AGLI Recortes de Prensa   Viernes 26 Julio 2013

Gobierno omnipotente
Stop impuestos
Jorge Valín  www.gaceta.es  26 Julio 2013

Los impuestos han aumentado 30 veces en esta legislatura.

Según el INE, el gasto total de una familia media en un año es de unos 30.000 euros. Si lo desglosamos, el mayor esfuerzo viene de la alimentación y todo lo relacionado con la vivienda. El INE no mide un dato en esta tabla sin embargo, los impuestos. Contando todos los que paga (IRPF, IVA, IBI, impuesto de matriculación, seguridad social…), la distribución media que usted desembolsa al Gobierno está entre un 30% y un 50% de su renta anual bruta. ¿Y qué le devuelve el Gobierno de todo esto? Más bien poco. El Gobierno gasta de forma irracional el dinero del ciudadano ya que no es suyo. Sin ir más lejos, en la última semana se gastó más de seis millones de euros en la integración de inmigrantes; 3,3 millones en subvenciones a patentes; 600.000 euros en cursos de verano; más de 13 millones de euros en una subvención trimestral —sí, trimestral— a los partidos políticos; el Gobierno ha regalado 340.000 euros a Brasil por no sé qué absurda excusa; y así de forma interminable. Cada semana vuelan cientos de millones en tonterías.

Cuando a alguien le sacan su dinero bajo amenaza, se le llama robo. Y todos los impuestos se recaudan bajo este tipo de coacción. Teniendo en cuenta que este Gobierno ha aumentado treinta veces los impuestos al ciudadano, podemos considerar que vivimos en un Estado de latrocinio permanente. Estamos bajo un Gobierno de ladrones que gastan de forma incompetente nuestro dinero. Pero la realidad es que los Gobiernos anteriores no fueron mejores. Desde 1965, España es el país donde que más ha subido la presión fiscal en Europa y el segundo del mundo según la OCDE. Desde los 60, la presión fiscal ha aumentado en nuestro país un 120%. Sin embargo, en otros lugares como EE UU prácticamente no se ha movido.

Este mismo año habrá más subidas de impuestos, y aunque el Gobierno lo está negando, no es nada descartable que suban el IVA otra vez, no solo el reducido, sino también el general. Pese a que hay muchos grupos que se están manifestando y organizando para pedir más Estado, esto es, más impuestos e incompetentes manirrotos en el poder, pocos parecen ver que la solución no puede ser lo que ha originado, en parte, el problema.

Hacer manifestaciones, votar a la oposición, o imaginarse cosas fantasiosas como políticos responsables y preocupados por la ciudadanía, no arreglará nada. Nuestro poder adquisitivo va a reducirse con el tiempo para traspasarlo a los políticos y sus grupos de presión económicos y civiles. Le dirán que es por el bien común y cosas así, pero la realidad es que si el bien de todos significa ser más pobre, no hay aumento de bienestar real. El Gobierno es el mayor obstáculo ahora mismo entre el hombre y su bienestar. Ha de ser reducido hasta que ni notemos que existe, pero será incapaz de hacerlo por sí mismo. No hay fórmulas políticas ni comunes para salir de la crisis, sino individuales y unilaterales. Cualquier persona evita a los ladrones y esconde su dinero de la amenaza de estos. Por más que el ladrón nos diga que ejerce su trabajo por nuestra seguridad, mejor convivencia y bienestar, no hemos de tratarlo como a un criminal diferente, ni ofrecerle nuestro dinero en bandeja, ni votarle, ni hacer caso a sus promesas cuando afirma que nos robará menos en 2015. No tiene credibilidad ni legitimidad. No pagar impuestos no solo es una medida de supervivencia individual, sino moralmente responsable.

Gobierno omnipotente
Los absurdos impuestos al trabajo en España
por
Jorge Valín www.gaceta.es  26 Julio 2013

Si queremos prosperidad y bajar de verdad la tasa de paro, los impuestos al trabajo han de ser abolidos y la burocracia reducida.

Hace un par de días el portal Actibva hizo una infografía sobre la estructura impositiva que tenemos los españoles en el trabajo. Rápidamente la información se expandió por Internet como la pólvora, y no es para menos.

El portal del BBVA afirma que el 37% de nuestro sueldo original, esto es, el que nos paga la empresa, se lo queda el Estado. En un ejemplo, si el empresario desembolsa por nuestro trabajo 2.019 euros, a final de mes solo percibimos 1.269 euros.

No deja de ser impactante que en un país donde el empleo escasea y tenemos una de las tasas de desempleo más vergonzantes del mundo, el Gobierno expolie al trabajador de esta forma. De hecho, un impuesto de este tipo solo lo encontramos en aquello que el Gobierno considera productos “nocivos” como el tabaco, el alcohol o combustibles. ¿Tenemos impuestos tan altos al trabajo porque es malo?

España vs Nueva Zelanda
Según las estadísticas de la OCDE, la presión fiscal al trabajo en España es algo mayor a los cálculos de Actibva, del 41% (Country Submissions, OECD Economic Outlook Volume 2012). Tenemos unos impuestos al trabajo muy superiores a la media de resto de países. En el otro extremo nos encontramos con Nueva Zelanda. Ahí se sitúan en el 16%. Curiosamente el país oceánico tiene más o menos la misma presión fiscal que España, esto es, los Gobiernos de ambos países recaudan el mismo dinero en porcentaje del PIB (una tercera parte de la producción total). Pero lo que de verdad es demoledor es si comparamos las cifras de desempleo de los dos países.

Mientras que Nueva Zelanda tiene un paro del 6%, en nuestro país está en el 27% en cifras trimestrales. Hay dos razones que explican de forma muy sencilla este gran abismo. El primero son los impuestos al trabajo mencionados. En Nueva Zelanda, ni el trabajador ni la empresa pagan impuestos. Además, el Gobierno facilita el trabajo a los emprendedores y cualquier empresa con casi ningún trámite burocrático y una amplia libertad de mercado. Gracias a esto es una los países más prósperos del mundo.

Los impuestos son una penalización a aquello que se le imputa el tributo. Si son al empleo habrá más paro
Pero si Nueva Zelanda tiene la misma presión fiscal que España, ¿de dónde obtiene su Gobierno el dinero? La gran diferencia en su estructura impositiva viene del gravamen a los productos y servicios que es muy alto comparado con el resto de países. En cualquier país decente saben que los impuestos son un coste, una penalización a aquello que se le imputa el tributo. Cuantos más impuestos al trabajo, más desempleo se creará, cuanto menos, más trabajo para todos y eso significa más riqueza para el ciudadano. No hace falta ser doctor en economía para llegar a tal conclusión, siempre y cuando no sea un político español, claro.

En España no solo tenemos unos impuestos altos en todo. De hecho, somos de los países de la UE donde mayor es el esfuerzo fiscal, esto es, somos los ciudadanos de Europa donde más nos cuesta pagar nuestros tributos. Además, la estructura impositiva parece estar hecha por un demente.
Si queremos prosperidad y bajar de verdad la tasa de paro, los impuestos al trabajo han de ser abolidos. Y eso significa que el Estado, a la vez, también elimine burocracia absurda y haga un plan de austeridad real.

Cada día nos dicen que tenemos un Gobierno austero, pero la realidad es que los presupuestos anuales del Estado crecen año tras año sin mencionar el descontrol total de la deuda gubernamental que ya acumula, contando todos los gastos, el 117% del PIB.

Que se dejen de absurdos planes de empleo que solo suponen gastar más dinero y tienen cero repercusión en la creación de trabajo. Simplemente eliminen los malditos impuestos y que nos dejen en paz de una vez.

La dimisión a plazos de José Antonio Griñán
Editorial www.gaceta.es  26 Julio 2013

Los políticos están tan acostumbrados a disfrazar la verdad que a Griñán no se le ha ocurrido otra razón para explicar su cadena de renuncias que los manoseados motivos personales. Sin embargo, este último anuncio de su largo ocaso se produce un día antes del interrogatorio judicial al interventor general de la administración autonómica, Manuel Gómez, y hay muchas razones para suponer que tales actuaciones muy bien puedan llevar a la juez Alaya a imputar al actual presidente en la trama corrupta de los ERE. Griñán trata, pues, de separar su futuro procesal de la Presidencia de la Junta para garantizarse una herencia ordenada, porque, aunque es muy discutible que eso sea lo que conviene a los andaluces, parece evidente que esa distinción, por apresurada e hipócrita que resulte, favorece los planes políticos de Griñán, e incluso los de Rubalcaba, que podrá presentarse el primero de agosto ante Rajoy sin la rémora de un presidente autonómico imputado.

Seguramente ha pesado más en Griñán el cálculo sobre su interés y su aforamiento que el intento de ayudar a Rubalcaba, porque el PSOE es, a día de hoy, todo menos un partido en el que sus dirigentes y militantes compartan un proyecto claro. El único proyecto de Griñán es tratar de minimizar los riesgos, sin perder el control sobre la Junta de Andalucía y sobre ese tradicional granero de votos. Es verdad, por tanto, que sus motivos para dimitir “son varios y de diversa naturaleza”, pero es muy poco creíble que haya descubierto apenas unos meses después de su investidura razones de carácter personal y familiar determinantes, tal como ha dicho para explicar una huida en toda regla. Puestos a mentir, Griñán ha decidido no quedarse corto, y ha excluido como motor de su decisión la posibilidad de ser imputado. La afición de los políticos a presentarnos una imagen edulcorada de los motivos de sus decisiones no parece tener límite.

Por lo demás sus afirmaciones sobre la responsabilidad que le corresponde como antiguo consejero de Economía no se sabe si son peores por lo que niega, que nunca recibió un informe del interventor, o por lo que dan por supuesto, que se trata de temas y de informes que, al parecer, no requerían la atención de un político tan importante.

La juez Alaya parece guiar sus pasos con una calculada prudencia para evitar que el caso se le escape de las manos si imputa a Griñán antes de ser estrictamente necesario. Al hacerlo así, está prestando un señalado servicio a la Justicia, evitando la ingerencia de los controles políticos, y ofreciendo a los andaluces un análisis muy preciso de las formas de gobernar que el PSOE ha ido cultivando a lo largo de un período que ya debería haber acabado hace tiempo y que solo ha podido subsistir merced a la mentira y la corrupción.

La puntilla
Alfonso Merlos La Razón  26 Julio 2013

Tocado y hundido. Políticamente sentenciado. Y arrastrado hasta un tortuoso berenjenal judicial que veremos cuándo y dónde y cómo termina. Griñán lo supo y enmudeció. Ya no cabe la menor duda. Conoció los delitos, o como mínimo las irregularidades, que se perpetraban bajo la manta de los ERE falsos. Y no pestañeó.

La pregunta en consecuencia es por qué. ¿Tenía algún interés confesable o inconfesable? ¿Qué ganaba? ¿De qué participaba? ¿En qué grado? ¿A quien respondía? ¿Reportaba directamente a Chaves? Y si lo hacía, ¿en calidad de qué: de presidente del PSOE o de la Junta de Andalucía?

No le demos muchas mas vueltas. Escuchado lo escuchado, leído lo leído y declarado lo declarado ante Alaya en los tribunales, se hace inevitable y urgentísimo oír de sus labios a quien hace dos días ha dado la espantada por motivos de toda índole, pero todos obvios.

Aquí no hay una operación político-jurídica para sepultar la reputación de nadie ni hundir su carrera, tampoco la del otrora Consejero de Economía y Hacienda. Sencillamente hay una profesional del Derecho como la copa de un pino que está ayudando a todos los españoles a tener un conocimiento preciso acerca de quiénes nos han robado, cuánto y cómo; y por supuesto que está en el noble ejercicio de aplicación de la Ley, sin artificios ni adornos ni manías ni sectarismo.

Lo quieran ver o no los socialistas, con el testimonio de ayer se da definitivamente la puntilla a Griñán; o sea, se destruye una figura señera de la izquierda andaluza que, por incompetencia o a través e actos delictivos, ha llevado a la ruina a buena parte de sus paisanos. Aquí hay una factura pendiente de pago. Quizá le toque pagarla. No siempre se libran «los de arriba».

Los malos buenos datos del paro
Juan Ramón Rallo www.vozpopuli.com  26 Julio 2013

Los datos de desempleo del segundo trimestre de 2013 han sido recibidos con enorme alborozo por el Gobierno y sus periodistas cortesanos. No es para menos: se trata de la mayor caída del paro desde que comenzó la crisis y el número de desempleados desciende de la fatal cifra de seis millones de parados. Desde luego, no se trata de afirmar que como tales sean malos datos, pero sí de aclarar que no son, ni mucho menos, tan buenos como el PP pretende hacernos creer. Básicamente por cuatro motivos:

1) Un tercio del descenso del número de parados (225.200 personas) se debe, simple y llanamente, a que la gente está dejando de buscar activamente empleo. La población activa se redujo en el segundo trimestre en 76.100 españoles. Se trata del cuarto trimestre consecutivo de caída, lo que implica que en los últimos doce meses 350.000 ciudadanos han tirado la toalla a la hora de buscar un trabajo dentro de nuestras fronteras. Especialmente destacable la caída de este trimestre, no por ser la mayor de toda la serie, sino por ser claramente anómala. Lo lógico y habitual es que la mayor parte dela gente busque empleo precisamente en los meses que anteceden a verano: en el segundo trimestre de 2011, la población activa aumentó 75.000 personas, en el de 2010 en 115.000 y en la fortísima recesión de 2009 apenas se redujo en 19.000. Este año, sin embargo, el desplome ha sido de 76.000: un dato que no termina de casar demasiado bien con el renovado optimismo y dinamismo que, según el Gobierno, empieza a mostrar nuestra economía.

2) Dejando de lado la reducción del paro debida al descenso de la población activa, la gente que realmente posee un empleo (la población ocupada) ha crecido en 149.000 personas. De hecho, el empleo en el sector privado ha aumentado en 151.000, el mayor repunte desde que comenzó la crisis: en el segundo trimestre de 2011, por ejemplo, el número de ocupados en el sector privado creció en 120.000. Sin embargo, si ponemos en relación el aumento del número de ocupados en el sector privado con el número de parados del trimestre inmediatamente anterior (no es lo mismo crear 1.000 empleos cuando el paro total es de 2.000 que cuando es de 100.000), las cifras ya no son tan excepcionalmente positivas: en número de empleos creados en el segundo trimestre de 2013 equivale al 2,4% de los parados del primer trimestre de este año… idéntico porcentaje al del empleo creado en el segundo trimestre de 2011. Mas existe otro dato todavía más preocupante: en términos desestacionalizados, el número de personas ocupadas no aumentó este trimestre, sino que cayó un 0,29%; un ritmo significativamente superior al descenso del 0,12% registrado en el segundo trimestre de 2011.

3) Las anteriores cifras ponen de manifiesto, en tercer lugar, que estamos ante una creación de empleo puramente estacional y vinculada a la temporada estival. No en vano, los contratos temporales han aumentado en 162.000 (una cuantía casi calcada al aumento de 157.000, acaecido en el segundo trimestre de 2011), mientras que los indefinidos siguen minorándose en 50.000 (frente al aumento de casi 15.000 en el segundo trimestre de 2011). Además, el empleo creado es fundamentalmente a tiempo parcial (56.000 a tiempo completo frente a los 130.000 del segundo trimestre de 2011) y, salvo excepciones, se halla concentrado en las comunidades autónomas marcadamente turísticas: Baleares crea 70.000 empleos en el sector privado (la ocupación crece un 16,5% en sólo en un trimestre) y Andalucía 61.000; el resto autonomías, a duras penas mantienen su nivel de empleo del trimestre previo, en algunos casos con la maquilladora influencia del sector público.

4) Y es que probablemente el elemento más negativo de los últimos datos de la EPA sea la constatación de que el ajuste en el empleo público se ha parado en seco. Si a lo largo de 2012, el número de ocupados en el sector público se había reducido entre 50.000 y 70.000 personas por trimestre, en los últimos tres meses apenas lo ha hecho en 3.000 personas. Algunas regiones incluso han exhibido incrementos notables del empleo público: en Castilla-La Mancha, aumenta un 6,5%; en Navarra un 3,8%, en Extremadura un 3,3%, y en Murcia un 1,6%; tres de ellas, por cierto, gobernadas por los ultraliberales austericidas del Partido Popular.

El riesgo de la autocomplacencia
Con las aparentemente buenas cifras de desempleo corremos el riesgo de caer en la autocomplacencia broteverdista: pensar no sólo que hemos tocado fondo, sino que la economía española sólo puede ir inevitablemente para arriba, de manera que se torna innecesario proseguir por la imprescindible senda de los ajustes y las reformas. No cabe ninguna duda de que el Gobierno se ha agarrado como clavo ardiendo a semejante discurso populista –pues gracias a él puede argumentar que el déficit público ya no supone ningún problema y que, en consecuencia, no son necesarios más recortes, como ilustra la parálisis del ajuste en el empleo público–, pero el Ejecutivo popular es desde hace tiempo un caso perdido del que nada bueno se puede esperar. En este caso el riesgo procede, en cambio, de que la población también se sume a semejante irreal percepción: en junio, por ejemplo, el Indicador de Confianza del Consumir que elabora el CIS ya experimentó un aumento histórico debido a que las expectativas de las familias españolas sobre su futuro (no sobre su presente) habían mejorado de manera muy notable. Nada necesitaríamos menos que un sector privado que paralizara los únicos escasos y saludables ajustes que han tenido lugar en la economía española durante los últimos años.

Pero a eso conduce la propaganda gubernamental aderezada de datos no demasiado catastróficos: a dormirnos en los laureles mientras los fundamentales de la economía, por mucho que en general estén mostrando una tímida mejoría, sólo nos indican que seguimos instalados en una zona de altísimo riesgo… especialmente si no continuamos corrigiendo los enormes desequilibrios heredados de la época de la burbuja y que ahora el PP se afana en consolidar con el propósito de exhibirlos urbi et orbi como inequívocos brotes verdes. Dejar de caer gracias a nuevas horneadas de crédito barato no es lo mismo que comenzar a crecer con salubridad. Pero a eso juega el PP: a crear una miniburbuja de optimismo infundado. Más dura será la caída.

Caso Bárcenas
Las tentaciones del votante del PP
Emilio Campmany Libertad Digital

Teníamos algunos la impresión de que en España el votante del PSOE es más indulgente con la corrupción de lo que lo es el del PP. Quedó demostrado en 1993, cuando Felipe González fue capaz de volver a ganar a pesar de Filesa, y en 1996, donde apenas perdió por unas decenas de miles de votos no obstante los latrocinios que se hicieron al amparo de la lucha contraterrorista. Pero, cabe la posibilidad de que la diferencia sólo esté en que a los simpatizantes del PP no se les ha dado la oportunidad de ser tan permisivos como lo han sido los del PSOE. En las próximas elecciones, podrán demostrar qué son.

Con razón o sin ella, existe la convicción generalizada de que el PP se ha estado financiando ilegalmente durante varios lustros. Si el electorado de derechas fuera tan inflexible moralmente como parece, el PP no tendría nada que hacer cuando vuelvan a abrirse las urnas. Pero, enfrentado a la posibilidad de que su deserción provoque la llegada al poder de una coalición del PSOE con IU, el votante conservador parece cada vez más inclinado a ser tan permisivo como en su día lo fue el socialista y acercarse a los colegios electorales con una pinza en la nariz. Es verdad que las encuestas reflejan una fuerte caída del respaldo popular al PP, pero es más debido a la incapacidad del Gobierno de superar la crisis económica que a las revelaciones de Bárcenas. Si para 2015 nos hemos recuperado, Rajoy puede volver a ganar, a pesar de las acusaciones del extesorero.

Algunos medios de la derecha propician esta bajada de pantalones moral tachando de irresponsables a quienes dan pábulo a las acusaciones de Bárcenas. Lo hacen contradiciéndose porque primero dicen que Bárcenas, como delincuente que se supone que es, carece de credibilidad, y luego se afirma que, aunque fuera verdad lo que el preso cuenta, sería una desgracia para España que comunistas y socialistas se hicieran con el poder. Esta forma de argumentar es la que empleaban los socialistas cuando, estando en el Gobierno, se vieron cercados por infinidad de casos de corrupción. Los nuestros no roban, pero, en el caso de que se demostrara que lo han hecho, hay que seguir votándoles para impedir que gobiernen los otros que siempre, por malos que sean los nuestros, serán peores.

Así están las cosas. Ocurre como en el fútbol. Cuando un equipo se hincha a hacer faltas que no se pitan, al otro sólo le cabe elegir entre rebajarse a jugar con las mismas artimañas o renunciar a ganar el partido. En cualquier duelo, las reglas las impone quien juega más sucio. El PP decidió imitar las trapacerías del PSOE y el electorado de derechas se ve hoy tentado de sancionarlas para evitar una victoria de la izquierda, comunistas incluidos. Si lo hacen, tendremos cleptocracia para rato. Y si no, un Frente Popular. Una delicia, oiga.

Juan Carlos Gafo
Catalanes de mimar
Antonio Robles Libertad Digital  26 Julio 2013

Nunca un fraude lingüístico ha logrado más rentabilidad política como el de "la minoría catalana". La instituyó Pujol en las primeras elecciones legislativas al Congreso de los Diputados para designar a su grupo parlamentario. De esa manera, excluía de su condición de catalanes a centristas, comunistas, socialistas y populares. Él monopolizaba la denominación y acabaría inoculando en el inconsciente colectivo de periodistas, políticos y ciudadanía en general esa obscenidad de identificar a catalanes con catalanistas. Nada más lejos de la realidad.

Contra esa reducción tramposa de intenciones totalitarias, la resistencia en Cataluña al nacionalismo obligatorio ha luchado a brazo partido para corregir a cuantos dentro y fuera de Cataluña generalizaban su rechazo a los rebuznos nacionalistas a todos los catalanes. Es evidente que con escaso éxito en personas que, por su cargo, debieran tener exquisito cuidado en no rebuznar en cuestiones tan delicadas. Es el caso de Juan Carlos Gafo, ex número dos de la Marca España. No sólo ha sido mal educado por utilizar reducciones propias del racismo cultural, sino un pirómano ignorante incapaz de darse cuenta de hasta qué punto daba a los que quería despreciar la mejor munición para redoblar los ataques contra España. Inútiles de ese calibre con carrera diplomática son difíciles de igualar. Ni siquiera su disculpa y dimisión lo salvan. El mal ya está hecho. Y la Marca España arrastrará su pecado original por los siglos mientras el victimismo catalanista tenga algo que obtener. Un gravísimo atentado contra la rehabilitación de la imagen de España y una disculpa más del nacionalismo para no querer saber nada de ella.

No me sirve que los nacionalistas nos estén faltando al respeto todos los días, a todas horas, poseídos por una autosuficiencia moral que aburre y asquea. Poner contraejemplos es ridículo, el agitprop de TV3 nos los renueva cada día. Hemos escrito miles de páginas sobre ello. Incluso como en el sonado exabrupto de Pepe Rubianes contra "la puta España", que en lugar de ser rechazado por políticos y periodistas nacionalistas, lo defendieron con el socorrido "Todos somos Rubianes". Incluida Carmen Chacón, la misma que ahora se ha apresurado a indignarse por lo de "Catalanes de mierda" de Gafo.

Y no me sirve refugiarme en el tú más, porque cuando algo está mal, está mal. Y nadie lo volverá bueno por muy mal que lo haya hecho el adversario. Y Gafo lo ha hecho rematadamente mal, sin disculpa alguna.

Y si alguno considera que esta percepción es contemplativa, que piense en el interés general de España. Aunque sólo sea por interés y no por educación y ética. ¿Cuándo se darán cuenta en el resto de España algunos voceros contra Cataluña que ésta es una sociedad mucho más grande, plural y hermosa que el nacionalismo, que aquí viven y luchan muchos ciudadanos que nada tienen que ver con ellos? ¿Acaso no vieron en el error de Wert cuando dijo: "Hay que españolizar a los alumnos catalanes (…)", que estaba dando munición gratis a los nacionalistas sin enterarse? Vean el vídeo y verán que apañados son para sacar partido a cualquier frasecita de estas tan usadas por ellos, pero sólo insoportables en nosotros.

Gafo, sin darse cuenta, pasará a ser un icono para las citas nacionalistas de todos los tiempos, a la altura de las del Decreto de Nueva Planta, Lerroux o Franco. ¡Buenos son ellos para sacar partido de la casquería política!

Los gafos de turno han de aprender la lección: los nacionalistas no son Cataluña, sólo una parte de ella, los catalanistas no son los catalanes, sólo una parte de ellos. Por consiguiente, cuando alguien quiera despotricar contra los carlistas, que no lo haga contra los catalanes, sino contra los carlistas catalanes.

Un verano, trabajando de plongeur (fregaplatos) en los lejanos tiempos de la dictadura como estudiante de bachillerato en Francia, el jefe de cocina me espetó: "Los franquistas nunca entraréis en Europa". Me irritó sobremanera que una persona adulta no diferenciara españoles de franquistas. Pues eso.

El escándalo de los ERE
Y el interventor tiró de la manta
Guillermo Dupuy Libertad Digital   26 Julio 2013

Las declaraciones del que fuera interventor de la Junta entre los años 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, en las que ha asegurado a la juez Alaya que "todas las irregularidades" en el caso de los ERE "eran de notorio conocimiento" por parte de José Antonio Griñán, su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, y todo el Consejo de Gobierno, no supondrán novedad alguna con respecto a la carta que remitió al parlamento o lo que ya dijo ante la comisión de investigación constituida en la cámara andaluza el pasado verano. Sin embargo, el hecho de que el exinterventor las haya ratificado ahora en sede judicial tiene mucha mayor trascendencia y explica perfectamente tanto los denodados intentos del actual gobierno autonómico por impedir o, por lo menos, retrasar su declaración, como, una vez frustrados, la decisión de Griñán de anticipar su abandono de la presidencia de la Junta.

Por su parte, ya podrá la ex viceconsejera de Hacienda y actual responsable de este departamento, Carmen Martínez Aguayo, insistir en la versión con la que ha tratado de exculpar a Griñán, según la cual, no informó a su superior de lo que le alertaban los informes de Intervención, que semejante trola no se la cree nadie, empezando por la juez del caso: según atestiguan fuentes del caso la propia Alaya le habría manifestado al interventor durante su comparecencia que "ya sabemos que el consejero de Hacienda conoció los informes que usted emitía".

Y es que, por mucho que Martínez Aguayo esté dispuesta a ofrecerse como cabeza de turco nadie la cree tan incompetente como para no apreciar la gravedad de las advertencias que hacia el informe en el que el interventor pedía expresamente, además, que su contenido se pusiera en conocimiento del titular de la Consejeria. ¿Se cree alguien que no informó a Griñán de unas irregularidades que sólo en 2005 provocaron un desfase presupuestario de 93 millones de euros? ¿Se cree alguien que un Griñán y un Chaves que desconociesen dichas irregularidades no habrían pedido una explicación respecto de a qué se debía tan monumental trastoque presupuestario? Por otra parte, si fuera cierto que Martínez Aguayo ocultó todo a su superior, ¿cómo es que ni ha dimitido ni ha sido cesada en el cargo?

Ya podrá Griñán pretender que el asunto de los ERE tenga exclusivamente un "cauce judicial", que mucho, mucho tiene que confiar en la politización de la justicia para creer que ese "cauce judicial" no va a arrastrarle a él y a Chaves al banquillo.

Funciones prescindibles
Nota del Editor  26 Julio 2013

Está meridianamente claro que si la intervención no sirve para intervenir, debe desaparecer, del todo. Igualmente cualquier proceso del estado, debe, obligatoriamente, además de ser transparente y por tanto ejecutado en idioma español, dejar un rastro de control que permita responsabilizar al ejecutante.

En el caso de la justicia ocurre lo mismo: si la justicia no es previsible, si el conocimiento de la ley no garantiza que la interpretación de los datos es unívoca, podemos sustituir todo el tinglado judicial por un vaso con dados y el pleito se juega, con el mismo resultado aleatorio que en la actualidad, salvo los chanchullos, a un precio infinitamente menor y con desaparición de estos.

Estos principios pueden aplicarse también a la enseñanza del derecho constitucional, absolutamente inútil. El tribunal constitucional entra en el punto anterior.

Un alzamiento justificado
José Utrera Molina www.gaceta.es  26 Julio 2013

Quiero declarar aquí que fui testigo del inicio del Alzamiento Nacional el 18 de julio de 1936. Tenía sólo 10 años, pero el alboroto, el sobresalto y la anarquía llegaban por aquel entonces a las proximidades de mi casa. En esa tarde del 18 de julio permanecí en mi pequeño jardín con un íntimo amigo que se llamaba Enrique Morante Villegas, que años después y a edad muy joven, marchó a la División Azul.

Aquella tarde comenzamos a escuchar disparos que él atribuía a fuegos de artificio. Sólo unas horas después, Enrique Morante tuvo que presenciar el asesinato de su padre que fue arrojado por un balcón de la vivienda que habitaban por una miliciana enardecida y rencorosa. Nunca tuvo una palabra de rencor y de odio hacia los que habían asesinado a su padre. Mantenía una actitud de fidelidad a nuestros símbolos primeros. Él y yo habíamos pintado en la fachada las flechas rojas que unos amigos mayores nos habían mostrado. Nos parecía que llevábamos a cabo una heroicidad.

El 18 de julio que yo presencié en Málaga fue una explosión revolucionaria donde el eco del rencor y la muerte invadió toda la ciudad. Todas las noches, desde mi casa, oíamos los disparos de un lugar cercano donde caían fusilados cientos de malagueños. Aún recuerdo las largas colas de mujeres y hombres que iban a ensañarse con los cadáveres. Mis ojos no daban crédito. No entro a considerar las razones de aquellas huestes bárbaras y devastadoras.

Posiblemente era el resultado de muchos años de escandalosa injusticia social, aventado por los comisarios políticos de la Komintern.

Pasados siete meses, Málaga fue liberada de aquella situación insostenible. España entera había sufrido análogas y dramáticas circunstancias. Ya se había declarado una guerra entre hermanos y en las trincheras unos alababan la patria y otros maldecían su existencia. Yo defiendo con toda mi alma la justicia de aquel alzamiento militar. No niego que hubiese razones en las que el bando contrario encontrase una justificación de sus posiciones, pero lo cierto es que España estaba dividida en dos mitades irreconciliables y no era posible la paz.

El Alzamiento no fue un intento grosero de liquidar al oponente, sino una necesidad imperiosa de defender a la patria y a la fe frente a quienes las perseguían con saña inusitada quemando iglesias, asesinando brutalmente a religiosos y seglares y exaltando la Unión Soviética frente a la propia patria. El propósito del movimiento nacional no fue otro que rescatar a España del riesgo cierto de caer en manos del comunismo libertario. Ante esa situación, españoles de muy diversa condición se unieron en la defensa de Dios y de España en torno al Ejército, la Falange y el Requeté, haciendo de su vida una generosa ofrenda.

Para mí, que era entonces muy pequeño, el 18 de julio fue al principio una espina que atravesaba mi corazón sin paliativos, pero hoy es un recuerdo vigoroso y gallardo, sobre todo frente a los que se empeñan en extender día tras día la gran mentira sobre el movimiento nacional y el 18 de julio. Nadie niega que aquella situación fuera durísima y que en una parte y en la otra se produjeran situaciones injustificables. Pero no perdamos nunca de vista que la idea de la salvación de España estuvo en un lugar mientras que en el otro, su destrucción y su aniquilamiento eran las consignas. El clamor extendido en Madrid del ¡Viva Rusia! y el ensalzamiento del materialismo marxista, fueron las claves que explican que España tuviese que ofrecer al mundo la primera derrota del comunismo internacional.

Hoy pedimos a Dios que no vuelvan otra vez tiempos de ensañamientos y de beligerancias sino que nos incorporemos de verdad a una tarea común con olvido de trágicas situaciones superadas. Reina la paz en España, pero en el horizonte de nuestra patria están cuajando densos nubarrones en los que aflora la mentira, la falsedad y la injusticia. Si hubo un grito unánime y vigoroso en aquellos días aciagos de mi infancia fue el de ¡Arriba España!. Aquel grito era la manifestación de una voluntad colectiva de levantar al país de la ruina y la destrucción hacia la realidad confortadora de una España unida en paz. Yo he servido estos ideales durante los años que duró el Estado del 18 de julio. No he traicionado su espíritu, he comprendido su justificación y, sobre todo, en mi memoria limpia y en muchas ocasiones rejuvenecida, permanece viva la imagen de un hombre atrozmente asesinado en las tierras de Alicante que se llamó José Antonio Primo de Rivera y de Francisco Franco, que levantó a España de una postración secular proyectándola hacia un futuro de paz y prosperidad.

Declaro aquí, una vez más, mi lealtad al espíritu del 18 de julio y aspiro a que algún día los españoles comprendan el necesario sacrificio de aquel grupo de hombres que alzó sus estandartes y banderas soñando y amando la verdadera libertad de España, por la que combatieron con espléndido sacrificio e indudable heroísmo.

José Utrera Molina es abogado y ex ministro.

Rosa Díez y Gaspar Llamazares reclaman la comparecencia de Gallardón en el Congreso
¿Quo Vadis, Supremo? Las últimas sentencias exculpatorias disparan las sospechas de un apaño para tapar la ‘tangentopoli’ española

El Tribunal Supremo se ha colocado en el centro de la sospecha política después de exonerar al exministro José Blanco de culpas en el ‘caso Campeón’, de librar al expresidente balear Jaume Matas de pisar la cárcel y de archivar la investigación abierta por presunto cohecho a la presidenta navarra, Yolanda Barcina. Tres decisiones en solo una misma semana sobre la ‘tangentopoli’ a la española que han disparado las sospechas de un apaño del PP y el PSOE con el poder judicial para esconder los casos de corrupción, evitarse daños caseros y velar por la imagen exterior de España.
Nacional www.vozpopuli.com  26 Julio 2013

A la ‘tangentopoli’ española le haría falta un Antonio Di Prieto, el juez que saltó a la fama en la Italia de los noventa por combatir la corrupción que se había infiltrado en los principales partidos y empresarios del país. Aquí, en España, comentan fuentes parlamentarias, la buena relación que mantienen Alfredo Pérez Rubalcaba, el exministro del Interior Antonio Camacho y el actual titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha servido, entre otras cosas, para que el PSOE apenas haya levantado la voz ante lo que muchos de sus diputados definen como “la toma del Consejo del Poder Judicial por parte del PP”, una operación que terminará de cerrarse el próximo 24 de septiembre con la renovación de sus 20 vocales. En los últimos meses, ha habido mucho cambio de cromos entre el Gobierno y el PSOE en el ámbito judicial, entre otras razones porque ambos tienen casos pendientes de enorme trascendencia que pueden acabar en los raíles del Tribunal Supremo, una institución que en solo cinco días ha sacado de apuros a personajes tan dispares como el exministro socialista de Fomento José Blanco –“He sido víctima de un infundio que ha fracasado” –, el expresidente balear del PP Jaume Matas –“La verdad se acabará imponiendo” – o la presidenta navarra de UPN Yolanda Barcina: “Quedan en mal lugar las personas que ya habían emitido mi condena”. El primero estaba acusado de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias y ha salido absuelto de los tres delitos. Hace dos días, Alberto Ruiz Gallardón condecoraba al que ha sido ponente de la sentencia, el exfiscal general del Estado en la etapa socialista Carlos Granados, junto a otros antiguos compañeros que ocuparon el mismo cargo como Jesús Cardenal o Cándido Conde-Pumpido. Matas ha sido condenado solo por tráfico de influencias, pero se libra de pisar la cárcel. Barcina se salva de la acusación de cohecho por el cobro de dietas en Caja Navarra.

Gaspar Llamazares (IU) y Rosa Díez (UPyD) son los que más clara ven la secuencia de las últimas decisiones tomadas por el Supremo. “Nada de lo que está ocurriendo es casual. El Supremo se ha convertido en un poder en sí mismo, nunca en democracia había habido tal ocupación del poder judicial por parte de un partido y ya ni siquiera se mantiene la estética. Gallardón ha vejado a los jueces, pero ha decidido mimar al Supremo, por algo será”, mantiene el primero. “Parece que hay un tufillo de pacto no escrito entre los dos grandes partidos para que se tapen algunos de los casos más escandalosos de corrupción y se concluya rebajando su importancia”, concluye la segunda. Tanto IU como UPyD han solicitado la comparecencia de Gallardón en el Congreso para que rinda cuentas de lo que está sucediendo en las altas instancias judiciales.

En medios parlamentarios, la levedad del Supremo con los casos de corrupción ha disparado las sospechas de un apaño entre los dos grandes partidos en un momento en el que sus direcciones saben que la desafección hacia los políticos reflejada en todas las encuestas les sacude por igual y les mueve a negociar en la sombra acuerdos orientados a compartir la influencia en las grandes instituciones del Estado, incluidas las judiciales.

En medios parlamentarios se acusa al ministro Gallardón de haber entrado en el poder judicial “como un elefante en una cacharrería”, en la creencia de que el Supremo puede convertirse en un juguete tan fácil de manejar como ha resultado ser, finalmente, el Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de gobierno de los jueces e, incluso, el Tribunal Constitucional. Hay magistrados que ven en las últimas decisiones del Supremo “una torpeza infinita”, sobre todo si, como algunos de ellos sostienen, han estado influidas por las prisas de las secciones que han intervenido en ellas por cerrar algunas sentencias y comenzar en septiembre el nuevo año judicial sin tantos asuntos pendientes.

El tiempo dirá si el supuesto cambalache entre los dos grandes partidos tiene recorrido y continúa el cambio de cromos, pues algunos grupos parlamentarios interpretan los pasos dados en este final de julio por el Supremo como el anticipo de las decisiones que puede terminar tomando en procesos de tanta envergadura como el que afecta a Iñaki Urdangarin y al prestigio de la propia Monarquía, una vez que el juez José Castro emita su sentencia y, previsiblemente, sea recurrida. En el llamado 'caso Nóos' está imputado también el expresidente balear Jaume Matas. Además, tiene su origen en la presunta adjudicación irregular de contratos y en la posible comisión de los delitos de cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos. “Puede ser que el Supremo solo haya enseñado la patita, teniendo en cuenta que Matas se enfrenta todavía a 18 procesos abiertos por el caso Palma Arena”, apuntan fuentes parlamentarias. La instrucción de este último caso está también en manos de Castro.

Rubalcaba y el ex ministro socialista Antonio Camacho son los interlocutores habituales del ministro de Justicia para los asuntos más espinosos

Las mismas fuentes se manifiestan convencidas de que éste y otros asuntos de gran trascendencia política están siendo abordados en los frecuentes almuerzos que Ruiz-Gallardón mantiene con el presidente del Consejo del Poder Judicial y del Supremo, Gonzalo Moliner. Y lo que es una evidencia es también la preocupación que el ministro ha compartido con el actual núcleo dirigente del PSOE sobre el perjuicio que la ola de corrupción le está causando a España en el mapa internacional, con una parte de la prensa anglosajona dando ya por enterrado el bipartidismo. Son piezas del mismo puzzle.

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Política penitenciaria
Arrepentidos y disociados
Mikel Buesa Libertad Digital  26 Julio 2013

En diciembre de 1979, el gobierno italiano, con la finalidad de dotarse de instrumentos legales para combatir a la Brigadas Rojas, promulgó un Decreto-Ley de Medidas Urgentes para la Tutela del Orden Democrático y la Seguridad Pública en el que se introducía en el derecho penal, por primera vez, la figura del arrepentimiento. La doctrina así instaurada establecía la posibilidad de que los terroristas pudieran ser excluidos de la punibilidad si se arrepentían y se convertían en delatores, ayudando a la justicia a castigar a sus anteriores camaradas. Nació de esta manera el tipo penal del arrepentido, aunque esta denominación era puramente retórica pues lo esencial en ella era que quien la adoptara se transformara en un chivato. Leonardo Sciascia, atento observador de la realidad judicial y política italiana, escribió al respecto en el Corriere della Sera, varios años más tarde, lo siguiente:

Curiosa e invertida idea (la) del arrepentimiento que no sólo nada tiene que ver con la conciencia, con la aparición o revelación de sentimientos humanos o principios morales, sino que es un sinónimo exacto de delación.

El caso es que, aunque se registraron algunos logros con esta figura de los arrepentidos, éstos fueron insuficientes para conseguir la defección de un número significativo de brigadistas, entre otras cosas porque muchos de ellos –debido, como observó Sciascia, a "su condición periférica respecto a los núcleos subversivos"– tenían poco que ofrecer a las autoridades judiciales. Esta fue la razón por la cual, unos años más tarde, en 1987, Italia, innovando nuevamente en el derecho penal, reguló la figura de la disociación, con la que se extendía el tratamiento premial a los terroristas que, sin haber colaborado con la justicia, se desvinculaban definitivamente de las organizaciones a las que habían pertenecido.

La disociación o desvinculación tenía, según la ley italiana, algunas singularidades que conviene retener. En primer lugar, se trataba de una situación cerrada, de manera que los disociados sólo lo podían ser a fecha fija: hasta treinta días después de la entrada en vigor de la ley; no como los arrepentidos que podían acogerse a los beneficios penales en cualquier momento. En segundo término, era una situación reversible, de manera que los disociados cuya conducta ulterior no fuera compatible con su condición, podían ver revocados los beneficios penitenciarios que habían obtenido. Y en tercer lugar, esos beneficios eran bastante generosos –entre la cuarta parte y la mitad de las penas, además de la libertad condicional para los condenados a menos de diez años o la fijación de un período máximo de cumplimiento de 22 años y medio–, excepto para los condenados a cadena perpetua por devastación, saqueo o masacre, que quedaban excluidos de la aplicación de la ley.

Esta doctrina italiana estaba disponible en mayo de 1988, cuando en España se modificó el Código Penal para introducir en él la justificación jurídica de una política de reinserción de terroristas que se venía practicando bajo cuerda desde los acuerdos de 1982 entre Juan José Rosón, a la sazón ministro del Interior, y Juan Mari Bandrés y Mario Onaindía, en nombre de ETA político-militar. Y fue, en efecto, el ejemplo italiano el que se adoptó como referencia en nuestra ley penal. Los legisladores pudieron incorporar las figuras del arrepentimiento y la disociación, pero sólo lo hicieron en el primer caso, de manera que, desde entonces, los terroristas-delatores pueden acceder, en determinadas condiciones, al tercer grado y la libertad condicional. En la actual redacción de la norma, esas condiciones incluyen, además de haber cumplido una elevada proporción de la pena impuesta, que "el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios de la actividad terrorista y además haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos..., bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas".

Está claro, por tanto, que la voluntad del legislativo español fue identificar el arrepentimiento con la delación, como ya había ocurrido en Italia. Pero no quiso entrar a premiar con beneficios penitenciarios a aquellos reclusos terroristas que simplemente se desvincularan de las organizaciones a las que habían pertenecido. La disociación quedaba excluida del horizonte conceptual del derecho penal español, salvo para considerarla como una circunstancia atenuante del delito.

Sin embargo, una cosa es la teoría jurídica y otra la práctica penal sujeta a las conveniencias de la política, porque, curiosamente, en España, desde 1988 apenas ha habido terroristas arrepentidos en el sentido de la doctrina penal –o sea, delatores, chivatos o colaboracionistas– y, sin embargo, ha habido 138 etarras a los que se han aplicado beneficios penitenciarios en virtud de los artículos 76,78 y 90 del Código Penal. No son muchos y, de hecho, sus casos no han servido para dañar la posición dominante de ETA entre los reclusos de su organización. Pero lo relevante ahora es destacar que, cuando las autoridades penitenciarias y penales les concedieron esos beneficios, lo hicieron bajo el argumento central de que se habían desvinculado de la banda terrorista o, si se prefiere, de que su arrepentimiento se concretaba en su disociación con respecto a ETA. Dicho de otra manera, esas autoridades se han plegado a una doctrina no reconocida por el legislador. Los recientes casos de Joseba Urrusolo Sistiaga y Valentín Lasarte lo evidencian con meridiana claridad.

Personalmente, a pesar de haber sufrido los daños del terrorismo por el asesinato de mi hermano Fernando, no albergo el menor resentimiento con respecto a los miembros de ETA. Ni tampoco deseo que su tratamiento penal constituya una especie de venganza. Por ello, creo que, para que se haga simplemente justicia, las resoluciones relativas a los presos de ETA deben ajustarse estrictamente a la ley y a la doctrina penal establecida en ella. De ahí que me parezcan una burla las decisiones que últimamente se adoptan en el juzgado de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional o las pretensiones de una "flexibilización de la política penitenciaria", como ha reclamado recientemente el lehendakari Iñigo Urkullu. Pero no sería yo quien se opusiera al dirigente vasco si, en vez de recomendar que se haga la vista gorda, por medio de su grupo en el Congreso de los Diputados, ya que el PP no parece dispuesto a mover nada en este terreno, propusiera incorporar la figura de la disociación a nuestro corpus legis de un modo similar al italiano. Tal vez, entonces, la política penitenciaria podría contribuir a la definitiva derrota política de ETA.


Cataluña / el oasis catalán
Ley de hierro
miquel porta perales ABC Cataluña  26 Julio 2013

Comparado con el «caso Bárcenas», el eco del Palau es mínimo. El oasis catalán es eso

LA primera ley de hierro del oasis catalán: el eco de los presuntos casos de corrupción en Cataluña, así como de los escándalos políticos reales o potenciales que protagonizan los partidos catalanes, es inversamente proporcional al poder que se detenta en el Parlament. A más poder, menos eco público en Cataluña.

La segunda ley de hierro del oasis catalán: el eco de los presuntos casos de corrupción en España, así como de los escándalos reales o potenciales que protagonizan los partidos españoles, es directamente proporcional al poder que se detenta en el Congreso. A más poder, más eco público en Cataluña.

Menudo escándalo -¡cuántas lecciones de ética y estética se han desparramado estos días por la tierra catalana!- el que se ha formado -hablo del eco mediático- al saberse que un miembro del Tribunal Constitucional había militado en el PP. Veamos. ¿Por qué no se arma escándalo parecido -a la medida de lo que corresponde a una Comunidad Autónoma- con el Consejo de Garantías Estatutarias, si tenemos en cuenta que CiU y ERC controlan dicho organismo al haber colocado a algún militante y diversos simpatizantes? Con dicho perfil, ¿sus miembros son compatibles con el desempeño del cargo? ¿Pueden ser neutrales? Si lo son, ¿por qué unos sí y otros no? Obvio: el asunto ha tenido escasa repercusión en la opinión publicada en Cataluña.

¿Qué decir de la renovación de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat de la cual se ha excluido -CiU, ERC y PSC lo han hecho- a quien destapó el presunto caso de corrupción del consorcio sanitario Centros Médicos Selva Maresma que afectaría a algún militante de un partido del Govern? De ruido, poco.

En otro lugar, con otros partidos implicados, sería diferente. El saqueo del Palau: imputados, CiU responsable civil a título lucrativo y sede embargada, más de cinco millones en comisiones, entidades financieras que no facilitan datos, enriquecimiento personal. Comparado con el «caso Bárcenas», el eco del Palau es mínimo. El oasis catalán es eso.


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