AGLI Recortes de Prensa   Domingo 21 Julio 2013

Ejemplaridad liberal
Juan Ramón Rallo juanramonrallo@vlcnews.es http://www.vlcnews.es 21 Julio 2013

Concluida la VIII Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana –de la que tuve ocasión de hablarles la semana pasada–, me gustaría aprovechar esta tribuna para trasladarles una de las muy interesantes reflexiones que nos expuso en este foro el economista argentino Walter Castro, uno de los ponentes más lúcidos y queridos entre los alumnos. En concreto, el profesor Castro cogió el toro por los cuernos y trató de responder a la archirrecurrente pregunta que nos aflige a tantos liberales: ¿cuál es la mejor estrategia para vencer en la batalla de las ideas y, a partir de ahí, avanzar hacia una sociedad mucho más libre? Su perspectiva es verdaderamente novedosa y merece toda nuestra atención si de verdad aspiramos a ponerle freno al desmesurado crecimiento del liberticida Leviatán estatal.

De entrada, el profesor Castro impugna la pregunta: los liberales no tenemos que ganar sólo la batalla de las ideas sino, sobre todo, la batalla de los valores. Las ideas son marcos teóricos generales sobre cómo funciona el mundo; paradigmas provisionales y cortoplacistas que se ven afectados por modas, tendencias y conveniencias personales, y que por consiguiente no pueden servir para pavimentar un cambio social sostenido. Los valores, en cambio, son aquellas ideas que se convierten en principios y fundamentos de nuestra acción y de nuestra forma de vivir: son reglas muy generales de decisión que seguimos casi instintivamente porque o el raciocinio o la experiencia nos han convencido de que son superiores; de ahí que tengan una impronta mucho más largoplacista, resistan las modas ideológicas o las doctrinas tamizadas por intereses particulares, y sedimenten en la base de cualquier sociedad.

En este sentido, podría ser cierto que los liberales hayamos perdido la batalla de las ideas durante el último siglo, pero tampoco es un fenómeno tan indisputable: durante las últimas décadas, los liberales hemos contado con economistas, filósofos, juristas o historiadores verdaderamente excepcionales. De hecho, la mayoría de liberales suelen quejarse con frustración de que, contando con ideas y teorías muy superiores a las de nuestros adversarios, somos incapaces de lograr que éstas prevalezcan. El problema, claro está, reside en considerar a los individuos como seres hiperracionales que se mueven sólo por la mera persuasión científica: no lo son y jamás lo serán. Las personas actúan por sus sentimientos, emociones e intereses: en última instancia, por sus valores. La persuasión científica puede ser útil en determinados contextos, pero jamás resultará suficiente: la batalla que los liberales perdimos en el s. XX y que es imprescindible vencer en el s. XXI es la batalla de los valores.

Ahora bien, ¿cómo librar la batalla de los valores? Cómo afrontar la de las ideas teóricas es bien claro: empleando la ciencia y la argumentación para defender la verdad frente a paradigmas alternativos mucho más deficientes. Ahora bien, ¿cómo combatir la batalla de los valores? ¿Cómo lograr que el resto de los individuos sacrifiquen sus intereses privativos y cortoplacistas por unos intereses más generales y a mucho mayor plazo? La respuesta del profesor Castro es bien clara: sólo a través del continuado ejemplo de un sacrificio personal y coherente. La defensa de los valores es muy difícil de articular en palabras, por lo que sólo podemos expresarla a través de los hechos: al liberal no le queda otro remedio que vivir de acuerdo con los valores que propugna, pues sólo así será capaz de transmitírselos a los demás y de convencerles a su vez de que sacrifiquen su lucro a corto plazo en aras de un pulcro respeto por sus valiosas convicciones.

A la postre, ser liberal en una sociedad antiliberal no es nada sencillo. Lo que a buen seguro le interesa materialmente a cualquier individuo egoísta es erigirse en un grupo de presión del Gobierno y capturar parte de las rentas del presupuesto: no vivir con los demás sino vivir de los demás. O dicho de otro modo, a la mayoría de las personas no les interesa defender la impersonalidad de las reglas de juego donde sólo triunfan quienes logran el siempre incierto resultado de satisfacer las necesidades ajenas, sino asegurarse un cortijo particular donde lucrarse a costa de la riqueza que genere el resto. Así pues, el liberalismo de Walter Castro no es radicalmente iusnaturalista, pero tampoco estrechamente utilitarista: su utilitarismo no es de resultados parciales, sino el de reglas generales (un marco normativo dentro del que cada cual pueda generar riqueza disfrutando de la cooperación, y no padeciendo la extorsión, del prójimo). Como ya supo ver Hayek, el individualismo antisocial conduce al socialismo, esto es, a la esclavización de la mayoría en aras de la oligárquica minoría; sólo el individualismo pro-social y antiestatal conduce al liberalismo.

El camino de las conductas ejemplares, apunta el profesor Castro, es lento mas al menos seguro; de ahí, nuevamente, la necesidad de los liberales de sacrificar un presente socialista que podría serles altamente lucrativo a cambio de un futuro mejor que probablemente ellos jamás lleguen siquiera a disfrutar. La ejemplaridad es dura –pues las tentaciones son siempre múltiples en presencia de un Estado omnipotente que reparte pan y circo– pero a la vez es la única forma de sobreponerse a los muy extendidos deseos de parasitismo. Ahora bien, siendo la ejemplaridad el principal motor de promoción de los valores liberales, nada resultará más devastador para el liberalismo que aquellos políticos que enarbolen la bandera liberal mientras pisotean todos y cada uno de sus valores. En España lo hemos visto de manera paradigmática –aunque no exclusiva– con el Ejecutivo de Mariano Rajoy y en Argentina lo padecieron de forma clamorosa con Carlos Menem: el daño que un par de liberticidas políticos dizque liberales le hacen al liberalismo no puede compensarse ni con un par de centenares de teóricos de primer nivel. Otra vez, los valores prevalecen sobre las ideas.

Tal como insiste el profesor rosarino Walter Castro, la ejemplaridad es básica para el liberalismo, y llos liberales no quintacolumnistas deberían ser conscientes de ello: tanto para aplicarlo a sus propias vidas como para saber distanciarse ideológicamente de quienes sólo aspiran a colonizar una etiqueta con el propósito de maximizar sus votos y el lucro personal que de ahí puedan derivar.

Fraudes a la Constitución
josé antonio portero molina La Opinion 21 Julio 2013

Catedrático de derecho constitucional ULC

La Constitución, artículo 159.4, prohíbe a los magistrados del TC el desempeño de funciones directivas en los partidos pero no la simple militancia. Por eso, la del presidente Pérez de los Cobos era jurídicamente irreprochable y la pretensión de Garzón y cuantas vengan en el mismo sentido carecen de base y quedarán en nada. Urge pues una reforma exprés de la Constitución para establecer la prohibición de militancia, la tienen los jueces y magistrados, porque consentir la militancia partidista de los magistrados del TC es para la inmensa mayoría de los ciudadanos un verdadero disparate que entorpece la neutralidad que exige la función controladora del TC. Lo perpetraron los constituyentes pero el reparto general de culpas no reduce un milímetro las muy graves y concretas del PP, singularmente las de los encargados del área jurídica del partido controlada por gentes tan dogmáticas y escoradas como Trillo. Proponer en 2010 a un militante del partido como Pérez de los Cobos, que ocultó a la comisión del Congreso su militancia, en 2012 a Andrés Ollero, diputado del PP desde 1986 a 2003 y especialmente significado en la etapa de Aznar y en 2013 a Enrique López, un magistrado archiconocido por su ostensible beligerancia en medios de comunicación demuestra una inequívoca voluntad de control partidista e ideológico del TC. Con estas propuestas, sin duda legales, la actitud del PP tiene mucho de fraude al espíritu de la Constitución y erosiona todavía más la deteriorada imagen del TC. A ver quién convence a los ciudadanos de que este presidente del TC, con voto de calidad en caso de empate, va a enjuiciar con independencia y objetividad los recursos y conflictos que habrá de conocer, en todos los cuales el gobierno del PP será parte interesada. ¡Se han lucido!

Cuando Rubalcaba, para forzar a Rajoy a dar explicaciones sobre el caso Bárcenas en el Congreso, anuncia una moción de censura da otro ejemplo de fraude constitucional y hace, lógicamente, otro flaco favor a la Constitución. Estará satisfecho. Rubalcaba hace tiempo que perdió el norte de la política española y la dirección efectiva de su partido. Por tercera o cuarta vez en año y medio pide la dimisión de un presidente con mayoría absoluta al que resta más de media legislatura. Coincide con gentes tan ecuánimes y centradas como Vidal Quadras o Cayo Lara y con sujetos tan poco recomendables como el periodista más oportunista e irresponsable del mundo y el grupo de ilustres conspiradores madrileños que quiere, como sea, derribar a Rajoy. La moción de censura supone la presentación del candidato alternativo que sustituirá al censurado si la moción tiene éxito. Por eso el candidato debe presentar su programa de gobierno y contar con los apoyos necesarios, mayoría absoluta del Congreso. Rubalcaba sabe que presentar la moción de censura exclusivamente para tener durante tres o cuatro horas la ocasión televisada de descalificar y erosionar a Rajoy por el caso Bárcenas, es una manipulación de la Constitución, una manipulación indigna de un partido serio. La comparecencia de Rajoy en el Congreso por ese único asunto no tiene razón de ser. Primero porque está en sede judicial y allí es donde deberá acudir el presidente si le llama el juez. Segundo, porque ninguna explicación puede satisfacer a quien previamente lleva días exigiendo la dimisión del presidente. El gobierno se gana en las urnas o con una moción de censura en toda regla. La que Rubalcaba no está en condiciones de afrontar. Efectivamente, es impepinable que la mayoría absoluta es insoportable para quien no la tiene ni la tendrá en dos años largos. Y al paso que va, ni en muchos más. Sumando su incompetencia a los abusos del PP como los antes comentados, estamos listos.

Hay que acabar con el blindaje de los políticos ante el delito
editorial La Opinion 21 Julio 2013

En una España aturdida por los escándalos de corrupción, el clamor por medidas ejemplares choca con muchas leyes, demasiadas, y de muy difícil aplicación práctica. La financiación ilegal en que puede haber incurrido el PP, por superar los máximos permitidos si se confirman las denuncias de Bárcenas ante el juez Ruz, no está tipificada como delito en el Código Penal. Lo mismo ocurre con el cobro de sobresueldos, incompatibles en el caso de altos cargos de la Administración o miembros del Gobierno. El castigo para este tipo de actuaciones se limita a sanciones de naturaleza administrativa. La financiación ilegal prescribe, además, a los cuatro años cuando el Tribunal de Cuentas suele tardar cinco en emitir sus informes.

Si a la luz de las revelaciones de Luis Bárcenas, extesorero del PP, se determinase que hubo financiación ilegal del partido, cabría depurar responsabilidades en cuanto al origen y en cuanto al reflejo contable del dinero. En relación con el origen, siempre que intervenga un funcionario público, puede haber delito de cohecho, cuando alguien hace aportaciones con intención de obtener un favor en ese momento o una predisposición favorable en el futuro (cohecho impropio), e incluso de prevaricación, si el funcionario obtiene provecho a cambio de dictar resoluciones injustas. También tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas, apropiación indebida?, figuras estas en las que ya no es necesario que medien profesionales de la función pública. Son todos ellos delitos difíciles de probar, como hemos visto en repetidos procesos. El de Bárcenas resultaría, desde este punto de vista, una masa informe de basura de difícil encaje penal. Haría falta una legislación como la de Estados Unidos y que el nombre del donante figurase asociado al de quien recibe el dinero para comprobar que no haya contraprestaciones, pero la transparencia no es algo que quite el sueño a nuestros políticos.

En relación con el asiento de los movimientos en los libros de cuentas, la caja B puede dar lugar a delitos contables con responsabilidad penal, pero no están castigados con condenas muy elevadas. Las mayores recaudaciones las obtienen los partidos, no casualmente, en los períodos en que acumulan más poder en los gobiernos: centrales, autonómicos y locales. Sucedió con el PSOE en la etapa del felipismo, cuando estalló el escándalo Filesa, y ha ocurrido en los últimos veinte años de supuesta contabilidad B en el PP que ahora sale a la luz. Todo ello sin contar el caso Naseiro, que le precedió, y otros que destaparon la financiación ilegal en distintos partidos: el caso Palau, que envuelve a CiU, o el de los ERE de los socialistas andaluces, por citar dos bien recientes. No cabe abrigar, por tanto, más que razonables y certeras sospechas sobre estos procedimientos que se repiten, en buena medida debido a la voracidad de los partidos, pero también para facilitar a los dirigentes jugosos sobresueldos, una práctica sin duda indecente.

Por lo pronto, pagar regular y periódicamente por conceptos que por su propia naturaleza son irregulares tanto en cuantía como en devengo, caso de los gastos de representación o de las dietas, es un fraude. Pocos dudan a estas alturas de que diputados y ministros percibieron sobresueldos. ¿Eran ilegales? Para los empleados del partido podían no serlo. Para los diputados resultarían, cuando menos, discutibles; además, tenían que declararlo a la Cámara y no lo hicieron. Pero en el caso de los altos cargos de la Administración o miembros del Gobierno vulnerarían la ley de incompatibilidades. Ya en las remuneraciones de ministros y altos cargos hay algo de opacidad porque no perciben solo los salarios que figuran en el Boletín Oficial del Estado como tales, sino que tienen además un complemento de productividad con cargo a otra partida presupuestaria diferente, que puede representar hasta un 30 por ciento de su sueldo. Pero se ve que no les basta. El partido adalid de la austeridad y de la supresión de cargos habría venido aplicando el despilfarro para pagar a algunos de sus políticos.

Del mismo modo que la financiación ilegal no es delito, sino infracción administrativa, tampoco cobrar sueldo siendo alto cargo o ministro implica responsabilidad penal, salvo que no se declare y la cantidad defraudada supere los 120.000 euros. Ahora bien, hay que depurar responsabilidades políticas. El manejo de un doble lenguaje tan deplorable en los difíciles tiempos que corren debe ser objeto de una contundente repulsa social, que en la práctica inhabilite para la función pública. Las sociedades más avanzadas no toleran conductas de este tipo, y un ministro dimite por dejarle un pufo a su comunidad de vecinos.

Los controles del Tribunal de Cuentas se demuestran perfectamente eludibles mediante dobles contabilidades. El propio Tribunal emite tardíamente sus informes, carece de medios suficientes y tolera negativas de los bancos a facilitar información. Son controles más formales que materiales. ¿A dónde vamos así? Probablemente, si no se remedia, camino de un precipicio, guiados por la corrupción y el hastío de los españoles hacia quienes los representan. Sabiendo, además, que no hay alternativas porque la enfermedad está en el corazón del sistema que los partidos no han querido reformar para poder blindarse. El legislador (el político) es muy laxo cuando legisla sobre sí mismo, como lo es la sociedad cuando ve la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio. Pero los políticos viven y abusan de los impuestos de los ciudadanos que los mantienen.

Se escucha con frecuencia que la raíz del problema se encuentra en que después de décadas no existe todavía una financiación acorde con las necesidades de las organizaciones políticas. Pero lo que hay que cambiar radicalmente es el concepto de gasto electoral. Hay que acabar con el despilfarro sistemático del dinero público. Y poner diques a la codicia desmedida que está implícita en la condición humana.

¿Qué hacer entonces? Se necesitan normas, pero que sean justas y fáciles de aplicar y que haya voluntad de aplicarlas. Que la financiación ilegal de los partidos o el cobro de sobresueldos no sean delitos, salvo en supuestos muy concretos, revela una extrema tolerancia con conductas execrables. Urge la regeneración, tanto política como social. A los representantes públicos hay que exigirles, además, un plus de honorabilidad y de respeto hacia el ciudadano común. El blindaje jurídico no puede servir para correr una cortina de humo sobre las responsabilidades políticas de la corrupción.

Rajoy es el objetivo
Editorial www.gaceta.es 21 Julio 2013

La insoportable partitocracia que nos asfixia muestra estos días su más feo rostro, que es el de la mixtificación, la falsificación y el aprovechamiento pro domo de las instituciones del Estado.

Todos los partidos de la oposición exigen que Mariano Rajoy, sea como presidente del Gobierno o del Partido Popular, comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre los llamados papeles de Bárcenas. Pero todos saben perfectamente, a estas alturas, que lo que fuera a decir Rajoy en esa comparecencia parlamentaria no le importa nada a nadie, porque de lo que se trata es de meterlo en una batidora verbal que llene muchos minutos de televisión, suministre material a las primeras páginas de periódico y provea de cortes de voz a los informativos de la radio, amén de la barahúnda de ignorancia y demagogia propia de las llamadas redes sociales. La cosa no tiene arreglo, porque si el interpelado fuera Rubalcaba, el Partido Popular actuaría exactamente igual. Eso funciona así desde hace muchos años.

Como Rajoy, hasta ahora, sigue dando la callada por respuesta, Pérez Rubalcaba no ha tenido mejor ocurrencia que amenazar con la presentación de una moción de censura para obligarlo a comparecer y explicarse. Casi todos los políticos y los observadores han considerado esta iniciativa como un acto de muy fuerte presión; y seguramente lo es, pero no, desde luego, por las características de esta figura diseñada en la Constitución, sino porque todos saben que no se iría a usar la moción de censura para lo que fue concebida por el constituyente, como no se ha usado nunca hasta ahora. En efecto, el objeto de esa moción es sustituir al presidente del Gobierno por el candidato que propongan los firmantes, y el desarrollo de esta sesión parlamentaria consiste en que el candidato ha de presentar un programa, someterlo al escrutinio del Congreso mediante el correspondiente debate y votar a continuación. Es decir: el presidente del Gobierno podría ganar, si quisiera, la moción de censura sin abrir la boca y con la sola fuerza de su mayoría absoluta. Pero todos han comprendido que la moción con que amenaza Pérez Rubalcaba sólo se utilizaría –si finalmente se presentase– como medio para meter a Rajoy en una batidora verbal que llenase muchas horas de televisión, diera material para primeras páginas, etcétera.

Nada se emplea para lo que estaba previsto. Los partidos se han ocupado de ir pervirtiendo las instituciones a su gusto para que nada sea lo que parece, y para que se enmascare con disfraces de “altos debates nacionales” su apetito de mandar, gastar y controlar a la gente sin tasa ni medida. Dentro de los partidos ocurre exactamente igual. La Constitución establece que han de funcionar con democracia interna. Pero todos sabemos lo que pasa dentro de nuestros partidos. ¿O es que alguien imagina en el PP un episodio remotamente parecido al del partido conservador británico en 1975, cuando Margaret Thatcher arrebató el liderazgo a Edward Heath? Que en las filas populares hay malestar es algo que salta a la vista, y, dada la estructura fuertemente piramidal del partido, las miradas se dirigen a Rajoy: ¿a quién, si no? Pero eso no tiene que significar necesariamente la existencia de una conspiración para derribarlo; simplemente, dentro del PP (como dentro de cualquier otro partido) no hay cauces aptos para ejercer la crítica interna sin sufrir consecuencias. Rajoy no puede quejarse de lo que le pasa. Él mismo ha contribuido a que la política funcione entre nosotros de esta forma degenerada.

Los dineros del PP o por qué Viri se compra la ropa en Zara
Jesús Cacho www.vozpopuli.com 21 Julio 2013

Se quejaba Mariano Rajoy Brey de lo poco que ganaban los políticos en este país. Corría el año 2010 y el líder del PP transitaba cómodamente por la oposición, mientras el infeliz Zapatero se afanaba en servirle el poder en bandeja, eso sí, después de haber dejado bien jodida a esta pobre España rica y desencajada, y en su despacho de Génova Rajoy comentaba ante un viejo amigo, fumándose un puro, que sí, que eso, que los políticos ganaban poco, que apenas le llegada, “fíjate si vivimos ajustados, que Viri tiene que comprarse la ropa en Zara…” En los últimos tiempos, ya con Mariano en Moncloa, hemos sabido que no era tan escasa la pecunia que entraba en el hogar de los Rajoy-Fernández, a tenor de lo bien que ha funcionado la industria del sobresueldo en el puente de mando de los populares en la calle Génova. “Convéncete, Jesús”, aseguraba años atrás una líder madrileña, “Rajoy no va a mover un dedo para acabar con Zapatero y acelerar el cambio, porque está muy cómodo donde está. Su estatus de líder de la oposición le confiere honores, despacho, secretarias, coche oficial, y dinero, porque en Génova se maneja dinero, mucho dinero, y casi ninguna responsabilidad. La pura verdad es que Mariano no tiene incentivos para querer llegar cuanto antes a Moncloa”.

Ganó por fin y con él llegó el escándalo. Tras años sentado sobre un barril de pólvora apellidado Bárcenas sin que hiciera nada por desactivar la espoleta, la bomba ha terminado por estallarle bajo las posaderas provocando una crisis política de dimensión desconocida, quizá solo comparable a la que acompañó a Felipe González con el “caso GAL”. La tormenta ha caído sobre un país territorialmente roto –Cataluña navega a la deriva sin anclaje alguno-, con 6 millones de parados, las instituciones desprestigiadas y las reformas económicas a medio hacer, justamente cuando por oriente empezaba a divisarse la luz del alba de una incierta recuperación. El escándalo Bárcenas ha venido a poner de manifiesto el inaceptable nivel de corrupción en que chapotea el país desde hace tiempo, corrupción cuyas metástasis, del Rey abajo todos, alcanza hoy a la totalidad de las instituciones, al punto de marcar, tan agudo es el fenómeno, el final del régimen salido de la Transición.

Son millones los ciudadanos españoles que estos días se sienten abochornados en su condición de tales. El malestar es tan profundo, la furia de la protesta tan alta, la falta de horizonte tan evidente, que en tórrido ferragosto madrileño vuelve a oírse por las esquinas la vieja imprecación patria rayana en el desvalimiento del ¡Este país no tiene remedio! Acabamos de enterarnos de que el presidente del Tribunal Constitucional es militante del PP, hecho que ocultó cuando fue elegido para el cargo, hace muy poquito tiempo. Es como si nuestras elites políticas anduvieran empeñadas día sí y otro también en restregar ante nuestras castigadas narices la condición servil de esta democracia prostituida donde ya no se respetan ni las formas. ¿No quieren ustedes independencia de la Justicia? Pues tengan, taza llena. El mismo día nos enteramos también de que la Sala de lo Penal del Supremo, compuesta por tres magistrados de claro tinte “progresista”, es decir, de obediencia PSOE, han decidido archivar la causa seguida contra José Blanco por supuesto delito de tráfico de influencias en el marco de la “Operación Campeón”. El tribunal reconoce que el vicepresidente del Gobierno Zapatero llamó al modesto alcalde de Sant Boi de Llobregat para recomendar a un amigo, pero eso no debe considerarse presión o coacción.

Con la evidencia sobre la mesa de que el partido del Gobierno se financió ilegalmente con dinero de grandes empresas a cambio de favores administrativos y concesiones varias (dinero B con el que sufragó sus campañas electorales, completó sueldos de su cúpula dirigente e hizo millonario a su tesorero), al presidente del Gobierno no se le ocurre cosa mejor que retratarse en Moncloa con los oscuros mecenas de su partido, o buena parte de ellos, los grandes empresarios del Ibex, con quienes pasea por los jardines del recinto –juntos quienes soltaron la mosca y quienes la cogieron, corruptores y corrompidos, dantes y tomantes-, tal vez para pedirles que oficien de cirineos en su particular camino al Gólgota, tal vez para enviar un mensaje nítido al país de que nada va a cambiar, porque la vieja alianza entre la decrépita clase política y la envejecida elite empresarial/financiera está más resulta que nunca a darle hilo a la cometa y hacer realidad el aquí no ha pasado nada.

A Mariano se la bufan las presiones
Se habían reunido los del Ibex a primera hora en la sede de Telefónica en Las Tablas y cuentan que allí se mascaba la tragedia. Iban, pues, decididos a pulsar el estado de ánimo de un Presidente al que medio país imagina a punto tirar la toalla, preocupados por el daño que el escándalo pueda hacerle a la estabilidad del país y a la confianza de los mercados, y se encontraron con un Mariano tranquilo. “No voy a aceptar chantajes de ningún tipo”. L'État, c'est moi, o la vieja “ley de hierro” de Michels, según la cual “cuando en una organización la oligarquía ha alcanzado un estado avanzado de desarrollo, los líderes comienzan a identificar con su persona no sólo las instituciones partidarias, sino también la propiedad del partido e incluso del Estado”. “Le he visto bien, físicamente tocado, tal vez envejecido, pero seguro, tranquilo y convencido de que va a resistir. A éste se la bufan las presiones, porque tiene la psicología que Franco: no es presionable, de modo que quienes le han lanzado este órdago van de cráneo”.

Al presidente no se le ocurre cosa mejor que retratarse en Moncloa con los mecenas de su partido
No hubo nadie, que se sepa, entre los señores del dinero que compartieron mesa y mantel con Rajoy que se atreviera a decirle que esto se tiene que acabar, que no podemos seguir chapoteando en esta atosigante corrupción, que hay que terminar de una vez por todas con el trasiego de bolsas y maletines, que hay que hacer realidad una Ley de Financiación de los Partidos que evite la corrupción, que hay que separar lo público de lo privado, que los empresarios están para generar riqueza y empleo, y los políticos para gestionar la res publica con honradez y a plazo fijo, que hay que reducir el tamaño del Estado y darle una oportunidad a la iniciativa privada en lugar de coartarla, ahogarla, asfixiarla con normas, leyes e impuestos sin cuento. Que hay que hacer realidad, en definitiva, ese país abierto en el que sea posible vivir y trabajar y prosperar en libertad, sin el aliento de una casta política parasitaria en el cogote.

Y mientras Rajoy agasajaba a los líderes empresariales en Moncloa, en Rabat el Rey nuestro Señor recibía el homenaje de su primo Mohamed VI. El Monarca ha hecho su primera excursión con muletas a Marruecos, ese ejemplo de libertades del que algunos reciben grandes dones, haciéndose acompañar por un numeroso séquito sin que los españoles de a pie sepamos qué grandes venturas nos depararán aquellos vientos, ni qué secretos han podido compartir a solas ambos personajes. Hemos visto, en cambio, la habilidad demostrada por Alberto Ruiz-Gallardón para desaparecer del convulso Madrid y aparecer al lado de don Juan Carlos con cara de no haber roto un plato. Ocurrió en la visita al mausoleo de Mohamed V, donde el Rey se disponía a colocar una corona de laurel. Puntualmente despistado, la tele muestra al titular de Justicia retrasado en la comitiva y cómo, en un regate o zigzag de insuperable maestría, logra colocarse a la altura de Monarca en el momento decisivo.

Gallardón en alianza con Su Católica Majestad
Ejemplo claro de las ambiciones de un hombre que, en la sombra, riñe estos días el sueño de una vida que su dueño cree llamada a los más altos destinos, en alianza, dicen, con Su Católica Majestad. En el PP son cada día más los que apuntan con el dedo a Gallardón como el hombre que mece la cuna de su jefe Rajoy. Con la vicepresidenta Sáenz de Santamaría como guardiana entre el centeno, cuyo papel como escolta de Gallardón –grandes beneficiarios ambos del incendio Bárcenas que amenaza llevarse por delante a la vieja guardia del partido- empieza a despertar alguna que otra sospecha. “En el PP comienzan a dirigir la mirada hacia la Vicepresidenta como el recambio lógico de Rajoy ante una situación de emergencia, y un número dos de experiencia política contrastada como Ruiz-Gallardón”, aseguraba el viernes en Vozpópuli Cristina de la Hoz.

En el Madrid aplanado por los escándalos, derretido por la ausencia de un futuro vivible, el “caso Bárcenas” comienza a perder fuelle. Rajoy va a resistir. El sistema va a impedir su renuncia, porque aquella alianza, tantas veces contada, entre política y dinero, con la cabeza del Monarca coronando la tarta, hará todo lo posible para evitar que el régimen que tan buenos réditos les ha reportado se despeñe. Rajoy y Rubalcaba siguen teniendo contacto telefónico diario. Hay que cerrar cuanto antes la herida. Luis María Ansón, primer fabulador del Reino y reputado monárquico, se ha sacado de la chistera el conejo redentor: se trataría de preparar una gran amnistía en el 2015, como celebración del cuarenta aniversario de la entronización de Juan Carlos I. Una amnistía que acogería naturalmente en su seno al mismísimo Luis Bárcenas. La sangre no llegará al río, aunque de su cauce suba hoy hacia los muros de la ciudadela el hedor indescriptible de un sistema descompuesto, algunos de cuyos moradores parecen empeñados en limpiar y sanear de una vez por todas, contra el criterio de su clase dirigente.

No es patriotismo, ¡¡Idiota!!
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http://www.masaborreguera.com 21 Julio 2013

Nota del autor- Este artículo sólo va dirigido a un sector específico de la población, por favor absteneros de leerlo españoles y amigos.

Mis queridos Charlys e idiotas, de entrada soy consciente de la decepción que puede provocar en muchos de mis seguidores "idiotas" el leer mis pensamientos sobre algunos aspectos relacionados con los símbolos nacionales.

Primero que nada, y para que no hayan malos entendidos, confirmo sin ningún tipo de complejo que soy español y practicante, cosa que no pueden decir muchos de esos que llevan banderitas y estandartes.

Lo que no soy es de esos españoles de banderitas y símbolos marinados con ¡¡viva España!! y demás exclamaciones, y no es que lo critique, me parece bien que cada uno exteriorice sus sentimientos como le de la gana, lo que ocurre es que soy un español racional, simplemente eso.

No es patriotismo, ¡¡Idiota!!
La Bandera – Que yo recuerde nunca en mi vida he llevado una bandera de España. La única bandera que me he puesto ha sido en la foto de Twitter y sólo lo hice para apoyar un símbolo tan mancillado y menospreciado. Bueno, y también un poquito para dar por culo a mis idiotas particulares y a tanto hijo de puta con DNI español.

Twitter es un reflejo de la sociedad y tristemente podemos ver muchas fotos de perfiles con la bandera de España, pero pocos o ninguno se atreven a colocar su foto con la bandera. Como he dicho muchas veces, en España hay muchos españoles de trinchera que gritan desde el anonimato o disfrazados de lagarterana, pero pocos dan la cara con nombre y apellidos y se ponen la bandera de España.

No es patriotismo, ¡¡Idiota!!
El Español – Si me sigues, sabrás que soy un "radical" defensor del español. Pues bien, las lenguas no son un símbolo identitario, -véase Austria, EEUU, etc.- pero al igual que la religión, son herramientas para crear diferenciaciones territoriales y no te olvides que detrás de esas diferenciaciones subyacen siempre los separatismos.

A mi el español como símbolo identitario me la repantunfla. Por ejemplo, si el catalán se hablara en medio mundo y el español se hablara sólo en España, yo defendería que mis hijos estudiaran en catalán en lugar de perder el tiempo con una lengua minoritaria como el español. Esto mismo ocurre en Eslovenia, Finlandia, etc. con el inglés. Ellos son conscientes que su lengua es minoritaria y estudian casi todo en inglés.

Pero lo siento, resulta que el catalán es una lengua muerta, de hecho es la administración quien inventa las nuevas palabras para imponerlas a la ciudadanía, en cambio el español es la lengua más hablada del mundo. Así que mi defensa del español no es patriotismo, es racionalidad de recursos. Y por cierto, ya está bien de tanta "mariconada" llamando a una lengua universal como es el español con un topónimo medieval: castellano.

Unidad de España – A Europa, es decir, a Francia y Alemania le conviene tener interlocutores pequeños y débiles, por tanto es fácil deducir que al conjunto de ciudadanos españoles nos conviene ser un país grande y fuerte.

Pero a nivel individual las ventajas de ser un sólo país es incuestionable, empezando por la movilidad laboral en todo el territorio hasta el crecimiento empresarial.

Pues bien, la movilidad laboral de hecho ya no existe en España, un funcionario catalán no puede trasladarse a Galicia, o un andaluz a Vascongadas. Es más, ni siquiera en la práctica un periodista madrileño puede trabajar en Galicia o Cataluña si no sabe el gallego o catalán.

Respecto al crecimiento empresarial es complicado. Una empresa que quiera crecer a nivel nacional tiene que cumplir con 17 normativas distintas en sanidad, lingüística, seguridad, residuos, etc.
España se ha convertido en la práctica en una comunidad de idiotas y para arreglar este desaguisado sale el idiota del quinto y plantea crear la Unidad de Mercado, y el idiota del segundo sugiere estudiar en plurilingüismo y así todos sucesivamente compiten por ser el idiota más perfecto.

Por tanto creo que la unidad de España me la trae al pairo, lo siento, no soy facha ni tan patriota como crees, lo que ocurre es que no soy un gilipollas que se va cerrando puertas o poniendo trastos por el medio para tropezar.

Así que yo, aunque defiendo que España sea Una, Grande y Libre, lo hago por egoísmo y racionalidad, pero patriota, soy lo justito, pero eso sí, con dos "cojones" más grandes que más de cuatro bocazas.
Y ahora para dar por culo a los cavernarios y a mis idiotas particulares, ¡¡Viva España!!

Y recuerda, no es patriotismo, ¡¡Idiota!!
Juan Vte. Santacreu –

El ejercicio de la política no es eximente de nada.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 21 Julio 2013

El Ministro de Exteriores, Margallo, no ha tenido otra ocurrencia para defender a Rajoy que apelar a que "es incalculable el dinero que perdió Rajoy por dedicar su vida a España", como si el ejercicio de la política de forma voluntaria debiera ser recompensado y debamos agradecer el "gran esfuerzo" por su dedicación. Es verdad que como Registrador de la Propiedad pudo, pero no quiso, ganar cantidades ingentes de dinero, principalmente durante el "boom inmobiliario". Sin embargo, tampoco se puede quejar de su "carrera" en el PP, ni en los puestos de responsabilidad que ha ejercido en su larga trayectoria política. ¿Acaso insinúa Margallo que debemos dar gracias porque aparentemente no se haya subido al carro de la corrupción? Eso no le exime de tener que dar explicaciones sobre su innegable relación con Bárcenas y los supuestos sobresueldos.

Parece que la fórmula que está buscando el PP para la comparecencia de Rajoy, no va a satisfacer a nadie, aunque muy posiblemente sirva para posponer a septiembre cualquier otra iniciativa de la oposición y que el asunto pierda fuerza. Podría tratarse de una especie de moción de confianza en el Congreso de los Diputados, sin serlo. Es decir un discurso exculpatorio de Rajoy sin admitir réplicas, ni preguntas de los medios. Eso sí, con toda la cobertura de la TV y el trato amable de la noticia como un hecho extraordinario y pionero en la historia parlamentaria, en aras de la "transparencia".

El PP parece muy seguro de que Rubalcaba no llegará a cumplir su amenaza de pedir una moción de censura, consciente de que con ello agotaría todas sus posibilidades para esta legislatura. Al fin y al cabo, salvo pruebas más concluyentes e inculpatorias, se trata de unos papeles manuscritos que tienen la misma credibilidad que su autor, el imputado Bárcenas, ninguna. Políticamente basta con negarlo todo y retar a que se aporten pruebas irrefutables. Si las hubiera, no dudo de que el propio Bárcenas ya las habría puesto en la mesa del juez Ruz, cuya continuidad en el caso puede estar cuestionada.

Desgraciadamente, en esta partitocracia que nos gobierna desde 1982, nadie dimite ni asume responsabilidades políticas y mucho menos penales, salvo flagrante delito, como los casos de Barrionuevo, Roldán,etc. Aún queda en la retina la imagen de Felipe González acompañando solidariamente a su compañero Barrionuevo a la puerta de la prisión. Aquí nadie puede dar lecciones de ética política. Los casos de corrupción se han enquistado en todo el arco político y en todas la Administraciones. la cultura de la "mordida" es vigente y se aplica activamente. Aún está por ver el celo de la Fiscalía para la investigación y puesta a disposición judicial de casos flagrantes de corrupción, enriquecimiento y blanqueo de capital por parte de responsables políticos blindados por su aforamiento.

Al final, tendremos que dar las gracias a Rajoy por poner su extraordinario talento al servicio público, soportando salarios mediocres para tan altas responsabilidades y el tremendo desgaste personal y familiar por su dedicación a España. Pues nada, gracias por todo Sr. Rajoy, creo que se merece un bien ganado descanso. Le agradecemos los servicios prestados y le deseamos una vida plena en su nueva etapa como Consejero del Estado. Convoque elecciones generales ya y deje de perder dinero. No tenga cuidado,que no tendrá incompatibilidad en ejercer ahora su profesión.

 España y la mirada ciega
J. M. RUIZ SOROA, EL CORREO  21 Julio 2013

· Si la Constitución no prohíbe un referéndum consultivo como el solicitado por los nacionalistas catalanes, tal opción es constitucionalmente posible.

La mayoría parlamentaria de Cataluña ha planteado hace ya meses un reto singular al Estado, el de exigirle la celebración de un referéndum que aclare cuál es la voluntad de los catalanes sobre una posible secesión de Cataluña y su constitución como Estado independiente. De cuyo resultado se derivarían, aunque el referéndum fuese puramente consultivo, obvias consecuencias, puesto que el principio democrático que informa el sistema político español no permitiría desconocer sin más los deseos mayoritarios de una parte singularizada de la ciudadanía.

La respuesta a este reto desde España viene siendo, por lo general, la de quienes no quieren ver ni la realidad política catalana ni las exigencias del principio democrático, contra el cual se arguye desde el principio constitucional que una consulta referendataria como la solicitada infringiría la legalidad constitucional vigente. Esta mirada es la que exhibe el Gobierno español cuando se refugia en una interpretación estrecha y rigorista de la Constitución para negar cualquier posibilidad de consulta a la población catalana sobre un tema que considera resuelto de una vez y para siempre por la propia Constitución: el de la unidad de España en los términos históricos –por tanto contingentes– existentes cuando ella misma se formuló. Esto es lo que hay, dice el Gobierno, y de aquí sólo puede movernos la voluntad mayoritaria del soberano, es decir, de todo el pueblo español al que, por si acaso, tampoco vamos a consultar.

Pero no es menos ciega la mirada del partido socialista, que asume sin dudar la misma interpretación rigorista de la Constitución, por mucho que a renglón seguido proponga su modificación. Porque esta modificación no supondrá, lo anticipan, un reconocimiento de la posibilidad de que la ciudadanía catalana (o vasca) sea consultada sobre una eventual secesión, sino tan solo la implantación de algo que llaman ‘federalismo’ y que en realidad será un régimen confuso destinado sólo a extender el privilegio fiscal vasconavarro a los catalanes mediante expedientes confederalistas. Se persevera en una vía que ha demostrado su fracaso a lo largo de los últimos treinta años: la de intentar resolver los problemas de integración del nacionalismo regional mediante la manipulación de las reglas de articulación intraestatal. ¿Están los nacionalistas catalanes o vascos de acuerdo con el federalismo? Pues si no –como sucede– ¿para qué sirve salvo para dividir, una vez más, a los españoles? ¿Y qué sentido tiene decir que quieren debatir el futuro con todos si una de las opciones posibles en ese debate está excluida apriorísticamente?

Ahora bien, y dejando de lado las reacciones políticas de Gobierno y oposición, lo que desde luego llama la atención es la opinión de expertos constitucionalistas acreditados que, situados ante el panorama reivindicativo catalán, no saben sino farfullar un extraño «sí .. pero no». Es decir, sí al respeto, al principio democrático que exige conocer y respetar la voluntad de cualquier parte de la ciudadanía (incluyendo atinadas loas a los políticos de Canadá o Reino Unido que han aceptado ese desafío en Quebec o Escocia). Pero no, un no rotundo, a un tratamiento similar en España porque –se dice– ‘desgraciadamente’ nuestra Constitución prohíbe la celebración de un referéndum de independencia en una región de España, dado que la Carta magna está fundada en la soberanía de un pueblo homogéneo –el español– que no admitiría conocer (¡ni siquiera conocer!) la voluntad de unos ciudadanos concretos particularizados.

Pero, ¿es esto cierto desde el punto de vista constitucional? La respuesta es que no, que si bien la decisión final vinculante sobre la modificación de la Constitución corresponde sólo al conjunto del pueblo español, nada impide que el Congreso autorice la consulta no vinculante de una parte de ese pueblo para saber si procede o no la puesta en marcha de un proceso de secesión pactada amistosa. Quienes se niegan a ello arguyen que el artículo 92 CE autoriza someter a consulta las decisiones políticas de especial trascendencia pero que esa consulta debe ser ‘de todos los ciudadanos’, no de una parte de ellos. El argumento olvida, sin embargo, un principio elemental del constitucionalismo democrático, que la libertad del legislador sólo está limitada por lo que la Constitución prohíbe, por lo que el legislador español puede perfectamente autorizar un referéndum consultivo de una parte territorializada de la ciudadanía, como lo hizo ya cuando autorizó los referéndums municipales. Si la Constitución no prohíbe un referéndum consultivo como el solicitado por los nacionalistas catalanes, tal opción es constitucionalmente posible, como ha expuesto con maestría el profesor Rubio Llorente. Conocer la voluntad de los catalanes no es reconocer el derecho de autodeterminación en su versión secesionista, ni admitir un evanescente ‘derecho a decidir’, sino que es sólo eso: conocer la voluntad real de los catalanes. Para luego obrar en consecuencia.

Como dice Rubio Llorente, no parece lógico que para verificar si la sociedad catalana quiere o no la independencia haya que preguntárselo a todos los españoles. Estos deberán ser consultados para decidir sobre la independencia de Cataluña si por gracia o desgracia los catalanes la quisieran, pero sólo éstos saben si la quieren o no. Y aunque la lógica no es fuente de Derecho, el Derecho no puede actuar contra la lógica. Como escribía hace días el profesor Francesc de Carreras, la única opción inteligente que le queda a España es abrir un debate para contrarrestar lo emocional con lo racional, para procurar que las ideas ganen a las creencias y, una vez hecho ese debate público, la de consultar a los catalanes. Lo que hace David Cameron, para entendernos. No parece, al final, sino que en algunas mentes hispánicas se cumple una vez más el dictum de Marx, el de que son nuestros propios miedos y aprensiones las cadenas que limitan como fantasmas nuestro pensamiento, las que hacen de nuestra mirada una mirada ciega que nos impide afrontar los problemas por derecho, como es hoy más que nunca necesario.

2014-2020
xavier pericay ABC Cataluña 21 Julio 2013

El activismo independentista catalán no descansa. Se comprende: en algo ha de gastar nuestro dinero esa gente. Son tantas las asociaciones y fundaciones nacidas al amparo del nacionalismo que lo normal es que no pase día sin que tengamos noticia de alguna nueva iniciativa surgida en el sector.

No en vano todos esos apéndices del poder reciben una partida del presupuesto público para sus gastos de funcionamiento y otra para cada una de las actividades que organizan, por lo que cuantas más actividades promuevan, más dinero ingresarán.

La última ocurrencia conocida cuenta con el respaldo de once entidades. Y lleva como lema de campaña: «Si no hay Cataluña 2014, no puede haber Madrid 2020». O sea, si el Gobierno del Estado no permite que el de Cataluña convoque un referéndum, los Juegos Olímpicos de 2020 no pueden celebrarse en Madrid. Porque la campaña tiene precisamente como objeto impedir «por todos los medios» que la capital de España sea designada en septiembre sede olímpica.

Y, para ello, esas entidades han dirigido una especie de carta pública —en catalán e inglés, por supuesto— al presidente del COI, Jacques Rogge, en la que le informan de que «la situación se ha vuelto insostenible», toda vez que «el Gobierno del PP (…) ha emprendido una ofensiva en todos los órdenes dirigida a poner fin definitivamente a las aspiraciones catalanas». Lo curioso es que la carta, si bien se presenta como una petición, es meramente informativa. Ni siquiera contiene una demanda expresa a su destinatario para que interceda ante los miembros de la candidatura y, en último término, ante las autoridades políticas españolas a fin de que permitan la celebración de una consulta. Se trata, a lo sumo, de un memorial de agravios, de una rabieta. Eso sí, trufada de amenazas. Y aunque no parece que en el mes y medio que falta para que el COI tome su decisión vayan a ser capaces de presionar a nadie, algún numerito montarán, seguro. Al fin y al cabo, están obligados a gastar el dinero antes de que venza el año, que esas partidas del presupuesto no se prorrogan. ¿O sí? En la Administración catalana todo es posible ya.

Enrico Colombatto, profesor en Turín
"La única esperanza para Italia es la quiebra del Estado"
El profesor italiano pide que sean los inversores que prestaron a los malos políticos los que soporten la bancarrota de los países del sur de Europa.
D. SORIANO Seguir a @SorianoDomingo Libertad Digital 21 Julio 2013

Enrico Colombatto es profesor de Economía en la Universidad de Turín y director del Center of Economic Research en la ciudad piamontesa. También es uno de los mayores expertos italianos en regulación, burocracia y gasto público. Y parece evidente que en los últimos años los diferentes gobiernos de su país le están proporcionando mucho trabajo.

Hace unas semanas estuvo en Madrid, invitado por la Fundación Civismo, para participar en el Free Market Road Show. Libre Mercado se reunió con Colombatto horas antes de su intervención en el Congreso, para hablar de España, Italia y las soluciones al problema de deuda pública que amenaza ambos países. El profesor, una de las grandes figuras liberales en el mundillo académico italiano, ofrece una propuesta rompedora: "No pagar la deuda". Parece impensable, pero él cree que será la única forma de comenzar de cero, dejando que quienes hayan prestado dinero a políticos irresponsables paguen por su error.

- Hace unas semanas, terminé un libro fantástico. Se llama God Italy, Bad Italy. Está escrito por Billy Emmott, periodista de The Economist. Leyéndolo, había muchas cosas que me recordaban a lo que pasa en España. ¿Es así? ¿Tenemos tanto en común?

- No conozco mucho el caso español, aunque tenemos algunas cosas en común. Lo primero que tenemos en común es el paro, especialmente el paro juvenil. Vuestra tasa de desempleo juvenil es del 57%, la nuestra es del 40%. Y qué se puede decir. Fundamentalmente tres cosas: primero el sistema educativo no funciona y no conecta con el mercado laboral. Ni forma lo que quiere el mundo de la empresa ni cubre las necesidades de los jóvenes. Muchos emprendedores italianos no encuentran el trabajo con el que sueñan. En segundo lugar, el mercado de trabajo está muy reglamentado. La regulación es muy fuerte. Y tercero, los impuestos son altísimos.

Si uno tiene una buena idea en España o Italia, tiene que pensar en migrar a Asia o EEUU. En Italia muchas veces migran a Suiza o Francia, que tampoco son el paraíso. También puede meter la idea en una caja y no realizarla nunca. La mayor parte de la población en nuestros países sigue pensando que la solución viene del Gobierno, del estado.

- España e Italia tienen estados muy grandes, pero además son muy ineficientes. Nuestras leyes son asfixiantes, pesadas,…
- En Italia, el sector público no ha sido concebido como una ayuda para la producción de riqueza y de bienes y servicios públicos. Ha estado concebido como un observatorio para generar consenso político y para agradar a la propia clientela. El concepto de público es de asistencia, pero no al ciudadano, sino al empleado del sector público. El beneficiado del sector público es el dependiente de este sector, no el ciudadano.

En los países nórdicos, el sector público, mejor o peor, está considerado como una herramienta al servicio de la población. En Italia o España, cuando el sector público es ineficiente, la solución para la gente siempre es ‘aumentar la dependencia del sector público".

- Claro, en este sentido, lo que pide el ciudadano de a pie tras seis años de crisis es más gasto, más leyes, más intervención,… ¿Por dónde hay que empezar a cambiar?
- Por la mentalidad. Se ha agravado el espíritu asistencial que tenemos dentro de nosotros. El Estado es el problema, no es la solución.

- Es contradictorio, pero cuando fallan los políticos pedimos más poder para otros políticos. Y los políticos que están triunfando (IU en España o Beppe Grillo en Italia) lo que quieren es todo el poder para el Estado. En España han quebrado las cajas, pero en las manifestaciones se pide una gran banca pública como solución a los problemas. ¿Podemos salir de esta trampa?
- Es verdad. Si pensamos que el Estado es la solución, todos los problemas los vamos a enfocar desde esta perspectiva.

- Sí, pero eso no pasa en toda Europa. Los países del sur, allí donde más ha fallado el Estado, es donde más se busca su amparo.
- Bueno, hay una cuestión. Aunque en Suecia o en Alemania piensen que los problemas los debe resolver el Estado, también es cierto que allí el Estado funciona mejor que en España o Italia. El problema es cultural e ideológico. Comienza cuando nuestros niños van a la escuela y se ponen a hablar de justicia social. ¿Qué quiere decir esta expresión? Pues que cualquier problema debe resolverlo el Estado: pensiones, enfermedades, educación… La solución es que caiga el velo que protege el Estado. Por eso, si quiebra, la gente se dará cuenta de que dar garantía y préstamos al Estado no sirve para nada. Pero si no se llega hasta aquí, la gente no se dará cuenta de esto.

- Hace unos días había una encuesta en la que el público pedía más impuestos. Eso sí, no más IVA, porque eso lo pagamos todos, sino más impuestos para los ricos.
- Es una cuestión de propaganda. El Estado dice ‘no te preocupes, yo subiré los impuestos a los ricos y podremos seguir pagándolo todo’. Pero esto es verdad. Porque los ricos pagan más, pero también los pobres. Por ejemplo, en Italia el Gobierno Monti ha introducido un impuesto sobre los bienes inmuebles y el 85% de los italianos son propietarios. El tipo marginal del impuesto de la renta empieza con 70.000 euros. No es una cantidad que se pueda considerar de clase alta. Es clase media. Y un país que sofoca y ahoga a su clase media no puede crecer.

- Desde su perspectiva como profesor de universidad, cree que son ciertos esos malos augurios que hablan de una generación perdida para Italia y España.
- Sí y no. ¿Por qué 15 años? Pueden ser 50 años. La clave estará en la nueva clase política. Necesitamos líderes que tengan una visión, que no se agarren a la poltrona y hagan lo que deben. Que se den cuenta de que ningún país ha crecido subiendo los impuestos. Hoy en Italia no existe esta clase política. No tenemos una Margaret Thatcher de los 70. Tenemos a Beppe Grillo, Enrico Letta, Berlusconi,…

- Por eso hay quien piensa que quizás no sería tan malo que nos intervinieran. Que decida Alemania o la troika antes que nuestros políticos.
- Confío más en los chinos que en los alemanes. Porque los alemanes tienen muchos bonos españoles e italianos, por lo que siempre favorecerán una mayor presión fiscal para que se puedan pagar esos préstamos. Los chinos tienen inversiones diversas. Espero que vengan a Italia, nos compren los bancos, las grandes empresas, todo… Y eliminen una clase dirigente corrupta, no porque ha robado, sino porque se ha mezclado con el poder político y ha bloqueado la economía italiana en los últimos 30 años. Necesitamos una nueva clase dirigente, que no va a nacer internamente, porque es un sistema de cooptación. Debe ser eliminada. Necesitamos alguien que venga de fuera. No el FMI, que son burócratas, o Alemania. Necesitamos inversores sanos que nos obliguen a rendir cuentas.

- ¿Por dónde empezar?
- Hay que empezar por la desregulación. El inversor extranjero teme la regulación. El Gobierno de Monti ha empeorado las cosas, sobre todo en el mercado laboral. La regulación está donde estaba hace 10 años… bueno, quizás como estaba hace 150 años.

- Precisamente, del mercado laboral quería hablar. Se dice siempre que España e Italia necesitan ponerse a competir globalmente, pero muchas de las leyes laborales limitan el crecimiento de las empresas; con más regulación y más impuestos a las compañías más grandes.
- Sí, hay dos elementos. Primero la regulación, tanto la general como la del mercado de trabajo en particular, cambia con el tamaño de las empresas. Muchas veces el empresario piensa "no vale la pena crecer, porque tendré muchas nuevas exigencias". También hay un tema de evasión fiscal: es mucho más difícil hacerla cuando eres grande. Y por último, tenemos el elemento de la financiación. Para crecer necesita un mercado de crédito que funcione. Y en Italia, en los últimos treinta años, el mercado de crédito ha servido para financiar el crédito público. Son tantos los recursos que deberían servir para financiar el crecimiento de las empresas, pero sólo han servido para financiar el crecimiento del Estado. Como consecuencia, las empresas siguen siendo pequeñas, porque se financian con su autofinanciamiento.

- Correcto. Pero ante esta perspectiva, ¿hay salida a todo esto? Porque la deuda pública italiana es la más elevada de Europa tras Grecia.
- ¿Escapar? La única esperanza es el impago por parte del Estado. Pagamos cerca de 90.000 millones de euros en intereses de la deuda pública. Y junto con esto, tenemos que afrontar la restitución del crédito. Impagando tendríamos 90.000 millones de euros menos que pagar en impuestos. Luego habría que hacer algo con la regulación. También habría que cambiar el sistema judicial, que en Italia no funciona. No puedo esperar, como empresa, diez años para saber si tengo o no razón. Necesito certezas y en Italia no existe certeza. Lo primero que te dice un abogado en Italia es: "Veamos quién es el juez". Porque en función de quién sea el juez la ley vendrá interpretada de una forma u otra. Una empresa prefiere invertir en Suecia que en Italia no porque allí la presión fiscal sea menor, sino porque allí el Estado y el sistema judicial funcionan.

- Perdone, una aclaración, ¿ha pedido el impago de la deuda pública?
- Sí, la cancelación.

- ¿Pero puede un Estado impagar? ¿Qué pasaría?
- Nada

- ¿Y los inversores?
- Bueno, qué les ha pasado a los inversores que compraron bonos argentinos.

- Pero Argentina ha sufrido mucho desde entonces
- Si no hubiera impagado el crédito, estaría peor

- ¿Y nos dejaría la UE?
- ¿Qué pasa en la UE si no se paga? Los alemanes se enfadan… pues bueno.

- Pero eso sería la expulsión de todos los inversores del país.
- Mejor. Si no tenemos credibilidad, entonces el Estado no podrá endeudarse. Y si no puede endeudarse, no podrá gastar. Sería la manera de empezar de cero. Cuando yo compro deuda de Grecia, que paga el bono al 25%, sé que me estoy arriesgando. Si no quiero riesgo, compro bonos del Tesoro norteamericano, que pagan el 0%. Si compro títulos españoles o italianos que rinden el 4-5-6% y no compro títulos alemanes, entiendo que prefiero arriesgarme a cambio de mejores tipos de interés. Esto es el problema de la responsabilidad. No existe rendimiento sin riesgo. La cosa funciona así.

- ¿Y el sistema financiero no colapsaría?
- ¿Por qué? Detrás de esta creencia está la convicción de que saldremos de la crisis imprimiendo moneda. Hay que llamar la atención de que imprimiendo se crea inflación. Ahora mismo no hay inflación porque todos los nuevos euros acaban en la caja fuerte. Pero si la gente comienza a tirar de euro y a gastar, tendremos inflación. Es una solución políticamente atrayente, pero destructiva. El último ejemplo en Europa llevó al nazismo. Yo no creo que vayamos a llegar a eso, claro, pero seguramente la inflación creará problemas sociales y tensiones importantes.

Cuando uno quiebra, alguien debe pagar. La pregunta es ¿quién debe pagar? ¿El que ha financiado al mal deudor [los políticos españoles o italianos] o debe pagar la colectividad con sus impuestos? La solución liberal es que pague el que ha invertido mal y ha dado crédito al quebrado. La solución europea y socialista es que las pérdidas deben diseminarse entre toda la población. Esto ha fallado. Porque si el quebrado no paga o alguien lo hace en su nombre, no habrá límite al endeudamiento. Sería el primer paso para que la gente no prestara dinero al Estado con tanta alegría.

Stanley Payne: “El español medio se ha convertido en un ser anestesiado y con pocas ambiciones trascendentales”
http://juanjulioalfaya.blogspot.com.es 21 Julio 2013

...la sociedad española está anestesiada por antivalores que desmovilizan a la gente: la telebasura, los deportes, el hedonismo, el consumismo… Con una ciudadanía absorbida por estas realidades resulta muy complicado que surja una movilización para mejorar las estructuras políticas. El horizonte vital de la mayor parte de la gente consiste en disfrutar de la mejor forma posible. El español medio se ha convertido en un ser anestesiado y con pocas ambiciones trascendentales.

Juan Bosco Martín Algarra
La Información

En otras épocas, las masas hacían acto de presencia. España fue tierras de grandes revueltas populares a lo largo del siglo XIX y durante el primer tercio del siglo pasado. Otro tanto sucedió con mayor o menor intensidad en otros países europeos, como ha descrito el hispanista estadounidense Stanley Payne* (Texas, 1934) en su libro “La Europa revolucionaria”.

“Hemos llegado al límite”. “Esto está a punto de estallar”. “Hay que tomar la calle”. Son algunas de las expresiones que acompañan las malas noticias económicas y los últimos escándalos políticos. Sin embargo, los años se suceden y da la impresión de que el hastío generalizado no pasa de las meras palabras.

En un momento en donde la injusticia y los abusos parecen ser más patentes que nunca, la población soporta estos contratiempos. ¿Qué nos ha cambiado? ¿Es que no somos los mismos españoles de siempre? Se lo preguntamos a uno de los mejores conocedores de la Historia de España en el último siglo.

La gente se pregunta por qué no estalla una revolución social, como pasó en nuestro país a principios del siglo XX.
Porque estamos en un época muy diferente de aquélla. Entre los siglos XIX y XX acontecieron en poco tiempo grandes cambios políticos, sociales, demográficos y tecnológicos. Al juntarse todos ellos terminaron revolucionando los ánimos de las masas.

Ahora también hay grandes avances tecnológicos…
Pero no han sido tan fuertes como para movilizar a una sociedad en la misma medida que lo hicieron las grandes rotativas, la radio o el telégrafo. Los grandes cambios tecnológicos conocidos desde la muerte de Franco más bien han conseguido atomizar a los españoles. La implantación del Estado del Bienestar también ha anestesiado a la sociedad, al igual que ha ocurrido en otros países desarrollados.

Pero… ¿acaso no vemos ahora un gran descontento social?
Por supuesto que lo hay, y mucho. Pero pasar del descontento a la rebelión implica atravesar un trecho largo y complicado. En España, además, el Poder está en manos de una estructura partitocrática dominada por cuadros políticos, los cuales dificultan cualquier solución a las reivindicaciones ciudadanas.

¿Cómo evitar la partitocracia sin caer en una especie de caudillismo “a la italiana” lleno de “berlusconis” y “beppes grillos”?
Fortaleciendo la sociedad civil, con ciudadanos bien informados y gran sentido de responsabilidad. Esto no es nada fácil. Italia lo intentó con la “revolución de los jueces” a principio de los 90. Pero luego reconstruyó el sistema de partidos con los mismos fallos y defectos del antiguo sistema.

¿Y por qué es tan difícil?
Porque la sociedad española está anestesiada por antivalores que desmovilizan a la gente: la telebasura, los deportes, el hedonismo, el consumismo… Con una ciudadanía absorbida por estas realidades resulta muy complicado que surja una movilización para mejorar las estructuras políticas. El horizonte vital de la mayor parte de la gente consiste en disfrutar de la mejor forma posible. El español medio se ha convertido en un ser anestesiado y con pocas ambiciones trascendentales.

EL “BUENISMO” ES LA IDEOLOGÍA MODERNA QUE PROMUEVE EL CONFORMISMO
El presidente de Metroscopia nos decía (ver entrevista) que el español es menos apasionado de lo que se piensa. ¿Está de acuerdo?
Sí, es cierto. Es algo que también sorprende a muchos extranjeros que visitan España. Tienen la imagen del español exaltado de hace cien años y de la Guerra Civil. Pero aquello se acabó. La cultura se ha transformado. El español medio actual es un ser sosegado. No pide demasiado; pide algo, pero no mucho. Es modesto en sus apetitos. Acepta lo que tiene y trata de disfrutar lo mejor que pueda.

¿Y las ideologías? En España actuaron como palancas de los grandes movimientos sociales.
Ahora no hay ideologías nuevas que puedan actuar como palancas de la sociedad. Si acaso, en España se ha impuesto el “buenismo”, lo políticamente correcto. Pero este “buenismo” no busca azuzar grandes revueltas, sino al revés. El buenismo está en contra de las revueltas. Pretende dominar la sociedad, pero promoviendo conformismo, no revueltas.

¿Un cambio del sistema electoral puede servir cambiar las cosas?
No totalmente, pero sí sería un primer caso. Las listas abiertas acortarían las distancias entre votante y diputado, además de aumentar el pluralismo político. Ahora el diputado está pendiente de lo que opina el líder que le coloca en las listas, no del ciudadano que le vota.

“LOS REVOLUCIONARIOS DE HOY NO QUIEREN CAMBIAR ESTRUCTURAS POLÍTICAS, SINO LA IDENTIDAD INDIVIDUAL”
Parece que la diferencia entre izquierda y derecha se ha difuminado. Es una crítica que hacen a PP y PSOE.
Es misma crítica se escuchaba también en la época de la Restauración borbónica, referida al Partido Conservador y al Partido Liberal. El PP y el PSOE se diferencian por el papel que cada uno atribuye al Estado en la economía. El PP quiere que intervenga poco y el PSOE lo contrario. El problema de estos años de crisis es que ni uno ni otro tienen margen de maniobra para cambiar la política económica. Como el PSOE necesita diferenciarse del PP (y no puede hacerlo por la parte económica) se ha volcado de lleno sobre la revolución cultural.

¿A qué revolución cultural se refiere?
A cosas como la ideología de género, el ecologismo, el lobby gay, la hostilidad contra la Iglesia… es decir: en todo lo que sea incidir en un estilo de vida alternativo al tradicional y cosas así… España se ha convertido en un país de clase postmodernista. Los radicalismos políticos casi se han extinguido totalmente. Han sido sustituidos por expresiones de la revolución cultural, pero sin capacidad de movilizar a las masas.

Esto me recuerda a lo que decía un político socialista con cierta sorna: “Debemos darle caña a la Iglesia porque es lo único que nos queda de rojos”.
Efectivamente, la expresión del nuevo radicalismo occidental es de tipo cultural. Al contrario de los antiguos revolucionarios políticos, estos nuevos revolucionarios culturales no pretenden cambiar las estructuras políticas, sino la identidad individual.
¿Dónde han quedado las grandes masas populares que provocaban cambios políticos como la revolución rusa o la llegada de la II República española?

Han desaparecido totalmente o se han reducido a la mínima expresión. El movimiento social más importante de la España del siglo XX fue el anarquismo. Ya casi murió. Tampoco existe en Europa, a excepción de Grecia, donde aún queda cierta vida anarquista con capacidad de radicalizar las revueltas de las calles.

“LOS PAÍSES ÁRABES TIENDEN AL DESPOTISMO POR LA AUSENCIA DE SOCIEDAD CIVIL”
Las sociedades islámicas parecen estar despertando. ¿Por qué no también las occidentales?
Es un problema muy distinto. Lo que está ocurriendo en los países árabes (no me refiero a los islámicos en general, sino a los árabes en particular) es una reacción contra el despotismo, que es el sistema político natural al que tienden estos países.

¿Por qué?
Porque en ellos apenas existe sociedad civil, ni educación cívica o política. Cuando eliminan el despotismo, los países árabes tienden a la fragmentación. Y entonces se imponen los islamistas, porque tienen un mensaje que la gente entiende fácilmente. Pero este mensaje es difícilmente compatible con el concepto de sociedad civil tal y como lo entendemos en Occidente.

¿Podrá Europa integrar la inmigración musulmana?
Supone un desafío enorme. Europa nunca aceptará costumbres islámicas como la sharía. Los musulmanes tendrán que vivir bajo las mismas leyes de cada país y, en parte, bajo la misma cultura. El multiculturalismo no existe. Cada país tiene una cultura cívica única y todos los ciudadanos deben aceptarla.

http://noticias.lainformacion.com/espana/stanley-payne-el-espanol-medio-se-ha-convertido-en-un-ser-anestesiado-y-con-pocas-ambiciones-trascendentales_TMhrGC9Hh8HrcInBwJZNv/

*Stanley Payne (Denton, Texas, 9 de septiembre de 1934) es un hispanista estadounidense.

Libros de Stanley Payne en castellano

Falange. Historia del fascismo español. París: Ruedo Ibérico, 1965.
La revolución española (1972), Argos Vergara, Cerdanyola, 1977. ISBN 84-7017-359-6.
El nacionalismo vasco. De sus orígenes a la ETA. Barcelona: Dopesa, 1974. ISBN 84-7235-196-3.
El catolicismo español. Barcelona, Planeta, 1984. Colección Documento núm. 143. ISBN 84-08-06430-4.
El régimen de Franco, 1936–1975. Madrid: Alianza Editorial, 1987. ISBN 84-206-9553-X.17
Historia del carlismo. Madrid: Comunión Tradicionalista Carlista, 1995, p. 50.
Historia del fascismo, 1941–1945. Barcelona, Planeta, 1995. ISBN 84-08-01470-6.18
El primer franquismo, 1939–1959, Historia 16. Historia Viva, Madrid, 1997. ISBN 84-7679-325-1.
La primera democracia española: la Segunda República, 1931–1936. Barcelona: Paidós Ibérica. 1995. ISBN 9788449301285.
Franco y José Antonio: el extraño caso del fascismo español (1998). ISBN 84-08-02286-5.19
Unión Soviética, comunismo y revolución. Barcelona: Plaza & Janés, 2003. ISBN 84-01-53063-6.
José Antonio Primo de Rivera. Barcelona: Ediciones B, 2003. ISBN 84-666-1187-8.
El colapso de la República. Los orígenes de la Guerra Civil (1933–1936). Madrid: La Esfera de los Libros, 2005. ISBN 84-9734-327-1.20
40 preguntas fundamentales sobre la guerra civil. Madrid: La Esfera de los libros, 2006. ISBN 84-9734-573-8.
Franco y Hitler. Madrid: La Esfera de los Libros, 2008. ISBN 978-84-9734-709-9.
España, una historia única. El hispanista más prestigioso hace una nueva lectura de nuestro pasado. Madrid: Temas de Hoy, 2008. ISBN 978-84-8460-755-7.
¿Por qué la República perdió la guerra?. Madrid: Espasa, 2010. ISBN 978-84-670-3298-7.
La Europa revolucionaria. Las guerras civiles que marcaron el siglo XX. Temas de hoy. 2011. ISBN 978-84-8460-950-6.

En colaboración con otros autores
Con Delia Contreras (1996). España y la Segunda Guerra Mundial. Complutense. ISBN 9788489365896.
Con García Delgado, José Luis; Juliá, Santos; Fusi, Juan Pablo; Malefakis, Edward (2000). Franquismo. El juicio de la historia. Temas de hoy.
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La Historia de España, contada con claridad
Aquilino Duque www.gaceta.es 21 Julio 2013

Es difícil que una adhesión inquebrantable a un orden nuevo no lleve consigo una condena del orden precedente.

En los años en que gobernaba la derecha vergonzante, se registró una discreta reacción contra cierta tendencia historiográfica, nada nueva en nuestro país, que cabría resumir en la negación de España como nación y en la consideración de su historia como una equivocación colosal. Surgieron así, no sé hasta qué punto por iniciativa oficial, algunas obras entre las que quisiera destacar Reflexiones sobre el ser de España, Madrid, 1997, obra colectiva de la Real Academia de la Historia, y España. Tres milenios de Historia, Madrid, 2000, del profesor don Antonio Domínguez Ortiz, que además zanjaba en las Reflexiones susodichas con una ponencia magistral sobre el traído y llevado asunto de Las “Tres Culturas”en la Historia de España. El título de esta obra venía a salir al paso de la pretensión de ciertas regiones o provincias, abusivamente llamadas “históricas”, de conmemorar, al socaire del impreciso término de “nacionalidad” metido de contrabando en la Constitución del 78, unos milenarios más bien imaginarios.

Aunque sólo fuera por ese motivo, yo recomendaba la lectura de esta obra, resumen muy ameno y convincente de la Historia de España tal como la estudiamos al menos los bachilleres del plan de 1938. El relato iba desde luego algo más allá de lo que abarcaban aquellos manuales escolares, a saber, la época en que ese plan se aplicó, que era la época de Franco, una época que aún no había pasado a la historia cuando yo cursaba el bachiller. Mientras una época no pasa a la historia, todo lo que sobre ella se escriba no es historia, sino prensa y propaganda o, si se prefiere, crónica más o menos fidedigna u opinión más o menos sesgada. Con esto trato de decir que el libro de Domínguez Ortiz habría salido ganando si el último capítulo lo hubiera cerrado con las exequias del Caudillo, en cuyo largo mandato llegaba incluso, con las reticencias de rúbrica, a señalar algunos aciertos. Y es que la página y media que le sobraba era un elogio desmesurado de esta Transición que aún no sabemos a dónde nos va a llevar y que él, que no hay período histórico en el que no señale cosas buenas y malas, presenta como la culminación y la plenitud de los tiempos históricos. Es muy probable que esta página y media fuera imprescindible para cumplir con los comanditarios de la obra. Es muy difícil que una adhesión inquebrantable a un orden nuevo no lleve consigo una condena del orden precedente que pasó a mejor vida. La damnatio memoriae es una penosa tarea que los historiadores deben dejar a los folicularios, que son legión. Por eso, a la vez que recomendaba este libro, recomendaba otro que a mi modo de ver daba una idea más completa y documentada de esa época que pasó a la historia y que sus detractores se empeñan en demostrar que sigue teniendo una polémica actualidad. El libro recomendado por mí como complemento imprescindible del de Domínguez Ortiz era el titulado Franco. Un balance histórico, de Pío Moa.

Digo que ese libro es imprescindible, porque en él se describe con todo pormenor una época, la que va de la caída de Primo de Rivera hasta el final de la guerra civil, por la que Domínguez Ortiz pasaba con los miramientos al uso. Esos miramientos no eran otros que los de la clase política, empeñada, una vez bajo el marco de la Constitución de 1978, en hacernos creer que el nuevo régimen traía su legitimidad, según los “reformistas”, de la Constitución de 1876, según los “rupturistas”, de la Constitución de 1931.

La instalación en el poder de estos últimos por segunda vez, a raíz del estrago de marzo de 2004, hizo que prevalecieran unos puntos de vista en cuya virtud la historia como fue dejaba paso a la “memoria histórica”, es decir, a una historia no como fue, sino como algunos preferían que hubiera sido. Naturalmente, cuando se niega y se condena con semejante desenvoltura una época que aún está en la memoria de muchos, la operación no se limita a los tiempos modernos, sino que se remonta a los orígenes de los tiempos, y trepa o repta en su condena y su negación desde la fecha hasta la cruz. Ya en los primeros tiempos del régimen actual, en unas reuniones celebradas en Lisboa y en Salamanca, un “rupturista” de la variedad “andalusí” proponía con un aplomo estupendo reivindicar la civilización cartaginesa frente a la romana, y en cierto museo arqueológico se elimina ahora todo lo referente al arte visigodo. Baste con estos dos botones de muestra para justificar que Pío Moa venga a reforzar los Tres milenios de Domínguez Ortiz ante las embestidas de la “memoria histórica”. Esa es, creo yo, la finalidad de esta Nueva Historia de España que abarca de la Segunda Guerra Púnica al siglo XXI.

*Aquilino Duque es escritor.

batallitas
“La corrupción de todas las clases de la sociedad”
La crisis actual ofrece una buena excusa para leer ‘El laberinto español’, publicado por el hispanista Gerald Brenan hace setenta años
JAVIER MUÑOZ El Correo 21 Julio 2013

"La separación de poderes es cosa que jamás ha existido en España, y los magistrados eran simples empleados que recibían órdenes de arriba", escribe el hispanista británico Gerald Brenan en 'El laberinto español', título publicado originalmente en 1943. "Condenaban y absolvían a quien el gobernador civil les ordenase condenar y absolver".

Brenan (1894-1987) se refiere al periodo de la Restauración, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, un tiempo caracterizado por el caciquismo, las elecciones amañadas y "la corrupción de todas las clases de la sociedad". Cada nuevo gobierno traía consigo la sustitución de una clientela por otra.

Hoy no existe el pucherazo decimonónico, y los jueces no siguen los dictados del gobernador civil. ¿Pero las cosas han cambiado? "En el mundo presidido por aquella política -sostiene Brenan-, todos, con excepción de algunos políticos preeminentes que no manifestaban por lo demás la menor repugnancia por vivir sobre la corrupción de los demás, todo el mundo estaba cortado por el mismo patrón".

El propio Cánovas del Castillo (1828-1897), impulsor de aquel sistema político, aprobó al menos 1.200 reconocimientos nobiliarios. Las irregularidades eran la norma en los municipios, y se actuaba contra quienes la denunciaban, no contra quienes se beneficiaban de ella. El marqués de Cabriñana fue sentenciado "por difamación" tras haber sacado a la luz los trapos sucios del Ayuntamiento de Madrid. "La totalidad de las familias aristocráticas, algunas de las cuales participaban en tales fraudes, rompieron con él toda relación personal", recuerda Gerald Brenan.

Durante aquellos años, "los ricos burlaban casi todos los impuestos". En 1902, el Gobierno reconoció en una intervención en el Senado "las ocultaciones anuales de riqueza imponible" destapadas por el nuevo catastro. Sólo en cuatro provincias ascendían a un millón de hectáreas, y el fraude fiscal rondaba los tres millones de pesetas. Se calcula que en el conjunto de España se dejaba de recaudar entre el 50% y el 80% de lo que correspondía.

Los agravios fiscales estaban a la orden del día. En 1909, las pequeñas haciendas tenían un gravamen de entre 70 y 80 pesetas por hectárea, mientras que las grandes "no pagaban absolutamente nada". El desbarajuste y la malversación venían de lejos, continúa Brenan, pues en 1876 el Tribunal Supremo admitió que la tercera parte de los impuestos "quedaba entre las manos de los agentes sin llegar jamás al gobierno".

El autor de 'El laberinto español' asegura que el país sufría "una enfermedad que se propagaba de arriba abajo". "Y el principal síntoma de esta enfermedad era la disociación entre su sistema político y la clase social de terratenientes que lo manejaba, de un lado, y las necesidades económicas y sociales del país, de otro".

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A contratiempo
El planeta 'Melancolía' se cierne sobre Génova
Alejandro Vara www.vozpopuli.com 21 Julio 2013

La conseja de Descartes, "bien vive quien bien se oculta", ha sido la máxima política de Mariano Rajoy. O sea, que en política, y en la vida, lo importante es resistir. Más vale no cometer errores que acertar puede ser también una línea de actuación de un político que no aspira a cambiar el mundo, a pasar a la historia sino, tan sólo, a ganar las próximas elecciones luego de una faena aseada.

El debate sobre la comparecencia pública y parlamentaria de Mariano Rajoy ha empujado esta semana política hasta las lindes de la moción de censura (una herramienta que sólo se ha sacado del baúl en dos ocasiones) y hasta ha zarandeado los principios básicos del marianismo. "Siempre que llueve, escampa". Cierto, pero los chuzos tienen las dimensiones de aquel planeta colosal e hipnótico llamado "Melancolía", surgido del penúltimo golpe de locura de Lars von Trier. Un armageddon amenazante y descontrolado se cierne sobre la atolondrada cabeza del PP.

Un presunto chorizo encarcelado no puede dirigir la agenda de un Gobierno. Cierto. Excepto si ese presunto chorizo, armado de una documentación que por ahora se ha mostrado endeble y chapucera, haya sesteado durante dos décadas en la sala de máquinas de las finanzas de un partido.

Estruendo y estabilidad
La estrategia de Rajoy, no del todo comprendida en algunos rincones de su casa, era atravesar el terremoto quedamente, sin levantar la voz, dejando que el líder de la oposición se cociera lentamente en su propia salsa. Pero el estruendo está resultando tan atroz que los ecos del rataplán de unas portadas hipertrofiadas y unas deposiciones ante el juez Ruz posiblemente falsarias se han tornado inasumibles. El extemporáneo encuentro de Rajoy con los dirigentes del mundo financiero y empresarial en la Moncloa apenas consiguió su objetivo balsámico. Incluso los fontaneros monclovitas, en contra de la costumbre, filtraron algunas frases pronunciadas durante el almuerzo por parte de los ilustres invitados: "Ante todo, hay que mantener la estabilidad, Mariano". A lo que respondió el anfitrión: "No me torcerán la mano". ¿O era el brazo?

Estabilidad, esa es la clave. Las alarmas se dispararon cuando la sombra de la moción de censura cobró cuerpo en los titulares de los medios informativos internacionales. Todo es soportable salvo que Financial Times o The Economist duden de nuestra ejemplar travesía hacia la recuperación. Otro encuentro en Moncloa, esta vez con corresponsales extranjeros y esta vez más discreto, intentó acotar las dimensiones foráneas de la polémica. Ahí se percibió la necesidad de cambiar el rumbo y buscar, quizás, una vía alternativa. Una moción de censura no ayuda a transmitir la idea de un gobierno estable con una mayoría parlamentaria sólida e imperturbable. En política, la realidad importa poco. Importan las percepciones. No cuentan los datos, cuentan las interpretaciones.

Cuando alguien calla es que algo oculta. Nada tan inexacto pero tan profusamente asumido. No es preciso comparecer diariamente ante la tribuna pública para rebatir los argumentos de un imputado pero sí es preciso atender el barómetro de lo que marca ese ente abstracto y manipulable llamado opinión pública. Rajoy está seguro de que ganará la batalla penal. Le queda por dar la batalla política, en la por momentos parece desorientado.

La regeneración puede esperar
Cosa distinta será, finalmente, si esta gran perola de ricino servirá como antídoto o lección para modificar tantos asuntos pendientes en nuestro país. En especial los que giran en torno a la organización y estructura del armazón político y los cimientos democráticos. Empezando por los partidos, su brumosa financiación, su fiscalidad oculta, sus cuentas en negro, sus ingresos opacos. ¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién encarcela al carcelero? En suma, ¿quién pone en marcha la regeneración pendiente?

Los partidos políticos, tal y como quedaron perfilados en la gloriosa Transición, son el origen de gran parte del mal. Ocupan todos los resortes de la maquinaria política y económica. Controlan los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Acabamos de verlo en la polémica sobre la figura de un militante activo del PP al frente del Constitucional. O en el vodevil cuasi franquista de las primarias del PSOE andaluz. O en la benevolencia del Supremo con José Blanco, en un auto que provoca clamorosa perplejidad. O en las surrealistas conclusiones del instructor en el caso Palau, donde no aparecen imputados más que un anónimo extesorero y un ignoto diputado de Convergencia, amen de otra gavilla de personajes anodinos e irreconocibles. Pero ni un alto mando de la formación de Pujol, precisamente la que se benefició del presunto cohecho de Ferrovial.

Estructuras herméticas
El inconmensurable poder de los partidos está detrás de todo eso. Tienen estructuras cerradas, reparten cargos, puestos, dineros, prebendas y resulta imposible fiscalizarles y controlarles. Un chusco Tribunal de Cuentas les sirve hipócritamente de coartada. Por no mencionar otros organismos reguladores, meros comparsas y aplaudidores de las directrices del Ejecutivo. Un sistema hermético y blindado a la trasparencia. Donde no hay luz y no entra el aire, todo se pudre.

Tras cuatro legislaturas socialistas, con un tramo final de horror y corrupción sin precedentes, José María Aznar llegó a la presidencia del Gobierno en 1996 con un esperanzador proyecto de regeneración en el que muchos creyeron. Su necesidad de pactar con el nacionalismo catalán, por aritmética parlamentaria, lo echó todo por tierra.Y así seguimos. Nadie lo ha vuelto a intentar. Un panorama desalentador. Quienes tanto anuncian, invocan y difunden el colapso del régimen surgido de la Transición no han logrado aún dar con la clave para avizorar cómo será el relevo y quién será su tansformador. ¿Tendrá que decírnoslo el Financial Times?

EL VARÓMETRO. Se le escapó a ministro Fernández el etarra Josu Ternera. Al menos no dió esta vez la rueda de Prensa antes de la detención// Dolores Cospedal es la heroína del momento, el valladar de Mariano y la bestia negra de Bárcenas// Dijéronle a ministro Gallardón: "No eres inocente ni cuando sueñas". Soraya le puso el viernes en su sitio // Resiste firme y abstente suave. Consigna de Lucía Figar frente a las trapisondas de Moncloa.

Cuentas fuera de cualquier órgano de control
Las fundaciones, claves en la financiación ilegal de los partidos
XAVIER HORCAJO www.gaceta.es 21 Julio 2013

El blindaje legal de estos organismos permite el amparo de actividades dudosamente altruistas.

Los políticos españoles aprobaron a finales de 2002 las reglas de juego de unas entidades “sin ánimo de lucro”, de “utilidad social”, cuyos benéficos fines las hacían acreedoras de privilegios fiscales extraordinarios: eran las fundaciones privadas. Una década después estas fundaciones gozaban de un blindaje legal capaz de amparar cualquier actividad dudosamente altruista bajo el paraguas de un oscurantismo y falta de transparencia insólitos. Su actividades, sus gastos, sus cuentas, su patronazgo, todo está lejos de los registros mercantiles públicos. ¿Tal vez porque no hay partido político sin fundaciones? ¿Quizá porque han protagonizado ya numerosos casos de financiación ilegal de formaciones políticas? En España existen unas 8.500 fundaciones privadas que viven de aportaciones o donativos que deducen en un 35% del impuesto de sociedades a la empresa donante. Tampoco pagan IBI, ni impuesto de actividades económicas. Incluso, de lo que las fundaciones facturan muchas no pagan IVA o gozan de tipos reducidos. Hacienda denunció en 2012 una campaña inspectora porque la Agencia Tributaria había detectado miles de facturas emitidas por fundaciones, sin IVA. ¿Merecen las fundaciones políticas ese trato, después de comprobarse que son –en muchos casos– fosas sépticas de tráficos irregulares hacia la política?

Quizá el último caso por llamativo explique mucho la Fundación Privada Orfeó Català-Palau de la Música. Por allí han entrado 5,1 millones de Ferrovial, presuntamente comisiones al 4% de obras licitadas por la Generalitat catalana: líneas de Metro, la Ciudad Judicial, polideportivos, etc. Ese dinero ha salido por otra puerta en la fundación de Félix Millet y salía vía talones, pagos y cheques a CDC, que usaba por cierto la Fundación Ramón Trías Fargas para disimular los tráficos. La instrucción del caso Palau no ha conseguido probar el destino de otros 10 millones de euros; ni imputar a otros políticos que cobraron, como Àngel Colom. ¡Ojo! Que a las calderetas de Millet en Fornells (Menorca) iban los Aznar dispuestos a hablar catalán “en la intimidad”.

En el mismo ámbito catalán, Unió Democràtica (el partido de Duran) enterraba su financiación irregular en las fundaciones Fecea o Fesec, hasta que el caso Pallerols las pulverizó. Se deshicieron para dar paso al Instituto de Estudios Humanísticos Coll i Alentorn (INEHCA) que, según el Tribunal de Cuentas, recibe al año 1,2 millones de euros. Los de Esquerra Republicana (ERC) le sacaron 1,8 millones de euros al año a su apoyo a Josep Montilla en la Generalitat para su Fundación Josep Irla. Los otros socios, Iniciativa per Catalunya (ICV), drenaron 1,1 millones para su Fundación Nous Horitzons.

Del PSOE cuelgan 11 fundaciones, entre las que destaca la Fundación Progreso Global que preside el ex presidente Felipe González, además de una veintena de ramificaciones autonómicas. La Fundación Ideas, que dirige Jesús Caldera, con su chalet-campus Jaime Vera, en Galapagar, con Carlos Mulas y la famosa Amy Martin, fue la mimada de Zapatero. Su mayor contrato de adjudicación de servicios fue al constructor Isidoro Cueto, reformador del chalet en Las Rozas de José Blanco, el mismo que José Antonio Orozco, vicepresidente de Azkar, presumía de haber contribuido a pagar. Los socialistas madrileños utilizan la Fundación para el Estudio de los problemas de las Ciudades, que según el Tribunal de Cuentas incumplió la ley de financiación de partidos. Los socialistas baleares utilizan el Centre d’ Estudis Socials i Desenvolupament Gabriel Alomar. Los catalanes, la Fundació Rafael Campalans o la Olof Palme, de Anna Balletbó, que también tenía convenios con el Palau de Millet. Los socialistas andaluces usan la Fundación Alfonso Perales. Alfonso Guerra preside la Fundación Pablo Iglesias, con escasos ingresos.

En el Partido Popular destaca la FAES, presidida por José María Aznar, a la que el órgano fiscalizador de cuentas señala por incumplir la Ley de Financiación de Partidos en 2008 por no ingresar las donaciones en las cuentas abiertas para tal fin. FAES declaró ingresos por 1,7 millones de euros. El PP de Madrid tiene su propia fundación, Fundescam, acusada en diversos momentos de enjugar gastos electorales, por ejemplo, los producidos por Special Events, la empresa de Francisco Correa.
No se salva partido alguno del arco: IU, con su Fundación de Estudios Municipales y Territoriales, acusada de recibir donaciones que sobrepasan el límite que observa la ley. También tienen fundaciones la Chunta Aragonesista o el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Algunas ni siquiera presentan cuentas, como la de Coalición Canaria (Canarias 7 islas), la Domingo Malagón del PCE, la IU Navarra (Zabaldiak) o la de los socialistas valencianos (Societat i Progrès).

LA INVASIÓN CATALANISTA.
(Desconfíe de los catalanistas. No son buena gente.)
Anschluss cultural
Joan Font Rosselló. El Mundo  21 Julio 2013

La voluntad de los catalanes de anexionarse las Islas Baleares y convertirlas en una provincia más de Cataluña no es ninguna novedad. Es una constante histórica desde los albores del Reino de Mallorca que marca las relaciones entre mallorquines y catalanes. Tras la conquista cristiana, desde muy pronto se configura una identidad mallorquina que trata por todos los medios de preservar su autonomía y que choca con los deseos de fagocitación de los catalanes. Las tentativas catalanas para anexionarse el antiguo reino son dispares.

Ocupan militarmente la isla por dos veces durante el breve lapso de tiempo que dura el estado soberano del Reino de Mallorca (1276-1343); exigen a los reyes de la Casa de Mallorca que rindan vasallaje a los de la Corona de Aragón, lo que implica renunciar a considerar como propios los territorios mallorquines insulares y ultrapirenaicos y admitir que sólo los administran en usufructo; obligan a los síndicos mallorquines, una vez extinguido el reino privativo, a presentarse a las Cortes Catalanas, una exigencia a la que se negaron sistemáticamente al entender que no eran una provincia catalana. Los mallorquines sí aceptaron, en cambio, participar en las Cortes Generales de la Corona de Aragón ya que ello significaba estar a la misma altura que Cataluña, Aragón y Valencia. Por no hablar de la expoliación que sufre Mallorca –ríanse de la que denuncian ahora los nacionalistas– para sufragar los esfuerzos de guerra de la Corona de Aragón, una contribución sencillamente abusiva en términos demográficos.

Estos someros datos históricos nos advierten de que la tensión entre catalanes y mallorquines no es nueva y que siempre se ha resuelto con la resistencia de la inmensa mayoría de mallorquines a ser asimilados. La última de estas agresiones tiene lugar con el desembarco del capitán Bayo en Porto Cristo a instancias de la Generalidad. Y terminó como siempre, con unos pocos mallorquines pasándose a las filas catalanas, para asombro de las fuerzas de la Generalidad, que esperaban un respaldo masivo de la población.

A pesar de esta obsesiva voluntad fagocitadora, tan añeja como la existencia de colaboracionistas vendidos al oro de Barcelona, nunca antes el triunfo del catalanismo había llegado a ser tan rotundo como ahora. Ironías del destino, treinta años de autonomía política sólo han servido para entregar todo el poder al catalanismo cultural, que ha terminado adueñándose de todos los centros de poder con capacidad de influencia sobre la sociedad y las nuevas generaciones. La Iglesia, la UIB, la llamada comunidad educativa, Diario de Mallorca, el Grupo Serra, toda la izquierda política sin excepción, el mundo de la cultura, los periodistas, los sindicatos, todos han sucumbido a la religión catalanista. Esta realidad es la que hace del catalanismo un fortín inexpugnable.

Su estrategia, perfectamente diseñada para contar con la anuencia de los ingenuos y confiados, ha consistido en tratar todo lo mallorquín como una expresión de catalanidad. La invasión ha pasado de ser militar (o política) como antaño a ser cultural. Somos, en definitiva, una provincia catalana más, eso sí cultural, o al menos a eso aspiran sin ningún rubor. Al adueñarse de la cultura y de los centros del saber –cada vez menos sapientes, ciertamente–, ser catalanista ha sido la credencial obligatoria para moverse con garantías de éxito en ciertas esferas y así obtener cargos públicos, reconocimiento social y respeto intelectual. Un negocio redondo y una advertencia del futuro que les esperaba a los levantiscos indisciplinados.

La presión catalanista apenas ha encontrado resistencia. El Estado y la comunidad autónoma balear han renunciado a hacer pedagogía identitaria, han renunciado a ofrecer a la sociedad un relato identitario con unos referentes en los que sentirse identificados. Este vacío de poder ha sido ocupado por los catalanistas que, con dinero público, no han dado puntada sin hilo. Mientras unos hacían política en las escuelas y en todas partes, los otros se quedaban de brazos cruzados abonándoles la factura.

El PP balear, el partido que mejor representa la idiosincrasia del pueblo balear, de atenernos a los resultados de las urnas, ha renunciado a construir un discurso referencial con el que hacer frente al discurso catalanista. Al final, una identidad sólo se combate con otra identidad. Pensar que desde el liberalismo y la no intervención puede uno enfrentarse al nacionalismo agresivo es propio de cándidos e ingenuos. La comunidad valenciana no ha sucumbido a la pancatalanización –tanto o más persistente que la de aquí– como las Baleares porque se ha sabido defender y el PP valenciano, antes de entrar en barrena por la corrupción, sí había sabido identificarse con el pueblo valenciano ofreciéndole una alternativa referencial, simbólica, lingüística e identitaria opuesta a la que representan el cazasubvenciones Climent, ACPV o la revista El Temps.

Es impensable para un alcalde del PP valenciano amedrentarse por el chantaje de la minoría catalanista para que no le acusen de “traidor a sus raíces, a su tierra, a lo valenciano”. Y esto ocurre porque en la conciencia colectiva valenciana el extraño no es quien defiende el valenciano y el español, sino en todo caso aquel que defiende el catalán. Aquí, huelga decirlo, pasa todo lo contrario, con ejemplos lamentables como Antoni Pastor, Biel Serra o Coloma Terrassa mimetizándose con los catalanistas por miedo a sentirse arrastrados por la demagogia de la exclusión.

Si un estado, o una comunidad autónoma, quieren sobrevivir, no pueden dejar de lado los referentes (simbólicos, históricos, lingüísticos, institucionales, folklóricos) que le han dado su razón de ser y que conforman el relato de una conciencia colectiva común. Aquí el resultado de treinta años de autonomía política ha sido la pancatalanización más absoluta desde la conquista de 1229. En todo este proceso el catalanismo no ha dejado de avanzar conquistando nuevos espacios, uno tras otro, hasta alcanzar ámbitos como las fiestas patronales o el folklore que hace veinte años repudiaban por payés, vulgar o naïf. Actualmente, el glosador más famoso de Mallorca es Mateu Xurí, un separatista al que se le ha dado cancha desde el Balears y ahora desde el AraBalears. ¡Y ya tenemos glosas en catalán estándar! Muchas agrupaciones de “ball de bot”, “xeremiers” i “ximbombers” (eso que el PSM llama “cultura popular”) están pobladas de nacionalistas. En la Part Forana el influjo catalanista entre los jóvenes es tan fuerte y transversal a todos los partidos que alcaldes del PP con mayoría absoluta tratan de aparecer como lo que no son. Ni el PI de Jaume Font se plantea salir de la orden sagrada.

Este es el estado de la cuestión. O la sociedad civil se organiza o nadie nos sacará de esta pesadilla. Es inútil esperar nada de los partidos políticos, los grandes responsables del desaguisado. Seguir confiando en la secular resistencia pasiva de los mallorquines cuando los nietos corrigen a los abuelos porque no hablan catalán normalizado sería mirar para otro lado para no ver la cruda realidad: si el proceso sigue su curso, el futuro está en sus manos. O los viejos del lugar reaccionamos ya o vamos de camino a convertirnos en una provincia catalana más. Contamos con una ventaja. Estos últimos treinta años de imposición catalanista son una excepción en la milenaria historia de Mallorca que si en algo se ha distinguido ha sido, precisamente, en nuestra tenaz resistencia a ser asimilados.

Odios en tiempo de paz
EL CORREO  21 Julio 2013

· Expertos afirman que deberán pasar «tres generaciones» para que se superen los efectos de décadas de terrorismo.

El perdón, el arrepentimiento e, incluso, los odios, en sus diferentes vertientes, son cuestiones que se adentran en un terreno más personal y sociológico. Tras décadas de violencia y terrorismo en Euskadi, describen la asignatura pendiente para afrontar con garantías una futura convivencia en paz. Pero, ¿han cambiado tanto las cosas en el año y medio transcurrido tras el cese de ETA? O, por contra, ¿los sentimientos, los temores y las posturas totalitarias perviven aún en el sustrato social vasco, con la diferencia de que ya no se asesina?

Expertos consultados por este periódico coinciden en que los odios, siempre con matices, siguen «estando ahí». «Cómo no va a existir un problema que ha durado cincuenta años». Salen a la luz pública de manera esporádica, a modo de declaraciones o de proclamas en actos multitudinarios. Los gritos de ‘Gora ETA’ que se escucharon tras el fallecimiento, por causas naturales, del exdirigente etarra Xabier López Peña, ‘Thierry’, o los deseos de muerte expresados por algunas víctimas del terrorismo hacia los verdugos de sus familiares son, guardando las distancias, sólo una prueba de los efectos que la lacra de la violencia ha causado en Euskadi. Una de las claves, por no decir la más importante, para salir de esta coyuntura es que aquellos que sustentaron de alguna forma el terrorismo hagan una revisión crítica del pasado y asu-

Daniel Innerarity Filósofo «Estamos en el periodo más difícil de gestionar»
O «Cuando la violencia deja de ser un problema policial y político, pasa a ser un problema psicologizado», advierte Daniel Innerarity. Catedrático de Filosofía Política y Social y director del Instituto de Gobernanza Democrática de San Sebastián, considera que «a partir de ahora estamos en el periodo más difícil de gestionar». «Lo anterior era más doloroso, más duro, pero más sencillo; ahora hay que tener una gran habilidad y finura porque lo que se dirime es más una ‘batalla’ psicológica que política», valora.

Innerarity (Bilbao, 1959) identifica dos miedos que «se están alimentando mutuamente» y que acaban por traducirse en «rabia e incluso odio difuso». Por un lado, la «sensación» que tienen los afectados por el terrorismo –o parte de ellos– de que «están perdiendo, cuando la realidad es otra». «Es más, podría darse la situación de que tanto ETA como algunas de las víctimas coincidieran en esa concepción macabra de que esto ha acabado con una victoria de la banda, cuando ha sido un fracaso estrepitoso», añade.

Por otro lado, se situaría la «enorme frustración» que genera en el mundo de ETA y de quienes la apoyaron «no haber sido capaces de sacar adelante su proyecto totalitario». Ante esa constatación, Innerarity fija «dos salidas»: reconocer que lo que hicieron no sirvió para nada o no hacerlo. De eludir dicha «catarsis», el filósofo vasco advierte que la frustración podría tornarse en un «odio más exacerbado» que podría tener en su punto de mira «al PNV», más incluso que a PSOE y PP. Los jeltzales se han convertido en el foco de las críticas de la izquierda abertzale. Y es que, explica, los de Sabin Etxea son «el espejo de su fracaso». «Viene a demostrar que hay otra manera de concebir la nación vasca, sin matar».

Pese a reconocer que el camino que queda por delante es complicado, Innerarity se muestra optimista. «No tengo duda de que la batalla del relato está ganada», señala. «La violencia acaba a partir del momento en el que le dices a tu hijo que en Euskadi se ha matado por una idea política y no lo entiende».

Víctor Urrutia Sociólogo «La simiente nace de que una parte de la población ha cosificado a la otra»
O Para Víctor Urrutia «las fuentes del odio arrancan de que una parte de la población de este país ha rechazado a la otra, la ha cosificado e, incluso, ha conseguido liquidarla». «Esa –apunta tajante– ha sido la simiente». Doctor en Ciencias Políticas y Sociología, considera que hace falta una mirada crítica hacia el pasado que ayude a cicatrizar las heridas abiertas. «Que aquellos que han eliminado al otro reconozcan el daño causado, se arrepientan, pidan perdón, se repare el daño y se haga memoria». Esos son los cinco pasos que, a su juicio, deben darse para avanzar hacia la convivencia. «Y aquí, no estamos todavía ni en el primero, sino que se jalea y se recuerda públicamente a aquellos que han sido verdugos», lamenta.

Urrutia afirma «entender» que víctimas, como es el caso reciente de Mari Mar Blanco o Ángeles Pedraza, digan que no perdonan ni olvidan y que desean «lo peor» para aquellos que asesinaron a sus famiman que «se equivocaron». Un gesto definitivo por los errores cometidos que es todavía una asignatura pendiente. ¿Estamos entonces en el primer peldaño hacia una convivencia en paz que se presenta aún cuanto menos remota?


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