tan demencial que ha sido contraproducente hasta en términos recaudatorios.

Así las cosas, ¿qué quieren que les diga? Si he de ser optimista, sólo puedo serlo en base a la sorprendente y enorme capacidad de reajuste de nuestro menguado y debilitado sector privado, en la fuerza asombrosa de la gente por salir adelante. Pese al Gobierno, no gracias a él.

El PSOE y la corrupción
Editorial www.gaceta.es 5 Julio 2013

La postura socialista ante sus escándalos de corrupción es miserable desde el punto de vista ético.

Los partidos suelen tener dos clases de discurso sobre la corrupción, el genérico, con el que se muestran muy contrarios al fenómeno, que condenan de manera inequívoca siempre que afecte a sus rivales, y el específico, matizado, elusivo y confuso cuando se refiere a un caso que les afecte de manera directa. Este es el caso general, pero el PSOE, en particular, suele echar mano de un tercer tipo de actitud cuando el asunto les resulta especialmente doloroso. Es lo que estamos viendo en el caso de los ERE en Andalucía, que ya se ensayó hace años con campañas implacables contra los escasos jueces que se habían atrevido a fijar su mirada en los abundantes trapos sucios de la familia socialista.

Esta postura del PSOE es miserable desde el punto de vista ético, y debiera servir para que los pocos que consideran todavía que el socialismo se funda en la piedad y la solidaridad con los más débiles se convenzan de su error. El PSOE se comporta en esta clase de asuntos de una manera que nada tiene que ver con los principios que dice defender, sino con las normas de autoprotección y auxilio mutuo que valen perfectamente para cualquier organización cerrada que defienda, por encima de todo, el interés de sus miembros, con la solidaridad cínica con que se protegen los malhechores. Lo que ocurre es que el PSOE resulta ser una maquinaria perfectamente entrenada para desarrollar esta clase de campañas, sin renunciar a ningún procedimiento y sin respetar límite alguno, ni legal, ni moral.

Sus argumentaciones, por llamarlas de algún modo, parten de que, en ningún caso, una acción política amparada por el PSOE pueda resultar contraria a la ley, de manera que si, como patentemente sucede en el caso de los ERE de Andalucía, un juez se atreve a suponer lo contrario, ello no puede deberse a otra razón que a prejuicios políticos de su señoría, o a campañas insidiosas y falsas de los privilegiados y/o del PP. Bajo esta premisa absolutamente insostenible proceden a cobijar toda clase de sofismas, y lo hacen de manera perfectamente polifónica y a todos los niveles, aprovechando todas sus comparecencias, y sin ningún miedo a repetirse, conscientes, como son, de que una mentira convenientemente repetida puede resultar mucho más interesante, útil y persuasiva que la verdad desnuda. Explotan a fondo su particular ley del embudo, manosean el principio de presunción de inocencia, difaman a jueces y abogados, niegan cualquier evidencia. Todo les vale en su socialismo orwelliano y cutre que establece que cuando alguien denuncia cualquier delito de un socialista, el delincuente es el que lo denuncia y, especialmente, el juez que trate de aplicarles la Ley común.

Por fin, el bail-in
Juan Ramón Rallo www.vozpopuli.com 5 Julio 2013

Algunos lo veníamos reclamando desde hace tiempo como una herramienta para evitar la socialización de pérdidas de la banca; otros lo vinieron desdeñando desde ese mismo momento precisamente para consolidar el descarado atraco a los ciudadanos. Al final, Europa, por primera vez y sin que sirva de precedente, se ha puesto del lado de los contribuyentes… al menos, a partir de 2018.

En efecto, el Consejo Europeo aprobó el pasado 28 de junio una propuesta de directiva donde se detallaba el plan de actuación ante la insolvencia sobrevenida de una entidad financiera. El documento parte del principio general de que no puede haber entidades demasiado grandes para caer, por cuanto ello sólo contribuye a extender el riesgo moral entre sus gestores y acreedores: si todos ellos son conscientes de que serán rescatados con independencia del grado de imprudencia de sus decisiones, obviamente tenderán a asumir muchísimos más riesgos de los que deberían.

Ahora bien, el documento también es consciente de que una liquidación desordenada de las entidades quebradas podría acarrear consecuencias devastadoras sobre el conjunto del sistema financiero. No olvidemos que, debido a los enormes privilegios que los distintos gobiernos han ido concediendo a los bancos desde hace décadas (abandono del patrón oro y acceso a la refinanciación de un pródigo banco central monopolístico), el sistema bancario no sólo se ha convertido en una pieza clave dentro del sistema de cobros y pagos de cualquier sociedad, sino que lo ha hecho a pesar de exhibir un insoportable nivel de iliquidez en sus activos y pasivos (los bancos se endeudan a corto plazo e invierten a largo, hallándose siempre a un paso de la suspensión de pagos que sólo los privilegios estatales consiguen evitar). La bancarrota de una entidad bien podría terminar arrastrando a las otras y colapsar el sistema de cobros y pagos, paralizando por entero la economía.

La necesidad del bail-in
Por eso, el bail-in (a saber: la conversión de pasivos de la entidad quebrada en fondos propios) es una solución sensata: el banco insolvente no es liquidado, sino recapitalizado. Pero no es recapitalizado, como hasta la fecha, a costa de los contribuyentes (bail-out), sino con la transformación en acciones de parte del capital que la entidad adeuda a sus acreedores. Al fin y al cabo, cualquier empresa está quebrada en el momento en que sus pasivos superen sus activos: si el diferencial entre pasivos y activos puede convertirse en fondos propios, la empresa por definición no puede quebrar.

Así las cosas, y a partir de 2018, las primeras pérdidas derivadas de las malas inversiones de un banco serán asumidas por los accionistas. Si con éstos no basta –como ha sido habitual durante esta crisis–, los siguientes en asumir los destrozos serán los acreedores subordinados –por ejemplo, los tenedores de participaciones preferentes–, que o bien se transformarían en accionistas o bien perderían todo su capital. Hasta aquí no hay demasiadas novedades: en España ya hemos experimentado las quitas a accionistas y acreedores subordinados. La importante novedad radica en que, si con el bail-in a los acreedores subordinados no es suficiente, se acude a los acreedores senior, aquellos que, salvo en Chipre, se han ido de rositas durante esta crisis. Aclaremos, por cierto, que dentro de la categoría de acreedores senior no sólo se incluyen los bonos no garantizados, sino también los depósitos a la vista no avalados por los Estados (aquellos que superen los 100.000 euros), si bien se atacarán con preferencia los depósitos de grandes empresas sobre los de familias y pymes.

Es verdad que cada Estado miembro tendrá un amplio margen de actuación a la hora de aplicar el bail-in: la normativa solo exige que, como mínimo, éste equivalga al 8% del total de pasivos. Para el resto de necesidades de capital, y con varias importantes restricciones, los distintos Estados podrán seguir insuflando dinero del contribuyente para minimizar las quitas sobre los acreedores. Sin embargo, por negativa que pueda parecernos está discrecionalidad, tampoco cabe desear que Bruselas suplante por completo a los gobiernos de los Estados miembros: lo realmente importante del asunto es que, a partir de 2018, existirá una cobertura jurídica para que los políticos europeos puedan tomar la decisión correcta, esto es, no socializar las pérdidas de los inversiones a los contribuyentes. Por supuesto, si luego somos gobernados por un Rajoy o por un Zapatero que prefieren optar por el socialismo para ricos del rescate indiscriminado de acreedores, los contribuyentes seguiremos siendo oprimidos por nuestra oligarquía política. Pero, ya digo, al menos no tendrán excusas para negarse a seguir el camino correcto: el del bail-in.

Sólo una medida transitoria
En suma, los liberales podemos estar de enhorabuena con esta resolución del Consejo Europeo, ¿no? Sí, aunque sólo de manera parcial. Primero, porque resulta escandaloso que la aplicación del bail-in se haya retrasado a 2018 en lugar de haberse aplicado desde un primer momento para evitar el despojo actual contra el contribuyente europeo y, en especial, contra el contribuyente español. Y segundo porque el bail-in, tal como lo ha configurado Bruselas, confiere un poder absoluto al Estado para intervenir y reorganizar la propiedad de las entidades concursadas. Un poder que no debería corresponder a los gobiernos, sino a los accionistas y a los acreedores. Sucede que, como hemos expuesto, accionistas y acreedores lo son de unas entidades que han sido previamente privilegiadas por los Estados y de ahí que pueda justificarse que se vean despojados de su capacidad para decidir el futuro de la entidad, tratando de minimizar los daños sobre terceros que implica la insolvencia. Pero aquí llegamos a la auténtica madre del cordero: el problema de fondo es que los Estados siguen privilegiando a la banca.

Para los liberales, el bail-in instrumentado a través del gobierno sólo es una solución de transición para un problema generado y agravado por los propios gobiernos: los privilegios concedidos a la banca. Pero, evidentemente, no se trata del remedio ideal y definitivo para los sistemas financieros en bancarrota, pues en circunstancias normales –en circunstancias que no deriven de la manipulación estatal del comportamiento de la banca– la suerte de cada compañía deben decidirla sus accionistas y acreedores. Por consiguiente, bien está que Bruselas se haya decidido, por fin, a descargar a los contribuyentes del coste de rescatar a los acreedores: pero no perdamos de vista que se trata solo de un paso intermedio e insuficiente. El objetivo final ha de ser un sistema monetario y financiero libre: en tal caso, el riesgo sistémico se reducirá a su mínima expresión y serán los acreedores y accionistas quienes sí podrán decidir sin perjuicios si prefieren liquidar su entidad insolvente o recapitalizarla a costa de sus derechos de crédito contra la misma.

Las élites extractivas y el caso Álvaro Lapuerta
Fernando Glez. Urbaneja www.republica.com 5 Julio 2013

El economista turco-americano Daron Acemoglu, profesor del MIT, acuñó el concepto de “élites extractivas” para describir el modelo de sociedades poco maduras, incluso democracias débiles, en las que una minoría se aprovecha de las rentas de la mayoría sin mejorar el conjunto. Se contraponen a las sociedades con “élites inclusivas” que contribuyen al progreso. El concepto ha hecho fortuna, se explica en detalle en un libro de éxito publicado el año pasado, ‘Por qué fracasan los países’, escrito por Acemoglu y James Robinson.

Minorías extractivas fueron en la Restauración (1875-1931) los caciques, que caracterizaron el período hasta agotar el modelo. Y en “minorías extractivas” se están convirtiendo las cúpulas de los partidos en la actual democracia española, que muestra también signos evidentes de agotamiento e incompetencia, aunque saben defender con fuerza sus privilegios en Andalucía, en Valencia, en Madrid, en Barcelona… con Correas, EREs e ITVs.

El caso del extesorero del PP Álvaro Lapuerta (1927), visible estos últimos tiempos tras décadas de discreción pero formando parte siempre del tinglado político, es elocuente del comportamiento de los “extractivos”. Del señor Lapuerta se ha dicho que es un caballero, rico por casa y persona de fiar; tanto que Fraga y Aznar le confiaron la caja del partido tras unos precedentes peligrosos. Abogado del estado desde los años cincuenta, Lapuerta ha vivido siempre bajo el paraguas de la política. Fue procurador en las Cortes franquistas (tercio familiar por Logroño de 1967 a 1977) y también Consejero del Reino, órgano singular del franquismo que tenía la misión de proponer terna para presidir el gobierno.

A la fase pre-democrática Lapuerta llegó con la familia de Silva Muñoz (también abogado del estado) que conformó con otras familias del régimen anterior, la primera Alianza Popular. Fue diputado de la constituyente por AP y luego de la II a la VII legislatura (de 1982 a 2004) bajo la marca del PP con Fraga y con Aznar. Discreto pero eficaz, con entrada en los despachos importantes y capacidad para pedir y cumplir encargos. “Álvaro ha sido muy insistente…” se excusaba Rajoy cuando algún enterado mostraba sorpresa por los colocados por Lapuerta.

Entre esos colocados destaca la actual diputada (y concejal por Madrid) Carmen Rodríguez Flores, cuyo principal mérito es ser muy amiga y muy protegida de Lapuerta. Enchufismo, caciquismo… “élite extractiva” y abuso del presupuesto. El señor Lapuerta podría hacer regalos a su amiga con su propio patrimonio pero prefiere endosar el coste de la amistad al Presupuesto. Y el caso puede que haya ido mucho más lejos.

Así es el comportamiento de “elites extractivas”, que se aprovechan de las rentas de la mayoría y perjudican el común. Robar es un delito, el abuso de poder y el tráfico de influencias también. Este caballero, abogado del Estado, tan fiable como para encargarle la peligrosa caja de caudales de un partido de gobierno, da la medida de la moral dominante: bajita, bajita; muy extractiva. El caciquismo y la arbitrariedad arruinó la Restauración de 1876 y se llevó por delante la monarquía; la corrupción y el tráfico de influencia de influencia puede hacer otro tanto con la Constitución de 1978 y lo que representa. Dominan los “extractivos” y les va bien.

Después de las cancioncillas
juan carlos girauta ABC Cataluña 5 Julio 2013

A estas alturas del delirio, el nacionalismo catalán ya no es capaz de exhibir, siquiera anecdóticamente, algún rasgo de moderación como los que en otras épocas coexistieron con planteamientos más esencialistas

ENTRE los muchos males que el nacionalismo ocasiona a individuos y sociedades, deploro en especial el señalamiento del discrepante, y no porque tantas veces me haya tocado a mí, sino porque tal práctica combina un activo envilecimiento moral con un pasivo embotamiento intelectual: si linchar es innoble, evitar argumentos molestos es idiota. A estas alturas del delirio, el nacionalismo catalán ya no es capaz de exhibir, siquiera anecdóticamente, algún rasgo de moderación como los que en otras épocas coexistieron con planteamientos más esencialistas. El señor Duran debería ser consciente de este cambio si no desea seguir vacilando entre declaraciones de españolidad y apoyo efectivo a la agenda secesionista de su socio, temeraria como corresponde a un poseído por la diosa Ate.

Algunos vimos venir a Convergència desde el primer momento, en el ochenta. No presumo de nada; la lucidez es muchas veces una condena. Como la mayoría de mis conciudadanos, y por supuesto de mi entorno social, debí ignorar lo que estaba sucediendo, mirar hacia otro lado, no chocar con los tenderos neorrománticos que tomaban el poder social desde el poder político. Pero no soy tan listo, no sé callarme a tiempo. Luego todo esto ha acabado convirtiéndose en algo personal, apartándome de dedicaciones más elevadas y placenteras. ¿Cuánto tiempo no me habrá robado la tropa reduccionista, gris, racista, barata y roma? Están en deuda conmigo. Vaya si lo están.

Siempre hay que tomar en serio las amenazas. Cualquier persona leída sabe lo que sucede cuando se mezclan crisis económica aguda, erección de un «otro» odioso y culpable de todo, agitación y propaganda oficiales y fijación de enemigos internos desde el poder. Rezaba un tuit de CiU hace tres días: «La animadversión hacia el derecho a decidir de sectores españoles (...) no puede salir gratis». Cuando quien gobierna te amenaza, se suspende el contrato social, se bloquea la civilización y regresa la lucha por la supervivencia en estado de naturaleza

Orwell y el 'socialismo democrático'
JOSÉ VICENTE PASCUAL www.gaceta.es 5 Julio 2013

El Gran Hermano no fue tan querido como en la plenitud histórica del socialismo democrático.

Este 25 de junio se han cumplido 110 años desde el nacimiento de George Orwell, efeméride que bastantes medios de comunicación han aprovechado para reverdecer la figura del escritor que se alistó en las Brigadas Internacionales, militó en el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), y tras aquella experiencia escribió sus célebres Homenaje a Cataluña y Recuerdos de la Guerra Civil española. Todo lo cual queda fino y muy en onda democrática, como debe ser.

Pero en fin, si hablamos de Orwell, hablamos de Orwell. Cierto es que llegó a Barcelona para alistarse en las Brigadas Internacionales y “matar fascistas porque alguien tiene que hacerlo”, tal como escribió a su amigo Henry Miller en 1936. Combatió en el frente durante más de tres meses. De regreso a Barcelona para disfrutar de un permiso y reunirse con su mujer, se encontró envuelto en los trágicos sucesos de mayo de 1937. El bando republicano se había escindido en dos: por una parte el PSUC, la UGT y ERC, y de otra los anarquistas de la CNT-FAI y el POUM. Los primeros insistían en ganar la guerra por encima de cualquier otro objetivo. Los segundos porfiaban en combatir y hacer la revolución al mismo tiempo. Y andaban a tiros, como es natural.

Orwell se vio nuevamente fusil en mano, defendiendo la sede del POUM hasta que cesaron los combates. El número de muertos en las refriegas se cifra en quinientos durante el enfrentamiento y entre cincuenta y cien ejecutados como represalia a la CNT y al POUM. Entre las víctimas de este partido se cuenta su secretario general, Andrés Nin, quien no murió durante los sucesos de Barcelona ni en la posterior represión, como ha indicado algún periódico, sino asesinado en Alcalá de Henares, tras sufrir interrogatorios y espeluznantes torturas por parte del comisario político Orlov y otros secuaces tan desalmados como él, todos al servicio de Stalin y, en la práctica, déspotas inquisidores del PCE-PSUC.

George Orwell vino a España “para matar fascistas” y acabó disparando y siendo tiroteado por los comunistas, y de no haber salido a escape habría terminado muerto en el frente, donde tanto peligro corría en los combates de primera línea como por la acción represora de los agentes estalinistas de retaguardia. Vino a “matar fascistas” y puso fin a su aventura huyendo a toda prisa de los agentes soviéticos.

De aquella experiencia nacería su novela más conocida, 1984, una crítica escalofriante del estalinismo. Diez años más tarde publicaría estas frases en un periódico neoyorkino: “Cada línea en serio que he escrito desde 1936 ha sido escrita, directa o indirectamente, contra el totalitarismo y a favor del socialismo democrático tal como yo lo entiendo”. Una posición muy respetable, aunque, desde mi punto de vista, ingenua como ingenuo fue el escritor que se jugó la vida luchando por la República, aunque afiliado a un partido que anhelaba su desaparición y la instauración de la dictadura del proletariado.

Ese es el problema perpetuo, sustancial, del “socialismo democrático”, que cuando intenta ponerse en práctica, una de dos: o deja de ser democrático o deja de ser socialismo. Aunque no le neguemos méritos. Aquel raro “socialismo democrático” que Orwell defendía ha conseguido pervivir y mantenerse como melosa utopía hasta nuestro tiempo. Mutatis mutandis, ha generado el núcleo principal del pensamiento bondadoso y las ideologías débiles, convertidas por los dirigentes del sistema en dogma inapelable. Es otra de las grandes paradojas de nuestro tiempo: el “socialismo democrático”, incapaz de transformar la base económica y las estructuras de poder en la sociedad de mercado, instaura su hegemonía en el ámbito ideológico. Un cuerpo doctrinal que, escarmentado tras el fracaso del “socialismo realmente existente”, renuncia a transformaciones profundas del mundo y de la conciencia de los ciudadanos para fundamentar su validez en el contento bullicioso de masas de siervos felices.

Lo importante no es ya la realidad, sino la percepción de cada cual sobre su acomodo en el sistema. No es necesario ser libres, sino sentirnos libres, tanto como para disfrutar sin freno en una sociedad donde todos pueden decir lo que piensan... porque todos piensan lo mismo.

Orwell está de moda, cómo no. Fue un escritor visionario y premonitorio, de eso no cabe la menor duda. Intuyó como nadie la terrible, devastadora certeza con que termina su 1984: “... él, amaba al Gran Hermano”. Así sucede porque no ha podido ser de otra manera. Nunca el Gran Hermano fue tan querido por sus esclavos como en la plenitud histórica del “socialismo democrático”.

*José Vicente Pascual es profesor de historia y escritor.

Mantiene la discriminación lingüística. El Gobierno suaviza la Ley de Unidad de Mercado ante la presión de las autonomías
El Gobierno asegura que la nueva norma no es "recentralizadora" y respeta absolutamente "las competencias autonómicas".
D. Soriano Seguir a @SorianoDomingo Libertad Digital 5 Julio 2013

La Ley de Unidad de Mercado ya está en marcha. El anteproyecto de ley de una de las normas más anunciadas por el Gobierno ha sido aprobado este viernes por el Consejo de Ministros. Ahora queda el trámite parlamentario, por lo que la aprobación definitiva se retrasará al menos hasta el verano.

El texto llega con tres meses de retraso respecto a lo previsto inicialmente. En otoño ya se hablaba de su inmediata aprobación. Pero finalmente las negociaciones con todos los implicados (autonomías y el resto de ministerios) han retrasado uno de los proyectos estrella de Luis de Guindos y Jaime García-Legaz. No sólo eso, en este tiempo, algunas de las iniciativas más atrevidas del secretario de Estado de Comercio y del ministro de Economía se han venido abajo. Al final, la ley presenta numerosas vías de escape que muchos gobiernos autonómicos intentarán aprovechar. La clave, como en muchos otros casos, llegará a la hora de la aplicación, pero viendo cómo han evolucionado otras normas en las últimas tres décadas, es previsible imaginarse qué puede llegar a ocurrir.

En todas las presentaciones de la norma, el Gobierno ha querido dejar claro que ésta era "absolutamente respetuosa con las competencias autonómicas". De hecho, han dejado claro que ésta no es una ley recentralizadora, sino que opera bajo el principio de "confianza mutua", es decir, que cada administración se fía de una empresa o producto si otra administración ha dado su visto bueno, algo que también chocará con las intenciones de los gobiernos regionales (y no sólo nacionalistas).
¿Licencia única?

Como ha explicado Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ésta ley establece el "principio de licencia única". Esto quiere decir que una empresa que obtenga el permiso de un Gobierno autonómico para operar en su territorio, podrá hacerlo también en las otras 16 regiones, sin necesidad de un trámite adicional. El problema es que la propia ley abre varias vías de escape que permitirán a los ejecutivos regionales evitar algunas de estas obligaciones.

En el campo de las mercancías, la ley sí supone un avance bastante importante respecto a lo que había hasta ahora. Un producto habilitado en una región podrá en principio, venderse en las demás sin más requisitos. Eso sí, incluso en esta cuestión habrá excepciones, especialmente en lo que hace referencias al etiquetado, que deberá cumplir con la normativa autonómica.

El caso de los servicios es distinto. En este caso, la ley aprueba la licencia o permiso de acceso único. Sin embargo, en lo que hace referencia a la prestación del servicio, se admite que los profesionales tendrán que atender a lo establecido en la "normativa de la comunidad" correspondiente. Esto quiere decir que un fontanero (por poner el mismo ejemplo del Gobierno) que se habilite en una región, no tendrá que conseguir una licencia en las otras 16. Eso sí, sólo se verá libre de este trámite; en todo lo demás, seguirá estando a expensas de la normativa autonómica.

Hay que apuntar que tanto en un caso como en otro, la ley recoge algunas excepciones. Así, las autonomías sí podrán entrar a regular si la actividad pone en peligro la seguridad, la salud pública, ocupa un espacio público, bienes de patrimonio cultural o supone un riesgo medioambiental. De nuevo, el problema es qué ésta es una rendija por la que podrían intentar colarse algunas autonomías, que usarán estas excusas para saltarse la ley si así lo estiman conveniente.
La polémica de las lenguas

Respecto a la discriminación lingüística (las leyes autonómicas que obligan al uso de la lengua regional en el etiquetado o los comercios), no habrá ningún cambio respecto a lo que estaba vigente hasta el momento. Tanto en el etiquetado como en otro tipo de obligaciones respecto de las lenguas co-oficiales, las empresas estarán obligadas a seguir las disposiciones autonómicas.

Sáenz de Santamaría ha echado balones fuera: "Esta ley no puede entrar a modificar cuestiones de leyes de naturaleza orgánica como los estatutos de autonomía". En realidad, esto quiere decir que finalmente el Gobierno ha sacado de la norma una referencia directa a la "discriminación lingüística". La vicepresidenta ha asegurado que en lo que hace referencia al etiquetado, "la normativa es de carácter europeo". En la práctica, lo que ocurrirá es que buena parte de las leyes autonómicas sobre el uso de las lenguas en las prácticas comerciales seguirán estando plenamente vigentes
Consejo de Unidad de Mercado

Otra de las novedades de la ley es la creación del Consejo Nacional de Unidad de Mercado que, según la vicepresidenta, "analizará de qué manera se puede converger en esa mejora de la regulación" y que incluirá un observatorio de nuevas prácticas regulatorias para acabar con las normas discriminatorias: "Una administración no va a exigir más requisitos que otra administración".

En este sentido, las empresas podrán realizar denuncias de las leyes regionales que quiebren la unidad de mercado. Aquellos que consideren que están siendo discriminados, podrán acudir a la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Según explica el Ministerio, "la CNMC deberá decidir en un plazo de cinco días sobre la procedencia de la solicitud. Si la admite a trámite, el organismo interpondrá recurso ante autoridad judicial que significará la suspensión automática del acto recurrido". Es decir, que sólo con la decisión de la Comisión se detiene la aplicación de la norma autonómica. En el Ministerio creen que "de esta forma se evitan los costes de tiempo y dinero que suponen a las empresas y profesionales esperar a una resolución judicial para ejercer sus actividades económicas".

Las palabras de la vicepresidenta
Sáenz de Santamaría ha asegurado que es "muy urgente", porque las "dificultades administrativas se han visto como desincentivos a la inversión, han provocado inseguridad jurídica y no han permitido aprovechar las economías de escala" de un mercado de 47 millones de habitantes.

La vicepresidenta ha explicado que el principio sobre el que se basa este plan es que "si para usted está bien, yo confío en lo que usted hace y usted confía en lo que hago yo". "Y como todos somos muy respetuosos de nuestras competencias" ha recalcado, pues todas las administraciones tendrán que admitir los permisos que otra administración haya dado.

Sáenz de Santamaría ha asegurado que ésta es una "norma que hace país" y garantiza el "mercado interior" en España. Para explicar hasta dónde llega la locura normativa de los últimos años, ha puesto varios ejemplos: "Hoy una empresa que vende productos alimentarios debe incluir especificaciones distintas sobre la composición del producto, o un fontanero tiene que obtener un certificado de certificación profesional adicional al que tenía en su comunidad autónoma". Por eso, es imprescindible en su opinión "eliminar las barreras".

Según los cálculos del Ministerio de Economía, "esta ley puede suponer en diez años un aumento del PIB del 1,52%, lo que supone 1.500 millones al año", unos beneficios que se repartirán por todo el sistema.

Los ERE
El retorno de Maleni
Emilio Campmany. Libertad Digital 5 Julio 2013

En esta cada vez más abarrotada y peor pagada cofradía de la columna, nunca hay muchas alegrías. Al contrario. Todo son reveses y desastres. Un día te tienes que empollar qué es eso del tax lease para averiguar que es un invento por el cual las empresas de construcción naval tenían el chollo de no pagar impuestos, un galimatías obra de la todopoderosa burocracia europea. Al otro, te tienes que aventurar embarcado en tu pobre cascarón en las profundidades de los piélagos del sistema fiscal para tratar de enterarte de qué hace la Agencia Tributaria cuando se encuentra con determinados DNI para descubrir que nada. Al tercero, te ves en la obligación de documentarte acerca de cómo se mueven capitales que abultan más que el trasero de Bridget Jones de Suiza a Nueva York y de Nueva York a Uruguay pasando por Islas Vírgenes, las Bahamas, Caimán y qué sé yo qué paraísos fiscales cuando a lo que nadie quiere responder es cómo pudo Bárcenas acumular semejante fortuna, esté donde esté, a base de ser el tesorero del Partido Popular.

Y todas las semanas, hay que dedicar al menos una tarde a aprenderse los secretos de las cuentas públicas, que no son la cuenta de la vieja que hace el ama de casa, porque, si despides a empleados públicos, se te engolfa la partida del subsidio de desempleo y si cierras algunas de las muchas empresas inútiles que tiene el Estado, resulta que le metes un tantarantán al PIB. ¡Con lo bien que lo pasábamos con Maleni cuando decía eso tan gracioso de que ella se presentaba por la "ciruncisión" de Málaga!

Y como Dios aprieta, pero no ahoga, aunque a veces parezca que lo que hace es que aprieta, pero no afloja, hete aquí que tenemos de vuelta a nuestra Maleni, la musa del analista, la diosa del articulista, la patrona indiscutible de la cofradía de la columna, la que ha de poner tasa a las eternas horas frente al ordenador. Tendremos ahora tiempo de disfrutar de esa cañita a la que siempre están dispuestos a invitarnos los sindicalistas. Podremos quizá, tras vender las joyas de la abuela, irnos un sábado con la familia, que tanto nos echa de menos, a darnos una comida, si no como las mariscadas que acostumbran en IU, al menos con palomino de añadidura. Disfrutaremos viendo cómo juegan a la petanca en los parques prejubilados que frisan los cincuenta. Saldremos a pasear por este Madrid derrochón y farolero que desavisado e insensato espera ilusionado que le caiga la desgracia que será tener que organizar los Juegos Olímipicos de 2020.

Para todo habrá ya tiempo ahora que, gracias a Dios, ha vuelto Maleni. El artículo, la columna, el comentario saldrá solo del ordenador. En un pispás. Se escribirán sin esfuerzo miles de folios, se rellenarán sin necesidad de pesados estudios previos miles de horas de tertulia en la radio a cuenta de la última sansirolada de la incomparable, inigualable e inimitable Maleni Álvarez. Que Dios la bendiga.

Cataluña
La lista de los buenos catalanes
José García Domínguez Libertad Digital 5 Julio 2013

Una noticia normal de un día normal en un lugar anormal. El Gobierno ha procedido a elaborar un registro público donde figuren nombres y apellidos de los habitantes que manifiestan por escrito su apoyo expreso a las decisiones políticas del poder. La lista permanecerá expuesta en las oficinas estatales a disposición de cuantos deseen averiguar, por ejemplo, quién ha rehusado declararse adicto a la autoridad. Contra lo que pudiera estar pensando el lector, el lugar anormal no es Corea del Norte sino Cataluña. Y huelga decir que la creación de ese catálogo administrativo de inquebrantables adhesiones no ha merecido el menor comentario crítico en los medios locales que aún se llaman de comunicación.

Ni un editorial conjunto, ni una columnita de opinión discrepante, ni una broma de la innúmera legión de graciosos en nómina de TV3, ni un manifiesto de los abajofirmantes habituales. Nada de nada. Solo el silencio de los corderos cuatribarrados. Las listas blancas y las listas negras, el inventario de los buenos y el de los malos, nosotros y ellos, España y la Antiespaña (o Cataluña y la Anticataluña, que tanto monta). Secular tradición de esta península cainita, la de señalar con el índice al disidente por acción u omisión, al fin superada, salvo, ¡ay!, en el país petit. Al cabo, la lista de Mas no deja de constituir un sucedáneo actualizado de aquel célebre Libro Verde de Aragón donde constaban las señas de cuantos pobladores no acreditasen la pureza de sangre necesaria para poder decirse cristianos viejos.

Desde el punto de vista físico, Cataluña forma parte de Europa, pero en lo espiritual anda mucho más cerca del archipiélago de las Galápagos. Igual que en esas remotas islas del Pacífico han logrado sobrevivir especies animales ya extinguidas en el resto del planeta, el ecosistema moral catalán ha conservado un tipo humano, el intratable centinela de la ortodoxia y martillo de herejes, por ventura desaparecido en la España civil y civilizada de más allá del Ebro. Como en las sociedades premodernas, en la Cataluña de Mas disentir de la religión oficial es sinónimo de abjurar del único dios verdadero. Y en nada cambia las cosas el que la teología sea laica y el demiurgo se llame nacionalismo. Todos firmes, van a pasar lista.

"De Bolinaga y de distinciones judiciales"
Fernando Lázaro. El Mundo 5 Julio 2013

Desde luego que el caso del carcelero de Ortega Lara, del terrorista que tiró la llave del zulo donde estuvo secuestrado José Antonio 532 días con sus noches no está ni mucho menos cerca de su final. Se acerca el primer aniversario de su liberación, de la salida de la cárcel de Josu Uribetxebarria Bolinaga y la polémica lejos de calmarse, arrecia. Y para que no se enfríe, una condecoración al juez que firmó su salida del 'talego'.

Cierto que la decisión es legal y fue adoptada por los tribunales. Cierto que quien firmó su excarcelación tras recibir los informes médicos de la sanidad vasca fue el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro. Y cierto que la decisión fue avalada también por la Audiencia porque se ajustaba a derecho. Pero es cierto también que las dudas sobre todo lo que se refiere a Bolinaga, tanto en el plano médico como el político, han estado persiguiendo a las víctimas, que no se dan por convencidas. Porque sus dudas son las de muchos.

Y cierto es también que en los próximos días, el Ejecutivo impondrá al juez Castro la cruz de primera clase de San Raimundo de Peñafort, lo que aún provoca más dudas entre el mundo de los incrédulos, entre aquellos que sospechan que la excarcelación de Bolinaga es algo más que la pura aplicación de la legislación penitenciaria.

Desde el Departamento dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón se esfuerzan por desmarcar esta condecoración de nada que tenga que ver con Bolinaga. Los portavoces oficiales del Ministerio de Justicia aseguran que esta medalla fue concedida poco antes de que Castro diera luz verde a la excarcelación Bolinaga para recibir el tratamiento contra el cáncer fuera de la prisión. Se asegura también que el trámite para la concesión se inició a instancias del presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes. Pero también es cierto que quien finalmente da el sí a este expediente es el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. Y también es cierto que ese expediente se culmina cuando ya Bolinaga está en la calle. Y también es cierto que hasta la semana que viene el magistrado no recibirá esta distinción, con la que se trata de destacar los importantes servicios realizados al Estado desde el ámbito jurídico. El trámite, efectivamente, se pudo iniciar antes de la libertad de Bolinaga. Eso sí, poco antes, apenas 15 días antes. Pero la distinción se la conceden ahora y se la entregan esta semana. Qué casualidad, cuando de nuevo el asunto de Bolinaga, gracias a los informes del Colegio de Médicos de Madrid, ha saltado de nuevo a la palestra.

No son pocos los dueños de togas que aún sangran por las heridas de las retiradas de las escoltas en la Audiencia Nacional. Y recuerdan que precisamente a este magistrado fue uno de los pocos a los que el Ministerio del Interior le mantuvo la protección, no le retiró ni uno solo de los agentes encargados de su vigilancia ni, por supuesto, el coche. Esa diferencia de trato -así lo interpretan muchos magistrados y fiscales- despertó muchas suspicacias en el seno de la Audiencia Nacional. Ahora, el Ministerio del Interior está estudiando de nuevo la seguridad de jueces y magistrados y las aguas vuelven a bajar algo más calmadas. Pero todo lo que vincula a presos de ETA, juez de vigilancia penitenciaria y Gobierno está siendo observado con lupa de precisión desde muchas instancias.

No son pocos los que han tachado de "lavado de cara" la petición del Ministerio del Interior de un nuevo informe médico por parte de la sanidad vasca. De hecho, los que apuntaron más frecuentemente en esta dirección son los responsables de la organización Voces contra el Terrorismo, liderada por José Alcaraz. Entienden que desde Interior se trata de reclamar una información médica que seguro que no aporta novedad alguna. "¿Alguien se cree que ahora los médicos de Osakidetza van a decir que el terrorista puede ser atendido de su tratamiento en prisión?", apuntan desde estas filas. Y es que la crispación sobre este caso se reabrió después de que el Colegio de Médicos dejara en mal lugar estos informes de los sanitarios vascos al señalar que el etarra podría ser atendido de su enfermedad en la misma prisión.

Nadie espera sorpresas en el nuevo informe que deberá remitir la sanidad vasca al Ministerio del Interior. Nadie se espera cambios en la situación penitenciaria de Bolinaga. Y muchos siguen preguntándose por qué no se elaboró el informe médico sobre el etarra cuando cumplía su pena en la cárcel de León, con los médicos de allí. No entienden por qué, primero, se le acerca al País Vasco y luego se adoptan medidas con los informes médicos de los sanitarios de aquella comunidad. Tiene pinta de que el caso Bolinaga no está precisamente dando sus últimas pedaladas. ¿O sí?

El Congreso escuchará 50 voces contra y a favor de la Lomce por petición de los partidos
Agencia Efe  5 Julio 2013

Madrid, 27 jun (EFE).- Finalmente serán cincuenta los expertos educativos que desfilarán por la Comisión de Educación del Congreso, a petición de los distintos grupos parlamentarios, para exponer sus razones a favor o en contra del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). La lista definitiva de comparecientes solicitados por los partidos, y a la que ha tenido acceso Efe, se ha visto bastante reducida en cuanto a su número ya que, por ejemplo, el PSOE pidió en un primer momento que se escuchara a 45 personas y al final desde esa formación serán quince.

El PP, con veintiún comparecientes, es el partido que más expertos llevará a la Comisión, tanto a favor como en contra de la Lomce. El diputado de Compromís, Joan Baldoví, del Grupo Mixto ha criticado la distribución numeraria de las comparecencias al entender que de las cincuenta estipuladas al final, "el PP se ha adjudicado casi la mitad", según ha señalado en un comunicado. Fuentes parlamentarias han informado a Efe de que será los días 3, 4, 10 y 11 de julio cuando los distintos representantes de sindicatos y asociaciones de padres, alumnos, docentes, centros de enseñanza y otros expertos educativos acudan a la Comisión de Educación de la Cámara baja a exponer sus posturas sobre la reforma que defiende el ministro José Ignacio Wert.

Entre los veintiún comparecientes requeridos por el PP se encuentran los sindicatos USO y CSIF, cuyos responsables, Antonio Amate y Adrián Vivas, respectivamente, han mostrado en numerosas ocasiones su rechazo a diversos puntos del texto, al igual que el presidente de la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto (Ancaba), Felipe de Vicente. El PP también espera que hable el subdirector de Educación de la OCDE, Andreas Schleicher, o el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), Nicolás Fernández Guisado. Asimismo, el catedrático de Filología inglesa en la Universidad de Valencia, Miguel Martínez; la catedrática de Lengua Castellana y Literatura del instituto Máximo Trueba de Boadilla (Madrid), Paloma Rodríguez, o el catedrático de Fundamento del Análisis Económico de la Universidad Carlos III de Madrid, Antonio Cabrales. La lista de quince nombres del PSOE incluye a representantes de los sindicatos UGT, CCOO, Stes. de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) o el viceconsejero de Educación andaluz, Sebastián Cano.

También los catedráticos de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Gregorio Cámara, y el de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, Jorge Calero, además del exdirector del Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación Enrique Roca. CiU contará con cuatro comparecientes, desde un experto en el sistema educativo filandés (Xavier Melgarejo) hasta el presidente del Consejo Escolar catalán, Ferrán Ruiz; además, el presidente del Consejo superior de Evaluación del sistema educativo catalán, Joan Mateo, y el secretario general de la Fundación Escuela Cristina catalana, Enric Puig. Desde Izquierda Plural se ha pedido que acudan el secretario general del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado, el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, y el abogado Ramón Plandiure. UPyD ha propuesto a Francisco Caja, de Convivencia Cívica Catalana, y a Víctor Ortega, director del instituto Gabriel y Galán de Montehermoso (Cáceres). El grupo vasco (EAJ-PNV) quiere que comparezcan los expertos Jorge Arévalo y Xabier Garagorri. Y, por último, desde el Grupo Mixto, acudirán la profesora universitaria Mariam Bilbatua, el secretario nacional del sindicato gallego CIG-Ensino y miembro del Consejo Escolar, Francisco Xesús Anxo, y el catedrático de Derecho Civil y Defensor del Universitario de la Universidad de Oviedo, Ramón Durán.

El partido de Artur Mas
La deuda de CiU con la banca se dispara un 670% en solo cuatro años
Según el Tribunal de Cuentas se sobrepasó el umbral de los 16 millones en el 2006
Redacción www.lavozlibre.com 5 Julio 2013

Madrid.- Según la información contable que CiU proporciona año tras año al Tribunal de Cuentas, el endeudamiento del partido se ha disparado hasta un 670% en tan solo cuatro años. A 31 de diciembre de 2002, declaró una deuda con diversas entidades de crédito por un importe de 2,1 millones de euros, pero al acabar el año 2006 la cifra de endeudamiento superó los 16 millones de euros, un umbral que también fue sobrepasado en el año 2007. Estos datos constituyen la mayor parte de 'patrimonio neto negativo' de acuerdo con el informe constatado por el Tribunal de Cuentas, tal y como informa el diario 'ABC'.

Aunque CiU sea una coalición entre los partidos Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y Unió Democrática de Cataluña (UDC), a efectos contables y jurídicos se constituye como una entidad en sí misma. De esta forma, el partido de Artur Mas queda conformado por tres entidades, la matriz CiU además de CDC y UDC, cada una con sus propias cuentas. De forma conjunta, el entramado económico con el que cuenta la coalición en estos momentos, según los datos del Tribunal de Cuentas, son desoladores. De hecho, ya en el año 2008, Unió acumulaba un patrimonio neto negativo que se cifra en 8.044.676 euros, a los que habría que sumar otros 10.726.638 de la matriz CiU.

SUBVENCIONES RECIBIDAS
Dada la capacidad económica, con grandes números de deudas, una empresa privada se encontraría a las puertas de un proceso concursal por suspensión de pagos, pudiendo incluso, en el peor de los casos, a la liquidación si el proceso no consigue enderezar la situación.

Para solventar el problema una de las soluciones es la inyección de capital. En el caso de CiU, pese a su espiral de endeudamiento, el dinero prestado le fue llegando con fluidez hasta el punto de que, según como informa también el Tribunal de Cuentas, los más de 16 millones de euros de deuda en créditos los tenía asegurados, simplemente, por la garantía de la formación política que ostenta, sin necesidad de hipoteca con la que responder en caso de impago.

De todas formas, el acceso al crédito se lo garantizó a pesar de los números rojos. Aun así, en el cómputo global del periodo comprendido entre los años 2004 y 2007 arrojó un saldo de 3,7 millones de euros en pérdidas acumuladas. De nada sirvieron los 46 millones en subvenciones que CiU recibió en esos mismos años.

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El bucle
mique porta perales ABC Cataluña 5 Julio 2013

El Concierto por la Libertad (?!) fue una suerte de Comunión o Congregación de aquellos que profesan una misma fe. Nada nuevo.

EL Concierto por la Libertad (?!) del pasado fin de semana fue una fiesta, una celebración, un ritual, una catarsis, una reivindicación. El concierto apeló al sentimiento colectivo y a las emociones compartidas a través de la música, la poesía y el eslogan. Un ejercicio de autoestima en que cada participante -mejor, oficiante- se vio reflejado en el otro -elevado a la categoría de pueblo: así se convierte la parte en el todo-, que protagonizó y compartió igual experiencia e iguales sueños. Y la misma fobia.

El Concierto fue una suerte de Comunión o Congregación de aquellos que profesan una misma fe. Nada nuevo. En otras ocasiones -en este u otro lugar, con idénticos propósitos, ideas y gente-, ocurrió eso exactamente. Ese bucle melancólico, ese ciclo que se repite constantemente. El eterno retorno.

En el Concierto -marca de la casa- reapareció la nostalgia antifranquista. Por ejemplo: se reivindicó la libertad como si en España -Cataluña incluida- no la hubiera, se cantó el Què volen aquesta gent? como si la policía vinera de madrugada a detener a los opositores al Régimen, se coreó LŽestaca como si se tratara de tumbar una dictadura. Por no hablar de las prédicas sonoro y ardiente ejercicio de demagogia y populismo- de muchos oficiantes empeñados en enardecer a un público que se excita solo. Todo un espectáculo.

Si de la representación festiva de alto voltaje pasamos a la muy prosaica realidad política, ¿cómo convertir la poesía en prosa? Creo que eso no ocurrirá. La reivindicación independentista se alimentará a sí misma sin solución de continuidad por falta de apoyo social, político y legal. Y, quizá, por falta de convicción. Asistiremos a la reclamación permanente -otra vez el bucle que no cesa- gracias a la cual determinados políticos y fuerzas políticas obtienen réditos.

¿La Ítaca soñada nacionalista? Si viajan a Grecia, comprobarán que se trata de una isla turística levantada -si aceptamos la leyenda- sobre las ruinas de la vieja Ítaca del Ulises homérico.

 

 Juan Carlos Barba  El Confidencial 5 Julio 2013

Una economía sostenida por la deuda pública

A pesar de la retórica de austeridad del Gobierno, la realidad es bien distinta

Decía un buen amigo mío, semanas antes de la victoria electoral del PP, en el otoño de 2011, que al igual que Zapatero fue el discípulo aventajado de Aznar (en el sentido de que infló la burbuja inmobiliaria hasta el límite), Rajoy sería el mejor de los discípulos imaginables de Zapatero. Desgraciadamente ha tenido razón. La deuda neta emitida por el Tesoro (es decir, emisiones menos vencimientos) ha aumentado en el primer semestre de 2013 en nada menos que en 29.104 millones de euros. Se han emitido 50.955 millones frente a los 21.851 del primer semestre de 2012. 

Me comentaba una vez uno de los economistas del Ministerio de Economía que se dedica al control de las cuentas públicas que ellos, a nivel interno, siempre miran los datos de déficit que les llegan de los diferentes organismos, pero que después siempre cotejan con la deuda, ya que se creen esos datos sólo hasta cierto punto. Siguiendo este razonamiento, la conclusión es que en el Gobierno se ha perdido el miedo y que el gasto sencillamente está otra vez desatado. Justo lo que hizo Zapatero en 2009 y hasta mayo de 2010. En el gráfico podemos ver la evolución de las emisiones netas de deuda; las de vencimientos a medio plazo (bonos) se hallan más o menos estabilizadas, pero las de obligaciones (largo plazo) y letras (corto plazo) se están disparando.

Si vamos al total de la deuda, incluyendo todo el sector público, el panorama es sencillamente aterrador. El total ascendió en abril (últimos datos publicados) a 914.000 millones de euros, 145.400 millones más que 12 meses antes, cuando en el mismo período del año anterior fueron 89.300 millones. Cierto que está incluido el rescate bancario, pero no es menos cierto que ese dinero ha pasado a engrasar la maquinaria de la economía española y ha evitado un desplome aún mayor del crédito al sector privado y, por lo tanto, de la economía.

La mejora de las condiciones de los mercados financieros ha hecho que la financiación para el Estado, los bancos y las grandes empresas sea mucho más fácil y barata, lo que ha traído como consecuencia la reducción de la deuda de la banca española con el BCE e, indirectamente, la relajación de la disposición del Gobierno hacia el recorte del gastoLa mejora de las condiciones de los mercados financieros, tranquilizados por la disposición del BCE a respaldar a los países débiles del euro, ha hecho que la financiación para el Estado, los bancos y las grandes empresas sea mucho más fácil y barata, lo que ha traído como consecuencia la reducción de la deuda de la banca española con el BCE e, indirectamente, la relajación de la disposición del Gobierno hacia el recorte del gasto, que tampoco fue nunca demasiado entusiasta y que se centró básicamente en la disminución de las inversiones en infraestructuras e investigación, en la eliminación de la paga extra de diciembre a los empleados públicos y en el despido de temporales en las diferentes Administraciones. Nunca se vio intención de desmontar las redes clientelares que sustentan el régimen del 78, lo cual tampoco es de extrañar ya que sería como pedir al condenado a la horca que fuera a comprar la soga. Evidentemente, no iba a encontrar nunca una de su gusto.

El panorama que nos encontramos, pues, es el de un sector público con el gasto desbocado pero dedicado a cuestiones cuya rentabilidad social es sumamente baja, ya que los recursos sobrantes después de atender las obligaciones básicas del Estado se dedican fundamentalmente a sostener la corrupción.

 

¿Y todo ello para qué? A pesar de los anuncios del Gobierno de que en el segundo trimestre la economía no ha decrecido, los datos sectoriales nos están diciendo que no es cierto, y que lo que ha sucedido es que el decrecimiento ha sido más lento. El indicador que tradicionalmente mejor correlaciona con el PIB, que son las ventas de las grandes empresas, ha pasado de caer un 5,9% en el año de 2012, dato que se puede asimilar con bastante confianza a la caída real de la economía española, al 3,8% en el segundo trimestre de este año, a falta de los datos de junio. Totalmente patético teniendo en cuenta el impresionante aumento del endeudamiento público.

El discurso de que se están produciendo ajustes en la oferta (es decir, en el sector productivo privado) que hacen que este sea mucho más eficiente es sencillamente falso, como se ve en la evolución de los índices de competitividad, que no han mejorado en absoluto. Esto lo apreciamos en el gráfico siguiente.

Vivimos, pues, en una inmensa mentira, pura propaganda propia de un régimen orwelliano en que colaboran de la forma más abyecta la mayor parte de los medios de comunicación. Nos dicen que hay austeridad cuando es falso (al menos en el conjunto del gasto). Nos dicen que la economía se está ajustando cuando también es falso. Tampoco es cierto que el sector financiero esté mejorando, ya que en pocos meses pierden todo lo que se les ha inyectado y mucho más. Nos dicen que el inmobiliario ha tocado fondo y, sin embargo, está cada vez más hundido. Y lo peor de todo es que el aumento del endeudamiento público es totalmente inútil, ya que al no producirse una recuperación de la economía con el consiguiente aumento de la recaudación esta trayectoria no resultará. Tarde o temprano se llegará a la evidente conclusión de que nunca se podrá devolver esa deuda, nuevamente subirá la prima de riesgo y aumentarán las presiones políticas para que se recorte el gasto público. Y en el momento en que eso pase, todo este amago de recuperación que estamos viviendo se vendrá abajo como un castillo de naipes.


******************* Sección "bilingüe" ***********************



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