AGLI Recortes de Prensa   Lunes 29 Julio 2013

La deuda, principal problema para la estabilidad económica
Javier Fernández www.lavozlibre.com 29 Julio 2013

Periodista

La deuda del Estado ronda el 90% y se ha convertido en la principal amenaza para la sostenibilidad de las cuentas públicas. Para empezar, ya es la primera partida de gasto de los Presupuestos para 2014 y el problema es que una rebaja de “rating” puede encarecer aún más el coste. El ratio de deuda sobre PIB es la principal amenaza de un crecimiento sostenido de la economía. Cuanto más se acerque al 100% del PIB más difícil resulta superar el estancamiento económico. De ahí la importancia de frenar su crecimiento. Sin embargo, está evolucionando en la dirección contraria. En casi cinco años y medio ha aumentado en más de medio billón (555.027 millones), el equivalente a un 54% del PIB.

El Banco de España acaba de revelar un dato escalofriante. Según se recoge en las cuentas financieras, la deuda aumentó en 56.236 millones de euros en el primer trimestre del ejercicio, hasta superar por primera vez en la historia los 1,2 billones de euros. En términos del PIB, el incremento fue de 5,7 puntos respecto al cierre de 2012. De acuerdo con estos datos, la Administración central suma una deuda del 87,5% del PIB. Las comunidades autónomas tienen otros 224.000 millones de euros en créditos, una cifra equivalente al 21,5% del PIB; mientras que las corporaciones locales tienen una deuda del 6,4% del PIB, más de 65.000 millones de euros.

El problema es que el ratio de deuda sobre PIB es el que se utiliza para analizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. De acuerdo con los datos del Banco de España, la deuda alcanza los 937.334 millones hasta mayo, lo que supone el 89,5% del PIB. La cuestión no es sólo el nuevo récord histórico sino la velocidad con que crece, dado que ha aumentado en 23.349 millones y ha roto la tendencia de contención que había iniciado tras reducirse en 8.800 millones. En tasa interanual, la deuda pública experimenta hasta mayo un incremento del 19,3% frente a los cinco primeros meses de 2012.

El grado de endeudamiento nacional exige una renovación cuantiosa y continua de la financiación externa, lo que requiere un superávit por cuenta corriente y, en nuestro caso, aumentos de las exportaciones netas. La posición de inversión internacional de España es de casi un billón de euros o el 93% del PIB. Esta cantidad supera en 60 el límite del 35% del PIB recomendado por la CE como razonable. Estos datos, en una situación de mora bancaria elevada y recursos cautivos por las provisiones, indican que el camino para garantizar la financiación aún es largo. La cuestión fundamental es que hemos perdido la única ventaja competitiva que teníamos frente a nuestros rivales europeos al inicio de la crisis. La deuda ya se ha situado cuatro puntos por encima del promedio de la Unión Europea y estamos en la media de la zona euro (90,7% en 2012), porcentaje que se superará ampliamente en breve, según las previsiones gubernamentales y que supone una seria amenaza de futuro para la estabilidad de España.

Élites extractivas
xavier domènech La Opinion 29 Julio 2013

El pasado año los economistas Daron Acemoglu, del MIT, y James Robinson, de la Universidad de Harward, dieron una campanada académica con su libro Por qué fracasan las naciones (Why the nations fall). Según su tesis, el éxito o el fracaso económico de los países no depende de la geografía o el clima, sino de la forma como se organiza la sociedad y las instituciones de poder, y de si tal organización crea los incentivos necesarios para que la gente ahorre, invierta, se eduque, innove y acceda a nuevas tecnologías. Y la vía directa al fracaso es la maldición de las "élites extractivas", definidas por los dos autores como "un sistema de rentas que permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio".

A la divulgación de dicho concepto entre nosotros contribuyó en gran manera César Molinas con un artículo en El País, en septiembre pasado, recogido ahora en su libro Qué hacer con España. En él abogaba por una profunda reforma del sistema político como paso ineludible para abrir el camino a un futuro mejor, pero a la vez advertía que los políticos que se turnan en el poder no están interesados en ello precisamente porque son una élite extractiva.

En la síntesis que hace Molinas del trabajo de Acemoglu y Robinson enumera como características de tales élites, además de la apropiación de rentas, "tener el poder suficiente para impedir un sistema institucional inclusivo, es decir, que distribuya en poder político y económico de manera amplia" y "abominar de cualquier proceso innovador lo suficientemente amplio como para acabar creando nuevos núcleos de poder económico, social o político". Los dos economistas han apreciado el trabajo de Molinas en una nota de su blog whynationsfail.com, en la que comentan: "No creemos que España tenga problemas y Alemania no porque los españoles sean católicos o mediterráneos o hispánicos (...) Molinas ha utilizado el marco de Por qué fracasan las naciones para proporcionar un penetrante análisis de los problemas económicos de España y de la forma en que han sido resultado de las dinámicas políticas puestas en marcha por la democratización en la década de 1970".

Luego, según esto, ¿todo es culpa de los políticos? No debe sorprender el éxito de tal teoría en un país acostumbrado a desconfiar de la profesión política y atribuirle todos los males. Sin embargo, la obra de Acemoglu y Robinson ha sido criticada, entre otras razones, por hacer un énfasis excesivo en el componente institucional del sistema de poder, como si no tuviera importancia lo que Molinas cita como "capitalismo castizo, es decir, el capitalismo español que vive del favor del Boletín Oficial del Estado". En términos cuantitativos, los mayores beneficiarios de las rentas detraídas en el caso español tal vez no sean los profesionales de la política, aunque sus ingresos estén bajo mayor intensidad de los focos, sino determinadas empresas y particulares que ponen algunos ceros más en su cuenta con cada decreto, con cada pelotazo y con cada concesión de rentabilidad blindada. Desde luego, este grupo tiene el poder suficiente sobre los actores políticos para impedir el cambio del sistema institucional. Dicho de otra forma: para entender el funcionamiento de las élites extractivas hay que mirar ambas columnas de las contabilidades secretas de los partidos; la de los destinatarios y la de los proveedores de fondos.

Pero, por descontado, no van a ser los beneficiarios privados del montaje quienes se esfuercen por cambiarlo. Solo desde la política se pueden emprender los cambios necesarios, por lo que los primeros pasos deben darse dentro de los partidos y a partir de la iniciativa de la sociedad. El conformismo es una condena.

El tanque
Alfonso Ussía La Razón 29 Julio 2013

Aquellas entradas y salidas de la Audiencia Nacional de un poderoso editor rodeado de una decena de letrados estableció la normalidad del plural en referencia al asesoramiento legal. A partir de aquella imagen, todos los pedorros, miramelindos, zorrillas y putiplatós de los programas de chismes en las cadenas de televisión amenazaban con el poder plural: «Como vuelvas a decir que me he acostado con tu novio, te mando a mis abogados»; «pues no lo retiro. Te has acostado con mi novio, y no me importa nada que me mandes a tus abogados, porque antes te mandaré yo a los míos». Tuve que declarar ante el juez por una querella que me interpuso el cantautor Paco Ibáñez por escribir que en mi opinión, desafinaba, y lo primero que, hice fue pedirle disculpas al juez. «Perdón, señoría, pero sólo tengo un abogado». Y el juez estuvo comprensivo y amabilísimo.

Somos muy de plurales. «España conquista la gloria en los Mundiales de Sudáfrica», proclamaron algunos sesudos periodistas. Al leer u oír tan grandiosa aseveración tuve que preguntarme: ¿cuántos mundiales se han disputado simultáneamente en Sudáfrica y cuál de ellos ha ganado España? Me sentí feliz al saber que sólo se celebraba un Campeonato del Mundo de Fútbol, un Mundial, y que España había sido la selección triunfadora. Como en los Juegos Olímpicos, que sí aceptan el plural, y no «las olimpiadas». «Las mejores olimpiadas de la Historia fueron las de Barcelona». Curiosa inexactitud, por cuanto la olimpiada no es la celebración deportiva, sino el tiempo que separa unos Juegos Olímpicos de los siguientes. Ahora mismo estamos en plena olimpiada, y cuando se inauguren los Juegos Olímpicos de Londres, la olimpiada dejará de serlo hasta la clausura de los Juegos celebrados. ¿Dónde pasas las Navidades? Si la Navidad conmemora el nacimiento de Jesús, las navidades se referirán a decenas de jesuses nacidos en el corto plazo que separa el 24 de diciembre del 6 de enero del siguiente año.

No creo que la cursilería semántica sea la causa del plural incómodo y desconcertante que ha utilizado en uno de sus escritos el filósofo socialista catalán Josep Ramoneda. Ramoneda, como una mayoría de los socialistas catalanes, sean o no filósofos, se mueve por la cresta de la montaña que da paso al verde, bello y maravilloso valle independentista. No aprueba la sistemática oposición del Gobierno de España al incumplimiento de las leyes y es partidario del amistoso pacto para alcanzar el acuerdo de la dichosa consulta.Profundamente asustado por la cerrazón del Gobierno de España y por su incalificable actitud de respeto por la Cosntitución y las leyes, Ramoneda se pregunta anímicamente empavorecido: ¿Se atreverá el Gobieno a enviar los tanques a Cataluña?

Hace unos meses, los alcaldes separatistas, nacionalistas o del PSC –puro pleonasmo– de determinada comarca se asustaron excesivamente por el paso de reactores del Ejército del Aire que sobrevolaron sus localidades. Se llevaron a cabo protestas airadas y se diagnosticaron más diarreas en la zona que las reflejadas en la media anual. Se trataba de unas maniobras normales del Ejército del Aire español en el espacio aéreo español, lo cual resulta tan lógico que no puede alterar a una persona reflexiva. Esas maniobras sirven, entre otras cosas, para defender Cataluña de posibles ataques provenientes de un mediterráneo hostil y más cercano de lo que algunos creen. Y en Cataluña están el Ejército de Tierra y la Armada con el mismo objetivo de defensa del territorio nacional.

Me atrevo a responder al minucioso y algo asustadizo filósofo. Sobra el plural. Atienda más a la Historia que a la Filosofía, y repase las acciones militares llevadas a cabo en Cataluña en respuesta a sus deslealtades. El Gobierno no mandará los tanques a Cataluña. Con un tanque, basta y sobra. Veinte guardias civiles desarmaron en la República a miles de Mozos de Escuadra, y los políticos separatistas huyeron por el alcantarillado de la Ciudad Condal. ¿Tanques? no. ¿Un tanque? Sólo si es necesario hacer cumplir las leyes. Pero un tanque antiguo, rescatado de un museo, que haga mucho ruido y dispare poco. Puede estar tranquilo el señor Ramoneda.

Cataluña sigue necesitando dinero
Editorial www.gaceta.es 29 Julio 2013

El victimismo nacionalista no tiene por qué estar fundado; es una exigencia propia de todo nacionalismo.

La comunidad autónoma de Cataluña es la que más dinero ha solicitado a las arcas del Estado para hacer frente a la crisis económica que padece. La Generalidad ha pedido para 2013 al FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) 9.398 millones de euros, 8.009 para atender vencimientos de deuda y el resto para compensar el déficit inicialmente estimado para este ejercicio. Esta cantidad supone un aumento de 325 millones sobre los inicialmente comunicados, y no es definitiva, pues a las puertas de agosto todavía el Gobierno autonómico no ha llevado al Parlament su proyecto de Presupuestos para el año que ya está en su segunda mitad, y la cifra de déficit es más que previsible que aumente.

Lejos quedan aquellas fanfarronadas más bien pueriles de los primeros días de la puesta en funcionamiento del FLA, en que las autoridades autonómicas se comportaban como si se creyeran su propia propaganda y Cataluña fuese un país soberano, rico y autosuficiente, cuando la cruda realidad es que las tres cosas son sólo imaginarias. Pero no es cosa ahora de cargar la suerte, por decirlo en términos taurinos, pues todos vamos en el mismo barco y no puede naufragar una parte sin que naufrague el conjunto, y además tampoco es cuestión de poner las críticas en el mismo nivel de infantilismo.

La falta de Presupuestos a estas alturas del año revelarían una capacidad de gestión altamente deficiente si no fuera porque no es esa la cuestión, sino el hecho de que el presidente Artur Mas ha querido voluntariamente quedar preso de Esquerra Republicana de Catalunya por un cálculo exclusivamente electoral partidista, ya que los sondeos auguran un descalabro convergente en beneficio de los separatistas “auténticos”, y Mas se ha querido poner al frente de esa manifestación disparatada. La consecuencia ha sido que la ideologización extrema e irracional del Gobierno autonómico hace sumamente difícil presentar unos Presupuestos con unas asignaciones de gastos que no resistirían el menor análisis cuando se prefiere mantener las “embajadas” y subvenciones inimaginables a costa de la sanidad o la escuela públicas.

Al final las cuentas imponen el realismo, y la Generalidad hace bien en acudir al FLA, porque el dinero recibido en 2012 se devolverá en diez años con un ahorro de más de 2.000 millones en intereses en comparación con lo que tendría que pagar si hubiese acudido al mercado. De todos modos, yerra quien crea que este destello de buen sentido servirá para apagar los gemidos del victimismo nacionalista. No habrá tal: el victimismo no tiene por qué estar fundado; es una exigencia propia de todo nacionalismo.

Legislar contra la corrupción
Editorial La Razón 29 Julio 2013

Los institutos internacionales de análisis, la OCDE y el Consejo de Europa consideran a España como un país en el que la corrupción no es especialmente grave. No es ésa, desde luego, la opinión del ciudadano medio, pero se trata, también, de una disparidad común en otras sociedades de nuestro entorno. Ocurre porque la medición de la corrupción es una materia muy compleja desde el momento en que se carece de datos empíricos de unos hechos que, por su propia naturaleza, se producen de manera oculta. Ni las estadísticas judiciales, ni las denuncias publicadas en los medios de comunicación sirven para establecer comparaciones. Transparencia Internacional, una de las organizaciones más respetadas en este ámbito, trata de abordar el fenómeno desde encuestas que recogen la percepción que tienen los ciudadanos de los distintos países sobre la honradez de sus instituciones públicas.

En el caso español, son los partidos políticos, el Parlamento y la Judicatura los que peores resultados arrojan, pese a lo cual, España se mantenía en 2012 entre los treinta países del mundo con menores índices de corrupción. Sin embargo, el hecho incuestionable es que existe un estado de alarma entre la opinión pública, muy tocada por la situación de crisis económica, con respecto a una supuesta corrupción generalizada entre los representantes políticos y los partidos en que se integran. Unas sospechas que manchan inevitablemente a las instituciones, pero que no sólo están sustentadas en las investigaciones abiertas en casi todos los juzgados del país sino también, en el uso partidista, consciente, de muchas denuncias que carecen de fundamento o que presentan como graves delitos hechos que no lo son.

El próximo jueves, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a comparecer en el Parlamento a raíz del llamado «caso Bárcenas», paradigma de la mixtificación a la que nos referimos. Sería una pérdida de tiempo inútil que tratara de convencer con sus explicaciones a una oposición que persigue unos objetivos completamente distintos a la búsqueda de la verdad o la moralización de la vida política española. De ahí que en la Moncloa, como hoy revela LA RAZÓN, se plantee un debate de mayor hondura, con los ciudadanos como principales destinatarios, en el que el presidente del Gobierno va a reclamar el mayor apoyo posible para acelerar la promulgación del paquete de medidas para la regeneración democrática al que se comprometió en el Debate del Estado de la Nación. En él se incluye la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y de los Partidos Políticos, que abrirá las cuentas de todas las formaciones al escrutinio público. El respaldo que obtenga medirá con exactitud qué hay de demagogia oportunista y qué de verdadera lucha contra la corrupción entre los miembros del Congreso.

La paradoja del golpe de Estado legal de Egipto
Editorial www.gaceta.es 29 Julio 2013

Estamos ante un escenario que recuerda muy mucho a las guerras de Vietnam o Corea.

Los islamistas radicales expulsados del poder en Egipto no están dispuestos a rendirse, como demuestra el hecho de que aún siguen ocupando la mezquita de Rabea al Adauiya, donde han instalado su cuartel general, y que no están dispuestos a abandonar, a pesar de la advertencia del ministro del Interior, que ha anunciado que desmantelará “muy pronto” la protesta y la plaza. Y mientras la cifra de muertos en esta revuelta civil sigue en aumento, un tribunal de El Cairo ordenó el arresto durante 15 días del ya ex presidente Mohamed Mursi, derrocado el pasado 3 de julio, acusado de conspirar junto al movimiento islamista palestino Hamas para atacar a las fuerzas de seguridad. Y aquí es donde encontramos la gran paradoja de lo que está aconteciendo en Egipto.

Aún a día de hoy ningún país de primera fila de Occidente ha pronunciado una sola palabra contra el golpe militar que derrocó a Mursi, que, no podemos olvidar, llegó al poder ganando unas elecciones democráticas. Sin embargo, y a pesar de su triunfo en las urnas, hasta los países considerados adalides de la democracia han mirado para otro lado ante el golpe de Estado que, a fin de cuentas, pretende evitar una islamización de Egipto por parte de los Hermanos Musulmanes. Pero que Occidente acabe avalando golpes militares en la era de lo políticamente correcto demuestra que algo han estado haciendo mal. Sin ir más lejos, la promoción de las revueltas en ciertos países árabes, sin tener bajo control quiénes iban a sustituir a los regímenes derrocados, se ha demostrado un error. Esto último queda patentemente visible en Siria, donde el ex ministro francés de Exteriores ha confesado cómo la revuelta en este país fue iniciada y promovida por los servicios secretos británicos para hundir a Asad, socio de Irán, y desestabilizar la zona. De momento, lo que se ha provocado es una tremenda guerra civil, con los rebeldes financiados por Occidente cometiendo terribles actos de violencia contra, por ejemplo, los cristianos, mientras que el Gobierno oficial aguanta apoyado por Rusia e Irán.

Estamos, en definitiva, ante un escenario que recuerda muy mucho a las guerras de Vietnam o Corea, cuando dos ideologías políticas no se enfrentaban directamente para evitar lo que se conoció como MAD, palabra que significa loco en español, y que es la abreviatura de Mutual Assured Destruction. En definitiva, que si enfrentaban la URSS y los Estados Unidos directamente, tenían ambos asegurada su mutua destrucción. La calma ha de llegar a Egipto antes de que sea demasiado tarde que, sin una financiación, en este caso de los Hermanos Musulmanes por Occidente, debería evitar el inicio de una guerra interminable.

Con Lupa
De cómo el Gobierno Rajoy ha ocupado todos los espacios de Poder del país
Jesús Cacho www.vozpopuli.com 29 Julio 2013

El escándalo surgido en torno al nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, ha venido a poner de manifiesto una de las mayores lacras de nuestra sedicente democracia, cual es la ocupación por ex altos cargos y militantes del partido del Gobierno de los puestos de dirección de organismos reguladores e instituciones del Estado teóricamente encargados de fiscalizar la labor del Ejecutivo, lacra responsable en gran medida de la muy pobre calidad de nuestra democracia, hasta el punto de que su corrección se ha convertido por derecho propio en meta de cualquier intento serio de regeneración del sistema. Las presidencias del TC, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), del Banco de España (BdE), del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, del Consejo de Estado... por no hablar de esa macro non nata Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), están en manos de antiguos dirigentes y militantes del PP, cuya independencia a la hora de vigilar la acción de Gobierno al que deben el cargo es cero o próxima a cero. En el lacerante turnismoque padecemos, cuando Gobierna el PP mandan los hombres del PP en los órganos de regulación; cuando gobierna el PSOE, lo hacen los del PSOE.

Pérez de los Cobos fue nombrado magistrado del TC en diciembre de 2010. Diecisiete meses después, el 19 de junio pasado, fue elegido presidente, sin que ni antes ni después hiciera pública su militancia en el PP. Fue la semana pasada cuando se supo (su nombre aparece incluido en la lista Bárcenas de donantes y afiliados del partido entre 2008 y 2011) que, al menos hasta 2011, el susodicho había pagado religiosamente su cuota como afiliado de base. Aun admitiendo que, como se ha encargado de hacer saber el propio TC, “la Ley Orgánica de este Tribunal no prohíbe que sus Magistrados puedan pertenecer a partidos políticos y sólo les impide ocupar cargos de carácter directivo dentro de los mismos, pues una posible afinidad ideológica no es en ningún caso factor que mengüe la imparcialidad para juzgar los asuntos que debe decidir”, es más que evidente que la militancia partidaria del presidente del TC es una cuestión ética y estéticamente reprobable, algo que pone en evidencia más que mil discursos el grado de envilecimiento a que ha llegado esta peculiar democracia española.

Asombrarse de lo ocurrido con el presidente del Constitucional es un puro ejercicio de fariseísmo
Se podrá argüir, y con razón, que asombrarse de lo ocurrido con Pérez de los Cobos es un puro ejercicio de fariseísmo teniendo en cuenta que todos los magistrados del TC llevan grabado en la frente las siglas del partido político al que pertenecen –siete al sector conservador, cinco al progresista-, puesto que todos han sido nombrados por los partidos. ¿De qué escandalizarse, entonces? La degradación, en forma de ruptura de esa separación de poderes que predicaron Locke y Montesquieu hace ya siglos, conscientes de la necesidad de controlar al Poder a través de un sistema de contrapesos y equilibrios (checks and balances) para garantizar la libertad de los ciudadanos, empezó en España en los años ochenta, con la decisión del Gobierno de Felipe González de hacer tabla rasa del mandato constitucional al respecto, principio del fin de un proceso que nos ha conducido hasta el Estado de Corrupción en que hoy navegamos. La clase política se dio pronto cuenta de que, para poder hacer y deshacer a su antojo, necesitaba cubrirse las espaldas de la impunidad con el control político del nombramiento de jueces.

Ruiz-Gallardón ha culminado este mismo año la labor de sometimiento de los órganos de gobierno del poder judicial al poder político con la reciente reforma del CGPJ, cuyos vocales serán elegidos a partir de ahora en su totalidad por el Parlamento. Teniendo en cuenta que el Consejo es responsable del nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo (TS), la obra de Gallardón, obviamente alentada y consentida por el presidente Mariano Rajoy, acaba definitivamente con los últimos coletazos de independencia de la Justicia y viene a establecer para la clase política esa “justicia aparte” de la que ya venían disfrutando algunos renombrados financieros, caso de Emilio Botín y, naturalmente, la familia real. Los beneficiarios del Régimen, esa alianza entre la clase política y la élite financiera, con la Corona como punta de lanza, que dirige el baile desde la Transición, se blinda definitivamente acabando de una vez por todas con la independencia de la Justicia. Los dueños del sistema han perdido la vergüenza. Caretas fuera.

El Tribunal Supremo está de rebajas
No es de extrañar, por eso, que el Supremo se haya colocado estos días y en esta enlutada España en el centro de todas las sospechas, después de haber archivado la causa que se seguía contra el exministro José Blanco por supuesto delito de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en el caso Campeón; de librar al expresidente balear Jaume Matas de pisar la cárcel, reduciendo su pena de seis años a nueve meses, y de archivar la investigación abierta por presunto cohecho a la presidenta navarra, Yolanda Barcina. Como señalaba el jueves en Vozpopuli Federico Castaño, la buena relación que mantiene Gallardón con Pérez Rubalcaba y con el exministro del Interior socialista Antonio Camacho, alimenta las sospechas de un pacto judicial soterrado entre PP y PSOE para, con la Corona por garante, esconder los casos de corrupción respectivos más sangrantes, evitar hacerse mutuamente daño y velar por la imagen exterior de España. La ya comentada aquí “Operación Tijera”.

Esta misma semana, Gallardón condecoraba al que ha sido ponente de la sentencia exculpatoria de José Blanco, el ex FGE socialista Carlos Granados

Se explica así que el PSOE apenas haya levantado la voz ante lo que muchos de sus diputados definen como “la toma del CGPJ por parte del PP”, operación antes aludida que terminará de cerrarse el próximo 24 de septiembre con la renovación de sus 20 vocales. En los últimos meses, el cambio de cromos Gobierno-PSOE en el ámbito judicial ha sido constante, entre otras razones porque ambos tienen casos pendientes de enorme trascendencia que pueden acabar en la dársena del TS. Esta misma semana, Gallardón condecoraba al que ha sido ponente de la sentencia exculpatoria de José Blanco, el ex FGE socialista Carlos Granados, junto a compañeros que ocuparon el mismo cargo como Jesús Cardenal o Cándido Conde-Pumpido. Ni que decir tiene que la decisión de la Sala de lo Penal del Supremo de reducir la pena a Matas ha llenado de satisfacción en La Zarzuela –lo comentaba el viernes en este diario José A. Vara-, que considera el recorte un varapalo en toda regla al juez José Castro -instructor del caso Nóos (Iñaki Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina-. Justicia maniatada e tutti contenti.

La militancia del presidente del TC es apenas el último ejemplo de ese fenómeno que los españoles se han acostumbrado a considerar como normal, consistente en la ocupación por el poder político de los órganos de regulación encargados de controlar al Ejecutivo. Tras la mayoría absoluta de noviembre de 2011, el PP ha colocado en la cabecera de tales organismos a ex altos cargos y militantes del partido, a pesar del carácter oficialmente independiente de los mismos, ello siguiendo la pauta iniciada en 1996 por el Gobierno Aznar, con Rodrigo Rato, su hombre fuerte en Economía, a cargo de los nombramientos. La CNMV (Elvira Rodríguez, quien en el momento de ser nombrada todavía era diputada del PP); el Tribunal de Cuentas (Ramón M. Álvarez de Miranda); el Defensor del Pueblo (Soledad Becerril, diputada popular durante tres legislaturas); el Consejo de Seguridad Nuclear (Fernando Martí, ex secretario de Estado de Energía); el Consejo de Estado (J.M. Romay Beccaria, mentor político de Rajoy) o el Banco de España (Luis María Linde, amigo personal de Luis de Guindos), son otras tantas instituciones cuyas presidencias han sido entregadas a militantes PP.

Todos los españoles pagan la ausencia de competencia
En pleno delirio por la ocupación de cualquier espacio de poder, el Gobierno Rajoy ha tomado una iniciativa que, más propia de un Estado totalitario que de una democracia parlamentaria, pretende reagrupar la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), tres organismos clave para la existencia efectiva de competencia en el mercado, en uno solo, que ha bautizado como Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y que sin duda también se apellidará “independiente”. Naturalmente, los actuales responsables de CNC, CNE y CMT (Joaquín G. Bernaldo de Quirós, Alberto Lafuente y Bernardo Lorenzo), que no han sido renovados en esta Legislatura, son de estricta obediencia socialista, comme il faut. El Ejecutivo tiene reservado el cargo de presidente de esta futura CNMC a un PP pata negra, un hombre de la absoluta confianza de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, que es quien pastorea esta novedad legislativa.

El Ejecutivo tiene reservado el cargo de presidente de esta futura CNMC a un PP pata negra, de la confianza de la vicepresidenta Soraya
El escándalo, no obstante, es tan morrocotudo; la pretensión, tan obscena, que el proyecto se encuentra encallado, después de que hasta la propia Comisión Europea haya amenazado a España con abrirle un expediente si el Gobierno sigue adelante con su plan. A la vicepresidenta Neelie Kroes, recién caída del guindo, le preocupa que la CNMC “no lleve a cabo una regulación efectiva e imparcial”. ¡Acabáramos!. Hacer tabla rasa de los organismos reguladores teóricamente encargados de controlar los abusos del Ejecutivo no es solo una cuestión de estricta calidad democrática, sino también una seria amenaza para el desarrollo económico del país, muy aquejado por la falta efectiva de competencia en la mayoría de los sectores, consecuencia de la capacidad de presión de los grupos económico-financieros sobre el poder político, y una pérdida efectiva del poder de compra de los ciudadanos, de su nivel de vida, en suma, en tanto en cuanto ello les obliga a pagar un precio superior al que afrontan la mayoría de sus conciudadanos europeos por los bienes y servicios que consumen.

Sin Justicia efectiva y sin órganos reguladores independientes. Tal es la situación de postración en que hoy malvive la mal llamada democracia española, enferma de esa corrupción galopante que diariamente ocupa la actualidad. Ni una sola reacción en la clase política que apunte a la esperanza. Al señor De los Cobos no se le ha ocurrido dimitir porque nadie en los aledaños del Poder que le ha nombrado le ha indicado que lo haga. Como tantas veces se ha repetido aquí, tendrán que ser los propios ciudadanos quienes se exijan e impongan el saneamiento integral de las instituciones. Quedan dos años largos de Legislatura, cierto, pero habrá que empezar a movilizar a los españoles en la tarea de negar el voto a aquellas formaciones que no planteen esa regeneración, bajo la única fórmula que a estas alturas se antoja posible: la apertura de un proceso constituyente. Los lectores de Vozpopuli saben que nos tendrán a su lado en esa aventura democrática, justo a la cabeza de la manifestación.

Si manipulamos, saldremos antes de la crisis
Alejandro Inurrieta www.vozpopuli.com 29 Julio 2013

En un momento en el que la ausencia de transparencia en España es un clamor, se suceden los casos en los que las dudas sobre la calidad y veracidad de la información estadística aumentan entre muchos expertos y analistas.

La información estadística veraz y de calidad es clave para poder situar a un país en la vanguardia de la transparencia internacional, algo en lo que España está cada día más lejos de las mejores prácticas internacionales. El principal escollo sigue siendo el poder político, pero también el poder administrativo, en especial las élites funcionariales que no quieren soltar la información relevante para que los agentes económicos y sociales puedan tomar decisiones con la máxima información disponible.

La élite administrativa y funcionarial en España retrasa y dificulta la mejora en la transparencia estadística
Durante mi paso por el Ministerio de Economía me tocó diseñar un plan de transparencia estadística para toda la Administración General del Estado, que incluía el Banco de España y el INE. La desagradable sorpresa vino al contemplar, primero, la ausencia de personal especializado en diseño y manejo de estadísticas en la mayoría de Ministerios. Por ejemplo, lo poco que se publicaba era en papel, sin ningún calendario preestablecido, y sin ninguna metodología de organización, diseño y difusión de la información estadística. En el caso del INE, mi mayor sorpresa fue la escasa predisposición a la mejora de las grandes lagunas estadísticas, por ejemplo, en materia de vivienda. Se planteó un grupo de trabajo para la elaboración de una estadística del precio de la vivienda utilizando la metodología hedónica, como sí lo hacen en el mundo anglosajón. Este grupo se disolvió por la dificultad y carga de trabajo que suponía cambiar toda la metodología del cálculo de los precios de la vivienda, verdadero talón de Aquiles en el diagnóstico del mercado inmobiliario y en su posterior solución.

No hay ningún interés en el INE por mejorar algunas de las estadísticas más necesarias, como el precio de la vivienda
Cuando un estamento como el INE desprecia la mejora del sistema estadístico por exceso de trabajo y complejidad, dice muy poco de la voluntad real de mejorar la transparencia y calidad estadística. En una segunda derivada, este plan de transparencia estadística se intentó que fuese el embrión de una ley de transparencia estadística, en cuyo preámbulo se hacía referencia a que toda la información disponible susceptible de ser publicada debería hacerse en tiempo y forma. La gran sorpresa llegó cuando un Director General del INE nos indicó que dicha información podría perjudicar al gobierno de turno, por lo que abogaba por un grado de discrecionalidad elevada en materia estadística, me imagino para poder manipular a la sociedad y a la opinión pública.

Esta máxima se ha mantenido en el tiempo, y en el momento actual se puede observar un deterioro de la calidad estadística, solo en parte motivada por la crisis económica. Esto se deja notar, por ejemplo en el cambio estructural en las estadísticas de vivienda. Lo que era un censo que se llevaba a cabo cada 10 años, ahora se ha dejado en una encuesta, por lo que la inferencia estadística pierde mucha precisión y calidad sobre lo que es un censo. Los resultados se han dejado notar en los resultados. Por ejemplo, la estadística de vivienda vacía, apenas 3,4 millones, con un ridículo aumento en la parte más dura de la crisis y la ruptura de la burbuja inmobiliaria, ha dejado perplejos a muchos analistas. La sensación de que ha habido una gran presión por parte de los grandes promotores inmobiliarios para que no se desplomasen los precios, a lo que el INE habría cedido y publicado una estadística que ha deteriorado claramente la calidad y especialmente la credibilidad de la institución.

En los últimos tiempos esta sensación se ha agudizado, particularmente en los datos del PIB, empleo y sector exterior. Las cifras coyunturales de consumo privado, por ejemplo, son manifiestamente más negativas que las que publica el INE y el Banco de España en las cifras de Contabilidad Nacional. Por ejemplo, la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2012 apuntó a una caída del consumo de los hogares del 3,4%, o las cifras del INE de las cuentas de los sectores institucionales arrojaron que en el 1trim 2013 el consumo descendió un 2,1% anual, mientras los salarios decrecieron un 6,1%. Por eso, sorprende mucho que el INE y el Banco de España publiquen cifras del consumo en Contabilidad Nacional muy inferiores. Esto distorsiona mucho la fiabilidad real de las cifras del PIB, que solo se entiende por dar una imagen de la economía española artificialmente positiva y utilizar los tentáculos del INE y el Banco de España para manipular la realidad económica.

Las principales estadísticas, como el PIB, no concuerdan con las cifras de coyuntura y las principales encuestas entre los agentes

Otro ejemplo claro ha sido el reciente dato de la EPA, publicada por el INE y cuyo mensaje del Ministro ha vuelto a faltar a la realidad económica, amén de filtrar la encuesta a un periódico afín. Los datos del INE han demostrado que se sigue destruyendo empleo cuando se ajustan las series de empleo por estacionalidad y calendario. Por el contrario, el Ministerio ha publicado unas cifras de ocupación distintas que, sorprendentemente, cambiaban el signo de la serie. No hay más que saber algo en materia de estadística y seguir las cifras de la Seguridad Social para poder aseverar que se mantiene la tónica de destrucción de empleo. Lo mismo con el desempleo, la caída de las cifras de desempleo, un 1% trimestral si ajustamos por estacionalidad, lo que muestran es que hay una alarmante caída de la actividad y la tasa de empleo, lo que prevé que el crecimiento potencial de la economía española se verá seriamente amenazado a medio plazo.

El Ministro de Economía ha intentado engañar a la población con los datos de la EPA en materia de ocupación

Con todo esto, la demanda interna se sigue suavizando y siempre se compensa con la evolución del sector exterior, cuyas cifras también despiertan mucho recelo, especialmente las importaciones. No se entiende que, en un contexto de ralentización económica en muchas zonas geográficas del mundo, las exportaciones españolas, y el saldo en sí mismo, pueda compensar el significativo deterioro de la demanda interna, cuya suavidad en su descenso, solo se explica por el método econométrico utilizado. Con todo, se tendrá que revisar a la baja toda la serie estadística de crecimiento, cuando ya no sea dañino desde un punto de vista político.

En resumen, todo el entramado estadístico se ha puesto al servicio del poder político para poder superar la crisis, al menos en las cifras, y así poder sacar pecho de la política económica puesta en marcha. Menos mal que los empresarios, salvo los grandes, los hogares y todas las organizaciones sociales siguen notando la crudeza de la recesión.

Siempre los tertulianos de siempre
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital 29 Julio 2013

¿Cómo se eligen a los tertulianos y a los columnistas? ¿No son una casta tan cerrada como los políticos?

Hace unos días, Antonio Burgos escribía en ABC una columna interesantísima sobre el gran invento que ha sido añadir ruedas a las maletas. Javier Marías en El País justifica que le sigan pagando columnas con una en la que afirma que Franco elogiaría al Gobierno de Rajoy. Las abuelitas Pilar Ferrer en La Razón y Curri Valenzuela en ABC besando el suelo que pisa cualquier secretario de Estado del PP.

Por otro lado, en las tertulias de los medios de comunicación públicos y privados, ya sabemos lo que va a decir cada uno. Los hay que reciben los argumentarios del partido del que comen, como reconoce Antonio Carmona.

Os dejo unos párrafos de un artículo titulado La ley de hierro de las tertulias políticas.

La creación de la opinión pública depende, muy resumidamente, de unas pocas docenas de personas que se asemejan mucho a una minoría muy concreta del país que, nada casualmente, es la minoría de la cual emana buena parte de la clase dirigente, ya sea en la política o en la economía. Lacras persistentes en estos estratos, como la falta de mujeres o jóvenes, reaparecen también cuando ponemos el foco sobre los participantes en las tertulias.

Hay dos ejemplos extremos que saltarán a la vista de cualquier que siga las principales tertulias de Cataluña: la sobrerrepresentación de las posturas del PSC y la invisibilidad de las de C’s. Mientras que los primeros han visto cuestionada su centralidad y han acusado grandes pérdidas de representatividad política a todos los niveles, los opinadores que están estrechamente relacionados con el PSC continúan asistiendo a las tertulias en una proporción mayor a la esperada. Los segundos, tres legislaturas y nueve diputados después, siguen siendo incapaces de trasladar sus opiniones a través de algún participante afín más o menos estable en las principales cadenas.

El paso del tiempo ha creado una oligarquía de opinadores cada vez más alejada de las mayorías sociales que dicen (no sabemos si también lo pretenden) representar: una burocracia de la opinión. Los asistentes habituales a las tertulias han acumulado recursos de todo tipo (desde la habilidad ante los micrófonos o las cámaras hasta una densa red de contactos) que les permiten especializarse ya no en un tema específico (cosa que sería casi deseable) sino en un skills set muy concreto que, de alguna manera, les ha permitido “profesionalizarse” y aumentar día a día el abismo que les separa de sus sustitutos potenciales.

Para Michels, este proceso de especialización tenía derivadas positivas. Pero también otras negativas que, quizás, podemos apreciar en este caso: ¿han acabado los tertulianos abandonando sus objetivos externos (exponer y defender su posición política de manera autónoma) a favor de otros de carácter interno (seguir siendo seleccionables y, en consecuencia, defender posturas confortables para sus seleccionadores)?

Otro motivo por el que caen las ventas de los periódicos y las audiencias de las radios: en las columnas y las tertulias, siempre los de siempre, desde hace más de 20 años.

El caso Bárcenas
No basta un 4 de agosto
Emilio Campmany Libertad Digital 29 Julio 2013

Pedro J. Ramírez tuvo un sueño. Vio a Rajoy admitiendo las muchas faltas de su partido. Y a Rubalcaba y a los representantes de CiU reconociéndose también culpables. Y a todos aprobando las reformas que impidan casos como los de Bárcenas, ERE o Palau. Y halla un antecedente a su sueño en lo ocurrido el 4 de agosto de 1789 en la Asamblea Constituyente francesa, cuando nobles y clérigos votaron suprimir sus ancestrales privilegios.

Ya sabemos que durante la revolución francesa pasó casi cualquier cosa que en forma de tormenta política pueda ceñirse sobre una nación. Sin embargo, lo que espera Pedro J. de la sesión del próximo día 1 no tiene nada que ver con lo que ocurrió en Versalles el 4 de agosto. Aquel día se liquidaron unos privilegios, sí, pero legales. El que se hiciera con el respaldo de una parte de sus beneficiarios no cambia las cosas pues, con lo que sueña el director de El Mundo, es con que nuestra clase política reconozca su generalizado comportamiento corrupto, muchas veces delictivo y en cualquier caso ilegal. Eso no es renunciar a privilegios. Eso es declararse delincuentes confesos.

Necesitamos, desde luego, un 4 de agosto. Un día en que se supriman las subvenciones de todo tipo, incluidas las que perciben los astilleros, empresas mineras, vendedores de coches a través de sucesivos planes Pive o las que se dan a las energías renovables. Eso sí son privilegios legales que deberían desaparecer. Los sobresueldos en negro, las comisiones a cambio de contratos con las Administraciones públicas, el saqueo de los fondos destinados a paliar los efectos de los ERE no son privilegios amparados por las leyes. Son conductas ilegales. Puede que sea conveniente alguna nueva ley para ayudar a perseguirlas, pero las que tenemos ya las prohíben y sancionan. Lo que ocurre es que no se aplican. Y no hay razón para esperar que ninguna nueva vaya a ser impuesta con más celo del que se emplea con las vigentes.

Lo que sí es cierto es que las revelaciones de Bárcenas, junto al escándalo de los ERE, están poniendo en jaque al sistema. Un sistema que incluye no sólo a los políticos, sino también a tantos empresarios que han aprendido a hacer negocios con ellos y no sabrían cómo hacerlos en condiciones de igualdad. Y por haber Pedro J. dado credibilidad a esas revelaciones, está sufriendo unos ataques brutales, incluso de personas que no se benefician del sistema, pero temen las consecuencias de su explosión, agravadas por la crisis económica. No le acusan de mentiroso, sino de irresponsable. Él defiende sus buenas intenciones afirmando que sueña con un 4 de agosto. Ojalá un día así fuera suficiente. Pero no lo es. Hace falta otra fecha. Muchos temen que pueda ser un 21 de enero o un 18 brumario y creen que no compensa el riesgo y que es preferible que los políticos sigan disfrutando de sus "privilegios". Y en esa disyuntiva estamos.

¿Cómo hacer callar a la señora Lagarde?
guy sorman ABC 29 Julio 2013

«¿Se encontraría peor la economía mundial? ¿Alguna vez ha prestado el FMI el más mínimo servicio? En realidad, si desapareciese, no pasaría nada, salvo que los 10.000 funcionarios del Fondo tendrían que buscarse un empleo útil»
Guy Sorman: ¿Cómo hacer callar a la señora Lagarde?
efe
La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde

El mayor problema económico actual no es la recesión, sino el malentendido entre el discurso político y la economía real. Para comprender mejor la naturaleza del mismo, nos remitiremos a una obra de teatro, Chantecler, escrita por Jean Rostand y representada en París en 1908.

Las mejores lecciones de economía no se encuentran necesariamente en los manuales. Chantecler es la historia de un gallo de corral que cada mañana, al despertarse, canta cuando sale el sol. Está convencido, por tanto, de que es él quien hace que salga el sol. Hasta que una mañana fatídica, en la que se despierta demasiado tarde, descubre que el sol ya ha salido sin que haya cantado y se suicida.

Pues bien, la mayoría de los políticos occidentales, y más aún los tecnócratas de las instituciones internacionales, se creen Chantecler y se imaginan que su palabrería y sus previsiones determinan la tasa de crecimiento. Los pueblos, intoxicados por tantos discursos, acaban por creérselos y esperan que esta clase política local e internacional cree el crecimiento anunciado. Por desgracia, el crecimiento no obedece a las conminaciones públicas. La historia económica nos enseña que los Gobiernos y las instituciones internacionales tienen una gran capacidad para destruir la economía, pero muy poca para construirla. ¿La destrucción? Es fácil: producir inflación monetaria; aumentar los déficits públicos; financiar infraestructuras inútiles; descalabrar los intercambios comerciales, nacionales e internacionales; anunciar pronósticos absurdos; paralizar el mercado de trabajo; y planificar inversiones industriales en boga. Esas son las flechas envenenadas que están en el carcaj político.

Para perfeccionar nuestra demostración, imaginémonos por un momento que las instituciones internacionales con vocación económica, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional (FMI), desaparecen de la noche a la mañana. ¿Se encontraría peor la economía mundial? ¿Alguna vez ha prestado el FMI el más mínimo servicio? En realidad, si desapareciese, no pasaría nada, salvo que los 10.000 funcionarios del Fondo tendrían que buscarse un empleo útil. Si nos deshiciésemos de los quiquiriquíes de los dirigentes del FMI (Christine Lagarde consigue imitar el canto del gallo muy bien), que se imaginan que hacen que salga el sol, el conocimiento popular de la economía real mejoraría.

Lo que es válido para el FMI también lo es, en cierta medida, para las políticas monetarias llevadas a cabo por los bancos centrales. Sin lugar a dudas, el Premio Chantecler corresponde a Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal estadounidense, ya que al multiplicar las declaraciones crípticas, como un augur antiguo, y dar a entender que podría incrementar o bajar una centésima de punto los tipos de interés, hace creer que el crecimiento estadounidense depende de sus sabios cálculos. La experiencia de estos últimos años demuestra que es falso. Si correspondiese realmente a los gobernadores de los bancos centrales o a los ministros de Economía estimular el crecimiento según sus deseos y declamaciones, ¿por qué diablos nos privarían de él? Lo que sucede es que, en realidad, no tienen la influencia que se atribuyen, excepto cuando la ejercen de forma negativa, generando incertidumbre e inestabilidad.

¿Quién hace que salga el sol entonces? Los empresarios, por supuesto, y solo ellos crean valor real, siempre que los Gobiernos se ciñan estrictamente a su labor —indispensable— que es la de establecer unas reglas de juego legales, estables y previsibles. Sin este Estado de Derecho, no hay crecimiento. En un Estado de Derecho, observaba hace no mucho Milton Friedman, el crecimiento es casi natural porque los empresarios no pueden evitar crear: es más fuerte que ellos. Los Gobiernos también son indispensables (contrariamente a lo que dicen algunos liberales demasiado integristas) para hacer frente a las dolorosas consecuencias sociales del cambio, lo que Joseph Schumpeter llamaba «la destrucción creadora». En resumidas cuentas, un buen gobierno económico debería preguntarse cuál es la manera de no impedir que los emprendedores emprendan y la manera de hacer que la «destrucción creadora» sea aceptable para la sociedad. Todo lo demás es, o bien perjudicial, o bien un síndrome de Chantecler.

La «invention» nacionalista
maría jesús cañizares ABC Cataluña 29 Julio 2013

En los próximos días, el presidente español Mariano Rajoy recibirá 220 folios muy teóricos y poco prácticos sobre esa «invention» del derecho a decidir

En inglés, el término «invention» puede traducirse como invención, pero también como descubrimiento, de ahí que «The Invention of the Cross», atribuido a Santa Elena haya servido a los más descreidos para afirmar que la madre del emperador Constantino se inventó el hallazgo de la cruz, así como del Santo Sepulcro que hoy se venera en Jerusalén. El neoindependentismo que hoy predica Artur Mas tiene mucho de «invention» porque desde que CiU tuvo esa revelación mística que le llevó a abrazar el secesionismo -apenas hace un año, aunque parezcan siglos-, los nacionalistas se han visto obligados a inventar, que no descubrir, una coartada que ya no se sostiene. Lo han hecho a base de confundir con más o menos acierto los argumentos políticos con los jurídicos, como demuestra el delirante debate sobre las elecciones plebiscitarias, ese plan B que el soberanismo contempla en caso de que no haya consulta popular.

Pero acabemos con la farsa: formalmente, los plebiscitos electorales no existen. Entre líneas lo dice el sufrido Consejo Asesor para la Transición Nacional en su reciente informe. Otra cosa es la interpretación que se le quiera dar al resultado de esos comicios, simplemente autonómicos, si es que los catalanes avalan por mayoría un programa -presentado en coalición o no por CiU y ERC- que incluya la independencia de Cataluña.

Decía sufrido porque este Consejo dedica más horas y páginas a advertir de Mas de las consecuencias de su aventura separatista que a avalar jurídicamente la creación de un estado propio. Que no hay norma europea que prevea ese proceso, que el presidente catalán puede ser acusado de desobediencia, sedición o prevaricación, que no hay garantizado un apoyo internacional unánime... En definitiva, que en los próximos días, el presidente español Mariano Rajoy recibirá 220 folios muy teóricos y poco prácticos sobre esa «invention» del derecho a decidir.

Ni fecha de la consulta -solo una aproximación-, ni enunciado de la pregunta, ni vía a seguir, ni logística a disponer. Y ante las múltiples prevenciones contenidas en el informe, el miedo ya se huele a 600 kilómetros de distancia. Con qué rapidez se retiraron las banderas «estelades» del estand oficial del Govern en el Mundial de natación cuando estalló la polémica... Con qué afán se dedica Mas a insistir en que quiere una consulta bien hecha... Con qué insistencia decía ayer el secretario de organización de CDC, Josep Rull, que la consulta requiere «de una decisión política y no jurídica»... En tal caso ¿de qué sirve el ingente trabajo jurídico del Consejo Asesor?

Cataluña
El PP defiende que la Lomce solo «recoge las sentencias del TC» sobre el castellano
europa press@ABC_es / madrid 29 Julio 2013

Critica que CiU no haya presentado propuestas alternativas ya que «a día de hoy no ha recibido ninguna»

La portavoz del PP de Educación, Sandra Moneo, ha asegurado que la disposición adicional número 38 de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), relativa al tratamiento de las lenguas cooficiales en la educación, solo "recoge las sentencias del Tribunal Constitucional (TC)" respecto a la inmersión lingüística.

En una entrevista este domingo a Europa Press, portavoz del PP de Educación, Sandra Moneo, ha precisado que no entienden por qué esta cuestión se está convirtiendo en un campo de enfrentamiento para CiU, porque el PP se limita "al cumplimiento de la legalidad", ha remarcado la también portavoz 'popular' de Educación en el Congreso, quien advierte además de que este apartado de la ley no hace ninguna referencia específica a Catalunya.

Moneo ha explicado que la actual disposición adicional garantiza que las familias puedan elegir la lengua en la que sus hijos se tienen que educar, de acuerdo con las sentencias del TC dictadas sobre la materia. Por ello, ve lógico y sensato que en un país como España, donde las lenguas cooficiales suponen una "riqueza cultural extraordinaria para todos", en el ámbito educativo un padre de familia tenga derecho a elegir la lengua vehicular en la que pueda ser educado su hijo. "El PP apuesta por un bilingüismo integrador, donde las dos lenguas convivan pacíficamente en la educación y las familias se sientan cómodas", ha defendido en esta línea. Sobre el hecho de que el ministro del ramo, José Ignacio Wert, prometiera que si recibía alguna propuesta o alternativa al citado apartado de la LOMCE, que fuera sostenible, la iba a incorporar a la disposición 38, Moneo ha reiterado que el Grupo Popular "a día de hoy no ha recibido ninguna propuesta de CiU en esta cuestión".
Aprobación de la Ley

Con todo ello, la responsable de Educación del PP confía en que pueda aprobarse la normativa antes de final de año, para que en el próximo curso 2014-2015 puedan implementarse ya algunas medidas de esta ley. Respecto a las quejas de algunas comunidades de que no van a tener tiempo de implantar los decretos normativos, ha insistido en que, si se aprueba antes de final de año, sí les dará tiempo, aunque ha asegurado que habrá un calendario de aplicación y el Ministerio trabajará para buscar la fórmula "más razonable posible".

Sobre el caso concreto de Catalunya, que ha avisado de que la Lomce puede "chocar" con su Ley de Educación autonómica, Moneo ha subrayado que esta normativa fue recurrida ante los tribunales, además de que está adaptada a la actual LOE socialista. "Por tanto se tendrá que plantear la comunidad autónoma de Catalunya su aplicación, una vez que la Lomce entre en vigor", destaca Moneo, al tratarse de una ley orgánica "de obligado cumplimiento" a todo el territorio nacional. En este sentido, espera que las comunidades autónomas no lleven al terreno de la confrontación la aplicación de la reforma educativa y primen el "interés general" de los españoles, intentando llegar al mayor número de acuerdos posibles.

Aragón / POLÍTICA
El PSOE moviliza a diputados de toda España para que el catalán sea «lengua propia» en Aragón
ROBERTO PÉREZ / ZARAGOZA ABC 29 Julio 2013

Junto a los nacionalistas, fuerzan desde el Congreso un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Lenguas aprobada por PP y PAR

La lengua nunca había sido un problema en Aragón, pero de tres años a esta parte es un filón para el enredo político que hasta salta las fronteras regionales. Ahora da de sí para un recurso de inconstitucionalidad fraguado en Aragón, liderado por la Chunta —minoritaria en las Cortes regionales—, «exportado» al Congreso a través de la Izquierda Plural a la que pertenece en la Cámara Baja, y apoyado por el PSOE.

En 2009, el entonces presidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, se embarcó en promover una ley que abrió la caja de los truenos. Por aquel entonces, Iglesias también lideraba el PSOEde Aragón. Se declara catalano-parlante —es natural de Bonansa, municipio de Huesca próximo a la provincia de Lérida—. Ahora es portavoz socialista en el Senado y uno de los más activos defensores de que el catalán, como lengua, tenga cobertura legal en Aragón como lengua propia de esta Comunidad autónoma. La ley que aprobó bajo su mandato en Aragón así lo contemplaba. Incluyó también la creación de la Academia aragonesa de la Lengua Catalana.
Posturas enfrentadas

Pero aquella ley no fue fruto del consenso. Los por entonces socios de gobierno de Iglesias, el PAR, no la apoyaron. El PP tampoco, pero sí la Chunta (CHA) e IU. Tras las elecciones de 2011, el PP llegó al Gobierno aragonés en alianza con el PAR, y ambos han sacado adelante una nueva Ley de Lenguas de Aragón que ha derogado la que dejó aprobada el PSOE, la Chunta e IU. El nuevo texto entró en vigor hace un mes. Su principal novedad es que deja de considerar el catalán como lengua propia de Aragón. Para evitar conflictos, PP y PAR optaron por una fórmula neutra: las hablas de las comarcas limítrofes con Cataluña fueron definidas como lenguas propias del Aragón oriental.

El trasfondo de esa neutra definición está en la presión del nacionalismo catalán: PP y PAR, así como diversos colectivos sociales de esas comarcas, no están por la labor de facilitar el expansionismo nacionalista, que identifica lengua con territorio. La airada reacción de los partidos nacionalistas catalanes contra la Ley de Lenguas que entró en vigor hace un mes en Aragón da muestra del interés que despierta en el soberanismo catalán la cuestión lingüística en esta parte de Aragón que ellos denominan como «Franja de Poniente». De «su» poniente.
Amalgama de recurrentes

Perdida la batalla política en las Cortes de Aragón, Chunta, IU y PSOE han decidido unir fuerzas en el Congreso para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Lenguas que está en vigor desde hace un mes. Para plantear este recurso ante el Tribunal Constitucional hace falta que al menos 50 diputados del Congreso lo respalden. Y se hará gracias al apoyo del PSOE, que ha prestado diputados suyos de varias comunidades autónomas para alcanzar las firmas necesarias. Se da la curiosa circunstancia de que también apoyarán el recurso diputados de partidos nacionalistas de otras partes de España.

Y eso pese a que, en Aragón, ni todos los socialistas vieron con buenos ojos la ley que en su momento impulsó Iglesias, ni coinciden las posturas oficiales del PSOE y de Chunta respecto a cuál debe ser el alcance de la Ley de Lenguas que debería tener Aragón y cómo encajar en ella al catalán. Fuentes del PSOE aragonés aseguran que en absoluto están de acuerdo con que el catalán sea declarado cooficial en Aragón, sino exclusivamente reconocer que lo que se habla en las comarcas orientales debe denominarse catalán. PP y PAR, sin embargo, se oponen a ello para cerrar la puerta al nacionalismo vecino, que históricamente ha identificado lengua con territorio y que, por ello, considera el Aragón oriental como parte de los «Países Catalanes».

LA MAFIA EN EL MUNDO
Organizatsja, Mafia del Este
RAMÓN GUEIMONDE www.gaceta.es 29 Julio 2013

Desde el Gulag formaron el grupo criminal con mayor arsenal, menos escrúpulos y los miembros más preparados en lo político y en lo militar.

La mal llamada mafia rusa engloba quizá a uno de los grupos criminales más violentos del mundo junto al narco mexicano.

Plenos poderes, una fortuna incontable y un arsenal de armamento eterno, junto con una desmedida brutalidad son los medios con los que el crimen organizado ruso se mantiene hoy en día como uno de los más peligrosos del planeta entero.

Los orígenesEs un error referirse a ellos como Mafia Rusa, puesto que en su gran mayoría estos bloques criminales ni son completamente rusos ni son o actúan como la Mafia. Son un grupo criminal organizado en el que no hay más norma y código que el más fuerte es el que manda. En tiempos anteriores, cuando comenzaba a forjarse esta idea de grupo criminal en los terribles gulags, sí existió un grupo con una cierta manera de actuar y unas leyes propias. Son los conocidos como Vor v zakone o ladrón de ley, pero a día de hoy apenas quedan y los pocos que quedan respetando estas tradiciones están totalmente fuera del mercado son aplastados por la maquinaria bélica de los nuevos gánsteres en el Este. Su única reminiscencia en el crimen organizado son los tatuajes que aún a día de hoy lucen los miembros. Suele asociarse con los rusos porque son los que tienen una estructura formada, pero no deja de haber pequeños subgrupos en el Este y diferenciados por países y líneas de negocio, pero finalmente estos pequeños grupos terminan asociados o simplemente controlados por los bloques rusos. La caída del comunismo propició que cientos de miles de personas en todas las ex repúblicas soviéticas se vieran en la calle, sin un trabajo y con una extensa formación militar, por lo que los grandes jefes del hampa soviético encontraron una cantera perfecta.

Mención aparte tiene el grupo de chechenos que aún a día de hoy mantienen un trozo del pastel en Rusia y son los únicos capaces de plantar cara a la Organizatsja. Amparados por su unión étnica y religiosa, forman un grupo cerrado con un odio visceral a todo lo que huela a ruso que hace que buena parte de su tiempo lo pasen matando a los gánsteres rusos o vengándose de ellos; es legendaria la sed de venganza del crimen checheno ante cualquier afrenta. Aparte de sus beneficios criminales tienen una línea de crédito del islamismo radical, por lo que pueden, en cierto modo, seguir en la pelea por los bajos fondos.

El crimen organizado en Rusia comienza a tomar forma verdaderamente en torno a 1988, cuando la Unión Soviética legalizó la propiedad privada permitiendo el libre comercio. Cuando el gigante comunista empezó a caer y perder todo su poder, fue tal el descenso de su economía que gran parte del establishment ruso, incluidas figuras políticas, ex agentes del KGB, ex soldados y veteranos de las guerras de Afganistán o Chechenia, se pasaron al mundo del hampa ampliando el espectro criminal y reclutando a los miles de combatientes en paro. Con una gran experiencia en los ámbitos de combate, gestión económica o espionaje, estos nuevos miembros no tardaron en prosperar dentro del crimen. A sus conocimientos hay que añadirle que se encontraron con una facilidad pasmosa para hacerse con grandes arsenales de armas, una vez resquebrajado el ejército de la URSS. Esta fuente de armas propició que en primer lugar se armaran hasta límites insospechados y en segundo lugar pudieran hacerse con un bocado gigante en el mercado del tráfico de armas. En los años 90 casi todos los bancos de Rusia eran propiedad de estos grupos o al menos estaban sometidos a ellos, y el 80% de las empresas vivían extorsionadas.

La figura del ‘Vor v zakone’Cuando la URSS funcionada a pleno rendimiento y los Gulag hacinaban y ejecutaban gente sin parar, algunos criminales comenzaron a forjar una nueva forma de vida en la que no sólo no rechazaban sus delitos sino que se enorgullecían de ellos. Crearon su propio código y crearon un submundo dentro del Gulag, que más tarde se extendió al resto del país y que derivó en los criminales que conocemos hoy. Entre algunos de sus preceptos está la renuncia a su familia, la renuncia a cualquier ley estatal y la renuncia a una forma de trabajo legal, es decir, sólo puede vivir de su actividad criminal.

Una forma de conocer la historia de los Vor v zakone es su piel. En función de sus delitos, situación en la cárcel y en la organización se tatúan diferentes figuras o conceptos, lo que hace que todo su cuerpo sea un registro de su actividad criminal. Algunos de los más destacados son las estrellas en las rodillas, que simbolizan que no se arrodilla ante ninguna autoridad que no sea su grupo, o un gato para simbolizar que ese delincuente es un ladrón que actúa con sigilo. Un toro significa que es miembro dedicado a ejecutar órdenes de carácter físico como puede ser ejecutar o golpear a alguien. Quizá los más característico es tatuarse iglesias o monasterios; en función de las torres o columnas que lleve, son los años de condena. Calaveras en los dedos para mostrar el número de asesinatos cometidos o cuchillos para simbolizar que se ha rajado a alguien son también comunes en este grupo. A día de hoy se sigue utilizando este código en la piel, pero se ha perdido el sentido de hermandad y respeto que sus antecesores pretendían mostrar en su organización.

Tatuajes, un historial delictivo
- Estrellas: en hombros y rodillas, simbolizan el rechazo de cualquier forma de autoridad.
- Calaveras: suelen ir en la mano, cada calavera simboliza un muerto en su cuenta.
- Cuchillos: simboliza que han cortado a otras personas con arma blanca.
- Simbologia nazi: muestra de odio eterno a la autoridad rusa y comunista que los gobernó.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Evolución lingüística en la Península (y II)
Manuel I. Cabezas González www.vozbcn.com 29 Julio 2013

Terminábamos nuestra última entrega, citando a Salvador de Madariaga (1978), y afirmando que, desde la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XIX, la cuestión lingüística no planteó ningún problema en España y que el español o castellano fue adquiriendo cada vez más importancia y fue conquistando nuevos espacios de comunicación, no por la imposición autoritaria de los poderes del Estado, sino por su prestigio, su pujanza y su peso específico, largamente acreditados y arraigados

No obstante, a mediados del siglo XIX (para el catalán y el gallego) y a finales (para el vascuence), en todas las regiones con una lengua vernácula diferente del castellano, se manifestó, influenciado por el Romanticismo, un interés creciente por las lenguas peninsulares, así como por el pasado histórico y literario de las mismas. De esta forma, se inició una recuperación y una reivindicación de las lenguas vernáculas como instrumentos de creación literaria y como objetos de estudio y de normativización.

Y esto comenzó a ser utilizado, como bandera política y como banderín de enganche, para fundamentar y justificar las reivindicaciones nacionalistas de autonomía política y/o de construcción y/o de invención de una nación, principalmente en Cataluña y el País Vasco (Díez y alii, 1977; Entwistle, 1982; Vidal-Quadras, 1996). Así surgió el llamado “nacionalismo lingüístico”, en el que la lengua es sólo una excusa o coartada o instrumento para llevar a cabo la conquista, el disfrute y la conservación del poder.

Estas aspiraciones y reivindicaciones lingüísticas y políticas no siempre fueron secundadas por el poder central del Estado y sufrieron los vaivenes de los traumáticos cambios políticos de la primera mitad del siglo XX, alternando los cortos períodos tolerantes con otros, más largos, en los que la intransigencia política y lingüística fue total. El primer cuarto del siglo XX fue de relativa permisividad (se permitió el uso de las lenguas vernáculas en ciertos contextos: ámbito local y regional; así como la enseñanza en lengua vernácula, en ciertos colegios). Ahora bien, durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) se prohibió la enseñanza de las lenguas regionales (Real Decreto de 11 de junio de 1926). Sin embargo, con la llegada de la Segunda República (1931-1939), se inauguró un nuevo período dialogante y permisivo, durante el cual se dio satisfacción a las reivindicaciones lingüísticas y políticas de las regiones con una lengua vernácula. En efecto, se produjo un reconocimiento constitucional de las precitadas lenguas para que pudieran ser utilizadas y enseñadas (artículos 4 y 50 de la Constitución de 1931), y se aprobaron los estatutos de autonomía de Cataluña (1932) y del País Vasco (1936), en los que se reguló también la cuestión lingüística (Díez y alii, 1977).

Ahora bien, el golpe de Estado de 1936 y la instauración del régimen franquista (1939) acabaron con los brotes verdes republicanos, que presagiaban y prefiguraban un oasis político y lingüístico en Cataluña y en las otras regiones, en las que una parte de sus habitantes tenían también una lengua vernácula diferente del castellano. La victoria de los golpistas provocó no sólo la anulación de los estatutos de autonomía sino también la prohibición explícita de utilizar y de enseñar las lenguas vernáculas o en las lenguas vernáculas, en el sistema educativo. Sin embrago, esta intransigencia lingüística no fue constante y rígida durante los cuarenta años de dictadura. Se suelen distinguir dos etapas (Herreras, 2006).

La primera (desde la Guerra Civil hasta finales de los años 50) puede ser caracterizada por la intransigencia lingüística hacia las lenguas regionales y por la defensa a ultranza del monolingüismo en castellano. Las lenguas vernáculas no eran reconocidas oficialmente como realidades tangibles y se prohibió expresamente su enseñanza y su uso en el sistema educativo (como lengua vehicular), en el Registro Civil, en la redacción de los estatutos de asociaciones o sociedades, en las denominaciones de marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos, etc. (Orden de 18 de mayo de 1938 y Orden del Ministerio de Industria y Comercio de 20 de mayo de 1940). Para esto, el régimen franquista dispuso de instrumentos muy potentes y eficaces: la escuela, los medios de comunicación social y todos los poderes y resortes del Estado.

En la segunda etapa (desde finales de los 50 hasta la desaparición de la dictadura, en 1975), ante la necesidad de apertura internacional para asegurar la viabilidad del régimen franquista (Tamames, 1983), se hizo la vista gorda y se empezó a tolerar aquello que estuvo prohibido durante la primera etapa (Orden de 14 de noviembre de 1958 y Orden de 20 de junio de 1968). En efecto, se volvieron a permitir los nombres regionales en el Registro Civil; se toleró la reaparición o el nacimiento de asociaciones o instituciones culturales, que jugarán un papel importante en la recuperación de las lenguas regionales (Instituto de Estudios Catalanes, Òmnium Cultural y Rosa Sensat, en Cataluña; los Cursos de Llengua Valenciana, en la región valenciana; la Obra Balear y el Institut d’Estudis Eivisencs, en las Islas Baleares); o se fue condescendiente con formas de enseñanza proscritas hasta entonces (las ikastolas, en el País Vasco y Navarra).

Habrá que esperar hasta la Ley General de Educación (LGE) de 1970 para que se produzca un reconocimiento formal y oficial de la realidad plurilingüe española y para que las lenguas regionales pudieran ser tenidas en cuenta, enseñadas y aprendidas en los niveles de Preescolar y Educación General Básica (EGB) (artículo 1, apartado 3; artículo 14; y artículo 17 de la LGE). En realidad, la LGE fue papel mojado, ya que sólo con los decretos de aplicación de 1975 (Decreto 1433/1975, de 30 de mayo y Decreto 2929/1975, 31 de octubre), se hicieron efectivas, sobre el papel, las previsiones de la LGE, precisando el horario, la evaluación de la enseñanza de las lenguas regionales, así como la formación del profesorado que debía asegurar estas enseñanzas (Muset y Arenas, 1982; Díez y alii, 1977; y Mestre, 1981).

Así pues, desde el punto de vista lingüístico, se puede afirmar, que España fue, oficial y legalmente, un monocromático desierto lingüístico desde el inicio del régimen franquista y hasta la muerte de Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975. Con la desaparición física del dictador y la aprobación de la Constitución de 1978, se va a iniciar el proceso para salir del desierto lingüístico y penetrar en lo que he denominado el oasis sociolingüístico español, en el que los ciudadanos de las distintas regiones de España recuperaron su pasado, sus tradiciones y sus derechos lingüísticos. Así, un nuevo mosaico lingüístico, fruto de la Transición, empezó a alicatar de nuevo el mapa de España.

Este reconocimiento y la recuperación de las lenguas y de los derechos lingüísticos de los ciudadanos han conducido, en las CCAA con dos lenguas oficiales, hacia una entropía lingüística, provocada por la presión de los partidos nacionalistas de todo cuño, radicales y menos radicales, de derecha y de izquierda, en el poder o en la oposición. Esta entropía, por un lado, está en el origen de fuertes polémicas, de tomas de posición, de tormentas mediáticas, etc. en las que ‘la visceralidad y el prejuicio apasionado se han impuesto al rigor técnico o al sentido común’ (Vidal-Quadras, 1996). Y esto podría poner en peligro, a corto o a medio plazo, la viabilidad del oasis lingüístico español y la paz sociolingüística, ‘creando división donde sólo hay unión y conflicto donde sólo hay armonía’, Vidal-Quadras dixit. Por otro lado, la citada entropía sería la manifestación palmaria de que las cuestiones lingüísticas no han sido correctamente planteadas ni gestionadas y de que habría que repensar las políticas lingüísticas y educativas, aplicadas desde 1975.

Coda: “Je ne demande pas à être approuvé, mais à être examiné et, si l’on me condamne, qu’on m’éclaire”, (Charles Nodier).

Manuel I. Cabezas González es profesor titular de Lingüística y de Lingüística Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona

Corrupción omnipresente
Pepa Antón www.gaceta.es 29 Julio 2013

Frente a esta inaudita tolerancia, la situación económica está suponiendo un punto de inflexión.

El tráfico de influencias, el uso privado de bienes públicos, la impunidad del culpable cuando es poderoso, el soborno, la prevaricación, el enchufismo, la dedocracia. El desparpajo con el que estos políticos, que nos han tocado en suerte, nos cuentan sus mentiras; los impedimentos con los que se están encontrando los jueces de instrucción, por parte de sus órganos superiores, para llevar a buen puerto sus instrucciones; el desprecio por la legalidad y la constatación de que no todos los españoles somos iguales ante la ley, ponen ante nuestros ojos la radiografía de una cosa pública y de unas instituciones enfermas, putrefactas y cada día más injustas.

Frente a este panorama consentido, hasta ayer, por una sociedad adormecida en su relativo bienestar y a la que nunca pareció interesarle pasar factura por los casos de múltiples corrupciones, no sé si por estar en clave del “Deixe que xa” –hoy por ti, mañana por mi– o por puro pasotismo.

Frente a esta inaudita tolerancia, digo, chollo de políticos, la situación económica de la Nación está suponiendo, afortunadamente, un punto de inflexión. Ahora, por lo menos, son muchos los españoles que están furiosos con los intolerables niveles de corrupción a los que se ha llegado. Soliviantados con todas esas personas públicas que, en lugar de buscar el bien común, persiguen, exclusivamente, sus propios intereses. Hartos de que se les tome el pelo y se les esté permanentemente faltando al respeto.

Y si la permisividad con la corrupción, por puro y duro interés, era moneda de cambio en nuestra querida España, el desaliento y la resignación contribuyeron a su entronización. “No hay nada que hacer”, “mejor no meterse en líos y mirar hacia otro lado”, “para qué si al final todo queda igual”, “no voy a jugarme el puesto, así que mientras no firme y puedan comprometerme, haré todo lo que me manden”. Así, tacita a tacita, el monstruo, cada vez más monstruo y la esperanza de librarse de él cada vez más tenue y debilitada. Y es que el triunfo de la corrupción no es otro que el rechazo de la ética, puesto que la ética protege a la persona de la manipulación y del sometimiento. Vivir con dinero, tal vez con muchísimo dinero, pero con la poquísima dignidad de quien vive permanentemente arrodillado ante él.

Pero la realidad se puede cambiar. Las personas podemos cambiar esta realidad, denunciando la corrupción, apartándola de nuestras vidas, haciendo el bien, no acostumbrándonos al mal, a contemporizar con él, a interiorizar que no podemos hacer nada contra él y por lo tanto a ser sus cómplices para así conseguir pingues beneficios.

Aunque quienes tienen la obligación ineludible de luchar contra la corrupción son los que ocupan el poder, porque la lucha contra ella es fundamentalmente política. Por lo tanto, le corresponde al Gobierno del Partido Popular tomar las riendas de la regeneración de España y esto implica la obtención de resultados visibles para todos los ciudadanos, ya que si esto no es así, seguiremos pensando, con razón, que todos son idénticos y que entre ellos hay un pacto para tapar sus respectivas porquerías.

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