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Gobierno omnipotente
Stop impuestos
Jorge Valín www.gaceta.es 26 Julio 2013
Los impuestos han aumentado 30 veces en esta legislatura.
Según el INE, el gasto total de una familia media en un año es de
unos 30.000 euros. Si lo desglosamos, el mayor esfuerzo viene de la
alimentación y todo lo relacionado con la vivienda. El INE no mide
un dato en esta tabla sin embargo, los impuestos. Contando todos los
que paga (IRPF, IVA, IBI, impuesto de matriculación, seguridad
social…), la distribución media que usted desembolsa al Gobierno
está entre un 30% y un 50% de su renta anual bruta. ¿Y qué le
devuelve el Gobierno de todo esto? Más bien poco. El Gobierno gasta
de forma irracional el dinero del ciudadano ya que no es suyo. Sin
ir más lejos, en la última semana se gastó más de seis millones de
euros en la integración de inmigrantes; 3,3 millones en subvenciones
a patentes; 600.000 euros en cursos de verano; más de 13 millones de
euros en una subvención trimestral —sí, trimestral— a los partidos
políticos; el Gobierno ha regalado 340.000 euros a Brasil por no sé
qué absurda excusa; y así de forma interminable. Cada semana vuelan
cientos de millones en tonterías.
Cuando a alguien le sacan su dinero bajo amenaza, se le llama robo.
Y todos los impuestos se recaudan bajo este tipo de coacción.
Teniendo en cuenta que este Gobierno ha aumentado treinta veces los
impuestos al ciudadano, podemos considerar que vivimos en un Estado
de latrocinio permanente. Estamos bajo un Gobierno de ladrones que
gastan de forma incompetente nuestro dinero. Pero la realidad es que
los Gobiernos anteriores no fueron mejores. Desde 1965, España es el
país donde que más ha subido la presión fiscal en Europa y el
segundo del mundo según la OCDE. Desde los 60, la presión fiscal ha
aumentado en nuestro país un 120%. Sin embargo, en otros lugares
como EE UU prácticamente no se ha movido.
Este mismo año habrá más subidas de impuestos, y aunque el Gobierno
lo está negando, no es nada descartable que suban el IVA otra vez,
no solo el reducido, sino también el general. Pese a que hay muchos
grupos que se están manifestando y organizando para pedir más
Estado, esto es, más impuestos e incompetentes manirrotos en el
poder, pocos parecen ver que la solución no puede ser lo que ha
originado, en parte, el problema.
Hacer manifestaciones, votar a la oposición, o imaginarse cosas
fantasiosas como políticos responsables y preocupados por la
ciudadanía, no arreglará nada. Nuestro poder adquisitivo va a
reducirse con el tiempo para traspasarlo a los políticos y sus
grupos de presión económicos y civiles. Le dirán que es por el bien
común y cosas así, pero la realidad es que si el bien de todos
significa ser más pobre, no hay aumento de bienestar real. El
Gobierno es el mayor obstáculo ahora mismo entre el hombre y su
bienestar. Ha de ser reducido hasta que ni notemos que existe, pero
será incapaz de hacerlo por sí mismo. No hay fórmulas políticas ni
comunes para salir de la crisis, sino individuales y unilaterales.
Cualquier persona evita a los ladrones y esconde su dinero de la
amenaza de estos. Por más que el ladrón nos diga que ejerce su
trabajo por nuestra seguridad, mejor convivencia y bienestar, no
hemos de tratarlo como a un criminal diferente, ni ofrecerle nuestro
dinero en bandeja, ni votarle, ni hacer caso a sus promesas cuando
afirma que nos robará menos en 2015. No tiene credibilidad ni
legitimidad. No pagar impuestos no solo es una medida de
supervivencia individual, sino moralmente responsable.
Gobierno omnipotente
Los absurdos impuestos al trabajo en España por
Jorge Valín www.gaceta.es 26 Julio 2013
Si queremos prosperidad y bajar de verdad la tasa de paro, los
impuestos al trabajo han de ser abolidos y la burocracia reducida.
Hace un par de días el portal Actibva hizo una infografía sobre la
estructura impositiva que tenemos los españoles en el trabajo.
Rápidamente la información se expandió por Internet como la pólvora,
y no es para menos.
El portal del BBVA afirma que el 37% de nuestro sueldo original,
esto es, el que nos paga la empresa, se lo queda el Estado. En un
ejemplo, si el empresario desembolsa por nuestro trabajo 2.019
euros, a final de mes solo percibimos 1.269 euros.
No deja de ser impactante que en un país donde el empleo escasea y
tenemos una de las tasas de desempleo más vergonzantes del mundo, el
Gobierno expolie al trabajador de esta forma. De hecho, un impuesto
de este tipo solo lo encontramos en aquello que el Gobierno
considera productos “nocivos” como el tabaco, el alcohol o
combustibles. ¿Tenemos impuestos tan altos al trabajo porque es
malo?
España vs Nueva Zelanda
Según las estadísticas de la OCDE, la presión fiscal al trabajo en
España es algo mayor a los cálculos de Actibva, del 41% (Country
Submissions, OECD Economic Outlook Volume 2012). Tenemos unos
impuestos al trabajo muy superiores a la media de resto de países.
En el otro extremo nos encontramos con Nueva Zelanda. Ahí se sitúan
en el 16%. Curiosamente el país oceánico tiene más o menos la misma
presión fiscal que España, esto es, los Gobiernos de ambos países
recaudan el mismo dinero en porcentaje del PIB (una tercera parte de
la producción total). Pero lo que de verdad es demoledor es si
comparamos las cifras de desempleo de los dos países.
Mientras que Nueva Zelanda tiene un paro del 6%, en nuestro país
está en el 27% en cifras trimestrales. Hay dos razones que explican
de forma muy sencilla este gran abismo. El primero son los impuestos
al trabajo mencionados. En Nueva Zelanda, ni el trabajador ni la
empresa pagan impuestos. Además, el Gobierno facilita el trabajo a
los emprendedores y cualquier empresa con casi ningún trámite
burocrático y una amplia libertad de mercado. Gracias a esto es una
los países más prósperos del mundo.
Los impuestos son una penalización a aquello que se le imputa el
tributo. Si son al empleo habrá más paro
Pero si Nueva Zelanda tiene la misma presión fiscal que España, ¿de
dónde obtiene su Gobierno el dinero? La gran diferencia en su
estructura impositiva viene del gravamen a los productos y servicios
que es muy alto comparado con el resto de países. En cualquier país
decente saben que los impuestos son un coste, una penalización a
aquello que se le imputa el tributo. Cuantos más impuestos al
trabajo, más desempleo se creará, cuanto menos, más trabajo para
todos y eso significa más riqueza para el ciudadano. No hace falta
ser doctor en economía para llegar a tal conclusión, siempre y
cuando no sea un político español, claro.
En España no solo tenemos unos impuestos altos en todo. De hecho,
somos de los países de la UE donde mayor es el esfuerzo fiscal, esto
es, somos los ciudadanos de Europa donde más nos cuesta pagar
nuestros tributos. Además, la estructura impositiva parece estar
hecha por un demente.
Si queremos prosperidad y bajar de verdad la tasa de paro, los
impuestos al trabajo han de ser abolidos. Y eso significa que el
Estado, a la vez, también elimine burocracia absurda y haga un plan
de austeridad real.
Cada día nos dicen que tenemos un Gobierno austero, pero la realidad
es que los presupuestos anuales del Estado crecen año tras año sin
mencionar el descontrol total de la deuda gubernamental que ya
acumula, contando todos los gastos, el 117% del PIB.
Que se dejen de absurdos planes de empleo que solo suponen gastar
más dinero y tienen cero repercusión en la creación de trabajo.
Simplemente eliminen los malditos impuestos y que nos dejen en paz
de una vez.
La dimisión a plazos de José Antonio Griñán
Editorial www.gaceta.es 26 Julio 2013
Los políticos están tan acostumbrados a disfrazar la verdad que a
Griñán no se le ha ocurrido otra razón para explicar su cadena de
renuncias que los manoseados motivos personales. Sin embargo, este
último anuncio de su largo ocaso se produce un día antes del
interrogatorio judicial al interventor general de la administración
autonómica, Manuel Gómez, y hay muchas razones para suponer que
tales actuaciones muy bien puedan llevar a la juez Alaya a imputar
al actual presidente en la trama corrupta de los ERE. Griñán trata,
pues, de separar su futuro procesal de la Presidencia de la Junta
para garantizarse una herencia ordenada, porque, aunque es muy
discutible que eso sea lo que conviene a los andaluces, parece
evidente que esa distinción, por apresurada e hipócrita que resulte,
favorece los planes políticos de Griñán, e incluso los de Rubalcaba,
que podrá presentarse el primero de agosto ante Rajoy sin la rémora
de un presidente autonómico imputado.
Seguramente ha pesado más en Griñán el cálculo sobre su interés y su
aforamiento que el intento de ayudar a Rubalcaba, porque el PSOE es,
a día de hoy, todo menos un partido en el que sus dirigentes y
militantes compartan un proyecto claro. El único proyecto de Griñán
es tratar de minimizar los riesgos, sin perder el control sobre la
Junta de Andalucía y sobre ese tradicional granero de votos. Es
verdad, por tanto, que sus motivos para dimitir “son varios y de
diversa naturaleza”, pero es muy poco creíble que haya descubierto
apenas unos meses después de su investidura razones de carácter
personal y familiar determinantes, tal como ha dicho para explicar
una huida en toda regla. Puestos a mentir, Griñán ha decidido no
quedarse corto, y ha excluido como motor de su decisión la
posibilidad de ser imputado. La afición de los políticos a
presentarnos una imagen edulcorada de los motivos de sus decisiones
no parece tener límite.
Por lo demás sus afirmaciones sobre la responsabilidad que le
corresponde como antiguo consejero de Economía no se sabe si son
peores por lo que niega, que nunca recibió un informe del
interventor, o por lo que dan por supuesto, que se trata de temas y
de informes que, al parecer, no requerían la atención de un político
tan importante.
La juez Alaya parece guiar sus pasos con una calculada prudencia
para evitar que el caso se le escape de las manos si imputa a Griñán
antes de ser estrictamente necesario. Al hacerlo así, está prestando
un señalado servicio a la Justicia, evitando la ingerencia de los
controles políticos, y ofreciendo a los andaluces un análisis muy
preciso de las formas de gobernar que el PSOE ha ido cultivando a lo
largo de un período que ya debería haber acabado hace tiempo y que
solo ha podido subsistir merced a la mentira y la corrupción.
La puntilla
Alfonso Merlos La Razón 26 Julio 2013
Tocado y hundido. Políticamente sentenciado. Y arrastrado hasta un
tortuoso berenjenal judicial que veremos cuándo y dónde y cómo
termina. Griñán lo supo y enmudeció. Ya no cabe la menor duda.
Conoció los delitos, o como mínimo las irregularidades, que se
perpetraban bajo la manta de los ERE falsos. Y no pestañeó.
La pregunta en consecuencia es por qué. ¿Tenía algún interés
confesable o inconfesable? ¿Qué ganaba? ¿De qué participaba? ¿En qué
grado? ¿A quien respondía? ¿Reportaba directamente a Chaves? Y si lo
hacía, ¿en calidad de qué: de presidente del PSOE o de la Junta de
Andalucía?
No le demos muchas mas vueltas. Escuchado lo escuchado, leído lo
leído y declarado lo declarado ante Alaya en los tribunales, se hace
inevitable y urgentísimo oír de sus labios a quien hace dos días ha
dado la espantada por motivos de toda índole, pero todos obvios.
Aquí no hay una operación político-jurídica para sepultar la
reputación de nadie ni hundir su carrera, tampoco la del otrora
Consejero de Economía y Hacienda. Sencillamente hay una profesional
del Derecho como la copa de un pino que está ayudando a todos los
españoles a tener un conocimiento preciso acerca de quiénes nos han
robado, cuánto y cómo; y por supuesto que está en el noble ejercicio
de aplicación de la Ley, sin artificios ni adornos ni manías ni
sectarismo.
Lo quieran ver o no los socialistas, con el testimonio de ayer se da
definitivamente la puntilla a Griñán; o sea, se destruye una figura
señera de la izquierda andaluza que, por incompetencia o a través e
actos delictivos, ha llevado a la ruina a buena parte de sus
paisanos. Aquí hay una factura pendiente de pago. Quizá le toque
pagarla. No siempre se libran «los de arriba».
Los malos buenos datos del paro
Juan Ramón Rallo www.vozpopuli.com 26 Julio 2013
Los datos de desempleo del segundo trimestre de 2013 han sido
recibidos con enorme alborozo por el Gobierno y sus periodistas
cortesanos. No es para menos: se trata de la mayor caída del paro
desde que comenzó la crisis y el número de desempleados desciende de
la fatal cifra de seis millones de parados. Desde luego, no se trata
de afirmar que como tales sean malos datos, pero sí de aclarar que
no son, ni mucho menos, tan buenos como el PP pretende hacernos
creer. Básicamente por cuatro motivos:
1) Un tercio del descenso del número de parados (225.200 personas)
se debe, simple y llanamente, a que la gente está dejando de buscar
activamente empleo. La población activa se redujo en el segundo
trimestre en 76.100 españoles. Se trata del cuarto trimestre
consecutivo de caída, lo que implica que en los últimos doce meses
350.000 ciudadanos han tirado la toalla a la hora de buscar un
trabajo dentro de nuestras fronteras. Especialmente destacable la
caída de este trimestre, no por ser la mayor de toda la serie, sino
por ser claramente anómala. Lo lógico y habitual es que la mayor
parte dela gente busque empleo precisamente en los meses que
anteceden a verano: en el segundo trimestre de 2011, la población
activa aumentó 75.000 personas, en el de 2010 en 115.000 y en la
fortísima recesión de 2009 apenas se redujo en 19.000. Este año, sin
embargo, el desplome ha sido de 76.000: un dato que no termina de
casar demasiado bien con el renovado optimismo y dinamismo que,
según el Gobierno, empieza a mostrar nuestra economía.
2) Dejando de lado la reducción del paro debida al descenso de la
población activa, la gente que realmente posee un empleo (la
población ocupada) ha crecido en 149.000 personas. De hecho, el
empleo en el sector privado ha aumentado en 151.000, el mayor
repunte desde que comenzó la crisis: en el segundo trimestre de
2011, por ejemplo, el número de ocupados en el sector privado creció
en 120.000. Sin embargo, si ponemos en relación el aumento del
número de ocupados en el sector privado con el número de parados del
trimestre inmediatamente anterior (no es lo mismo crear 1.000
empleos cuando el paro total es de 2.000 que cuando es de 100.000),
las cifras ya no son tan excepcionalmente positivas: en número de
empleos creados en el segundo trimestre de 2013 equivale al 2,4% de
los parados del primer trimestre de este año… idéntico porcentaje al
del empleo creado en el segundo trimestre de 2011. Mas existe otro
dato todavía más preocupante: en términos desestacionalizados, el
número de personas ocupadas no aumentó este trimestre, sino que cayó
un 0,29%; un ritmo significativamente superior al descenso del 0,12%
registrado en el segundo trimestre de 2011.
3) Las anteriores cifras ponen de manifiesto, en tercer lugar, que
estamos ante una creación de empleo puramente estacional y vinculada
a la temporada estival. No en vano, los contratos temporales han
aumentado en 162.000 (una cuantía casi calcada al aumento de
157.000, acaecido en el segundo trimestre de 2011), mientras que los
indefinidos siguen minorándose en 50.000 (frente al aumento de casi
15.000 en el segundo trimestre de 2011). Además, el empleo creado es
fundamentalmente a tiempo parcial (56.000 a tiempo completo frente a
los 130.000 del segundo trimestre de 2011) y, salvo excepciones, se
halla concentrado en las comunidades autónomas marcadamente
turísticas: Baleares crea 70.000 empleos en el sector privado (la
ocupación crece un 16,5% en sólo en un trimestre) y Andalucía
61.000; el resto autonomías, a duras penas mantienen su nivel de
empleo del trimestre previo, en algunos casos con la maquilladora
influencia del sector público.
4) Y es que probablemente el elemento más negativo de los últimos
datos de la EPA sea la constatación de que el ajuste en el empleo
público se ha parado en seco. Si a lo largo de 2012, el número de
ocupados en el sector público se había reducido entre 50.000 y
70.000 personas por trimestre, en los últimos tres meses apenas lo
ha hecho en 3.000 personas. Algunas regiones incluso han exhibido
incrementos notables del empleo público: en Castilla-La Mancha,
aumenta un 6,5%; en Navarra un 3,8%, en Extremadura un 3,3%, y en
Murcia un 1,6%; tres de ellas, por cierto, gobernadas por los
ultraliberales austericidas del Partido Popular.
El riesgo de la autocomplacencia
Con las aparentemente buenas cifras de desempleo corremos el riesgo
de caer en la autocomplacencia broteverdista: pensar no sólo que
hemos tocado fondo, sino que la economía española sólo puede ir
inevitablemente para arriba, de manera que se torna innecesario
proseguir por la imprescindible senda de los ajustes y las reformas.
No cabe ninguna duda de que el Gobierno se ha agarrado como clavo
ardiendo a semejante discurso populista –pues gracias a él puede
argumentar que el déficit público ya no supone ningún problema y
que, en consecuencia, no son necesarios más recortes, como ilustra
la parálisis del ajuste en el empleo público–, pero el Ejecutivo
popular es desde hace tiempo un caso perdido del que nada bueno se
puede esperar. En este caso el riesgo procede, en cambio, de que la
población también se sume a semejante irreal percepción: en junio,
por ejemplo, el Indicador de Confianza del Consumir que elabora el
CIS ya experimentó un aumento histórico debido a que las
expectativas de las familias españolas sobre su futuro (no sobre su
presente) habían mejorado de manera muy notable. Nada necesitaríamos
menos que un sector privado que paralizara los únicos escasos y
saludables ajustes que han tenido lugar en la economía española
durante los últimos años.
Pero a eso conduce la propaganda gubernamental aderezada de datos no
demasiado catastróficos: a dormirnos en los laureles mientras los
fundamentales de la economía, por mucho que en general estén
mostrando una tímida mejoría, sólo nos indican que seguimos
instalados en una zona de altísimo riesgo… especialmente si no
continuamos corrigiendo los enormes desequilibrios heredados de la
época de la burbuja y que ahora el PP se afana en consolidar con el
propósito de exhibirlos urbi et orbi como inequívocos brotes verdes.
Dejar de caer gracias a nuevas horneadas de crédito barato no es lo
mismo que comenzar a crecer con salubridad. Pero a eso juega el PP:
a crear una miniburbuja de optimismo infundado. Más dura será la
caída.
Caso Bárcenas
Las tentaciones del votante del PP
Emilio Campmany Libertad Digital
Teníamos algunos la impresión de que en España el votante del PSOE
es más indulgente con la corrupción de lo que lo es el del PP. Quedó
demostrado en 1993, cuando Felipe González fue capaz de volver a
ganar a pesar de Filesa, y en 1996, donde apenas perdió por unas
decenas de miles de votos no obstante los latrocinios que se
hicieron al amparo de la lucha contraterrorista. Pero, cabe la
posibilidad de que la diferencia sólo esté en que a los
simpatizantes del PP no se les ha dado la oportunidad de ser tan
permisivos como lo han sido los del PSOE. En las próximas
elecciones, podrán demostrar qué son.
Con razón o sin ella, existe la convicción generalizada de que el PP
se ha estado financiando ilegalmente durante varios lustros. Si el
electorado de derechas fuera tan inflexible moralmente como parece,
el PP no tendría nada que hacer cuando vuelvan a abrirse las urnas.
Pero, enfrentado a la posibilidad de que su deserción provoque la
llegada al poder de una coalición del PSOE con IU, el votante
conservador parece cada vez más inclinado a ser tan permisivo como
en su día lo fue el socialista y acercarse a los colegios
electorales con una pinza en la nariz. Es verdad que las encuestas
reflejan una fuerte caída del respaldo popular al PP, pero es más
debido a la incapacidad del Gobierno de superar la crisis económica
que a las revelaciones de Bárcenas. Si para 2015 nos hemos
recuperado, Rajoy puede volver a ganar, a pesar de las acusaciones
del extesorero.
Algunos medios de la derecha propician esta bajada de pantalones
moral tachando de irresponsables a quienes dan pábulo a las
acusaciones de Bárcenas. Lo hacen contradiciéndose porque primero
dicen que Bárcenas, como delincuente que se supone que es, carece de
credibilidad, y luego se afirma que, aunque fuera verdad lo que el
preso cuenta, sería una desgracia para España que comunistas y
socialistas se hicieran con el poder. Esta forma de argumentar es la
que empleaban los socialistas cuando, estando en el Gobierno, se
vieron cercados por infinidad de casos de corrupción. Los nuestros
no roban, pero, en el caso de que se demostrara que lo han hecho,
hay que seguir votándoles para impedir que gobiernen los otros que
siempre, por malos que sean los nuestros, serán peores.
Así están las cosas. Ocurre como en el fútbol. Cuando un equipo se
hincha a hacer faltas que no se pitan, al otro sólo le cabe elegir
entre rebajarse a jugar con las mismas artimañas o renunciar a ganar
el partido. En cualquier duelo, las reglas las impone quien juega
más sucio. El PP decidió imitar las trapacerías del PSOE y el
electorado de derechas se ve hoy tentado de sancionarlas para evitar
una victoria de la izquierda, comunistas incluidos. Si lo hacen,
tendremos cleptocracia para rato. Y si no, un Frente Popular. Una
delicia, oiga.
Juan Carlos Gafo
Catalanes de mimar
Antonio Robles Libertad Digital 26 Julio 2013
Nunca un fraude lingüístico ha logrado más rentabilidad política
como el de "la minoría catalana". La instituyó Pujol en las primeras
elecciones legislativas al Congreso de los Diputados para designar a
su grupo parlamentario. De esa manera, excluía de su condición de
catalanes a centristas, comunistas, socialistas y populares. Él
monopolizaba la denominación y acabaría inoculando en el
inconsciente colectivo de periodistas, políticos y ciudadanía en
general esa obscenidad de identificar a catalanes con catalanistas.
Nada más lejos de la realidad.
Contra esa reducción tramposa de intenciones totalitarias, la
resistencia en Cataluña al nacionalismo obligatorio ha luchado a
brazo partido para corregir a cuantos dentro y fuera de Cataluña
generalizaban su rechazo a los rebuznos nacionalistas a todos los
catalanes. Es evidente que con escaso éxito en personas que, por su
cargo, debieran tener exquisito cuidado en no rebuznar en cuestiones
tan delicadas. Es el caso de Juan Carlos Gafo, ex número dos de la
Marca España. No sólo ha sido mal educado por utilizar reducciones
propias del racismo cultural, sino un pirómano ignorante incapaz de
darse cuenta de hasta qué punto daba a los que quería despreciar la
mejor munición para redoblar los ataques contra España. Inútiles de
ese calibre con carrera diplomática son difíciles de igualar. Ni
siquiera su disculpa y dimisión lo salvan. El mal ya está hecho. Y
la Marca España arrastrará su pecado original por los siglos
mientras el victimismo catalanista tenga algo que obtener. Un
gravísimo atentado contra la rehabilitación de la imagen de España y
una disculpa más del nacionalismo para no querer saber nada de ella.
No me sirve que los nacionalistas nos estén faltando al respeto
todos los días, a todas horas, poseídos por una autosuficiencia
moral que aburre y asquea. Poner contraejemplos es ridículo, el
agitprop de TV3 nos los renueva cada día. Hemos escrito miles de
páginas sobre ello. Incluso como en el sonado exabrupto de Pepe
Rubianes contra "la puta España", que en lugar de ser rechazado por
políticos y periodistas nacionalistas, lo defendieron con el
socorrido "Todos somos Rubianes". Incluida Carmen Chacón, la misma
que ahora se ha apresurado a indignarse por lo de "Catalanes de
mierda" de Gafo.
Y no me sirve refugiarme en el tú más, porque cuando algo está mal,
está mal. Y nadie lo volverá bueno por muy mal que lo haya hecho el
adversario. Y Gafo lo ha hecho rematadamente mal, sin disculpa
alguna.
Y si alguno considera que esta percepción es contemplativa, que
piense en el interés general de España. Aunque sólo sea por interés
y no por educación y ética. ¿Cuándo se darán cuenta en el resto de
España algunos voceros contra Cataluña que ésta es una sociedad
mucho más grande, plural y hermosa que el nacionalismo, que aquí
viven y luchan muchos ciudadanos que nada tienen que ver con ellos?
¿Acaso no vieron en el error de Wert cuando dijo: "Hay que
españolizar a los alumnos catalanes (…)", que estaba dando munición
gratis a los nacionalistas sin enterarse? Vean el vídeo y verán que
apañados son para sacar partido a cualquier frasecita de estas tan
usadas por ellos, pero sólo insoportables en nosotros.
Gafo, sin darse cuenta, pasará a ser un icono para las citas
nacionalistas de todos los tiempos, a la altura de las del Decreto
de Nueva Planta, Lerroux o Franco. ¡Buenos son ellos para sacar
partido de la casquería política!
Los gafos de turno han de aprender la lección: los nacionalistas no
son Cataluña, sólo una parte de ella, los catalanistas no son los
catalanes, sólo una parte de ellos. Por consiguiente, cuando alguien
quiera despotricar contra los carlistas, que no lo haga contra los
catalanes, sino contra los carlistas catalanes.
Un verano, trabajando de plongeur (fregaplatos) en los lejanos
tiempos de la dictadura como estudiante de bachillerato en Francia,
el jefe de cocina me espetó: "Los franquistas nunca entraréis en
Europa". Me irritó sobremanera que una persona adulta no
diferenciara españoles de franquistas. Pues eso.
El escándalo de los ERE
Y el interventor tiró de la manta
Guillermo Dupuy Libertad Digital 26 Julio 2013
Las declaraciones del que fuera interventor de la Junta entre los
años 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, en las que ha asegurado a
la juez Alaya que "todas las irregularidades" en el caso de los ERE
"eran de notorio conocimiento" por parte de José Antonio Griñán, su
antecesor en el cargo, Manuel Chaves, y todo el Consejo de Gobierno,
no supondrán novedad alguna con respecto a la carta que remitió al
parlamento o lo que ya dijo ante la comisión de investigación
constituida en la cámara andaluza el pasado verano. Sin embargo, el
hecho de que el exinterventor las haya ratificado ahora en sede
judicial tiene mucha mayor trascendencia y explica perfectamente
tanto los denodados intentos del actual gobierno autonómico por
impedir o, por lo menos, retrasar su declaración, como, una vez
frustrados, la decisión de Griñán de anticipar su abandono de la
presidencia de la Junta.
Por su parte, ya podrá la ex viceconsejera de Hacienda y actual
responsable de este departamento, Carmen Martínez Aguayo, insistir
en la versión con la que ha tratado de exculpar a Griñán, según la
cual, no informó a su superior de lo que le alertaban los informes
de Intervención, que semejante trola no se la cree nadie, empezando
por la juez del caso: según atestiguan fuentes del caso la propia
Alaya le habría manifestado al interventor durante su comparecencia
que "ya sabemos que el consejero de Hacienda conoció los informes
que usted emitía".
Y es que, por mucho que Martínez Aguayo esté dispuesta a ofrecerse
como cabeza de turco nadie la cree tan incompetente como para no
apreciar la gravedad de las advertencias que hacia el informe en el
que el interventor pedía expresamente, además, que su contenido se
pusiera en conocimiento del titular de la Consejeria. ¿Se cree
alguien que no informó a Griñán de unas irregularidades que sólo en
2005 provocaron un desfase presupuestario de 93 millones de euros?
¿Se cree alguien que un Griñán y un Chaves que desconociesen dichas
irregularidades no habrían pedido una explicación respecto de a qué
se debía tan monumental trastoque presupuestario? Por otra parte, si
fuera cierto que Martínez Aguayo ocultó todo a su superior, ¿cómo es
que ni ha dimitido ni ha sido cesada en el cargo?
Ya podrá Griñán pretender que el asunto de los ERE tenga
exclusivamente un "cauce judicial", que mucho, mucho tiene que
confiar en la politización de la justicia para creer que ese "cauce
judicial" no va a arrastrarle a él y a Chaves al banquillo.
Funciones prescindibles
Nota del Editor 26 Julio 2013
Está meridianamente claro que si la intervención no sirve para
intervenir, debe desaparecer, del todo. Igualmente cualquier proceso
del estado, debe, obligatoriamente, además de ser transparente y por
tanto ejecutado en idioma español, dejar un rastro de control que
permita responsabilizar al ejecutante.
En el caso de la justicia ocurre lo mismo: si la justicia no es
previsible, si el conocimiento de la ley no garantiza que la
interpretación de los datos es unívoca, podemos sustituir todo el
tinglado judicial por un vaso con dados y el pleito se juega, con el
mismo resultado aleatorio que en la actualidad, salvo los
chanchullos, a un precio infinitamente menor y con desaparición de
estos.
Estos principios pueden aplicarse también a la enseñanza del derecho
constitucional, absolutamente inútil. El tribunal constitucional
entra en el punto anterior.
Un alzamiento justificado
José Utrera Molina www.gaceta.es 26 Julio 2013
Quiero declarar aquí que fui testigo del inicio del Alzamiento
Nacional el 18 de julio de 1936. Tenía sólo 10 años, pero el
alboroto, el sobresalto y la anarquía llegaban por aquel entonces a
las proximidades de mi casa. En esa tarde del 18 de julio permanecí
en mi pequeño jardín con un íntimo amigo que se llamaba Enrique
Morante Villegas, que años después y a edad muy joven, marchó a la
División Azul.
Aquella tarde comenzamos a escuchar disparos que él atribuía a
fuegos de artificio. Sólo unas horas después, Enrique Morante tuvo
que presenciar el asesinato de su padre que fue arrojado por un
balcón de la vivienda que habitaban por una miliciana enardecida y
rencorosa. Nunca tuvo una palabra de rencor y de odio hacia los que
habían asesinado a su padre. Mantenía una actitud de fidelidad a
nuestros símbolos primeros. Él y yo habíamos pintado en la fachada
las flechas rojas que unos amigos mayores nos habían mostrado. Nos
parecía que llevábamos a cabo una heroicidad.
El 18 de julio que yo presencié en Málaga fue una explosión
revolucionaria donde el eco del rencor y la muerte invadió toda la
ciudad. Todas las noches, desde mi casa, oíamos los disparos de un
lugar cercano donde caían fusilados cientos de malagueños. Aún
recuerdo las largas colas de mujeres y hombres que iban a ensañarse
con los cadáveres. Mis ojos no daban crédito. No entro a considerar
las razones de aquellas huestes bárbaras y devastadoras.
Posiblemente era el resultado de muchos años de escandalosa
injusticia social, aventado por los comisarios políticos de la
Komintern.
Pasados siete meses, Málaga fue liberada de aquella situación
insostenible. España entera había sufrido análogas y dramáticas
circunstancias. Ya se había declarado una guerra entre hermanos y en
las trincheras unos alababan la patria y otros maldecían su
existencia. Yo defiendo con toda mi alma la justicia de aquel
alzamiento militar. No niego que hubiese razones en las que el bando
contrario encontrase una justificación de sus posiciones, pero lo
cierto es que España estaba dividida en dos mitades irreconciliables
y no era posible la paz.
El Alzamiento no fue un intento grosero de liquidar al oponente,
sino una necesidad imperiosa de defender a la patria y a la fe
frente a quienes las perseguían con saña inusitada quemando
iglesias, asesinando brutalmente a religiosos y seglares y exaltando
la Unión Soviética frente a la propia patria. El propósito del
movimiento nacional no fue otro que rescatar a España del riesgo
cierto de caer en manos del comunismo libertario. Ante esa
situación, españoles de muy diversa condición se unieron en la
defensa de Dios y de España en torno al Ejército, la Falange y el
Requeté, haciendo de su vida una generosa ofrenda.
Para mí, que era entonces muy pequeño, el 18 de julio fue al
principio una espina que atravesaba mi corazón sin paliativos, pero
hoy es un recuerdo vigoroso y gallardo, sobre todo frente a los que
se empeñan en extender día tras día la gran mentira sobre el
movimiento nacional y el 18 de julio. Nadie niega que aquella
situación fuera durísima y que en una parte y en la otra se
produjeran situaciones injustificables. Pero no perdamos nunca de
vista que la idea de la salvación de España estuvo en un lugar
mientras que en el otro, su destrucción y su aniquilamiento eran las
consignas. El clamor extendido en Madrid del ¡Viva Rusia! y el
ensalzamiento del materialismo marxista, fueron las claves que
explican que España tuviese que ofrecer al mundo la primera derrota
del comunismo internacional.
Hoy pedimos a Dios que no vuelvan otra vez tiempos de ensañamientos
y de beligerancias sino que nos incorporemos de verdad a una tarea
común con olvido de trágicas situaciones superadas. Reina la paz en
España, pero en el horizonte de nuestra patria están cuajando densos
nubarrones en los que aflora la mentira, la falsedad y la
injusticia. Si hubo un grito unánime y vigoroso en aquellos días
aciagos de mi infancia fue el de ¡Arriba España!. Aquel grito era la
manifestación de una voluntad colectiva de levantar al país de la
ruina y la destrucción hacia la realidad confortadora de una España
unida en paz. Yo he servido estos ideales durante los años que duró
el Estado del 18 de julio. No he traicionado su espíritu, he
comprendido su justificación y, sobre todo, en mi memoria limpia y
en muchas ocasiones rejuvenecida, permanece viva la imagen de un
hombre atrozmente asesinado en las tierras de Alicante que se llamó
José Antonio Primo de Rivera y de Francisco Franco, que levantó a
España de una postración secular proyectándola hacia un futuro de
paz y prosperidad.
Declaro aquí, una vez más, mi lealtad al espíritu del 18 de julio y
aspiro a que algún día los españoles comprendan el necesario
sacrificio de aquel grupo de hombres que alzó sus estandartes y
banderas soñando y amando la verdadera libertad de España, por la
que combatieron con espléndido sacrificio e indudable heroísmo.
José Utrera Molina es abogado y ex ministro.
Rosa Díez y Gaspar Llamazares reclaman la comparecencia de Gallardón
en el Congreso
¿Quo Vadis, Supremo? Las últimas sentencias exculpatorias disparan
las sospechas de un apaño para tapar la ‘tangentopoli’ española
El Tribunal Supremo se ha colocado en el centro de la sospecha
política después de exonerar al exministro José Blanco de culpas en
el ‘caso Campeón’, de librar al expresidente balear Jaume Matas de
pisar la cárcel y de archivar la investigación abierta por presunto
cohecho a la presidenta navarra, Yolanda Barcina. Tres decisiones en
solo una misma semana sobre la ‘tangentopoli’ a la española que han
disparado las sospechas de un apaño del PP y el PSOE con el poder
judicial para esconder los casos de corrupción, evitarse daños
caseros y velar por la imagen exterior de España.
Nacional www.vozpopuli.com 26 Julio 2013
A la ‘tangentopoli’ española le haría falta un Antonio Di Prieto, el
juez que saltó a la fama en la Italia de los noventa por combatir la
corrupción que se había infiltrado en los principales partidos y
empresarios del país. Aquí, en España, comentan fuentes
parlamentarias, la buena relación que mantienen Alfredo Pérez
Rubalcaba, el exministro del Interior Antonio Camacho y el actual
titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha servido, entre otras
cosas, para que el PSOE apenas haya levantado la voz ante lo que
muchos de sus diputados definen como “la toma del Consejo del Poder
Judicial por parte del PP”, una operación que terminará de cerrarse
el próximo 24 de septiembre con la renovación de sus 20 vocales. En
los últimos meses, ha habido mucho cambio de cromos entre el
Gobierno y el PSOE en el ámbito judicial, entre otras razones porque
ambos tienen casos pendientes de enorme trascendencia que pueden
acabar en los raíles del Tribunal Supremo, una institución que en
solo cinco días ha sacado de apuros a personajes tan dispares como
el exministro socialista de Fomento José Blanco –“He sido víctima de
un infundio que ha fracasado” –, el expresidente balear del PP Jaume
Matas –“La verdad se acabará imponiendo” – o la presidenta navarra
de UPN Yolanda Barcina: “Quedan en mal lugar las personas que ya
habían emitido mi condena”. El primero estaba acusado de
prevaricación, cohecho y tráfico de influencias y ha salido absuelto
de los tres delitos. Hace dos días, Alberto Ruiz Gallardón
condecoraba al que ha sido ponente de la sentencia, el exfiscal
general del Estado en la etapa socialista Carlos Granados, junto a
otros antiguos compañeros que ocuparon el mismo cargo como Jesús
Cardenal o Cándido Conde-Pumpido. Matas ha sido condenado solo por
tráfico de influencias, pero se libra de pisar la cárcel. Barcina se
salva de la acusación de cohecho por el cobro de dietas en Caja
Navarra.
Gaspar Llamazares (IU) y Rosa Díez (UPyD) son los que más clara ven
la secuencia de las últimas decisiones tomadas por el Supremo. “Nada
de lo que está ocurriendo es casual. El Supremo se ha convertido en
un poder en sí mismo, nunca en democracia había habido tal ocupación
del poder judicial por parte de un partido y ya ni siquiera se
mantiene la estética. Gallardón ha vejado a los jueces, pero ha
decidido mimar al Supremo, por algo será”, mantiene el primero.
“Parece que hay un tufillo de pacto no escrito entre los dos grandes
partidos para que se tapen algunos de los casos más escandalosos de
corrupción y se concluya rebajando su importancia”, concluye la
segunda. Tanto IU como UPyD han solicitado la comparecencia de
Gallardón en el Congreso para que rinda cuentas de lo que está
sucediendo en las altas instancias judiciales.
En medios parlamentarios, la levedad del Supremo con los casos de
corrupción ha disparado las sospechas de un apaño entre los dos
grandes partidos en un momento en el que sus direcciones saben que
la desafección hacia los políticos reflejada en todas las encuestas
les sacude por igual y les mueve a negociar en la sombra acuerdos
orientados a compartir la influencia en las grandes instituciones
del Estado, incluidas las judiciales.
En medios parlamentarios se acusa al ministro Gallardón de haber
entrado en el poder judicial “como un elefante en una cacharrería”,
en la creencia de que el Supremo puede convertirse en un juguete tan
fácil de manejar como ha resultado ser, finalmente, el Consejo
General del Poder Judicial, máximo órgano de gobierno de los jueces
e, incluso, el Tribunal Constitucional. Hay magistrados que ven en
las últimas decisiones del Supremo “una torpeza infinita”, sobre
todo si, como algunos de ellos sostienen, han estado influidas por
las prisas de las secciones que han intervenido en ellas por cerrar
algunas sentencias y comenzar en septiembre el nuevo año judicial
sin tantos asuntos pendientes.
El tiempo dirá si el supuesto cambalache entre los dos grandes
partidos tiene recorrido y continúa el cambio de cromos, pues
algunos grupos parlamentarios interpretan los pasos dados en este
final de julio por el Supremo como el anticipo de las decisiones que
puede terminar tomando en procesos de tanta envergadura como el que
afecta a Iñaki Urdangarin y al prestigio de la propia Monarquía, una
vez que el juez José Castro emita su sentencia y, previsiblemente,
sea recurrida. En el llamado 'caso Nóos' está imputado también el
expresidente balear Jaume Matas. Además, tiene su origen en la
presunta adjudicación irregular de contratos y en la posible
comisión de los delitos de cohecho, prevaricación y malversación de
fondos públicos. “Puede ser que el Supremo solo haya enseñado la
patita, teniendo en cuenta que Matas se enfrenta todavía a 18
procesos abiertos por el caso Palma Arena”, apuntan fuentes
parlamentarias. La instrucción de este último caso está también en
manos de Castro.
Rubalcaba y el ex ministro socialista Antonio Camacho son los
interlocutores habituales del ministro de Justicia para los asuntos
más espinosos
Las mismas fuentes se manifiestan convencidas de que éste y otros
asuntos de gran trascendencia política están siendo abordados en los
frecuentes almuerzos que Ruiz-Gallardón mantiene con el presidente
del Consejo del Poder Judicial y del Supremo, Gonzalo Moliner. Y lo
que es una evidencia es también la preocupación que el ministro ha
compartido con el actual núcleo dirigente del PSOE sobre el
perjuicio que la ola de corrupción le está causando a España en el
mapa internacional, con una parte de la prensa anglosajona dando ya
por enterrado el bipartidismo. Son piezas del mismo puzzle.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Política penitenciaria
Arrepentidos y disociados
Mikel Buesa Libertad Digital 26 Julio 2013
En diciembre de 1979, el gobierno italiano, con la finalidad de
dotarse de instrumentos legales para combatir a la Brigadas Rojas,
promulgó un Decreto-Ley de Medidas Urgentes para la Tutela del Orden
Democrático y la Seguridad Pública en el que se introducía en el
derecho penal, por primera vez, la figura del arrepentimiento. La
doctrina así instaurada establecía la posibilidad de que los
terroristas pudieran ser excluidos de la punibilidad si se
arrepentían y se convertían en delatores, ayudando a la justicia a
castigar a sus anteriores camaradas. Nació de esta manera el tipo
penal del arrepentido, aunque esta denominación era puramente
retórica pues lo esencial en ella era que quien la adoptara se
transformara en un chivato. Leonardo Sciascia, atento observador de
la realidad judicial y política italiana, escribió al respecto en el
Corriere della Sera, varios años más tarde, lo siguiente:
Curiosa e invertida idea (la) del arrepentimiento que no sólo nada
tiene que ver con la conciencia, con la aparición o revelación de
sentimientos humanos o principios morales, sino que es un sinónimo
exacto de delación.
El caso es que, aunque se registraron algunos logros con esta figura
de los arrepentidos, éstos fueron insuficientes para conseguir la
defección de un número significativo de brigadistas, entre otras
cosas porque muchos de ellos –debido, como observó Sciascia, a "su
condición periférica respecto a los núcleos subversivos"– tenían
poco que ofrecer a las autoridades judiciales. Esta fue la razón por
la cual, unos años más tarde, en 1987, Italia, innovando nuevamente
en el derecho penal, reguló la figura de la disociación, con la que
se extendía el tratamiento premial a los terroristas que, sin haber
colaborado con la justicia, se desvinculaban definitivamente de las
organizaciones a las que habían pertenecido.
La disociación o desvinculación tenía, según la ley italiana,
algunas singularidades que conviene retener. En primer lugar, se
trataba de una situación cerrada, de manera que los disociados sólo
lo podían ser a fecha fija: hasta treinta días después de la entrada
en vigor de la ley; no como los arrepentidos que podían acogerse a
los beneficios penales en cualquier momento. En segundo término, era
una situación reversible, de manera que los disociados cuya conducta
ulterior no fuera compatible con su condición, podían ver revocados
los beneficios penitenciarios que habían obtenido. Y en tercer
lugar, esos beneficios eran bastante generosos –entre la cuarta
parte y la mitad de las penas, además de la libertad condicional
para los condenados a menos de diez años o la fijación de un período
máximo de cumplimiento de 22 años y medio–, excepto para los
condenados a cadena perpetua por devastación, saqueo o masacre, que
quedaban excluidos de la aplicación de la ley.
Esta doctrina italiana estaba disponible en mayo de 1988, cuando en
España se modificó el Código Penal para introducir en él la
justificación jurídica de una política de reinserción de terroristas
que se venía practicando bajo cuerda desde los acuerdos de 1982
entre Juan José Rosón, a la sazón ministro del Interior, y Juan Mari
Bandrés y Mario Onaindía, en nombre de ETA político-militar. Y fue,
en efecto, el ejemplo italiano el que se adoptó como referencia en
nuestra ley penal. Los legisladores pudieron incorporar las figuras
del arrepentimiento y la disociación, pero sólo lo hicieron en el
primer caso, de manera que, desde entonces, los
terroristas-delatores pueden acceder, en determinadas condiciones,
al tercer grado y la libertad condicional. En la actual redacción de
la norma, esas condiciones incluyen, además de haber cumplido una
elevada proporción de la pena impuesta, que "el penado muestre
signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios de la
actividad terrorista y además haya colaborado activamente con las
autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos...,
bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la
identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos
terroristas".
Está claro, por tanto, que la voluntad del legislativo español fue
identificar el arrepentimiento con la delación, como ya había
ocurrido en Italia. Pero no quiso entrar a premiar con beneficios
penitenciarios a aquellos reclusos terroristas que simplemente se
desvincularan de las organizaciones a las que habían pertenecido. La
disociación quedaba excluida del horizonte conceptual del derecho
penal español, salvo para considerarla como una circunstancia
atenuante del delito.
Sin embargo, una cosa es la teoría jurídica y otra la práctica penal
sujeta a las conveniencias de la política, porque, curiosamente, en
España, desde 1988 apenas ha habido terroristas arrepentidos en el
sentido de la doctrina penal –o sea, delatores, chivatos o
colaboracionistas– y, sin embargo, ha habido 138 etarras a los que
se han aplicado beneficios penitenciarios en virtud de los artículos
76,78 y 90 del Código Penal. No son muchos y, de hecho, sus casos no
han servido para dañar la posición dominante de ETA entre los
reclusos de su organización. Pero lo relevante ahora es destacar
que, cuando las autoridades penitenciarias y penales les concedieron
esos beneficios, lo hicieron bajo el argumento central de que se
habían desvinculado de la banda terrorista o, si se prefiere, de que
su arrepentimiento se concretaba en su disociación con respecto a
ETA. Dicho de otra manera, esas autoridades se han plegado a una
doctrina no reconocida por el legislador. Los recientes casos de
Joseba Urrusolo Sistiaga y Valentín Lasarte lo evidencian con
meridiana claridad.
Personalmente, a pesar de haber sufrido los daños del terrorismo por
el asesinato de mi hermano Fernando, no albergo el menor
resentimiento con respecto a los miembros de ETA. Ni tampoco deseo
que su tratamiento penal constituya una especie de venganza. Por
ello, creo que, para que se haga simplemente justicia, las
resoluciones relativas a los presos de ETA deben ajustarse
estrictamente a la ley y a la doctrina penal establecida en ella. De
ahí que me parezcan una burla las decisiones que últimamente se
adoptan en el juzgado de vigilancia penitenciaria de la Audiencia
Nacional o las pretensiones de una "flexibilización de la política
penitenciaria", como ha reclamado recientemente el lehendakari Iñigo
Urkullu. Pero no sería yo quien se opusiera al dirigente vasco si,
en vez de recomendar que se haga la vista gorda, por medio de su
grupo en el Congreso de los Diputados, ya que el PP no parece
dispuesto a mover nada en este terreno, propusiera incorporar la
figura de la disociación a nuestro corpus legis de un modo similar
al italiano. Tal vez, entonces, la política penitenciaria podría
contribuir a la definitiva derrota política de ETA.
Cataluña / el oasis catalán
Ley de hierro
miquel porta perales ABC Cataluña 26 Julio 2013
Comparado con el «caso Bárcenas», el eco del Palau es mínimo. El
oasis catalán es eso
LA primera ley de hierro del oasis catalán: el eco de los presuntos
casos de corrupción en Cataluña, así como de los escándalos
políticos reales o potenciales que protagonizan los partidos
catalanes, es inversamente proporcional al poder que se detenta en
el Parlament. A más poder, menos eco público en Cataluña.
La segunda ley de hierro del oasis catalán: el eco de los presuntos
casos de corrupción en España, así como de los escándalos reales o
potenciales que protagonizan los partidos españoles, es directamente
proporcional al poder que se detenta en el Congreso. A más poder,
más eco público en Cataluña.
Menudo escándalo -¡cuántas lecciones de ética y estética se han
desparramado estos días por la tierra catalana!- el que se ha
formado -hablo del eco mediático- al saberse que un miembro del
Tribunal Constitucional había militado en el PP. Veamos. ¿Por qué no
se arma escándalo parecido -a la medida de lo que corresponde a una
Comunidad Autónoma- con el Consejo de Garantías Estatutarias, si
tenemos en cuenta que CiU y ERC controlan dicho organismo al haber
colocado a algún militante y diversos simpatizantes? Con dicho
perfil, ¿sus miembros son compatibles con el desempeño del cargo?
¿Pueden ser neutrales? Si lo son, ¿por qué unos sí y otros no?
Obvio: el asunto ha tenido escasa repercusión en la opinión
publicada en Cataluña.
¿Qué decir de la renovación de la Sindicatura de Cuentas de la
Generalitat de la cual se ha excluido -CiU, ERC y PSC lo han hecho-
a quien destapó el presunto caso de corrupción del consorcio
sanitario Centros Médicos Selva Maresma que afectaría a algún
militante de un partido del Govern? De ruido, poco.
En otro lugar, con otros partidos implicados, sería diferente. El
saqueo del Palau: imputados, CiU responsable civil a título
lucrativo y sede embargada, más de cinco millones en comisiones,
entidades financieras que no facilitan datos, enriquecimiento
personal. Comparado con el «caso Bárcenas», el eco del Palau es
mínimo. El oasis catalán es eso.
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