AGLI Recortes de Prensa   Martes 30 Julio 2013

La enésima anunciación: el lobo que no llega
María Blanco www.vozpopuli.com  30 Julio 2013

La semana pasada se ha dado una circunstancia novedosa en mi entorno económico. De entre todos los economistas que leo, a los que sigo, de los que aprendo, se han configurado "alianzas" inesperadas. José Carlos Díez y Juan Ramón Rallo, polos opuestos habitualmente, se han unido en su interpretación de los datos de nuestra economía y Daniel Lacalle se ha quedado solo con su pequeña esperanza.

No es lo mismo "de ninguna manera" que "tal vez"
Comentando en las redes sociales ambas perspectivas, Juan Carlos Urbano, siguiendo a Juan Ramón Rallo, apuntaba que, realmente, no hemos salido de la zona de riesgo porque no sabemos cuál va a ser el modelo económico de aquí a veinte años y que estamos lejos de completar las reformas necesarias para que aflore esa vía espontáneamente.

Es cierto. No solamente no hemos terminado, es que no hemos empezado algunas de las reformas necesarias, otras están, simplemente indicadas, como las operaciones matemáticas, otras a medio hacer y otras que no se llevarán a cabo del todo jamás. Todo eso es verdad.

Pero lo que leo entre líneas a alguien tan poco sospechoso de triunfalismo como Lacalle es que ya no estamos en la terrible zona de "de ninguna manera" salimos de ésta, sino que nos encontramos en un "tal vez" salgamos. Y, para mí, y para muchos españoles esa diferencia es importante.

Entiendo y comparto el miedo de Juan Ramón Rallo, amigo, vecino de columna en este periódico y director del Instituto Juan de Mariana. Es un miedo que muchos economistas tenemos... ¡incluido José Carlos Díez aunque no siempre! Nos aterra el triunfalismo autocomplaciente, o broteverdismo, como ha bautizado Juan Ramón a ese mal.

La razón es que engancha y te traslada al peor de los escenarios, el mismo de siempre, el descuido del déficit y la negativa a persistir con unas reformas que más que necesarias son vitales.

Nadie, ni un planificador estatal, es capaz de saber por dónde va a caminar nuestra economía en veinte años. Sólo podemos poner los medios para que aflore la diversidad y los mercados se encarguen de filtrar qué sector es rentable. Claro que, seamos sensatos, eso es pedir peras al olmo. Para empezar, porque la realidad es que las empresas privilegiadas van a seguir "convenciendo" a los gobiernos para que sigan drenando recursos públicos y dirigiéndolos hacia los sectores que convengan. Y lo harán con la bendición de los ciudadanos, que apoyarán los 15-M en la Puerta del Sol de Madrid y seguirán votando privilegios.

El daño de la palabra manida
Lo cierto es que los dos gobiernos que han manejado la máquina estatal desde que empezó la crisis, el de Zapatero y el de Rajoy, han proclamado, siempre a bombo y platillo, diversas recuperaciones, salidas de la crisis, brotes verdes, fenómenos astronómicos, segundas y terceras venidas de Cristo y todo tipo de anunciaciones al más puro estilo "que viene el lobo" pero a la inversa.

El problema de esas salidas del túnel que nunca llegan y que son anunciadas periódicamente, por razones que tendrán su lógica pero no veo, es que la gente acaba invadida por el virus de la incredulidad, antesala de la apatía. Y eso sí que es más difícil de quitar que una mancha de tinta. A un pueblo azotado por la tasa más alta de paro de toda Europa desde hace años, con una destrucción empresarial sufrida desde que empezó la crisis enorme, y sin mucha esperanza, no puedes decirle "relájate que esto no duele" y endiñarle una subida de impuestos, o "ya se ha acabado lo empinado, de aquí en adelante ya todo cuesta abajo" si no es verdad. Eso es jugar con la gente. Y hacerlo veinte veces, además, es pensar que es tonta.

Los datos buenos a veces son insuficientes
Que el dato del paro no era malo, es así. Luego podemos ver exactamente la medida, la composición de la población activa, comparar con datos anteriores, y comprobar que no es para tirar cohetes. Pero no es un mal dato.

Que las exportaciones tiran, también es así. Que, a continuación, podemos analizar si se trata de exportaciones a nuevos clientes y nuestros demandantes natos están "enfermos" o estudiar la sostenibilidad de las mismas. Bien. Pero tampoco es un mal dato.

Que el informe de Standard & Poor's es esperanzador, lo es. Que puede cuestionarse sus intenciones, y si los inversores deben o no hacer caso, o de hecho, van o no a hacer caso. De acuerdo. Pero el informe es positivo.

Y a partir de aquí, pensemos ¿dónde poso mi mirada? A veinte años, todo es irrelevante. A tres años, como me decía Juan Ramón Rallo, no hemos eliminado el riesgo de otro batacazo. Hay una enorme incertidumbre aún, pero ¿podemos asegurar lo contrario? pues tampoco, no podemos decir que no nos vamos a recuperar.

¿Qué significan los datos buenos? Que algo pequeñito se ha hecho bien. Y eso no implica que ya no hay que hacer nada más, ni descuidar el déficit, ni oculta otros datos que no son buenos. Pero reconozcamos al menos eso. Sin cohetes, pero mantengámonos pendientes. No nos vaya a pillar dormidos la esperanza.

Lecciones de Detroit
EDITORIAL Libertad Digital  30 Julio 2013

Detroit se ha convertido por derecho propio en la mayor ciudad declarada en bancarrota en toda la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Con una deuda superior a los 18.000 millones de dólares, un paro que duplica la media del país y una población cada vez más menguada a consecuencia del desplome de la economía y la inseguridad ciudadana, el ayuntamiento se ha visto obligado a acogerse a la ley de bancarrotas para reestructurar la enorme deuda acumulada y poder seguir financiando unos servicios públicos ya de por sí muy depauperados.

Pero la actual ruina de la ciudad más importante del estado de Michigan no ha sido un hecho inevitable por los efectos de la crisis económica. Al contrario, la terrible decadencia de Detroit es consecuencia de la política llevada a cabo por un ayuntamiento que ha estado presidido por los demócratas desde hace más de medio siglo, cuando el alcalde republicano Luis C. Miriani fracasó en su intento de ser reelegido en 1961.

Detroit, cuna de la industria automovilística, a la que se llegó a llamar "la capital mundial del motor", ha estado regida por una clase política esencialmente corrupta, incapaz de actuar con prudencia y visión de futuro en las largas décadas del siglo pasado en las que se forjó la riqueza de una de las ciudades más populosas de EEUU. En lugar de ello, los distintos gobiernos municipales se sometieron al dictado de unos sindicatos especialmente poderosos, establecieron inasumibles planes de subsidios y cayeron en una espiral de incremento del gasto público con el resultado de una gigantesca quiebra de la que la ciudad tardará años en recuperarse si es que alguna vez lo hace. La pérdida de pujanza industrial y el estallido de la burbuja inmobiliaria han sido la puntilla de Detroit, convertida hoy en un lugar con unos servicios públicos depauperados por falta de fondos y en el que la delincuencia callejera campa a sus anchas.

La joya de la industria del motor y una de las ciudades norteamericanas otrora más pujantes tiene ahora que pagar la factura de décadas de políticas "progresistas". El propio Gobierno federal de los Estados Unidos, con una deuda pública de más de 17 billones de dólares, tiene en Detroit el ejemplo perfecto de la manera en que terminan las instituciones públicas sometidas a un gasto público inasumible por su empeño de subsidiar a los más amplios sectores de la sociedad y su irrefrenable propensión a los incesantes "planes de estímulo". Los gobiernos europeos, por su parte, tienen la ocasión de ver por sí mismos cuál es el resultado de las políticas "progresistas" a que tan aficionados son también a este lado del Atlántico.

Entre la vergüenza y la tragedia
Javier Benegas www.vozpopuli.com  30 Julio 2013

El pasado lunes 22 de julio Mariano Rajoy por fin dio su brazo a torcer y anunció que comparecería en el Parlamento para dar las correspondientes explicaciones sobre la presunta corrupción en el Partido Popular, cuyo nudo gordiano es Luis Bárcenas. “Creo que este es el momento adecuado para que yo explique la situación y aclarar las dudas de los ciudadanos”, dijo el presidente, con la mirada perdida y demostrar convicción alguna.

Lo de dar explicaciones en el Parlamento se le antoja a este gallardo personaje una excentricidad. En estos tiempos turbulentos, en los que todo hijo de vecino echa pestes de la clase política, lo mejor es confiar en los pactos secretos que llevan semanas, por no decir meses, cociéndose. Y olvidarse de espectáculos gratuitos de cara a la galería, porque estos últimos los carga el diablo y los tontos los disparan sin saber a dónde apuntan. A fin de cuentas, en el Parlamento no están los representantes del pueblo, sino aquellos que los jefes de los partidos designan con su dedo. Y así visto, nadie debería sentirse ofendido si el presidente pasa de largo.

Pese a todo, Mariano ha tenido que bajar de la montaña y prometer que dará su versión sobre las acusaciones que se han vertido durante semanas contra la cúpula de su partido e, incluso, contra su propia persona. Pero no lo ha hecho por exigencias domésticas, sino porque el escándalo había alcanzando velocidad de crucero más allá de nuestras fronteras. Es decir, quienes sostienen nuestra deuda estaban alarmados al ver cómo la marca España se cubría de roña. Y cómo el presidente se negaba en redondo a pasarle el plumero.

Eso sí, Mariano comparecerá pero ganando el tiempo que necesitan los estrategas del partido para preparar una oportuna puesta en escena con la que dejar el 'caso Bárcenas' en segundo plano y poner en valor la consigna de que “España va mejor”, por obra y gracia de la Encuesta de Población Activa y otros datos económicos positivos que auguran, según ellos, el fin de la recesión.

Ha sido en mitad de este lío de imposturas y apaños cuando el tren Alvia 01455 descarrilaba fatalmente en la curva de A Grandeira, a escasos kilómetros de la ciudad de Santiago de Compostela. Y en un abrir y cerrar de ojos, por obra y gracia de los mass media, los habitantes de una pequeña aldea gallega se convertían en héroes. Y por extensión, todos los españoles. El país entero, en boca de los cronistas, se mostraba unido en la tragedia. Atrás quedaban por unos días, o al menos eso se ha pretendido, la crispación generalizada y el desprecio creciente hacia la clase política. El luto ponía punto y final a un curso político de espanto, al que sólo le resta la pantomima del uno de agosto, en la que a buen seguro Mariano demostrará seguir instalado en la creencia de que el pan todo lo cura. Y nos dará gato por liebre; es decir, brotes verdes a cambio de decencia.

En cuanto al ciudadano común, le invito a que haga una reflexión a cuenta de esta terrible tragedia. Si bien es cierto que la solidaridad de los lugareños de Angrois evidencia una empatía de la que carece la España política, no deberíamos lanzar las campanas al vuelo. Que la gente auxilie a sus semejantes es lo normal, lo que cabe esperar de cualquier sociedad sana o, en su defecto, de toda persona bien nacida. De hecho, esa empatía debería servir no sólo para ayudar a las víctimas de un accidente ferroviario, sino para hacer frente a todo tipo de problemas colectivos. Por ejemplo, para impedir que la clase dirigente haga de España su cortijo y que millones de personas se conviertan en víctimas de un modelo político inviable que descarriló hace ya tiempo. A fin de cuentas, las sociedades que sólo se mueven o conmueven a golpe de catástrofe, terminan siendo adictas a la tragedia.

Les deseo a todos ustedes un buen mes de agosto.

Una retirada a tiempo equivale a una Victoria
José Antonio Yturriaga www.vozpopuli.com  30 Julio 2013

Hace unos tres meses que, al final de un artículo sobre La historia interminable de los ERE, expresaba mi confianza en que pronto se solucionara el problema, mediante la condena judicial de los autores materiales del fraude y la remoción de la vida pública de sus responsables políticos. El curso implacable de la Justicia y el buen hacer de la juez Mercedes Alaya –inasequible a las presiones de la Junta de Andalucía, el PSOE e IU, y altas instancias judiciales, incluido el presidente del Tribunal Supremo (TS), Gonzalo Moliner- avanza lento pero seguro y empieza a producir sus frutos. El 28 de junio, Alaya dio un paso cualitativo importante en la instrucción para determinar la responsabilidad de quienes habían abusado indebidamente de sus competencias, al imputar a 20 altos cargos de la Junta, entre los que se encontraba la exconsejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez. Ésta fue la que estableció el concepto presupuestario de las transferencias de financiación, que sustentó los falsos ERE.

Según la Cámara de Cuentas, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y su sucesora IDEA recurrieron de forma sistemática a esta figura para pagar ayudas socio-laborales, que deberían haber sido tramitadas como subvenciones excepcionales, lo que les permitía eludir la transparencia, la concurrencia competitiva y la fiscalización de la Junta, y otorgar millones de euros de forma irregular. Este sistema fue mantenido por su sucesor, José Antonio Griñán, pese a las reiteradas advertencias sobre su ilegalidad hechas en 17 ocasiones por el interventor general, Manuel Gómez. El nuevo consejero no sólo hizo caso omiso a estos avisos, sino que elevó al Consejo de Gobierno modificaciones presupuestarias que inflaban el programa 3.L –“fondo de reptiles”- para poder cubrir los déficits generados, hasta el punto de que Gómez ha llegado a acusar a Griñán de “cebar sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE”.

Responsabilidad de la Junta y de su presidente
La Junta inició una campaña de deslegitimización de la juez y, a la par que le instaba a acelerar la instrucción, recurrió la imputación de los altos cargos -por falta de concreción y motivación jurídica en la acusación e indefensión de los imputados-, solicitó el aplazamiento de las declaraciones del interventor general y de los otros 20 imputados y asumió la defensa jurídica de éstos. Alaya rechazó el recurso, alegando que la fase de diligencias previas no estaba prevista a modo de juicio de imputación, sino que era en la primera comparecencia de cada imputado cuando el instructor debía pormenorizar los hechos punibles y hacer una calificación penal provisoria, y echó en cara a la Junta que actuará más como defensa de los imputados que como acusación particular. Dos días antes de conocerse el auto, Griñán avisó de su intención de no presentarse a la reelección y –una vez que la Audiencia de Sevilla respaldó la decisión de la juez-, un día antes de la declaración de Gómez anunció que abandonaría la presidencia de la Junta a finales de agosto, pese a haber afirmado días antes que agotaría la legislatura.

Al margen de lo que puedan decidir los tribunales, la responsabilidad política de Griñán resulta obvia e incuestionable
Su previsible imputación ha acelerado su intención de marcharse, pues resultaría demasiado aparatosa la imputación del presidente de la Junta. Yo me fío de la integridad personal de Griñán y no creo que se haya lucrado con el fraude de los ERE, pero su honorabilidad política está por los suelos, pues, al margen de lo que puedan decidir los tribunales, su responsabilidad política resulta obvia e incuestionable. Incumplió con su deber de velar por la ejecución correcta del presupuesto y por los derechos de la Hacienda Pública, al no ejercer las acciones que la defensa de tales derechos exigía. Los argumentos alegados por Griñán ante la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz para exonerar su responsabilidad carecen de rigor jurídico y han sido desmontados uno a uno por el interventor general.

Argumentos de Griñán para exonerarse de responsabilidad
Me limitaré a exponer dos de ellos. Uno, la Intervención no avisó de que se hubieran cometido graves irregularidades y, de haberlas advertido, debería haber presentado un informe de actuación, que le forzara a tomar medidas para corregir la situación. Gómez le replicó que no le correspondía hacer tal informe, porque las deficiencias detectadas no eran responsabilidad del organismo auditado –el IFA-, sino de la Consejería de Empleo. Él había remitido hasta 17 informes a esta Consejería, así como a las de Economía y Hacienda y de Innovación y Ciencia, y cualquiera de ellas podría haber solucionado el problema en 24 horas. Incluso si hubiera enviado un informe de actuación, habría quedado archivado en un cajón, pues a Griñán no le interesaban tales informes, como puso de manifiesto refiriéndose a uno presentado en 2008, en el que advertía que en el convenio colectivo del Hospital de El Egido se habían acordado remuneraciones superiores a las legales.

Otro, el de que no recibió los informes del interventor, resulta aún más inverosímil. La viceconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martinez Aguayo, ha confesado que recibió tales informes, pero que no los pasó a su jefe, pese a que iban expresamente dirigidos a él. Si tal fuera el caso, habría cometido un delito de prevaricación, pero no sólo no fue sancionada por ello, sino que fue ascendida a Consejera, cuando Griñán pasó a ocupar la Presidencia de la Junta. Gómez ha afirmado que es absolutamente impensable que desconociese las irregularidades por él denunciadas, ya que eran de dominio público, y la juez Alaya se mostró de acuerdo al afirmar: ”Ya sabemos que el consejero de Hacienda conoció los informes que usted le enviaba”. De esta afirmación cabe deducir que Griñán será imputado en breve plazo y, por eso, ha huido hacia delante. Es un excelente estratega, como demostró cuando unió las elecciones autonómicas y las generales y salvó al PSOE de la debacle electoral que todos vaticinaban. Al apartarse del cargo, asume el coste político del fraude y libera de esa carga al próximo Gobierno, que ha dejado bien atado, pues ha impuesto como sucesora a Susana Díaz, en un simulacro de elecciones primarias a las que sólo pudo concurrir su candidata, proclamada a la “búlgara”.

Refuerzo de la coalición social-comunista
El fraude de los ERE no es –como han mantenido el PSOE e IU- obra de cuatro golfos, sino que gozó del respaldo institucional de la Junta, que ha obstaculizado la labor de la Justicia y ejercido máxima presión sobre la juez instructora, con la ayuda del presidente del TS. Como decía una antigua consejera y exministra socialista, el dinero público no es de nadie, y de tales polvos nacen los lodos de los ERE. La Junta ha contado con la complicidad de IU, pese a su compromiso electoral de luchar contra la corrupción y el fraude “erético”.

Su actitud me recuerda al comentario irónico de Julio Camba sobre el perro, que no es por convicción el mejor amigo del hombre. Se acerca a él porque le gusta comer bien y, como no sabe cocinar, está dispuesto a cometer las mayores vilezas para conseguirlo. A los comunistas les gusta gozar del poder, pero, como no pueden alcanzarlo solos mediante las urnas, pactan con el PSOE, al precio que sea, para conservar su cuota de Gobierno. La designación de Susana Díaz -del ala izquierdista del partido y artífice de la coalición con IU- puede que les dé más cancha y provoque un mayor giro a la izquierda del Gobierno andaluz.

Griñán dice sacrificarse por el PSOE y hace mutis por el foro, aunque conserva el salvavidas del aforamiento. De ahí que los socialistas exijan la inmediata remisión del caso al TS, al ser conscientes de que algunos de sus magistrados se muestran propicios a “ensuciarse las togas con el polvo del camino”, como se ha puesto de manifiesto con la absolución de José Blanco, que ha traficado en influencias como ministro, pero sólo un ”poquiño”. El EREmita Griñán no se retira al desierto para hacer penitencia por sus muchos pecados, sino que se aparta discretamente del primer plano de las candilejas, aunque conservando los privilegios que le pueden permitir la impunidad.

Corrupción y poder
Carlos Rodríguez Braun La Razón  30 Julio 2013

La parábola sobre la notoria paja en el ojo ajeno contrapuesta a la insignificante viga en el propio resplandece con la corrupción política. El PP se aferra a la teoría de que Bárcenas es un corrupto asistemático; por ponerlo en términos socialistas, aseguran que Bárcenas o la trama «Gürtel» son Roldán, no Filesa. Subrayan este punto, y proclaman que el único partido condenado por financiación ilegal es el PSOE. Desde la izquierda aducen que los partidos no son condenados, sino las personas, que lo de Filesa ya pasó, que Griñán no sabía nada de los ERE, y que Bárcenas no era un individuo aislado en un sótano ignoto de Génova, 13. Y así se pasan la pelota, mientras nos miran a los demás, y se lanzan sobre nosotros si creen que no estamos condenando la corrupción (del otro, claro) con la suficiente severidad. Pero este juego hipócrita oculta la vieja asociación entre corrupción y poder. No puede ser casualidad que haya corrupción en el PP y el PSOE pero no en UPyD, igual que tampoco puede serlo que en Cataluña la haya en CiU y no en Ciutadans. El mando en plaza (y tanto más cuanto más arbitrario sea) desata un estímulo crucial para la corrupción: la oportunidad. Por eso es equivocado echarles la culpa principal de la corrupción a los empresarios de obras públicas que llevan maletines a los políticos. En vez de ello, convendría pensar en por qué son esos empresarios y no otros los que los llevan, y en por qué los entregan en algunos partidos y no en otros.

El guante encima
Alfonso Merlos La Razón  30 Julio 2013

No es cuestión de suerte. Es el instinto de supervivencia de un despojo humano. Es la sagacidad en la fuga de quien no ha tenido otro oficio que asesinar, amenazar, extorsionar y mutilar a nuestros semejantes para a continuación huir de las fuerzas de seguridad del Estado y esconderse. Una rata repugnante; una subespecie de la raza humana. Naturalmente que puede haber quien legítimamente albergue espacio a la teoría de la conspiración (no interesa cazar políticamente a Josu Ternera y, por consiguiente, no se hace). Es más: alguien, no se sabe quien, ni con que clase de fuentes, ni desde que lugar, le estaría avisando para que escapase de las porras y la ley una y otra vez (una reedición del chivatazo).

Pero la detallada información que revela LA RAZÓN señala que no es así. En absoluto. El ímpetu y la estrategia de la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y nuestros socios al otro lado de los Pirineos muestran a las claras que la caída de esta alimaña es cuestión de tiempo; y que puede estar cerca. Con un gobierno que ha desechado por completo sentarse en una mesa a negociar con unos encapuchados armados, el papel pragmático que podría desempeñar este miserable y legendario matarife es residual o, simplemente, no existe. De ahí que tampoco quede margen de maniobra excesivo para elucubrar por las razones de su éxito en permanecer lejos de los calabozos y los tribunales. Es igual. Si se mantiene el camino trazado, a este verdugo se le echará el guante encima y estará donde debe. Primero: dialogando con un agente antiterrorista; luego, con un juez y un fiscal; y rapidito, con su compañero de celda. Si lo tiene.

Comparecencia 1 de agosto
Pocas bromas
Cayetano González Libertad Digital  30 Julio 2013

Sabida es la tendencia de la mayoría de los políticos a considerar que los ciudadanos somos tontos y en consecuencia a tratarnos como tales. Esta es la tentación en la que, a tenor de los mensajes que se están enviando desde el Palacio de la Moncloa a la opinión pública las últimas horas, muy probablemente caerá el presidente del Gobierno en su comparecencia parlamentaria del próximo jueves para hablar del caso Bárcenas. Comparecencia a la que Rajoy ha ido forzado, en contra de su voluntad, para evitar la moción de censura que el PSOE había anunciado que presentaría en caso de no hacerlo.

Rajoy y el PP llegan a esta comparecencia con todas las alarmas encendidas: la de intención de voto en caída libre, la de la confianza y la credibilidad del presidente del Gobierno por los suelos, la de la imagen del partido muy deteriorada, porque las acusaciones de financiación irregular hechas por Bárcenas, para desgracia del PP, son creídas por una inmensa mayoría de la sociedad. Esto le sucede a los populares y a su actual presidente, cuando sólo han pasado veinte meses de haber conseguido una holgada y cómoda mayoría absoluta en las elecciones generales de noviembre de 2011, cuando gobiernan en once de las diecisiete Comunidades Autónomas, en los principales Ayuntamientos de España y cuando su principal rival político está literalmente hecho unos zorros, con un líder obsoleto y con un proyecto ideológico a la deriva.

Esperar de Rajoy que el jueves dé, metafóricamente hablando, un puñetazo en la tribuna de oradores, reconozca lo que tenga y deba de reconocer en torno a las acusaciones del extesorero Luis Bárcenas, pida perdón por haber mantenido durante tantos años a ese personaje en la gerencia y tesorería del partido, es mucho esperar de un dirigente político que ha hecho de dejar pasar el tiempo, con la esperanza que de esa manera se arreglen los problemas, su principal seña de identidad. Si en lugar de eso, se limita a negarlo todo, a anunciar medidas contra la corrupción y a decir que lo peor de la crisis económica ya ha pasado, el desastre para lo que representa el PP estará servido, porque sus cargos públicos, sus militantes, sus votantes y sus simpatizantes seguirán sumidos en el desconcierto.

Si el presidente del Gobierno y sus asesores fueran realmente conscientes del hartazgo ciudadano que hay en torno a todo lo que huele a corrupción de la clase política, no hubiesen cometido los errores que han cometido desde que estalló el caso Bárcenas. Y todo parece indicar que el jueves seguirán con el "mantenella y no enmendalla". Un hartazgo que conlleva que los ciudadanos estén ya para pocas bromas, sobre todo cuando estas son protagonizadas por los que más ejemplo público deberían dar.

Si con el reciente y trágico accidente ferroviario de Santiago de Compostela, todo el mundo –empezando por la clase política– ha alabado la reacción y el comportamiento ciudadano, las muestras de solidaridad y de apoyo a las víctimas y a sus familiares, no se entiende fácilmente que a los políticos les cueste tanto darse cuenta de que al final es esa misma sociedad madura que ha sabido estar a la altura de las difíciles circunstancias vividas en los últimos días, la que merece también ser tratada con respeto en otros aspectos de la vida pública. No se entiende, salvo que, y vuelvo al comienzo de este artículo, nos tomen por tontos. El jueves, Rajoy tiene la oportunidad de romper esa tendencia contando no su versión, sino la verdad del caso Bárcenas y asumiendo las responsabilidades de tipo político a que hubiera lugar. Si no lo hace, lo único que conseguirá será ahondar en el lento pero inexorable suicidio político en el que se ha instalado el PP.

Debate hipócrita y superfluo
¿Quién debe ser el guardián de la Constitución?
José Luis Roldán Libertad Digital  30 Julio 2013

En estos días se viene hablando con insistencia sobre si resulta o no adecuado, útil, provechoso y conveniente para la salud del espejismo que llamamos Justicia, y para la pervivencia de lo que suponemos democracia, que los magistrados del Tribunal Constitucional tengan militancia en los partidos políticos.

El debate sería sin duda apasionante, si no fuera un debate hipócrita y, sobre cualquier otra consideración, absolutamente superfluo.

Hipócrita, porque a nadie se le oculta que esto es un régimen partitocrático, donde los partidos políticos parasitan las instituciones del Estado y se reparten las magistraturas conforme a un sistema de cuotas escrupulosamente establecido; inspirado, probablemente, en los códigos de la edad de oro de la piratería. Hipocresía que alcanza a todas las instituciones; véase, por ejemplo, el caso del Defensor del Pueblo (o de los Defensores autonómicos): la ley prohíbe expresamente su pertenencia a partidos políticos. Sin embargo, pervirtiendo el espíritu de la ley, nos encontramos con Defensores como Enrique Múgica o Soledad Becerril, cuya militancia partidista la conocen hasta los niños de teta. Es decir, en el fondo, se retuerce el fin de la ley —que consiste en garantizar la independencia de la Institución, y transmitir al ciudadano confianza en la imparcialidad de su titular—; y todo eso se degrada en la práctica a algo que resulta chistoso: que el Defensor del Pueblo quede eximido de pagar las cuotas de militante a su partido. También ocurre con los diputados y senadores; la Constitución establece la garantía de su independencia —"no estarán ligados por mandato imperativo"—; y, no obstante, en la práctica, sucede todo lo contrario; están sujetos a un mandato férreo, incluso en el voto, y hasta padecen sanciones cuando se atreven a quebrantarlo. Los reglamentos de los partidos pisotean la Constitución; y, lo que tal vez es aún más grave, resulta aceptado de modo acrítico y fatalista, con mansa resignación, no sólo por los propios afectados sino, también, por los medios de comunicación y la ciudadanía. Hipocresía, pues.

Pero, sobre todo, debate superfluo. Porque, no nos engañemos, esta es otra de esas estúpidas e inoportunas discusiones bizantinas sobre el sexo de los ángeles, a las que somos tan propensos cuando se trata de eludir el verdadero problema.

Y el verdadero problema consiste en determinar si el Tribunal Constitucional es realmente el garante de la Constitución. O dicho de otro modo, es el de la propia existencia del Tribunal Constitucional, y el de quién deba ser entonces el defensor de la Constitución. Cualquier otro debate es andarse por las ramas, y alejarnos del núcleo del asunto. La situación que vivimos se asemeja a la que describe Bertold Brecht en el poema "Parábola de Buda sobre la casa en llamas": está ardiendo la casa, nos quemamos la planta de los pies, y en lugar de salir precipitadamente nos preguntamos qué tal tiempo hace fuera, si llueve o sopla el viento.

Desde el primer momento (expropiación de Rumasa) el Tribunal Constitucional ha ofrecido repetidas muestras (integración de contratados afines al PSOE en la Función Pública andaluza, legalización de Sortu o Bildu, Estatuto de Cataluña) de su sometimiento partidista; lo que lo inhabilita de forma absoluta, y lo hace justo acreedor de su descrédito.

Los llamados "padres de la Constitución", aunque eximios, más padrastros que padres, conocieron sin lugar a dudas la controversia entre Carl Schmitt (La defensa de la Constitución) y Hans Kelsen (¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?), de manera que sería una ingenuidad pensar que los males que padece nuestro modelo de garantías constitucionales son sobrevenidos.

El reparto de la herencia que hicieron los "padres", albaceas del franquismo, en el acta fundacional de la partitocracia, también llamada Constitución, incluyó un sistema de garantías que, precisamente, garantizara eso: la integridad indisoluble del régimen.

Lo dijo Kelsen en la obra de la que he tomado prestado el título del artículo: hay muchos temas, acerca de las garantías constitucionales, sobre los que es posible discutir seriamente. Pero, "sólo una cosa parece estar fuera de discusión, algo que es de una evidencia tan primaria, que casi parece innecesario destacarla... que el control de la constitucionalidad... de los actos del Parlamento o del Gobierno... no pueda ser transferido al órgano cuyos actos deban ser controlados... Pues sobre ningún otro principio jurídico se puede estar tan de acuerdo como que: nadie puede ser juez de su propia causa".

Los "padres de la Constitución" lo sabían perfectamente, eran gente conspicua, casi todos catedráticos. Por eso hicieron justo lo contrario de lo que Kelsen consideraba indiscutible.

Franco, un visionario, lo auspició: "Todo está atado y bien atado".

José Luis Roldán, funcionario, ex director general de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

Crónicas del apaciguamiento
El presunto chivatazo a Ternera
Guillermo Dupuy Libertad Digital  30 Julio 2013

Sabemos que desde 2002 pesa contra José Antonio Urruticoechea Bengoechea, alias Josu Ternera, una orden internacional de búsqueda y captura dictada por el Tribunal Supremo por ser presunto inductor de la masacre en la casa cuartel de Zaragoza, uno de los más salvajes atentados perpetrados por la banda terrorista ETA, en el que fueron asesinadas 11 personas –entre ellas cinco niñas– y resultaron heridas 88, dos de las cuales eran mujeres embarazadas que también perdieron a sus hijos en gestación.

Sabemos que el artículo 408 de nuestro supuestamente vigente Código Penal dice literalmente que "la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".

Sabemos que el gobierno de Zapatero perpetró de forma continuada ese delito con Ternera desde que el presidente de los socialistas vascos, Jesus Eguiguren, lo confesara públicamente al decir que, entre cafetito y cafetito, hacía llegar al terrorista mensajes del entonces presidente del Gobierno.

Sabemos por la prensa, tanto nacional como extranjera, que Ternera desde entonces no se ha escondido en lugares especialmente recónditos del planeta, sino que ha vivido plácidamente en una localidad francesa tan cercana a la frontera española como es el pueblo de Durban sur Aziere. Sabemos que desde allí se ha desplazado tranquilamente a otros lugares de Francia o incluso a Noruega, país que lo expulsaba hace unos meses junto con otros terroristas, también supuestamente buscados por las autoridades españolas, como David Pla o Iratxe Sorzabal, tras participar con ellos en Oslo en la llamada "Comisión Internacional de Verificación del alto el fuego en el País Vasco" que lidera Ram Manikkalingam.

La Razón asegura este lunes que el terrorista habría huido hace unos días del pueblecito cercano a los Pirineos en el que vivía al descubrir o ser alertado de que la policía por fin lo iba, supuestamente, a detener.

El caso es que Ternera sigue sin ser detenido. Y lo que no sabemos es si la clamorosa y exhibicionista impunidad del terrorista se debe a una inconmensurable incompetencia del Gobierno de Rajoy o, lo que es peor y mucho más probable, a una complicidad impuesta por la envilecedora lógica del apaciguamiento, muy similar a la del Gobierno de Zapatero.

Sea como fuere, en cualquier país seriamente comprometido, no con el apaciguamiento, sino con la lucha antiterrorista y con el Estado de Derecho, el ministro del Interior habría tenido que presentar su dimisión o, cuando menos, dar muchas explicaciones por tamaña y continuada incompetencia a la hora de detener a uno de los terroristas supuestamente más buscados. Aquí, sin embargo, al ministro ni siquiera se le pregunta. Ese es el trato que las élites políticas y mediáticas de nuestro país otorgan a la memoria, a la dignidad y a la justicia de las víctimas del terrorismo.

La sátira
La traición flojita
Fray Josepho Libertad Digital  30 Julio 2013

Lo de Arturito Mas y compañía
no es sino deslealtad y bandidaje.
Es un puro ultimátum: un chantaje
con premeditación y alevosía.

Es infidelidad, es felonía,
vileza, defección y sabotaje.
Es el saqueo crónico, el pillaje
y lo peor: la cursi hipocresía.

Pero, aunque España está bastante harta
del coñazo de Mas y de esa carta
que le escribió a Rajoy (¡tan exquisita!),

me temo que en Moncloa el presidente
acabará aceptando, tristemente,
que sí, que haya traición. Pero flojita.

Un total de 142 médicos castellano-manchegos ganaron más de 100.000 euros el año pasado
Hasta 142 médicos castellano-manchegos ganaron más de 100.000 euros el año pasado, según el informe de remuneraciones de 2012. En la TV pública también hay sueldazos: jefes de departamento a 90.000 y redactores a 85.000.
Nacional www.vozpopuli.com  30 Julio 2013

El PSOE pretendió hacer en Toledo el hospital más grande de Europa. Y para fichar médicos echó mano de chequera. Sin aparente limitación presupuestaria. El informe de remuneraciones del 2012 concluye que 142 médicos ganaron más de 100.000 euros en el 2012. El récord se lo lleva un médico de urgencias que ingresó 164.022 euros el año pasado.

El sistema remunerativo primaba las guardias y los fines de semana y permitía remuneraciones millonarias en el sistema sanitario. Incluidas las enfermeras. La que más cobró el año pasado ganó 61.976 euros. Pero no es la única. En el entorno de los 60.000 euros se puede contar a una decena de enfermeras privilegiadas que cobraron una cifra similar a un consejero.

Por el contrario, en la parte baja de la tabla de las 61.145 remuneraciones nos encontramos a unas enfermeras que cobraron 8.827,22 y 9.294,33 euros. Incluso una auxiliar de enfermería que ni siquiera llega a los 8.000 euros. 8.812,17 euros es lo que cobró el peluquero del servicio de salud castellano-manchego, que, a pesar de no ser personal sanitario, sí es personal estatutario; es decir, funcionario. Y otra curiosidad: un técnico especialista en radiodiagnóstico cobró 14.887 euros, una onceava parte que el médico mejor remunerado.

Derroche en ‘TeleBono’
El ente público Radio Televisión Castilla La Mancha (conocida como ‘TeleBono’) también cuenta con ‘bienpagados’. El director del ente cobró 120.000 euros en el 2012. De ahí para abajo, directores de área a 110.000, jefes de departamento a 90.000 y redactores a 85.000 euros, más que todos los consejeros.

El consejero de Fomento es el mejor remunerado del Gobierno, con 65.538 euros. Tiene por encima 2.684 personas que ganan más que él, la mayoría médicos. Su viceconsejero cobró 59.245. En cambio, curiosamente, el viceconsejero de Presidencia y Administraciones Públicas ganó algo más que su consejero: 62.437 euros frente a los 62.426,39 de su jefe. Lo mismo ocurre en Sanidad. El consejero ganó 62.390 euros frente a los 62.392 de su viceconsejero. Y también en Educación, Cultura y Deportes. El consejero cobró 62.390 y su viceconsejero 63.966. En todos los casos, cerca de la mitad que muchos de los médicos del sistema castellano-manchego.

Más curiosidades: los conductores de los consejeros rondan los 35.000 euros, casi la mitad que sus jefes y en el entorno de la mayoría de los profesores, aunque el maestro mejor remunerado alcanzó los 58.861 euros. En la cola de la tabla remunerativa se encuentran seis profesores de religión.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Detroit debe servir de aviso

Jesús Sánchez-Quiñones El Confidencial  30 Julio 2013

El mismo día en que el ayuntamiento de Detroit se declaraba en bancarrota, Moody´s, una de las principales agencias de 'rating', mejoró la expectativa de la calificación crediticia de Estados Unidos.. A pesar de ser la mayor bancarrota de un ayuntamiento en la historia de EEUU, no ha existido el más mínimo contagio a la deuda soberana estadounidense.

Pese a la confianza de la mayoría de los inversores en un eventual rescate estatal e incluso del Gobierno federal, éste no se ha producido y, tras la declaración de bancarrota de Detroit, los acreedores sufrirán quitas en sus deudas pendientes de cobrar. Todos aquellos que adquirieron bonos municipales de Detroit atraídos por su alta rentabilidad y la garantía 'tácita' de rescate en caso de problemas financieros, han de afrontar ahora pérdidas en su inversión.

Pese a las enormes diferencias en el funcionamiento y financiación de las administraciones públicas estadounidenses y españolas o europeas, se pueden extraer conclusiones aplicables a numerosos emisores públicos y privados de este lado del Atlántico.

- Cuando una entidad se embarca en nuevos gastos estructurales recurrentes en el tiempo sin tener garantizada su financiación, corre el riesgo de alcanzar un punto de insostenibilidad. Las promesas de gastos e inversiones realizadas por los responsables de las distintas administraciones públicas deberían ir acompañadas de un plan de financiación creíble y sostenible en el tiempo. Los excesos se acaban pagando.

- Los desequilibrios financieramente permanentes acaban mal antes o después. El 40% de los ingresos de Detroit iba dirigido a pagar pensiones y deuda, la mayor parte de la cual, a su vez, se emitió para poder pagar las pensiones. Ahora pese a la garantía legal del cobro de las pensiones, se verán recortadas.

- Los déficits (exceso de gastos sobre los ingresos) de las cuentas no pueden ser permanentes o acabarán en quitas de la deuda existente.

- Las subidas de impuestos tienen un límite. Detroit, pese a ser una de las ciudades con impuestos más elevados, se ha visto obligada a suspender pagos. La curva de Laffer funciona, no siempre a mayores tipos se obtiene más recaudación. Las administraciones públicas suelen optar por subir los ingresos mediante el incremento de impuestos en lugar de reducir los gastos de forma estructural. Detroit demuestra que dicha política puede conducir al fracaso.

- Las garantías 'tácitas' no son garantías reales. Hoy en día existe la convicción de que ninguna administración pública dejará de hacer frente a los bonos emitidos. Si el ayuntamiento o la comunidad autónoma no paga, lo hará el Estado. La creación del Fondo de Liquidez Autonómica refuerza esta creencia. Pese a todo, el riesgo existe. Si no existiera dicho riesgo, los bonos autonómicos no estarían cotizando con una elevada prima respecto al Tesoro español. A modo de ejemplo, los bonos emitidos por la Generalitat Catalana y la Generalitat Valencia, con vencimiento 2020, ofrecen una rentabilidad de 300 puntos básicos (3%) más elevada que la del bono del Tesoro al mismo plazo. A su vez, el riesgo del bono español incorpora una prima de riesgo del 280 sobre el bono alemán. La percepción de riesgo por parte del mercado difiere dependiendo del emisor.

- Impagar la deuda y realizar quitas a los acreedores será inevitable para aquellas entidades públicas o privadas que lleguen a un nivel de deuda insostenible. Que nadie piense que no hacer frente a los compromisos financieros es un movimiento gratuito y sin consecuencias. Tras impagar y realizar quitas, el acceso a los mercados de emisión de bonos será tremendamente difícil o incluso imposible, y en cualquier caso a tipos prohibitivos. Argentina no ha sido capaz de emitir bonos en los mercados internacionales tras el impago de 2001.

Detroit debe servir de aviso. Nadie puede incrementar sus deudas de forma permanente. Durante esta crisis han sido numerosos los rescates que han evitado que los inversores sufrieran quitas. Entramos en una nueva fase. Las quitas serán más frecuentes, y los rescates mucho menos generosos que hasta ahora. Uno de los grandes frenos al crecimiento en los países desarrollados, entre ellos España, es el actual nivel de deuda acumulado, que lejos de reducirse sigue aumentando.

La rentabilidad sin riesgo no existe. Las quitas a partir de ahora serán más frecuentes. Dependiendo de cómo se proceda existirá efecto contagio o no. En Estados Unidos coincidió la bancarrota de Detroit con la mejora de la perspectiva del 'rating' de la deuda estadounidense.

Los ‘embajadores’ de Artur Mas cuestan cerca de medio millón de euros anuales a las arcas públicas
La Generalitat incluye los sueldos en el estreno de un portal web sobre transparencia a tan sólo dos días de que el presidente catalán comparezca en el Parlament sobre la presunta financiación ilegal de CDC a través del Palau de la Música. El delegado del Govern en Madrid cobra más que el jefe del Ejecutivo de la Nación, Mariano Rajoy.
Nacional www.vozpopuli.com  30 Julio 2013

En lo que ha sido denominada como una “operación de maquillaje” por la oposición, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, presentó ayer un portal de transparencia de la Administración catalana (transparencia.gencat.cat), justo 48 horas antes de que comparezca en el Parlament -a petición propia, pero forzado por PP, ICV y C's- para dar explicaciones sobre la presunta financiación de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) y sus vínculos con la trama del Palau de la Música. El instructor cerró la investigación señalando que CDC se lucró con 5,1 millones de euros en comisiones ilegales de la constructora Ferrovial a cambio de concesiones de obras públicas. Además, el estreno de la web llega pocos días después de que Mas haya enviado por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su petición formal para celebrar en Cataluña un referéndum de autodeterminación.

Si bien la Generalitat irá incorporando los sueldos de la totalidad de sus altos cargos, así como la contratación pública con el sector privado superior a los 18.000 euros (los “contratos menores” están descartados, por ahora, dada la “gran complicidad” para su difusión), el portal ya incorpora un listado con retribuciones relativas a personal de alta dirección. Aquí aparece lo que cuestan a las arcas públicas los máximos representantes de la diplomacia paralela orquestada por Mas, inmerso en un proceso secesionista con la vista puesta en una consulta para el año 2014. Sólo en el salario anual de sus embajadores en Madrid, Estados Unidos, Unión Europea, Francia, Reino Unido y Alemania, el Gobierno catalán desembolsa cerca de medio millón de euros anuales.

El ex senador Jordi Casas, próximo a Durán i Lleida, presentó este mes su dimisión por problemas de salud, según la versión oficial, como delegado del Govern en Madrid. Sin embargo, fuentes oficiosas encuadran este abandono en sus discrepancias con la deriva soberanista tomada por Mas

El delegado del Govern para Estados Unidos, Andrew Davis, percibirá este ejercicio 76.270,38 euros, después de que el Ejecutivo catalán haya descontado ya la reducción equivalente al importe de una paga extraordinaria (suprimida también en 2012 y todo apunta a que en 2014), alrededor de un 7% del salario anual. Esta delegación americana se encuentra coordinada con otras oficinas de promoción comercial de la Generalitat en Montreal (Canadá), Nueva York, Washington, Miami, Silicon Valley y México. Por su parte, el delegado del Govern ante la Unión Europea, Pere Puig, percibe la misma asignación (76.270,38 euros). Con sede en Bruselas, esta embajada aglutina despachos de la Agencia Catalana para la Competitividad, Instituto Catalán de Empresas Culturales y Agencia Catalana de Turismo.

Por debajo de estos dos representantes, en términos salariales, se sitúan los delegados del Govern en Francia (Maryse Olivé), Reino Unido (Josep Suàrez) y Alemania (Mar Ortega), cuyas retribuciones coinciden en los 74.883,20 euros. Actualmente, el Gobierno de Artur Mas mantiene su política de oídos sordos al ofrecimiento realizado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, para incorporar sus embajadas a las cancillerías españolas y oficinas del ICEX, ahorrando así en duplicidades. Cataluña está presente en el mundo con una red de más de setenta oficinas, entre delegaciones del Gobierno y despachos sectoriales.

No obstante, el sueldo más elevado es el que corresponde al responsable de la Generalitat en Madrid: 79.651,66 euros. Un salario equivalente al del director general de los Mossos d'Esquadra, Manel Prat, o al del director general de Servicios Penitenciarios de Cataluña, Pere Soler, e inferior al que cobra el propio presidente del Gobierno de la Nación, Mariano Rajoy (78.185,04 euros en 2013). La dirección de la delegación del Govern en la capital de España ha estado vacante en el presente mes de julio, después de que Jordi Casas, ex senador por Uniò Democrática de Catalunya (UDC), haya presentado su dimisión por problemas de salud, según la versión oficial. Sin embargo, fuentes oficiosas encuadran este abandono en discrepancias de Casas, hombre de confianza de Josep Antoni Durán i Lleida, con la deriva soberanista tomada por Artur Mas. El nombramiento formal de su sucesor está previsto para esta misma semana.

20.156 millones de ayuda en dos años
Entretanto, la Generalitat se sitúa como la comunidad autónoma que más asistencia financiera ha solicitado al Estado. Según datos del Ministerio de Hacienda, recabados por Efe, el Gobierno catalán ha reclamado un total de 20.156 millones de euros en los dos últimos años. La administración catalana pidió prestados en 2012 un total de 8.758,1 millones de euros y este año lleva ya solicitados unos 11.398 millones. De los fondos concedidos el año pasado, la parte más importante corresponde al Fondo de Liquidez Autonómico, al que la Generalitat exigió 5.433,9 millones de euros. A ellos hay que sumar los 2.020,2 millones demandados para el pago a proveedores y los 1.304 millones que pidió a la línea ICO Vencimientos. En cuanto a este año, la Generalitat ha recibido autorización para obtener a cuenta del Fondo de Liquidez Autonómico un total de 9.398 millones de euros, 8.009 millones para atender vencimientos de deuda y el resto para cubrir el déficit inicialmente fijado (0,7% para el presente año).



Recortes de Prensa   Página Inicial