AGLI Recortes de Prensa   Sábado 27 Julio 2013

La partitocracia española, obscena y sin entrañas, se blinda ante su futuro incierto
Francisco Rubiales Periodista Digital  27 Julio 2013

Muchos ciudadanos ingenuos creían que ante el evidente rechazo popular y a la vista de lo que ha ocurrido en otros países como Egipto, Túnez y Siria, donde los ciudadanos, cansados de soportar a dirigentes injustos y sátrapas, se echaron a la calle para expulsar a sus degradadas clases dirigentes, los políticos españoles iban a corregir el rumbo, a ser mas prudentes y a reprimir sus oscuros y voraces instintos de poder, pero está ocurriendo todo lo contrario y ante el temor a que las cosas se pongan mal, Rajoy, Rubalcaba y sus huestes se están blindando y construyendo trincheras de acero, de las que resulte casi imposible desalojarlos.

Los niveles de descaro y desfachatez de la poco democrática clase política española son insuperables.

UPyD acaba de denunciar ante el Tribunal Supremo que los cuatro últimos nombramientos en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) realizados por los dos grandes partidos políticos españoles (Cristina Narbona, Rosario Velasco, Fernando Castelló y el presidente, Fernando Martí) son ilegales porque incumplen los requisitos de independencia que establece el artículo 5 de la ley 15/85 de creación del CSN, que es un organismo independiente del gobierno que, como muchos otros, está siendo "ocupado" de manera descarada e ilegítima por los políticos españoles.

Organismos e instituciones que necesitan ser independientes en democracia para garantizar el buen funcionamiento de la sociedad, como los reguladores del mercado, el Banco de España y los mismos Altos Tribunales de Justicia, han sido prostituidos sin decoro por una clase política insaciable de poder y sin freno democrático alguno, que ha colocado a sus "piezas" en esos puestos de alto valor estratégico. El nombramiento de militantes al frente del Tribunal Constitucional (Pérez de los Cobos, del PP) y del Banco de España (Fernández Ordoñez, del PSOE), por citar sólo dos ejemplos recientes, es de tal desvergüenza que habría debido provocar la dimisión fulminante de los dos últimos gobiernos, como habría ocurrido en cualquier democracia medianamente decente del planeta.

Los partidos pueden elegir a los consejeros del CSN, lo cual ya es una arbitrariedad insostenible en democracia, pero hasta ahora los políticos se habían "reprimido" y habían elegido a técnicos. Sin embargo, ahora, cuando se sienten rechazados por los ciudadanos y cuando su gestión al frente del país es criticada masivamente y cuestionada, hasta el punto de que muchos ciudadanos reclaman castigos de la Justicia para los malos administradores y gestores públicos que han llevado al país hasta la ruina y el fracaso, ellos, los políticos, se blindan e intensifican su "ocupación" ilegítima" y "desvergonzada" de las instituciones y organismos que requieren independencia y funcionamiento libre.

Los políticos españoles, voraces y desenfrenados como una plaga de termitas, han ocupado todos los espacios posibles de una sociedad civil que, según la democracia, debe ser independiente y servir como contrapeso al poder político. Las grandes columnas de la sociedad civil, desde los sindicatos a las universidades, sin olvidar las instituciones financieras, las grandes fundaciones, colegios profesionales y otras muchas organizaciones, han sido ocupadas por los partidos o controladas a través de las subvenciones y aportes de dinero público, en muchos casos colocando a sus militantes en los patronatos y consejos, lo que constituye uno de los peores atentados de los muchos que cometen los políticos españoles contra la limpieza democrática.

Según UPyD, "el bipartidismo está tratando de blindarse" y todo indica que esa acusación es cierta.

Muchos políticos están siendo ayudados desde sus partidos para que los puestos de eventuales que ocupan en las distintas administraciones se conviertan en fijos. En Andalucía, el PSOE, un partido que ha sido especialmente descarado e inmoral en este tipo de prácticas, ha convertido en funcionarios a casi 10.000 amigos del partido, colocados en la administración autonómica, mientras se siguen realizando operaciones de este tipo, pero ahora amparadas por el silencio y la ocultación de datos al ciudadano.

El PP no es mejor que el PSOE en este tipo de suciedades antidemocráticas. Tras prometer en la campaña electoral que limpiaría de asesores la administración, es probable que hoy tengan colocados a mas asesores que Zapatero en sus tiempos de despilfarro y endeudamiento loco. Prometieron adelgazar el Estado y lo están engordando; prometieron acabar con la corrupción y comulgan a diario con ella; prometieron adecentar la vida pública y con las revelaciones de Bárcenas el PP parece un estercolero.

Muchos expertos sostienen que en España hay suficientes latrocinios, abusos e inmoralidades para que el pueblo se plante y eche del poder a una clase política que, a juzgar por sus "logros", no es merecedora de premio alguno, ni siquiera de respeto. Ante ese eventualidad, en lugar de corregir el rumbo y ser mas decentes, nuestros políticos parecen haber optado por blindarse y construir trincheras de acero para resistir las embestidas de los indignados, los arruinados, los saqueados y los expoliados.

Voto en Blanco

Una buena EPA, una mala tendencia
EDITORIAL Libertad Digital  27 Julio 2013

El mercado laboral español necesita buenas noticias. Y el dato de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de este año, con 225.000 parados menos, es excelente. Con casi seis millones de desempleados, nadie en su sano juicio lanzaría las campanas al vuelo. De hecho, cuando pase la campaña veraniega, lo más probable es que el paro repunte, como suele ocurrir en España en el segundo semestre. Pero aún así, no debemos dejar pasar la oportunidad de celebrar una cifra que supone un mínimo alivio en una situación desesperada.

En este sentido, da la sensación de que la reforma laboral que hace un año y medio aprobó el Gobierno está comenzando a dar sus frutos. Aquella ley se quedó a medio camino, especialmente en lo que hace referencia a la regulación de los convenios y a las modalidades de contratación. Pero las facilidades que ahora tienen las empresas para acometer medidas de flexibilidad interna antes del despido están permitiendo a las compañías españolas mantener plantillas y mejorar su competitividad.

Ni mucho menos éste es un proceso fácil. Como muchos trabajadores saben, esta flexibilidad implica normalmente reducciones de jornada y sueldo. Pero sólo hay que echar la vista atrás y ver la sangría de despidos que ha caracterizado al mercado laboral español en otras épocas. Ahora, incluso con un crecimiento negativo o cercano a cero, somos capaces de generar algo de empleo o al menos no destruir más. El crecimiento interanual del paro ha sido del 5%, la menor tasa en los últimos dos años. No es el mejor dato posible, pero la sensación es que hemos parado el desplome.

Sin embargo, más allá del dato del paro, podemos observar ciertas tendencias realmente preocupantes. No sólo por lo que implica, en el corto plazo, tener seis millones de desempleados o casi dos millones de hogares con todos sus miembros en paro. Sino también por las consecuencias a medio plazo para la sociedad española.

Desde junio de 2012, España tiene 633.000 ocupados menos. Sin embargo, el paro sólo ha crecido en 284.000 personas. ¿Cómo puede ser? Pues fácil, porque 349.000 de nuestros vecinos han abandonado el mercado laboral. Es decir, han dejado de ser activos. Puede que muchos piensen que esta cifra es un mero tecnicismo. Sin embargo, pocos datos explican mejor la prosperidad de una sociedad que su tasa de actividad y el número de ocupados. En el último año, ambos datos han sufrido descensos.

Si un país tiene 20 millones de activos y 16 millones de desempleados, puede reducir el paro en un millón de personas de dos formas. Bajando aquella cifra a 19 o subiendo ésta a 17. Y no es lo mismo hacerlo de una manera u otra. Aunque en el último trimestre, el mercado laboral ha tenido un poco de las dos, el descenso en la población activa es una señal alarmante.

España es un país de 46 millones de habitantes. Pero menos de 14 millones trabajan para el sector privado. Si abrimos la mano y contamos a los empleados públicos, alcanzamos un número de ocupados de 16,7 millones. La gran pregunta que debemos hacernos como sociedad es si serán capaces menos 17 millones de trabajadores de sostener sobre sus hombros a los otros 30 millones. No es una situación sostenible a largo plazo. Somos el único país de Europa junto a Grecia con una tasa de actividad entre los 20 y los 64 años inferior al 60%.

Las causas de esta caída continua en la población activa son muy diversas. Por un lado está el envejecimiento de la población. Cada año, unas 100.000 personas más se jubilan que los que entran al mercado. Además, la crisis está retrasando la entrada de muchos estudiantes, que alargan su formación esperando una mejor oportunidad. También están los inmigrantes, que ante la falta de expectativas se marchan a otros países de Europa o vuelven a su lugar de origen. Y no es menor el efecto desánimo, que ha provocado que muchos de nuestros conciudadanos hayan dejado de buscar un empleo.

En cualquier caso, la imagen que nos dejan estas cifras permite poco margen para el optimismo. Tenemos una economía que no ofrece confianza, un sector público al borde de su capacidad y, probablemente, las peores expectativas demográficas de Europa para la próxima década.

Nada de esto se arreglará en un trimestre. Pero la magnitud del desafío nos obliga a actuar con urgencia. La economía española no puede permitirse una década perdida. Y cuando decimos que no puede, no estamos utilizando una frase hecha. Es que no puede. Con 17 millones de trabajadores no seremos capaces de pagar nuestra deuda, nuestras prestaciones sociales o nuestras infraestructuras. Las señales hablan de estancamiento, cuando lo que necesitamos es un rebote. Sólo con reformas atrevidas y cambios radicales sería posible conseguirlo. Esperemos que el Gobierno así lo entienda. De ello depende nuestro bienestar y el de nuestros hijos.

Los doctos de Fedea y la reactivación económica
Juan Fco. Martín Seco www.republica.com  27 Julio 2013

La cosa va de expertos. No ha cesado aún el eco de esos doce apóstoles escogidos por el Gobierno para pergeñar el desarme más completo hasta la fecha del sistema público de pensiones, y apenas acaba de constituirse ese otro grupo de sabios que van a diseñar el sistema fiscal, cuando otros expertos, esta vez de FEDEA, salen a la palestra para asegurarnos que la economía va bastante peor de lo que afirma el Gobierno, que no conviene dormirse en los laureles y que por lo tanto resulta imprescindible proseguir con las reformas y los ajustes (bastante fácil de imaginar cuáles), en resumen, leña al mono. En concreto, según tan competentes expertos no hay otra manera de cumplir el objetivo de déficit que suprimiendo la paga extraordinaria de los empleados públicos (maestros, médicos, policías, carteros, basureros, etc.) y reduciendo de nuevo las retribuciones de los pensionistas.

A los investigadores de FEDEA ya los conocíamos por sus doctos informes, sobre el mercado laboral y sobre las pensiones, ambos en la línea más retrógrada posible. Conviene comenzar antes de nada recordando qué cosa es FEDEA. Fundación de Estudios de Economía Aplicada, se autodenomina. ¿Puede algo parecer más inocuo? Pretende ser, según indica su página web, una fábrica de ideas para influir positivamente en la sociedad. Lo de positivamente depende de para quién, y llegados a este punto no hay otro camino que mirar quién está detrás, es decir qué entidades componen su patronato: Abengoa, Abertis, Santander Totta, BBVA, Sabadell, Banco de España, La Caixa, Banco Popular, Iberdrola, Bolsa de Madrid, Fundación Ramón Areces, BANKIA, Santander, Repsol, Corporación Financiera Alba, McKinsey&Company, Telefónica. Yo creo que está dicho todo.

No obstante, los expertos de FEDEA llevan razón cuando afirman que abandonar la recesión no es lo mismo que salir de la crisis. Nadie duda de que estén apareciendo ciertos signos de recuperación económica, incluso que los próximos trimestres, allá por 2014, puedan surgir tasas de crecimiento positivo, pero ello no significa en absoluto que la reactivación económica vaya a consolidarse y que las tasas de crecimiento se estabilicen a unos niveles que hagan posible la creación de empleo a un ritmo tal que comience a vislumbrarse la posibilidad de que el número de parados pueda volver a cotas aceptables. Lo más probable es que, tal como ocurrió en el año 2010 (aquellos “brotes verdes”), tras un periodo corto de falsa bonanza la economía retorne de nuevo a la recesión o al menos al estancamiento, es decir que la crisis adopte la forma gráfica de la doble uve (que en este caso sería triple o cuádruple) o bien de la ele.

Hay que decir en honor de la verdad que los peritos de FEDEA no andan descaminados en estos pronósticos, lo que confirma su condición de expertos. La pena es que, si bien aciertan en el análisis, derrapan en las causas y por consiguiente en la medicina. Es de suponer que el gorro que llevan puesto y los intereses a los que sirven forzosamente tienen que sesgar sus conclusiones.

La crisis económica, sin duda, continuará mientras no desaparezca su auténtica causa, que para España y para otros muchos países europeos no es otra que la pertenencia a la Unión Monetaria. La permanencia en un tipo de intercambio irreal constituye un corsé para la actividad económica y convierte al sector exterior en un factor capaz de estrangular todo crecimiento futuro. No hay que engañarse por el equilibrio actual conseguido en la balanza de pagos que se fundamenta principalmente en la falta de demanda interna y en el consiguiente colapso de las importaciones, porque bastará que aquella despierte (condición imprescindible para la recuperación económica) para que el déficit exterior vuelva a hacer su aparición y, dada la imposibilidad de financiarlo, acabe por abortar cualquier intento de reactivación.

Teniendo en cuenta la composición del patronato de FEDEA, difícilmente sus expertos pueden compartir estos planteamientos y poner en cuestión la viabilidad de la Unión Monetaria. Deben acudir a explicaciones y recetas más convencionales, como la de intentar recuperar la competitividad perdida mediante reformas regresivas y recortes presupuestarios. Pero todas estas medidas son más de lo mismo, y lejos de solucionar el problema lo empeoran.

Es curioso que todo el mundo se haya acostumbrado al hecho de que llevemos más de tres años financiándonos a unos tipos de interés varias veces superiores al tipo que paga Alemania. Contemplamos como la cosa más normal que nuestra prima de riesgo oscile alrededor del 300%, incluso nos tranquiliza al compararla con el 600% que hemos llegado a alcanzar en algún momento ¿Es compatible esta situación con la permanencia en la Unión Monetaria? ¿En tal situación puede ser competitiva la economía española por más ajustes y reformas que se hagan? Me temo que no, y no querer ver esta realidad es lo que está imposibilitando cualquier salida a la crisis.
http://www.telefonica.net/web2/martin-seco/

Mentiras 998 y 999

Nota del Editor  27 Julio 2013

Mentira 998  España puede recuperar un poco de esplendor "suprimiendo la paga extraordinaria de los empleados públicos (maestros, médicos, policías, carteros, basureros, etc.) y reduciendo de nuevo las retribuciones de los pensionistas"

Sin la eliminación de la oficialidad de las lenguas regionales, sin el desmantelamiento del tinglado autonómico, sin la desaparición de cientos de miles de profesionales de la política y enchufados, sin la garantía de la eficacia del estado (transparencia y control), no hay solución. Suprimir la paga a los empleados públicos y reducir las pensiones no es ni siquiera un parche, es un disparate a corto, medio largo plazo. Primero hay que eliminar redundancias y buscar permanentemente la eficacia y segundo, en cuanto a las pensiones, no hay que reducirlas, hay que aplicar criterios de racionalidad y eficacia: aún recuerdo como permitían que muchos listillos (mejor ladrones) en sus dos últimos años de cotización al sistema de pensiones, cotizasen en el grupo máximo consiguiendo la pensión máxima. Y también hay que ver quien financia las pensiones no contributivas.

Mentira 999:  para España,la crisis, su auténtica causa, no es otra que la pertenencia a la Unión Monetaria equivalente a la inflación no se paga, es gratis.

Si Vd tiene una deuda y la moneda en la que la tiene reconocida pierde valor, Vd sale ganando ya que conseguir la moneda le costará menos ¿ Quien tiene la deuda? : el estado, ¿ Quien sale ganando ?  el estado; el particular puede pensar que sale ganando, pero todos sus activos también sufren y más en el futuro). ¿ Quien paga la inflación ?  quienes tienen más activo que pasivo, los de siempre.

Ahora póngase en la piel del que presta el dinero: si alguien presta dinero lo hace porque espera recuperar el mismo valor mas los intereses, así que si a Vd le prestan y hay indicios de que la moneda va a perder valor, el prestamista, que no puede hacer el milagro de los panes y los peces, elevará la tasa de interés para además de no perder, ganar algo,

Tribunal Constitucional
Los siete sospechosos
Eduardo Goligorsky Libertad Digital  27 Julio 2013

Podría ser el título de un docudrama policíaco del género negro. Con un poco de imaginación, el ex juez Baltasar Garzón ya ha empezado a hilvanar un argumento cargado de emoción y suspense basado en sus experiencias, aunque ello lo obliga a restar tiempo a su colaboración en la ofensiva de la emperatriz viuda Cristina Fernández de Kirchner contra el Poder Judicial independiente de Argentina, por un lado, y a las tareas que le encomendó el verdugo de la prensa ecuatoriana, Rafael Correa, como defensor del fuori legge Julian Assange, por otro. El incriminado sería nada menos que el actual presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, y el cuerpo del delito sería la cuota de afiliado que pagaba al Partido Popular según consta en esa fuente de información con-trastada que es el archivo del innombrable depredador. Y de la investigación debería ocuparse, fantasea Garzón, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo (LV, 23/7).
Vicio de origen

Llegados a este capítulo, se produce un desconcertante salto al pasado que puede alterar todas las reglas del juego, hasta el punto de dejar a la sociedad en un estado de indigencia jurídica: aparecen siete sospechosos. O mejor dicho siete convictos de estar afiliados a partidos políticos. Eran nada menos que los siete miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados que integraban la ponencia encargada de redactar la Constitución. Siete legisladores cuya militancia activa se convertiría, desde el punto de vista del ex juez y del coro sobrevenido de secesionistas, en un vicio de origen que invalidaría toda la legislación posterior. Lo cual despojaría también a los actuales impugnadores de todo sustento legal. Resume Charles Powell en España en democracia, 1975-2000 (Plaza Janés, 2001):

A la hora de nombrar la ponencia, el gobierno se inclinó inicialmente por incluir tan sólo a representantes de UCD y del PSOE, excluyendo a las demás fuerzas políticas. Por su parte, los socialistas insistieron en incorporar a los partidos menores, a condición de que ello no conllevara la presencia de Tierno Galván. De este forcejeo parlamentario surgió una ponencia de siete miembros, compuesta por Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca, de UCD; Gregorio Peces-Barba, del PSOE; Manuel Fraga, de AP; Jordi Solé Tura, del PSUC-PCE; y Miquel Roca en representación de los nacionalistas vascos y catalanes, aunque los primeros no tardaron en manifestarse excluidos de la misma.

Dos de los ponentes –Manuel Fraga y Gabriel Cisneros– habían ocupado cargos relevantes durante el régimen franquista.
Aquellos eran tiempos preñados de tensiones, conspiraciones y miedos, pero entre quienes tenían la responsabilidad de encarrilar la sociedad por los cauces democráticos predominaban la racionalidad y el sentido común. Los políticos se concertaban para afianzar la paz, la concordia y la cicatrización de viejas heridas sin dejar de ostentar, con orgullo, sus carnets de afiliación partidaria. Y así redactaron la Constitución cuyo cumplimiento garantiza hoy el Tribunal Constitucional.

Soflama sectaria
En el polo opuesto de aquel imperio de la racionalidad y el sentido común se sitúan quienes esgrimen argumentos falaces para cargarse, simultáneamente, la Constitución y el Tribunal que la ampara. Jordi Barbeta arremete desde el somatén mediático contra todo lo que desafina con la partitura del Palau secesionista (LV, 21/7):

El problema no es que uno sea del PP, la realidad es que lo son todos. Todos son del PP, o del PSOE, que para el caso catalán da exactamente lo mismo. Si todos los medios saludaron la renovación del tribunal para "hacer frente al desafío soberanista catalán". (…) La militancia política del presidente del TC es un nuevo argumento de la tesis según la cual la democracia española está pensada y organizada para impedir la democracia en Catalunya.

La fobia exhibida en estas líneas no es más que una metástasis del odio fratricida que impregna la campaña secesionista propalada por todos los medios de comunicación oficiales y subvencionados, cuyo clímax será el simposio de tergiversación histórica "España contra Catalunya" que patrocina el Departamento de Presidencia de la Generalitat. Pero la soflama sectaria de Barbeta no se tiene en pie cuando se la contrasta con la realidad. El catedrático de Derecho Constitucional, Francesc de Carreras, lo explicó con claridad meridiana (LV, 20/7):

La ignorancia del derecho es, desgraciadamente, una de las características de quienes escriben en los medios de comunicación: se informa y opina sin tener conocimiento de derecho. Este ha sido el caso de la acusación al actual presidente del Tribunal Constitucional de no cumplir los requisitos para ejercer el cargo. No hay ninguna razón constitucional o legal para sostener que estar afiliado a un partido inhabilita para ser miembro del Tribunal Constitucional. Al contrario, la Constitución (art. 159.4) y la ley del TC (art. 19.1) establecen que ello es legítimo. Algunos medios de información han confundido el TC con el Poder Judicial, debido a ignorancia o mala fe, y no han rectificado.

Y si en lugar de buscar antecedentes en enclaves bárbaros como Kosovo, modelo para secesionistas, los buscamos en países civilizados como Alemania, descubrimos, gracias a la información que brinda el jurista Francisco Sosa Wagner (El Mundo, 24/7) que allí, entre los años 1950 y 2000, el 28,5 % de los miembros de Tribunal Constitucional fueron militantes con carnet de la democracia cristiana, 34,2 % lo fueron de la socialdemocracia y 3,4 % de los liberales.

Es sintomático, además, que quienes ponen el grito en el cielo porque el presidente del Tribunal Constitucional paga, o ha pagado, las cuotas de afiliado al Partido Popular, sean los mismos que montan un simulacro de Estado endogámico: hostil a la Constitución y las leyes del Estado legítimo; blindado contra el Poder Judicial cuando este cumple, por ejemplo, con su deber de garantizar la enseñanza bilingüe; y sometido a un régimen de propaganda y movilización copiado de modelos totalitarios. El Consell Assessor per a la Transició Nacional congrega a un equipo cuyo objetivo consiste ni más ni menos que en entregar el monopolio del poder a los representantes de lo que Francesc-Marc Álvaro definió como "la minoría más activa y organizada (…) uno de cada tres catalanes" (LV, 6/5). Ahí todos tienen el carnet virtual del secesionismo y se ciñen fielmente a su disciplina.

Comportamientos aberrantes
Cuando los secesionistas tratan de describir los presuntos comportamientos aberrantes de sus adversarios, muchas veces terminan retratándose a sí mismos. Expliqué en "De te fabula narratur" que la conducta del totalitarismo kirchnerista que Pilar Rahola denigró con razón en varios artículos es clónica de la del secesionismo en el que ella milita. Xavier Antich también arrojó piedras contra su propio tejado cuando atribuyó a los dos grandes partidos nacionales el monopolio de la mentira. El texto (LV, 22/7) parecía una disección implacable de las insidias congénitas del discurso secesionista, a pesar de que dicho discurso es el que Xavier Antich recita sin el menor recato:

Manipular las palabras para que dejen de decir aquello que revelan y convertir el lenguaje en una red trenzada de eufemismos que no sólo esconden la realidad de las cosas sino que las tergiversan hasta hacerlas irreconocibles es todavía peor que mentir. Porque, si ya no hay acuerdo sobre lo que las palabras dicen, cualquier acuerdo sobre cualquier cosa se convierte, lógicamente, en imposible. Pudrir las palabras hasta el extremo de que todo valga y que, de cualquier cosa, se pueda decir arbitrariamente lo que no es, destroza, y eso es muy grave, la credibilidad en el propio lenguaje y en los fundamentos de la comunicación, que son la base de la relación social.

Nuevamente, de te fabula narratur: Xavier Antich denuncia, involuntariamente, las manipulaciones de sus cofrades y deja al descubierto sus tácticas torticeras. Los panfletistas tienen que estar cegados por el fanatismo para no darse cuenta de que describen sus propios vicios cuando los atribuyen a los demás.

Levanta el ánimo, en cambio, leer a Valentí Puig, que no se anda con rodeos y desmonta el tinglado con una escueta reflexión (El País, 1/7):

El constitucionalista Luigi Ferrajoli habla de la responsabilidad de Berlusconi en la caída del valor de la Constitución en el sentido común. Algo así ocurre con Artur Mas, artífice de un debilitamiento constitucional en Catalunya a cambio de un Estado sin valor jurídico y reubicado en el extrarradio de la Unión Europea.

Los siete ponentes que redactaron la Constitución con el carnet de afiliación a sus respectivos partidos en el bolsillo ya se han ganado sendos puestos de honor en la historia de España, aunque para Garzón y los secesionistas habrían sido sospechosos por su militancia. El carnet del presidente del Tribunal Constitucional tampoco será un obstáculo para que en el futuro le recuerden con el mismo respeto si cumple con la función para la que ha sido elegido. Función que, obviamente, le hará chocar con los demagogos imitadores de Beppe Grillo y con los transgresores de la Constitución más afines a Berlusconi y Umberto Bossi que a un demócrata con carnet de partido.

Economía
El BCE vaticina que «la crisis se recrudecerá a finales de otoño»
S. D. E.. Madrid. La Razón  27 Julio 2013

Aunque la prima de riesgo española cerró ayer en los 296 puntos tras unos datos de paro razonables, las alarmas vuelven a encenderse despúes de leer la entrevista que el ex economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Jürgen Stark, concedió ayer al diario económico alemán «Handelsblatt». Stark cree que la crisis se recrudecerá a finales de otoño. «A finales de otoño entraremos en una nueva fase de lucha contra la crisis», indicó el economista alemán y miembro del consejo de gobierno del BCE. En su opinión, después de las elecciones generales de Alemania el 22 de septiembre, la presión sobre el nuevo Gobierno alemán y el BCE aumentará.

«Los programas de compra de bonos soberanos (conocidos como OMT por sus siglas en inglés) deberán entrar en funcionamiento en España e Italia. Sin embargo, la presión de Francia para poder utilizar el instrumento sin tener que acudir al rescate será enorme», auguró Stark.

En este punto, el economista alemán destacó que se cuestionará el papel y el mandato del BCE. «Lo que actualmente experimentamos no tiene ya nada que ver con el papel originario que queríamos para el BCE con un mandato muy limitado centrado en la estabilidad de precios».

El anuncio del polémico programa de compra de bonos soberanos bajo la condición de acudir al fondo de rescate para obligar así a los estados a someterse a un duro programa de ajustes relajó los mercados de deuda hace un año. No obstante, desató las críticas del Bundesbank alemán, que acusó al BCE de ir más allá de su mandato y financiar ilegalmente a los estados.

«Draghi compró tiempo a los gobiernos en Europa. Sin embargo, este tiempo no se ha aprovechado. Italia parece incapaz de emprender reformas, Portugal padece una grave crisis de gobierno y sigue existiendo, como al principio, la ilusión de que Grecia está en la situación de poder reducir su deuda de manera independiente. Los gobiernos dejan las cosas para otro día y confían en el BCE», criticó el alemán. Stark cree factible el hecho de que al final no se tengan que cumplir las condiciones para activar el programa de compra de deuda: «La presión sobre el BCE será cada vez mayor para que se elimine la cláusula de condicionalidad». Durante la entrevista con el diario alemán, Stark destacó también que ya no existen líneas rojas. «Vamos hacia el camino de una unión de transferencias y responsabilidades», indicó.

Verano caliente
Hace justo un año, las palabras del presidente del BCE, Mario Draghi, trajeron calma a los mercados y lograron que la prima de riesgo española se relajara después de alcanzar el 24 de julio su máximo desde nuestra entrada en el euro (638,39 puntos básicos). Grecia llega a estudiar su salida del euro, lo que complicó aun más el escenario e Italia compartió con España un verano agitado. Pero el 27 de julio de 2012, con las aguas revueltas, Draghi lanzó el siguiente mensaje ante un grupo de inversores, en una reunión en Londres: «Haré lo que hay que hacer, y créanme, será suficiente». Una palabras «mágicas» que hicieron que la normalidad se volviera a instalar en los mercados capitales, aunque la prima de riesgo española recibiera el año 2013 desde los 395,70 puntos.

España se desangra
Autorizado más endeudamiento a Cataluña, Aragón, Extremadura, Asturias, Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana
Correspondientes al segundo tramo del objetivo de estabilidad presupuestaria de 2013, fijado inicialmente en un déficit del 0,7 por 100 del PIB regional.
Europa Press www.lavozlibre.com  27 Julio 2013

Madrid.- El Consejo de Ministros ha autorizado a formalizar préstamos a largo plazo y a emitir deuda pública a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cataluña, Extremadura, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, correspondientes al segundo tramo del objetivo de estabilidad presupuestaria de 2013, fijado inicialmente en un déficit del 0,7 por 100 del PIB regional. Estas operaciones podrán ser atendidas con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), en caso de las cinco Comunidades Autónomas que ya están adheridas a este instrumento de liquidez para las Administraciones Públicas. A la comunidad autónoma de Andalucía se le autoriza a formalizar emisiones de deuda pública u operaciones de crédito por un importe máximo de 514,15 millones de euros.

El Principado de Asturias podrá formalizar bonos u obligaciones por el importe pendiente de formalizar, hasta un máximo de 80,32 millones de euros. Por lo que se refiere a Cataluña, esta comunidad es autorizada a formalizar préstamos en el interior y el exterior, así como emisiones de bonos y obligaciones, hasta un importe máximo de 701,00 millones de euros. Murcia es autorizada a suscribir préstamos a largo plazo y emitir pagarés, obligaciones y bonos hasta un importe máximo de 97,50 millones de euros. Asimismo, se autoriza a la Comunidad Autónoma una nueva prórroga, hasta el 30 de septiembre de 2013, por el importe pendiente de formalizar hasta un máximo de 113 millones de euros.

La Comunidad Valenciana ha sido autorizada a emitir deuda pública hasta un importe máximo 356,78 millones de euros. Por otro lado, para Aragón, comunidad autónoma no adherida al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la autorización es emitir deuda pública y formalizar préstamos a largo plazo en monedas distintas del euro hasta un importe máximo de 171,80 millones de euros. Y Extremadura, que tampoco se adhirió al FLA, es autorizada a emitir deuda pública y formalizar préstamos a largo plazo en monedas distintas del euro hasta un importe máximo de 61,21 millones de euros.

Cataluña
Rigau ignora las sentencias y ordena seguir aplicando la inmersión lingüística obligatoria y la atención individualizada
Haciendo oídos sordos de las sentencias de los tribunales, la consejera aprueba la resolución con la planificación lingüística para el próximo curso en la que ordena aplicar la inmersión lingüística obligatoria y un régimen de atención individualizada para los niños que pidan una enseñanza bilingüe. Impulso Ciudadano presenta un recurso de alzada contra la resolución y advierte que si no anula la orden iniciará el proceso judicial contencioso-administrativo pidiendo, como medida cautelar, la paralización de la aplicación de la norma.
Daniel Tercero www.vozbcn.com   27 Julio 2013

La Consejería de Enseñanza ha decidido, un año más, ignorar las sentencias de los tribunales de justicia (desde el Tribunal Constitucional al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pasando por el Tribunal Supremo) que han declarado que tanto catalán como español han de ser lenguas vehiculares en la enseñanza de la Comunidad.

Pese a que las sentencias judiciales obligan a la Consejería a adoptar todas las medidas necesarias para que aplique la conjunción lingüística en los centros, la consejera Irene Rigau (CiU) parece hacer oídos sordos y el pasado 21 de junio su número dos firmó la resolución por la que se aprueban ‘los documentos para la organización y la gestión de los centros para el curso 2013-2014′, que incluyen uno específico para la gestión de las lenguas en las escuelas de Cataluña: El tratamiento y uso de las lenguas en el sistema educativo. El proyecto lingüístico.

La excusa de Rigau
En estos documentos, Maria Jesús Mier i Albert recuerda que ‘la lengua catalana’ ha de jugar un papel ‘como eje vertebrador de un proyecto educativo plurilingüe’, que se ha de materializar en que el catalán ha de ser la lengua vehicular. Además, pese a que el Tribunal Supremo ha dejado claro que no es legal, la Consejería insiste en mantener la ‘atención individualizada’ para los niños que pidan ser escolarizados en las dos lenguas oficiales de Cataluña.

Esta resolución ha sido recurrida por Impulso Ciudadano. Su presidente, José Domingo, ha señalado a LA VOZ DE BARCELONA que es ahora cuando la Consejería puede planificar el régimen lingüístico de las escuelas y no en mitad de curso. Esta es una de las excusas que Rigau ha señalado en varias ocasiones cuando los tribunales han dictado sus sentencias con el periodo escolar ya iniciado.

‘Estrategias educativas de inmersión lingüística’
Los textos aprobados ahora desarrollan aspectos de la Ley de Educación de Cataluña (LEC), que está recurrida ante el Tribunal Constitucional. En el apartado lingüístico, el documento de la Consejería de Enseñanza especifica que ‘el catalán, como lengua propia de Cataluña, y el occitano en el Arán’, es el idioma utilizado ‘como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo’, sin añadir que el español también debe serlo.

Además, en los documentos se entra al detalle y se ordena a los centros que sea el catalán la lengua que se use ‘en las actividades internas y externas’, tanto en las ‘actividades orales y escritas’ como en las ‘exposiciones de los profesores, material didáctico físico y virtual, libros de texto y actividades de aprendizaje y de evaluación, reuniones, informes y comunicaciones’ y, por tanto, en toda la relación existente ‘entre docentes y alumnos’.

De la misma manera, se insta a que se utilicen ‘estrategias educativas de inmersión lingüística’ en aquellos centros educativos ‘en que el catalán no es la lengua de la mayoría de los alumnos’ y que estas estrategias se materialicen de ‘manera sistemática’. Las instrucciones también señalan que la única lengua a utilizar en las aulas de acogida ha de ser el catalán.

Utilización de la atención ‘individualizada’
Otro de las aspectos polémicos que se recogen en los documentos enviados a los centros desde la Consejería de Enseñanza es el relativo a la ‘atención lingüística individualizada’. Los tribunales han indicado que la Generalidad no puede utilizar esta técnica para los alumnos que soliciten la enseñanza bilingüe, pero desde Enseñanza han insistido en que los centros la pongan en práctica.

Así, en la documentación aprobada se apunta que cuando unos padres pidan que su hijo sea escolarizado en las dos lenguas oficiales de Cataluña ‘los centros han de adoptar las medidas organizativas pertinentes para prestar la atención individualizada en castellano en la primera enseñanza’. Eso sí, esto se ha de hacer de manera ‘compatible’ con pertenecer ‘al grupo clase’.

Rigau ignora “deliberadamente” las sentencias
Esta resolución e instrucciones de la Consejería han sido recurridas por la entidad cívica que preside Domingo ante la propia Consejería. Impulso Ciudadano ha presentado un recurso de alzada por considerar que la resolución ignora “deliberadamente” la doctrina del Tribunal Constitucional y las sentencias del Tribunal Supremo sobre usos de las lenguas vehiculares en los centros educativos de Cataluña.

En este sentido, el presidente de la entidad cívica que aboga por una enseñanza bilingüe en las escuelas de la Comunidad ha criticado que el departamento autonómico no prevé la posibilidad de una enseñanza con el catalán y el español como lenguas vehiculares, ni tampoco fija la proporción de cada una de ellas, algo que, en opinión de Domingo, debería hacer en esta resolución al ser potestad de la Generalidad.

Domingo ha recordado que el Supremo “ha vetado expresamente” la atención individualizada para los niños y ha obligado a la Administración autonómica a implantar “el modelo de conjunción lingüística”, un modelo en el que conviven las dos lenguas oficiales en las aulas y que desde la Consejería se han negado a restaurar.

Finalmente, Impulso Ciudadano ha solicitado a Rigau que suspenda la entrada en vigor de la resolución y ha recordado que si no resuelve esta petición antes del día 22 de agosto -un mes después de la presentación del recurso-, la citada resolución dejará de producir efecto. Si la Consejería no acepta las peticiones de la entidad presentadas en el recurso de alzada, Domingo ha adelantado que iniciará un proceso contencioso-administrativo exigiendo, como medida cautelar, la paralización de la aplicación de la resolución.

Guerra Civil
Los 30 generales muertos por los rojos en la guerra
Pedro Fernández Barbadillo Libertad Digital  27 Julio 2013

Como ya vimos en el artículo anterior, la mayoría de los oficiales generales en el Ejército y la Armada españoles no se sublevó; sin embargo, la zona gubernamental fue donde más de ellos murieron asesinados o ejecutados. Su lealtad, por acción o por indiferencia, a la Constitución republicana y al Gobierno del Frente Popular, no les protegió, ya que para los socialistas, los comunistas y los anarquistas eran enemigos de clase. Una gran paradoja. No sólo José Calvo Sotelo y José María Gil Robles eran amenazados de muerte en las Cortes, sino que la criminalización alcanzaba a todos los que la izquierda consideraba sus enemigos, desde monjas, a las que acusaban de envenenar a los niños, a generales.

A lo largo del verano y en los meses siguientes, con el Gobierno del socialista Francisco Largo Caballero, apodado de manera optimista como el de la victoria, el Ejército que quedó en la zona gubernamental fue sustituido por uno de nuevo cuño. Se denominó Ejército Popular de la República y contó con símbolos tomados del Ejército Rojo de la URSS, como la estrella de cinco puntas y la instauración de comisarios políticos en las unidades, amén de estupideces como la sustitución del saludo reglamentario con la palma abierta por otro con el puño cerrado. En octubre de 1936, la Gaceta de Madrid publicó un decreto firmado por Largo Caballero que instauraba el Comisariado Político, que tantos muertos iba a causar en sus propias filas, unas veces por incompetencia militar y otras por eliminación de derrotistas, facciosos, trotskistas y traidores.

Se crea un Comisariado General de Guerra, cuya principal misión consistirá en ejercer un control de índole políticosocial sobre los soldados, milicianos y demás fuerzas armadas al servicio de la República y lograr una coordinación entre los mandos militare y las masas combatientes encaminada al mejor aprovechamiento de la eficiencia de las citadas fuerzas.

De acuerdo con los datos de Ramón Salas Larrazábal en su artículo titulado Los 40 generales víctimas de la guerra civil (revista Historia y Vida), murieron en la zona nacional ocho generales del Ejército y dos de la Armada, en total, 10; y en la zona republicana 19 generales del Ejército y 11 de la Armada, es decir, 30. De los 40 generales y almirantes fallecidos, tres cuartas partes lo fueron en la zona roja.

Un muerto condenado a muerte
El primer general muerto fue el general de brigada Jacinto Fernández Ampón, gobernador militar de Gerona, que proclamó el estado de guerra en esta ciudad. Fue detenido y trasladado a Barcelona, donde se le fusiló en el cementerio de Moncada por milicianos el 22 de julio de 1936. Al asesinato, el Gobierno de izquierdas unió el insulto, ya que después de su muerte un tribunal lo condenó a muerte en rebeldía.

Antes de cumplirse el primer mes de la sublevación cívico-militar fueron juzgados, condenados a muerte y ejecutados los generales que dirigieron las sublevaciones de Madrid, Barcelona y Málaga.

En Barcelona fracasó el golpe y fueron apresados los generales implicados. En el consejo de guerra se juzgó al general de división Manuel Goded, que era comandante militar de Baleares, pero el 19 de julio había volado a Barcelona para ponerse al frente de las tropas. Junto a él también fueron juzgados y condenados a la pena máxima los generales de brigada Álvaro Fernández Burriel y Justo Legorburu. Se les fusiló en el castillo de Montjuic el 12 de agosto. En octubre de 1940, fue fusilado en el mismo lugar por los vencedores el golpista Lluìs Companys.

En Madrid, el general Joaquín Fanjul Goñi encabezó la rebelión en el Cuartel de la Montaña y se salvó de la matanza cometida al rendirse, pero sólo para ser juzgado el 15 de agosto y ejecutado el 17 de agosto.

El general Francisco Patxot, gobernador de Málaga, sacó las escasas tropas que tenía a sus órdenes y tomó la ciudad con la colaboración de 600 guardias civiles. Pero Diego Martínez Barrios, presidente de las Cortes, habló con él por teléfono, le aseguró que el alzamiento había fracasado, añadió que el destructor Sánchez Barcáiztegui se dirigía a la ciudad con órdenes de bombardearla y para evitar más muertes le intimó a la rendición, a la vez que le prometió respeto a su vida y a la de sus oficiales. Patxot mandó a las tropas regresar a sus cuarteles, donde las milicias de izquierdas irrumpieron y cometieron una matanza.

El 23 de agosto de 1936, el ABC de Madrid, controlado por el PSOE y la UGT, dio la noticia de la muerte como La Vanguardia daba las muertes de los sindicalistas a los que se les aplicaba la ley de fugas:

El general Patxot, ex-comandante militar de Málaga, ha fallecido a consecuencia de las heridas recibidas cuando era conducido a la prisión, acusado de haber participado en la sublevación fascista.

El general de brigada José Bosch Atienza, comandante de Menorca, proclamó el estado de guerra en la isla, la única de las Baleares que se mantuvo leal a Madrid. La reacción de los grupos de izquierda y de otras unidades militares y navales hizo que se rindiese. El general José Gacía Aldave, comandante militar de Alicante, en cuya prisión se encontraban encerrados José Antonio Primo de Rivera y otros falangistas, tuvo una postura dubitativa y, aunque no proclamó el estado de guerra, no se salvó de ser ejecutado.
La decapitación de un general republicano y masón

Ese mismo mes murió el general Eduardo López Ochoa, al que sus condiciones de masón y republicano no salvaron la vida. El Gobierno republicano le encargó la represión de la Revolución de Octubre de 1934 en Asturias, por lo que la izquierda le convirtió en uno de los objetivos de su campaña de odio de los meses siguientes.

El 18 de julio, López Ochoa estaba ingresado por enfermedad en el Hospital Militar de Carabanchel, y los milicianos azuzados por meses de odio fueron a por él; la primera vez, un piquete de Guardias de Asalto les impidió a éstos la entrada en el hospital; pero la segunda vez, el 17 de agosto, lo consiguieron. Los rojos asesinaron al coronel González Deleito, que trató de defender a López Ochoa. Su muerte fue espantosa. Gonzalo Queipo de Llano difundió por radio que le dispararon cuarenta tiros en su cama. La verdad es que lo degollaron con una navaja barbera y luego le decapitaron; por último, clavaron su cabeza en un palo y la llevaron en triunfo por la barriada. La chusma encamionada de la República española actuaba como la chusma parisina de la Revolución francesa: paseando las cabezas de sus enemigos.

Otros generales muertos, muchos de ellos en sacas, fueron los tenientes generales Pío López Pozas y José Rodríguez Casademunt y los generales Villegas, Capaz, González de Lara, Emilio Araujo y Manuel Lon Laga.

El tercer teniente general que había en España, Alberto Castro Girona, estaba en Madrid en situación de disponible sin destino. Aunque tampoco se sublevó, el Gobierno de Largo Caballero lo encarceló. Salvó la vida y falleció en 1969.

En la base naval de Cartagena fueron detenidos los contraalmirantes Francisco Márquez Román, Camilo Molins y Ramón Navia Osorio Castropol. Márquez fue trasladado a Madrid donde murió asesinado; Molins fue absuelto, pero los vencedores le juzgaron y ejecutaron; y Navia Osorio murió en la última matanza de oficiales del Cuerpo General de la Armada, a finales de octubre de 1936.

En Madrid los republicanos mataron al vicealmirante Francisco Javier de Salas González, jefe del Estado Mayor de la Armada. La tripulación del crucero Miguel de Cervantes asesinó al vicealmirante Miguel de Mier y del Río.

En Mahón también se asesinó al contraalmirante Luis Pascual del Pobil. En Guadalajara murió el contraalmirante Ramón Fontella Maristany. Y en Madrid al contraalmirante Joaquín Cervera, segundo jefe militar del Cuarto Militar del presidente de la República.

Otros cuatro generales de la Armada asesinados todos en Madrid fueron: Manuel González de Aleda y Castilla, ingeniero, José Martínez Ayala, de Intendencia, Guillermo García Parreño, jurídico y Esteban Martínez Cabañas, jurídico.

Internacional
Decenas de muertos en choques entre islamistas y la policía en El Cairo
EFE  27 Julio 2013

Al menos 120 personas han muerto y unas 4.000 han sido heridas en los enfrentamientos, según denuncian los Hermanos Musulmanes

Al menos 120 personas murieron en las últimas horas y unas 4.000 resultaron heridas en choques entre partidarios del depuesto presidente Mohamed Mursi y la policía en el distrito cairota de Ciudad Naser, informaron hoy los Hermanos Musulmanes.

La Hermandad, que citó fuentes del hospital de campaña de la plaza de Rabea al Adauiya, señaló en su página web que la mayoría de las víctimas presenta disparos de bala en la cabeza, el cuello y el pecho. El Ministerio de Sanidad por el momento no ha confirmado estas cifras de muertos y heridos.

Según los islamistas, la policía abrió fuego a primera hora de la mañana contra los seguidores de Mursi cerca del monumento del soldado desconocido, en el camino de Nasr, en las proximidades de Rabea al Adauiya, donde los Hermanos Musulmanes y otros grupos afines mantienen una acampada. Una fuente de los servicios de seguridad dijo a Efe que los enfrentamientos comenzaron cuando los partidarios del depuesto presidente intentaron bloquear el puente 6 de Octubre, uno de los principales de la ciudad. Los efectivos del orden advirtieron a los manifestantes que no lo hicieran, pero estos insistieron y se iniciaron los choques. La fuente subrayó que la policía intentó dispersar con gases lacrimógenos a los islamistas, que respondieron arrojándoles piedras y con disparos de perdigones.

Por otro lado, los Hermanos señalaron que al menos siete personas fallecieron y 250 resultaron heridas ayer en enfrentamientos con agentes policiales en las inmediaciones de la mezquita de Al Qaed Ibrahim en la ciudad de Alejandría, en el norte de Egipto. Hasta ahora, el Ministerio de Sanidad ha confirmado que en esos incidentes hubo al menos cinco muertos y 147 heridos.

Este viernes, Egipto vivió marchas multitudinarias a favor y en contra del golpe de estado que derrocó a Mursi el pasado 3 de julio. En la capital, los islamistas llevaron a cabo concentraciones en Rabea al Adauiya y en la plaza del Nahda, en Giza, mientras que decenas de miles se congregaron en la plaza Tahrir y sus alrededores para respaldar a las fuerzas armadas.

Los participantes en la protesta de Tahrir acudieron tras un llamamiento del jefe del Ejército Abdel Fatah al Sisi para que los ciudadanos salieran ayer a la calle para respaldar a las fuerzas armadas y la policía en una «probable lucha contra la violencia y el terrorismo». Los militares dieron también un ultimátum el jueves, que expiró ayer, para «unirse a las filas de la patria» y amenazaron con cambiar su estrategia contra la violencia.

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Crónica Negra
Estos noruegos están locos
Francisco Pérez Abellán Libertad Digital  27 Julio 2013

Acaban de cumplirse los dos años de la implosión del mayor asesino múltiple de todos los tiempos en una sola tacada: Anders Behring Breivik, el noruego más nazi de un país liberal, el más cruel de la intolerancia, el más criminal de todos los criminales en un solo acto, incluidos Hitler y Stalin. Encerrado en una cárcel donde paga solo 21 años por 77 asesinatos y se queja al mundo de que se le obliga a limpiar su celda de rodillas con una bayeta de las de antes de que el ingeniero español le pusiera palo e hiciera más humano el acto de fregar. También se queja de que los funcionarios le palpan donde termina la espalda por si oculta algo entre el aporte de grasa. Pero el que está loco no es él, sino las autoridades. Los que están locos son los que mandan.

Breivik contaba con la tradicional hospitalidad noruega a los criminales con cárceles-suite: habitación para dormir, salón de estar-despacho y gimnasio. Pero a algún elemento perverso de la fría maquinaria noruega se le ha ocurrido quitarle el ordenador y cambiarlo por un bolígrafo de goma. Con lo que el asesino Breivik, que pensaba reescribir Mi lucha para el mundo, se ha quedado jodido.

No puedo estar más de acuerdo con mi colega, el profesor universitario Finn Fuglestad, que denuncia que su gobierno no ha aprendido y "ha comprado" la versión de ETA. Después de lo que pasó, el Gobierno noruego está de parte de la izquierda abertzale y del terrorismo etarra. El ministro de Educación ha destinado más de tres millones de euros a tres proyectos entre los que se encuentra la izquierda abertzale. Respalda así a la dirección de ETA: Josu Ternera, David Pla e Iratxe Sorzabal.

Todo esto después de haber perdido mogollón de ciudadanos a manos del terrorismo surgido en sus entrañas. Cuando hace dos años Breivik hizo explotar un coche en Oslo que mató a ocho ciudadanos y luego se fue a la idílica isla de Utoya, vestido de policía y con un rifle, fue matando a 69 personas, a razón de una por minuto. La mayoría cachorros del partido laborista. La tragedia puso de relieve que los fríos e impávidos noruegos son capaces de dejar a sus jóvenes sin protección en una isla, en número de quinientos, sin medios de acceso, ni barcos, ni helicópteros, sin policía especialmente dotada y sin capacidad de reacción. Aunque, eso sí, cuentan con una mayoría silenciosa y ahora demudada, con el cerebro lavado, que, cuando la catástrofe, respondió a las encuestas que las autoridades habían hecho lo debido. Sin enterarse de nada.

Pues mire, lo hicieron mal porque según Breivik, lo que quería era matar a algunas personas, pero entregarse enseguida. Aunque como la policía tardó más de una hora en desarmarlo, mató más de lo que pensaba. La operación de seguridad fue una gran chapuza noruega. Unos tipos que miran con displicencia, considerándose superiores y más inteligentes, sólo porque tienen petróleo.

Los noruegos son poco sentimentales. Gélidos, lejanos, displicentes, soberbios y se creen en posesión de la verdad. Reparten carnets de luchadores por la paz y casi siempre a gente equivocada, como la banda ETA. Menos el profesor emérito de la universidad de Oslo, Finn Fuglestad, autor de la única obra en noruego sobre la historia de España y Portugal, que se ha venido a nuestro país hasta que se le pase el cabreo.

Noruega es el país del mayor monstruo criminal contemporáneo, record de los killers que en el mundo han sido, concebido en tiempo de paz y prosperidad, mientras unos gobernantes descuidados, incapaces, pagados de sí mismos, miran para otro lado. Eso les ha costado la vida a muchos noruegos, aunque estos gélidos pasmados sean incapaces de darse cuenta. Miren: las autoridades de su país son tontas. Incapaces de distinguir un demócrata de un terrorista. Viven en un mundo lejano, no saben lo que es la ETA y no tienen coraje para descubrirlo. Ni siquiera leen la obra de Fuglestad para saber qué es España. Y lo peor es que son incapaces de pedir perdón. Eso sí, que dimita el primer ministro, Jens Stoltenberg, por proetarra, por enemigo de la seguridad, por no combatir a asesinos de niños, tan parecidos a Breivik, aunque Breivik tiene más valor que todos ellos juntos.

Margallo debería darle estopa al gallo noruego, al embajador que se confunde con el paisaje, el gallo Margallo. La ignorancia de los noruegos que mandan, sobre España y su situación política, es abrumadora. Los noruegos se creen moralmente superiores y su país es el mejor. Aunque en él ha nacido un monstruo como Breivik que hoy ensaya con la bayeta neolítica pero que ha hecho que se hable de Noruega –mal–, de uno a otro confín, hasta que ha sido desbancado por la autoridad filoetarra.

España / espÑa
Gastar en juicios absurdos en vez de invertir en empleo
pablo ojer / pamplona ABC  27 Julio 2013

La Justicia ordena a los ayuntamientos de Alsasua y Olazagutia a colocar la bandera española en lugar preferente de sus edificios

Fachada del Ayuntamiento de Alsasua, donde la bandera de España brilla por su ausencia

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha fallado a favor de la Delegación del Gobierno en Navarra, en sentencia firme, para que los Ayuntamientos de Alsasua y Olazagutia coloquen la bandera de España en sus edificios consistoriales.

Esta sentencia ya no admite más recursos y los citados ayuntamientos, gobernados por Bildu, no tendrán más remedio que cumplir la ley y situar la enseña nacional en lugar preferente. Esta sentencia se une a las ya dictadas contra los consistorios de Vera de Bidasoa y Lesaca. Además, estos ayuntamientos tendrán que asumir las costas de los juicios y de los consiguientes recursos.

Recurrir estas sentencias que les obliga a colocar la bandera de España es una costumbre habitual en las localidades gobernadas por Bildu. De hecho, en los presupuestos de cada año con los que se gestiona el dinero de todos los ciudadanos, sean votantes de Bildu o no lo sean, hay una partida destinada expresamente a pagar las costas judiciales.

Los partidos políticos no nacionalistas han reiterado una y otra vez su posición a favor de que esta partida económica se destine a creación de riqueza y de empleo en una zona de Navarra, el de la Barranca, una de las más deprimidas y castigadas por la crisis económica. Al fin y al cabo, estos recursos están perdidos de inicio ya que la Ley 39/1981, reguladora del uso de la bandera española y el de otras banderas y enseñas, es clara a este respecto.

Además, desde la Delegación del Gobierno se ha instado a la Abogacía del Estado a que proceda a pedir la ejecución de las sentencias firmes que ya afectan en esta materia a seis localidades navarras: por un lado Arbizu y Lacunza, al no haber recurrido en apelación una vez trascurrido el plazo, y por otro Alsasua, Vera, Lesaca y Olazagutía, a las que el TSJN ha desestimado su recurso.
Cuarenta y dos ayuntamientos

La Delegación del Gobierno en Navarra ha remitido requerimientos para que se cumpla la ley a un total de 42 municipios de la Comunidad foral. De ellos, 25 han cumplido con el requerimiento sin mayores contratiempos.

Otros catorce consistorios no cumplieron y fueron denunciados ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de los que doce ya han recibido la sentencia favorable para la Delegación del Gobierno. Otros dos se encuentran pendientes de fallo judicial.

Además, hay tres ayuntamientos a los que se les ha enviado el requerimiento, pero todavía se encuentran dentro del mes de plazo que la ley da para que obedezcan.



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