AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 10  Julio 2013

La corrupción ha podrido la política española
Editorial www.gaceta.es 10 Julio 2013

Y para que no falte de nada en este paisaje melancólico, por una parte no se ve en la llamada clase política el menor atisbo de una voluntad de catarsis liberadora para devolver a nuestra política algo de la dignidad y el decoro perdidos.

La causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra el ex gerente y ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, eleva su temperatura mediática cada día que pasa y se van conociendo más datos que pueden implicar judicialmente nada menos que al partido que gobierna España y a su presidente, amén de otros relevantes políticos de la derecha. Otro tanto ocurre con el procedimiento que instruye la juez Mercedes Alaya en Sevilla en torno a los ERE fraudulentos, en el que resultan implicados políticos socialistas de cada vez mayor rango, tanto en el PSOE como en el Gobierno autonómico de Andalucía. En Cataluña, a las tensiones separatistas se añaden varios casos de corrupción institucional en que aparecen importantes políticos que hoy tienen la responsabilidad de gobernar esa Comunidad. Si a eso añadimos los casos de malas prácticas, posiblemente delictivas, en la gestión de Cajas de Ahorros trufadas de políticos sin escrúpulos que las han conducido a la ruina mientras ellos recibían pingües beneficios, y sumamos toda una constelación de episodios judiciales en los que hay imputados políticos de todos los partidos a lo largo y ancho del país, a nadie habrá de extrañar que la atmósfera en que se desarrolla nuestra vida colectiva tenga el hedor de un albañal.

Forzosamente se lleva la palma de la atención pública el llamado caso Bárcenas, pues el Partido Popular, además de ser el mayor partido de España, es el que gobierna el país con mayoría absoluta, y además el partido que podría ser la alternativa vive en una descomposición creciente, que hace que su papel de relevo en el Gobierno aparezca a muchos como un peligro todavía mayor. Y para que no falte de nada en este paisaje melancólico, por una parte no se ve en la llamada clase política el menor atisbo de una voluntad de catarsis liberadora para devolver a nuestra política algo de la dignidad y el decoro perdidos; y por otra parte, el nivel general de los medios de comunicación al afrontar esta situación –con contadas y muy honrosas excepciones, como ocurre también con los políticos– apenas llega a superar la cháchara de las tertulias de barra de bar, y encontrar información solvente y capacidad de análisis es prácticamente misión imposible: no salimos de los comentarios viscerales o los espasmos emocionales plasmados en gritos superpuestos, puras perogrulladas o eslóganes (acusatorios o exculpatorios, según el caso) repetidos por encargo de los jefes políticos de cada cual.

Al ciudadano medio no le queda, pues, sino esperar y ver, prestar oídos a aquellos en los que más confíe y formarse luego su propia opinión para cuando toque ir a las urnas. Y de momento pagar la fiesta, claro está.

Defensa o acusación
Editorial La Razón 10 Julio 2013

La imputación de una veintena de altos cargos de la Junta de Andalucía por la trama corrupta de los ERE está causando estragos en el equipo de Griñán y sus socios de gobierno. El nerviosismo y las tensiones van en aumento a medida que la juez Alaya, impávida ante la campaña de acoso y derribo organizada por el PSOE, tira del hilo que durante una década formó la mayor madeja de corrupción con dinero destinado a los parados. Prueba de ese nervosismo es el desencuentro registrado ayer en el seno de la Junta: su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, aseguró por la mañana que el Ejecutivo regional pagaría los gastos de defensa jurídica de los 22 ex altos cargos imputados. Y se amparó en que así está establecido en su Reglamento de Organización. Pero horas después, la propia Junta rectificó parcialmente a su portavoz diciendo que no estaba aún decidida esa medida de defensa, aunque tampoco estaba descartada totalmente.

Pero es evidente que la Junta tiene un probema al haberse constituido en acusación popular en el procedimiento, lo que podría suponer un flagrante caso de incompatibilidad procesal. Para esquivar el atolladero no vale la salida tramposa que consiste en pagar las minutas de los abogados privados que contraten los imputados ya que no pueden utilizar a los letrados de la Junta. Por supuesto, no es de recibo. Confrontado al derecho de defensa de sus funcionarios, la única decisión ética es la de retirarse como acusación particular. Lo mismo reza para otras de las ocho acusaciones presentes en el asunto de los ERE, como la del sindicato socialista UGT, que figura en las actuaciones de la juez Alaya por presuntas irregularidades en la intermediación de los expedientes de regulación de empleo.

Porque la posición imposible, ética y jurídicamente, en que se encontraba inmersa la Junta se ha agravado con la reciente imputación de su ex consejera de Hacienda y, luego, ex ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que fue quien «inventó» el sistema de fondos especiales objeto del procedimiento. Se agrava porque la decisión de la juez, obligada a administrar sus tiempos tras tener que superar obstáculos interpuestos a su investigación por los responsables del Gobierno andaluz, apunta directamente a la inevitable imputación del presidente de la Junta de Andalucía, dimisionario a plazo fijo. Como hoy publica LA RAZÓN, Griñán no sólo mantuvo el sistema ideado por Álvarez sino que, además, amplió las partidas presupuestarias y tomó las mismas decisiones que la ex consejera pese a las advertencias de la Intervención General. Ambas conductas se solapan en el tiempo y en el cargo puesto que Griñán sucedió a Álvarez en Hacienda, en 2004. El asunto de los ERE, y de otras corrupciones conexas, como las de Mercasevilla, con nuevas detenciones ayer mismo, sigue su curso inexorable que terminará por reducir a la Junta a su verdadera posición de acusada.

El silencio de Rajoy
EDITORIAL Libertad Digital 10 Julio 2013

Dice el refranero que el que calla, otorga. Esta afirmación, que no tiene por qué ser siempre cierta, es cuanto menos acertada en el ámbito político, especialmente en un régimen de opinión pública. El hecho de que los papeles originales de Bárcenas señalen a Rajoy, y a otros muchos destacados dirigentes del PP, como perceptor de sobresueldos cuando era ministro es de tal envergadura que no puede ni debe ser despachado con un escueto comunicado del partido y con un clamoroso silencio por parte de todos los miembros del Gobierno.

La veracidad de estos documentos deberá ser dilucidada, ciertamente, en sede judicial, pero el asunto tiene una inevitable transcendencia política que no puede ser afrontada con la fórmula arriolana de guardar silencio y dejar que escampe. Recuérdese que el actual presidente del Gobierno era en 1996 ministro de Administraciones Públicas, responsable de que se respetara la Ley de Incompatibilidades, que, según los apuntes de Bárcenas, fue vulnerada en aquella etapa.

Naturalmente, lo que haya podido escribir un presunto delincuente como Bárcenas, quien todavía no ha dado una explicación verosímil de cómo ha podido amasar una fortuna de al menos 50 millones de euros, tiene a priori menos crédito que la palabra de Mariano Rajoy. Pero ese es el problema, que Rajoy no ha querido comparecer para desmentir lo que aparece en dichos apuntes del extesorero de su partido.

La actitud de Rajoy y de sus ministros –inconcebible en una democracia madura– contrasta con la que ha mantenido la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, quien ha asegurado este martes en un discurso ante la Junta Directiva del PP madrileño que, si ha habido "irregularidades" en la financiación, el partido tendrá que "reconocerlas" y explicarlas, y no "mirar hacia otro lado".

Hace bien el PP en pedir a la justicia que lleve a buen término sus investigaciones "a la mayor celeridad posible". Pero hace rematadamente mal guardando un silencio que no hará sino mantener al Gobierno bajo sospecha hasta que lo rompa.

Asimetría socialista
Javier Quero www.gaceta.es 10 Julio 2013

La asimetría es el sacrificio de la armonía, la deformidad del desequilibrio, el desajuste de la estabilidad. El PSOE mismo, vamos.

La unidad del PSOE es como la Atlántida, si algún día existió, ya hace demasiado que quedó hundida. El PSOE, un partido con más facciones que militantes, se ha propuesto diseñar una nueva España a su imagen y semejanza. Dios nos coja confesados. Eso supondría andar a tortas todos los días, ejercicio que, por otra parte, los españoles dominamos con bastante pericia. Los socialistas han descubierto lo que para ellos es un nuevo valor, la asimetría. En realidad, la asimetría la inventó Picasso para el arte, décadas atrás. Con el nuevo estilo, el genial pintor malagueño demostró que era posible retratar el hermoso rostro de una bella dama dándole la apariencia de un chino con fatiga chupando un limón. La asimetría es el desplazamiento de los ejes, el sacrificio de la armonía, la deformidad del desequilibrio, el desajuste de la estabilidad. El PSOE mismo, vamos. Y ese es el marco de convivencia que quieren extender al Estado con el nombre de federalismo solidario, confederación asimétrica, estado autonómico disimétrico o cualquier otra sandez de nuevo cuño.

Reunida en Granada la plana mayor de lo que queda del PSOE, se presentó en sociedad el engendro. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Mientras Rubalcaba leía solemnemente los seis folios que resumen su proyecto de España, las mamparas que adornaban el acto se vinieron abajo. Todo un síntoma. Hay días en los que es mejor no levantarse. Es elevado el riesgo de que alguien te haga la cama, como bien sabe Alfredo, el sectario general al que los suyos se la hacen todos los días. A los biombos malhadados les habían adosado unos carteles del partido que, por efecto del viento, terminaron flotando en un estanque próximo. Otro símbolo. El PSOE convertido en papel mojado. El derrumbe del forillo ocasionó heridas a varios periodistas. Y así, quien acudió a la cita con el ánimo de pasar a la Historia, a punto estuvo de pasar a la enfermería.

La propuesta socialistoide pretende la equidistancia entre el centralismo y el secesionismo, y sus autores la presentan como un mínimo común denominador. A simple vista, parece más un máximo común divisor. La obsesión por huir del centro provoca planteamientos excéntricos. A saber, Cataluña elevada a la categoría de nación, más competencias para las comunidades, regiones de primera y de segunda, nuevo Senado de exclusivo contenido autonómico y la creación de un fondo de dinero público para nutrir eso que llaman Estado del bienestar. Lo de aligerar el bolsillo a los contribuyentes, que no falte. No sé por qué, pero de un tiempo a esta parte, cada vez que oigo lo de Estado del bienestar, un escalofrío recorre mi espina dorsal.

Al borrador lo han llamado La España de todos. Está perdiendo reflejos este PSOE. Lo normal en ellos es que lo hubieran denominado La España de todas y todos. En cualquier caso, el titulo es suficientemente inquietante. Ya se sabe que para los herederos del zapaterismo, lo que es de todos no es de nadie. Para perpetrar el plan, sería necesario reformar la Constitución. Y en ese caso, Rubalcaba podría aprovechar para que el primer artículo de la Carta Magna fuera: “Las primarias se convocarán cuando a mi me salga de las narices”. Quizá así, Ferraz alcanzaría a mantener la paz interior. Y luego, si acaso, pergeñar un esbozo de país próspero en el que se procure conseguir la excelencia por ser distinguidos y no por ser distintos.
Cuando a Óscar Wilde le preguntaron por el secreto del éxito, respondió que lo desconocía, pero sin embargo sí sabía cuál era la fórmula del fracaso: “intentar agradar a todo el mundo”. Y en eso andan los socialistas.

El Sur
Gabriel Albiac ABC 10 Julio 2013

Andalucía pudo ser un paraíso: todo allí estaba dado para eso. Y es hoy un cenagal

EN el recuerdo de la luz, mi adolescencia en Málaga retorna. Es madrugada. Madrid, mediado julio, se aletarga en pereza norteafricana. Con gusto cedería yo a olvidar el presente: el plomo candente de todos los veranos es tan sólo propicio a relato y añoranza. Cedería a esa plácida tentación de abandonar a su miseria un mundo en quiebra, de cuyo alzado fuimos todos, al fin y en distintas medidas, responsables: este imperio universal de los ladrones a los cuales decimos representantes nuestros. Sin grandeza.

Intento alejar de mí esa mugre a la cual hemos dado en llamar política. No lo logro. Cada noticia que me llega del sur de España me hace sentir la vergüenza de ser parte de un país en el cual una extorsión tan sin límite -ni disimulo- pudo perseverar durante tantos años -todos, desde la transición-, sin que ninguna institución pusiera coto político y judicial al cúmulo de los delitos. Y en esa vergüenza me es fácil percibir, apenas elíptica, la pervivencia de un amor de ese sur que en mí sigue vivo. A pesar de todo. Con la ronca constancia de lo que es incurable. Mas, ¿quién, a partir de una cierta edad, desea para nada cura alguna?

Andalucía pudo ser un paraíso: todo allí estaba dado para eso. Y es hoy un cenagal. Cae sobre todos nosotros la responsabilidad de que lo sea: la horrible responsabilidad de quienes robaron allí más de lo que pueda ser imaginado; pero también la de quienes no quisimos verlo, o la de quienes, sabiéndolo, callamos porque era demasiado nauseabundo asomarse al paisaje de aquello. Ya no se puede prolongar. Abrir la herida, de inmediato, es necesario. Y lo que más admiro en el tesón de la juez Alaya es esa reciedumbre de un espíritu que, al enfrentarse con el légamo estancado de todas las corrupciones, mantiene su fría entereza. Pocos hubieran podido aguantar esa vaharada venenosa que surge del pozo negro allí abierto.

Nadie puede ya ignorar, a estas alturas de la instrucción judicial, que la red de gran delincuencia organizada, en curso de ser puesta a la luz, enreda a todos quienes gozaron de poder en los más de treinta años de monopolio socialista en Andalucía: sindicatos como partidos. Y que difícilmente habrá un presidente o un consejero de la junta andaluza que se libre de pasar por el banquillo. La disección del cadáver andaluz exige de aquel -de aquella, en este caso- que lo acomete un estoicismo heroico. Sólo en el cual reside plenamente la certeza de que quien juzga no va a ser vulnerable ni a halagos ni a amenazas. El juramento de los jueces británicos recoge la fórmula ciceroniana que cifra como blindaje del que juzga la abolición de esperanzas y miedos: nec spe nec metu, con lucidez sólo. Pero esa normalidad estoica del juez, es hoy tan rara entre nosotros…

Andalucía es dolor terminal de España. En mucha mayor medida fatal de lo que puedan serlo las dramáticas alucinaciones independentistas en Cataluña o en el País Vasco. Porque hoy Andalucía es una España muerta a manos de quienes saquearon aquello que era su deber administrar y preservar en bien de todos; y de esa muerte, delincuentes con alta dignidad y cargo hicieron su fortuna. Hoy arrastramos todos el despojo de una tierra desangrada, que tanto me hace a mí pensar en la tortura de ciertos piratas refinadamente crueles cuya rutina Platón nos narra: atar a un hombre vivo abrazado a un cadáver y abandonar ese hato en una lancha a la deriva.

Y el recuerdo de aquella luz de Málaga en mi adolescencia me golpea. Pudo ser un paraíso. Andalucía. Es esto.

11-M
La madre de todas las corrupciones
Gabriel Moris Libertad Digital 10 Julio 2013

Hablar de corrupción hoy no es nada original ni chocante. Tampoco creo que resulte atractivo ni ameno para el lector que sólo busca en la lectura sosiego o un refugio del panorama informativo que padecemos a diario. Pero no creo que, ante la gravedad de los hechos de nuestra vida pública, debamos imitar al avestruz. Creo que en el término medio podremos encontrar una posición que evite el malestar y la desesperanza. Al mismo tiempo, podremos conseguir un equilibrio personal y una perspectiva que nos ayude a orientar nuestras acciones en la buena dirección.

Cuando, al comenzar el día, conectamos algún medio de comunicación, nos tropezamos inmediatamente con la palabra corrupción. No importa mucho el tipo de la misma, ni las personas envueltas en cada caso, ni el lugar. Asociada a cada caso aparece una investigación policial y, lógicamente, la judicial correspondiente. Cada una con sus propias peculiaridades. Eso sí, en general, las actuaciones están siempre condicionadas por el origen de la corrupción o el presunto sujeto.

No recuerdo la fuente, pero creo que al día de hoy hay unos 1.600 casos de corrupción judicializados. Supongo que esta cifra representa una parte de todas las corruptelas reales. Haciendo un sencillo cálculo, podemos estimar en treinta los casos existentes en cada provincia.

Si a todo lo anterior añadimos el tipo de corrupción (económica, judicial, política, policial, etc.) y el nivel de influencia de los corruptos, creo que podemos convenir que este mal condiciona e impide un normal funcionamiento de nuestra vida, tanto en el ámbito público como en el privado. España entera padece una gangrena que afecta a todo su ser. A su geografía, a sus instituciones y a sus representantes más genuinos.

¿Cuál es el origen de esta situación? ¿Cómo corregir esta deriva sin fin?

Con frecuencia se oye que siempre ha habido corrupción; ciertamente, y seguirá habiéndola; pero tengo mis dudas de que existiera en tal cantidad ni en tan altos niveles; tampoco creo que esa justificación pueda ayudarnos a corregir y mejorar.

La prevención y la corrección deben ser los pilares de la mejora, pero ¿quién, cuándo y cómo?

Con frecuencia expreso una idea que, admito, puede ser errónea, pero la expongo como una hipótesis, eso sí, apoyada en unos hechos reales. El mayor atentado de la reciente historia de Europa, el de los Trenes de Cercanías, podría constituirse en la madre de todas las corrupciones. Alguien podría rebatir que este atentado sea un caso de corrupción. Acepto el reto, pero después de mi exposición.

Globalmente podemos afirmar, sin riesgo de equivocarnos, que un atentado de tal magnitud, de tan alto nivel técnico y de tal precisión, no fue cometido según nos narran en la versión oficial. Tampoco es concebible que los hechos atribuidos a los que están en prisión no hubieran podido evitarse, dada su condición de confidentes policiales. ¿Podría simularse el mismo atentado con los tres condenados por su participación, como autor material uno y los otros dos como colaboradores necesarios? Después de esta concisa exposición, no tengo el menor reparo al afirmar que el atentado no se evitó por la existencia de algún tipo de entramado político o policial, o ambos combinados. No creo que los condenados tuvieran los conocimientos y la experiencia necesarios para burlar a unos cuerpos de seguridad avezados en la lucha contra el terrorismo.

Después del atentado hubo una información descoordinada y poco acertada de los cuerpos de seguridad, la autoridad judicial y los representantes políticos. Éstos imputaron a ETA unánimemente. En pocas horas modificaron la imputación hacia lo que salió en la paupérrima y exigua sentencia.

La instrucción judicial pasó por alto la desaparición inmediata de los trenes, la falta de identificación de los artefactos, así como la no incorporación al sumario de los análisis realizados y escamoteados por los Tedax. Tampoco se realizó el contraste debido a las falsas pruebas (furgoneta Renault Kangoo y mochila de Vallecas) que propiciaron una sentencia sin autores.

¿Alguien puede negar que los ejemplos que anteceden no son casos de corrupción política, policial y judicial? ¿No fue a raíz de este atentado cuando se extendieron y agudizaron las corrupciones que padecemos? Si así fuera, el 11-M se podría denominar "la madre de las corrupciones de hoy".

P.D.: Firma en Change.org la petición para que se investigue el 11-M.
http://www.change.org/es/peticiones/al-gobierno-al-congreso-y-a-la-audiencia-nacional-investigar-los-atentados-del-11-m

El ‘quinteto de la muerte’
Pablo Sebastián www.republica.com 10 Julio 2013

El ‘suicidio colectivo’ que el PP está protagonizando de la mano de principales dirigentes del PP y su entorno mediático, y en el que participan Rajoy, Cospedal, Gallardón, Bárcenas y el director de “El Mundo”, Pedro J. Ramírez, tiene componentes que recuerdan el melodrama de la genial película de ‘El quinteto de la muerte’, dirigida en el año 1955 por Mackendrick e interpretada por Alec Guinness y Peter Sellers. Un film donde una banda de atracadores se instala como huéspedes en la casa de una adorable viejecita a la que dicen ser un quinteto de música clásica, que aparenta ensayos en la residencia y que, tras el atraco, acaban matándose entre ellos lo que permite a la encantadora anciana quedarse con el botín.

En el caso Bárcenas/Gürtel que nos ocupa llama la atención el cainismo interno del PP por el hecho de que la explosión pública y judicial del escándalo se haya producido tras un incontrolado enfrentamiento entre el tesorero, Bárcenas, y la secretaria general, Cospedal, en la cúpula del PP y ante la asombrosa pasividad (tan habitual en él) de su presidente Mariano Rajoy. Una lucha interna de poder a la sombra del caso Gürtel, donde Bárcenas había sido imputado (en el Tribunal Superior de Madrid) y luego sobreseído en 2011, y a quien Rajoy había pedido su dimisión de tesorero a cambio de apoyo político, económico y jurídico.

Pero Rajoy no cumplió su promesa a su llegada al poder en 2012 -no retirando del caso a las fiscales anti corrupción- y ello hizo subir la tensión entre Bárcenas y Cospedal hasta que se salieron en El País los papeles manuscritos de ‘Bárcenas’, sobre la doble y oculta contabilidad del PP y sobre su presunta financiación ilegal. Revelación que rompió el diálogo del PP con Bárcenas al tiempo que se descubrían cuentas millonarias y secretas del ex tesorero en Suiza.

La guinda o colofón de todo ello fue la petición de prisión sin fianza para Bárcenas, por parte del fiscal del caso que reabrió la Audiencia Nacional -ante el inmovilismo de Rajoy-, y que ha llevado a la cárcel de Soto del Real a Luís Bárcenas, el que fuera durante más de 20 años gerente y tesorero del PP. Petición de prisión sin fianza -que ni siquiera había solicitado la acusación particular- que algunos observadores de la dirección del PP y de la Moncloa imputan al ministro de Justicia Gallardón, como una iniciativa contra de Rajoy, tan temeraria como la declaración de Cospedal cuando afirmó, sobre los ‘papeles de Bárcenas’ lo de ‘que cada palo aguante su vela’, a sabiendas la Manchega que en la procesión desfilaban Aznar, Rajoy, Cascos, Acebes y Arenas, como ocupantes que fueron, o son, de la presidencia y secretaría general del PP.

Sin embargo, las últimas revelaciones de Bárcenas a El Mundo, en las que reconoce la financiación ilegal del PP, la autoría de la contabilidad secreta y entrega al juez (vía Pedro J.) los originales para que se conviertan en prueba documental, ha empeorado el caso y la situación del Gobierno y el PP. Máxime cuando en los últimos documentos revelados aparecen de receptores de sobre sueldos en billetes Rajoy, Cascos, Arenas, Rato y Mayor en el tiempo (1966/1969) que todos ellos eran ministros de Aznar.

Lo que agrava política, procesal y moralmente la situación de todos ellos y en especial la del presidente del Gobierno Rajoy. A quien el PSOE acaba de pedir que explique el caso o que deje la presidencia del Gobierno, ante el ‘ataque de sinceridad’ -o más bien de venganza- de Bárcenas que vaticinó Rubalcaba cuando meses atrás le pidió la dimisión a Rajoy.

De esa manera ‘el quinteto de la muerte’ del PP, Rajoy, Cospedal, Gallardón, Bárcenas y Pedro J., distanciados y enfrentados entre sí por distintos motivos y animadversiones mutuas está llevando el partido hacia un abismo de descrédito público, judicial y puede que institucional si finalmente Bárcenas confirma ante el juez los hechos (y si los ratifica Lapuerta, el ‘pagador oficial’). Situación que podría llevar a Rajoy a declarar ante la justicia en su calidad de presidente del PP, lo que haría insostenible su difícil situación en la presidencia del Gobierno español, donde se esconde y desde donde guarda un silencio ‘atronador’.

Aunque sabidos son el autismo político y la capacidad de resistir de Rajoy, a quien Esperanza Aguirre ha pedido que de la cara y reconozca los errores cometidos para evitar el daño electoral al PP. Una hundimiento electoral que Rajoy no puede evitar porque, aunque es verdad que los escándalos están pendientes de juicio y que ello se prolongará mas allá de la fecha electoral de 2015. Pero los ciudadanos ya tienen certezas, indicios y pruebas suficientes -lo del ‘streptease’ del PP que citó Cospedal es cierto pero relativo a la contabilidad secreta y en ‘B’- para adivinar el nombre de los responsables, por más desmentidos que hagan desde el PP.

Por lo que la responsabilidad política (al margen de la presunta penal o administrativa) sobre estos hechos existe y afecta hoy a la cúpula del Gobierno y del PP. Lo que no supone que Rubalcaba sea quien se beneficie de la situación e interprete el papel de la viejecita de la película que se queda con el botín (de una victoria electoral), porque el PSOE tiene en los ERE de Andalucía un caso similar. De ahí la caída en picado de ambos partidos nacionales en los sondeos electorales, y el mapa complejo de la gobernabilidad del país que saldrá de las elecciones de 2015, confirmándose así el final del bipartidismo nacional y el inicio de un tiempo nuevo y pre constituyente como posiblemente se verá.
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ELEVADA PRESIÓN FISCAL
España bate un dudoso récord a la hora de "crujir" a sus ciudadanos
Manuel Ortega El Semanal Digital 10 Julio 2013

Ciento treinta días de media es lo que trabaja los españoles para hacer frente a sus obligaciones tributarias. Un dato que no es el único en el que España se sitúa a la cabeza por desgracia.
La Hacienda española sigue siendo una de las que mayor presión fiscal ejercen sobre los contribuyentes.

España es el país de la zona euro en el que más ha crecido el esfuerzo fiscal, según los datos aportados por el II Estudio de Hábitos de Planificación Financiera en España elaborado por Óptima.

Unas cifras que indican que los españoles ganan una media de 22.802 euros brutas anuales mientras que en otro países de nuestro entorno esa cifra se sitúa en 34.000 euros.

No es el único dato que muestra cómo España mantiene una elevada presión fiscal sobre sus contribuyentes. De hecho, es el país en el que más han subido los impuestos de acuerdo a datos de la OCDE y en el que la presión fiscal sobre los salarios medios llegan a superar el 50%.

En ese sentido, los españoles dedican una media de 130 días para afrontar sus obligaciones tributarias: 54 para el IRPF, 32 para el IVA, 23 para la Seguridad Social, 14 para impuestos especiales y siete para otros tributos.

Además, España se coloca como el segundo país más defraudador de la Unión Europea, donde cada ciudadano tributa 1.910 euros de más para compensar los impuestos defraudados.

Junto a esto, mientras las pequeñas empresas sufren unos tipos más elevados, las rentas más altas se benefician del IRPF, con 6.829 españoles declarando ingresos superiores a 600.000 euros y con las SICAV siendo el instrumento más utilizado para pagar menos por esas rentas.

CUATRO MESES DESPUÉS DEL CESE DEL FISCAL DE CATALUÑA POR DEFENDER EL DERECHO A DECIDIR
El presidente del Tribunal Superior catalán cuestiona ahora la "unidad" de España
José Luis Lobo. El Confidencial  10 Julio 2013

Sus polémicas declaraciones han pasado prácticamente inadvertidas. Tanto que ni siquiera el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenía hasta ayer conocimiento de ellas. El pasado sábado, Miguel Ángel Gimeno, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y máximo representante judicial del Estado en esa comunidad autónoma, cuestionó públicamente la unidad de España, y aseguró que "puede ser interpretada".

Sus palabras, vertidas durante una entrevista en el programa de TVE en Cataluña Aquí Parlem (Aquí hablamos), un espacio de información parlamentaria que se emite los sábados, han causado perplejidad en diferentes medios jurídicos consultados por El Confidencial, y se producen sólo cuatro meses después de que el fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, presentara su dimisión por unas declaraciones, también controvertidas, sobre el proceso soberanista.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, forzó el cese de Rodríguez Sol el pasado 5 de marzo después de que éste afirmara, en una entrevista concedida a la agencia Europa Press, que "existen otras alternativas" al referéndum sobre la independencia en Cataluña, y una de ellas es "utilizar la ley [catalana] de consultas". El ya ex fiscal superior añadió: "Al pueblo hay quedarle la posibilidad de expresar lo que quiere".

Ahora ha sido Gimeno el que ha hecho saltar algunas alarmas. El presidente del TSJC dijo el sábado que "la Constitución española dice lo que dice, y habla de la unidad de España; pero también es verdad que ese término puede tener alguna interpretación". Gimeno, de perfil progresista, insistió en que "el término unidad, en todo caso, puede ser interpretado".

El magistrado fue mucho más allá, al animar a "todas las fuerzas políticas del Estado" a alcanzar un acuerdo sobre la posible secesión de Cataluña. El presidente del TSJC aseguró que "lo que sí está muy claro" es que la solución al encaje de Cataluña en España "debe comenzar no por una legalidad, sino por un acuerdo político", y añadió: "El tema es muy complejo, pero es netamente político; el jurídico vendrá después, pero primero ha de ser político".

Gimeno reiteró que esa es la única solución porque, como sugirió de forma implícita, la Constitución es un obstáculo insalvable para colmar las aspiraciones soberanistas de Cataluña. "Si se quiere hacer algún tipo de modificación en la Constitución española, se habría de hacer en los términos previstos en la propia Constitución", señaló. Y la Carta Magna es muy clara al respecto: cualquier reforma debe contar con el imprescindible respaldo de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, contrarios al derecho a decidir.

Límites a la libertad de expresión
El debate que subyace en las declaraciones del presidente del TSJC es, a la vez, político y jurídico: el de los límites a la libertad de expresión de magistrados, jueces y fiscales. Muchos juristas consideran que las únicas restricciones que afectan a ese colectivo en el ejercicio de sus derechos fundamentales son las que les impiden desempeñar otros cargos públicos y pertenecer a partidos o sindicatos. Todos los demás, sostienen, incluida la libertad de expresión, pueden ejercerlos como cualquier otro ciudadano.

Otros opinan, por el contrario, que los jueces no pueden expresar su opinión sobre los asuntos que tienen que investigar o juzgar, porque, si lo hicieran, su imparcialidad quedaría seriamente comprometida. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, defendió esa tesis precisamente un día después de la dimisión de Rodríguez Sol, cuando afirmó que "jueces y fiscales tienen una serie de limitaciones que no tienen el resto de los ciudadanos". Según Ruiz Gallardón, "si un juez o un fiscal participa en un debate de carácter político en el que después puede tener que intervenir, queda absolutamente contaminado".

Esa limitación de la libertad de expresión de los jueces es uno de los preceptos que el ministro de Justicia ha incluido en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, un proyecto que ha suscitado el unánime rechazo de todos los sectores de la judicatura y de la oposición política al completo, que ven en él un ataque frontal a la independencia judicial. El artículo 45 del nuevo texto es muy restrictivo al respecto: "Los jueces y asociaciones judiciales se abstendrán de hacer valoraciones de actualidad en los medios de comunicación sobre los asuntos pendientes ante los tribunales".

Denuncia de Convivencia Cívica
La "catalanización" de los alumnos, objetivo de la Generalidad
La entidad presidida por Francisco Caja denuncia un incremento de elementos politizadores en las escuelas de Cataluña.
O. Moya Seguir a @oliviamoya Libertad Digital 10 Julio 2013

Cataluña ha incrementado la presencia de elementos políticos en sus escuelas. Así lo denuncia la asociación Convivencia Cívica Catalana (CCC), que ha decidido lanzar la campaña ‘Por una escuela políticamente imparcial en Cataluña’.

Y es que la asociación presidida por Francisco Caja considera que desde determinados sectores "existe una clara intencionalidad para adoctrinar políticamente a los menores de edad catalanes en el separatismo". El objetivo, denuncian, es "radicalizar y catalanizar a toda costa a los alumnos en la escuela".

Aumentan los símbolos nacionalistas, como las ‘esteladas’, pancartas con eslóganes como "L´escola en catalá ara i siempre! (¡La escuela en catalán ahora y siempre!), que se encuentra en la fachada de la escuela pública de la localidad barcelonesa de Navás, o el sesgo político en libros de texto y materiales de estudio.

CCC repartirá información para denunciar esta presencia de "símbolos y banderas que no son acordes con la legalidad" a la vez que exigirán que se retiren estos carteles y elementos visuales, y se pedirá que se enseñe a los alumnos la realidad política y no "una visión nacionalista imaginaria", como por ejemplo que "Cataluña es una comunidad autónoma y no un ‘país al nordeste de la Península Ibérica’", como aparece en un libro de Conocimiento del Medio Social y Cultural para los alumnos de 5º de Primaria.
Los lazos con los "pueblos del Estado español"

Pero no es el único ejemplo de manipulación que aparece recogido en los libros. "Por razones políticas, comerciales o económicas y culturales, Cataluña ha establecido lazos muy fuertes con los pueblos vecinos de la Europa mediterránea y, sobre todo, con los pueblos del Estado español", dice también un libro de Conocimiento del Medio para niños de 10 u 11 años.

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¿Dinamitando puentes?
Es muy peligroso convertir la historia en un baúl de agravios entre Cataluña y España
Eduardo Manzano Moreno / Juan Sisinio Pérez Garzón. El Pais  10 Julio 2013

Un expresidente del Gobierno de España dado a hacer declaraciones extemporáneas explicó en una universidad americana que nuestro país tiene un problema con el terrorismo islámico desde hace 13 siglos. Desde la batalla de Guadalete en 711, la España cristiana se encuentra en lucha multisecular contra ese fundamentalismo islámico empeñado en doblegarla para convertirla en parte del mundo musulmán. Produjo escándalo esa visión tan epidérmica, tendenciosa e irresponsable de la historia. Ahora, son historiadores los invitados a la llamada del Centre d’Història Contemporània vinculado al Departament de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña para ser voces autorizadas en un simposio que con el título España contra Cataluña: una mirada histórica (1714-2014) pretende analizar la acción política “casi siempre de carácter represivo del Estado español en relación con Cataluña” en esos tres siglos, según reza su anuncio.

Quienes han programado el encuentro pareciera que utilizan el mismo discurso histórico de quienes piensan que seguimos en cruzada contra el islam, porque tratarían de convencer a la ciudadanía catalana de que su enemigo histórico es desde hace siglos el Estado español. Cual si fueran dos bolas de billar compactas, España y Cataluña llevarían enzarzadas en un combate de boxeo desigual, durante 300 años, como si hubiera un plan geoestratégico multisecular diseñado para dominar a la nación catalana.

Suponemos que no quedará en el olvido ni la opresión ejercida por los señores feudales catalanes ni la explotación del proletariado industrial por sus muy catalanes patronos o, incluso, los recientes expolios cometidos por algunos clanes políticos tan patrióticamente catalanistas… Convertida en un baúl repleto de agravios, la historia se convierte así en un fácil recurso para crear identidades antagónicas y para alimentar discursos demagógicos que tanto hacen peligrar la convivencia ciudadana, haya o no haya fronteras. Cabe imaginar la impaciencia con la que la Generalitat aguarda los resultados del simposio, pero cabe que los resultados no sean los previstos y la Generalitat se encuentre con un análisis crítico, opuesto a lo que pretendía cosechar. En todo caso, el mal ya está hecho.

Crear una audiencia de patriotas y no de ciudadanos es jugar con fuego
Lo más triste no es este enésimo y burdo abuso de la historia. Siempre ha existido gente manipuladora o convencida de que, por ejemplo, los irreductibles vascones ya combatían a las legiones romanas al modo en que los “heroicos gudaris” atacaban cuarteles de la Guardia Civil. Lo triste reside en que este congreso lance enunciados que ya de por sí son consignas, como hablar de “España contra el País Valenciano” o del “arranque del expolio económico en el siglo XVIII”. Les endosan estos temas a algunos de los mejores historiadores de esta generación: profesionales de extraordinaria solvencia intelectual, que han renovado el conocimiento histórico, rompiendo con los antiguos moldes de la historiografía franquista y escribiendo obras de las que hemos aprendido mucho.

Confiemos en sus análisis. Si, como decía Marc Bloch, la historia es una ciencia de preguntas, seguro que estos prestigiosos colegas no se van a someter a la consigna de poner el enfrentamiento entre nuestras respectivas “comunidades imaginadas” como leit-motiv. Los organizadores del evento puede que pretendan crear una audiencia no de ciudadanos, si no de patriotas, pero están jugando con fuego. La búsqueda de los ultrajes que se remontan a la noche de los tiempos no puede más que excitar las emociones más primarias en un tema tan altamente inflamable. Si se insiste en ahondar estas fallas con propuestas como estas, la ruptura se ampliaría a crecientes sectores sociales. A algunos, esta posibilidad les parece una bendición: todo cuanto sea dinamitar puentes favorece sus aspiraciones políticas. No parece probable que tal sea el deseo de gran parte de los historiadores que participan en este encuentro, porque sabemos que siempre han invocado el compromiso social del historiador como santo y seña de su labor, y no parece razonable pensar que ese compromiso deba detenerse en el valle medio del Ebro.

Naturalmente, nada de esto implica que las reivindicaciones que la sociedad catalana está haciendo de forma cívica y democrática con respecto a su configuración política no deban ser tenidas en cuenta. Existe un serio problema de encaje de Cataluña con España que, lejos de haberse atemperado, en los últimos años ha subido a un nivel de alta tensión. La pésima gestión que el nacionalismo español ha hecho de esta situación nos obliga como ciudadanos e historiadores a buscar respuestas a esas legítimas aspiraciones, explorando todas las posibilidades sin descartar ninguna que tenga un respaldo democrático. Pero en un debate que debería ser riguroso y sosegado, que debería fomentar el respeto recíproco y que debería establecer cuáles son las consecuencias para cada una de las dos partes de las decisiones que democráticamente acaben tomándose en el futuro, no deberían tener ningún lugar los fantasmas del pasado, y menos aún cuando estos fantasmas son agitados como guiñoles que transmiten un mensaje tan sometido a la coyuntura política del momento.

En un debate riguroso no deberían tener lugar los fantasmas del pasado
Hemos aprendido de maestros como Pierre Vilar que la historia es la ciencia que estudia los cambios sociales en el tiempo y que, por tanto, nada es estático en nuestras organizaciones. Por eso, como historiadores debemos explicar los continuos cambios de esa realidad que llamamos España y que ya no puede ser encorsetada en ideas decimonónicas de Estado-nación. Los lazos que constituyeron los Estados-nación en el siglo XIX fueron y son cambiantes. Conviene conocer, por tanto, cómo se fabricaron y alentaron unas u otras identidades. Eric Hobsbawm, otro gran maestro, nos ha enseñado mucho sobre el modo de “inventar tradiciones”, sean españolas, catalanas o andaluzas…

Aunque cada historiador es muy libre de seguir una u otra consigna, escribimos esta tribuna porque pensamos que la nación no es un concepto amorfo ni neutro, por encima de diferencias ideológicas o de clase. Al ser un concepto directamente político, nos exige un doble compromiso. Posicionarnos como ciudadanos y, sobre todo, usar los recursos de la historia como ciencia para desentrañar cómo se ha construido esta realidad plurinacional española en la que hoy vivimos. No peligra España por reconocer que somos plurinacionales, pero tampoco es una entelequia maquiavélica que existe solo para producir opresión en Cataluña. A propósito de esa opresión, conviene recordar, como ciudadanos, que no es Cataluña la que tributa, sino que son las personas fiscales y que estas se definen en primer lugar por su clase social, no por ser catalanes. Lo contrario es mitificar la palabra Cataluña para obviar las diferencias de clases, viejo ardid de todo nacionalismo, también del español.

Eduardo Manzano Moreno es profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Juan Sisinio Pérez Garzón es catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha.

¿En Madrid se enteran?
Francesc de Carreras. La Vanguardia  10 Julio 20133

Desde el pasado 11 de septiembre la política catalana está centrada únicamente en la posibilidad de una futura independencia. La Generalitat está en quiebra técnica y sin los presupuestos aprobados, el Govern no tiene mayoría parlamentaria suficiente para llevar a cabo sus políticas, el partido que gobierna tiene la sede embargada por un caso de corrupción y el secretario general está de facto inactivo por estar imputado en otro caso del mismo género: todo esto no parece tener importancia porque sólo interesa un tema, el monotema, la independencia de Catalunya.

En un principio, esta obsesión parecía ser una mera cuestión de las élites políticas: partidos, medios de comunicación, asociaciones nacionalistas. La calle, la gente común, parecía estar preocupada por otros problemas, los que más le afectaban, el paro y la crisis. Pero la hiperactividad del mundo independentista, el apoyo que recibe de los poderes catalanes, tanto políticos como mediáticos, está reforzando la ola independentista mes a mes, día a día. Cualquier tertulia de radio o televisión, a la hora que sea, sólo habla del monotema y, por supuesto, siempre en la misma dirección. El bombardeo mediático, a la media y a la larga, siempre acaba calando en la opinión pública.

¿Se enteran de todo esto en Madrid? No parece.
Tengo la impresión de que en Madrid, es decir, en las élites políticas españolas, no se interpretó bien el resultado de las pasadas elecciones catalanas. Con el fracaso de Artur Mas se quedaron confiados: la independencia ha perdido fuerza. CiU volverá al redil de siempre, se conformará con alguna competencia más –ya quedan pocas– y alcanzaremos un pacto financiero aceptable. No entendieron que las elecciones habían cambiado el escenario político de Catalunya.

El pujolismo duró desde 1980 hasta el 2003 y se le tenía tomada la medida: nacionalismo en Catalunya y partido bisagra en España. En Madrid creían que todo estaba controlado. No se daban cuenta de que ambos factores tenían una meta: ir construyendo poco a poco, pieza a pieza, la realidad actual. Por esto nunca quiso Jordi Pujol tener un ministro en el gobierno de Madrid: había que preservar la virginidad política ante el futuro. Pujol no ha sido nunca un Cambó (Roca, y ahora Duran, sí lo son), ni tampoco un Macià o un Companys. Su estrategia es algo nuevo y distinto de la de estos líderes históricos.

La estrategia no confesada de Pujol consistió en moldear pacientemente la sociedad ( fer país) y, a la vez, con la autonomía como instrumento, ir construyendo sigilosamente un Estado (catalán) dentro del Estado (español) para dar un salto cualitativo cuando fuera posible. Ahora ha llegado el momento. España está económicamente débil, con un malestar social palpable y un desprestigio institucional generalizado. Del “España nos roba” hemos pasado al “España no nos sirve”. Además, el 300 aniversario de la caída de Barcelona en la guerra de Sucesión añade la épica histórica necesaria. Consecuencia: no hay que dejar pasar la ocasión, es el momento adecuado, quizá no habrá otro en muchos años. Emocionalmente, el nacionalismo catalán, hoy mayoritariamente independentista, está ganando la partida.

Ciertamente, CiU no controla la presente situación, con lo cual se agrava el problema. Convergència está dividida entre independentistas y no independentistas, Unió también. Sólo ERC parece sólida y da un mensaje claro. Pujol era el líder de todo el nacionalismo, Mas está siendo arrastrado por la corriente. Y cada vez son más importantes las entidades sociales (Òmnium, Assemblea Nacional Catalana), que gozan de relativa autonomía. El concierto a favor de la independencia que tuvo lugar en el estadio del Barça no sólo fue un acto de propaganda sino, especialmente, una advertencia a Artur Mas: te comprometiste a celebrar un referéndum en el 2014, dentro o fuera de la legalidad, y esperamos que no nos traiciones.

Madrid ya no tiene interlocutor único en Catalunya porque son varios los focos de poder que se miran de reojo para acusar al otro de deslealtad si se desvía un poco del camino trazado. CiU, prisionera de ERC, no tiene posible marcha atrás. Este es otro dato importante de la nueva situación.

Con todo esto, ¿qué hace Madrid? El Gobierno del PP se limita a interponer recursos judiciales y al wait and see, “esperar y ver”. Confía en que esto se arregle por las contradicciones internas de los catalanes y piensa que entrometerse es peor. Por eso no hace nada. El PSOE propone una reforma del Estado de las autonomías para convencer a los independentistas que desistan de sus propósitos. Pura ingenuidad. En resumen: Madrid no se entera.

La ola independentista avanza. Sentimentalmente está ganando, racionalmente perdería. Pero ya se sabe que cuando llegas a convencer a mucha gente de que todo el mundo piensa lo mismo, estás creando un ambiente de falsa unanimidad que incluso arrastra a los no convencidos. Antes de llegar ahí, ¿qué se puede hacer? Contrarrestar lo emocional con lo racional, que las ideas ganen a las creencias y, una vez conseguido, preguntar a los catalanes.

Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

Mas blinda por ley la publicidad a los medios catalanes
EL CORREO  10 Julio 2013

La Generalitat blindará por ley la inversión publicitaria a los medios catalanes. El Gobierno catalán presentó ayer la memoria de la ley de transparencia y sostenibilidad de la comunicación, que incluye una modificación en la ley de publicidad institucional para obligar a las administraciones catalanas a reservar una cuota de su publicidad a los medios próximos.

La ley vigente sólo precisa que la publicidad institucional debe tener en cuenta a los medios próximos. Pero el nuevo texto garantiza por ley un mínimo de inversión a los medios catalanes. Es una forma de esquivar críticas tales como por qué la Generalitat destina 1,3 millones a publicidad este año en medios escritos en catalán y no invierte ni un euro en ningún diario redactado en castellano, con sede en Madrid, pese a tener tirada en Cataluña.

La memoria, que presentó el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, recoge algunas de las demandas de ERC para reajustar el gasto en los medios públicos como reconsiderar el presupuesto del Consejo Audiovisual de Catalunya (CAC) y de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), extremadamente politizados, y donde los republicanos no tienen representación, pues la recomposición de los órganos directivos de TV3 y Catalunya Ràdio la pactaron CiU y PP la pasada legislatura.

El anteproyecto de la ley de transparencia y sostenibilidad de la comunicación suprime las retribuciones de los consejeros de la CCMA y del CAC que no tengan dedicación exclusiva. Aunque, como sucede en el ámbito privado, Homs alegó que estos directivos podrán cobrar dietas por su participación. Los sueldos del CAC son más que cuestionables en un momento en que TV3 y Catalunya Ràdio afrontan un ERE de 312 trabajadores sobre una plantilla de 2.100 empleados. Aunque el organismo se ha apretado el cinturón reduciendo el número de consejeros de diez a seis, su sueldo sigue siendo extraordinario, 80.000 euros.


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