AGLI Recortes de Prensa   Jueves 11  Julio 2013

La corrupción institucionalizada; ¿su defensa también?
EDITORIAL Libertad Digital 11 Julio 2013

Por si no hubiera muestras de hasta qué punto la corrupción estaba y sigue estando institucionalizada en Andalucía, el portavoz de su Gobierno autonómico, Miguel Ángel Vázquez, anunciaba hace unos días la intención de la Junta de abonar la defensa jurídica privada de sus altos cargos en ejercicio y de los funcionarios públicos imputados en el caso de los ERE. La excusa no era otra que una normativa autonómica, el decreto 450/2000 de 26 de diciembre, que –según se decía– obligaba a ello.

Si la juez Alaya considera que en la Junta se llegó al extremo de dictar normas que facilitaron el "uso indebido" de las transferencias de financiación como subvenciones sociolaborables, en principio no sería de extrañar que también se hubiera promulgado un reglamento tan bochornoso como para obligar al contribuyente a pagar la defensa de los acusados por desvío de fondos públicos.

Lo cierto, sin embargo, es que esa normativa, aunque muy discutible, no llega a tanto: ese reglamento permite, que no obliga, a la Conserjería pertinente la contratación de servicios de profesiones "siempre que los procedimientos judiciales que se dirijan contra las autoridades y personal al servicio de la Junta sean por actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores".

Además del propio contenido de la norma invocada, otra prueba de que el pago de la defensa de los presuntamente corruptos no supone un inexorable imperativo legal para la Junta lo constituye el hecho de que, escasas horas después del anuncio del portavoz de la Junta, su vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, de IU, lo desmentía afirmando categóricamente que la Junta "no se va a hacer cargo de ninguna defensa" de altos cargos imputados, "ni de manera directa ni indirecta".

Con posterioridad, la Portavocía del Gobierno de Griñán matizaba su postura inicial de respaldo de los imputados, pero sólo para aclarar que el pago de las defensas se realizaría a petición de los interesados y una vez que los servicios jurídicos emitieran un voto favorable.

El cuajo de la oposición impecable
Editorial www.gaceta.es 11 Julio 2013

A este Gobierno, que parecía que podía empezar a mirar las cosas con cierta esperanza, se le ha puesto todo del revés, con malas predicciones económicas y, sobre todo, con el caso Bárcenas estallando en medio de un lodazal realmente pestilente. Es normal que muchos electores estén descontentos con la actitud de Rajoy, pero lo que mueve al asombro es el cuajo con el que la oposición se ha puesto estupenda y ha decidido boicotear el dictamen definitivo sobre el proyecto de ley de Transparencia, y ese asombro se acentúa, si cabe, cuando se ve a CiU y al PNV sumarse a esa hipócrita pretensión de una decencia que jamás aplican a sus propias miserias, nada escasas ni inactuales. Que un partido, como el PSOE, que está atacando en plan sistemático a una juez por haber imputado a decenas de altos cargos de la Junta de Andalucía responsables del más extenso, descarado y miserable robo de dineros públicos, se atreva a simular mohines de decencia es realmente vomitivo. Nos toman por tontos si creen que alguien puede creerse que el PSOE debe ser juzgado por lo que dice, y no por lo que hace, mientras que el PP debe ser juzgado y ajusticiado sin mayores precauciones, y, por si la Justicia se retrasase, sometido al público escarnio de negarse a debatir con su diputados en el Congreso, obstaculizando, de paso, la confección de una norma que algo ayudaría a que fuesen menos frecuentes los episodios de corrupción.

Que IU, que ha estado metida en los consejos de todas las Cajas de Ahorro que han ido a la quiebra, que secunda, después de haberlas denunciado, las tretas del PSOE en el caso de los ERE, y que mantiene en sus filas a un personaje capaz de dejar que se desespere un vecino para comprar luego el piso que habitaba más barato al Banco, se dedique a dar lecciones de ética es pasmoso: bien se ve que piensa que la ética es para hablar, no para regir la conducta.

Lo mismo cabe decir de CiU, un partido con su sede embargada y con casos de corrupción ya condenados en firme por la Justicia, que se suma a la muchachada progre por el puro afán de hundir al Gobierno. Su ejercicio de irresponsabilidad y de hipocresía es de los que hacen época.

Es razonable que la oposición pida la comparecencia del presidente del Gobierno, lo que no puede soportarse es que actúe como si fueran un conjunto de ángeles sin mezcla alguna de tacha, sin ninguna relación con las impurezas de este podrido mundo. La actitud de estos señores no constituye, sin más, una falta absoluta de ética, es sencillamente grotesco y una muestra más del escaso respeto que nos tienen a todos. Parece como si estuviéramos en una competición para demostrar quien es capaz de hacer la tontería mayor en un momento que debiera exigir de todos responsabilidad, sentido del honor y patriotismo, sin partidismos ni sectarismo alguno.

La lista de Mas
Javier Quero www.gaceta.es 11 Julio 2013

La tortilla española es una grave amenaza a las señas de identidad de Cataluña y un símbolo de la opresión centralista.

La propuesta del presidente de Cataluña de elaborar un listado de patriotas catalanes me parece insuficiente. La iniciativa debería completarse con la obligación de todos los no nacionalistas de lucir una estrella amarilla de seis puntas en el pecho. La idea de la Cataluña pura que tienen Mas y su jefe, Junqueras, precisa el control exhaustivo de todos aquellos que disientan de los principios fundamentales del movimiento independentista. Sólo unidos podrán separarse. Para lograrlo, habría que concentrar las viviendas de los enemigos del régimen en barrios específicos de los que no deberían salir bajo ningún concepto. De otro modo, podrían acabar contaminando con sus peligrosas ideas españolistas al resto de ciudadanos. Quizá cabría emplear otros métodos, como tatuarles el término despectivo charnego o español y un número de serie. Me suena que, en algún momento, algún Gobierno de algún lugar del mundo hizo algo similar, pero ahora mismo no soy capaz de recordar quién fue.

Mas anda estos días por Brasil haciendo patria. Allí ha podido constatar que el país carioca no vive para otra cosa que no sea apoyar el reconocimiento de Cataluña como nación. Como el president está ausente, ha sido su portavoz, Francesc Homs, quien ha anunciado que finalmente no se elaborará el archivo de adhesiones a las políticas del Gobierno catalán. Una pena. La idea de confeccionar un fichero de patriotas antiespañoles era fantástica, sólo al alcance de una mente privilegiada como la del líder de ese partido al que convendría cambiar el nombre de Convergencia por Divergencia. La lista de Mas haría de menos a los demás, pero lograría algo fundamental, más importante que destacar a los adeptos, identificar a los desafectos.

Otros grandes benefactores de la Humanidad ya idearon sistemas para diferenciar la pureza de la raza, por ejemplo mediante el RH. Así lo expuso en su día ese insigne filántropo llamado Xabier Arzalluz, conocido por su noble afición a la recolección de nueces. Homs debe perseverar en esa línea, no puede echarse atrás ahora. Hasta el momento, se han hecho grandes cosas. Se ha prohibido el uso del español en los comercios, se han prohibido los toros, se ha prohibido la instalación de pantallas en las calles para retransmitir los partidos de la Selección española... Pero las masas en Cataluña demandan aún más medidas de libertad como las referidas. Por ejemplo, urge la prohibición de venta y consumo de tortilla española. Con dos huevos. Bueno, con dos huevos y con cuantos quiera que esté cocinada. La tortilla española es una grave amenaza a las señas de identidad de Cataluña y un símbolo de la opresión centralista. Boicotear la tortilla es, más que un gesto, una gesta que pasará a los anales de la Historia de la liberación de los pueblos.

Definitivamente, hay que implantar la lista de Mas como mecanismo de defensa contra la invasión españolista. Gracias a ella, pueden rescatarse grandes valedores del nacionalismo catalán, como los ex presidentes de Ferrocarriles de Cataluña, Enric Roig y Antoni Herce. La Justicia española los condenó a cuatro años y medio de cárcel por quedarse con dos millones y medio de euros de esa entidad pública. Menos mal que para enmendar tamaña injusticia, la Dirección General de Servicios Penitenciarios, dependiente del Gobierno de Mas, les ha concedido el régimen abierto, por lo que sólo han pasado 49 días en prisión. Para labores humanitarias como esta sirve la lista de Mas, para reivindicar el chorizo autóctono. La Cataluña de las listas, frente a la España de los tontos.

Sin temor a quemarse las manos.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 11 Julio 2013

Como no deja de ser una pura metáfora, hoy está de moda entre la casta lo de "poner las manos en el fuego" por alguien, dando a entender la absoluta confianza en esa persona. Un acto de fe ilimitada y diría que de peloteo innecesario. Porque, no hay nada más arriesgado e inutil que confiar en alguien ajeno a nuestro entorno más íntimo y aún así, tampoco. La vida si nos enseña algo es a ir ganando en desconfianza en el ser humano y a "tenerlas tiesas" por si acaso nos sale "rana".

Esto de la política va por modas y de vez en cuando "triunfa" una expresión que todos ven ocurrente y oportuna para usarla como muletilla en las declaraciones. Y esta de poner las manos en el fuego es la última de la hornada, nunca mejor dicho. Claro que como le ha ocurrido a Miguel ängel Rodríguez, ex portavoz del PP, las hemerotecas pueden pasar factura y ser una prueba de cargo de la falsedad de las afirmaciones. Hoy en día, con el áuge de la tecnología, los smart phones, las tablets, etc. y el mundo incontrolable de Internet, queda constancia audiovisual de todo y nadie puede negar que dijo lo que dijo, ni los lapsus de los micrófonos abiertos.

El caso es que la casta se defiende y, como dije ayer, en el caso de la Junta de Andalucía -que no es el único, ni lo será- a costa del sufrido contribuyente. No solo nos roban, sino que quieren que además les paguemos el abogado si les pillan. En el caso de la imputación de Magdalena Álvarez, ni siquiera pertenece a la Junta de Andalucía. Claro que muchos de los inscritos en los ERE's tampoco pertenecían a las empresas. Como se ve, la desfachatez no tiene límites para quienes manejan el poder a su antojo y sin que los ciudadanos nos podamos defender de semejante abuso.

Y como PSOE y PP son como los célebres personajes Zipi y Zape, el modus operandi es igual para ambos. No hay nada como negarlo todo y asegurarse de que nadie va a molestar con preguntas cuya respuesta es obvia. La negativa del PP a la comparecencia de Rajoy es solo la forma de "poner las manos en el fuego", pero sin encenderlo. Al silencio forzado, se añade el vergonzoso y descarado blindaje parlamentario. Una actitud arriolista de dejar pasar el tiempo y esperar que escampe. Lo malo es que no va escampar y el otoño vendrá caliente.

Estos son los que no se cansan de hablar de leyes de transparencia, del respeto por las Instituciones, por los jueces y demás palabrería hueca que siguen siendo las muletillas de unos desvergonzados altivos que desprecian a los ciudadanos y la "soberania popular", trasnformada en vasallaje por culpa de estos corruptos y corruptores. Ha llegado el tiempo de poner coto a tanta desvergüenza. Ha llegado el momento de reconducir a España por el camino de la verdadera democracia. Ha llegado el momento de poner a toda esta pandilla en sus casas y que dejen de robar.

La sociedad española lleva años quemándose las manos por haber confiado su futuro en quienes solo han demostrado tener como objetivo o la revancha o el entiquecimiento. Ya no podemos ni debemos seguir confiando.

Rajoy pierde el control
Pablo Sebastián www.republica.com 11 Julio 2013

Se han vuelto locos, van de mal en peor y no se les ha ocurrido otra cosa a los estrategas de Moncloa y de la sede central del PP, ambos a las órdenes de Rajoy, que amordazar el Parlamento y despreciar a los medios de comunicación para salvar y aislar al líder de aquí a la vuelta de las vacaciones, mientras el enorme caso de Bárcenas se convierte en un incendio incontrolado. El mensaje del contra ataque del PP es tan infantil como burdo: Bárcenas es un golfo, todo lo que dice es mentiras, quien crea a Bárcenas está a su servicio. Pero si los documentos, las denuncias, los indicios y las pruebas de la financiación ilegal del PP de Rajoy son ciertas, lo diga Bárcenas, Agamenón o su porquero, Rajoy estará perdido. Además, la iniciativa y la documentación parecen estar ahora en las manos del director de “El Mundo”, Pedro J. Ramírez, camino de convertirse en la ‘serpiente de verano’ informativa, por lo que la pretendida fuga parlamentaria y mediática de Rajoy no le servirá para nada, por más que espere con ansiedad la sustitución del juez Ruz en la Audiencia Nacional por otro magistrado, hoy miembro del Poder Judicial y aparentemente un amigo del ministro Gallardón.

Amordazar al Parlamento, despreciar a la prensa, controlar a la Justicia he ahí un programa político de involución democrática, una hidra furiosa de tres cabezas con la que el Gobierno y el PP pretenden salvar a Rajoy de sus graves responsabilidades en el caso Gürtel y de su deterioro personal y político. Porque Rajoy ya está tocado -y no solo por Bárcenas sino por su falta de valor y su incapacidad política-, y se le ve en la cara y los gestos y se teme lo peor. Creía que su peor enemigo era el temido gran rescate de España por la UE y ahora resulta que es su propio rescate, como Presidente del Gobierno y líder del PP, lo que está en juego y lo que veremos como acaba.

Lo peor que le podía ocurrir al PP en esta tesitura es que Bárcenas se entregara en manos del director de “El Mundo”, que es ahora el que controla los tiempos y el grueso de la información que el irá soltando por entregas como en una serie televisiva de terror. Y, en estas circunstancias, se entiende que Rajoy no salga a los medios del Ruedo Ibérico porque si sale un día a desmentir algo se puede encontrar al día siguiente en “El Mundo” un nuevo documento que lo deje a los pies de los caballos, o una declaración que no pueda controlar, porque el drama de Rajoy y del PP es que en todo este escándalo han perdido el control, y que Rajoy era presidente del PP en los años recientes de la presunta financiación ilegal tal y como lo prueba el caso que Pedro J. citó ayer ante el juez de una pretendida entrega de 300.000 euros al PP para la campaña de las elecciones generales pasadas de 2011.

La Moncloa y el PP perdieron el control el día que “El País” publicó los papeles de Bárcenas y comenzaron las mentiras a granel del PP y las maniobras en la oscuridad para pactar con el ex tesorero que acabaron mal en el enfrentamiento, y con Bárcenas ahora en la cárcel de Soto del Real, una venganza del PP -no sabemos bien si de Rajoy o de Gallardón- que es lo que esperaban algunos para hacer estallar el núcleo duro del caso que tiene a Rajoy al borde del abismo.

Ahora, otra protagonista del espectáculo, Dolores Cospedal puede ser llamada a declarar ante el juez, como lo ha pedido el fiscal y a partir de ahí el desfile de altos cargos populares ante el juez puede convertirse en un espectáculo de gran impacto nacional. Cospedal está considerada, además, la ‘dinamitera’ del escándalo por sus peleas con Bárcenas en el ‘polvorín’ del PP. Es decir en el cuarto oscuro de la presunta financiación ilegal. ‘Que cada palo aguante su vela’ dijo tras estallar el polvorín, dejando a la intemperie a los que integrantes de la procesión del PP: Aznar, Rajoy, Cascos, Arenas, Acebes, Rato, Mayor, etc. Ahora es ella la primera en desfilar pero ante el juez y como testigo no imputada -por lo que no puede mentir-, pero estas cosas se saben cómo empiezan pero nunca como acaban. De momento se puede encontrar enfrente de la Fiscalía y los abogados de Bárcenas y su mujer, Gómez Liaño y Márquez de Prado, amén de los de la acusación del PSOE.

La crisis de Rajoy está servida y acompañada de un espectáculo político, mediático y judicial de imprevisibles consecuencias para cada uno y el conjunto de los actores incluidos el PP y el Gobierno de la nación. En el patio de butacas están los ciudadanos, la UE y los mercados todos ellos asombrados por la situación.
www.pablosebastian.com

La epidemia nacional
Primo González www.republica.com 11 Julio 2013

La percepción que tienen en medios económicos internacionales sobre España se ha deteriorado a marchas forzadas en estas últimas semanas. No hay más que echarle un vistazo a algunas publicaciones de amplia cobertura internacional o a los informes diarios que emiten los bancos de inversión o las casas de análisis para observar la baja pulsación que está registrando nuestro prestigio internacional. Los promotores de la Marca España tendrán que hacer horas extra para tratar de contrarrestar tanta calamidad como se está desparramando sobre nuestra cabeza.

Desde luego, de la lectura diaria de la prensa española no cabe extraer buenos augurios. No es que la prensa se empeñe en hundir al país. Es lo que hay, lo que dice la gente, lo que desfila por los juzgados, lo que acapara las tertulias y conversaciones no tanto de las emisoras de radio y TV, que también, sino las que protagonizan los clientes de los bares y cafeterías (la red social más impresionante que existe en cualquier sociedad civilizada, ya que España cuenta con la mayor densidad de bares por 1.000 habitantes del mundo), de las tiendas de barrio, de los super, de las farmacias… La comidilla nacional es para tirarse de los pelos. La prima de riesgo no es nada comparable con los audímetros de las conversaciones cotidianas de los españoles. Los sondeos de opinión empiezan a destacar como asunto de primer grado de preocupación de los españoles la corrupción de los políticos, lo que no había sucedido nunca en nuestra historia.

No es sorprendente, por todo ello, que la prima de riesgo, una medición posiblemente más técnica que la intensidad de las tertulias callejeras, se haya disparado en las últimas semanas. En lo que llevamos de esta semana ha pasado de los 295 puntos básicos del viernes pasado a los 319 puntos básicos de este jueves. Y sigue subiendo. La prima de riesgo no es más que el resultado de comparar los tipos de interés a largo plazo que fija el mercado para los bonos españoles a 10 años de plazo (que este jueves habían escalado ya hasta el 4,82%) con los tipos de interés de la deuda alemana, el ‘bund’, el bono a 10 años que se considera como el más fiable de la zona euro, que este jueves se movía en torno al 1,63%. Estos tipos son los que están dispuestos a pagar los inversores por invertir en cualquiera de los dos países. O sea, que para invertir en España piden algo más de 3 puntos de interés de lo que están dispuestos a recibir por invertir en Alemania. Es, hoy por hoy, la diferencia entre la Europa del centro y la de la periferia.

Estos días, la imagen de España en el exterior está inevitablemente asociada a un presidente del Gobierno y a un partido gobernante sobre los que un antiguo colaborador, el tesorero, está vertiendo toda clase de acusaciones e infundios, ciertos o imaginarios, relacionados con el m anejo del dinero procedente de las arcas empresariales. Los acusados no dicen nada, ni se defienden, lo que resulta verdaderamente insólito a los ojos de cualquiera con sentido común y un mínimo grado de preparación.

La maquinación contra la cúpula dirigente del país se mezcla con numerosos sucesos de ámbito similar en la clase política regional (caso de los ERE de Andalucía o de la financiación de algunos de los grupos nacionalistas catalanes) y hasta en el mundo empresarial, en donde sucesos como el de Pescanova, empresa cotizada y en la que han colocado su dinero muchos inversores extranjeros (vía compra de acciones, vía concesión de créditos) están poniendo de manifiesto la incapacidad de los organismos reguladores (en este caso, la CNMV) para enderezar conductas o aplicar la normativa existente. La ejemplaridad nunca ha estado tan lejos de la actuación ni de la conducta de nuestras instituciones. Por desgracia, en estos últimos meses el asunto ha alcanzado grado de epidemia.

Caja, en la Comisión de Educación y Deporte: “La LOMCE es un fraude”
Redacción www.voxbcn.com 11 Julio 2013

El presidente de Convivencia Cívica Catalana ha criticado el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en su apartado del régimen lingüístico en las CCAA ya que no garantiza “la conjunción lingüística”.

Francisco Caja, este miércoles, en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso, ha recordado que las leyes y los poderes públicos “deben garantizar” el ejercicio de los derechos y los deberes de los ciudadanos, tal y como se cita en el artículo 9 de la Constitución.

Una garantía que, en su opinión, tal y como ha denunciado en otras ocasiones, no se da en Cataluña. El presidente de Convivencia ha indicado que “la lengua en la enseñanza es un factor central” en el derecho a la enseñanza, como recoge la UNESCO desde 1953, y este aspecto no queda garantizado en la LOMCE.

De esta manera, la LOMCE no establece un modelo bilingüe en las escuelas de Cataluña sino que deja abierta la puerta a que los padres tengan que solicitarlo ante la administración pública y esta -en lugar de aplicar las sentencias- recurra a colegios privados para que los alumnos puedan estudiar con las dos lenguas oficiales en la Comunidad como vehiculares.

Críticas al Gobierno del PP
Caja ha recordado que el régimen lingüístico escolar aplicado en Cataluña por la Generalidad “no es constitucional”, por lo menos desde 1994, cuando el Tribunal Constitucional (TC) se pronunció en este sentido. Y se ha preguntado -y respondido- por qué se sigue aplicando este modelo: “Porque los gobiernos nacionalistas han contado en todo momento con el apoyo de los dos grandes partidos nacionales”.

En este sentido, el presidente de la entidad cívica, también profesor en la Universidad de Barcelona, ha recordado que en 1998, tras la aprobación de la Ley de Política Lingüística en el Parlamento autonómico, el PP, ya en el Gobierno, no solo se negó a presentar un recurso ante el TC sino que presionó al Defensor del Pueblo para que tampoco lo hiciera.

Así, mantener el modelo de inmersión lingüística en la LOMCE “es contrario al espíritu y la letra de la Constitución” porque “la exclusión del castellano como lengua vehicular pervierte el modelo de escolarización”, que es lo que han señalado siete sentencias de los tribunales. “Cojan las sentencias y léanlas… de una puñetera vez”, ha añadido, dirigiéndose a los congresistas presentes en la Comisión.

“Un derecho del que han sido desposeídos miles de ciudadanos”
Además, ha recordado que si bien “solo” los castellanoparlantes son inmersionados, pues los catalanoparlantes reciben la enseñanza en su lengua materna, son estos segundos los que más sufren un modelo ilegal e injusto pues los dirigentes políticos nacionalistas les están negando “un derecho” como el de ser competitivos en una lengua oficial.

Caja ha señalado que no solo existen razones legales para oponerse a la inmersión lingüística, también existen “razones pedagógicas” para criticar el modelo. Según los datos aportados por uno de los organismos de la Generalidad, citados en la Comisión por el presidente de Convivencia, “los castellanoparlantes en Cataluña fracasan más [en la escuela], el doble, que los catalanoparlantes”. Por lo que, ”lo que algunos consideran un éxito es una discriminación positiva; [...] la inmersión es discriminación”.

Por todo esto, Caja ha pedido a los congresistas -sobre todo a los del PP, partido que tiene mayoría absoluta en las Cortes Generales- que devuelvan “un derecho del que han sido desposeídos miles de ciudadanos de Cataluña” y deshagan “este entuerto de un régimen discriminatorio”.

“Es el mundo al revés, la constitucionalidad es la excepción en Cataluña”
Finalmente, ha señalado que “la LOMCE es un fraude”, ya que en lugar de asegurar a todos los escolares “la igualdad, esto es: un modelo bilingüe”, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, bajo la dirección de José Ignacio Wert (PP), invierte la normalidad y convierte “la garantía del derecho a la educación en un verdadero fraude”.

Para Caja, es “inaceptable” que el ministro y la LOMCE den carta de naturaleza a la inmersión lingüística obligatoria en catalán; y ha recordado que el Tribunal Supremo (en su sentencia del 12 de junio de 2012) dejó establecido que la administración pública tiene la obligación de ofertar el bilingüismo a todos los alumnos sin que estos tengan que pedirlo.

Sin embargo, el proyecto de la LOMCE “inventa un mecanismo” que contempla la posibilidad de que cuando la Consejería de Enseñanza no cumpla con la ley se dará la posibilidad a los alumnos que lo quieran y pidan acudir a un centro privado para poder ser educados con las dos lenguas oficiales como vehiculares, ha añadido, antes de señalar que “es una ley que asegura la impunidad para el que la incumple”.

El presidente de Convivencia, en una comparecencia de más de 70 minutos (incluidas las intervenciones de los congresistas) en el Congreso, ha criticado que los padres que se acojan a esta excepción tengan que renunciar “a la enseñanza pública”. Y ha indicado que “es el mundo al revés, la constitucionalidad es la excepción en Cataluña. Y una ley no puede ser excepcional”. ”¿No sería más lógico aplicar un régimen de conjunción lingüística o bilingüismo integral donde las dos lenguas convivan con normalidad en las escuelas de Cataluña?”, ha añadido.

Ataques ad hóminem
Por su parte, Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) ha defendido la inmersión lingüística “voluntaria”, pero ha recordado que en Cataluña se está aplicando de manera obligatoria. El congresista de UPyD ha reiterado que se opone frontalmente a la LOMCE en el aspecto lingüístico y ha defendido que su formación es partidaria de que se pueda escoger la lengua vehicular entre las dos oficiales.

Ricardo Sixto (Izquierda Plural), Martí Barberà (CiU) y Albert Soler (PSC) han rechazado las opiniones de Caja con argumentos ad hóminem. Concepció Veray (PP), por su parte, ha defendido la LOMCE y ha asegurado que esta norma “garantiza el bilingüismo” en las escuelas de Cataluña. Recientemente, el modelo de inmersión lingüística ha sido criticado por el Consejo de Estado.

La constitución española y el idioma español
Nota del Editor 11 Julio 2013

Escribo con minúsculas "constitución española" porque constituye un panfleto inservible ya que su contenido ha sido arrasado por toda suerte de políticos traidores, corruptos, ineptos lo mismo que por "juristas" de la misma calaña.

La Constitución Española, si fue votada por los españoles, que lo fue siguiendo la propaganda oficial de la época, quiere decir que lo que en ella se expresa se debe entender como lo entendieron los que en la época la votaron, los contrarios a su aprobación silenciados, y lo que todos los españoles entendemos es que según el texto y el sentido común, la única lengua que hay deber de conocer es el español, y en todo el texto no aparece obligación de conocer lengua regional alguna, ni bilingüismo ni patrañas por el estilo.

Por ello, cualquier cesión en la imposición de las lenguas regionales es inadmisible tanto desde de vista constitucional como del sentido común, por muchas vueltas que le pretendan dar.

El daño causado a España por esta estupidez de la perduración en otros de las lenguas regionales ha sido y es tremendo y ya es hora de que quienes piensan que España tiene que seguir en el mundo, levanten su voz y manifiesten, como lo hacemos nosotros, que no queremos las lenguas regionales, que no queremos que nos regalen nada, y menos pagado con nuestro dinero.

Hay que ser súmamente estúpido, incompetente, traidor y miserable para tener que legislar leyes de transparencia y mercado único por haber hecho antes el mayor ejercicio de la historia de estupidez, incompetencia, traición y miseria con las lenguas regionales.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Asimetrías y otras ¿fruslerías?
Juan Sánchez González. El Mundo  11 Julio 2013

Vía www.caffereggio.net/

EN 1931 Cataluña no era todavía una nación, a no ser que caigamos en la estéril consideración de que la condición nacional se trasmita genéticamente desde tiempos inmemoriales, en los que, paradójicamente, sucumbe la Historia a los caprichosos dictados de la memoria. Por ello, y ante la reivindicación de los nacionalistas, los constituyentes republicanos concibieron la fórmula del Estado integral que, sin exclusivismos ni asimetrías, planteaba sustituir el sistema centralista por un Estado autonómico donde no estaban predeterminados ni el número, ni la calidad de las comunidades que podrían acceder a la autonomía. Que unas llegaran antes, y que el proceso se paralizase por la Guerra Civil puede y debe explicarse para no alimentar la ilusión de que sólo Cataluña, País Vasco y Galicia estaban llamadas a alcanzar tal condición. Convendría recordar que en todas las regiones se iniciaron los trámites, con lo que el mapa autonómico resultante probablemente hubiera diferido poco del actual. En Extremadura, por ejemplo, se creó una comisión pro estatuto regional extremeño y se acometieron gestiones que a punto estuvieron de fructificar para que Huelva formara parte, junto con las provincias de Badajoz y Cáceres, de una región autónoma onubo-extremeña.

En 1873, los diseñadores del primer régimen republicano tampoco consideraron que Cataluña fuera nación. El proyecto de Constitución de la República Federal la distinguía como una de los 17 Estados — como Extremadura— compatibles con la existencia de una única nación, la española. En aquellos momentos ni la asimetría ni la genética preocupaban especialmente a los españoles de ambos lados del Ebro; pero, a diferencia de lo que sucedería en 1931, lo que sí se hizo fue definir cuántos Estados y qué competencias podrían desempeñar, en relación con las de la Federación.

Entre ambas coyunturas republicanas transcurrió la última década del siglo XIX, en la que Cataluña tampoco era todavía una nación. Y ello a pesar de los que ya se afanaban por fundamentarla —pues no hay nación sin nacionalistas— y por crear un partido regionalista/nacionalista con el que participar en la política, que pretendían modernizar. Pero, tal como escribió Josep Pla, hasta la crisis del 98 el catalanismo fue un fenómeno muy minoritario, quatre gats. Cambó reconocería en su Memorias que fue entre 1896 y 1906 cuando el catalanismo sentimental se transformó de raíz en movimiento popular. Unos años después, en 1918 y en plena crisis de la Restauración, se presentó en el Parlamento un proyecto de autonomía de Cataluña, precedido de una campaña pilotada por Cambó: la campaña por la autonomía integral de Cataluña y por la España grande, en la que los nacionalistas catalanes aplaudían las demandas autonomistas de todas las regiones españolas. Extremadura, como también sucedería con Andalucía o Castilla, se sumaría a la oleada, iniciando trabajos para elaborar un proyecto que pudiera ser discutido y aprobado en Cortes. Al final, la creciente conflictividad social bloquearían tan sentidas aspiraciones.

A la altura de 1978 cristalizaba la Transición y los constituyentes españoles tampoco reconocieron a Cataluña la condición de nación, otorgándole la discutible consideración de nacionalidad histórica. Se había puesto en marcha un proceso preautonómico de diferentes velocidades y con reconocimiento también de variadas capacidades que desembocó en la actual España de las Autonomías, donde ni todos los estatutos son iguales, ni como es lógico en Extremadura se reivindican competencias lingüísticas o marítimas como en otras comunidades, por referir sólo dos ejemplos si no de asimetrías (¿?), sí al menos de diversidad.

Podrá objetarse que no hemos abordado aquí la controvertida cuestión del qué, del cuándo y del desde cuándo debería hablarse con propiedad de nación y, en su caso, de nación catalana. Como ha podido comprobarse, lo que nunca estuvo verdaderamente en cuestión en la Historia contemporánea fue la nación española, como tampoco estuvo en el ánimo de los nacionalistas históricos catalanes refutar el derecho a la autonomía de otros territorios. Por eso, en el caso de que ni una cosa ni otra sean una fruslería la argumentación de los asimétricos y el culposo desgarro de vestiduras de los neo abominadores del café para todos debieran merecer una explicación.

Quede claro que, por obvio, lo de los excesos, duplicidades, incompetencias y rectificaciones se entiende sin mayores esfuerzos; con lo que, mejor que explicarlo, bienvenidas serían las ideas para corregirlo. Pero lo otro, lo de las asimetrías y lo de las exclusividades históricas atribuibles a sólo algunas comunidades, eso sí que merecería una aclaración y no precisamente de las del tipo críptico tautológico que inmortalizara Pepe Isbert en antológica y berlanguiana frase: «Como alcalde vuestro que soy os debo una explicación, y esa explicación que os debo os la voy a pagar». Mientras llega, retomo la lectura de la vigilante y artificiosa desesperanza ciceroniana: Quousque tandem abutere, Catilina, patienta nostra?

Juan Sánchez González es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura.

Contra la inmersión lingüística catalana
Eduardo J. García, http://www.alternativaciudadana.es  11 Julio 2013

Escribo esto desde Barcelona, ciudad en la que nací y que antaño fue una ciudad obrera, de la que ya sólo queda el paro y algún recinto fabril cuyas reformas han costado millones que son infrautilizados para esa molesta, caduca y completamente vacua nadería que los progres llaman cultura. Afortunadamente ciertos colectivos de trashumantes de allende nuestras fronteras dan mejor uso a las naves del glorioso pasado industrial catalán. El que se pulieron sus herederos incapaces para el trabajo, pero muy aptos para irse a esquiar y jugar a los potentados de la construcción que hoy enarbolan la estrellada banderita del odio provinciano-pequeño burgués y hablan de expolio. Pero este círculo se ha ampliado a sus lacayos desclasados, por otra parte hijos de sus antiguos sirvientes. Una perfecta pantalla que todo nacionalismo excluyente usa como fachada para simular su apego a la democracia. Por supuesto, siempre en períodos de crisis económica.

Y escribo en castellano, o mejor dicho español, pues esta es mi lengua y la de la gran mayoría de los habitantes de la comunidad autónoma en la que resido. Y esto que parece la mayor de las obviedades no lo es tanto, pues se da por hecho tanto dentro de Catalunya por el aparato de gobierno nacionalista y sus mil ramificaciones como desde fuera de esta región que la única lengua propia es el catalán cuando no lo es ni del 40% de la población. Esto da alas al chovinismo nacionalista y a su fascista imposición de la lengua catalana como la única en el sistema educativo. Esto no parece ofender demasiado a los amigos de la diversidad de fuera de Catalunya que ven el bilingüismo en la enseñanza como una amenaza potencial contra el catalán. Haciendo suyo el muy excluyente e hipócrita mensaje de todas esas asociaciones en pro de la lengua catalana de inequívoco signo totalitario (de signo retrogrado, por supuesto. En Cataluña no existe la izquierda.) Por supuesto la hipotética Catalunya independiente tendría el catalán como bien cultural, nunca como lengua oficial según el muy fascista Ómnium cultural, un verdadero foro subvencionado propagador de heces y odio. Pero no son los únicos, el muy charnego, el tonto útil del nacionalismo–separatismo catalán, hablamos nada más y nada menos que de Joan Herrera, el “izquierdista” que en su programa presenta la redefinición de la naturaleza de la lengua catalana. Y sigue sin perder votos de los ignorantes que se creen progresistas. El lumpen al que se refería Marx.

La polvareda que ha levantado la ley Wert se basa en el articulado que pone fin a la exclusividad del catalán como lengua única, algo que ya ha sido sancionado por el tribunal supremo, pero que la Generalitat no aplica en un claro desafío y fraude de ley. Otra medida ha sido blanco de las críticas de los amigos de la pancarta y movilizaciones progubernamentales en las que se quiere acabar con la opinión del profesor. Algo a lo que nunca se debería haber llegado en una sociedad libre, pues la infancia es el tesoro de la sociedad, para unos, para otros es la camada que hay que acunar y adoctrinar. Esto evidentemente no es ninguna mordaza contra la libertad de expresión del profesorado, pues las aulas no son el ámbito para la expresión del ideario político de nadie y mucho menos de la culpabilización de alumnos cuya desgracia es no pertenecer a países contrarios a las corrientes de opinión. Los niños serbios o judíos no han tenido muchos amigos en las aulas públicas catalanas gracias a la contaminación ejercida por el mundo adulto sobre el infantil, transmitido casi en su totalidad por los profesores que se creen adalides de la libertad. Quién puede olvidar todos los carteles infantiles en contra de la guerra de Irak, y como esos mismos profesores apoyaron los bombardeos contra Yugoslavia y Libia, pese a no ser capaces ni de situarla en el mapa.

La ley del ministro de educación tiene aspectos negativos como una profundización de una privatización ya incipiente, otros que no lo son tanto como el fin de muchas subvenciones cobradas por centros concertados que no siempre han cumplido con sus obligaciones, y una vuelta de la enseñanza religiosa a la escuela que pretende contrarrestar la infumable educación por la ciudadanía. Esto no molesta tanto a los nacionalistas pese a algún aspaviento oportunista. La religión está muy presente en Catalunya dado su gobierno democristiano, el apoyo de la iglesia catalana a la independencia y la deriva general de los catalanes hacia los valores más conservadores y retrógrados pese a que muchos crean que son “modernos” y “rebeldes” por ir en contra el gobierno de Madrid y de la nación española de la que forman parte.

Para ese lavado de cara han copiado la estrategia batasuna de grupúsculos supuestamente izquierdistas avalada por la generalitat con las CUP. La implicación de la iglesia en los crímenes etarras y su apoyo financiero y logístico penden por encima de estos asesinos supuestamente marxistas.

Dejemos al polémico ministro que se ganó hasta la antipatía del barcelonista Xavi Hernández, el cual defendió el catalán. Sonaban campanas, verdad. Nada de esta ley parece que se cumplirá, ni lo bueno ni lo malo, y por enésima vez España no tendrá una reforma educativa decente y aplicable.

Así que todo da igual. Volvamos al proyecto catalanista. La tercera o cuarta lengua del mundo gozaría de un estatus similar al de los toros en Francia, el de un bien cultural, pero sin carácter oficial. Bueno, eso pasando la frontera, ya que aquí han prohibido los toros. Mientras tanto miles de animales son abandonados y mueren de hambre por toda la comunidad sin que nadie se manifieste ni salga en la franja de prime time en tv3, tele 5 o la Sexta para denunciar este genocidio animal. Es muy sintomático de las flaquezas y verdaderos intereses de todos estos movimientos y fuerzas políticas.

Pero no perdamos la perspectiva. Aquellos que pedimos, oh gran crimen, la enseñanza bilingüe o trilingüe, hacemos todo menos agredir a la lengua catalana. Pues la igualamos con la inglesa o española aunque sea minoritaria y culturalmente irrelevante al lado de otras con las que convive como las mencionadas, a las que hay que añadir el árabe, el cantonés o el francés.

Sin embargo la consejera de Educación de la Generalitat pone el grito en el cielo, en compadecencia pública y se rasga las vestiduras al declarar con pasmo que un 13% de las escuelas catalanas (muchas más del 0,0% que pretende la Generalitat) tienen el español como lengua vehicular. Esto de por si ya basta para calificar a esta persona y al partido que la cobija.

No entraremos en la veracidad de las cifras, pues la mendacidad de la Generalitat no tiene parangón. Baste recordar cómo Homs hablaba del supuesto aval de la UE a la inmersión cuando nunca se ha dicho nada a favor.

Para igualar esta diferencia, la Generalitat puso en marcha con la recuperación de la democracia y también de los derechos medievales de las comunidades autónomas nacionalistas, un programa de inmersión lingüística en la que la lengua fue la herramienta principal para propagar el nacionalismo. El conocimiento de la lengua es imprescindible para todo catalán. Es el primer paso para demostrar su amor verdadero a la tierra, su hecho diferencial respecto a otros y su coraza frente a los foráneos que siempre la quieren atacar hasta verla desaparecer. Hecho que no sucedió ni con el General Franco, a cuya victoria por cierto contribuyeron muy generosamente los llamados “catalanes de Burgos”, fundadores de lo que hoy es Ómnium Cultural.

No obstante el catalán ha sido una lengua impuesta como una herramienta política de gran alcance. Han sido las instituciones y no la sociedad civil o la literatura la que le ha dado prestigio. Visto que en treinta años de democracia los logros artísticos en lengua catalana han sido muy inferiores a los del urdu o el swahili con una evidente diferencia presupuestaria a favor de Cataluña.

El bilingüismo del que se jactan los nacionalistas, que lo odian y al que sólo apelan porqué todavía están en minoría (algo que evidentemente cambiaría drásticamente cuando el catalán alcanzara el 51% de hablantes) es sólo una realidad factual. El uso discriminatorio del catalán como instrumento de adhesión a la causa nacionalista es más que evidente. Y sólo la manera en que se justifica el uso del catalán, hablando de una prohibición fascista, de una inexistente invasión, en contraposición a la del español cuando deben convivir las dos debería despertar críticas en los hablantes de las dos lenguas. Pero esto no sucede. Y la razón está más que clara, sería reiterativo incidir en ella. Esta soberbia en los defensores de la lengua catalana es la misma falta de empatía que demuestran diariamente los catalanistas con aquellos que tienen una renta inferior a la suya y aspiran a tener unos mínimos de dignidad social a través de políticas públicas más progresistas.

Estos apocalípticos ataques por doquier contra la bandera (lengua) son de una bajeza y victimismo que sólo aumentan en mezquindad al ser la catalana una sociedad que controlan precisamente gracias al trabajo de dominación y fractura social que ha propiciado el catalán, sometiendo a las clases trabajadoras venidas de otras regiones a un mundo de buenos y malos, de adaptados y de inadaptados, de buenos y malos catalanes, y del espantoso uso que el régimen ha dado a la palabra integración. No. El catalán no es ninguna lengua de acogida ni una lengua común. Su implantación total en escuelas, universidades, administraciones y medios persigue el fin de someter ideológicamente y mediante el aleccionamiento de modelos a las corrientes de carácter obrero venidas de fuera que reforzaron las interiores para romperlas y absorberlas. Cosa que el nacionalismo ha conseguido plenamente por la total inacción de la mayoría de la sociedad a mensajes fascistas dichos cada día, sin freno alguno. Banderas independentistas en los colegios, uso de menores en actos de proselitismo, campamentos de verano de carácter fascista-catalanista, aparición de carteles en escuelas públicas de "En el patio, se habla catalán". Odio y desprecio hacia España en todos los ámbitos imaginables. Bueno, aunque aquí en Catalunya muchos dirán que son tolerantes, y soportan a los que hablan en castellano, incluso algunos profesores enrollados con acento “chava” (castellano) permitan comunicarse a los niños en ese idioma. Supongo que esa generosidad también llegará a los niños chinos, filipinos, indios o norteafricanos. Probablemente, así sea y con mayor satisfacción por parte de los docentes que verán refrendado su gran amor al multiculturalismo.

Las subvenciones y actos de adhesión al catalanismo no tienen ninguna respuesta crítica más allá de una minoría maltratada y calificada enseguida como fascista o españolista. El frentismo como paso posterior a la exclusión y anterior al enfrentamiento.

Decir que la lengua catalana no es una herramienta de cultura es una certeza incuestionable. Y el reciente manifiesto del Barça lo ejemplifica. Si alguien tiene paciencia y estómago para leerlo, comprobará cómo el ultranacionalismo albanokosovar, croata y húngaro palidece a su lado. Pero no se conoce que algunos de los 20.000 socios no-catalanes, o cualquiera que su lengua no sea la catalana o por extensión cualquier persona enemiga de fascismos se haya dado de baja de este club, altavoz del pancatalanismo.

Pero volvamos a la lengua. Desmitifiquemos esa patraña de la inmersión lingüística como instrumento de cohesión social. En primer lugar, no hay por qué hablar de ninguna integración cuando nos referimos a seres humanos. No existe ningún riesgo de exclusión social por hablar en español aunque lleven más de tres décadas trabajando para ello. Lo que si existe es una voluntad manifiesta de la imposición del catalán como única lengua vehicular y único idioma pretendidamente válido. En segundo lugar esa pretendida cohesión social sólo lo es en la medida en que no existe oposición hacia la inmersión lingüística.

Para ello se ha montado este entramado lingüístico que intenta asimilar a través de la lengua, del sistema educativo y de los medios de comunicación, una supuesta pertenencia a una Catalunya desapegada a España que se postula como una realidad opuesta, y mucho más moderna, tolerante y trabajadora. Toda una farsa que no reviste el menor análisis crítico. Pero precisamente esto es motivo de escarnio y desprecio , fomentado en primer lugar por el poder político y mediático que acelera en una política de confrontación, que quizá ni se produzca dado el nivel de complacencia y subyugación de una masa políticamente analfabeta y esclava del qué dirán. Sorprende constatar hasta qué punto la población menos preparada ha interiorizado las mentiras del nacionalismo que van contra su propia esencia.

Pero algunos desde Catalunya, no compartimos esa aberrante falta de ideología y de educación política que algunos se conforman con llamar pensamiento único.

Este artículo no va en contra de Catalunya, sino del catalanismo, nacionalismo o independentismo, contrarios todos ellos a la igualdad entre ciudadanos, culturas y clases.

Algunos no tragamos una supuesta democracia y libertad que denigra y enfrenta, que es usada como coartada para atentar contra sus mismos cimientos, que niega el derecho de elección, el derecho a la crítica o la igualdad de condiciones.

Ésta es la base de las negaciones que se convierten en la afirmación de lo que son. Cuando se pasa a las aseveraciones no hay eufemismo que pueda ocultar la verdadera naturaleza del sistema que nos rige y la culpable complicidad silenciosa que le ha apoyado.

Y ni es algo nuevo, ni dejará de pasar una y otra vez, por más "antis" que se declaren en sus maniqueístas campañas de imagen.

Eduardo J. García, Diario Octubre, 11-07-2013

El accidente insurreccional
Más allá de la política, la presión del entramado secesionista es enorme en Cataluña. La carga historicista del tricentenario de 1714 empuja a que el año próximo se intente quebrar el orden constitucional
Joaquim Coll. El Pais  11 Julio 2013

Advertir del riesgo de un accidente no significa necesariamente que vaya a ocurrir, ni mucho menos desear que tal cosa ocurra. Lo importante es analizar si se trata de un anuncio alarmista o, por el contrario, si hay bases sólidas en la argumentación. Por eso me ha sorprendido el escepticismo con el que han sido recogidas mis palabras cuando advertí, el pasado 3 de julio, en el marco de un diálogo que tuve el honor de realizar con el historiador José Álvarez Junco, organizado por la Fundación Diario Madrid, de que la situación en Cataluña es “explosiva” y que puede acabar en un “accidente insurreccional”. Dado el carácter principalmente histórico del diálogo, centrado en las relaciones entre Cataluña y el resto de España y en torno a las causas del actual desencuentro, me limité a apuntar únicamente tal posibilidad, aunque luego fue el asunto más destacado en los medios de comunicación y entre algunos comentaristas.

Quisiera ahora avanzar un poco más en este argumento e insistir en que el riesgo insurreccional existe porque, como ya expliqué tiempo atrás desde estas mismas páginas (Cataluña: utopía insurreccional o federalismo, 02/05/2013), el pacto que suscribieron CiU y ERC persigue justamente un choque de legitimidades. Entiendo por accidente o colisión insurreccional el intento de quebrar el orden constitucional. En realidad, toda la política nacionalista se dirige hacia ese objetivo y ha desarrollado una lógica discursiva que consiste en afirmar que hay una incompatibilidad manifiesta entre la democracia, entendida como la voluntad del pueblo, y la Constitución. Que existe una grave contradicción entre la legitimidad emanada de las últimas elecciones autonómicas (ratificada en todos los sondeos demoscópicos cuando se pregunta a los catalanes sobre el ejercicio del llamado “derecho a decidir”) y la legalidad española. Y que, frente a esa disyuntiva, la elección solo puede estar de parte de la democracia.

Siguiendo tal razonamiento, la promesa de llevar a cabo una consulta en el 2014 tiene que materializarse de forma imperativa y, por la misma razón, en caso de no ser posible, la alternativa no puede ser otra que la declaración unilateral de independencia, después o incluso antes de unas nuevas elecciones. Esta es la posición que ERC solemnizó en su última conferencia política el pasado 6 de julio: la llamada vía kosovar. Por supuesto no es un dato menor teniendo en cuenta el auge electoral que le pronostican las encuestas.

CiU no puede posponer la consulta de 2014 sin que le acusen de traición a la causa soberanista
Por su parte, Artur Mas repitió hace unas semanas su deseo de culminar la legislatura, y por ahora sus movimientos parecen tendentes a relativizar las prisas de sus socios parlamentarios. La carta a Mariano Rajoy solicitando solemnemente la consulta, y que, según el pacto que suscribieron CiU y ERC, tenía que haberse cursado antes del 30 de junio, todavía no se ha efectuado. Ahora bien, el presidente de la Generalitat no ha descartado taxativamente ningún escenario, particularmente el de unas nuevas elecciones, a las que podría verse obligado si le fallase el apoyo de los republicanos, sobre todo si estos considerasen que el proceso soberanista corre el riesgo de entrar en una vía muerta o si las perspectivas electorales les fueran aún más favorables.

Además, hay que tener en cuenta que los políticos y los partidos no son los únicos actores en el tablero catalán, pues la presión del entramado asociativo secesionista es enorme, como se puso de manifiesto recientemente en el Camp Nou y, en septiembre próximo, con la espectacular cadena humana de 400 km prevista para la Diada. Asociaciones como la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural se han transformado en un auténtico Ejército de Salvación que moviliza a miles de personas en toda Cataluña: realizan marchas propagandísticas en los barrios del cinturón barcelonés, ponen paradas todos los fines de semana en mercados y lugares céntricos, forman banderas estelades gigantes o encienden miles de velas en las plazas de los pueblos, ofreciendo una imagen romántica de este momento que consideran histórico.

Así pues, el primer escenario potencialmente insurreccional gira en torno a la anunciada consulta. Aunque CiU no se atreviese a llevarla a cabo por muchas razones, empezando por las discrepancias en este punto con Unió Democràtica y su líder Josep Antoni Duran Lleida, va a tener que teatralizarla, como si de verdad fuera a hacerla, pues no puede anunciar que la pospone sin que le acusen de traicionar la causa soberanista. Esto significa que durante los próximos meses todos los pasos del llamado proceso de transición nacional van a seguir dándose: se aprobará la ley de consultas, incluyendo el desarrollo de una autoridad censal propia, se seguirá calentando motores en la sociedad civil mediante una estrategia envolvente a favor del derecho a decidir (como si de un derecho natural se tratase, al margen del derecho positivo), e impulsando iniciativas más propias de regímenes populistas que de una democracia liberal, como el rectificado registro de “adhesiones”. Lógicamente, la radio y la televisión pública catalana van a seguir implicadas al máximo en la difusión propagandística. El secesionismo seguirá cabalgando al galope, de manera que cuesta mucho ver de qué forma CiU va a poder frenar en seco para evitar el desbordamiento insurreccional sin que cunda entre los suyos la sensación de abandono o frustración. Si a la lógica argumentativa sobre la radicalidad democrática le sumamos las acciones políticas y de agitación, me temo que el riesgo de que el proceso desborde a los propios actores, principalmente a Mas, es bastante alto. Al final, la suma de palabras y gestos siempre tiene consecuencias.

Se equivocan los que creen que la debilidad parlamentaria de Mas dejará el envite en nada
El segundo momento potencialmente insurreccional es el de unas elecciones anticipadas, que el secesionismo convertiría en plebiscitarias en torno a la candidatura de ERC. Hay que tener en cuenta que Mas apenas tiene margen de maniobra para pactar un apaño con Mariano Rajoy, y que se lo ha puesto muy difícil al PSC para que este le preste su apoyo hasta el 2016. Además, el año que viene es el del tricentenario del 1714 y la política va a servirse a golpe de emociones. Así pues, sin consulta posible y con una escapatoria parlamentaria muy complicada, los argumentos van a caer del lado del “tenemos prisa” y “ahora o nunca”. Consecuentemente, en unas elecciones anticipadas tanto el partido de Artur Mas, CDC, como el de Oriol Junqueras, ERC, concurrirían con un programa secesionista muy explícito y, en caso de alcanzar la mayoría absoluta, procederían a realizar una declaración unilateral de independencia, esperando el socorro de algún tipo de mediación europea o internacional, pues se muestran convencidos de que “el mundo nos mira”. Estaríamos ante un escenario desconocido y, sin duda alguna, claramente insurreccional, pues de consolidarse quebraría la Constitución de 1978.

Tengo la impresión de que en Madrid sigue predominando una cierta negación de la realidad, de que pese a la conmoción que ha provocado el envite soberanista, a menudo se prefiere mirar a otro lado, sin reflexionar seriamente sobre las fortalezas de la estrategia independentista. Se asume que la situación es grave, pero se sigue privilegiando la mirada sobre los actores políticos, lo cual lleva a centrar el análisis en la debilidad parlamentaria de Mas y a concluir que “esto acabará en nada”. Ciertamente, todos los escenarios son posibles, pero los protagonistas son cada día más prisioneros de las expectativas creadas y de sus gestos, también del contexto; y, en este punto, el año que viene es diabólico. El cambio de ciclo económico, al que Mariano Rajoy lo fía todo, si realmente llega, va a tardar mucho en notarse. Y la carga historicista del tricentenario va a empujar a la política catalana al romanticismo y la agonía. Finalmente, si alguna cosa no se pueden permitir los soberanistas es que en el 2014 no ocurra nada, aunque sea una nueva derrota que conmemorar. Por todo eso, el accidente insurreccional me parece bastante más que una posibilidad.

Memorial de sensatez
PEDRO JOSÉ CHACÓN DELGADO. EL CORREO  11 Julio 2013

PROFESOR DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLÍTICO EN LA UPV/EHU

Las víctimas del terrorismo de ETA se diferencian de todas las demás en algo tan decisivo como haber sido asesinadas para destruir nuestra convivencia política

De las últimas reuniones y declaraciones en torno al tema de víctimas del terrorismo, se deduce que el Gobierno central está decidido a poner en práctica una de las previsiones contempladas en la ley de 2011, la que su artículo 57 denomina Centro Nacional para la Memoria, pero al que todos los medios se refieren ya con el nombre de memorial de víctimas. Estamos, por fin, en este tema de víctimas, ante una buena noticia, no solo por la decisión en sí sino sobre todo por la sensatez y la cordura que parecen haberse instalado entre los principales agentes implicados en una cuestión tan sensible para nuestra convivencia presente y, sobre todo, futura.

La ley ubica la sede del memorial en el País Vasco y la previsión es que será Vitoria-Gasteiz el lugar idóneo para instalarlo. El Gobierno vasco, además, se ha posicionado a favor del criterio del Gobierno central y de que la dirección corra a cargo de éste, tal como prevé la ley de víctimas, reservándose para sí el papel de colaborador o partícipe necesario. Y es que las víctimas producidas en democracia por el terrorismo de ETA tienen un significado político que trasciende a una comunidad autónoma concreta, por muy mayoritario que sea el número de acciones terroristas y de víctimas producido en su suelo. Y sobre todo porque las víctimas del terrorismo de ETA se diferencian de todas las demás en algo tan decisivo como haber sido asesinadas para destruir nuestra convivencia política, nuestro Estado de derecho y sustituirlo por otro escenario político distinto mediante la fuerza y sin mediar un acuerdo mayoritario entre la ciudadanía.

Del sentido profundamente cívico del memorial se deduce que todos nosotros nos debemos sentir deudores permanentes de estas víctimas, en tanto que somos ciudadanos de un Estado constitucional que tanto esfuerzo ha costado y al que tantos intentos fallidos le han precedido en la historia de España. Del mismo modo, las víctimas de otros tipos de violencia política, o en contextos no democráticos de nuestra historia, necesariamente representan otra cosa distinta, no desde el punto de vista moral, por supuesto, que debe resaltar la profunda injusticia que supone acabar arbitrariamente con la vida de nadie, sino desde el punto de vista político, porque con su muerte no se buscaba desestabilizar el sistema democrático, sino reivindicar de modo extremo una ideología política, la que fuera.

Antes de que este propósito del memorial tomara la senda de realización en la sensatez, que parece que se va imponiendo, han sido varios los documentos y declaraciones donde a las víctimas del terrorismo de ETA se las ha querido solapar con otras víctimas y otros contextos históricos distintos. Así, en el informe de vulneración de derechos humanos del Gobierno vasco, a modo de estadística que une a toda clase de víctimas, se pone el acento en la sinrazón de quienes han conculcado el derecho básico a la vida, se dice ahí, por una idea, un proyecto político, el amor patrio o la razón de Estado, pero no se repara en que ETA mató, al menos desde 1978 en adelante, para acabar con nuestro sistema político democrático, algo que la distingue radicalmente de los otros supuestos considerados.

Y esa misma asimilación de víctimas encontramos en el proyecto del Instituto de la Memoria y la Convivencia del Gobierno vasco, donde se dice que «a lo largo de los últimos cien años la sociedad vasca ha sufrido al menos cuatro experiencias traumáticas marcadas por la violencia: la Guerra Civil, la dictadura franquista, el terrorismo de ETA y los contraterrorismos ilícitos». Descartando que el contraterrorismo pudiera, ni pretendiera siquiera, subvertir el orden democrático, y centrándonos en los dos focos de atención de la llamada «política de la memoria», esto es, la Guerra Civil y la represión de posguerra, los grandes especialistas han llegado ya a dos conclusiones irrebatibles: que la causa inmediata de la Guerra Civil fue la sublevación ilegítima de una parte del ejército republicano contra un sistema legalmente constituido y, a renglón seguido, que la Segunda República no fue modelo de democracia y defensa de las libertades que nuestro sistema constitucional de 1978 debiera tener como referente histórica, porque allí campeaban la intolerancia y la exclusión.

Y en cuanto a la represión franquista en el País Vasco, el escrutinio al que está siendo sometida por la investigación historiográfica demuestra que aquí se sufrió de modo mucho más suave que en el resto de España: es impensable que a ningún dirigente republicano del nivel de un Ajuriaguerra se le conmutara la pena de muerte o que el equivalente socialista, comunista o anarquista de un Luis Arana Goiri viviera tranquilamente en Santurtzi, tras la guerra, sin que nadie le molestara. Y sin embargo en Euskadi se construyó la memoria de una represión franquista insoportable, superior a la de cualquier otra parte de España. La única explicación posible es que aquí empezó a actuar ETA desde finales de los sesenta y, ante la reacción desproporcionada e indiscriminada del régimen franquista, el País Vasco acabó convertido en la expresión por antonomasia del antifranquismo, algo que nunca representó hasta entonces

La Diputación de Bizkaia también ha querido seguir la misma senda asimiladora de víctimas, pretendiendo nombrar ‘Ilustres de Bizkaia’ a todas, incluyendo en tal condición no solo a las de ETA sino también a las del GAL, la extrema derecha y la represión franquista. Con ello lo único que se consigue es ocultar la cualidad diferencial del terrorismo de ETA, que quiso de manera premeditada acabar con nuestro marco de libertades. Y el memorial llega precisamente para homenajear como debemos a las víctimas de ese propósito nefando.

ETA se niega a dar el poder a Bildu y le recuerda que la «tregua» es una táctica

Jesús María Zuloaga Foro de Ermua 11 Julio 2013

Una de las razones de la repetición del debate interno en el seno de ETA, que, en teoría, terminó el pasado 30 de junio, está en la definición sobre el papel que debe jugar la banda en el futuro (incluida la «lucha armada»), ya que los pasos previstos en el «proceso» no se han cumplido, en especial sobre los presos».

Aunque la confrontación se centra en las organizaciones del entramado, cualquier ruptura afectaría, sin duda, a la banda.

Algunos expertos dan por cerrada la hipótesis de la vuelta al terrorismo (aseguran que nadie presentó una enmienda a la totalidad en este punto), pero son mayoría los que recomiendan prudencia, sobre todo porque la banda tiene siempre abierta la vía de crear una «escisión», perfectamente controlada, para presionar de una forma violenta.

De hecho, en el documento base que ha servido para el debate interno, de 60 folios, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se reconocía que las treguas, fin de la lucha armada o como se les quiera llamar, tienen carácter táctico.

El problema en el seno de ETA y su entramado es que la decisión, anunciada en octubre de 2011, de dar por finalizada la «lucha armada» se adoptó entre 15 y 20 individuos (incluidos la banda y su brazo político). Es decir, sin consultar con las bases y, en especial, con los presos. Por ello, los que habían tomado dicha decisión se vieron obligados a redactar el referido documento, firmado por una «Comisión de Dirección», para someterlo a debate.

Estaba fechado en marzo de 2012 y en él se incluían unos plazos (todo el debate debía finalizar en diciembre del año pasado) que, dadas las discrepancias internas, tampoco se pudieron cumplir. Por ello, se amplió hasta junio, todo dentro de un ambiente de gran enfrentamiento en el seno de ETA y las organizaciones de su entorno que, según expertos consultados por LA RAZÓN, no hace augurar un acuerdo lo suficientemente amplio como para garantizar, no la desaparición de la banda (que está descartada), sino para que el independentismo vasco de carácter violento (con otro nombre o una escisión) no se pueda hacer presente en algún momento.

En el documento de marzo de 2012 había dos referencias que, según las fuentes consultadas por este periódico, resultan muy clarificadoras de la estrategia que subyace en el seno de todo el mundo de ETA. Los que redactaron el papel no se atrevieron a dejar fuera asuntos tan importantes para la banda a lo largo de su siniestra historia.

Por un lado estaba la negociación, que se presentaba como «arma más contra el enemigo». Es decir, que en el caso impensable de que los gobiernos de España y Francia hubieran aceptado sentarse con los terroristas en Noruega, el planteamiento de los pistoleros estaba claro. «La totalidad del proceso de negociación se debe caracterizar como modelo de lucha para llevar adelante nuestros objetivos principales. La negociación no es un objetivo o una representación de la lucha, sino un medio para ampliar más la misma. Debe ser parte de una completa estrategia para hacer moverse al enemigo».

Con ser preocupante lo relativo a lo que piensan de la negociación, tampoco se debe desdeñar lo relativo a las «treguas», que son «una opción táctica». De momento, la «Comisión de Dirección» hacía una apología del terrorismo, al señalar que «cabe subrayar la aportación fundamental de la lucha armada. Es algo sabido que la lucha armada constituye un instrumento de lucha para conseguir nuestros objetivos políticos y, en estas décadas, ha sido notable su eficacia para hacer frente a la represión y para la creación de nuevas condiciones». A continuación, subrayaban que «el análisis político de cada época nos ha conducido a tomar unas decisiones concretas, realizando en algunas ocasiones interrupciones tácticas (entre las que se puede incluir la anunciada en octubre de 2011, porque, si no es así, ¿para qué tanto debate?), en otras abriendo o cerrando frentes. Con la perspectiva, en todo momento de que se produjeran avances en nuestros objetivos políticos. Podemos decir de forma orgullosa pero humilde que los logros que hemos acumulado los hemos podido conseguir gracias a la estrategia político-militar y que dichos logros constituyen el combustible principal para capitalizar nuestra lucha».

Según las fuentes consultadas por este periódico, uno de los asuntos que no gustó a muchos militantes etarras, en especial en el mundo de los presos y los sectores más radicales, es que se le retirara a la banda el papel de «vanguardia», y se le diera a la «izquierda abertzale» que, a la vista de los últimos documentos internos (véase la edición de LA RAZÓN de ayer) no ha sabido administrar. El documento señalaba que Bildu, Amaiur y Sortu debían tomar el protagonismo principal, «tomando bajo su responsabilidad la jefatura política del proceso».

Una vez finalizado el plazo para que los miembros de ETA formularan sus aportaciones al nuevo informe elaborado por la «Comisión de Dirección», las «cartas están sobre la mesa». El documento que han discutido ahora recoge gran parte del contenido del primero, pero los cabecillas, obligados por los que critican la forma en que se ha llevado a cabo el «proceso» bajo la dirección de los «otegi», no han tenido más remedio que incluir la realidad de que no han logrado imponer la «hoja de ruta». Y, lo que es más destacable, que ello ha suscitado muchas dudas y preocupación en muchos militantes, que ya no ven clara la apuesta realizada. Lo que, a sensu contrario, demuestra que los gobiernos de España y Francia han acertado al negarse a negociar con la banda terrorista.


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