AGLI Recortes de Prensa   Martes 9  Julio 2013

Aquí huele a muerto
Javier Benegas www.vozpopuli.com  9 Julio 2013

Jonathan Swift (Dublín, 1667) dijo que quien cuenta una mentira nota raramente la carga que se echa encima. Porque al poco tendrá que inventar otras veinte para sostenerla. Y a su vez, añado, precisará de otras tantas por cada una de esas veinte. Y así sucesivamente hasta que el artificio termina desmoronándose. Tal ha sido la dinámica del régimen político nacido en 1978, una concatenación de mentiras que ha llevado a España a un más que previsible colapso económico e institucional. Colapso en el que ahora nos encontramos, confusos, irritados y en no pocos casos empeñados en no ver el paralelismo que existe entre nuestra ruina particular y un modelo político ruinoso.

Empezando por el principio, la primera gran mentira fue que los españoles, todos, nos dimos una nueva Constitución y, con ella, la Democracia. Engaño que precisó, tal y como afirmaba Swift, de otro puñado de mentiras que la hicieran verosímil. La más flagrante, habida cuenta de la casi nula tradición democrática del pueblo español, que la democracia consistía en el sufragio universal. Y que la separación de poderes, los mecanismos de control adicionales y la obligación de los ciudadanos de estar siempre alerta no eran más que nimiedades de las que se podía muy bien prescindir.

Con estos mimbres no es de extrañar que nos viéramos premiados con unos partidos políticos donde el mérito, el esfuerzo y el talento, y también la honestidad e integridad personales, se desechasen en favor del servilismo, la adulación y la ciega obediencia. Y que la política quedara reservada a “profesionales” bien enfangados en la corrupción sistemática, fáciles de embridar y ajenos a las preocupaciones del común de los mortales. Con tanto jugador de ventaja y tanto político de carrera campando por sus respetos, la imprescindible separación entre lo público y lo privado terminó desapareciendo. Y hoy España es un “Régimen de Corrupción” en el que los partidos parecen más asociaciones de malhechores que organizaciones políticas.

Pero la mentira, lejos de finalizar, sigue alumbrando mentiras. Es decir, leyes que se superponen a otras leyes. Es la sublimación del engaño, habida cuenta de que la naturaleza de nuestro modelo es en esencia refractario a toda verdadera reforma. De ahí que no haya ley de Transparencia que valga porque la opacidad es el seguro de vida del Régimen. Ni ley de Emprendedores creíble porque la depredación sistemática es el sustento de la España política. Tampoco reunificación del mercado interior porque las oligarquías regionales son las cabezas de la hidra que es el Régimen.

Sin embargo, no hay duda, hemos llegado al final del camino. El artificio se desmorona. El 28% de desempleo, que se eleva casi al 60% entre los más jóvenes, el salario típico de 16.500 euros anuales, la renta disponible que desde 2004 cae imparable, el 20% de la población en el umbral de la pobreza y otro 20% pobre de solemnidad, rematado todo ello por el afán confiscatorio del Régimen así lo atestiguan. Pero no sólo los datos ponen en evidencia el final de este régimen catastrófico, también lo hace el estado de opinión mayoritario en la última encuesta del CIS, donde la preocupación por la corrupción y la clase política alcanzan respectivamente el 32,5% y el 30,7%. Porcentajes estos que, oportunamente segregados, deben ser sumados para hacernos una idea de la magnitud del descontento. Esto es, que el 62,5% de los españoles está harto de los políticos y sus andanzas.

Ya ni siquiera es imprescindible que Bárcenas desembuche ni que la juez Alaya y el juez Castro pongan negro sobre blanco. Tampoco es preciso averiguar si Hacienda somos todos o determinados DNI están exentos de explicar sus cambalaches. El régimen está muerto y se descompone rápidamente. El problema ahora es el olfato, porque, adormecido tras décadas de pestilentes engaños, ni el fuerte olor a cadáver nos despierta. De ahí que la mentira continúe, al menos hasta después del verano.

El origen de la corrupción
Javier Caraballo El Confidencial  9 Julio 2013

Ningún episodio resultó tan revelador sobre la profundidad de la ciénaga como aquella vez en la que un dirigente del PSOE andaluz rescató de su recuerdo una tarde en la sede, cuando se reunieron y uno de ellos empezó a contarles la pena que sentía por la muerte reciente de uno de los históricos del partido, los momentos que pasaron juntos en los momentos difíciles del franquismo y la transición, la fidelidad de siempre pese a las desavenencias internas… Y ahora, ahora que se había muerto, su familia no tenía ni para llegar a fin de mes. “¿Qué podemos hacer para ayudarlos?”, preguntó uno de ellos, conmovido por el recuerdo. Y como estaba próxima una campaña electoral y la maquinaria de la recaudación del partido funcionaba a pleno rendimiento, el más resuelto de todos resolvió la duda con decisión: “No se hable más, lo próximo que se cobre, se lo damos a ella. Le mandamos el maletín y ya nos ajustaremos en la campaña…”

La anécdota, real y desoladora, tuvo lugar en los años 90 y debió de producirse antes de que en el Partido Socialista se decidiera constituir una sociedad, Filesa, para centralizar y organizar el cobro de las comisiones ilegales, habida cuenta del descontrol enorme que existía. Pudimos pensar entonces, a la vista de la convulsión política y de las consecuencias de aquel escándalo en el Partido Socialista de Felipe González, que la clase política española quedaría vacunada de estas prácticas y que, pasados ya los momentos más difíciles de la Transición política, los aparatos de los partidos iban a ponerle fin a esa praxis generalizada, transversal, que conocemos como 'corrupción política'.

Desde las corbatas de Camps hasta las cuentas de Suiza de Bárcenas, aquí sólo hay un caso: la financiación ilegal de los partidos. Y en torno a esa raíz podrida, todo lo demás que se va encajando: las ‘donaciones’ de los empresarios amigos; los sobresueldos a los dirigentes; las cuentas ficticias de las campañas que se entregan a los órganos de control; los ‘regalos’ a algún líder de opinión…Pero no ha ocurrido así, ya ven, porque la raíz de la corrupción, el origen de todo, que es la financiación ilegal de los partidos políticos, se ha mantenido intacta hasta la actualidad. Sencillamente, los partidos políticos son incapaces de gestionarse a sí mismos sin incurrir en la financiación ilegal, a través de las instituciones que gobiernan. Ese es el núcleo del que, luego, nace todo lo demás. Tan normal ha llegado a ser, que se llegó a aquel extremo delirante del maletín del muerto.

Desde Filesa hasta la Gürtel, se puede trazar una línea recta que atraviesa todo el mapa político y todos los territorios. Por no cambiar, no cambia ni el lenguaje ni las formas. Los maletines y las bolsas con fajos de billetes, para sobresueldos o para campañas electorales, que llegan a la sede tras la concesión de una obra pública o un servicio público que ya estaba amañado. Se trata sólo de descolgar un teléfono porque dentro del partido, y fuera, todo el mundo conoce cómo funcionan las cosas. “Te va a llamar fulanito. Sólo te pido que lo atiendas, que te tomes un café con él y que seas amable”. La frase la ponen ahora en boca de Bárcenas o de Álvaro Lapuerta, pero hace 25 años en este país no se hablaba de otra cosa que de los cafelitos de Juan Guerra. El café de la corrupción.

Quiere decirse, en definitiva, que por mucho que se niegue, no otra cosa que la financiación ilegal del Partido Popular en los últimos 20 años es lo que vamos conociendo desde que se estalló en los juzgados la Gürtel. Va saliendo a borbotones, como vómitos de una alcantarilla saturada, atascada. Habrá ramificaciones más o menos pintorescas, que luego tendrán en los tribunales de Justicia el recorrido que tengan, pero desde las corbatas de Camps hasta las cuentas de Suiza de Bárcenas, aquí sólo hay un caso, el más elemental, el más repetido, la raíz de todo: la financiación ilegal de los partidos políticos. Y en torno a esa raíz podrida, todo lo demás que se va encajando, a medida que se conoce, hasta completar el puzle completo. Las ‘donaciones’ de los empresarios amigos; los sobresueldos a los dirigentes del partido; las cuentas ficticias de las campañas electorales que se entregan a los órganos de control; los ‘regalos’, en dinero contante y sonante, a algún líder de opinión; o las fortunas emergentes de muchos de ellos.

En el punto exacto en el que nos encontramos, la única duda es si Luis Bárcenas quiere dar un paso cualitativo en su estrategia de presión mantenida hasta ahora. Dicho de otra forma, si, además de sus demonios particulares, que se cuentan con los dedos de una mano (la secretaria general del PP, las fiscales de Anticorrupción, algún abogado de la acusación…), Bárcenas ha decidido asumir el riesgo de plantear un proceso general contra la financiación irregular del Partido Popular en la que él mismo acabará salpicado. ¿Querrá inmolarse en la denuncia y abrirse otro frente judicial, añadido a los que ya tiene abiertos y que le han conducido a la cárcel? Si tan seguro tiene, como suele repetir desde hace años, que puede acreditar el origen lícito de sus cuentas millonarias en Suiza, ¿para qué se va a implicar en un macroproceso de corrupción, en el que él tendría un papel protagonista y que convulsionaría el país? Sus abogados de siempre han debido pensar que es por ese sendero de delación por el que pretende caminar Bárcenas cuando han renunciado a su defensa, tantos años después. Quizá han sentido el escalofrío de otros cuando han visto a Bárcenas pasear sus papeles, como se contaba aquí (‘Bárcenas ataca de nuevo’): “¿Soportaría la democracia española un escándalo así, la posibilidad de provocar la más grave crisis del sistema que se recuerda en democracia?”.

Cuestión de voluntad
Alfredo Vara La Voz  9 Julio 2013

Las estructuras de los principales partidos crujen ante el oleaje de las imputaciones judiciales y la desconfianza ciudadana. Las cloacas de las financiaciones irregulares y de los espectaculares y más que sospechosos enriquecimientos amenazan con romper las tapas de las alcantarillas e inundar calles y plazas.

Urgen cambios de calado. Urge, evidentemente, una ley de transparencia que marque fronteras claras. Y que nazca fruto de un amplio consenso y no solo de un pacto entre los dos grandes partidos que, según las encuestas, no son ya tan grandes en apoyo popular aunque sigan siéndolo en cuanto a estructura y costes de funcionamiento.

Pero de poco servirá una ley -en un país tan acostumbrado a legislar en abundancia como a arrinconar en seguida las leyes y buscarles las vueltas para cumplirlas lo menos posible-, si no hay voluntad de cambio drástico en el funcionamiento de los partidos.

Que PP y PSOE no hayan tenido problemas para ponerse varias veces de acuerdo en la Mesa del Congreso en lo que va de año para bloquear peticiones de consulta de datos económicos de diputados como Álvarez Cascos o Carmen Rodríguez Flores no es un precedente alentador sobre su posición a favor de la transparencia.

Tampoco lo son la composición y competencias de los tribunales de cuentas ni las estereotipadas reacciones a la imputación judicial de compañeros de partido.

Urgen normas, pero urge, sobre todo, voluntad de cambio y transparencia. Y de eso se ve muy poco. Pese a las encuestas y pese al creciente cabreo ciudadano contra los políticos.

Un decálogo para la regeneración política
Roberto L. Blanco Valdés y José Manuel Otero Lastres La Voz  9 Julio 2013

En los primeros años de la transición, la clase política gozaba de gran prestigio entre los ciudadanos porque la actividad política se veía entonces como un verdadero servicio al país. Actualmente, la excesiva y esterilizadora profesionalización que se ha instaurado en los partidos, unida a un perverso mecanismo de selección inversa de las élites políticas, hace que los militantes estén más volcados en progresar dentro de su respectiva organización que en servir el interés general. Muchos de ellos son conscientes que tras más de treinta años de democracia se ha impuesto un rígido y excluyente Estado de partidos, que se traduce, entre otras graves disfunciones, en que a cada político en particular le importe más lo que piensa la organización política de la que depende su carrera que la opinión o los intereses de los votantes.

Son numerosas las voces que acusan a la sociedad civil de estar adormecida y de poseer una escasa capacidad de reacción. No les falta razón. Pero desde hace poco tiempo parece haber despertado. Casi simultáneamente -lo cual revela que estamos ante una necesidad verdaderamente sentida- han salido a la palestra dos movimientos ciudadanos independientes entre sí que propugnan la reforma de la legislación sobre los partidos políticos con el fin de que su funcionamiento sea verdaderamente democrático, como ordena la Constitución. Es un paso que hay que aplaudir. Pero se necesita algo más ambicioso y general: dignificar la actividad política. Con el ánimo de contribuir a esa deseada e indispensable regeneración de la vida democrática proponemos al debate social el siguiente decálogo, formado por principios que entendemos como una base común para afrontar una de las grandes tareas que España tiene pendientes:

1º.- El Estado democrático de derecho, regido por una verdadera división de poderes, es el único marco para resolver los problemas de una sociedad moderna.

2º.- Las instituciones del Estado están al servicio del interés general, han de ser fuertes y deben estar por encima de los legítimos intereses particulares de los partidos.

3º.- Sin los partidos políticos no hay democracia: representan a los ciudadanos, vertebran la opinión pública y canalizan la participación ciudadana. Su funcionamiento ha de ser plenamente democrático, su financiación absolutamente transparente y su gestión de acuerdo con los principios de diligencia profesional, honradez y lealtad representativa.

4º.- Las organizaciones ciudadanas son un cauce indispensable para alcanzar objetivos sociales, pero no deben pretender asumir más representatividad que aquélla que se ajusta a su naturaleza y objetivos.

5º.- Los políticos son los gestores de los intereses colectivos por lo cual han de estar personal y profesionalmente a la altura de sus responsabilidades.

6º.- La actividad política, que es abierta y voluntaria y representa en sí misma un privilegio, no puede concebirse como una profesión que asegure un medio de vida permanente, sino como un modo de servir temporalmente a los ciudadanos.

7º.- La limitación de los mandatos es imprescindible para la transparencia política y para la renovación constante de las élites políticas, las ideas y los ideales.

8º.- La actividad política debe ejercerse con sujeción a las más estrictas reglas de la ética y del respeto a la legalidad, manteniendo en todo momento un comportamiento ejemplar tanto en lo público como en lo privado.

9º.- La corrupción produce un daño social que puede llegar a ser irreparable y debe ser perseguida y condenada sin titubeos ni excepciones.

10º.- La actividad política ejercida de acuerdo con estos principios debe asegurar a los que se dediquen a ella una remuneración digna.

Remuneración digna
Nota del Editor  9 Julio 2013

Cada vez que los periodistas defienden el salario de los políticos, hay que echarse a temblar. Quieren que parezca que algo cambia para que todo pueda seguir igual, en vez de periodistas parecen profesionales de la política disfrazados.

Debe ser por eso de que los periodistas, sin políticos, se quedan en nada, la desaparición de los proefesionales de la política implica despues la suya propia.

Los profesionales de la política son el problema y no la solución. Eso de que los políticos son el cauce de los ciudadanos para representarles es de una ingenuidad absoluta.

Punto 1:  eso de la división de poderes es otro cuento chino: ¿ quien otorga el poder ?  ¿ quién lo controla ? ¿ cuando y como puede ser anulado ?

Punto 2: ¿ Instituciones del Estado fuertes ? ¿ para que ? ¿ Bajo el control de quien ? ¿ a costa de quienes ? ¿ a que costo ?. ¿ Legítimos intereses de los partidos ? ¿ hacerse con el poder ? ¿ con ué objeto ?

Punto 3: vaya bazofia, ya no puedo seguir.

Sorayífera palanca
Fernando Díaz Villanueva www.gaceta.es  9 Julio 2013

Si esos 57 organismos se podían eliminar, fusionar o simplificar, ¿por qué tardan casi dos años en hacerlo?

Ya sé que no debo meterme con Soraya pero es que la gachí no me da opción. Resulta que, en los cursos esos de Guadarrama que organiza FAES, habla Rajoy y pagamos todos, la vicepresidenta ha aprovechado su ponencia para decirnos que a partir de septiembre va a “eliminar, fusionar o simplificar 57 organismos públicos dependientes del Estado”. Como diría Makinavaja, “pos güeno, pos fale, pos malegro”. Que simplifique lo que le venga en gana, pero que lo haga en lugar de decirlo. Esto es lo primero que al españolito de a pie le viene a la cabeza. Pero yo, querido lector, no soy un españolito de pie cualquiera, sino un españolito de a pie que se la tiene tomada a esta banda de opositores que, no contentos con llevarnos a la ruina, ahora se ríen de nosotros un día sí y al otro también. Por lo tanto, en mi condición de tal, no me queda más remedio que hacer más preguntas.

Ahí van.Primera. Si esos 57 organismos se podían eliminar, fusionar o simplificar, ¿por qué tardan casi dos años en hacerlo? Un empresario en cuanto detecta que algo sobra en su empresa lo elimina o lo simplifica en el acto o tan pronto como se lo aprueba el consejo de administración. Pero claro, estos no son empresarios sino burócratas, y no disparan con pólvora propia, sino con la ajena. Por pólvora ajena hay que entender lo que nos quita Montoro y lo que piden prestado fuera cada semana poniendo los impuestos que pagarán nuestros hijos como colateral del préstamo.

Segunda. ¿Necesita el Estado 57 organismos públicos? Siendo extremadamente generoso, partiendo del presupuesto de que el Estado existe para velar por nuestro derecho a la vida y a la propiedad, ¿no serían más que suficientes dos o tres ministerios y un buen sistema judicial? A partir de ahí el resto sobra, y en el resto incluyo a los 57 organismos de marras. Claro que, a lo peor, estos organismos –¿por qué 57 y no 87, o 97, o 107?– sólo sirven para colocar camaradas del sable. Va a ser eso. No, si tendremos que agradecer a Soraya y a los sorayos su sacrificio inmenso por privar a su gente, carne de su carne, oposición de su oposición, del inalienable derecho a vivir a costa de los demás. Derecho ganado gracias al carné y a años de obediencia ciega.

Tercera. ¿Por qué en septiembre y no mañana mismo? Si se pueden eliminar, fusionar o simplificar lo suyo es hacerlo ya, a 9 de julio y no esperar a septiembre. Cada día es gasto, y se entiende que esto lo van a hacer por gasto. Sospecho que al final no pasará nada, que esta sorayífera palanca se va a quedar en pura retórica para no tener que hablar de Bárcenas. Y si no, al tiempo.

Los colmillos intactos del votante español
María Blanco www.vozpopuli.com  9 Julio 2013

Comentaba Javier de Mendizabal, compañero de Vozpópuli y amigo, probablemente con más pena que sorpresa, que a pesar de los Valderas, Gürtel, ERE’s andaluces, Bárcenas, Antonia Muñoz, alcaldesa de Manilva y los Pujol, la suma de los votos de las formaciones cuyas filas engrosan estos insignes españoles de conducta ejemplar, suman casi 250 escaños. En concreto, el resultado de la suma de los escaños de PP, PSOE, IU y CiU es de 323, es decir un 92% del total.

Sí, nos representan
Podemos ponernos como queramos, decir que no sabíamos nada cuando votamos. Quiero recordar en este momento que nunca he ejercido mi derecho a voto por razones que ahora no importan, pero hablo como una más porque pertenezco a esta sociedad y hay que ser humildes. Nadie está a salvo.

Podemos decir que los jueces están compinchados con los políticos, los políticos con los banqueros, los banqueros con los reptilianos y los reptilianos con el mismísimo diablo. Pero, uno tras otro, los casi veinte millones de españoles que votaron a alguno de esos cuatro partidos, hemos elegido a Bárcenas, Valderas, Pujol, Antonia Muñoz, etc… Hemos elegido un sistema político que consiste en agua estancada y que se nos ha infectado. Hace mucho tiempo que esto huele demasiado mal como para no habernos dado cuenta.

Recordemos el caso Flick de financiación ilegal del PSOE, las torres KIO, FILESA, RUMASA, los fondos reservados, el caso SEAT de financiación ilegal del PSOE, el caso Roldán, los GAL, el caso Tabacalera, el tema del FORCEM, Gescartera, el caso Malaya, el tema de Jaume Matas, el Palau… y todo lo que aún está encima de la mesa. Y lo que queda por debajo y, por tanto, nunca conoceremos.

La resistencia al cambio: el peor aliado
Reconocer, no uno de los casos, sino la persistente corrupción impune de los partidos mayoritarios supondría tener que reconocer que este sistema de partidos no funciona. Habría que mirarnos y hacer recuento de fallos, plantear alternativas, desmontar tinglados, chiringuitos y enjambres de privilegios. Habría que proponer contrapesos, modos de que el ciudadano tuviera, de alguna manera, la posibilidad de vigilar lo que hacen y cómo sus representantes.

Eso es pedir mucho. Es más sencillo y requiere menos esfuerzo psicológico repetir esos mantras narcotizantes como “Los otros son peores” o “No es para tanto” o “En todos los países sucede” o “Es que no somos nórdicos”. Esas frases que permiten girar suavemente la cabeza y volver a enterrarla en la arena.

Probablemente, el hecho de que nadie haya cuantificado cuánto dinero supone para el españolito que prefiere no mirar para no tener que resolver un problema, el dinero derrochado en tramas de corrupción, cuánto le cuesta los servicios de justicia, la prisión de los cuatro gatos que han pringado, las investigaciones y, finalmente, el dinero desaparecido cuando ha sido el caso, explica que no estemos realmente escandalizados. Si lo estuviéramos, ese 92% se habría plantado en la puerta del Congreso o de sus ayuntamientos el día de las elecciones generales y se habrían negado a votar.

El colmillo retorcido que no tenemos
A pesar de todo, estoy convencida de que, precisamente por esta disonancia cognitiva electoral que padecemos en España, si el mes que viene se convocaran unas elecciones, volveríamos a acudir a las urnas, tal vez resultaría una distribución de votos algo cambiada, pero tampoco tanto. Porque nuestros políticos, si se diferencian en algo del resto de los españoles, es que tienen el colmillo retorcido, es decir, se las saben todas. Y estarían prestos a sacar antiguas banderolas y juntarlas con nuevos slogans. El demonio de la izquierda que acecha, el demonio de la derecha que también, vota que si no el sol se ocultará para siempre, esos han robado más, los otros eran franquistas, los de más allá te van a quitar el rosario de tu madre, cuidado con tu subvención, que vienen los tigres, que vienen los leones… todos quieren ser los campeones, que diría Torrebruno.

En cambio, los españoles que no estamos entre los elegidos para ser “político con cargo”, parecemos idiotas que compran cualquier burra. Pero hay una razón. Necesitamos “hacer algo” para tener la sensación (en este caso ilusoria) de que estamos resolviendo un problema. El mero hecho de tener esa falsa percepción genera una respuesta neuronal que tranquiliza ese stress con el entorno, producido por el hecho de que está pasando algo que nos perjudica y no estamos haciendo nada. Y, paradójicamente, lo que “hacemos”, es decir, votar, refuerza el problema inicial. Pero como se ha reducido ese stress, ese conflicto, nos quedamos tan tranquilos y no prestamos oídos a quienes insistimos en que hay que cambiarlo todo y que así, no.

Y la ingenua soy yo cuando oigo a Lindsey Buckingham y Fleetwood Mac susurrar al principio de la canción Tusk “¿Por qué no le preguntas si se va a quedar? ¿Por qué no le preguntas si se va a ir? ¿Por qué no le preguntas qué está pasando?”… y me acuerdo de Aznar. Y de los demás. De todos.

No a las radiotelevisiones públicas y a las milmillonarias subvenciones
Editorial www.gaceta.es  9 Julio 2013

Toda democracia es un régimen de opinión pública. La libertad de prensa es indispensable, y significa la independencia de los medios con respecto al poder. Por eso el poder debe ser del todo ajeno al mercado de la comunicación.

La súbita y grave crisis económica ha tenido, entre otras consecuencias, el haber puesto sobre la mesa del debate la necesidad de proceder a una reforma a fondo de las Administraciones Públicas, convertidas últimamente en un pozo sin fondo de gasto innecesario, una selva de confusiones competenciales, un mercado de favores y nepotismo y un patio de Monipodio de corrupción. El Gobierno nos viene anunciando esta reforma, que ha empezado a emprender a cuentagotas y con una timidez que pone de manifiesto el explicable miedo a las repercusiones electorales que una acción decidida podría llevar consigo.

Hay, sin embargo, un sector en el que es imperioso que se actúe con decisión, si es que el Gobierno aspira a ser creíble en sus promesas. Nos referimos a las radios y las televisiones públicas, que no sólo son máquinas de sepultar cientos, miles de millones de euros, sino que, aunque así no fuera, carecen de justificación en una democracia digna de este nombre.

Con el advenimiento de la democracia todos comprendieron con facilidad que carecía de sentido mantener una cadena de periódicos del Movimiento y un diario de los “sindicatos” oficiales, incompatibles a todas luces con la democracia. Cosa distinta fueron, sin embargo las radios y las televisiones, que en la Europa democrática seguían siendo del Estado. Sólo cuando la tecnología, primero mediante los satélites y después con el mundo digital, se puso del lado del público y contra la bulimia del poder, los Gobiernos europeos empezaron a reducir las RTV públicas de tamaño y, simultáneamente, abrieron la posibilidad de creación de emisoras de iniciativa social.

Toda democracia es un régimen de opinión pública. La libertad de prensa es indispensable, y significa la independencia de los medios con respecto al poder. Por eso el poder debe ser del todo ajeno al mercado de la comunicación, pues el poder no debe ser juez y parte: una pura herejía democrática. Pero los Gobiernos se resisten a perder esta arma de propaganda e influencia. Primero con la excusa de “lo limitado del espectro radioeléctrico”, después (cuando eso ya no se tenía en pie) con el pretexto de “ordenar” el uso de las frecuencias, lo cierto es que no sólo el poder conserva la potestad de decidir quiénes entran en el mercado radiotelevisivo y quiénes no gracias a su facultad de otorgar licencias, sino que mantiene, legal pero ilegítimamente, estaciones de radio y televisión de su propiedad.

Todo esto es, sencillamente, intolerable por principio. Y es más grave aún con la competencia desleal de esas emisoras en el mercado publicitario. Sabemos que clamamos en el desierto. Pero también sabemos que tenemos toda la razón.

Caso Bárcenas: todos deben explicarse
EDITORIAL Libertad Digital  9 Julio 2013

Los sucesivos episodios alrededor del caso Bárcenas tienen un punto en común: nadie habla con quien debe ni da las explicaciones a las que, judicial, política o éticamente, estaría obligado.

No las ha dado, desde luego, Luis Bárcenas, que si tiene en su poder documentación importante para la resolución del caso y que demuestre la comisión de delitos, sea en el PP o donde sea, debe trasladarla a las autoridades judiciales competentes, y no a un periodista, por muy influyente que sea.

Ningún ciudadano debe administrar su información sobre un caso penal de esta transcendencia en virtud de si puede o no hacer caer al Gobierno, o de las relaciones más o menos amistosas que le unan con tal o cual personalidad. Y si esto es así para cualquiera, más aún para alguien como el extesorero del PP, que, hay que recordarlo, hasta hace no tanto era un representante público.

Tampoco los populares están ofreciendo como partido las explicaciones a las que están obligados, porque es posible que el caso esté en este momento en los tribunales y no sea prudente abordar determinados aspectos judiciales, pero hay una faceta política, y hay responsabilidades políticas, que no se solventan con vanos comunicados, ni con declaraciones huecas ni huyendo de la prensa.

El PP debe saber, además, que esa actitud no contribuye a despejar las dudas, cada vez más serias, sobre su posible financiación ilegal. Más bien al contrario: las declaraciones contradictorias y el nerviosismo que el tema parece provocar en la cúpula popular, tanto como para no atreverse siquiera a pronunciar las palabras Luis Bárcenas, hacen sospechar que la contabilidad del PP no es tan intachable como Cospedal aseguraba este mismo lunes.

Del mismo modo, y aunque presuma de lo contrario, el PP no ha hecho un striptease sobre su contabilidad, como no lo ha hecho casi ningún partido español, así como tampoco sindicatos, patronal y otras muchas organizaciones que viven del presupuesto público: prácticamente nadie dentro del establishment ofrece información suficiente sobre qué hace con el dinero de todos los ciudadanos que gestiona. Los escándalos de la UGT andaluza revelados por Libertad Digital son un excelente ejemplo de ello.

En resumidas cuentas, es urgente que todos los implicados asuman sus responsabilidades y, sobre todo, que las asuman en todos y cada uno de los ámbitos pertinentes: lo que tenga que decirse ante el juez, que se diga ante el juez; y lo que deba comunicarse a la opinión pública, que se transmita con claridad, sinceridad y sin plasmas de por medio.

Bárcenas vuela sobre la Moncloa
Pablo Sebastián www.republica.com  9 Julio 2013

Las fiscalía y las acusaciones del caso Bárcenas/Gürtel van a solicitar al juez Ruz de la Audiencia Nacional que el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, vuelva a declarar ante el juez para confirmar en sede judicial las declaraciones que hizo al director de “El Mundo”, Pedro J. Ramírez, en las que se asegura que el PP se ha financiado ilegalmente en los últimos 20 años. Y en las que Bárcenas reconoce que los documentos de la doble contabilidad del PP (de los que ayer han llegado originales al juez convirtiendo las fotocopias publicadas por el diario El País en pruebas), son de su puño y letra lo que anteriormente Bárcenas había negado ante juez. A la vez, el hoy preso Bárcenas confirmó el reparto de sobresueldos en dinero a los primeros dirigentes del PP, incluso cuando estaban en el Gobierno, y ahí incluido Mariano Rajoy. En sus declaraciones Bárcenas señala a Cospedal como inductora de una comisión ilegal del PP en Toledo y asegura tener documentos que harían caer al Gobierno de Rajoy.

Estas revelaciones han creado un gran revuelo en la política y en los medios y han provocado la renuncia a la defensa de Bárcenas del equipo de abogados que lideraba el catedrático de penal, Miguel Bajo, porque consideran que estas declaraciones rompen de manera radical -al convertirse en una confesión de delito de financiación ilegal- la estrategia planteada por la defensa, lo que deja a Bárcenas en pésima posición y necesitado de abogados que para su desgracia y tras la marcha de Bajo caerán en la órbita del espectáculo mediático.

Un espectáculo en el que el diario que dirige Pedro J. Ramírez parece decido a dar una batalla frontal, convirtiendo el periódico “El Mundo” en un ‘drone de papel’ planea sobre el palacio de la Moncloa en pos de lograr que Bárcenas declare y confirme ante el juez que: Rajoy autorizó, ordenó y se benefició de la financiación ilegal del PP, en la que el propio Bárcenas fue un autor y colaborador, con la ayuda de su amigo Álvaro Lapuerta.

Naturalmente, Cospedal ha salido ayer a desmentir todo pero sin demasiadas precisiones y a presumir que Bárcenas no tiene más papeles (de momento ya tiene el juez originales de la doble contabilidad), afirmando: ‘las mentiras no se pueden documentar’. Pero en la sede del PP y en la Moncloa no están tranquilos -la vicepresidenta Soraya salió ayer huyendo de la prensa en El Escorial- y han empezado a atisbar la posibilidad de que Bárcenas ‘cante’ y tire de la manta con todas sus consecuencias. Lo que podría llevar al juez Ruz que investiga el caso a pedir la declaración de toda una serie de aforados del PP, como Arenas, Cospedal e incluso Rajoy, lo que sin dudas tendría graves consecuencias políticas y no solo para el PP sino también para el Gobierno de la nación.

Es cierto que, en sus declaraciones al director de “El Mundo”, el preso Bárcenas -un golfo de cuidado, dicho sea de paso- ha reconocido que ha mentido al juez a propósito de los famosos papeles de la doble contabilidad, asegurando ahora que son auténticos y escritos por él, lo que deja al desnudo a varios de los portavoces del PP que negaron la existencia y la veracidad de dichos documentos. Llegaron a decir que no era su letra y que los podría haber escrito cualquier persona y en un solo día o que eran simples fotocopias sin valor procesal, algo que ahora ha cambiado. Pero los hechos y las declaraciones de muchos de los que aparecen en los ‘papeles’ han ido demostrando su autenticidad y ahora así lo acaba de reconocer Bárcenas, su autor, entregándole a El Mundo varios originales de esa contabilidad.

Pero falta por saber si Bárcenas mantendrá ante el juez lo que ha dicho ante Pedro J. Ramírez. O si, una vez más, querrá desmentir sus confesiones, que el director de “El Mundo” sí que confirmará ante el juez Ruz, si lo llaman a declarar tal y como lo piden las acusaciones personadas en el proceso y él mismo para su mayor lucimiento.

Naturalmente, el tiempo juega un papel determinante en esta crisis y el diario “El Mundo”, lanzado a tumba abierta en contra de Rajoy, necesita munición oral y documental para mantener vivo el caso Bárcenas y su ataque frontal a Rajoy que ha pasado del campo de la política al de la vía penal. Y faltaba por saber si Bárcenas se prestará a colaborar en esta batalla y con todas sus consecuencias, algo que parece que va a ser así una vez que ha entregado al diario El Mundo originales de los documentos publicados por El País. Naturalmente su Bárcenas ‘canta’ ante el juez Ruz su confesión se convertirá en auto inculpación como lo prueba el enfado y retirada de su equipo de abogados, al que se lo quedaría negociar con los fiscales una reducción de penas por colaborar con la Justicia. Veremos que ocurre en los próximos días y a ver que dice Bárcenas sobre lo publicado por “El Mundo”, porque su reacción es en todo esto fundamental. En el PP y la Moncloa la esperan con preocupación y con ansiedad, máxime tras la aparición de los temidos originales que convierten las fotocopias en prueba testifical.
www.pablosebastian.com

El error federalista del PSOE parrafos repetidos
Editorial ABC  9 Julio 2013

Un partido con vocación de gobierno no debería alumbrar documentos tan poco elaborados, tan orientados a sus crisis internas, con la excusa de una cuestión tan esencial como la organización territorial del Estado

EL documento aprobado por el PSOE sobre la reforma federal del Estado es un nuevo ejemplo de cómo este partido proyecta sus problemas internos como si fueran cuestiones de interés general. No solo no hay nada nuevo sobre la propuesta federalista que ya avanzara Pérez Rubalcaba hace meses, sino que, puesta la letra a la reforma constitucional que defiende el PSOE, el texto aprobado en el consejo territorial socialista de Granada es una deformidad jurídica y política que responde únicamente a la urgencia de la dirección nacional de poner sordina a la crisis con el socialismo catalán. Los autores de esta propuesta federalista quieren estar en todas las opciones, la federal, la autonómica e incluso la confederal. Defienden con tópicos el éxito del Estado autonómico ?inevitable en la medida en que no ha habido posibilidad de compararlo con otro?, pero lo dan tan por superado que proponen reformar la Constitución de 1978 para sustituirlo por un modelo supuestamente federal. Dicen los socialistas que la reforma constitucional debe «crear los mecanismos de cooperación institucional que caracterizan a los Estados federales y de los que hoy carecemos en gran medida». Sin embargo, su propuesta comprende la derogación de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico, en la medida en que el Tribunal Constitucional no podrá anular estatutos de autonomía votados por los ciudadanos. Es el peligroso precio que Rubalcaba ofrece a los socialistas catalanes para mantener la cada día más inviable relación entre el PSOE y el PSC.

El PSOE ha sido víctima de su oportunismo y de sus urgencias internas. Un partido con vocación de gobierno y con un mínimo de sentido nacional de los problemas no debería alumbrar documentos tan poco elaborados, tan orientados a sus crisis internas, con la excusa de una cuestión tan esencial como la organización territorial del Estado. Además, no resuelve problema alguno, ni interno ni externo.

Los socialistas catalanes ya se han desmarcado de la propuesta federalista, como era previsible, porque el PSC ya está en el terreno de la autodeterminación. Y el problema externo de la presión nacionalista no se soluciona ofreciendo una propuesta para debilitar aún más la cohesión constitucional del Estado, que es lo que hace el PSOE al equiparar, como una especie de cosoberanía encubierta, la Constitución con los estatutos de autonomía sometidos a referéndum. España, sin duda, necesita una nueva armonización del proceso autonómico, con la experiencia acumulada en estas décadas y que no pudo tener en cuenta el intento de 1981, pactado por PSOE y UCD. El PSOE juega a aprendiz de brujo con propuestas confusas, superadas por la realidad actual del Estado autonómico y condicionadas más por disputas internas que por una verdadera voluntad de poner coto al nacionalismo y de reforzar la cohesión nacional.

España desde España
IGNACIO CAMACHO ABC  9 Julio 2013

Mientras los socialistas deliberan sobre el federalismo España se ha ido federalizando sola, a tirones y espasmos

ESTE eterno debate del federalismo, que el PSOE se plantea con cíclica recurrencia para intentar en vano que su franquicia catalana se sienta cómoda en algún modelo, tiene algo de la vieja cuestión regeneracionista sobre el ser de España, una nación enfrascada cada cierto tiempo en discutir sobre sí misma. Los socialistas tienen un severo problema de cohesión territorial provocado por la tendencia centrífuga del PSC, y suelen tratar de resolverlo apelando con mayor o menor énfasis a su tradición federal sin tener en cuenta que mientras ellos deliberan la nación se ha ido federalizando sola, un poco a la buena de Dios, a base de espasmos estatutarios y pactos de transferencias. Al final, la solemne y algo pomposa «Declaración de Granada», sucesora de aquella otra de Santillana, lo que viene a proponer no es sino bautizar ese sobrevenido sistema poniendo en la Constitución el nombre de lo que ya está en los estatutos que Zapatero aventó con una irresponsabilidad dicharachera de la que acaso a estas alturas se encuentre arrepentido.

Tienen razón los socialdemócratas en que para embridar este desparrame que se come el Estado por las patas va a haber que abordar una reforma constitucional y que quizá convenga empezar a planteársela siquiera en modo deliberativo, mediante una ponencia o comisión que vaya sondeando consensos y adelantando ideas, estudios y borradores. Sin embargo lo que va a resultar difícil es consolidar un proyecto asimétrico que, aunque matizado, viene a cuestionar treinta y cinco años de café para todos en los que se ha instalado una conciencia autonómica homogénea muy complicada de desmontar sin agravios. Ese modelo vagamente desigualitario y a la carta, recubierto de retórica federalizante, es en el fondo el que catalanes y vascos quisieron implantar al comienzo de la Transición, y que hubiese conducido a una España de dos velocidades. Le puede servir al PSOE y al PSC para encontrar puntos de acuerdo interno, pero ya no le sirve a un país que lo ha dejado atrás hace muchos años.

El documento socialista contiene propuestas aprovechables y sensatas como la de fijar en la Carta Magna la financiación de las comunidades y la lista de competencias del Estado, que hasta ahora parecía un saco sin fondo del que sólo salían descentralizaciones y deudas; ese «Estado sin territorio» del que suele hablar el profesor Sosa Wagner. Por ahí sí hay que avanzar y esa iniciativa debería encontrar en el centro-derecha una acogida inicial favorable. La revisión y el compromiso que necesita la desgastada e insostenible estructura autonómica hay que llevarlos a cabo desde un concepto jerárquico, unitario y común de nación de ciudadanos, no de naciones. Y en eso deben coincidir todos los que rechazan la eterna reivindicación rupturista basada en una fraccionalidad identitaria. España hay que pensarla desde una idea de España.

Una soberana idiotez
Conviene cuidarse de quienes pretenden romper la unión democracia-Estado de derecho esgrimiendo 'hechos diferenciadores' como lengua o déficit fiscal
Mikel Arteta. El Pais  9 Julio 2013

Las fronteras cierran arbitrariamente el alcance del demos, del sujeto soberano. La “soberanía nacional” es el poder indisoluble que, arrebatado al absolutismo, pertenece ya siempre a ese cuerpo ciudadano que va a autogobernarse. Y el buen ciudadano será quien asuma su inderogable responsabilidad como miembro.

Ciertamente, para que la arbitrariedad del cierre no afectase al autogobierno, el siglo XIX promovió la nacionalización estatal. Pero fue el proceso de desnacionalización, con el que acogimos democráticamente la diferencia, lo que abonó el campo para el desafío actual de nacionalismos periféricos: "la vieja frontera es arbitraria —dicen— porque nosotros, por compartir el rasgo distintivo X, somos una auténtica comunidad política".

Sin embargo, un cierre justo del demos no soporta esto. Requiere más bien ejercer legítimamente la soberanía nacional, haciendo efectiva la “soberanía popular”. Esto implica aunar la idea de constitución con la de democracia, sin la cual no habría autoorganización política. Para ello un Estado de derecho instituye un procedimiento cuya fuerza epistémica radicará en su capacidad de disolver con el tiempo cualquier mácula en su génesis, corrigiéndose a sí mismo mediante la inclusión democrática de las minorías. (En contra de lo que sugieren sus advenedizos detractores, esto es lo que debe exigírsele a nuestra Constitución). Solo porque todos los afectados por determinados poderes (políticos, económicos o sociales) siempre pueden participar en la toma de decisiones relevantes, cabe presuponer legitimidad y legitimación a dichas decisiones. Por cierto: es la falta de Estado de derecho incluyente lo que legitima el golpe egipcio frente a la ramplona voluntad democrática del pueblo.

Convendrá pues precaverse de quien pretenda romper esa unión democracia-Estado de derecho, fragmentando el demos y horadando la inclusividad del procedimiento. Precaverse del que afirma que la “lengua es un hecho diferenciador tan indiscutible, y sobre todo si tiene la envergadura y la dimensión social y cultural del catalán, que te recuerda permanentemente que ahí hay una cosa que es diferente” (Ramoneda, Hola Europa). Según esto, la acogida al extranjero no se debería tanto a su calidad ciudadana, como al aprendizaje del (léase “vaga adhesión a lo”) catalán con el que adquiere un “hecho diferenciador” que, sin duda, le acerca más a un catalán de lo que jamás lo ha estado un extremeño. Sortear el etnicismo es difícil si la lengua configura la identidad de tal modo que exige para sí una nación política. Pero ni la lengua tiene derechos ni el multilingüismo impide la democracia; ¡y menos cuando, a diferencia de Suiza, Bélgica o Canadá, sí existe una lengua común o política! Pero esto les da igual a quienes no ven razones democráticas para frenar la secesión.

Ni la lengua tiene derechos ni el multilingüismo impide la democracia
En cuanto a la “envergadura y dimensión social”, la falacia la desvela la Generalitat, informe tras informe: el castellano es lengua propia de la mayoría de catalanes, para quienes por tanto también es lengua común. Otra cosa es la pretensión del Gobierno, tratando de cambiar la realidad social plurilingüe, mediante una inmersión lingüística que vulnera derechos lingüísticos de castellano-parlantes. Lo que implica la envergadura del catalán es, por supuesto, el deber de garantizar contextualmente su aprendizaje y uso público.

Llegamos así al cacareado mantra de la “diferencia” (¡o “déficit simbólico”!), con el que el clientelismo catalán reivindica para sí todo el café: “Pero desengañémonos, un problema real persistirá mientras esa distinción no penetre en el corazón mismo del Estado, mientras las políticas del Estado cultural no la integren a fondo” (Jordi Amat, 6 de mayo). No busquen reclamaciones concretas; las pequeñas identidades individuales buscan dignidad tras una colectividad que se pretende mejor. De tan espurio, avergüenza. Un orgullo por la “diferencia” que nos dejaría indiferentes si no se blandiese contra el principio democrático que nos impele a hacer frente común a nuestros problemas.

Pero la economía añade al argumento lingüístico el del déficit fiscal con España. Un nuevo mantra desmontado por segundo año consecutivo por Convivencia Cívica Catalana: ¡superávit catalán de 2,1% en 2009 y déficit del 0,4% en 2010! Pero aunque el déficit existiera, un demócrata se preguntaría si tal queja vale más al esgrimirla Cataluña que si la esgrimiera, pongamos, Botín. Dejando a un lado la corrupción orgánica de la democracia que supone hablar de “Cataluña” (por “catalanes”), ¿por qué, si el Estado social debe redistribuir, tendría esta que recibir en función de lo que paga? Cierto, el rico que no traslada su domicilio, se procura un paraíso fiscal o una SICAV. Pero esto no es respuesta legítima. La soberanía popular exige un procedimiento justo. Y no será justo si el poderoso puede abandonar la comunidad cuando desee: la simple amenaza de levantarse de la mesa es el chantaje nacionalista que por no ser combatido con argumentos democráticos nos ha traído hasta aquí.

Unos apuntes más. Convendría un esfuerzo sincero por recomponer un proyecto común. Los partidos nacionales tienen motivos, pues conseguirían aumentar su caladero de votos: solo la ingenua voluntad de atraerse al nacionalismo explica de hecho el aumento desmedido del autogobierno catalán. Más difícil parece que el Gobierno catalán haga esfuerzos: conservar un enemigo exterior les permite no rendir cuentas, cercenando la calidad y transparencia democráticas.

Solo la ingenua voluntad de atraerse al nacionalismo explica el aumento desmedido del autogobierno catalán
La independencia, rechazada por la UE, vulnera una legalidad internacional que reserva el derecho a la autodeterminación a pueblos sistemáticamente atropellados. Negociar la secesión (si no quedase otra) exigiría acordar el criterio de mayorías, la formulación exacta de la pregunta, calcular el coste de infraestructuras ya realizadas, etc. Por supuesto, el demos a consultar sería el soberano desde 1812, pues otra cosa abriría una batalla encarnizada por definir quiénes votan y por qué. ¿“Països catalans”? ¿Municipios? No. Sabemos que se dirigen a una comunidad autónoma constitucionalmente garantizada y sobre la cual ya han expandido la “conciencia nacional”, aprovechando su aparato burocrático y mediático para seleccionar, potenciar e imponer los rasgos peculiares.

Por último: la pérdida soberana que de facto sufren los Estados solo puede recomponerla una nueva soberanía compartida. Una soberanía que ya no nos vendría dada, sino que nace cuando, como sujetos constituyentes, decidimos ceder soberanía hacia arriba (UE, ONU). Si queremos salvaguardar un resto de “soberanía popular”, tendremos que ampliar el demos. Hoy ni siquiera basta con que los españoles decidamos sobre los ingresos y gastos de Cataluña y viceversa; para garantizar la democracia convendría que los ciudadanos alemanes también tengan cierto poder de decisión en nuestros ingresos y gastos. Dejando de lado el provecho que saca Alemania de la crisis, ¿por qué, si no, daría un ciudadano alemán dinero a un Estado del que él no es soberano y donde no decidirá cómo emplearlo? A pesar de las deficiencias institucionales existentes, esto es algo que, mediante su representación en Cortes, sí puede hacer un ciudadano catalán sobre los gastos andaluces. Esa es la lógica de la democracia; y si hay que cambiar las instituciones será para mejor garantizarla, no para romperla.

Cuando se rompe la cuerda que une democracia y Estado de derecho aparecen los mesías del pueblo, refrendados por mayoría parlamentaria. Una parte se arroga la identificación con el todo, prescindiendo de las minorías y de las estructuras constitucionales que garantizan el procedimiento democrático. Dejar que el TC enmiende solo la plana, sin explicar de dónde emana su legitimidad y su legitimación, es una dejación idiota que lo está rompiendo todo.

Mikel Arteta es licenciado en Derecho y Ciencias políticas. Prepara su tesis doctoral sobre el concepto de constitucionalización cosmopolita en Jürgen Habermas.

PSC, la política en tiempo pasado
En la situación actual de Cataluña el federalismo y la reforma de la Constitución suenan a puro anacronismo
Josep Ramoneda. El Pais  9 Julio 2013

En política hay un error garrafal: equivocarse de tiempo. Hace diez años, plantear una vía federal, sustentada sobre una voluntad de pacto y regeneración del Estado, para mejorar el anclaje de Cataluña en España, podía tener sentido. Pasqual Maragall lo intentó. La crisis del Estatuto de 2006 cerró brutalmente ésta vía. Si entonces no fue posible, mucho menos ahora, en que las coordenadas del problema han cambiado por completo. En la Cataluña actual, la apelación al federalismo suena a música celestial.

A Pere Navarro le ha dado en los últimos tiempos por la grandilocuencia. “Este es un acuerdo histórico que pondrá nerviosos a los que quieren romper”, ha dicho sobre el documento socialista de Granada. Del autobombo al ridículo solo hay un paso que lo ha cruzado Maurici Lucena, al afirmar que el acuerdo “dará a Cataluña casi tanta autonomía como una Cataluña independiente”. El PSC se apunta a la retórica preformativa, pensando que repitiendo muchas veces y muy enfáticamente la misma fabulación la gente acabará creyéndosela. Para que esta técnica sea eficiente se necesita un caldo de cultivo, unas condiciones reales que permitan que la ciudadanía pueda ser sensible al mensaje. En la situación actual de Cataluña el federalismo y la reforma de la Constitución suenan a puro anacronismo.

En la situación actual de Cataluña el federalismo y la reforma de la Constitución suenan a puro anacronismo
Hoy la relación entre Cataluña y España es un problema político de máxima envergadura. Para afrontarlo hay que reconocer la realidad. No sirve de nada la melancolía por lo que Cataluña fue al inicio de la transición o la nostalgia por el viejo régimen CiU-PSC. Esto es el pasado, con sus momentos de gloria y sus miserias. Hoy Cataluña está mentalmente situada en una fase postautonómica, en que los parámetros de la España autonómica ya no funcionan. Hay mil indicios que lo confirman, empezando por la evolución del sistema de partidos. Antes de echar mano de un guion del pasado para salir de su naufragio, el PSC debería pararse a meditar cómo ha dilapidado su capital político hasta convertirse en un partido menor. Quizás si afrontara esta cuestión no se perdería en brindis al sol que solo servirán para aumentar su insignificancia. La sociedad catalana ha entrado en una nueva fase mientras el régimen autonómico, gripado y deteriorado, sigue siendo el marco institucional vigente.

La política catalana se articula hoy entorno a un eje definido por los partidarios del sí al derecho a decidir, es decir, de la reformulación total de la relación con España, y los partidarios del no. En este marco, un acuerdo, entre dos partidos hermanos a la baja, que ni siquiera reconoce el derecho a la consulta democrática territorial y que remite los temas conflictivos (ordinalidad, reconocimiento de la plurinacionalidad) a la infausta sentencia del Constitucional sobre el Estatuto, es una salida de pata de banco, una respuesta que hurga en el pasado por miedo al futuro.

El PSOE ha hecho una propuesta. En esto aventaja al PP, que sigue despreciando cualquier iniciativa que venga de Cataluña
El conflicto entre Cataluña y España, con una mayoría parlamentaria en Cataluña que apuesta por la transición soberanista, y con un gobierno español que ha optado por el ninguneo de las demandas que vienen de Cataluña y no tiene otro discurso que remitirse a la legalidad vigente, tiene una vía razonable para desbloquearlo: pactar un referéndum y, en función de los resultados, abrir una negociación política para establecer el escenario postautonómico. Ciertamente, la cerrazón de Rajoy, instalado en la arrogancia, no facilita el normal transcurrir democrático del proceso. Al contrario, encona las cosas. Que Rajoy no perciba o no quiera percibir la nueva realidad catalana, no justifica la ceguera de los dirigentes del PSC. El empeño en sobrevivir entre dos aguas obliga a unos ejercicios de equilibrio para no ahogarse que perturban la percepción de la realidad.

El PSOE ha hecho una propuesta. En esto aventaja al PP, que sigue despreciando cualquier iniciativa que venga de Cataluña. Pero una vacua reforma constitucional es como un susurro. Más teniendo en cuenta que no hay reforma posible sin el PP y que en la propuesta socialista España sigue siendo lo único importante. Si el PSC quiere contribuir a la construcción del futuro postautonómico de Cataluña tiene un camino: convencer a sus socios y a los demás partidos españoles que el conflicto actual no se resuelve con unos pocos dineros y algunas competencias más, sino con un referéndum y una negociación política de fondo, para configurar un mapa nuevo, en función de lo que el voto de los ciudadanos decida. Seguir con fuegos artificiales de pólvora gastada sólo agrandará la irrelevancia del PSC.


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Reforma de papel
Kepa Aulestia. La Vanguardia.  9 Julio 2013

La propuesta federalista con la que el PSOE trata de superar las divergencias y disfunciones que afectan al Estado autonómico suscita más problemas políticos que soluciones ofrece su contenido. Empezando porque su impulso se debe a la necesidad de los socialistas de dotarse de una mínima cohesión interna en el tema, especialmente en relación con el PSC. La afirmación de que “el federalismo es el único punto de encuentro posible” se debilita desde el momento en que sus promotores han buscado en realidad un punto de equilibrio para los propios socialistas. Ello hace que la propuesta llamada a superar –como indica el documento de Granada– la tensión entre las corrientes recentralizadoras y las que buscan el desmembramiento del Estado constitucional parta, paradójicamente, de poner en evidencia la fragilidad de los que la auspician.

Los socialistas se han decidido a propugnar nada menos que la reforma de la Constitución en materia territorial para recuperar con su iniciativa la credibilidad perdida y, antes que nada, su propia autoestima como formación crucial en la historia democrática de nuestro país. Pero es ahí donde se equivocan, en el orden de los factores. Porque el PSOE necesita demostrar que no corre riesgos de desmoronarse en cualquier momento antes de hacer creíble –como condición previa para que sea viable– algo de tanta envergadura como una reforma constitucional. El partido de Rubalcaba no puede esperar que la propuesta de Granada obre milagros. Porque el desafío último es que su poder de influencia sea suficiente para lograr, cuando menos, que el soberanismo se dé a sí mismo un tiempo de moratoria y para que se relajen los resabios centralistas. Si el PSOE no es capaz de conseguir esto último antes de ponerse a enumerar las virtudes de su iniciativa, esta quedará en el papel y nacerá con el peor de los estigmas: el de la indiferencia de los demás.

La declaración de Granada muestra un PSOE abiertamente partidario de convertir el Estado autonómico en Estado de las autonomías; en un Estado que haga de las comunidades autónomas protagonistas y no mero adjetivo en la organización del poder democrático. Su mensaje restablece el honor arrebatado al autogobierno a cuenta de la estabilidad presupuestaria como fuente de un nuevo jacobinismo. Su literalidad evoca indirectamente cuantas manifestaciones socialistas presentaban a dicho partido como el que mejor representaba la realidad española en términos de unidad y diversidad. La propuesta socialista tiene la virtud de concretar en apuntes de revisión constitucional el enunciado inicialmente nominalista del federalismo; y de hacerlo con criterios como el de la “ordinalidad”, que permite afrontar la cuestión de la solidaridad desde un nuevo punto de vista, que enlazaría con algunas de las ideas base que estuvieron en el origen del nuevo Estatut. Pero si la referencia al federalismo parecía superada por las circunstancias cuando comenzó a formularlo el PSOE para afrontar el problema suscitado por el soberanismo catalán y las posiciones que iba adoptando el PSC, no se puede decir que la propuesta más precisa de Granada haya llegado a tiempo de evitar los “males” que pretende sortear.

El momento oportuno para promover una reforma constitucional por parte de los socialistas coincidió con los preparativos del Estatut, cuando tras la llegada de Pasqual Maragall a la presidencia de la Generalitat Rodríguez Zapatero alcanzó casi sorpresivamente una mayoría minoritaria y las comunidades autónomas se aprestaban a seguir la senda catalana de ampliación de sus respectivas atribuciones. Ahora el PSOE no sólo no cuenta con la anuencia suficiente como para movilizar voluntades a favor de sus tesis. Además está obligado a abonar la complicidad bipartidista con el PP para mantenerse como “la otra opción” de cara a una eventual alternancia. No sólo la reforma constitucional propuesta dependería de que la hiciese suya el PP. Ocurre que los propios socialistas se han vuelto dependientes de los populares a la hora de proyectar hacia la opinión pública la persistencia de una España políticamente dual. Basta que el partido de Rajoy y su Gobierno ninguneen a los socialistas en cuanto a la iniciativa de Granada para que esta tenga que pasar a muy segundo plano en el discurso del PSOE. Rubalcaba y Navarro han optado por soslayar por el momento sus diferencias en torno al derecho a decidir. Tratan así de salvar las relaciones entre PSOE y PSC, esperando que el soberanismo gobernante en Catalunya no ponga definitivamente en marcha su agenda más comprometedora. Agenda que haría aflorar todas las debilidades socialistas y cuya mera existencia convierte la reforma constitucional de Rubalcaba en iniciativa de papel.

LRA y la memoria de los hechos
Santiago González santiagonzalez.wordpress.com  9 Julio 2013

portada País

Ya me temía yo que Luis Rodríguez Aizpeolea estaba al caer. Hay jubilados de obras públicas que se congregar para ver cómo desmontan el arco de San Mamés (en Bilbao, claro, dónde íba a ser) y jubilados que se echan a la calle a mirar cómo va el proceso, vale decir a comentar lo que cuentan los papeles. LRA es uno de los especialistas que les informan. Ayer publicó pieza bajo el título “Madrid y Vitoria hablan del fin de ETA”.

Hay muchas afirmaciones notables en la información. Debe de ser la décimosegunda información (ahora que tengo más tiempo igual empleo un rato en contarlas) en la que el autor afirma que la culpa de la falta de colaboración del Gobierno Rajoy en el proceso la tienen la AVT y la extrema derecha mediática, que rodea a Aznar y a Mayor Oreja.

No hay nada de malo en ello. Ross McDonald, uno de los más celebrados autores de novela negra, se paso la vida escribiendo la misma novela. Eso sí, a él cada vez le salía mejor. Lamento no poder decir los mismo de LRA, que escribe estas palabras:

“Tiene especial relevancia el acercamiento entre el PNV y Sortu, que han iniciado el deshielo, tras el bloqueo de sus relaciones en 1999, una vez roto el Pacto de Lizarra”.

Vayamos por partes. LRA da por supuesta una cosa que sólo dicen las víctimas vengativas y la caverna mediática, a saber: que Sortu es lo mismo que Euskal Herritarrok, la forma de Batasuna que mantuvo un pacto de legislatura con el PNV, lo que habría debido llevar a su no legalización por ser continuidad de las organizaciones ilegalizadas por el Tribunal Supremo el 27 de marzo de 2003, y en aplicación de la Ley de Partidos.

La segunda parte es mejor. La ruptura de la tregua por parte de ETA, el 28 de noviembre de 1999, no produjo ningún bloqueo de relaciones entre los nacionalistas incruentos y los batasunos. Al lehendakari no le pareció un motivo para la ruptura con EH, en cuyo grupo parlamentario se sentaban junto a Otegi Josu Ternera y Jon Salaberri, dos terroristas con escaño. Aquí pueden ver la foto. Todos comimos las uvas aquel año sin que se produjera el bloqueo del que escribe LRA.

El 21 de enero de 2000 ETA asesinó al teniente coronel Blanco y tampoco pasó nada irreparable. Bueno, sí, que Ibarretxe ”suspendió provisionalmente” el acuerdo hasta que sus socios cambiaran el verbo ‘lamentar’ por ‘desmarcar’ y ‘desaprobar’, ni siquiera ‘condenar’, no saquemos las cosas de quicio.

Arnaldo Otegi calificó el asesinato de Pedro Antonio Blanco como “un fracaso colectivo”, las mismas palabras con las que EH despacharía el asesinato de Buesa y su escolta. Ahí Otegi ya no dijo nada, ni una palabra de pésame a los compañeros del socialista asesinado, ni siquiera a Eguiguren, con quien empezó a tejer una hermosa amistad a partir del año siguiente. Tuvo que llegar el 22 de febrero y el asesinato de Fernando Buesa, ex vicelehendakari, y de su escolta, Jorge Díez Elorza, para que Ibarretxe rompiera el pacto de legislatura. El diario en el que escribía y escribe LRA dio cuenta de ello en portada. Véase arriba.

El diario publicó un editorial, Ejercer la libertad, que los cavernomediáticos de LRA leemos con alguna nostalgia. Fíjense en el último párrafo, qué premonitorio:

“El lehendakari dio ayer por roto el pacto de gobernabilidad con EH. Era imposible que siguiera gobernando apoyado en el brazo político de la organización que ha asesinado a un ex vicelehendakari y a un ertzaina. Pero está por ver la actitud de los partidos nacionalistas. Su rechazo a admitir la evidencia de que ETA no buscaba la paz, sino otra cosa, revela un voluntarismo irresponsable. De la actitud que adopten ahora los que dieron a sus partidos la embarcada de Lizarra dependen muchas cosas. La primera, que pueda recomponerse la unidad de los demócratas o que obliguen a los no nacionalistas a defender en solitario, y bajo grave riesgo, sus libertades individuales; entre ellas, la de no ser nacionalista.”

La información del 23 de febrero de 2000 reproducía íntegro el comunicado del Gobierno vasco. Después se recogían las reacciones. Último párrafo:

“El portavoz del Gobierno, Josep Piqué, “lamentó” anoche que el lehendakari sólo se haya decidio a romper su acuerdo de gobierno con EH después de que se hayan producido tres muertes y que ésta decisión afecte sólo al Ejecutivo de Vitoria y no a otras instituciones, algo que consideró “insostenible”.”

Tenía razón. El PNV y Euskal Herritarrok, la Sortu de entonces, o sea, Batasuna, al decir de LRA y el Tribunal Supremo, mantuvieron su pacto de Gobierno municipal, más allá del asesinato de la cuarta víctima, José Luis López de Lacalle. Tuvo que caer la quinta el 4 de junio de 2000, Jesús Pedrosa, para que el PNV diera por rotos sus acuerdos con los cómplices.

Qué cansancio tener que desmentir tantas veces las mismas falacias e inexactitudes, cuántas licencias con los hechos.

Cataluña
El Parlament debatirá si cambia la LEC para que el castellano sea vehicular
epABC_Barcelona / barcelona ABC Cataluña  9 Julio 2013

La iniciativa de PP y C's no tienen visos de prosperar ya que CiU y ERC han presentado enmienda a la totalidad

El pleno del Parlament de los días 17 y 18 de julio debatirá sendas proposiciones de ley de PP y C's que pretenden modificar la Ley de Educación de Cataluña (LEC) para garantizar que tanto el castellano como el catalán sean vehiculares en las escuelas catalanas.

Lo ha aprobado este martes la Junta de Portavoces, que sitúa estas dos propuestas de modificación de la LEC en el orden del día del próximo pleno, el penúltimo del período de sesiones. Sin embargo, las iniciativas de PP y C's no tienen visos de prosperar ya que CiU y ERC han presentado enmienda a la totalidad a ambas propuestas, con lo que suman mayoría para impedir que se inicie la tramitación parlamentaria de ambos textos.

Las propuestas de PP y C's apelan a las últimas sentencias del Tribunal Constitucional (TC), del Supremo (TS) y del Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que instan a la Generalitat a modificar el modelo de inmersión lingüística en Cataluña, para introducir el castellano como lengua vehicular. El PP pide modificar los artículos 9, 10, 11, 13, 14, 16 y 17, relacionados con el régimen lingüístico en los centros docentes, las competencias lingüísticas del profesorado, el proyecto lingüístico de los colegios y la lengua utilizada en la administración pública, además de proponer derogar algunos apartados.

El pleno debatirá también una proposición de ley contra la homofobia, una iniciativa que impulsaron entidades del colectivo gay, lésbico, bisexual y transsexual y que ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP elevan al pleno del Parlament. El objetivo de la propuesta es lograr una mayor visibilidad del colectivo homosexual, bisexual y transexual, y dotarse de estrategias y planes para perseguir y actuar de oficio casos de discriminación y maltrato por la orientación sexual


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