AGLI Recortes de Prensa   Sábado 6 Julio 2013

El interés general... que puede acabar con nosotros
J. de Mendizábal www.voxpopuli.com  6 Julio 2013

La socialdemocracia imperante -ya sea la tradicional de izquierdas, ya sea la novedosa de derechas que gobierna en la actualidad- utiliza para justificar cualquiera de sus medidas "el interés general" como denominador común. Interés general que interpreta a su voluntad el gobernante de turno, ya sea nacional, autonómico o local.

La realidad es que, en general, el interés general suele basarse en (a) una cuantificación del coste o del beneficio electoral que interpreta el gobernante que puede costarle o reportarle tal o cual decisión o (b) el beneficio o coste "social". Esto último es casi más peligroso, por cuanto en "lo social" puede caber cualquier cosa. Desde los aprobados generalizados -¿qué puede ser más social que aprobar a todo el mundo aunque exámenes enteros sean dignos de figurar en la Antología del Disparate?- hasta tener contentos a los agentes sociales por excelencia, el sindicato unificado UGTCCOO (*). Desde desbaratar el sistema hipotecario español anulando las cláusulas suelo con el consiguiente descalabro que puede provocar en la banca (cosa que acabaremos pagando todos, una vez más) hasta la expropiación de pisos sin ocupar. ¡Oh!, sí, lo social, ese gran mantra en nombre del cual se puede hacer cualquier barbaridad siempre y cuando el coste sea pagado a largo plazo, es decir, no en las próximas elecciones.

Habría que recordar que, con el interés general por bandera, se han cometido las mayores atrocidades de la Historia. Hitler se anexionó Austria en aras del interés general de los alemanes (no por ello coincidente con el de los austriacos); luego invadió Polonia asociado a Stalin, el otro monstruo. Comenzó a expropiar a los judíos todos sus bienes y luego ya, directamente, procedió a exterminarles. El interés general de la masa veía así recompensada su pérdida de libertad (luego pasó lo que pasó). Del interés general de los judíos, ni hablamos. Stalin, por su parte, estableció el régimen con más interés general de la Historia, lo social por encima de cualquier otro derecho particular. De paso, asesinó o encarceló a millones de compatriotas por ser precisamente "antisociales", pero eso fue una anécdota para la ideología que defiende Cayo Lara; ideología que, por cierto, avanza imparable en Andalucía y otras zonas de España en pleno siglo XXI.

No llegaremos, obviamente, a esos extremos, pero es un bonito tema este del interés general. Por ejemplo, hizo que en el 97, el Gobierno de Aznar regulase en favor de las energías renovables. A esa llamada acudieron infinidad de empresas y fondos nacionales e internacionales. Estaba garantizada la rentabilidad por el Estado Español, no por un Gobierno. La llamada de ‘acuda’ llegó al paroxismo con el ministro Bombilla -Sebastián- promocionando y primando la energía solar mientras su hermano se sentaba en el Consejo de Abengoa, detalle éste sin importancia, claro. Pues bien, el interés general ha cambiado y ahora ya no importa el cambio climático, ni la independencia energética, ni las emisiones de CO2, ni la seguridad jurídica, ni la certidumbre regulatoria. Importan el déficit de tarifa y las impopulares subidas del recibo de la luz. Tampoco importan las decenas de quejas, recursos y demandas que las asociaciones, empresas e Investment Funds están planteando contra el Estado Español en todo tipo de instancias nacionales e internacionales. Modelo Bolivia/Ecuador/Argentina/Venezuela. Dado que esos litigios tardarán años en solventarse, no son preocupantes a corto. En este sentido, es cierto que no somos Uganda, como proclamó Rajoy a los cuatro vientos, somos más bien bolivarianos como recuerdan los inversores internacionales a todos los que se pasan por Londres o NY a vender la "renovable" Marca España.

También es de destacar, en el ámbito del interés general, las sucesivas subidas de impuestos de todos los colores, directos e indirectos, nacionales, autonómicos y locales. Aunque algunos creamos que se está asfixiando el consumo, el ahorro y la inversión, las subidas son por nuestro bien. Son un recargo solidario y social. Muchos pensamos que, en realidad, son para sostener una estructura estatal, autonómica y local insostenible, pero como muy posiblemente ese marrón -su "insostenibilidad"- se lo comerá otro en las próximas legislaturas, no es relevante ahora mismo.

Cabrían muchos más ejemplos. Pero lo cierto es que lo autónomo, privado, particular, individual va perdiendo la batalla en aras del sagrado interés general que, al final, la mayoría de las veces, esconde un interés muy particular: cómo mantenerse en el poder. Electoralismo, demagogia, populismo, bienvenidos, es vuestra época. Mientras, media España en fase de instrucción judicial por corrupción. Juicios que terminarán en 10 ó 15 años. Todo muy alentador.

Sígame, si le parece en Twitter @MendiMendi1

(*) UGTCCOO. No recuerdo una foto por separado de Toxo y Méndez en los últimos años, exceptuando la de Toxo en el crucero por el Báltico con su señora esposa. Ni una discrepancia. Ni una opinión diferente. ¿Por qué no se unen? A lo peor es porque habría menos cargos y liberados que repartir.

El PSOE y la corrupción
Editorial www.gaceta.es  6 Julio 2013

La postura socialista ante sus escándalos de corrupción es miserable desde el punto de vista ético.

Los partidos suelen tener dos clases de discurso sobre la corrupción, el genérico, con el que se muestran muy contrarios al fenómeno, que condenan de manera inequívoca siempre que afecte a sus rivales, y el específico, matizado, elusivo y confuso cuando se refiere a un caso que les afecte de manera directa. Este es el caso general, pero el PSOE, en particular, suele echar mano de un tercer tipo de actitud cuando el asunto les resulta especialmente doloroso. Es lo que estamos viendo en el caso de los ERE en Andalucía, que ya se ensayó hace años con campañas implacables contra los escasos jueces que se habían atrevido a fijar su mirada en los abundantes trapos sucios de la familia socialista.

Esta postura del PSOE es miserable desde el punto de vista ético, y debiera servir para que los pocos que consideran todavía que el socialismo se funda en la piedad y la solidaridad con los más débiles se convenzan de su error. El PSOE se comporta en esta clase de asuntos de una manera que nada tiene que ver con los principios que dice defender, sino con las normas de autoprotección y auxilio mutuo que valen perfectamente para cualquier organización cerrada que defienda, por encima de todo, el interés de sus miembros, con la solidaridad cínica con que se protegen los malhechores. Lo que ocurre es que el PSOE resulta ser una maquinaria perfectamente entrenada para desarrollar esta clase de campañas, sin renunciar a ningún procedimiento y sin respetar límite alguno, ni legal, ni moral.

Sus argumentaciones, por llamarlas de algún modo, parten de que, en ningún caso, una acción política amparada por el PSOE pueda resultar contraria a la ley, de manera que si, como patentemente sucede en el caso de los ERE de Andalucía, un juez se atreve a suponer lo contrario, ello no puede deberse a otra razón que a prejuicios políticos de su señoría, o a campañas insidiosas y falsas de los privilegiados y/o del PP. Bajo esta premisa absolutamente insostenible proceden a cobijar toda clase de sofismas, y lo hacen de manera perfectamente polifónica y a todos los niveles, aprovechando todas sus comparecencias, y sin ningún miedo a repetirse, conscientes, como son, de que una mentira convenientemente repetida puede resultar mucho más interesante, útil y persuasiva que la verdad desnuda. Explotan a fondo su particular ley del embudo, manosean el principio de presunción de inocencia, difaman a jueces y abogados, niegan cualquier evidencia. Todo les vale en su socialismo orwelliano y cutre que establece que cuando alguien denuncia cualquier delito de un socialista, el delincuente es el que lo denuncia y, especialmente, el juez que trate de aplicarles la Ley común.

Déficit
El plan de proveedores sí aumenta el gasto
Juan Ramón Rallo Libertad Digital 6 Julio 2013

Hasta la fecha, el Gobierno ya ha aprobado dos planes de proveedores con un importe de 28.000 millones de euros. Ahora van a por un tercero "y último" (sic), con un monto estimado de más de 19.000 millones. En total, pues, alrededor de 47.000 millones en facturas pendientes de pago debido al sobregasto de las Administraciones autonómicas y municipales (controladas desde mayo de 2011 en su inmensa mayoría por el austero Partido Popular). Pero no pasa nada: el mismo Gobierno nos anuncia a renglón seguido que este tercer plan de proveedores, como los otros dos anteriores, no afectará ni al gasto ni al déficit público. Miel sobre hojuelas: se pagan las facturas atrasadas y no nos cuesta nada. ¿Por qué, entonces, no recurrimos a un cuarto, a un quinto, a un sexto y al enésimo plan de proveedores? Rentabilidad sin coste, el sueño de todo inversor.

Sucede, sin embargo, que el Gobierno no está diciendo la verdad. Nada inhabitual, desde luego, pero no está de más explicar dónde reside la trampa. De entrada, es cierto que el gasto y el déficit públicos no aumentarán directamente como consecuencia del tercer plan de proveedores: al fin y al cabo, estamos hablando de que se trata de un instrumento concebido para abonar las facturas ya emitidas sobre gastos ya realizados y contabilizados. Dicho de otro modo, los proveedores ya prestaron sus servicios a las Administraciones territoriales y éstas ya asumieron el compromiso de pagarles (esto es, ya registraron el gasto en su correspondiente ejecución presupuestaria). El único problema es que no tienen tesorería para pagarles.

En este sentido, el plan de proveedores simplemente implica la sustitución de una deuda comercial (cuánto adeudamos a nuestro proveedor) por una deuda financiera (cuánto adeudamos al tenedor de nuestros bonos). Pero con ese reemplazo no hay nuevo gasto, ni nuevo déficit, ni siquiera nueva deuda en sentido lato (incluyendo tanto la financiera como la comercial). Ahora bien, existe una diferencia básica entre la deuda financiera y la comercial: la primera devenga intereses explícitos y la segunda no. Por consiguiente, como el plan de proveedores implicará la emisión de 19.000 millones de euros de deuda financiera para pagar las deudas comerciales, el Estado comenzará a pagar intereses sobre esos 19.000 millones, y los intereses financieros sí implican un aumento del gasto y del déficit.

En concreto, si el Estado se financia a unos intereses medios del 4,5%, pasará a abonar unos intereses medios adicionales de 850 millones de euros cada año (la cantidad será menor si se financia a plazos menores; pero con ello se expone a que se le cierre más adelante la refinanciación). ¿Ochocientos cincuenta millones es mucho o poco? Sobre nuestro déficit total, una nimiedad. Pero, claro está, todo depende de con qué lo comparemos: 850 millones equivale, aproximadamente, a los fondos europeos anuales recibidos con incienso por Rajoy para luchar contra el desempleo juvenil; o más que la recaudación anual esperada por la reciente subida del tabaco y el alcohol. Y si, en lugar de tomar sólo los costes financieros del tercer plan de proveedores, incluyéramos el primero y el segundo, nos iríamos a unos intereses anuales de unos 2.000 millones, la mitad de la recaudación estimada con la brutal subida del IRPF que acometió el Ejecutivo al inicio de la legislatura.

Desde luego, estos planes de proveedores, para no afectar en nada al gasto y al déficit, nos salen muy caros.

Los liberales españoles, huérfanos
EDITORIAL Libertad Digital 6 Julio 2013

Los resultados de la encuesta que este viernes publicaba El Periódico de Cataluña no deberían sorprender a nadie. El desplome de PP (118-122 escaños) y PSOE (104-107), con un voto conjunto inferior al 55%, quizás parezca algo exagerado. Pero resulta creíble en el actual clima de descomposición política, falta de liderazgo, nula credibilidad y profunda crisis económica que padece España.

Habrá quien piense que populares y socialistas se merecen el castigo del electorado. Y es cierto. El problema es que las alternativas que se dibujan en el horizonte no son nada halagüeñas.

Por un lado, es difícil imaginar que un PP sin mayoría absoluta sería más firme en la defensa de sus convicciones de lo que lo ha sido en el último año y medio. Precisamente, lo peor del Gobierno de Mariano Rajoy ha sido su falta de firmeza. Incluso aunque no necesita los votos de la oposición, el Ejecutivo ha estado siempre dispuesto a la componenda, aparentemente más preocupado por lo que puedan pensar los medios de comunicación más cercanos a la izquierda que sus propios votantes. En los últimos días hemos tenido la última prueba, cuando ha dejado a los pies de los caballos a uno de sus mejores ministros, un José Ignacio Wert que está luchando denodadamente por cambiar un sistema educativo fracasado y rehén del más rancio izquierdismo. Con este panorama, es preocupante imaginarse hasta dónde podrían llegar las concesiones de un Rajoy en minoría.

En el lado socialista, las perspectivas son mucho peores. Tras la etapa del zapaterismo y la debacle electoral, lo lógico era pensar que Alfredo Pérez Rubalcaba intentaría cambiar de rumbo, dejando a un lado el discurso del buenismo y la demagogia anticapitalista. Tiene numerosos ejemplos a su alcance. Desde la Tercera Vía de Tony Blair a los partidos laboristas escandinavos, la izquierda del norte de Europa ha demostrado que es posible ofrecer un discurso socialdemócrata moderno, coherente y sensato, que no suponga una vuelta a las fracasadas recetas del intervencionismo. Sin embargo, el camino escogido ha sido justo el contrario. La respuesta al desplome en la intención de voto está siendo más radicalismo. No parece que echarse en brazos de Izquierda Unida y expropiar pisos sea la fórmula para recuperar a ese electorado urbano que hace años que abandonó al PSOE.

La debacle de los grandes partidos tiene dos grandes beneficiarios, IU y UPyD, que empiezan a atisbar unos resultados históricos. Ya se habla, incluso, de medio centenar de diputados para la formación comunista y de más de treinta para la magenta.

En este sentido, la perspectiva de un Gobierno de coalición entre PSOE e IU resulta aterradora. La demagogia, la falta de contacto con la realidad y las evidentes carencias de los líderes de ambas formaciones son la fórmula perfecta para el desastre. La leve recuperación de la economía española en los últimos meses no resistiría un Ejecutivo como el que preside la Junta de Andalucía desde hace un año. Y la sensación, viendo actuar a Alfredo Pérez Rubalcaba, es que los comunistas serían su primera alternativa para llegar a La Moncloa. Es triste, pero la ruina ideológica que creíamos enterrada bajo los escombros del Muro de Berlín tiene opciones de ser fuerza de Gobierno en España en 2015.

Ante este panorama, la única buena noticia de las encuestas reside en el buen comportamiento de UPyD. El partido de Rosa Díez mantiene un discurso casi impecable, al menos en el terreno político. En un momento de máxima emergencia nacional, con el separatismo catalán crecido ante la falta de respuesta del Gobierno, son los diputados magenta los que más y mejor están defendiendo los principios básicos que aseguran la convivencia. De hecho, es una pena que en el terreno económico UPyD no muestre la misma solvencia y se esté escorando peligrosamente hacia el populismo de izquierdas.

Así las cosas, los liberales españoles se ven huérfanos. Tras la salida de Esperanza Aguirre de la primera línea, ninguna de las opciones a su alcance cumple las expectativas. Además, su influencia ideológica en el partido del Gobierno parece claramente menguante. No es una cuestión banal. A menos libertad, menos España. Y a menos España, menos libertad. Siempre ha sido así en los últimos dos siglos. No lo olvidemos: las encuestas son sólo el reflejo de una realidad que nos asalta cada día en las portadas de los periódicos.

La izquierda puede ganar porque se hunde el PP
Pablo Sebastián www.republica.com 6 Julio 2013

Muchos milagros va a tener que hacer Rajoy de aquí hasta noviembre de 2015 si quiere volver a ganar las elecciones generales en esa fecha, porque al día de hoy todas las encuestas pre electorales están anunciando el hundimiento del PP. La última, de El Periódico de Cataluña, señala que el PP perdería más del 30% de sus escaños (unos 66), quedándose en 120. Por lo que le sería imposible alcanzar la mayoría para poder gobernar de los 176 escaños, ni siquiera pactando con PNV, CiU y UPyD, algo difícil de imaginar al día de hoy por motivos políticos y hasta personales como los que a diario enfrentan a Rajoy con Artur Mas y Rosa Díez.

Por eso decimos que la izquierda huele el poder y podría gobernar en 2015, como ahora lo hacen en Andalucía y Asturias, o como lo hizo en Cataluña con el gobierno tripartito. Por más que ya sabemos que es pronto para este pronóstico y que de aquí hasta 2015 todavía pueden pasar muchas cosas.

Pero el mapa electoral que se está dibujando en el horizonte español, al menos hasta las elecciones Europeas de 2014, anuncia el batacazo del PP. Sobre todo en beneficio de UPyD por varios motivos. Para empezar porque UPyD está haciendo una buena y valiente oposición, defendiendo otra política económica (con la bajada de los impuestos incluida), denunciando la corrupción y pidiendo la reforma democrática. Y también porque la economía y el paro no se van a recuperar de manera espectacular en esas fechas y a no perder de vista la ruptura del PP con el centro político y sociológico español. Las clases medias, a las que el PP ha defraudado con las maneras poco democráticas de Rajoy (el abuso de la mayoría absoluta, de los medios de comunicación públicos y el desprecio al Parlamento y a la prensa más independiente), la brutal subida de los impuestos y sus polémicas y ultraconservadoras reformas en Justicia, Sanidad y Educación, donde el PP ha provocado una profunda e innecesaria división social, lo que va a ser muy difícil de rectificar.

Es verdad que Rajoy ha heredado una España con muchos problemas, pero da la impresión que ha perdido las buenas maneras, ha abandonado el centro político, ha maltratado a las clases medias, ha huido de cuestiones vitales como el desafío catalán, y ha llevado muy mal los muchos escándalos de la corrupción del PP, que están diezmando la imagen del Partido Popular. Y todo esto lo sabe Aznar, y por eso pide un vuelco radical al menos en las políticas económicas e institucionales del Gobierno, diciendo que Rajoy se enfrenta a su ‘ultima oportunidad’, en clara referencia a las citas electorales que se acercan.

Es decir, y como siempre suele ocurrir en España, es el Gobierno el que pierde las elecciones y no la oposición quien las gana. Y si todo sigue así con un PSOE débil y una Izquierda Unida pujante podemos asistir a la formación de una coalición, de izquierda y federal que mande al PP a la oposición, a pesar del enorme poder que ahora tiene en los planos nacional, regional y municipal.

Desde luego las elecciones Europeas de junio de 2014 serán un test esencial para todos y puede que el primer y serio aviso de UPyD al PP. Salvo que Rajoy lidere un vuelco a su política económica, frene las agresiones a las clases medias e inicie una nueva manera de ejercer el poder, renovando de paso su actual y deteriorado Gobierno. Algo difícil de imaginar vistos los primeros 18 meses de su Gobierno. Eso sí, plagados de dificultades pero necesitados de otras maneras y de un liderazgo especial.
www.pablosebastian.com

Oriente Próximo
El drama de Egipto: dictadura o totalitarismo
Mauricio Rojas Libertad Digital 6 Julio 2013

El golpe de estado egipcio nos pone ante una terrible disyuntiva: dictadura militar o totalitarismo islamista. Esa es la cuestión, y es vano tratar de endulzar esta amarga realidad hablando de "golpe democrático" o queriendo creer que la casta militar egipcia se hubiese vuelto liberal. No estamos frente a una nueva primavera árabe, sino ante un triste invierno que mata las desmedidas ilusiones que pudimos hacernos sobre un salto casi milagroso del mundo árabe (o islámico en general) a la sociedad abierta.

Ahora bien, establezcamos algunas premisas para poder razonar sobre esta sórdida disyuntiva. Cabe, ante todo, dejar sentado que ninguna dictadura es mejor que una democracia, y que tanto las dictaduras como los totalitarismos son absolutamente condenables desde una perspectiva liberal. Pero esto no significa que sean lo mismo. Todo régimen totalitario es una dictadura, pero no todas las dictaduras son totalitarias. La diferencia es grande: el totalitarismo busca la destrucción de todo espacio de libertad, trata de avasallar incluso el mundo interior de las personas. Socializar las mentes imponiendo una determinada visión del mundo es, como Hitler decía, el objetivo del totalitarismo. Se trata de la dominación plena del individuo, mientras que las dictaduras no totalitarias se conforman con diversas formas de dominación parcial y pueden por ello permitir ciertos ámbitos de libertad.

Esta diferencia hace perfectamente entendible el júbilo expresado en la plaza Tahrir por quienes quieren una sociedad libre y democrática. Su opción no era entre democracia y dictadura, sino entre dictadura y totalitarismo. Para otros, se trataba simplemente de poner fin al desgobierno, la violencia cotidiana y el caos económico. Recordar esto es importante para no confundir el sentido de ese júbilo: no era por la dictadura militar sino contra la amenaza totalitaria y el desgobierno de los Hermanos Musulmanes.

Algunos dirán que el régimen islamista era legítimo por haber sido elegido por una mayoría del pueblo egipcio. Sin embargo, esta legitimidad electoral indiscutible no justifica cualquier forma de ejercicio del poder ni lo convierte en un régimen democrático. No hay que olvidar que existe una incompatibilidad absoluta entre islamismo y democracia: para los islamistas la soberanía no es del pueblo sino de Alá y está plasmada en el Corán. Por ello, el grito de guerra de los Hermanos Musulmanes reza así: "El Corán es nuestra Constitución, el profeta Mahoma es nuestro líder la yihad es nuestro camino".

Algo así ocurrió en la Alemania de los años 30 y nos recuerda que también las mayorías pueden optar por el liberticidio.

España
El PSOE propone avanzar hacia el federalismo «con todas sus consecuencias»
El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba (i), posa en la foto de familia momentos antes del inicio de la reunión del Consejo Territorial con los "barones" de su partido Efe
Ep. Granada. La Razón 6 Julio 2013

Los secretarios generales de las distintas federaciones socialistas, además del PSC, han aprobado este sábado por unanimidad el documento territorial en el que plantean una reforma de la Constitución para avanzar hacia un Estado federal "con todas sus consecuencias" porque, según consta en la propuesta, este modelo es "el único punto de encuentro".

Así consta en el texto acordado por los 'barones' socialistas reunidos en el Consejo Territorial, denominado 'Declaración de Granada', tras una reunión que ha durado casi cuatro horas y en la que han sentado las bases, en un documento de unas 30 páginas para ofrecer una "solución" a la crisis institucional que consideran que vive España.

Para los socialistas, el modelo autonómico español ha sido un "éxito", si bien opinan que le hace falta "una profunda revisión y una actualización urgente", ya que la crisis económica ha provocado que los ciudadanos crean cada vez menos en las instituciones democráticas y en el sistema territorial actual.

A su juicio, las soluciones que plantean, por un lado, la recentralización de España y, por otra, su desmembramiento serían "un desastre". "Ni el retroceso ni la ruptura son la solución que España necesita. Pero tampoco lo es el inmovilismo", señala la declaración, que ha sido leída por el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, rodeado de todos los líderes territoriales.

Respeto a las identidades y solidaridad

Así pues, como solución a esto los socialistas proponen un documento para avanzar hacia un Estado federal que ofrezca "respeto a las identidades diferenciadas dentro de España, solidaridad para seguir reduciendo las desigualdades territoriales, cooperación efectiva entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos, igualdad de derechos básicos de todos los ciudadanos, y eficacia en la gestión de los recursos públicos".

Para todo ello, plantean clarificar en la Constitución las competencias del Estado, correspondiendo el resto a las comunidades autónomas; sustituir el Senado por una "auténtica cámara de representación territorial"; incorporar "los hechos diferenciales y las singularidades políticas"; y establecer un "nuevo sistema de financiación autonómica justo y equitativo", entre otras cosas.

"En la situación actual, España no sólo necesita una gran concertación económica y social para salir de la crisis. Necesita renovar el pacto para reformar el sistema político y construir la democracia del siglo XXI. Como parte de ello, necesita un nuevo pacto territorial, no para debilitar el Estado de las Autonomías ni para desandar lo recorrido en estas tres décadas y media, sino para seguir avanzando en el único camino que ha demostrado ser fructífero. Para seguir viviendo y conviviendo juntos, que es la única forma de que salgamos adelante", indica la declaración.

'Estabilidad política'
Montoro: No es momento de reformar el Estado de las Autonomías
EFE www.gaceta.es 6 Julio 2013

El ministro de Hacienda considera que "no es momento de proyectos quiméricos" de reforma del Estado y que hay que centrar todos los esfuerzos en "vencer" a la crisis.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha dicho hoy que "no es momento de proyectos quiméricos" de reforma del Estado, que solo conducen a "distraer" la tarea principal, que es "vencer" la crisis económica.

Montoro ha hecho esta reflexión durante su intervención en el comité ejecutivo del PP andaluz que se ha celebrado en Sevilla, el mismo día en que el Consejo Territorial del PSOE aborda en Granada un nuevo modelo de Estado federal.

En el acto, al que ha asistido la ministra de Empleo, Fátima Báñez, Montoro ha dicho también que el segundo trimestre de este año es el último de recesión y ha sentenciado que se puede "dar por cerrado el ciclo de caída económica".

"Ya lo dicen todos los analistas y el Banco de España, podemos dar por cerrado ese ciclo de caída económica y confirmar que se está frenando el deterioro del mercado de trabajo", ha resaltado Montoro, que ha destacado la buena evolución de sectores como el agroalimentario, el turístico y el industrial.

"Está volviendo la confianza, que es lo que España necesita" para dar por cerrada la crisis, ha remarcado Montoro, que ha incidido en que hay que seguir haciendo reformas en ámbitos como el mercado de trabajo y, particularmente, las relaciones laborales, y el sector bancario para que llegue el crédito al tejido productivo, de forma que hay que "seguir trabajando en el saneamiento de las entidades financieras".

Ha defendido también la reforma de las administraciones públicas y que cada administración "realice una competencia", tras lo que ha subrayado que el Gobierno de la nación ha creado la "pasarela" para que las deudas de las comunidades autónomas a los ayuntamientos "se salden rápidamente" y que estos puedan pagar a los proveedores, sobre todo, de los servicios sociales.

Montoro ha resaltado que el Gobierno remitirá "pronto" a las Cortes la revisión de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para "aplicar los remanentes positivos a nuevas inversiones", y ha insistido en que las reformas estructurales devolverán la "confianza" a los españoles.

A su juicio, el gran valor es la "estabilidad política", que es lo que diferencia a España de otros países en crisis, donde los problemas políticos "entorpecen" la acción de los gobiernos.

"Decidimos dedicarnos en cuerpo y alma a sacar adelante a España y esa estabilidad se tiene que trasladar a todas las comunidades autónomas", ha dicho Montoro, que ha enfatizado que "no es tiempo de elecciones", sino de que "cada gobierno se dedique a gobernar".

Ha agregado que no es el momento de reformar el Estado de las Autonomías ni de "distraer" a los ciudadanos, ya que "nadie puede pretender reformar el Estado de las Autonomías sin reformar la Constitución", lo que obligaría a una convocatoria electoral.

¿ Inutilidad total o hay algo peor ?
Nota del Editor  6 Julio 2013

No alcanzo a ver la razón de tanta inutilidad. Es imposible que haya gente tan descerebrada. Tiene que haber algo que se escapa y que justifica lo que parece una clara demostración de inutilidad.
¿ A quién beneficia esta abrumadora inutilidad ? Está claro que beneneficia a nuestros enemigos. ¿Quienes son nuestros enemigos ? Está claro que son los que se benefician. Parece un contrasentido, pero piense y verá que la situación es muy clara. Hay dos grupos que se benefician: los profesionales de la política, que por definición y demostración son nuestros enemigos y los otros enemigos que están un poco mas lejos. ¿ Como se beneficial los profesionales de la política ? Pues como ocurre con los impuestos, por los mecanismos directos e indirectos. Esto de indirectos tiene mucha miga, porque además de los que conocemos, la punta del iceberg, debajo está el magro de la cuestión, el origen de la supuesta inutilidad.

¿ Y como se benefician los otros enemigos ? Pues piense como un comerciante, un empresario o un profesional cualquiera que tiene que buscarse las habichuelas todos los dias.

128 aniversario
El padre de la 'patria' andaluza quiso dar Andalucía a Marruecos
FERNANDO PAZ www.gaceta.es  6 Julio 2013

El Parlamento andaluz homenajea a Blas Infante, contemporáneo de los nacionalismos catalán y vasco, quien decía querer separarse de España y reivindicaba Al-Andalus.

El Parlamento andaluz celebró el sábado el acto conmemorativo por el 128 aniversario del nacimiento de Blas Infante. Abogado malagueño de clase acomodada, Blas Infante es considerado como el padre del nacionalismo andaluz, mercancía política que –añadiéndole unas gotas de conciencia social– envolvió bajo la etiqueta de andalucismo. Contemporáneo del orto de los nacionalismos catalán y vasco, Infante debe ser interpretado como un producto de aquel país sin aliento, de esa España que para Cánovas apenas suscitaba la adhesión de quienes no podían ser otra cosa.

La tumba de Al-Mutamid
Lo cierto es que el nacionalismo de Blas Infante estaba construido sobre la antítesis de España. En eso era similar al vasco. Infante reinterpretaba la historia de España y, especialmente la de Andalucía, en clave de derrota. Su proyecto andalucista se identificaba con el islam hasta el punto de convertirse él mismo a esa religión, algo negado durante cierto tiempo pero de lo que hay testimonios suficientes; hoy, cuando la corrección política admite sin inconvenientes tal adscripción, la conversión de Blas Infante es reivindicada sin tapujos por los creyentes musulmanes. No sólo eso: los islamistas que ahora pretenden Al Andalus, reconocen que los textos en los que Infante reclama “tolerancia y libertad” para el islam, tienen por único objetivo el de equiparar por razones tácticas, y no por convicción, a este con el cristianismo. Hoy, parece haber pocas dudas acerca de la conversión de Blas Infante a la fe de Mahoma.

Como todos los nacionalistas, buscó destruir eso que él denominaba despectivamente “la vieja España”, de la que decía querer separarse y cuya unidad consideraba “resguardo de miserables intereses”. Así, estableció contactos en 1928 con los nacionalistas gallegos, con quienes llegó a cooperar asiduamente, y en 1934 visitó a Companys en su encierro en el penal del Puerto de Santa María, donde se encontraba condenado por su tentativa secesionista de ese año.

Blas Infante aspiraba a unir Andalucía con Marruecos. Aunque afirmaba que sólo habían existido tres realidades en las que reconocer a la Andalucía histórica (Tartessos, la Bética romana y Al Andalus) se trataba de una excusa argumental: al Infante no le interesaba en lo más mínimo sino la etapa andalusí. Y en búsqueda de tal identidad, llegó a imaginar la existencia de un idioma propio, porque “el lenguaje andaluz tiene sonidos los cuales no pueden ser expresados en letras castellanas. Al alifato, mejor que al español, hay necesidad de acudir para poder encontrar una más exacta representación gráfica de aquellos sonidos”.

El día 15 de septiembre de 1924, durante una estancia en Marruecos, Blas Infante pronunció la profesión de fe que se exige a todo converso al Islam: “No hay más Dios que Alá y Mahoma es su enviado.”

Pero Blas Infante no se limitó a recitar la Shahada, sino que muy significativamente lo hizo en la mezquita de Agmat, sita cerca de Marrakech –lugar del cual Infante llegó a afirmar no sentirse forastero–, y ante la tumba de Al-Mutamid, último rey musulmán de la taifa de Sevilla que había acudido allí para solicitar la ayuda almorávide. Notable poeta, Al- Mutamid siempre ha concitado las simpatías de los admiradores de la presencia musulmana en España, y Blas Infante quiso rendirle el correspondiente homenaje. Como colofón a su conversión cambió su nombre cristiano por el de Ahmed, ceremonia de la que fue testigo Omar Dukali, descendiente de Al-Mutamid.

Fracaso en las urnas
Ya en 1921, Blas Infante había escrito un drama teatral, Mutamid, último rey de Sevilla. Desde entonces, dedicaba una hora al día a estudiar el islam, y los dos ejemplares del Corán de su biblioteca están llenos de sus anotaciones manuales en los márgenes. Como posteriormente admitió su propia hija, Infante puso un particular empeño en aprender el árabe, que aprendió con gran perfección.

Proclamada la II República, Infante ya no se cuidaba de disimular, como había venido haciendo hasta entonces. Se edificó una casa en Coria de Río inspirada en la arquitectura andalusí a la que bautizó en árabe como “la Casa de la Alegría” (Dar al-Farah). Sin embargo, sus tentativas de obtener un acta de diputado se estrellaron contra la voluntad popular, tanto en 1931 como en 1933. Los sucesivos fracasos le fueron radicalizando progresivamente; en el verano de 1936 rumiaba su posible candidatura honoraria para la futura autonomía andaluza pero la Guerra Civil, al poco de estallar, terminaría no sólo con su proyecto, sino con su vida.

Estímulos no, por favor
Daniel Lacalle
  El Confidencial 6 Julio 2013

"Stimulus is a case of political patronage, corporate welfare and cronyism at their worst" - Paul Ryan 

Existe un consenso –miedo me da la palabra- en el mercado de que la situación en Europa, tras los datos de Alemania y Portugal, llevará al Gobierno alemán y al Banco Central Europeo (BCE) a claudicar y aceptar nuevos estímulos. ¿Por qué?

Los pedidos industriales en Alemania han caído un 1,3% en el mes de mayo. A muchos les lleva a pensar que si a los alemanes no les va bien, nos van a abrir la chequera a nosotros. Yo lo dudo. Como decía el consejero delegado (CEO) de una de las mayores empresas alemanas en Kent hace unos días "la mejor manera de crecer es competir por méritos propios, no por intervención".

Las primas de riesgo suben y el bono portugués a diez años se dispara al 7%. ¡Viva! ¡Así relajamos nuestros ajustes!

Este es el resultado atroz de la política económica LOGSE de la Unión Europea, donde ver suspender a uno nos hace suponer que nos van a aprobar a todos. Y sinceramente, creo que se equivocan. Los que apuestan a forzar la máquina, incumplir e intentar aprovecharse de una relajación generalizada verán que no sirve. Los ajustes son ineludibles cuando hemos agotado y extenuado el sistema crediticio. Esenciales para volver a crecer y desbloquear la economía.

Es curioso, el pobre, Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, y objeto de todo tipo de ataques durante meses, se ha convertido esta semana en un santo a ojos de los que exigen más gasto, cuando dice –como ha dicho siempre, por otro lado- que mantendrá una política acomodaticia… Y que va a bajar tipos. Dado el 'éxito incuestionable' de las bajadas anteriores, seguimos cazando unicornios si pensamos que del 0,5% al 0% va a tener algún impacto.

Si hay algo que me parece alucinante de esta época de descontrol crediticio es que se haya convencido a la población de que las políticas de gasto y estimulo son 'sociales'.

Total, Europa 'solamente' dedicó doscientos mil millones de euros –un 1,5% del PIB de la Unión Europea- en políticas de estímulo entre 2008 y 2011, y el BCE aumentó su balance en 1,5 billones de euros, para casi quebrar a varios países, incluido el nuestro, y de paso destruir cuatro millones y medio de puestos de trabajo. Eso después de la mayor expansión crediticia de su historia, entre 2000 y 2011. Ahora piden otro LTRO –inyecciones de liquidez-, pero los dos anteriores ni solucionaron el problema bancario, ni de crédito, ni redujeron el empleo. Más madera.

Muchos de estos errores vienen de glorificar el New Deal de Roosevelt como una solución, a pesar de que estudios de la UCLA y de Rothbard prueban que la política de intervención prolongó la depresión otros siete años (lean aquí). Y también es un error asumir que esta crisis es similar a la Gran Depresión, cuando nuestra época es el resultado de ese mismo gasto y exceso crediticio que hoy nos proponen como solución. No es agua al fuego, es más leña al incendio.

Los estímulos no mejoran la economía, perpetúan los modelos ineficientes, dan más recursos a los que los han malgastado –gobiernos y sectores endeudados- y dejan tras de sí el agujero de endeudamiento que paga usted, sin evitar ajustes posteriores mucho más duros. Efecto placebo. Vean Reino Unido, que acaba de tener que anunciar el despido de 140.000 empleados públicos más a pesar de imprimir, estimular y crear inflación artificial en la economía.

 

O Estados Unidos, el ejemplo que se supone que todos quieren seguir, pero solo para gastar y endeudarse, por supuesto. Sigue con un desempleo estancado en el 7,6% y la menor participación laboral desde 1979, lo comento en detalle en mi post La verdad sobre el mercado laboral americano. Por supuesto, en lo que no queremos copiar a Estados Unidos es en bajos impuestos a empresas y tipo máximo del 39,6%, en un gasto publico ex-Defensa del 35% del PIB, en dinamismo y liberalización de los sectores económicos y financieros. Solo en su techo de gasto. ¿Y qué les voy a contar del Reino Unido? Lo mismo. Para liberalizar y dinamizar, nada. Para endeudarse, un modelo.

Hay que copiar a los mejores en lo bueno, y superarlos, no imitar a los peores y solidarizarnos con ellos en la LOGSE económica.

Lo bueno del mantra del gasto público es que siempre se justifica con tres frases:

- "Hubiera sido peor"

- "No se ha hecho suficiente" 

- "Hay que hacer mucho más"

Repetir. Por supuesto, las consecuencias las paga usted, es lo gracioso de un sistema intervenido. El que gasta mal sale beneficiado sea por falta de responsabilidad final, el Gobierno, o porque se le subvenciona si falla. Todo muy social.

Les han convencido de que el empleo se crea por intervención… olvidando que el empleo viene cuando hay condiciones económicas atractivas para invertir y renta disponible para consumir. El consumo crea empleo, no el Estado. Pero a base de subidas de impuestos y destrucción del entorno inversor, se agranda el problema. Luego se le echa la culpa al mercado y nos quedamos tan tranquilos.

Así dejamos economías exhaustas, ineficientes y sobre-endeudadas como mi queridísimo Portugal, y cuando se lleva a cabo un proceso de moderación del gasto, se nos hace creer que es un desastre. La factura, la pagarán nuestros hijos que nacen, como cada español, debiendo 20.000 euros cada uno. Muy social.

Eso, por supuesto, es por la agobiante 'austeridad', que ha llevado a todos los países de la Eurozona a disparar su gasto público al 49%. Austeridad.

Y no nos damos cuenta que esos estímulos han generado más problemas que ventajas. Nos han dejado la factura, en una Europa que se va a deuda sobre PIB del 100%, la ineficiencia, el coste y encima no crean empleo.

 

Y una vez más Portugal, aunque podría haber sido cualquier otro país, nos ha recordado lo frágiles que son las economías extremadamente endeudadas. Una moderada crisis institucional pone en jaque a todos los vasos comunicantes en Europa y su periferia. No en vano, impacta hasta a nuestra banca, que acumula 58.000 millones de euros de deuda portuguesa. El bono a diez años se dispara al 7% y el castillo de naipes europeo tambalea.

 

Sinceramente no sé si el Banco Central Europeo lanzará una tercera inyección de liquidez (LTRO). Creo que la gestión de Mario Draghi hasta ahora ha sido impecable, dentro del sistema económico que vivimos, y seguirá siendo prudente. Lo que si sé es que todos estos planes, todos esos estímulos que reclaman, no van a tener ningún efecto –como no lo tuvieron antes- mientras se siga aniquilando la clase media y a las empresas cercenando renta disponible y capacidad inversora a base de burocracia, intervencionismo e impuestos.

La solución que tantos reclaman mirando a EEUU o Reino Unido, incluso Japón, no está en sus políticas monetarias o en hacer olimpiadas. Está en ser como esas economías en innovación, empresas punteras que compiten y crean valor, atracción de capital, seguridad jurídica, y bajos impuestos.

Los estímulos no son un derecho, son un accesorio, un lujo que se pueden permitir las economías líderes porque, si fallan, y lo hacen, tiene mecanismos de atracción de capital y financieros para sobreponerse. Balanza financiera y libertad económica. Las economías ineficientes empeoran y se hunden más a base de estímulos de demanda interna argentinos tipo Kicillof… o España… o Portugal… Porque no cuentan con sistemas bien engrasados de atracción de capital inversor.

Me decía hace poco mi apreciado Jorge Verstrynge en Telecinco que "Estados Unidos detrae capital por la seguridad que ofrece el dólar". Nadie detrae capital si el sitio donde se encuentra ese dinero es más atractivo. Curioso que en vez de aprender y crear la seguridad y entorno inversor que genera esa ventaja, hagamos lo contrario –crear intervencionismo e inseguridad-, pero exigiendo la misma situación financiera. ¡Nos lo merecemos! Nuestro derecho a exigir deuda barata sin ofrecer confianza.

Incluso con sistemas dinámicos, abiertos y liberalizados, dichos estímulos fallan. Porque parten de un error monumental. Pensar que el Gobierno sabe invertir los recursos financieros mejor y de manera más eficiente que las empresas y familias. Si así fuera, uno de los sistemas económicos más planificados, burocráticos y estatizados de la OCDE, la Unión Europea, sería hoy un vergel de crecimiento. Pero no lo es. Repetir el 2008 no va a cambiar un modelo hipertrofiado e ineficiente. No hace falta más deuda y dar más dinero a gobiernos para repartirlo a su albedrío. Con que no se lo quiten a los ciudadanos y empresas es suficiente. Así se permite que se recupere el ahorro, y con ello el consumo.

No, señores, la prosperidad no viene del gasto y la deuda. Viene del ahorro y la inversión prudente de los excedentes. Intentar mantener un PIB artificialmente creado y el gasto que ha desencadenado es suicida.

En España estamos empezando claramente a tocar fondo. Lo muestran muchos indicadores que sigo. Debemos evitar permanecer allí por mantener unos niveles de gasto insostenibles. Europa se encamina hacia un gasto público y deuda simplemente inasumible. Si en Estados Unidos, Reino Unido o Japón han sido incapaces de reducir su endeudamiento imprimiendo moneda y aun así no han evitado recortes enormes, ¿de verdad se creen que esas medidas mejorarían la situación de Europa?evit

Con todos los estímulos que quieran, si hay represión financiera –bajar tipos y devaluar- añadido a altos impuestos, nos vamos a otra década perdida. Evitémoslo. Los unicornios no existen. Buen fin de semana.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Los extravíos de la democracia
ignacio martín blanco ABC Cataluña  6 Julio 2013

Tras el anuncio de que Mas solicitará por carta a Rajoy la autorización de la consulta, podría parecer que el tripartito nacionalista ha echado el freno en su estrategia solipsista, pues ahora al menos parece reconocer algo tan elemental como la existencia del Gobierno central. Sin embargo, este aparente reconocimiento llega tras muchos meses afanándose en malquistar a la ciudadanía de Cataluña con el Gobierno central, y por extensión con el Estado español, presentándolo como antidemocrático por no aceptar lo inaceptable en ningún otro país democrático del mundo –el cuarteamiento de la soberanía nacional- y contraponiéndolo, por ejemplo, con los casos de Canadá y el Reino Unido, países en los que, digan lo que digan políticos y tertulianos nacionalistas, en ningún momento se ha aceptado que Quebec o Escocia sean sujetos políticos y jurídicos soberanos.

Así pues, no hay cambio de rumbo en la estrategia de la Generalitat, pues el Govern no se desdice de la declaración soberanista del 23 de enero en el Parlament –suspendida por el Tribunal Constitucional tras admitir a trámite la impugnación del Gobierno-; ni de la creación del Consejo Asesor para la Transición Nacional; ni de la institución del Diplocat; ni, por supuesto, de haber diseminado entre la opinión pública catalana una imagen de España como un Estado opresor y despótico. Lo único que hace el Govern es decir que, sentado todo lo anterior, solicitará por carta a Rajoy la autorización de una consulta apoyada precisamente en todo ello. Es decir, no se trata de una rectificación sino de una vuelta de tuerca más.

Ni que decir tiene que, lejos de ser antidemocrática, la determinación del gobierno central de preservar la unidad de España como espacio intrínsecamente plural de solidaridad y de convivencia en la igualdad de derechos responde a la exigencia democrática de evitar en la medida de lo posible lo que Tocqueville denomina la tiranía de la mayoría.

Claro que Tocqueville daba por descontado que para ello era necesario que el pueblo fuera capaz de elegir a los «más capaces de gobernar», partiendo de la base de que los representantes del pueblo deben formar «la más poderosa barrera contra los extravíos de la democracia». Pero cuando son los propios gobernantes quienes extravían la democracia encabezando una manifestación contra una sentencia del máximo órgano jurisdiccional del Estado, alentando a la desobediencia civil e invocando una supuesta excepcionalidad del momento para justificar su interpretación decisionista del poder, la democracia se tambalea. Decir, como dice Artur Mas, que «no hay ningún tribunal ni ninguna ley que pueda estar por encima de la voluntad democrática del pueblo» es un extravío de la democracia.

La democracia, en efecto, no es sólo la regla de la mayoría, que también, sino además la sujeción de los poderes públicos a la ley, el respeto a una serie de libertades y derechos individuales y colectivos constitucionalmente reconocidos y, en definitiva, la gestión de la diversidad.

Ignacio Martín Blanco es periodista y politólogo

El Estado y las lenguas
JOSU DE MIGUEL BÁRCENA EL CORREO  6 Julio 2013

Abogado y profesor de Derecho Constitucional,

En el País Vasco, el consenso lingüístico siempre se ha visto limitado por la clara identificación entre el euskera y la nación.

Como se sabe, en nuestro país las lenguas cooficiales tienen protección constitucional. Sin embargo, el reconocimiento que hace la Constitución de las mismas se detiene en la posibilidad de que cada estatuto de autonomía las pueda incorporar y normalizar en su acervo territorial, lo que deja un amplio espacio político para que las instituciones autonómicas puedan jugar con la ingeniería social, uno de los deportes favoritos de la España fragmentada y postmoderna. El Tribunal Constitucional (TC) dijo desde el comienzo que la declaración de cooficialidad de una lengua no dependía de su peso o grado de presencia como efectiva realidad social, sino de que los poderes públicos respectivos la estableciesen como medio normal de comunicación entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos (STC 82/1986). Lo que en principio parecía un mecanismo lógico y necesario para proteger y fomentar unas lenguas postergadas por la desigual articulación del nacionalismo español, se ha convertido en un instrumento político muy peligroso para desatar pasiones populistas y rivalidades territoriales.

En nuestro sistema constitucional la lengua está asociada, como no podía ser de otra manera, a la satisfacción de los derechos de las personas que la hablan habitualmente. Sin embargo, en el ideario de los partidos nacionalistas, la lengua, junto a los diversos procesos de autorreconocimiento, tiene otra función: construir un país distinto. Esto se hace claramente perceptible en Cataluña y País Vasco, no tanto en Galicia, donde los nacionalistas apenas han alcanzado poder institucional. En el País Vasco, el consenso lingüístico siempre se ha visto limitado por la clara identificación entre el euskera y la nación, lo que añadido a la difícil comprensión por amplias capas de la población, aún después de muchos años de normalización, ha obligado a los poderes públicos a mantener políticas de cooficialidad efectivas en la educación y la comunicación. En Cataluña, por el contrario, el acuerdo social sobre el catalán ha sido muy amplio, al identificarse en el pasado reciente con la lucha contra el franquismo y al presentarse como una lengua de fácil comprensión que permite continuos procesos de hibridación o promiscuidad lingüística con el español. Ello ha permitido que los poderes autonómicos tuvieran carta blanca para aplicar políticas de inmersión y fijar la lengua como el principal instrumento para concitar legitimidades en torno a los distintos proyectos políticos que se van sucediendo, primero el Estatuto, ahora la secesión.

La falta de concreción constitucional de la política lingüística, unida a la crisis socioeconómica, puede facilitar la siempre peligrosa guerra de lenguas, como ya contó Ranko Bugarski en el caso de la desintegración yugoslava. La Comunidad de Aragón acaba de aprobar una lamentable ley en la que el catalán pasa a ser la Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental (LAPAO). Más allá del choteo general, es una preocupante reacción identitaria y asimilacionista que aumenta el victimismo entre las fuerzas políticas nacionalistas y pone las bases para potenciales enfrentamientos sociales. En Baleares también andan con la rápida recuperación del mallorquín, mientras que en Valencia el Parlamento acaba de aprobar una resolución en la que cifra la aparición del valenciano en el siglo VI antes de Cristo. Estos movimientos son de manual, pero de aquellos manuales que explican de forma muy clara qué es lo que pasó en la Europa de entreguerras con el principio de las nacionalidades y la coctelera lingüística en manos de dirigentes irresponsables. Pedir temple y tranquilidad a la clase política aragonesa, valenciana y balear no es suficiente: la próxima reforma constitucional debiera cerrar nominalmente la presencia de lenguas cooficiales en el España, llamando a las cosas por su nombre, para así evitar enfrentamientos y demostrar que el Estado quiere implicarse aún más en la protección de las lenguas minoritarias, como piden muchos dirigentes nacionalistas catalanes y vascos.

Más allá de la siempre difícil reforma constitucional, convendría también que el propio Estado hiciera una ley del español. Los excesos lingüísticos nacionalistas han de parar allí donde están vigentes los derechos de los ciudadanos. La futura ley Wert pretende que por ejemplo, en Cataluña, aquellos padres que no puedan hacer efectiva una escolarización bilingüe, acudan a centros privados y pasen el coste a la Generalitat, que después verá descontada la cantidad del sistema de financiación común. Esta es una solución inasumible en un Estado constitucional. Desde hace prácticamente una década los tribunales vienen diciendo a las instituciones catalanas que no es posible confundir la inmersión con la lengua vehicular en la educación. El TC cerró el debate en la sentencia 31/2010 al señalar que no cabe el deber de conocer únicamente una lengua cooficial, lo que vendría a suponer que no sería el ciudadano el que eligiera la lengua de comunicación con los poderes públicos, sino estos últimos. La consecuencia: la marginación institucional del castellano. Una ley del español, basada en el artículo 149.2 de la Constitución Española, serviría para aclarar cómo ha de concurrir el idioma común del Estado con las demás lenguas cooficiales, permitiendo un mejor equilibrio entre las opciones bilingües en materia educativa y abriendo los órganos nacionales a algunas exigencias minoritarias. Todo ello desde la concordia, la lealtad política y la estricta observancia del Estado de derecho, el mejor método para templar los ánimos.

El Ikurriñazo.
Vicente A. C. M. Periodista Digital  6 Julio 2013

Que los radicales abertzales iban a intentar hacer algo para fastidiar los San Fermines era algo seguro. Lo que no se esperaba es que su sectarismo y nazismo llegara al punto de desplegar la famosa "Ikurriña" para retrasar el comienzo de las fiestas a quienes anteponen su amor y sentir por las tradiciones de Navarra y Pamplona, antes que por la lucha ideológica y la imposición de una minoría rechazada en las urnas una y otra vez por la mayoría de los navarros.

Lo de hoy ha sido un bochornoso espectáculo, como lo es desgraciadamente todos los años el bloqueo del famoso "Riau Riau" donde desfila toda la Corporación municipal. Eso es simple y llanamente un comportaiento nazi que si no se reprime es solo por evitar males mayores en un momento que debería ser de alegría y no de confrontación política, forzada por esa minoría abertzale intransigente. Un año más, Los San Fermines son noticia para vergüenza de Pamplona, de Navarra y de España, que da una imagen de una descomposición política y social que no es en absoluto real.

Ha sido igualmente patético el que el pleno del Ayuntamiento de Pamplona haya sido incapaz de sacar un comunicado conjunto de condena de ese acto de sabotaje y provocación de una minoría que debería ser repudiada por sus métodos de propaganda y el uso bastardo de una fiesta popular para su promoción. Porque lo quieran o no, esa bandera que dice representar a Euskadi - y es el símbolo del PNV-, no es la de Navarra con sus cadenas, ni la de Pamplona, ni debe acompañar a la de España. Esa Ikurriña no tiene legitimidad alguna para estar ahí en ese balcón. Y eso es lo que quieren imponer estos nazis descerebrados anti democráticos. Esos mismos que no se cortan en ondear en solitario en los balcones de los ayuntamientos donde gobiernan esa bandera ilegítima en cualquier municipio de Navarra.

Nadie puede negar la Historia, ni la ascendencia vasca de muchos navarros. Sin embargo, querer asimilar Navarra a Euskadi solo es el afán imperialista del nacionalismo vasco en una enajenación solo equiparable a las ideas de su fundador Xabier Arana. Un imperialismo que se deja ver en el sueño de esa Euskal Herria que se anexiona territorios con la misma facilidad que convence en las ikastolas a las nuevas generaciones de vascos y navarros desde su infancia, de su pertenencia a esa farsa de país, diviedeindo a la sociedad navarra, induciendo el odio hacia lo español y negando la historia real.

Lo de hoy ha sido un episodio más de la falta de escrúpulos de unos nazis encapuchados, cobardes que se parapetan en el anonimato para cometer sus delitos. Los cachorros de ETA, de Batasuna, de todos esos partidos que apoyan la violencia para la consecución de sus fines políticos. Porque lo de hoy ha sido un acto de violencia contra la ciudadanía, contra la tradición de los pamplonicas y un ataque a su libertad al impedir el comienzo normal de las fiestas, del chupinazo. Lo de hoy ha sido un "ikurriñazo" un acto de "kale borroka" sin justificación que debe ser rechazado por todos los partidos democráticos.

Pero si el mismo pleno del Ayuntamiento ha sido incapaz de lograr un texto consensuado, ¿qué podemos esperar de esta casta de impresentables y cobardes que callan cuando deben hablar por boca de todos los que les han votado? Lo más decente es que dimitan y dejen a quienes sí que están dispuestos a defender la legalidad y la libertad.


Recortes de Prensa   Página Inicial