AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 21Agosto 2013

Otra justicia, otros sindicatos
EDITORIAL Libertad Digital  21 Agosto 2013

La Fiscalía ha decidido por fin abrir una investigación sobre las cuentas de UGT, en concreto de su filial andaluza, después de las informaciones publicadas en Libertad Digital y las últimas aportaciones del diario El Mundo. El exhaustivo trabajo de Pedro de Tena, que desde el mes de mayo destapó en LD el escándalo, ha sacado a la luz pública una trama corrupta que se dedicaba a desviar los fondos destinados a los cursos de formación a las arcas de los sindicatos y a los bolsillos de sus principales dirigentes. El modus operandi no era demasiado sofisticado, sino que consistía en la alteración y falsificación de facturas, para cargar el dinero destinado a los parados a otros gastos de UGT-Andalucía. Entre ellos, los sobresueldos que percibían todos los miembros de la anterior Ejecutiva, que justificaban como gastos de desplazamiento –todos pasaban cada mes exactamente el mismo kilometraje– y dietas por comidas –también todos el mismo número. Dinero que, por cierto, almacenaban en bolsas de basura, todo un clásico ya en los casos de corrupción.

La acumulación de casos demuestra que estamos ante una conducta sistemática y lo burdo del procedimiento, solo se explica por el clima de impunidad en el que están instalados los sindicatos, la patronal y los partidos políticos. En otras palabras, la casta política. Al igual que en el caso de los ERE fraudulentos, estamos ante un caso especialmente repugnante desde cualquier punto de vista moral. El saqueo de unos fondos públicos cuya finalidad era la reinserción laboral de los parados en una región como Andalucía, que tras 30 años de gobiernos socialistas supera el 30% de paro y el 50% en los jóvenes, por parte de organizaciones que se arrogan la representación de los trabajadores es sencillamente asqueroso.

La Fiscalía se ha tomado su tiempo, más de dos meses, pero finalmente ha decidido actuar. Nos gustaría ser más optimistas, pero la situación de la Justicia en España, absolutamente controlada por los partidos políticos, no nos lo permite. Más si cabe al tratarse del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde el control político es mucho más férreo. Desgraciadamente, casos como el de la juez Alaya –que es un juzgado de primera instancia – son excepcionales y heroicos. Por ello, en Libertad Digital no nos cansaremos de repetir que el primer y más grave problema que tiene España es el del control político de la Justicia, agravado por el inefable ministro Gallardón. A esto se suma una estructura sindical vertical, impropia de una sociedad abierta y civilizada. Unos sindicatos amarillos, que mientras sigan financiándose con dinero público y no a través de las cuotas de sus afiliados, seguirán siendo un pestilente nido de corrupción.

Sistema financiero
Morosidad, deflación y estancamiento
Emilio J. González Libertad Digital  21 Agosto 2013

La subida de la morosidad bancaria, que en junio alcanzó el máximo histórico de 11,6%, nunca es una buena noticia, pero en una crisis como la que padece la economía española ese incremento se convierte en un problema muy preocupante, en especial por una razón de la que hasta ahora no se ha hablado. Los comentarios a esta noticia se han centrado en el impacto tan negativo que puede tener ese dato para la recuperación, ya que obliga a los bancos a tener que seguir realizando provisiones con sus escasos recursos en vez de invertirlos en esos créditos que tanto se necesitan para reactivar el consumo y la inversión. De esta forma, la tan ansiada recuperación económica muy posiblemente se va a hacer esperar hasta 2014, cuando menos, entre otras razones porque una de las causas del incremento de la tasa de morosidad es el elevadísimo nivel de desempleo que sufre la economía española, un volumen muy alto de paro que no se va a reducir de manera sensible ni en los próximos meses, ni en los próximos años, con lo que los bancos y cajas de ahorros no podrán bajar la guardia en materia de riesgos.

Hay, sin embargo, otro efecto económico de la morosidad del que no se está hablando y que, posiblemente, es aún más importante si cabe que el citado anteriormente. Su origen se encuentra, también, en la contracción del crédito a que da lugar la necesidad de tener que realizar más provisiones ante los posibles fallidos en los créditos concedidos por los bancos y cajas de ahorros. Esa contracción del crédito implica, en sí misma, una reducción del dinero en circulación y, de la misma forma que un aumento de la cantidad de dinero puede provocar inflación, una reducción de la misma a lo que da lugar es a un proceso deflacionista o de bajada de precios. Es posible que la economía española en estos momentos esté ya sufriendo dicho proceso, a pesar de que el IPC siga creciendo porque los aumentos del mismo vienen explicados por las subidas de impuestos, de los precios públicos y de las tarifas eléctricas, lo que ocultaría la reducción de precios de muchos bienes y servicios. Pues bien, para una economía como la española, cuyo crecimiento depende tanto del consumo privado, la deflación es una muy mala noticia ya que supone bajadas de precios y de márgenes empresariales que, a su vez, presionan los salarios a la baja. Si todo quedara ahí, el problema sería menor. Lo grave es que, en este contexto, las deudas de las familias, que apenas se han reducido, pesan cada vez más sobre los ingresos totales de las mismas, lo que da lugar a nuevas reducciones del consumo, con lo que se impide salir de la crisis, o a nuevos impagos que incrementan la tasa de morosidad y, de esta forma, vuelven las presiones deflacionistas. De hecho, estos círculos viciosos pueden llevar a la economía española a sufrir un largo periodo de estancamiento, como le sucedió a Japón tras el estallido de su burbuja inmobiliaria en 1990. De ahí que sean necesarias tanto la reforma laboral como la reducción drástica del gasto público, con el fin de poder bajar impuestos, con el fin de evitar este escenario.

El vampiro de Andalucía
Xavier Horcajo www.gaceta.es

Los principales negocios gibraltareños se hacen gracias y a costa de los andaluces.

La economía de Gibraltar es un vampiro para Andalucía, especialmente para los españoles de la bahía de Algeciras, una de las zonas más deprimidas de España. Los vecinos de Gibraltar les sacan la sangre día a día, la Roca florece, mientras La Línea agoniza. Los que ensalzan las virtudes del trabajo precario de limpiadoras sin asegurar (no como en España) que ofrece Gibraltar; o el “contrabando” de cartones de tabaco como medio de subsistencia, son personajes miopes. Gibraltar parasita a España. Los principales negocios gibraltareños se hacen gracias y a costa de los andaluces. Y, por supuesto, contra su futuro. Duele que a veces sea con la inestimable colaboración de empresas españolas. De esas que ponen la mano y cierran los ojos. Ejemplo, los malagueños que vendían la tierra con la que rellenaban los llanitos el espacio robado a España. Entraba en camiones por la frontera, durante meses y a Zapatero, no le importó. No me extrañaría que los 70 bloques de hormigón arrojados fueran Made in Spain.

Nada se invierte en Gibraltar sirve de instrumento de desarrollo de los vecinos andaluces. Nada que contribuya a su bienestar y que les proporcione ganancias. Siempre es al revés, a robarles futuro. Sin olvidar tabaco y los licores que van –unidireccionalmente– de la Roca a España, sin pagar impuestos. Esos nuevos proyectos inmobiliarios, en un peñasco alejado del Reino Unido en más de 2.000 millas. ¿A quienes van a cautivar? ¿A los jubilados de la Royal Navy? ¿A los franceses, a los marroquíes, o a los españoles con pocos escrúpulos?

Desde el Aeropuerto, construido en suelo español, se compite con los de Jerez y Málaga. Las 21.000 empresas radicadas en la Roca (que tiene solo 21.000 habitantes) compiten sobre todo con la economía más próximas: la andaluza. Y compiten de forma desleal. Esas empresas acuden atraídos por una “no fiscalidad” para las sociedades no residentes (ni retención de dividendos); y un mínimo del 10% de impuesto de sociedades, para las radicadas. Impuestos que no recaudan los Estados que sufren esta competencia desleal del paraíso fical gibraltareño. Esas sociedades off shore drenan posibilidades a la economía andaluza, la vampirizan.

Lo mismo ocurre con los yates que se abanderan allí y son gibraltareños de conveniencia. Pero sobre todo con el negocio del juego on line que existe porque Moratinos consintió que las lineas telefónicas (que también ocupan suelo español) no dejen en España, ni polvo.

El bunkering o respostaje en alta mar, se hace en aguas que no son de Gibraltar y depreda las ventas de siete millones de toneladas de fuel al año, que no dejan impuestos en España, además de suponer un elevado riesgo de accidente ecológico. Son 8.500 trasvases de combustibles en el mar. Los gibraltareños han pervertido el bunkering. Ellos plantean gasolineras-gabarra a tres o cinco millas de la costa con el reclamo de precios sin impuestos, es decir, haciendo trampa, no a España; sino a Europa.

Una universidad desajustada
Editorial www.gaceta.es  21 Agosto 2013

Los españoles no tenemos demasiados motivos para sentirnos orgullosos de nuestra Universidad; puede decirse, sin temor a error, que el nivel de mejoría que ha experimentado la sociedad española en las últimas décadas no se ha hecho sentir, por lo general, en nuestras universidades. Cada vez que, mediante indicadores internacionales fiables, se da cuenta de su situación nos encontramos con que su rendimiento es de una mediocridad aplastante y que ninguna de nuestras universidades figura entre las primeras de Europa, que ya está, a su vez, rezagada en el panorama mundial de las universidades.

Tienen, pues, un problema de competitividad y de baja calidad que se deberá afrontar seriamente; pero no acaban ahí sus males. Este periódico publica hoy una información que muestra cómo las universidades españolas no solo no compiten adecuadamente en excelencia académica sino que sufren un grave desajuste con la demanda existente, que ofrecen plazas que nadie quiere cubrir, y, al tiempo, son incapaces de satisfacer la demanda realmente existente. Para nuestra vergüenza, la llamada autonomía universitaria no ha servido para que cada universidad se pueda adaptar con ligereza a su entorno inmediato, sino para lo contrario. En lugar de servir fielmente a la demanda se han dejado guiar por intereses corporativos y sindicales que estarían muy en su lugar si se autofinanciasen, pero que son escandalosos cuando prácticamente el cien por cien de sus recursos se obtienen mediante impuestos que pagamos todos. Algo funciona muy mal en la política universitaria española y es hora de que se ponga fin a una proliferación de centros que no es fácil de justificar y a una incapacidad de ajustarse a la demanda que debería ser una de las la preocupaciones principales de la política educativa.

La raíz de todos los males universitarios se encuentra, precisamente, en la resistencia de las universidades públicas a competir en un mercado muy cambiante y cada vez más internacional, en su empeño en mantener tradiciones que ya no son justificables, en su vocación de cubrir todas las ramas y en su resistencia a la innovación y a la especialización. Es interesante recordar que mientras poseemos escuelas de negocios que están en los primeros lugares de los rankings internacionales y a las que asisten alumnos de todo el mundo, nuestras universidades ofrecen una imagen gris, sin calidad ni atractivo.

También hay que destacar que abundan los científicos e investigadores españoles que deben buscarse la vida fuera de España mientras aquí siguen sesteando muchos funcionarios docentes sin apenas producción científica. Es hora, pues, de acabar con la autocomplacencia en una autonomía universitaria que, además de irreal, porque nadie puede ser verdaderamente autónomo si no tiene capacidad de autofinanciarse, está produciendo unos desajustes muy notables.

Superioridad moral
La generosidad progre
Daniel Rodríguez Herrera Libertad Digital  21 Agosto 2013

Lo mejor de ser de izquierdas es que te convierte, automáticamente y sin tener que hacer esfuerzo personal alguno, en una buena persona. Al menos para otros miembros de tu gremio y, sobre todo, para ti mismo, que es de lo que se trata. Cuando se es de izquierdas uno está preocupado por los pobres y otros colectivos supuestamente discriminados o desfavorecidos –que lo estén realmente es otra cuestión–, mientras que la derecha sólo se ocupa de sí misma y de los ricos. Ya lo dejó inmortalizado la hija de Zapatero, para orgullo de su muy progre padre.

El problema de esta imagen es que, como tantas otras cosas, es sólo fachada. No es que ser de izquierdas te impida ser buena gente, ni mucho menos, claro. Sin embargo, entre la progresía más ideologizada existe la tentación de convertir esa superioridad moral con la que caminan por la vida en un salvoconducto que te exima de hacer el bien a los demás en el mundo real. No son dos ni tres los cabrones con pintas que se miran al espejo cada mañana y se dicen, convencidos, aquello de "pero qué buena persona que soy; claro, como soy de izquierdas".

Pero el movimiento se demuestra andando o, como dicen los economistas, en lugar de creernos sin más lo que dice la gente sobre sí misma debemos atender a sus "preferencias reveladas", es decir, a las decisiones que realmente toman. Así, si nos creyéramos esa imagen de autosatisfacción moral, los datos revelarían sin duda que en esta Europa nuestra con tanta conciencia social y estados del bienestar tan amplios deberíamos ser mucho mejor personas que en esos Estados Unidos de tanto capitalismo salvaje, repleto de egoístas que sólo quieren medrar a costa de los demás. Además, en Europa somos más de izquierdas, así que miel sobre hojuelas. ¿No?

Ni de coña. Veamos un dato que refleja bastante bien lo que realmente nos preocupan los demás: el dinero que nos gastamos en ayudar a los demás. El de cada uno, que es muy fácil ser generoso con el dinero de los demás como hacen los políticos. El único país de la OCDE que supera el 10% del PIB en gasto social privado voluntario son los Estados Unidos. Y con mucha diferencia. Otros tres países –Reino Unido, Canadá y Holanda– superan tímidamente el 5%. En España estamos en el 0,5%.

Habrá quien busque la excusa de que, claro, como en Estados Unidos no hay Estado del bienestar, sus ciudadanos se ven obligados a ayudar al ver la pobreza en sus calles. Sin embargo, el gigante norteamericano se gasta de media un 19,5% del PIB en gasto social público, unos tres puntos por debajo de la media de la OCDE. ¿Y qué hay del desglose entre izquierda y derecha? Bueno, parece que varios estudios corroboran que eres más generoso si eres de derechas y religioso. En definitiva, los datos desmienten esa visión beatífica que tiene la izquierda de sí misma.

No debería sorprendernos. No hay duda de que en la izquierda hay muchísimas personas genuinamente preocupadas por los demás y que implican su tiempo y su dinero en las causas más variadas, creyendo sinceramente que así ayudan a otros. Pero también que hay muchas otras a quienes les parece que con el mero hecho de ser de izquierdas ya han cumplido sobradamente con sus obligaciones con el prójimo. Es una forma como otra cualquiera de carecer de conciencia.

Los bárbaros siempre están en la frontera
María Blanco www.vozpopuli.com  21 Agosto 2013

Mientras Mariano Rajoy practicaba senderismo, sus compañeros de partido declaraban ante el juez por una u otra cuestión y la mayor parte de España hacía chistes en el chiringuito de la playa o en el bar del pueblo sobre el Cameron de la Isla y la inminente invasión británica, he tenido la oportunidad de encontrarme con una de las caras menos conocidas de la realidad de millones de personas, la cara olvidada por la España del siglo XXI. Se trata de una situación que aún enfrentan al otro lado del Atlántico: la vida en la frontera.

La corrupción y las instituciones
El entorno es un seminario internacional en la ciudad de Bogotá al que tuve el honor de ser invitada. Tras una charla de temas monetarios de Lawrence White y otra de George Selgin, le tocó el turno a María Pía Paganelli. La profesora nos entusiasmó a todos con su disertación acerca de Adam Smith y cómo uno de sus logros había sido ligar la filosofía política con la teoría económica, con la moral y con la ley. Yo comenté con mi amigo y vecino de asiento lo que me sorprendía que, en la ronda de preguntas, los estudiantes preguntaran mucho más a la profesora Paganelli sobre temas relacionados con la moral que a los profesores que habían tratado cuestiones monetarias y bancarias. Le comentaba que los alumnos universitarios españoles habrían preguntado más acerca de esos temas ligados a la economía. Y entonces, Eduardo, mi amigo, simplemente contestó: "Es que aquí hay una enorme preocupación por la corrupción". Por supuesto, ese "aquí" quería decir Colombia, Guatemala y LATAM en general.

Me quedé pensando en que esa preocupación es común. Al fin y al cabo la terrible situación de corrupción que vivimos en España con el affaire Bárcenas, los ERE, el año terrible de nuestra casa real, y todas las imputaciones y sospechas nos preocupa. Pero mi arrogancia europea no pesa más que la realidad de estos países. Cuando se estudia la creación de su banco central, cuando se camina por la calle, cuando se comenta con los colegas los porcentajes de economía sumergida, la definición de los derechos de propiedad, te das cuenta de lo que ellos no tienen y ansían y nosotros sí tenemos y no valoramos: un orden institucional sólido.

Ese orden institucional que nuestros políticos tienen por costumbre mentar en vano, usar de bayeta para limpiar sus corruptelas. Porque no llegan más que a eso. No hay un "que parezca un accidente" o una cabeza de caballo en la cama de nadie, hay tres trajes, cuatro sobres, unos cursos de formación a cargo de sindicatos y partidos políticos. Poca cosa. Y, sin embargo, lo que está generando es muy importante y muy peligroso. Los ciudadanos perdemos la fe en la justicia, nos reímos de la Constitución, tan mal utilizada para justificar cualquier cosa, no valoramos ese orden, no lo cuidamos. Está tan manoseado que resulta difícil de reconocer entre la mugre política.

La frontera de la barbarie
Y fue justamente Eduardo Mayora, mi amigo, quien en sus ponencias académicas y en las conversaciones fuera del congreso me hizo ver cuál es el peligro. Nuestro sistema proviene del Derecho Romano. Le somos deudores de demasiadas cosas como para darnos cuenta de lo bueno y de lo malo, le debemos la civilización. Ellos desarrollaron un sofisticado entramado de normas, conceptos y fundamentos para que hubiera convivencia entre los ciudadanos romanos. Además del portentoso ejército, era el derecho la defensa contra la barbarie. Es el derecho (diferente del conjunto de leyes que se sacan de la manga día sí día también nuestros gobernantes) lo que nos diferencia de los salvajes, de los liberticidas, son esas bases las que mantienen a los bárbaros al otro lado de la frontera.

Sn embargo, no basta con establecer ese derecho, no hay que dormirse, los bárbaros, siempre están al acecho, en la frontera. Y para el profesor Mayora y para mí, esa frontera delimita la vida en libertad. Por eso, hay que vigilar día a día que los fundamentos de la libertad estén intactos y preservarlos.

Pero la diferencia entre mis amigos guatemaltecos, colombianos, mexicanos, brasileños, argentinos, panameños, con quien compartí ese seminario, y nosotros los españoles, es que ellos sienten el aliento del lobo en el cogote. De ahí la urgencia. De ahí la seria preocupación por la corrupción que les come, por encontrar el camino que les mantenga dentro de la frontera y que aleje a la barbarie bolivariana de sus instituciones. De ahí el compromiso serio y valiente del grupo de amigos de diferentes países que me he encontrado y que se sorprendían cuando explicaba lo difícil que es hablar de libertad en España.

Nosotros, españoles, europeos, soberbios, en lugar de tener presente la herencia que nos ha traído la civilización, permitimos que el derecho se convierta en un puñado de normas arbitrarias, que la ley se transforme en mandato, y que las instituciones sean el circo nuestro de cada día. Y el lobo viene y nos come.

La reconquista de la ciudadanía
Andrés Esteban www.lavozlibre.com  21 Agosto 2013

Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración

La papeleta de voto es una expresión democrática limitada, no puede recoger toda la complejidad de opinión de un ciudadano. Para ello, las listas deberían ser abiertas y desbloqueadas en todas las convocatorias, para favorecer la participación directa del ciudadano en la elección de sus representantes. Pero como eso no ha ocurrido, se debe fomentar los demás instrumentos de participación ciudadana que la propia Constitución y la Ley nos reconocen a los ciudadanos.

El abstencionismo electoral, la falta de confianza en las instituciones políticas, el declive de la afiliación partidista pueden ser indicativos del desencanto y desafección con la política y la democracia en un sentido amplio. Pero, a pesar de este aparente desencanto, no hay que olvidar que en amplios sectores de la población existe un gran interés por la política. Es más, la consideración de la llamada “clase política” como el tercer problema de los españoles confirma esta impresión al tiempo que matiza la idea de la desafección política, circunscribiéndola a las estructuras formales de la democracia, incluidos los partidos, más que extendiéndola a la política en sí misma.

La desafección política que sienten muchos ciudadanos es consecuencia de varias causas: la mala gestión del Gobierno, el considerar que su aportación a la res publica se limita a ser elector cada cuatro años, la falta de información sobre las actuaciones de los dirigente, etc. Especial atención creo que merece la falta de información, la cual se debe a que la política de apertura informativa aparece más como una estrategia calculada que como una convicción capaz de transformar las relaciones con el público. No se trata sólo de que el derecho a la información contenga más o menos excepciones, sino que sus garantías procedimentales dejan la puerta abierta a la arbitrariedad administrativa. Tanto, que España es uno de los pocos países europeos en los que no hay una ley que garantice la transparencia administrativa y las peticiones de información, que, como dice el profesor Ruano: "Quedan al albur de la voluntad burocrática".

La Nueva Gestión Pública donde se trata de incorporar los criterios del sector privado de la eficacia y la eficiencia, deben ser complementados con una nueva visión del ciudadano, no ya como un mero espectador o cliente de los servicios públicos, sino como un “experto” de las acciones y políticas públicas que deben llevarse a cabo en aquellos ámbitos que le afecten. Así, la implicación del ciudadano en las políticas administrativas y en los servicios públicos debe avanzar y no limitarse a una mera información por parte de las autoridades de las decisiones ya tomadas.

Si los ciudadanos participan de manera activa en las decisiones que se tomen desde las autoridades estas decisiones habrán sido legitimadas de antemano y serán aceptadas con total naturalidad por el conjunto de la sociedad. Estos hábitos participativos contribuirían a hacer ciudadanos más informados, más preocupados por la cosa común, ciudadanos que aprenden y de los que aprenden los dirigentes políticos llevando a cabo políticas públicas que beneficien a todos, sobre todo en el ámbito local.

Considero por tanto que hay que dar un salto cualitativo en la participación ciudadana y llevarlo hasta su máxima expresión, esto es, la codecisión. Su implantación no será un camino fácil puesto que los decisores no estarán dispuestos a ceder o a compartir con los ciudadanos el poder, pero es el objetivo que debemos marcarnos, maximizando el grado de implicación de los ciudadanos, quienes sin duda contribuirán con ideas creativas a solucionar problemas tradicionales.

Las promesas electorales
José Luis Manzanares www.republica.com  21 Agosto 2013

Cuando un partido político se presenta a unas elecciones generales con un determinado programa y las gana por mayoría absoluta, lo pertinente, lógico y natural sería que lo cumpliese o al menos lo intentara seriamente. Luego, según los resultados de sus propuestas, serán los propios ciudadanos quienes le reiteren o retiren su confianza en la siguiente convocatoria. Este sencillo pensamiento es el recordado oportunamente por el expresidente Aznar en sus últimas intervenciones públicas.

Los grandes acuerdos con otros partidos tienen su expresión más clara en los gobiernos de concentración nacional o en los pactos de gobierno para evitar el bloqueo de las instituciones por la dificultad de tomar decisiones en un sentido u otro. No es esa, sin embargo, la situación en España. El PP nada tiene que negociar sobre sus promesas electorales. Ha sido su programa el respaldado por los electores y, además, de forma que su cumplimiento no dependa de voluntades ajenas. La aplicación de un programa distinto para conseguir el apoyo de otros partidos sería un fraude electoral. No es eso, no es eso, dirían –o dirán- los electores, como avisó Ortega y Gasset cuando empezó a torcerse el rumbo de nuestra IIª República.

Nada impide pactar los detalles de un proyecto porque el desarrollo de cualquier idea se mueve dentro de un cierto marco de actuación. Sentada la meta, las sugerencias de la oposición pueden incluso mejorar la hoja de ruta del Gobierno. Pero siempre –bueno es repetirlo- que la promesa electoral no sea la víctima del consenso. Y a veces las alternativas sólo admiten componendas artificiosas que, nacidas en la mesa de negociación, nunca habrían sido apoyadas por quienes votaron una u otra de las opciones. Puede ocurrir, por ejemplo, que quien rechaza la independencia de una Comunidad Autónoma prefiera su secesión antes que su permanencia en España como socio privilegiado a costa del resto del país.

Como en otras ocasiones, los razonamientos generales hacen agua si se desciende a la realidad española. De poco sirven las líneas anteriores cuando el partido que hoy gobierna con mayoría absoluta convierte sus promesas en papel mojado al día siguiente de su triunfo electoral para hacer o dejar de hacer lo que considere oportuno en la lucha contra las diversas crisis recibidas en herencia. Así, sin un programa que cumplir, todo sería negociable, los detalles igual que los principios.

El desastroso balance de los últimos años del anterior Gobierno y el incumplimiento de sus promesas electorales por parte del PP son la causa de la enorme pérdida de credibilidad de ambos partidos nacionales. Y eso no es bueno para España. Tampoco lo es, dicho con todos los respetos, que el Rey baje a la arena política, aunque sea para impulsar unos pactos o consensos no siempre compatibles con la voluntad de quienes votaron un programa determinado.

¿Cómo se sostiene Japón, el país más endeudado del mundo?
Javier Calero / madrid ABC  21 Agosto 2013

El estado con mayor deuda pública sobre el PIB no depende tanto de los «mercados», a diferencia de la Eurozona, ya que presenta como principales acreedores a entidades nacionales

Las políticas de estímulo fiscal y monetario en Japón han supuesto, en los últimos tiempos, un contrapeso ideológico importante del mantra de la austeridad adoptado por los principales organismos internacionales. Abenomics, como se ha bautizado la política impulsada por el primer ministro, Shinzo Abe, tiene como propósito acabar con la deflación y alcanzar el 2% de inflación para final de año. Pero, el estado cuenta con una trampa difícil de superar, y es que es el miembro de la OCDE con mayor deuda pública; supera el trillón de yenes -8,5 billones de euros- y el 240% sobre el PIB. Pese a ello, Japón se mantiene como una de las principales potencias económicas del mundo.

El crecimiento del PIB en el segundo trimestre ha sido del 2,6% frente al 3,8 del primero. Pese a esta desaceleración, todavía Europa envidia la virtuosidad nipona. A pesar de la losa de su deuda, a diferencia de la Eurozona o de los EE.UU, del trillón de yenes, solo el 8,7% pertenece a acreedores internacionales, es decir, su deuda externa pública.

Los temidos «mercados», que atenazan la sostenibilidad de los países del sur de Europa como España, no provocan tal quebradero de cabeza en el país nipón. Ello se debe a que la dificultad de países como Grecia, Italia en el pago de su deuda es debida, igualmente, al interés que acompañan a los bonos soberanos. La insostenibilidad del reembolso de la deuda no solo depende del valor total sino, también, de los intereses y primas.

Se empiezan a apreciar las sombras
Las políticas de Abe se edifican sobre tres ejes básicos: fuerte estímulo fiscal, una flexibilización monetaria masiva del Banco de Japón (BoJ), y reformas estructurales que impulsen la competitividad japonesa. No obstante, en abril, el BoJ ya anunció la adquisición de alrededor del 70% de la oferta de bonos de deuda públicos. Las primeras consecuencias negativas, record en deuda pública y déficit comercial disparado, despiertan las dudas sobre la revolución de la Abeconomía. Sin olvidar, que el crecimiento del PIB de Japón se desaceleró en el segundo trimestre al 2,6% interanual.

El nivel de deuda que se incrementó sobremanera por la reparación de daños tras el desastre de Fukushima y que se pretede disminuir con la depreciación del yen que, en teoría, mejoraría las exportaciones. La realidad muestra que el déficit comercial arrojó el pasado mes de julio un saldo negativo de 1,023 billones de yenes (7.862 millones de euros), lo que supuso, prácticamente, duplicar el déficit registrado un año antes. Ya son trece meses consecutivos en negativo ante el encarecimiento de las importaciones.

La nación más envejecida
«¿Cómo planea pagar toda esa deuda?» se preguntó el economista Xavier-Sala i Martin en su blog, dudando de la supuesta fórmula mágica japonesa. Para ello, además de la depreciación, Shinzo Abe implementará una subida de impuestos como el IVA que pasará del 5% al 8 y que puede explicar el auge del consumo interno de las familias japonesas, adelantándose a un posible sobreprecio.

La nación más envejecida del mundo se empieza a preocupar por esto mismo, por las pensiones privadas, el consumo interno y , por ende, el declive del tradicional carácter ahorrador de sus entidades y ciudadanos. Los resultados de la Abenomics matienen atentos a las principales economías de occidente porque un actor global de semejante talla se ha convertido en un verso libre dentro de la retórica generalizada defensora de la austeridad. Y es que si finalmente funcionan sus políticas expansivas, presumiblemente, ejerceran de modelo para el viejo continente.

SANDRA ORTEGA ASUME LA FORTUNA DE ROSALÍA MERA
Cómo heredar 2.500 millones de euros sin que Hacienda te cruja a impuestos
Eduardo Segovia El Confidencial  21 Agosto 2013

Sandra Ortega, la hija de Amancio Ortega y de la fallecida Rosalía Mera, va a heredar una fortuna valorada en cerca de 2.500 millones, la mitad de las participaciones empresariales del family office de ambas, Rosp Corunna. Pero apenas va a pagar a Hacienda por ello, ya que el grueso de su patrimonio son participaciones empresariales superiores al 5%, que están exentas del impuesto de sucesiones. Sólo tendrá que tributar por las dos sicav que tienen, con un patrimonio conjunto de 571 millones, y alguna inversión menor en capital riesgo. Grosso modo, la factura no será muy superior a los 60 millones, apenas el 2,5% de la herencia.

Esta reducida tributación se explica por la llamada "exención de la empresa familiar", una figura bien conocida por las grandes fortunas españolas. Consiste en que las participaciones superiores al 5% del capital de una sociedad están bonificadas al 99% en Sucesiones y Donaciones. Y no sólo eso, sino que también están exentas del impuesto sobre el patrimonio, tienen derecho a la deducción por doble imposición de los dividendos y, además, pueden acogerse a la deducción por reinversión (no se tributa por las plusvalías de una inversión si el dinero se reinvierte en más del 5% de una empresa). "El 5% es la cifra mágica para Hacienda; si lo superas te libras de todo", explica un fiscalista. De hecho, esta exención es la que hizo que a los ricos de verdad les preocupara muy poco la reinstauración del impuesto de patrimonio por el Gobierno socialista en 2011.

Pues bien, el grueso de la fortuna de Rosalía Mera está constituido por el 5% de Inditex, valorado en 3.150 millones al cierre de ayer (Sandra Ortega hereda el 50%, porque el otro 50% ya era suyo). En los registros de la CNMV aparece que posee el 6,99%, pero este porcentaje se redujo al 5% hace unos meses, según informó el periódico La Voz de Galicia. Idéntico porcentaje tiene en Zeltia, en este caso por un valor de 25,8 millones. Y posee varias participaciones menores no cotizadas, como el 30,6% de la hotelera Room Mate.

En teoría, la exención -conseguida por el lobby de la empresa familiar en la década de 1990- persigue que, si una persona tiene el grueso de su patrimonio invertido en su empresa y esta se dedica a una actividad productiva, no esté sometido a gravamen para no interferir en dicha actividad. Se supone que esta ya paga el impuesto de sociedades si tiene beneficios. Es más, si tiene que pagar Sucesiones, muchas veces se descapitaliza la compañía. El problema, como siempre sucede con estas cosas, es que se ha utilizado masivamente por muchos altos patrimonios para hurtar al impuesto parte de su fortuna.

La condición para acogerse a este beneficio es que el heredero o alguien de su grupo familiar dirija la empresa y que esta labor sea su principal fuente de ingresos. Sandra Ortega era administradora solidaria del holding Rosp Corunna con su madre, por lo que lo cumple. El otro requisito es mantener o incrementar el valor de esa participación durante cinco años (en el caso de Galicia), algo que pretende que los herederos mantengan el negocio familiar en vez de 'darle el pase'.

La polémica de las sicav
Eliminado el grueso del patrimonio de la cofundadora del imperio Inditex, su hija tendrá que tributar sólo por las sicav: Soandres, con un patrimonio de 360,96 millones al cierre de junio, y Breixo, con 210,1 millones. Este asunto también es conflictivo, puesto que su padre recurrió una sanción de Hacienda de 33 millones por no pagar el impuesto de patrimonio de sus sicav Alazán y Keblar entre los años 2001 y 2003. Amancio Ortega sostenía que, al estar bajo el paraguas de una empresa familiar (Ponte Gadea) que cumple los requisitos citados, estaban exentas de Patrimonio. El Supremo tumbó su último recurso por esta causa en julio, con el argumento de que las sicav no son empresas productivas y deben tributar, aunque se encuentren dentro de un holding familiar. De hecho, la norma tributaria las excluye expresamente.

¿Cuánto tendría que pagar Sandra Ortega por estos conceptos? Pues en Galicia el tipo máximo de Sucesiones es del 18%, que, aplicado al 50% del patrimonio de las dos sicav, arroja 51,4 millones. Aparte, hay un coeficiente multiplicador en función de la fortuna del sucesor anterior a la herencia. Obviamente, en el caso de Ortega es el máximo para el caso de transmisiones de padres a hijos, que es de 1,2 veces, lo que nos da 61,7 millones.

El patrimonio inmobiliario, también exento
Pero además, Sandra Ortega tiene un hermano, Marcos, aquejado de parálisis cerebral. Aunque Rosalía Mera no haya dividido su herencia al 50%, cosa que no se ha hecho pública, siempre le tiene que dejar "la legítima" a su hijo varón (un tercio del valor total de los bienes), lo cual reduce el legado de Sandra y, en consecuencia, los impuestos que tiene que pagar. Mario sí está exento al 100% de Sucesiones según la normativa gallega.

Además de las sicav, es posible que tenga que tributar por algunas inversiones como la sociedad de capital riesgo Cross Road Biotech. Igualmente, tiene una parte de patrimonio inmobiliario cuyo valor se desconoce, pero en este caso eludir al fisco es aún más fácil que en el caso de las participaciones empresariales. Basta agrupar estos inmuebles bajo un subholding inmobiliario que tenga lo que los fiscalistas llaman jocosamente "caseta y perro", es decir, un local para gestionarlo -que puede ser uno de los inmuebles- y al menos un empleado a jornada completa. En ese caso, se considera actividad empresarial y queda exento.

Masacre en Siria: un ataque químico deja 1.300 muertos
El régimen sirio sigue negando el uso de este tipo de armas
EP Estrella Digital.  21 Agosto 2013

Al menos 1.300 personas han muerto en los bombardeos que han llevado a cabo este miércoles las fuerzas del régimen de Bashar al Assad, en los que se han empleado armas químicas, según ha revelado el dirigente opositor George Sabra.

Por su parte, el Comando del Consejo Revolucionario había hablado de 430 muertos, mientras que el grupo Coordinadores de la Revolución Siria habla de 377 fallecidos y que el Consejo Militar del Ejército Libre Sirio (ELS) ha cifrado en 288 el número de fallecidos.

El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, con sede en Londres y una amplia red de informantes en el país árabe, ha indicado que decenas de personas han muerto, incluyendo niños, a causa de los bombardeos que han afectado a las localidades de Erbin, Zamalka, Ein Terma, en el este de Ghouta.

Además, ha asegurado que el barrio de Muadamiya, en el oeste de Ghouta y al suroeste de la capital, está sufriendo los ataques más devastadores desde el inicio del conflicto en marzo de 2011. De acuerdo con el Observatorio, que cita a activistas, en ambos casos se habrían empleado "gases venenosos".

En este sentido, ha pedido al equipo de la ONU, "así como a todas las organizaciones internacionales como la Cruz Roja, que acudan a estas zonas devastadas para verificar e investigar estas informaciones e identificar al órgano responsable del uso de las armas, así como para prestar asistencia y tratamiento médico a los habitantes de estas áreas".

El régimen de Bashar al Assad niega el empleo de armas químicas
El régimen de Bashar al Assad ha negado este miércoles las informaciones difundidas por numerosos medios internacionales sobre presuntos ataques en el suburbio damasceno de Ghouta y ha acusado a estos de buscar con ello desviar la atención del equipo de observadores de la ONU en la materia que se encuentra actualmente en Siria.

La agencia oficial SANA, que cita una fuente de prensa no identificada, asegura que las informaciones difundidas por varios medios, entre los que menciona a Al Yazira, Al Arabiya y Sky News, "son completamente infundadas" y acusa a estos medios de "estar implicados en el derramamiento de sangre siria y en apoyar el terrorismo".

De acuerdo con el Gobierno sirio, el objetivo de divulgar esta información sobre la presunta muerte de cientos de personas por bombardeos con armas químicas en Ghouta es "desviar a la comisión de investigación de la ONU (sobre la materia) de realizar su labor".

¿Recuperación? A pesar del Estado
Antonio España. El Confidencial  21 Agosto 2013

Imaginen, ahora que es verano, que van ustedes montados en una bicicleta con otra persona mientras suben un puerto de montaña. Ustedes se encargan de pedalear mientras su amigo maneja el manillar. Cuando por fin, exhaustos por el esfuerzo, consiguen coronar la cumbre se vuelven hacia su compañero para comentar lo duro que ha resultado el ascenso y este les replica que, en efecto, la pendiente era muy pronunciada y que menos mal que él ha ido apretando el freno todo el tiempo porque, si no, se hubieran caído hacia atrás, cuesta abajo. ¿Qué harían en ese momento con su amigo? Pues bien, exactamente lo mismo es lo que nos ocurre a familias y empresas mientras intentamos remontar la crisis, que el Estado nos va frenando.

Estos días flota en el aire la sensación, si no de euforia, sí de optimismo, sobre la buena evolución de la economía. El hecho de que (i) Alemania y -sorpresivamente- Francia, hayan abandonado técnicamente la zona de recesión en el segundo trimestre de este año, con crecimientos del 0,7% y 0,5% respectivamente, (ii) que la prima de riesgo se encuentre en valores que no se veían desde 2011, y (iii) que el Ibex haya superado puntualmente la cota de 8.800 puntos -pese a la corrección de los dos últimos días- parece alumbrar ilusiones en la recuperación económica. Buenos datos de agosto que contribuyen al clima de esperanza junto con (iv) los resultados de la última Encuesta de Población Activa, que mostraban un descenso del desempleo, y (v) el cambio de tendencia que viene experimentando la balanza de pagos en todo este año 2013.

No sabemos con certeza si hemos superado ya el puerto y lo que nos queda es un tramo de falso llano, pero al menos la cuesta parece aflojar, pues no se puede negar que a priori todos estos indicadores sean positivos. Cuestión aparte es que, como me decía el otro día cenando un primo de mi mujer, la mejora de la economía probablemente tenga que ver con que los políticos están de vacaciones. Y es que, desde que se inició la crisis, los sucesivos Gobiernos han puesto más palos en la rueda que otra cosa en el necesario proceso de ajuste tras la burbuja inmobiliaria y estatal que ellos mismos contribuyeron a crear con sus políticas de expansión artificial del crédito durante los años de vino y rosas.

La mayor prueba de que los políticos van apretando el freno con saña es el atosigamiento fiscal al que el Estado nos tiene sometidos y sobre el que ya hemos tenido oportunidad de debatir aquí en alguna ocasión (Monetae Mutatione, "¿Quieren crecimiento? Bajen todos los impuestos", 30/4/2013). No en vano, entre la Administración Central y las comunidades autónomas han creado hasta cien figuras impositivas distintas —y creciendo— que gravan y limitan prácticamente cualquier aspecto de nuestra actividad cotidiana.

No hay más que comprobar la procedencia de los ajustes que han permitido la rebaja del déficit en el primer semestre de este año, de la que ha presumido con orgullo el Gobierno hace escasas semanas. Porque, en efecto, el grueso de la reducción del desajuste entre gastos e ingresos se ha producido por el aumento de estos últimos, ahogando aún más a familias y empresas, mientras los primeros se han visto disminuidos en mucha menor medida, cuando no han crecido ampliamente, como es el caso de intereses y prestaciones sociales. Todo ello para que a mitad de año estemos ya en el 3,8% de déficit, que era precisamente el límite impuesto para todo el 2013. Agárrense pues a la bicicleta y no dejen de pedalear, que vienen curvas.

Para terminar de ponérnoslo difícil, el Gobierno, además, se empeña en que carguemos durante el ascenso con una pesada mochila que cada vez va llenando de más piedras. Me refiero, como habrán intuido, a la deuda pública, que ha superado ya el 90% del PIB. Fíjense, nosotros celebrando los 'éxitos' cosechados por el Tesoro cada vez que logra sus objetivos en las subastas de deuda y nos coloca más piedras en el morral, mientras los ciudadanos y las empresas nos esforzamos por aligerar peso, desapalancándonos como podemos y con un acceso al crédito más que restringido. 

Es decir, en lo que se conoce como crowding out, el Estado nos carga con peso muerto y, además, no nos deja espacio para que podamos hacernos con unas barritas y bebidas energéticas que nos ayuden en el ascenso. Observen el gráfico que les adjunto, que muestra la evolución de los pasivos financieros -bonos negociados, préstamos y crédito circulante- en los últimos dos años. Mientras familias y empresas han reducido su endeudamiento en cinco y diez puntos respectivamente, las Administraciones Públicas lo han incrementado en un 30%. No es que no haya crédito, es que este lo acapara el Estado.

Aparte del déficit y la deuda, les propongo que nos fijemos ahora en otros elementos más sutiles que tienen que ver con la competitividad de nuestras industrias y servicios para competir con empresas del exterior y consolidar así la buena evolución de la balanza de pagos. Piensen que dos factores de producción están omnipresentes en los procesos productivos y de prestación de servicios: mano de obra y energía. Pues bien, en estos dos inputs esenciales para el funcionamiento de la economía, el Estado tiene también una importante capacidad de lastrar la recuperación.

Fíjense en los costes salariares que el FMI y el comisario económico de la UE, Olli Rehn, han puesto de actualidad en las últimas semanas con la torpe e intervencionista propuesta de reducir un 10% los salarios de forma pactada y que ha concitado el acuerdo cuasi unánime en su contra de los economistas españoles, con independencia de su adscripción a una u otra escuela de pensamiento económico. Probablemente ya sepan ustedes que, en promedio, por cada 3 euros que recibimos en nuestro banco cuando nos hacen la transferencia de la nómina, la empresa para la que trabajamos ha de ingresar otros 2 euros en las arcas del Estado.

Pues bien, la cifra relevante para el empresario y, por tanto, para la competitividad y la creación de empleo, no son esos tres euros que nos llevamos a casa, sino los cinco euros en total —más otros costes adicionales asociados— que ha de desembolsar por nuestro trabajo. Ese par de euros que nosotros no vemos representan al Estado apretando los frenos en plena cuesta arriba. Por lo tanto, bien nos vendría que el Gobierno decretara una bajada en las cotizaciones —impuestos al trabajo— a cargo de las empresas y liberar así presión de los frenos.

Finalmente, la cuestión de los costes energéticos en general, y de la electricidad en particular, ameritan uno o más post comentando el total despropósito regulatorio en el que nos hallamos inmersos, que nos coloca entre los países con el suministro industrial más caro de Europa pero que, a la vez, no evita que sigamos generando déficit tarifario. Todo un logro del intervencionismo planificador de unos y otros Gobiernos en este país. Nuestro sistema energético invita a la deslocalización industrial o al encarecimiento de los servicios que, por naturaleza, no son reubicables en terceros países y, por tanto, lastran el avance hacia la salida de la crisis.

Así las cosas, ¿podemos hablar de recuperación? Claro que sí. El sector privado lleva desde el pinchazo de la burbuja luchando denodadamente por dejar atrás una crisis que se ha cargado sobre las espaldas -pérdida de empleo, subida de impuestos, bajada de salarios, pérdida parcial o total de sus inversiones, desapalancamiento, venta forzada de activos, etc-.  Por tanto, raro es que no se vean avances, aunque sean tímidos. La cuestión es que por cada paso adelante que dan las familias y las empresas, las medidas intervencionistas nos hacen dar dos pasos atrás. ¿Hasta cuándo va a suponer el Estado un freno a la salida de la crisis?

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MAR ORTEGA cobra más de 80.000 euros
'Embajadora' de Cataluña en Berlín: sin hablar alemán pero sobrina de la 'vice'
A. I. G. El Confidencial  21 Agosto 2013

La actual delegada del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en Alemania, Mar Ortega, accedió al cargo en enero de 2012 en medio de la polémica, a nivel nacional, por el coste de las delegaciones en el extranjero de los distintos Gobiernos autonómicos. Nacida en 1980 en Barcelona, esta especialista en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior aterrizó en Berlín para encargarse de reforzar la acción exterior de Cataluña en Alemania sin hablar alemán y con un único punto a su favor: ser la sobrina de la vicepresidenta del Govern de Artur Mas, Joana Ortega.

Según fuentes cercanas a la delegada catalana en Berlín, se matriculó nada más aterrizar en Alemania a un curso intensivo del idioma. Año y medio después de asumir un puesto decisivo para estrechar las relaciones entre el Gobierno catalán con las instituciones alemanas, “no habla, sino que se limita a leer sin soltura y con clara dificultad los textos que le preparan cuando tiene algún acto”, aseguran a El Confidencial fuentes cercanas a la 'embajadora' catalana.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, Ortega ha realizado cursos de especialización en derechos humanos, acción exterior y protocolo. Antes de representar a Cataluña ante la República Federal Alemana, Ortega trabajó unos meses en la organización de un foro de AETS en Palencia. En 2010, coincidiendo con la presidencia española de la Unión Europea, trabajó durante un año para el Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, también fue asistente durante un año de un eurodiputado y durante unos meses dirigió el programa Manos de Luz de la ONG Streets of India.

Cataluña comenzó a tener presencia en Alemania en 2008. Ortega sustituyó en el cargo al periodista Martí Estruch, que podía presumir de hablar un alemán bilingüe. El polémico comunicador fue puesto en la delegación alemana por Josep-Lluís Carod-Rovira. Antes, había sido director de Análisis Prospectiva de la UOC, jefe de Comunicación y Prensa de la Consejería de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información, y redactor jefe de Vilaweb.

Un salario que ronda los 80.000 euros anuales
El argumento oficial que se utilizó para cambiar a Estruch y colocar a la sobrina de la vicepresidenta de la Generalitat era una reorientación de las oficinas hacia la promoción económica en detrimento del perfil político que, hasta ese momento, tenían los delegados. Con rango de director general, el sueldo de un delegado supera los 80.000 euros, con dietas y gastos incluidos.

Cataluña, que amenaza al ministerio de Hacienda con no poder cumplir el déficit que ha impuesto a la región para 2013, mantiene una red diplomática que se extiende por los barrios más lujosos de Nueva York, Berlín, Londres, París y Bruselas que supera los 30 millones de euros. Un derroche que se viene practicando desde el anterior Ejecutivo tripartito y que Artur Mas no ha cortado, pese a tener que aplicar durísimos ajustes en ámbitos como la sanidad, la educación y la función pública. Mas únicamente ha cerrado la delegación de Buenos Aires.

Cuatro jóvenes imputados por enaltecer a Resistencia Galega
El juez los cita para septiembre por jalear a la banda durante una protesta en Santiago
redacción | a coruña La opinion  21 Agosto 2013

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha imputado un delito de enaltecimiento del terrorismo a cuatro personas que participaron el 2 de julio en una manifestación en Santiago en solidaridad con los presuntos miembros de Resistencia Galega juzgados a finales de junio por ese tribunal.

El magistrado ha citado para el 4 de septiembre a los cuatro imputados, - Borja Mejuto Rey, Rubén Melide Romay, José Luis Losada Ruiz y Xoan Rodríguez Sanpedro-. Los imputados participaron en una manifestación en Santiago con pancartas con fotos de los presuntos miembros de Resistencia Galega, que fueron juzgadas a finales de junio por la Audiencia Nacional y que están en espera de sentencia.

A raíz de la manifestación de apoyo a estos supuestos activistas, la policía identificó a las personas que llevaban pancartas con las fotos de los procesados e hizo un atestado, tras lo que la Fiscalía presentó una querella por enaltecimiento del terrorismo.

Los presuntos miembros de Resistencia Galega, Eduardo Vigo, Roberto Rodríguez, Antón Santos y María Osorio López, negaron durante el juicio que pertenecieran a esta organización terrorista y defendieron la vía democrática para resolver los "procesos políticos", informa Efe.


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