AGLI Recortes de Prensa   Domingo 28 Julio 2013

Motivos para preocuparse
Fernando Díaz Villanueva www.gaceta.es 28 Julio 2013

Anda el Gobierno como loco con los datos de la última EPA, la correspondiente al mes de junio. No hay miembro del gabinete rajoyano que no lo recuerde con un sonrisón de oreja a oreja sin importar si se lo han preguntado o no. Tiene cierta lógica. Después de 18 meses fabricando parados al por mayor parece que se ha llegado a un descansillo en la escalera que nos conduce al inevitable colapso por sobretrinque, desvergüenza, funcionaritis y asfixia fiscal. El hecho es que los datos no son malos del todo, mentiría si dijera lo contrario, ahora bien, de ahí a establecer una tendencia media trecho tal que sólo los linces como Julito Sánchez recorren de una zancada.

Entonces, ¿por qué habríamos de tener motivos para preocuparnos? Básicamente porque la EPA del mes pasado –y, probablemente, la del mes que viene– no es más que un espejismo en mitad del Sáhara zapaterino y montoresco que atravesamos desde hace un lustro. Lo diré brevemente: el empleo crece porque estamos en verano y la temporada turística de este año está siendo extraordinariamente benigna en la costa mediterránea y en los dos archipiélagos. Para eso, claro, no nos hace falta la EPA ni la machaconería de Moncloa en vender lo invendible, para eso bastaba con consultar la tasa de ocupación hotelera en la Costa Brava, la del Sol, Baleares y Canarias. En todos los casos se encuentran por encima del 80% y, en ciertos destinos, encontrar una habitación es misión imposible. Bien por los hoteleros, mal por Hacienda que va a entrar a saco en sus merecidos beneficios en cuanto acabe el verano.

Esas camas con inquilino aparte de cobrarlas, las atendemos, les vendemos cervezas, bronceadores y un sinfín de servicios en los que, saquemos un poco de pecho, somos especialistas los españoles desde hace medio siglo. La ocupación hotelera y el empleo van tan unidos como el rayo y el trueno, primero llega una y después el otro. Pero, claro, la temporada turística no dura todo el año, está circunscrita a los meses de verano. Después ya se verá. Lo que veremos será más desempleo, más caras largas y excusas por doquier. A ver si hay suerte y con el mal tiempo y los malos humores llega también el cese del camarada Montoro. Lo siento por Julito pero el Partido, siempre próvido, ya le encontrará un bien remunerado acomodo.

Usted, venerado lector, se preguntará en qué me baso para afirmar que lo de la EPA es pura estacionalidad. Pues en los mismos datos que Báñez agita como un abanico cordobés para sacudirse la caló veraniega. En términos desestacionalizados el número de personas ocupadas no sólo no ha aumentado, sino que ha caído un 0,29%. Los contratos que se han firmado en el último trimestre son en su gran mayoría temporales y la contratación se ha efectuado en las zonas turísticas de Baleares y Andalucía. El resto de regiones se mantienen como antes. En fin, verde y con asas.

Pero no se me vayan que aún hay más. La población activa se ha reducido de un modo apreciable. Hay 76.000 españoles que ya ni buscan empleo y estos, obviamente, no se computan como parados. Si sumamos los que en los últimos 12 meses se han olvidado de encontrar un trabajo tendríamos 350.000 personas puestas en fila una detrás de la otra. Comparemos con otros años. En 2011, último año del zapaterato, la población activa creció en el periodo estival, no mucho, unas 20.000 personas. Nada raro por lo demás, las expectativas turísticas invitan a ello y esto sucede todos los años. Todos menos los dos de la rajoyía, que ya hay que tener mala pata. Con una población activa decreciente lo normal es que descienda el número de parados. Es como si en una ciudad llena de hambrientos unos cuantos deciden dejarse morir por inanición. Como las existencias de comida seguirían siendo las mismas tocarían a más por cabeza en el momento del reparto. El Gobierno se ha cuidado muy mucho de que esto pasase desapercibido en los medios de comunicación. La corte de los milagros abecedea y razonita están a lo suyo mientras en Internet, siempre redentor, se encuentra uno las verdades del barquero, que son las opuestas a las verdades del Julito. Lo de meter un palo a los blogs, a los blogueros y a los “piratas” informáticos que se fuman un canuto con los derechos de autor va de esto.

Hay otro motivo de preocupación que, este sí, ha pasado desapercibido para todo el mundo excepción hecha de Juan Ramón Rallo, cofrade del que suscribe y antagonista principal de esta tragicomedia socialistoide y barcení que padecemos a mayor gloria de Soraya y su banda de abogados del Estado. Resulta que a la chita callando, cuando nadie miraba, el Leviatán se ha puesto a contratar gente. En varias comunidades autónomas el empleo público, ese que produce poco o nada pero que pagamos a la fuerza los que si producimos algo, ha crecido. En Castilla-La Mancha, una comunidad semiquebrada, han hecho crecer la nómina de la covacha un 6,2%, en Extremadura un 3,3% y en Murcia un 1,6%. Ya saben que cada puesto creado en el sector público tiene un coste directo en el sector privado, así que hagan cálculos. Luego vendrán los de siempre con el cuento ese de que el PP es enemigo de “lo público”. Me permito corregirles, el PP es “lo público”, su mejor aliado, el que está permitiendo que el funcioneta pitillero hipersindicado con sus privilegios a cuestas ni se entere de que hay crisis. Arriola debería ir tomando nota para, en las próximas elecciones, montar el cierre de campaña en Marinaleda y no en el Palacio de los Deportes de Madrid.

Pero lo peor de esta EPA y de la que viene no es su falsedad intrínseca ni la satisfacción manifiesta de los mangantes que ahora la apadrinan, sino el hecho de que está sirviendo como coartada para no cambiar nada. Al registrador de Pontevedra con plaza en Santa Pola era todo lo que le faltaba para hacer lo que siempre deseó hacer: nada.

Una función, una Administración
*Antonio Alarcó 28 Julio 2013

Permitan que hoy reflexionemos sobre el Proyecto de Ley de Reforma de la Administración Local, aprobada por el Gobierno de España en Consejo de Ministros, una necesidad objetiva del sistema que supone cumplir uno de los compromisos más importantes del programa electoral del Partido Popular.

Hablamos de una iniciativa de enorme complejidad, en la que se venía trabajando desde hace más de un año y que se adaptará a las consideraciones realizadas por el Consejo de Estado en su informe. Esta norma se nos antoja fundamental para seguir profundizando en el necesario ahorro en las Administraciones Públicas.

Entre otras claves, se eliminan las competencias impropias, que desempeñaban los ayuntamientos y correspondían a otras Administraciones, y se pone límite a los sueldos de los miembros de las corporaciones locales, los empleados públicos y los directivos del sector público local en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Se basa en el Informe sobre la Reforma de las Administraciones Públicas, la radiografía más minuciosa que se ha hecho sobre el sector público español en la democracia, encaminada a conseguir instituciones austeras, útiles y eficaces, ahorrando burocracia a los ciudadanos.

Estamos hablando de una verdadera necesidad de la que se hace eco el Gobierno de la Nación, y por ello se ha encargado a esta comisión de expertos, con el fin de proponer mejoras con la máxima objetividad. Entre 2012 y 2015 el ahorro, que se une a medidas ya aprobadas, alcanzará los 37,7 millones.

Tras meses de trabajo, podemos contar con un riguroso informe de 217 medidas, completado con 2.239 sugerencias a través de un buzón de participación ciudadana, y las aportaciones de todo tipo de entidades representativas de la sociedad civil. Se trata de recabar el mayor consenso posible, con el fin de acordar un documento sin ideología, en el que todas las instituciones se vean representadas y ganen en eficacia.

Las 217 medidas se centran en cuatro bloques: eliminación de duplicidades, planificación conjunta, simplificación administrativa y gestión más eficiente. Todas conducen a que la Administración esté siempre al lado del ciudadano, y a su servicio, no frente a él.
Buscamos un sistema más eficiente y cercano, al servicio de los ciudadanos. Todas las Administraciones trabajarán bajo los principios de transparencia, eficiencia, sostenibilidad financiera y una función, una administración.

Incluye la reforma de 57 organismos y la supresión de 90 observatorios estatales y autonómicos, así como 17 de las 48 fundaciones estatales. Además, se venderán miles de inmuebles infrautilizados.

A partir de ahora sabremos siempre, y en todo momento, quién hace qué y con qué medios. Se implantará, además, una ventanilla única para comercio exterior, factura electrónica, historia clínica nacional y Administración online.

Para ganar en eficiencia, la reforma instaura también un control exhaustivo del gasto de recursos públicos, estimados en función de las necesidades reales de la Administración. Se potenciará la contratación conjunta de servicios y se instaurará una auditoría de productividad y eficiencia.
Por vez primera, de hecho, avanzaremos en una verdadera coordinación entre Administraciones, buscando compartir medios, información y equipos, y potenciando programas conjuntos. También se pretende centralizar servicios, asumiendo funciones de organismos autonómicos por los entes estatales: Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Instituto Geográfico Nacional o Agencia Estatal de Meteorología, entre otros.

Dentro del proceso que se llevará a cabo para abordar esta reorganización, se determinará si alguno de los organismos públicos de investigación existentes debe quedar excluido de esta integración, por sus especiales características.

Por tanto, queremos dejar claro que no se suprimen prestaciones o servicios a los ciudadanos, puesto que el ahorro proviene de mejoras de gestión y racionalización de las funciones, que solo se lograrán si todos remamos en la misma dirección.

Con todo, la reforma de las Administraciones públicas arrancó el primer día de Gobierno con medidas pioneras que ya han dado resultados. Se han reducido cargos, sueldos e indemnizaciones y empresas públicas y fundaciones, partiendo de un control exhaustivo del gasto público. Como resultado, España es ya uno de los países con menor gasto público en relación al PIB, y dos tercios de ese gasto van a prestaciones sociales. La Administración estará al servicio de los ciudadanos y empresas, y será un activo que contribuya al progreso social y a la competitividad.

*Antonio Alarcó es senador del PP por Tenerife.

Una función de teatro
Nota del Editor 28 Julio 2013

Primero hay que preguntar si la función es necesaria, luego si el coste se puede asumir, después si el coste se puede mejorar, y finalmente si hacen falta tantas administraciones o sería esta la primera pregunta.

Ejemplo de la tortilla: si queremos fabricar una tortilla española, utilizaremos el procedimiento que ya vimos muchas vees repetido a nuestras abuelas. Si queremos fabrica mil tortillas al día, tendremos que utilizar otro procedimiento, porque tener un montón de puestos de fabricación de tortillas no parece un sistema eficiente y si queremos fabricar tortillas para los chinos, imagine el tinglado que habría que montar, habría que amaestrar las gallinas para que se encargaran directamente de comer patatas y poner tortillas.

El desquicio paranoico español
Juan Vicente Santacreu Periodista Digital 28 Julio 2013

Si te gusta o disgusta, divulgalo, el poder está en tus manos.

En España es sabido que hemos perdido el Norte hace tiempo, por lo menos en la práctica y si no vean ustedes qué queda de Vascongadas, un territorio controlado a manos de pistoleros. Pero si usted es de los imbéciles que quiere seguir pensando que Vascongadas aún es España, pues vale, ¡¡adelante!! Si tiene “cojones” y quiere un cambio de sexo rápido, plántese en una plaza de Bilbao y entone con aire patrio el himno de España. La capada está garantizada.

Pero no sólo hemos perdido el Norte, por el Este está todo vendido, desde Murcia hasta Francia con las Baleares incluidas. Esos sí, en esta zona podrán seguir utilizando el DNI durante unos años mientras los notarios dan fe de la estulticia española.

¡¡Qué le voy a contar de Galicia!! Esta trágica semana hemos visto a Alberto Núñez Feijóo hacer todas las declaraciones institucionales sobre el accidente del tren en Galufo para no cabrear a los imbéciles. Un accidente que ha sido de carácter nacional ya que han fallecido españoles de distintas regiones, e incluso extranjeros, pero ahí estaba el felón Feijóo en la TVG para toda España y para medio mundo dejando patente que en la España multicultural tenemos gilipollas hasta en gallego.
El desquicio paranoico español - Arturo Mas - Rajoy - Feijóo

Para rematar este brindis a la imbecilidad nacional, hemos visto también esta semana cómo Arturo Mas manda por carta a Rajoy la petición para hacer su referéndum particular. Eso sí, la carta en catalán. ¡¡Té collons el Artur Mas!! Los mismos que le faltan a Rajoy y a los demás.

Si a todo esto añadimos la esquizofrenia de Rajoy y la anfibología del PP, nos encontramos con una España desquiciada y paranoica.

Y ya que he cogido carrerilla, remato esta reflexión con las demandas que hizo Rajoy no hace mucho ante la UE. No tiene desperdicio. Cito textualmente: “Europa necesita más integración política, más integración fiscal, y más integración bancaria. El euro es un proyecto irreversible”. Pues bien señor Mariano –lo de señor por decir algo- por qué no empieza por España y empezamos a reconstruir un sólo país político, fiscal y bancario y se deja de Galufadas oscuras. Cuando alguien tiene un mensaje político para Europa, otro para España y otro para una Comunidad, o es un idiota o es un malvado.

Por favor Sr. Rajoy, ya que tanto le gusta medir los tiempos, ha llegado la hora, dimita con dignidad que Idiota ya tuvimos uno, el mejor de la historia y nunca segundas partes fueron buenas. Y maldad, ya no necesitamos más.

Pues nada señores políticos, sigan ustedes choteándose del pueblo español que a parte de putas, somos masocas, nos va la marcha y nos encanta ser unas “mal pagás”.

Así lo pienso y así lo digo.
Más info en MasaBorreguera.com
Es un mensaje de Masby, somos españoles y practicantes, ¡¡Pásalo!!.

Mil euros la cerveza
Alfonso Ussía La Razón 28 Julio 2013

Hay organismos que no metabolizan adecuadamente el alcohol. Con el nuevo proyecto de ley de Seguridad Vial, a muchos españoles les va a costar mil euros tomarse una cañita de cerveza. Mil euros más el precio de la cañita, claro. De todas formas hay que agradecer a los legisladores que no hayan añadido al dolor de la escalofriante multa el de la bofetada al infractor. –¿Cómo voy a pagar mil euros por beber una caña de cerveza si mi sueldo es de novecientos euros mensuales?–; –lo sentimos. Las leyes están para cumplirlas, y si no le gustan, cambie de país–.

Los socialistas estropean la normalidad y los populares la empeoran. Entre la permisividad y la canallada oficial legalizada media largo trecho. Tenemos un ministro de Hacienda que se dedica a arruinar a la clase media siguiendo las órdenes de su jefe, y otros ministros que hacen lo posible para hacer imposible la vida de los ciudadanos. Por supuesto que no defiendo la comprensión al delincuente que pone en peligro la vida de los demás conduciendo temerariamente un coche o una moto por una carretera, ya sea autopista, autovía, carretera de dos direcciones, nacional, comarcal, vecinal o lo que sea. Todos los días se ven adelantamientos y acciones al volante delictivos. En verano, y en las localidades festivas, los controles de la Guardia Civil son absolutamente imprescindibles y necesarios, y la dureza en las sanciones tiene que imperar. Hay mucho gilipollas suelto que aún se cree que se puede conducir con varias o muchas copas de más. Pero una cerveza no le nubla la cabeza, ni los reflejos ni la experiencia a nadie, y una sanción de esa índole no puede aceptarse. Nadie debe pagar por una infracción leve –una cerveza siempre es leve–, más de lo que ingresa mensualmente por su trabajo. Porque vamos a desfigurar hasta tal punto la imagen de nuestros gobernantes que un día cualquiera creeremos que se levantan cada mañana con el único fin de fastidiar a los gobernados con el objetivo de recaudar, que ése es el problema, y no la caña de cerveza. Cinco cervezas son inadmisibles. Una, fresca y bien tirada, es una necesidad, y más aún en los meses de calor. Un whisky, una ginebra, una copa de vino o un chupito digestivo no son armas eficaces para provocar un accidente. Superar esa dosis y tomar el volante sí tiene que ser sancionable. Pero el peso de la sanción no puede impedir la visita a la tienda de comestibles, al supermercado o el pago del recibo de la luz.

Además, resulta contradictorio que se doble la cuantía de las sanciones y se abra la mano en los límites de la velocidad. Un coche de hoy puede circular perfectamente a 150 por una autopista sin que su conductor pueda ser acusado de asesino en potencia. Al que hay que sancionar es al que circula a semejante velocidad por una carretera no preparada para ello. Y al que después de una copiosa cena bien regada se cree perfectamente capacitado para conducir con normalidad. Pero aun así, una multa mínima de mil euros se me antoja un abuso de poder, una chulería recaudatoria y un afán en someter a la ciudadanía al reglamentismo caprichoso de los legisladores. Es cierto. Con tres gin-tonics no se puede conducir, del mismo modo que con tres gin-tonics no se puede legislar. Durante mi ya lejana función de cronista parlamentario he podido apreciar a decenas de diputados que, después de una prolongada estancia en el bar –todavía la «Taberna del Cojo», en el que compartían barra y mesas políticos y cronistas–, acudían a votar una ley en absoluto estado de embriaguez. De acuerdo. Pero que con anterioridad a su entrada en el hemiciclo pasen por un control de alcoholemia de la Guardia Civil. –Lo siento mucho, señoría, pero ha dado positivo. Mil euros, y vuelva usted mañana más sobrio, que estas leyes que están votando son de gran importancia para la sociedad–.

Cada nación europea tiene sus costumbres. Tomarse una caña es una afición muy española. Y conducir con una caña de cerveza forma parte del hábito. Ahí están los legisladores, con sus comisiones, sus mesas de trabajo y sus caprichitos. Algunos nacieron borrachos, aunque no hayan tomado una copa en toda su vida. Y otros, animados por la subvención que goza la ginebra parlamentaria, redactan las leyes con ánimo chisposo, divertido y cachondón. Queden prohibidas las ginebras, las copas de vino y las cañas de cerveza en los bares de diputados y senadores. Si conducir con una caña de cerveza es delito grave que conlleva el robo oficial de mil euros, legislar con un par de gin-tonics es una irresponsabilidad. Hay que dar ejemplo. Y derrochar menos dinero público para no tener que inventarse sanciones intolerables.

El sector del ocio nocturno no es una excepción
EDITORIAL Libertad Digital 28 Julio 2013

Los locales de ocio nocturno han decidido llevar a cabo medidas de protesta por la subida del IVA decretado por el gobierno el pasado mes de septiembre, a causa de los graves perjuicios que ello está acarreando a todo el sector. En consecuencia, las asociaciones que agrupan a las empresas de este ámbito concreto de la hostelería han decidido lanzar la campaña "Salvemos la Noche", con paros puntuales en la atención a público, para mostrar su oposición a esta subida impositiva que, aseguran, pone en grave riesgo la subsistencia de festivales, discotecas y negocios similares.

Cualquier subida de impuestos a las empresas supone un grave perjuicio que, irremediablemente, acaba traduciéndose en una pérdida proporcional de puestos de trabajo. Cuando, además, las condiciones del mercado son tan críticas como las que lleva viviendo la economía española desde hace ya varios años, un aumento de la presión fiscal provoca finalmente la desaparición muchos negocios ante la imposibilidad de sus titulares de seguir manteniendo la actividad.

Pero esto es así no sólo para los locales de ocio nocturno, por más que su importancia en la oferta hostelera que España ofrece al turismo sea destacada, muy especialmente en los meses de verano. Cualquier empresa, sea cual sea su actividad, ve amenazada su supervivencia cuando la exacción fiscal del Gobierno supera unos límites razonables, algo que el actual Ejecutivo ha llevado a la práctica con particular saña como es bien sabido. La impopularidad de los recortes presupuestarios, única alternativa a las subidas de impuestos cuando las finanzas estatales están en números rojos, hace que los gobiernos se decanten por gravar a los agentes económicos ante la pasividad de la mayoría de los sectores productivos, que sólo levantan la voz cuando son ellos los directamente afectados por una medida concreta de estas características.

Los empresarios de ocio nocturno, y sus clientes habituales que seguramente van a solidarizarse con los ellos por esta medida ciertamente abusiva de pasar el IVA de algunos servicios del 10 al 21%, harán bien en reflexionar acerca de la necesidad de poner en marcha un vasto programa de recortes del gasto público huyendo de la demagogia con que habitualmente es tratada esta cuestión por la clase política.

O recortes de gastos o subidas de impuestos. Hay que elegir, y no sólo cuando una decisión concreta del gobierno nos afecta de forma directa.

El eterno chantaje
josé garcía domínguez ABC Cataluña 28 Julio 2013

Tal vez me inquietaría la secesión de Cataluña si no se hubiese producido hace mucho tiempo. Para qué seguir engañándonos, de lo que fue proyecto histórico de vida en común apenas queda aquí un simple formalismo legal, el Estado, que es lo que ahora se aprestan a demoler los catalanistas. Guste o no, es la realidad. De ahí que acaso debiéramos plantearnos conducir a los nacionalistas hacia la mayoría de edad. Acabemos de una vez con el chantaje del niño malcriado que amenaza con fugarse de casa. Terminemos con la hiperlegitimación democrática que se atribuyen los soberanistas. Permítase el referéndum. Franqueémosles sin ningún miedo la puerta de salida. Pero si quieren hacer el triple mortal, que salten sin red. Nada de seguros de vida a todo riesgo con estaditos libres asociados, federaciones asimétricas y demás coartadas para seguir en la infancia eterna, ese no tener que pagar nunca las consecuencias de sus propios actos. Si se quieren ir, que se vayan. España no puede seguir soportando esta situación eternamente. No lo merece.

Recúrrase al artículo 92 de la Constitución, que, tal como ha recordado Francesc de Carreras, ofrece cobertura a una consulta jurídicamente no vinculante. Y que luego sea el único titular de la soberanía, esto es el pueblo español, quien legitime la decisión a través de una reforma de la Carta Magna. Porque sí hay una manera de terminar de una vez para siempre con el separatismo: convertirlo en factible. Aunque si la unidad de España no resultara ser sagrada, la de Cataluña tampoco habría de serlo Emúlese la Ley de Claridad de Canadá, que prevé la permanencia en el Estado federal de los territorios de Québec contrarios a la ruptura de la integridad nacional. Esa misma Ley de Claridad según la cual la pregunta deberá ser aprobada por el Parlamento federal, y habrán de transcurrir un mínimo de veinticinco años entre una convocatoria de referéndum y la siguiente. Que crezcan de una vez.

Torre de Babel o torre de papel
Nota del editor 28 Julio 2013

Compro un sobre con menos de una docena de tapones para el oído, incluye una sábana de más de medio metro cuadrado con las instrucciones, para cuarenta y dos países (repetidos los que tienen varias lenguas oficiales CH, BE, ) y treinta idiomas (agrupa RU-BY-AZ, AU-NZ, GB-IE-ZA-AE, FR-CH-BE, DE-CH-AT, IT-CH,y NL-BE.

Ya falta menos para el carrito de los idiomas.

Conversaciones de paz y el teatro
Rafael Bardají www.gaceta.es 28 Julio 2013

Lo primero que deberían hacer los Estados Unidos y los europeos es acabar con Hamás.

El próximo martes se inaugurarán las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos. Otra vez. Y otra vez auspiciadas por la Administración americana. Es como si, infatigablemente, cada nuevo secretario de Estado creyese que su tarea es resolver los problemas del Oriente Medio y que no va a fallar como todo sus antecesores.

Si yo fuera Kerry estaría ya pensando en un plan B para cuando estas nuevas negociaciones se empantanen. Que lo harán. Por una razón muy sencilla: lo que cada parte pide a la otra es algo imposible de conceder.

Los palestinos piden tierras sin reconocer a Israel como el Estado del pueblo judío (porque si pudieran, demandarían toda la tierra) e Israel quiere seguridad bajo unas fronteras defendibles pero, sobre todo, a ser el Estado judío reconocido por todos.

Ambos discuten sobre la esencia y su ser, no sobre unos asentamientos aquí o allá o un trazado fronterizo más o menos sinuoso.

En segundo lugar es poco probable que se den hoy las circunstancias en ambas partes para movimientos atrevidos que pudieran hacer avanzar la agenda.

El escepticismo reina en ambas poblaciones y si bien Netanyahu sigue dominando la escena política israelí, en su Gobierno hay posiciones para todos los gustos; y la Autoridad Palestina puede que sea palestina pero desde luego nada de autoridad.

Abbas es un zombie político criticado por los suyos y asediado por Hamás. Una concesión de más y es hombre muerto. En tercer lugar hay problemas mucho más agudos en la zona que un acuerdo de paz permanente entre israelíes y palestinos y, con toda probabilidad, las energías diplomáticas deban gastarse en otros conflictos, desde Siria a Líbano pasando por Irán, Yemen, Libia, etc.

Esto no quiere decir que esta nueva ronda no llegue a alcanzar algún acuerdo concreto, pero con toda seguridad no podrá lograr el acuerdo final.

Kerry pone mucha esperanza en que las conversaciones sean secretas, pero eso no basta. Se equivocaría si pensara que las partes están maduras.

Posiblemente Netanyahu quiera aliviar la presión americana sobre Israel y Abás, no quedarse completamente solo frente al peligro negándose a hablar con las autoridades de Jerusalén. En ese sentido es un teatro donde los papeles están muy bien definidos y de cuya actuación todos sacan algo. Mientras se siga hablando hasta el propio Kerry sale triunfador.

Ahora bien, si de verdad se quisiera acelerar el proceso de paz, lo primero que deberían hacer los Estados Unidos y los europeos es acabar con Hamas.

La caída de los Hermanos Musulmanes ha dejado las cuentas de Gaza en un penoso estado. Si se convenciera a Turquía y Qatar de cortar su apoyo financiero, su colapso sería inmediato.

La deuda impagable de España
Juan Laborda El Confidencial 28 Julio 2013

En el blog anterior, utilizando los datos de Eurostat, detallamos cómo la acumulación de deuda pública durante los años de Rajoy no alcanza parangón en nuestra historia democrática. Pero, ¿qué ocurre con la deuda privada? Como saben ustedes, siempre hemos mantenido que la actual crisis sistémica de la economía española se encuadra dentro de lo que técnicamente se denomina una recesión de balances privados. Es fundamental, por lo tanto, seguir, actualizar y analizar la evolución de la deuda de nuestro país a partir de los datos publicados por Banco de España y recogidos, dentro del apartado de estadísticas, en el epígrafe cuentas financieras de la economía española, concretamente en el capítulo 2. El 19 de julio se dieron a conocer las cifras correspondientes al primer trimestre de 2013.

Con los nuevos datos se confirman dos tendencias en la dinámica de la deuda total patria. En primer lugar, las sociedades financieras apenas han reducido marginalmente su volumen de deuda respecto al cierre de 2012. En realidad en todo el período que llevamos de crisis incrementaron su deuda, a pesar de encontrarnos, por un lado, en pleno proceso de reestructuración bancaria, y, por otro, en una fase de desendeudamiento del resto de sectores privados. En segundo lugar, lo que empezó siendo una brutal crisis de deuda privada, acaba transformándose, como venimos avisando desde estas líneas hasta la saciedad, en una crisis de deuda soberana.

La deuda durante la crisis (2008-actualidad)
Cuando se inicia la crisis son los sectores privados los que presentan problemas de solvencia. La deuda de las familias, empresas, y entidades financieras a cierre de 2008 se sitúa alrededor del 320% del PIB, y el precio del colateral que soportaba la mayor parte de la misma se desploma. Como consecuencia los sectores privados entran y están en una profunda recesión económica. Las familias disminuyen el consumo y recuperan ahorro, las empresas no financieras no invierten, destruyen capital ya instalado, y despiden a trabajadores. Las entidades financieras cortan el grifo del crédito, en un contexto de incremento de la mora, y tratan de recapitalizarse a costa de los contribuyentes. Nos encontramos ante lo que se conoce técnicamente como una recesión de balances. El objetivo, por encima de todo es reducir deuda. Sin embargo, el ritmo de reducción si se deja todo a la austeridad es muy lento. Ver cuadros 1 y 2.

Cuadro 1.- Evolución Deuda de España por sectores, período 2008-actualidad (millones de euros)

Cuadro 2.- Evolución Deuda de España por sectores en el período 2008-actualidad (%PIB)

Analizando los cuadros 1 y 2 se observa cómo desde 2008 la deuda privada apenas se ha reducido. Pero, profundizando un poco en los datos, existen comportamientos divergentes entre los sectores que la componen –empresas no financieras, sociedades financieras y familias. Las familias son las primeras que empiezan a reducir su deuda, desde 2008, proceso que se acelera a partir de 2010, momento en que nuestra economía es intervenida de facto por Europa. En total, las familias han reducido su volumen de deuda alrededor de los 90.000 millones de euros.

Las empresas no financieras empiezan tarde, a partir de 2010, pero de una manera intensa. Han implementado un proceso de desinversión que ha supuesto una reducción de su montante de deuda en alrededor de los 170.000 millones de euros.

Por el contrario, y a diferencia de otros países como Estados Unidos, donde quebraron entidades financieras pequeñas y medianas, la deuda de las sociedades financieras residentes en nuestro país continuó aumentando, concretamente en 100.000 millones de euros desde 2008, lo cual es especialmente llamativo en pleno proceso de reestructuración bancaria y limpieza aparente de sus balances.

La combinación de estas dinámicas contrapuestas en el sector privado está detrás del hundimiento del crédito en nuestro país. Las empresas y familias tratan de reducir deuda a toda costa, y por lo tanto no demandan nuevos créditos; la banca, en pleno proceso de reestructuración, apenas ha reducido su deuda, síntoma de que en sus balances bancarios sigue habiendo mucha porquería, y, por lo tanto, no presta. Como consecuencia se produce la mayor restricción de crédito de nuestra historia moderna.

Explosión de deuda pública
Sin embargo el hecho más destacado de los cuadros 1 y 2 es el fuerte incremento de la deuda pública, en más de 600.000 millones de euros desde el inicio de la crisis. Desde el cierre de 2008 el volumen de deuda pública sobre PIB ha aumentado más de 60 puntos porcentuales, produciéndose la mayor aceleración en los gobiernos Rajoy. Ello se debe básicamente a dos razones. Por un lado, el rescate bancario, que se ha hecho a costa de los contribuyentes; y, por otro, la intensa recesión de balances acelerada por las políticas económicas implementadas desde mayo de 2010, y que activaron los estabilizadores automáticos. Según nuestras expectativas, las nuevas necesidades de financiación de las administraciones públicas para el período 2013-2015 oscilan entre 470.000 y 621.000 millones de euros. Si se confirmaran, el montante final de nuestra deuda soberana en 2015 alcanzaría entre el 140% y el 160% de nuestro PIB.

De este análisis podemos sacar dos conclusiones:

1ª.- El proceso de reducción de la deuda privada se está concentrado exclusivamente en familias y empresas no financieras. El sector financiero, que fue quien concedió esa deuda, es insolvente, y aún así ha continuado incrementado su deuda.

2ª.- La deuda del sector público se dispara al activarse los estabilizadores automáticos, tanto en ingresos como en gastos, como consecuencia de la recesión económica en la que estamos inmersos. Este proceso se ve acelerado, por un lado, como consecuencia de una fuerte reducción del gasto social y una salvaje devaluación interna -en 2012 la remuneración de asalariados cayó un 8,5% interanual; y, por otro, por un rescate bancario que se ha diseñado única y exclusivamente a favor de la gerencia y acreedores, a costa de los contribuyentes.

Estas cifras, inasumibles, reafirman la idea de que habrá reestructuración de nuestra deuda, tarde, mal, y desordenada, con lo fácil que hubiese sido una quita pactada que además conllevara una reducción de la carga financiera mediante el oportuno control de capitales. Pero que se le va hacer.

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En sólo dos años
La Generalitat ha pedido al Estado 20.156 millones de euros
5 comentarios GACETA.ES/EFE  28 Julio 2013

Es la comunidad que más asistencia financiera ha solicitado para, entre otras cosas, saldar facturas pendientes.

La Generalitat ha pedido prestados a los diferentes fondos, habilitados por el Estado con el fin de facilitar liquidez a las comunidades, un total de 20.156 millones de euros en los dos últimos años, con lo que es la comunidad que más asistencia financiera ha solicitado.

Según datos del ministerio de Hacienda, la administración catalana pidió prestados en 2012 un total de 8.758,1 millones de euros y este año lleva solicitados unos 11.398 millones.

Para pagar a proveedores
De los fondos concedidos el año pasado, la parte más importante corresponde al Fondo de Liquidez Autonómico, al que la Generalitat pidió 5.433,9 millones de euros, a los que hay que sumar los 2.020,2 millones demandados para pagar a proveedores y los 1.304 millones que pidió a la línea ICO Vencimientos.

En cuanto a este año, la Generalitat ha recibido autorización para obtener a cuenta del Fondo de Liquidez Autonómico un total de 9.398 millones de euros, 8.009 millones para atender vencimientos de deuda y el resto para cubrir el déficit inicialmente fijado, que era del 0,7 % para este año.

Sin embargo, el gobierno catalán ya ha avisado de que una vez que conozca cuál es la cifra definitiva de déficit para este año, que espera sea lo más cercana posible al 2 % del PIB catalán, solicitará que se amplíe la parte del FLA ligada al déficit.

Además de estos 9.398 millones, la Generalitat ha formalizado recientemente la solicitud de otros 2.000 millones más para atender pagos a proveedores pendientes, en el marco de la tercera fase de este plan para saldar las facturas pendientes.

A pesar del volumen de fondos reclamados a estos fondos estatales, que no incluye los anticipos recibidos por Cataluña en 2012 y 2013, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, siempre ha defendido el derecho de Cataluña a hacer estas peticiones como aportadora neta a la caja del Estado, que, a su vez, recurre al endeudamiento para facilitar liquidez a las autonomías.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido en varias ocasiones que la puesta en marcha de estos fondos ha permitido a Cataluña financiarse a un coste menor (entre 5 y un 6 %, aproximadamente) que si tuviera que hacerlo en los mercados financieros.

El dinero que Cataluña ha solicitado prestado a estos fondos estatales tiene un plazo de devolución de diez años, aunque los dos primeros son de carencia, por lo que la partida de intereses de la deuda, que cada vez se come más parte del presupuesto, puede condicionar los presupuestos de los próximos años salvo que Cataluña, cuya deuda total supera los 50.000 millones de euros, vuelva a crecer a niveles razonables.

Por su parte, la Generalitat argumenta que sufre un déficit fiscal con el Estado que supone que cada año recibe unos 16.000 millones de euros menos de los que aporta.

Asimismo, fuentes del Departamento de Economía han cuantificado el "ahogo económico" del Estado a Cataluña en 8.576,7 millones de euros, según datos actualizados hasta mayo.

Lo que debe España
El gobierno catalán usa esta denominación por englobar aquí no solo deudas pendientes, sino otros conceptos como la reducción de las transferencias a Cataluña o el efecto económico sobre la Generalitat como consecuencia de medidas adoptadas por el Gobierno.

En concreto, la Generalitat calcula que el Gobierno le debe 5.227,5 millones en inversiones en infraestructuras; cifra en 712,8 millones de euros los ingresos finalistas que el Estado le ha recortado, en 1.762,5 millones las medidas adoptadas por el Estado que han supuesto un incremento del gasto para la Generalitat y en 873,9 millones los ingresos extra que le ha impedido captar el Estado con algunas decisiones.

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