AGLI Recortes de Prensa   Lunes 2  Septiembre 2013

Todo sigue igual (de mal)
EDITORIAL Libertad Digital  2 Septiembre 2013

El discurso de Rajoy del pasado sábado ha marcado el inicio del curso político, más difuso que en años anteriores, después de de un mes de agosto con mucha más actividad política de lo habitual, incluyendo la comparecencia de Rajoy para hablar de Bárcenas. Además, con Rajoy esta fecha no está tan ritualizada como con presidentes anteriores. Algo que es de agradecer, después de presenciar los bochornosos espectáculos que portagonizaban Zapatero y su séquito, disfrazados de obreros, puño en alto, en Rodiezmo.

Sea como fuere, este lunes el país retoma la actividad tras el parón vacacional y, para bien o para mal, también lo harán los políticos y las instituciones. De las palabras de Rajoy se desprende que no piensa cambiar nada de su peculiar estilo de afrontar los problemas o, mejor dicho, de no afrontarlos. Si bien es cierto, como se encargan de recordar sus palmeros día sí, día también, a Rajoy no le ha ido mal en estos años con su particular forma de hacer las cosas, en los últimos años las cosas han cambiado sensiblemente tanto para el partido como, lo que es más importante, para la Nación.

El estallido del caso Bárcenas y la pésima gestión del mismo, que se ha movido entre el silencio, la mentira y la chapuza, han colocado al partido en una situación límite. Sin embargo no hemos escuchado de boca del presidente ni una sola palabra de regeneración o la menor voluntad de cambiar las cosas. De hecho, mantiene la confianza en Javier Arenas, señalado ya por muchos de sus compañeros. Conviene recordar que Rajoy participó activamente, junto con Arenas, en el pacto que el partido alcanzó con Bárcenas.

Rajoy ha sabido manejar el poder del aparato para sepultar cualquier vestigio de democracia interna y ejercer un control absoluto sobre todas estructuras de poder. Y ese es precisamente el problema. El PP no necesita solo un cambio de caras sino una cambio radical en su forma de funcionamiento. Lo que implica un imposible, en estos momentos: que el aparato renuncie a su inmenso poder.

Pero la política del avestruz practicada por Rajoy ha sido especialmente nefasta en el principal problema que tiene España y que el Gobierno se niega a ver: la supervivencia misma de la Nación. A la vista está el resultado. Cataluña, más cerca de la secesión cada día que pasa, con un referéndum anunciado y previsto para dentro de un año, sin que se conozca estrategia alguna del Gobierno. Y en el País Vasco, la desaparición del PP, después de que el propio Rajoy echase del partido a María San Gil y aniquilase el partido, y la ausencia de una política clara, más allá de continuar con la herencia de Zapatero, ha propiciado que la ETA y sus amigos del PNV controlen las instituciones sin ninguna oposición.

Si con este panorama, Rajoy no ve motivos para "distraerse", nada bueno podemos esperar del año político que hoy comienza.

Del 23-F a la reforma de la Constitución
Pablo Sebastián www.republica.com  2 Septiembre 2013

Las noticias de la corrupción manan a borbotones y se escapan como el agua entre las manos al Gobierno de Rajoy que intenta, con su larga mano en el poder judicial y la Fiscalía, frenar la hemorragia y correr un tupido velo con el argumento de que se ve luz en el túnel de la crisis, la recesión y el paro. Pero la mejora a paso de tortuga no llega a los ciudadanos ni es argumento para el ‘borrón y cuenta nueva’ de los escándalos donde nadie está a salvo. Ni en el PP (que ahora amplia a Barberá y Camps, en el caso Nóos, sus problemas de Bárcenas y Gürtel), ni en el PSOE -con Griñán de los ERE en la presidencia del partido-, ni en CiU que aumenta el desafío secesionista en la próxima Diada para tapar su propia corrupción y carencias democráticas.

Por más que se empeñen todos la crisis económica, institucional -con la Corona en portadas de la prensa- y de la cohesión nacional no tiene más salida que el reconocimiento del ya agotado régimen de la transición, ni más solución que la reforma de la Constitución hacia democracia plena, que nos aleje de la oligarquía de partidos imperante, y ponga punto final a un tiempo ya pasado con muchas luces pero también con oscuras sombras, que están en el origen y condicionan muchas de las cosas que ahora pasan en España.

Hace algunas semanas el que fue líder del Partido Andalucista, un político admirable como es Alejandro Rojas Marcos, contaba ante otro dirigente ejemplar de la transición, Raúl Morodo, que en1980 en un viaje a Barcelona coincidió con Felipe González durante un vuelo donde el exlíder del PSOE, hablando de los problemas de aquel momento español, le dijo a Rojas Marcos que él ‘prefería un Gobierno de unidad nacional presidido por un general, que la desastrosa presidencia de Adolfo Suárez’. Pero, hete aquí, que ahora en las memorias del que fuera presidente del Congreso de los Diputados Fernando Álvarez de Miranda -de las que el diario El Mundo publicó un anticipo el pasado domingo-, Álvarez de Miranda afirma que durante una conversación con el presidente Suárez, en diciembre de 1980 en el Congreso de los Diputados, él propuso a Suárez una coalición con el PSOE y otros partidos a lo que Suárez respondió: ‘ese es el mensaje que manda el PSOE al palacio de la Zarzuela, un Gobierno de coalición pero presidido por el general Armada’. Y añadió, y eso no lo consentiré yo.

La revelación de Fernández Miranda es espeluznante, coincide con las palabras de Rojas Marcos, y deja a Felipe González y al PSOE -luego se supo que en ese tiempo Enrique Mújica se vio con el general Armada en Lérida- absolutamente en entredicho, ante su posible colaboración, directa o indirecta, con el golpe de Estado de Armada del 23-F de 1981. Un golpe del que aún no se ha contado toda la verdad donde estaban implicadas personas, instituciones y partidos que aparecieron en el juicio del 23-F.

Después de los ruidos de sables y las intrigas de 1980, Adolfo Suárez decidió dimitir ‘para evitar que la democracia no fuera otra vez un paréntesis en la Historia de España’, pensando que, si el obstáculo era él, al irse el golpe quedaría desactivado pero no fue así. Y al golpe se sumó el crimen de Estado de los GAL, del felipismo -donde otra vez estaban casi todos-. Y a partir de ahí creció la corrupción del PSOE que luego engarzó con la otra de los últimos 20 años del PP, como revelan los famosos ‘papeles’ de Bárcenas. Y en medio de todo ello la fiebre del despilfarro, la burbuja inmobiliaria, la levedad de la clase política (con Zapatero a la cabeza) y los pactos y repartos en la cabecera del Régimen de la transición que, por más que algunos lo intenten reconducir está al final de su escapada y a la espera de la reforma constitucional.

Esa es la salida y esa es la cuestión. ¿Y quién y cómo se hace la gran reforma? Para empezar hay que reconocer el agotamiento del régimen, luego proponer alternativas y finalmente abrir el periodo constituyente -que no hubo al inicio de la transición-, para debatir y aprobar la nueva Constitución. Mientras tanto urge que impere la unidad de las fuerzas políticas -pero limpias de corrupción- y de los nuevos partidos que surgirán y que se pacte en el interregno un acuerdo nacional contra la crisis económica y el paro. Una tarea ingente, es verdad, pero ese es el camino. Todo lo demás son pasos perdidos en un laberinto agotador y sin salida del que nadie puede escapar.
www.pablosebastian.com

Colusión eléctricas y el Gobierno: letal para la economía
Roiberto Centeno El Confidencial  2 Septiembre 2013

Los hechos que a continuación se describen pretenden ser un alegato total contra el expolio sistemático a la sociedad española por parte de un sistema político oligárquico y corrupto, con una sólida red de intereses compartidos con las élites financieras y oligopolistas, que hacen inviable la salida de la crisis. Este otoño tendrán necesariamente que realizar, porque el déficit y el endeudamiento públicos están fuera de control y el sistema financiero necesita una sexta recapitalización, recortes mayores a pensionistas, asalariados, contribuyentes y parados, ya que Rajoy no está dispuesto a recortar lo más mínimo el despilfarro político-clientelar del Estado autonómico, que supera los 100.000 millones anuales, lo que está arruinando no sólo a esta, sino a varias generaciones futuras.

Hoy empiezo explicando lo más reciente: me refiero a la escandalosa colusión entre el Gobierno y el oligopolio eléctrico, plasmada en el Real Decreto-ley 9/2013 de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes –el saqueo sin contemplaciones de los españoles– para garantizar la estabilidad financiera del sector eléctrico, con un déficit de tarifa de 26.000 millones, fruto de la incompetencia y la corrupción de las castas política y oligopolista.

La larguísima exposición de motivos del RDL para tratar de justificar lo injustificable es un compendio de mentiras, errores de bulto, rectificaciones y todo tipo de disparates, un relato clarificador de que estamos en manos de ineptos y ladrones. En cualquier otro país esto habría llevado a su procesamiento, algo que la Fiscalía Anticorrupción tendría muy fácil si hiciera su trabajo leyendo la colección de disparates que relata el RDL y comparando lo que ha ocurrido en España desde 2008 con lo que ha ocurrido en Europa.

Las asociaciones fotovoltaicas han propuesto al Gobierno montar huertos solares sin ninguna prima. Como esto le quitaría al oligopolio su tarifas más jugosas – las de día – y desataría la competencia real, no se lo han permitido.El citado RDL es sencillamente delirante: desde 2008, mientras la economía española se hundía y millones de familias iban a la miseria, el recibo de la luz ha subido un 323% en la cuota de potencia y en un 80% la energía consumida (frente a una bajada media en Europa del 11 %, o el 20 % en Alemania) llegando al nivel más alto de Europa; ahora se añaden nuevas subidas brutales que permiten a los oligopolistas elevar a voluntad el precio de la luz en el mercado “liberalizado” y subir disparatadamente la cuota de potencia, que se incrementará un 77%. Ello perjudicará gravemente a las familias más humildes, cuyo consumo es muy bajo, en un robo sin paliativos, dado que por su incompetencia el sistema tiene hoy una potencia doble de la necesaria y han decidido que los más desfavorecidos paguen sus errores.

Adicionalmente, y esto raya lo penal, inventan un 'impuesto al sol', para impedir que familias y pymes generen electricidad a 0,09 céntimos/kwh y dejen de comprársela al oligopolio a 0,21. El impuesto se calcula para que la electricidad autogenerada supere en costo a la del oligopolio, y si familias y empresas deciden generar, tendrán que pagar unas multas brutales. Adicionalmente, las asociaciones fotovoltaicas han propuesto al Gobierno montar huertos solares sin ninguna prima. Como esto le quitaría al oligopolio su tarifas más jugosas –las de día– y desataría la competencia real, no se lo han permitido.

Esto no es que sea sólo una canallada para las clases más humildes, no es que sea un golpe letal a la supuesta recuperación (ya que permitiría reducir el recibo de la luz a menos de la mitad), esto es simplemente de cárcel: los responsables de esta iniquidad contraria a los intereses más elementales de España y de los españoles deben ser destituidos y procesados.

El sectarismo y la corrupción doblan el recibo de la luz
En 1975, a la muerte del general Franco, España tenía el mix de generación eléctrico más eficiente de Europa. Una serie de planes energéticos desarrollados durante los años 60 y principios de los 70 nos habían dotado de un sistema hidráulico, térmico y nuclear que permitía disfrutar a los españoles de la electricidad más barata del continente. El último Plan Energético Nacional, en el cual participé activamente, sería el de 1979, ordenado por Enrique Fuentes Quintana como parte de los Pactos de la Moncloa, un plan que le llevó al enfrentamiento con los poderes monopolistas defendidos a capa y espada por Alberto Oliart, y a su dimisión, no sin antes llevarse también por delante a este siniestro personaje.

Desde entonces se acabaría cualquier atisbo de planificación y análisis racional, que sería sustituido primero por el sectarismo izquierdista radical y después por la mayor corrupción jamás producida en la historia industrial de España. El PSOE cortaría de raíz el programa de desarrollo nuclear, cometiendo la barbarie de desmantelar cuatro grandes centrales casi terminadas que a día de hoy estarían produciendo electricidad a 15 euros/Mwh frente a los 90/450 euros/Mwh que nos cuestan las renovables. Adicionalmente, otras seis centrales a punto de iniciar su construcción fueron paralizadas. En conjunto, este disparate histórico supone un recibo de la luz a los consumidores un 40% superior al que tendríamos si el programa nuclear se hubiera llevado a término. Agradézcanselo a los marxistas-ecologistas.

El PSOE cortaría de raíz el programa de desarrollo nuclear, cometiendo la barbarie de desmantelar cuatro grandes centrales casi terminadas que a día de hoy estarían produciendo electricidad a 15 euros/Mwh frente a los 90/450 euros/Mwh que nos cuestan las renovables.Pero el PP tampoco se quedaría impasible, y pondría en marcha el sistema de corrupción a la mayor escala conocida en la historia de la industria española: las energías renovables. Los dos hechos determinantes en el desarrollo de las mismas se encuentran en el real decreto firmado en el último Consejo de Ministros del Gobierno de Aznar una vez perdidas las elecciones. En él se fijaron las mayores subvenciones del planeta a las renovables, y lo que ya fue de juzgado de guardia, estas subvenciones no se reducían con las mejoras tecnológicas, sino que permanecían invariables durante 25 años con una rentabilidad garantizada del 20%. Si hubiera ocurrido en EEUU o en Alemania, los responsables estarían hoy entre rejas.

El segundo hecho demencial fue el traspaso a las autonomías de la concesión de las licencias, donde un solo papel con autorización valía entre 30 millones y 100 millones de euros. ¿Adivinan ustedes a quién se las dieron los caciques autonómicos? De momento, este sistema de corrupción masivo nos lleva expoliados a los españoles sólo en subvenciones más de 30.000 millones de euros o más de 60.000 millones si consideramos la remuneración total, de los cuales la mitad hemos pagado ya en el recibo de la luz y la otra mitad la debemos en el déficit de tarifa. En 2012 el déficit fue de 5.609 millones, frente a los 1.500 millones previstos por Rajoy, el mismo que prevé que la crisis se acabe ya mismo.

El beneficio de las empresas en el mismo periodo ha sido de 42.000 millones y las remuneraciones de los directivos son las más altas del mundo occidental, a pesar de que los accionistas han perdido hasta la camisa. El presidente de Iberdrola es el mejor pagado del mundo occidental y oriental, gana cinco veces más que, por ejemplo, el de la gran eléctrica alemana E.On; y ¿saben cuánto gana el presidente de la tercera eléctrica japonesa (mucho mayor que Iberdrola)?: 250.000 euros. Sí, han leído bien ¡30 veces menos!

Los consejeros, lo mismo, casi un millón de euros anuales por dos horas de presencia (que no de trabajo) al mes los no ejecutivos, y lo que es un escándalo que no sería tolerado en ningún otro país: son los grandes políticos que presuntamente favorecieron a las compañías. Felipe González en Gas Natural; Pedro Solbes en Enel, a quien entregó la mayor eléctrica de España; Elena Salgado en una filial de Endesa y Aznar, que es asesor por sus conocimientos del sector eléctrico mundialmente reconocidos y de gestión, como demostraría metiéndonos en el euro sin molestarse en hacer ni el más mísero análisis sobre tan trascendental decisión.

Un ministro ‘analfabeto’ nos da el golpe de gracia
Cuando el mayor problema económico actual para las familias españolas es la caída de la renta disponible, y en esta ocasión, al contrario que en años anteriores, los hogares no podrán tirar del ahorro para mantener un nivel de vida que se encuentra en el mínimo de todos los tiempos, hay que ser muy canalla o estar literalmente vendido a la mafia financiera y oligopolista. Las brutales subidas que se derivan del RDL 9/2013 son una salvajada desconocida no sólo en Europa, sino en toda nuestra historia industrial.

Precio de la electricidad industrial (junio 2013) (1)
(Índice)
España…………..100
Múnich…………. 63
Viena……………. 52
Hungría………… 66
Polonia…………. 59

Pero no es sólo eso, es que además en Alemania y Austria, por cada puesto de trabajo creado por las empresas consumidoras, o sea, todas, les efectúan un descuento adicional (Algemeine Rabat). Todo lo contrario que en España, donde decenas de miles de pymes han tenido que cerrar por no poder competir con precios de la electricidad o el gas que son el doble que los europeos. ¿Cómo piensan este hatajo de irresponsables del Gobierno que España va a poder salir de la crisis?

Y así las cosas, el ministro de Industria, el canario Soria, amigo de Rajoy, no sólo es un irresponsable, sino que es también un analfabeto en los temas de su competencia. Así, pediría en relación con la energía fotovoltaica que se incluyeran también en los recortes de primas los instalados por la Ley de 2006 en edificios, que ni tienen primas ni son fotovoltaicos, son simples haces de tubos para calentar el agua (no para producir electricidad), algo que desconocía por completo. Y desde luego, lo que no ha entendido en absoluto es que la elevación brutal del término fijo es un golpe letal al ahorro energético, ya que elimina el incentivo al ahorro. Pero lo que sí tenía claro es que había que hacer lo exigido por los oligopolistas. Las subidas son obvias, pero el evitar que los consumidores generen su propia electricidad, que reduciría el recibo de la luz en más de un 50%, necesita una explicación.

El denominado vatio pico, que es como se compra y se vende la energía fotovoltaica, valía hasta hace poco 4,5 euros, y un panel de 100 vatios pico, 450 euros. Actualmente, gracias al espectacular desarrollo de esta tecnología, el vatio pico vale 0,5 euros y el panel de 100 vatios pico, 50 euros. Con este precio, la generación fotovoltaica compite con la tradicional sin necesidad de ninguna prima ni ayuda del Estado. Un consumidor final, doméstico o industrial, instalando este tipo de paneles con un sistema denominado “autoconsumo” y que constituye hoy más del 70% de la generación fotovoltaica en el mundo desarrollado, reduciría a la mitad el precio de lo que les facturan a los clientes finales las empresas eléctricas, algo a lo que Soria no está dispuesto.

Los grandes países europeos tienen una normativa muy sencilla, según la cual un consumidor individual entrega su producción a la red y esta cantidad se descuenta de la facturación al cliente. En España, Soria acaba de prohibirlo. No hay palabras para calificar tamaño latrocinio.

1. Datos facilitados por un empresario austriaco con industrias en todos los lugares mencionados. Adicionalmente, su casa en Valencia paga el doble que su casa en Viena por kwh consumido.

La muletilla Rajoy: "Estoy aquí para sacar adelante la economía, no para distraerme con la política"
Jesús Cacho www.vozpopuli.com  2 Septiembre 2013

Vuelta al cole. Inicio de un nuevo curso político, con repaso a los retos que enfrenta un país que camina hacia su séptimo año de crisis. El final de las vacaciones llega con un gesto de incertidumbre marcado a fuego en el almario de millones de españoles. Incertidumbre y pesimismo. El dramaturgo Arthur Miller escribió que “sabemos que una era toca a su fin cuando las ilusiones que la impulsaban se han agotado”. Las de los españoles hace mucho tiempo se esfumaron. Este es ya un Régimen con todo el futuro a la espalda, un sistema agotado, muerto. “Sobrecoge estos días constatar la situación de desvalimiento del Ejecutivo sobre lo que puede pasar con España, ello a las puertas de un mes de septiembre que se antoja decisivo para la causa española”, escribí aquí hace un año. “Ni el presidente ni sus ministros saben nada del rescate a nuestro país, y así lo manifiestan sus miembros en privado. No tienen respuesta. No controlan la situación (…) El resultado es que el Ejecutivo de Rajoy se mueve en el terreno de las conjeturas sobre lo que, en el fondo, Alemania quiere hacer con el euro y, por ende, con España e Italia. La imagen de balsa a la deriva es más válida que nunca. Desvalimiento e indefensión…”.

Un año después, los riesgos del rescate país se han desvanecido (apúntese ese tanto, Don Mariano), y la economía empieza a mostrar datos alentadores (primer superávit semestral de la balanza de pagos por cuenta corriente desde 1997) que apuntan a la salida de la crisis. La otra crisis, la política, más grave, profunda y trascendente que la económica, sigue en tal estado, sin que se haya movido una hoja en el vendaval de un año tan difícil como el vivido. No solo eso, en el terreno de la crisis política e institucional las cosas se han agravado por culpa del escándalo Bárcenas, esa bomba de relojería que aún no ha explotado en el PP, o no lo ha hecho del todo, a pesar de que los daños, cuantiosos, son ya evidentes en la infraestructura del partido. Mariano Rajoy quiso zanjar la cuestión con su briosa intervención del 1 de agosto en el Senado, pero la pretensión se ha revelado falsa, como no podía ser de otro modo: hoy es raro toparse con un español medianamente ilustrado que no esté convencido de la existencia de esa contabilidad B en el PP, certidumbre que de forma automática se traduce en el descrédito del presidente, deshonra y pérdida de confianza que ha hecho mella este verano entre el pueblo llano.

"Del trauma Bárcenas saldrá un PP que se parecerá muy poco al actual: está por ver si seguirá siendo mayoritario"

La implosión del PP a cuenta de Bárcenas es el dato nuevo que este 2013 ha venido a sumarse a la lista de desgracias nacionales, haciendo bueno el dicho de que mal que no mejora, empora. El horizonte de potenciales soluciones se estrecha, si reparamos en la circunstancia de que, tras la fractura de un PSOE víctima de las tensiones nacionalistas del PSC y las bolivarianas del socialismo andaluz, el PP era el único partido de dimensión “nacional” presente en el Parlamento. Es evidente que el escándalo tendrá, al margen de las judiciales, graves consecuencias internas, por mucho que ahora el usufructo de la mayoría absoluta tienda a atemperar la dimensión del desastre. Del trauma Bárcenas saldrá un PP que se parecerá muy poco al actual: está por ver si seguirá siendo el partido mayoritario con capacidad de liderar la vida política española. Complejo panorama para afrontar los desafíos a que se enfrenta España.

El más inmediato, por no hablar de paro, corrupción, desprestigio de la Corona y tantos otros, está a la vuelta de la esquina y se llama Cataluña. La elite nacionalista catalana, empeñada en convertirse en cabeza ratón con desprecio de la cola de león, sigue pisando el acelerador a fondo ante la evidencia de una crisis institucional como la española, cuya profundidad parece anular toda capacidad de réplica. El presidente Rajoy ha manejado hasta ahora el envite con una sangre fría y una prudencia dignas de elogio, pero es obvio que la provocación independentista está acercando ya a España entera al filo de ese precipicio en el que será preciso adoptar una respuesta definitiva. ¿Qué piensa hacer el presidente al respecto?

Sacar adelante la economía, para mangonear en la política
El jefe del Ejecutivo, como ya quedara claro el 1 de agosto, sigue firme en su hoja de ruta esperando que escampe: “Estoy aquí para sacar adelante a España, y ni voy a distraerme ni van a distraerme”, viene a decir. Lo dijo el sábado en Sotomayor. De forma más o menos inconsciente, Rajoy vive abrazado a ese principio según el cual el político que logra sacar a flote la economía es libre de hacer lo que se le antoje en política. Bien, pero ¿en qué dirección pretende caminar? ¿Adónde quiere usted llevarnos? ¿Se trata de hacer el camino juntos o con la nación hecha jirones? La consecuencia más grave de los trapicheos denunciados por Bárcenas en el PP es, en mi opinión, la pérdida de autoridad moral sufrida por el Gobierno y su presidente para, en el puente de mando, manejar el timón con solvencia por los bajíos de esta crisis múltiple sin embarrancar definitivamente la nave colectiva.

"La realidad es que el régimen está muerto, aunque sus elites jueguen a que no se han enterado"

La consecuencia más obvia de esa pérdida de autoridad podría manifestarse en la ralentización de las reformas. Es uno de los debates del momento. ¿Cuál es ahora mismo la capacidad del Gobierno para imponer nuevos sacrificios y endurecer las políticas de ajuste en el gasto público? Sobran los expertos que sostienen –Francisco de la Torre en VozPopuli- que no se van a cumplir los objetivos de déficit, tantas veces aligerados, pero que nadie va a mover un dedo para evitarlo porque el Gobierno no está para reñir esa batalla. El Ejecutivo no va a tener más remedio que meterse en el charco de una reforma de las Pensiones que será impopular por dura, lo que le llevará a aliviar la presión en otros sectores. Así, la reforma laboral, o esa nueva vuelta de tuerca que reclama la troika, tendrá que esperar. Las reformas se harán de grado o por fuerza, porque están comprometidas en el MoU y hay un árbitro dispuesto a sacar tarjeta roja, pero su intensidad y duración será distinta, supeditados ambos factores a la debilidad de un Gobierno que se ha dejado demasiadas plumas en la gatera de la corrupción del partido que lo sustenta. El corolario es que puede que el PP logre finalmente salir del trance minimizando daños, pero serán España y los españoles los que terminen pagando el pato del 'caso Bárcenas' por culpa de esas reformas que no se harán o se harán tarde, mal y nunca, alargando la salida de la crisis y retrasando la llegada de crecimiento bastante para crear empleo.

Cuentan en los arrabales de Moncloa que nuestra suerte virará en redondo si se confirman dos acontecimientos con potencial suficiente como para poner a España en órbita con la fuerza de un cohete: la concesión a Madrid de los Juegos Olímpicos 2020, y la concreción del proyecto Eurovegas que el millonario Sheldon Adelson dice querer instalar en Alcorcón, dos aspiraciones que rebelan el grado de desconcierto, y hasta cierto punto de indigencia, en que navega nuestra clase política. Desesperada debe ser la situación del COI si realmente están dispuestos a entregar la organización de unas Olimpiadas a un país en quiebra. Del nivel de irresponsabilidad de nuestra dirigencia poco hay que añadir. Un país que ha recortado el sueldo a cientos de miles de funcionarios, ha metido la tijera a fondo en Sanidad y Educación, y consiente silente la salida de sus jóvenes mejor preparados al extranjero, por solo citar algún botón de muestra del drama patrio, y que al mismo tiempo opta por engordar su deuda pública con varios miles de millones más como consecuencia del evento, ello simplemente porque así lo exigen “las oligarquías con capacidad para acceder a los flujos de rentas” de que habla Ruchir Sharma en su último libro, es un país que ha perdido definitivamente el norte.

Nuevo dato del drama: a Felipe y Leticia se les fue el amor
País enloquecido, cuyos dos principales partidos buscan sacudir sus fantasmas aferrados a sus tópicos más queridos. Un PSOE que ha decidido poner toda la carne en el asador de las becas, pies en pared en protesta furibunda porque un tipo sensato del Gobierno ha tenido la osadía de exigir un cierto grado de esfuerzo, mínimo esfuerzo, a los becados con dinero público, y un PP abrazado a la idea salvadora de esos Juegos que, espera, sirvan para aventar el fétido olor a corrupción que las sentinas de Génova despiden. Y a Buenos Aires se van todos en alegre compaña, dispuestos a gastar rumbosos con cargo al Presupuesto. Interesante resultará la puesta en escena de los Príncipes de Asturias en la capital argentina, obligados ambos, tras el tormentoso verano protagonizado por Letizia, a teatralizar la vitalidad de una relación que ya no es, convertido el asunto en nuevo ingrediente de la salsa española. Éramos pocos y pario la abuela, se rompió el encanto de aquel tórrido amor que, dicen, les unió.

País de constructores avaros, de castas parasitarias, de partidos que funcionan como clanes ajenos al interés general. Alguien dijo que “cada nación vive tarde o temprano su crisis definitiva”. La de España empezó en 2008, aunque ya venía lanzada desde primeros de los noventa, y no hay visos de puerta con salida al mar de una cierta esperanza. La realidad es que el régimen está muerto, aunque sus elites jueguen a que no se han enterado, desnortadas, moralmente capadas pero enriquecidas y, por tanto, envilecidas, empeñadas en mantener artificialmente el pulso de un difunto que reclama cristiana sepultura para, solo entonces y a partir de entonces, dar vida a un proyecto democrático nuevo merecedor de tal nombre, con capacidad para ilusionar a las nuevas generaciones de españoles.

Soberanismo destructivo
editorial El Correo 2 Septiembre 2013

Parece necesario evitar el choque de trenes y abrir caminos de diálogo

Cataluña ha sido un modelo de convivencia hasta que la fracción social soberanista lanzó su órdago. Desde la etapa constituyente y durante más de treinta años, el nacionalismo catalán, cómodamente instalado en un sistema político que concedía a Cataluña el mayor autogobierno de su historia, ha sido un actor decisivo en la política española. Hasta que la pulsión independentista, provocada por una concatenación de errores, ha roto todos los puentes. El próximo 'onze de septembre', los independentistas articulados en torno a organizaciones sociales -la Asamblea Nacional de Cataluña, Ómnium Cultural, etc.- realizarán una gran cadena humana, emulando a la de los países bálticos de 1989, que querían entonces desligarse del yugo ruso. La polarización suscitada por esta expresión de la 'Vía Catalana' está de nuevo servida. Lo grave es que esta radicalización ha pasado desde la política abstracta a la propia sociedad, y la antigua flexibilidad con que se aceptaban la diversidad y las discrepancias se ha convertido en intransigencia. Cuando se excluyen las terceras vías y los consensos negociados y se apuesta por un postulado extremista -la independencia-, la convivencia se resiente.

Y así, la propia coalición CiU está debilitándose porque chirrían las diferencias entre una CDC en manos de sus líderes más radicales y una UDC moderada cuyo líder, Duran Lleida, se niega a la ruptura con España. La escisión es igualmente grave y quizá más aparatosa en el PSC, una formación estrechamente vinculada al PSOE, cuya ala 'catalanista' desea sumarse a los ritos soberanistas, lo que no será tolerado por el sector mayoritario. El camino de la ruptura no está, lógicamente, previsto en la Constitución, que declara que «la soberanía nacional reside en el pueblo español» en su conjunto, lo que excluye cualquier pretensión secesionista. El Estado tiene, pues, la legalidad democrática de su parte, pero, llegados a este punto, parece necesario evitar el choque de trenes y abrir caminos de diálogo que, de momento, no están siendo abiertos ni explorados. La independencia es imposible pero sería absurdo dejar de ver que la pacificación de la relación de Cataluña con el Estado que la integra requiere una ardua labor de persuasión y de seducción.

Sucesión de Griñán
La farsa de Susana
Pedro de Tena Libertad Digital 2 Septiembre 2013

Con estos versos, empieza El patio, obra emblemática de los hermanos Álvarez Quintero, maestros del sainete. Patio andaluz, naturalmente. Y es en ese patio-teatro donde va a tener lugar la farsa de Susana. Susana Díaz Pacheco, naturalmente, capricho de José Antonio Griñán y heredera política del régimen socialista que cumple 31 años con la ayuda inestimable de sus cómplices del comunismo andaluz. Lo que va del capricho a la farsa nos lo representará sobre el escenario político andaluz un partido socialista agotado por el descrédito, la corrupción y el fracaso. Si todavía vive, es porque el grupo comunista de Valderas y secuaces le practican sucesivas transfusiones de poder político a cambio de su saneamiento económico general y de la colocación de muchos de sus dirigentes en la estructura de la Junta de Andalucía.

Aunque parezca increíble en una democracia normal, la futura presidenta de la Junta de Andalucía no será elegida por los andaluces. Los socialistas, aterrados ante la posibilidad de perder el poder y de que salga a la luz, completa y tremenda, la tenebrosa tela de araña que han tejido en estas tres décadas ominosas de la historia andaluza, ya se humillaron aceptando de un decrépito y lamentable Griñán tener una lideresa-secretaria general que no fue elegida por ellos ni en primarias, ni en congreso. Ahora, este modo autoritario de proceder se va a imponer en el Parlamento andaluz, órgano que aplicará su reglamento para elegir como presidenta de la Junta de Andalucía a quien no sólo no ha ganado las elecciones andaluzas sino que ni siquiera se ha presentado a ellas. Todo ello se ve apoyado por una Izquierda Unida, que entre asalto a supermercados, tinos subasteros y enchufismos políticos, tiene tiempo para sostener al régimen social-sindicalista como una sanguijuela.

Pero no es esta la hora de la farsa ni en Andalucía ni en España. Oír decir a Susana Díaz que será implacable contra la corrupción ni siquiera es gracioso. Es aterrador. Que aquella Andalucía de 1977, que ansiaba libertad e igualdad de oportunidades con las demás regiones de España, haya visto pasar treinta años en los últimos puestos de riqueza y bienestar es terrible. Pero que ahora, bajo la batuta del régimen que ahora hereda esta farsante - quien actúa en una farsa, según el diccionario etimológico de Corominas y Pascual, al que se olvida siempre habiendo enseñado Gramática en Sevilla -, comunistas y socialistas se alíen para negarse a convocar elecciones para que los andaluces elijamos a quien debe presidirnos, es horroroso. Que todo esto suceda mientras los ERE cuecen a la cúpula de la Junta en los juzgados y las pruebas contundentes advierten de la profundidad de la corrupción de la izquierda sindical, es una catástrofe moral.

Es preciso promover una gran liga de andaluces y demócratas de bien para detener la fechoría que está a punto de cometerse o, en todo caso, conseguir que la farsa sea farsa, esto es, que sea corta.

Cualquier pierna tiene chófer
Pepa Antón www.gaceta.es 2 Septiembre 2013

En España, esto del dedo ya tiene historia y, si no, analicen nuestra partitocracia dedocrática.

Según el diccionario de la lengua española , la palabra pierna en su undécima acepción significa títere, persona sin autoridad ni relieve.Y de manejables, dóciles, sumisos y obedientes es de lo que vamos a hablar porque cada vez hay mas y cada día les va mejor, vamos, ¡que eso de la crisis a ellos solo de lejos! Pero, por no abandonar la anatomía, continuaremos con el origen de esa variedad de privilegiados españoles. ¿De donde surgen? Del dedo, si, si, del dedo. Por cierto, esta semana no puedo dejar de comentarles los nombres en gallego de los dedos de la mano, los que estudian nuestros niños en el colegio, yo todavía estoy tan impresionada como cuando me enteré de que tres al cubo se traduce como tres a “o caldeiro”, por eso le dedico este párrafo a la la Real Academia Gallega de la lengua, ¡va por ustedes!: El más pequeño o “meniño”, el siguiente o “seu veciño”, el de el medio “o pai de todos”, el índice “o furabolos” (imagínense ustedes delante de un bollo introduciendo el citado dedo hasta el fondo) y el pulgar “mata pulgas e piollos”, aquí prefiero no comentar nada.

Y es que, en España, esto del dedo ya tiene historia y, si no, analicen nuestra partitocracia dedocrática, a su lado el dedo incorrupto de Santa Teresa es una fruslería pues, a parte de desafiar todas las leyes de la naturaleza, no tiene el menor de los méritos. Méritos otros, o acaso no es meritorio que unos sindicatos que no cuentan ni con la afiliación del 5 por ciento de los trabajadores españoles dispongan de mas de 300.000 liberados y tanto ellos como sus cargos directivos vivan de nuestros impuestos. Pero no solo los sindicatos, sino también la patronal y los partidos políticos. Sí señora, no se sorprenda, sus impuestos y los míos se utilizan para que cobren sus sueldos y sus sobresueldos todos ellos, ¿que es usted comunista? Pues da igual, sus impuestos van también al PSOE, al PP, al vasco, al catalán y al que sea menester.

Y qué me dicen ustedes de los mas de 25.000 asesores, ahora llamados así por aquello del glamour pero que siempre serán los eternos enchufados de las administraciones central, autonómica y municipal, de los cuales muchos de ellos no tienen ni el graduado y cuyo sueldo medio está rondando 4.000 euros netos y al mes, por supuesto. Bien, pues de estos se podrían reducir, según últimos estudios, 20.000 sin el menor impacto laboral, lo que supondría un ahorro de mil ciento veinte millones de euros, ¿ no está mal, verdad? ¿Y de las Autonomías? Más de 26.000 millones de euritos solo en duplicidades con la administración central. Y de las televisiones autonómicas, de esas que se prometió privatizar, bueno de eso ya ni se habla. Y casi todos ellos, tránsfugas del andamio, viviendo como nunca soñaron vivir con chofer y secretaria, tarjetas de alto nivel, viajes , dietas, regalitos y prebendas. Ellos son los que han vivido y siguen viviendo por encima de sus posibilidades en esta España de feria.

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Adiós España
Enrique Area
REDACCIÓN BILBAO Minuto Digital  2 Septiembre 2013

A continuación publicamos un artículo de opinión de Enrique Area publicado por BeneméritaAlDia.org . Enrique Area es Teniente Coronel de Infantería y Dr. en Sociología, por la Universidad de Salamanca.

Estimados compañeros:

No es de todos sabido que en el s. XX, gobernó un hombre singular que podía haber solucionado el problema catalán desde sus raíces, como defiendo en mi tesis doctoral “La incidencia de los Nacionalismos excluyentes en la profesionalización de las Fuerzas Armadas” : el General Primo de Rivera.

Un breve repaso a la Historia.
El 13 de septiembre de 1923 el General Primo de Rivera se subleva contra el Gobierno de Madrid presidido por García Prieto , en nombre del ejército y para salvar España. El golpe ponía fin al régimen liberal de parlamentarismo de la Restauración. Existen una serie de factores que confluyen creando el clima propicio para el golpe. La cuestión por las responsabilidades de Annual enardeció a la opinión pública, divide a los políticos acerca de las estrategias a seguir para poner fin al problema de Marruecos y unió al ejército deseoso de resarcirse de la humillación en contra de los políticos. La crisis de los años 20 se manifestó en la presión fiscal lo que llevo a una oleada de huelgas y terrorismo.

Con el golpe de Primo de Rivera llego primero un Directorio Militar , que mediante un Real Decreto el 15 de Septiembre se le daba la Presidencia del Directorio, como único ministro, a Miguel Primo de Rivera. Aunque la Constitución no fue oficialmente anulada, se suprimieron, por la declaración del estado de guerra, los artículos relativos a la libertad de expresión, reunión y asociación. Se disolvieron el Congreso y la parte lectiva del Senado. A partir de Enero de 1924, se emprendió la organización administrativa, de reforma de los gobierno civiles. Por decreto los consejos fueron sustituidos por nuevas corporaciones donde los vocales asociados (concejales) y los alcaldes-excepto en municipios de más de 100.000 habitantes serian elegidos por el Gobierno- habrían de ser elegidos por los contribuyentes, la eficacia delas nuevas corporaciones fue enseguida puesto en entredicho, pero el dictador no flaqueo ante las dificultades.

El mayor éxito de Primo de Rivera fue la solución del problema de Marruecos, que facilito la creación en1925 del Directorio Civil. Desde la instauración del Directorio Primo de Rivera era partidario de la evacuación pacífica del Protectorado, pero esta medida no satisfacía a los Africanistas. Debido a los avances de Abd el-Krim en territorio francés, Primo de Rivera logro un acuerdo con los franceses para realizar una ofensiva conjunta, que culmino con la derrota del Abd el-Krim en 15 días. El 13 de Diciembre de 1925 se constituía el primer gobierno civil , aunque los puestos de Presidente, Vicepresidente, Gobernación y Guerra, eran ocupados por militares: Primo de Rivera como Presidente, Martínez como Vicepresidente y Gobernación y Juan O´Donnel, Duque de Tetuán, en Guerra. Durante el Directorio Civil la Constitución siguió suspendida. En 1927 se creaba la Asamblea Nacional Consultiva, su estructura representativa se componía de 400 miembros en una única cámara, elegidos unos por sufragio universal entre las Corporaciones y otros por designación directa.

Las máximas de nacionalismo económico, intervencionismo y el miedo a la competencia alcanzaron durante la dictadura su máxima expresión. La designación de Aúnas, Calvo Sotelo y Burin ( Conde de Guadalhorce) en tres ministerios claves, Trabajo, Hacienda y Fomento, mostraban la voluntad de llevar a cabo una modernización económica. La colaboración de los Socialistas, representaba para Primo de Rivera la legitimación del régimen por parte de la clase obrera. La UGT disfrutó de un estado de legalidad, imposible para la CNT, lo que determinó actitud de oposición de los anarquistas y comunistas. Pero la colaboración no tardaría en abrir una brecha dentro del socialismo. Reacios a la colaboración habían sido, entre otros, Fernando de los Ríos o Indalecio Prieto ; Manuel Llaneza y Largo Caballero habían visto unaoportunidad de crecer y ensanchar la base de la organización socialista, mientras que otros, como Besteiros, solo estaban dispuestos a colaborar en determinados puntos. La ruptura definitiva tuvo lugar cuando se constituyo la Asamblea Nacional Consultiva, de la que los Socialistas se negaron a formar parte.

La oposición al Régimen de sectores tales como: un sector del ejército, en el cual la cabeza visible era el Cuerpo de Artillería debido a los conflictos con Primo de Rivera , a consecuencia de una seria de decretos que acaban con la escuelo cerrada y el ascenso por elección, que tendría como final la disolución del arma de Artillería; los comunistas y anarquistas; las organizaciones patronales, que se pasaron a la oposición debido a la intensificación del intervencionismo y a la presión fiscal; así como, las desavenencias entre Alfonso XIII y Primo de Rivera que llevaron a este último enfermo y agotado, en Diciembre de 1929, a abandonar el poder.

El elegido por el rey para sustituir a Primo de Rivera fue Dámaso Berenguer, pero Berenguer tenia poca practica y no estaba preparado para llevar a cabo el cambio. La sublevación de Jaca en Diciembre de 1930, adelanto de los planes conspirativos de la oposición. Las condenas de los conjurados y el fusilamiento de los capitanes Galán y García Hernández , solo sirvieron para republicanizar a la opinión pública. Ante esta situación el Almirante Juan Bautista Aznar forma un nuevo gobierno, cuyo programa era las elecciones, la vuelta a la Constitución y la revisión de la autonomía de Cataluña.

Las elecciones de abril dieron la victoria en las grandes ciudades a los candidatos republicanos y de Izquierdas. La monarquía cayó como la dictadura y se consiguió la proclamación de la II República sin derramamiento de sangre.

Dice González Calleja que, con la perspectiva que proporcionan los tres cuartos de siglo transcurridos desde su liquidación, se podría afirmar que la dictadura de Primo de Rivera ha gozado de una discreta fortuna historiográfica, “emparedada” entre los ensayos parlamentaristas de la Restauración y la Segunda República, cuyas circunstancias de nacimiento, evolución y crisis han centrado gran parte de las discusiones académicas sobre el siglo XX español. Sin embargo, continua este autor, bien como factor precipitante del derrumbamiento del régimen restauracionista, bien como preludio necesario al efímero ensayo democrático republicano o como antecedente más o menos directo del régimen de Franco, la dictadura presidida por el segundo marqués de Estella debiera ocupar un puesto de mayor relevancia en el debate científico sobre ese singular periodo de tres décadas que Carlos Mª Rama definió como “la crisis española del siglo XX” . No en vano para Raymond Carr, la rebelión militar de 1923 representa “el momento crucial de la historia moderna de España, la gran línea divisoria”.

El auge del pretorianismo en la Europa de entreguerras.
Especialistas de las relaciones cívico-militares en la España contemporánea como Julio Busquets, Gabriel Cardona, Manuel Ballbé o Carolyn Boyd han destacado la creciente actitud pretoriana del Ejército , que se puede rastrear desde los aledaños del desastre del 98. Los asaltos a periódicos catalanes en 1905 que condujeron a la Ley de Jurisdicciones, y sobre todo el papel desempeñado por el Ejército en la crisis de 1917, marcaron las etapas de una intromisión creciente en las tareas y atribuciones encomendadas al poder civil. Esa intromisión corporativa en la esfera política, según González Calleja, quedó sancionada con el triunfo episódico de las Juntas de Defensa y con el control autónomo de los resortes del orden público en ciudades como Barcelona.

El ascenso al poder de Primo de Rivera coincidió con una serie de pronunciamientos militares producidos en Europa meridional y oriental durante la década de 1917-1926: Sidonio Pais Gomes da Costa en Portugal (1917 y 1926); pronunciamientos republicanos del Coronel Plastiras (1923) y el General Pangalos (1926) hasta la toma del poder por Metaxas (1936) en Grecia; el autoritarismo “constitucional” del General Averescu en Rumanía con el apoyo del Rey Carol (1920-1922) y el autoritarismo pluralista de Pilsudski y los Coroneles en Polonia (1926-1939), a los que habría que añadir el centralismo autoritario del rey Alejandro en Yugoslavia y la dictadura protofascista del dirigente serbio Milan Stojadinovic (1929-1934), o el golpe militar búlgaro de 1934 y luego la dictadura del rey Boris en 1935. Características comunes a estos regímenes militares o semimilitares según este mismo autor, fueron:

.- La visión negativa de la política como factor de desunión nacional.

.- La creación de movimientos políticos organizados de forma muy laxa en torno a principios y valores muy generales vinculados a un único interés nacional.

.- La toma de decisiones de acuerdo con criterios técnicos y administrativos, basados en la racionalidad y la eficacia impuestas desde arriba de forma autoritaria, y

.- Un constante déficit de legitimidad, que podía reducirse si el régimen era capaz de resolver los problemas que habían justificado el golpe de estado.

Fueron, en definitiva, regímenes transicionales, fuertemente inestables, que a lo largo de su desarrollo tuvieron que aceptar una creciente participación de elementos civiles y cuya diferencia de los regímenes fascistas es muy significativa: en el fascismo, la respuesta a la crisis de la posguerra se dio desde la misma sociedad civil, a través de la construcción de un movimiento con una ideología clara, explicita, integral e innovadora, mientras que los regímenes militares corporativos forjaron una mentalidad política basada en el pensamiento orgánico-estatalista.

La crisis de la posguerra y sus repercusiones económicas y sociales.La primera guerra mundial transformó muchas economías, realzando el poder de la industria, intensificando la emigración a las ciudades, acrecentando las aspiraciones políticas de las clases medias y el descontento del proletariado urbano, y fomentando la causa del nacionalismo económico.

Como era de esperar, España entró en crisis una vez recuperadas las economías del resto de la Europa de la postguerra a partir de 1921.

La crisis también agudizó el conflicto de intereses entre los distintos grupos de presión económicos: el Gobierno Maura-Cambó de agosto de 1921 a marzo de 1922 fue percibido como un defensor de los sectores industriales catalanes y vascos, favorecidos por el arancel ultraproteccionista de 1921, mientras que el Gabinete de Alhucemas-Alba de 1923 fue acusado de hacer el juego a los cerealistas castellanos. Un terreno de conflicto inevitable fue la determinación del arancel de 1922 y las cláusulas establecidas en los tratados de comercio firmados con Francia e Inglaterra, e iniciados con Bélgica y Alemania, con el fin de soslayar la normativa aduanera. Inerme económica y políticamente con la crisis económica y el declive de la Lliga, la patronal catalana apoyó a Primo de Rivera con la esperanza de que su proverbial energía trajera la paz social e intensificara el proteccionismo. Los industriales y comerciantes del Principado habían comenzado a retirar su confianza en el sistema parlamentario porque la política arancelaria de los gobiernos conservadores plasmada en la Ley de autorizaciones de 1922 les parecía insuficiente, el sistema hacendístico era reputado como anacrónico e injusto por gravoso, y el reformismo sociolaboral era considerado una claudicación intolerable ante la presión reivindicativa del obrerismo.

El problema del orden público y la situación en Barcelona.
Ante el incremento de la agitación laboral y la deriva pistoleril de los intercambios entre patronos y obreros, el empresariado catalán solicitó al Gobierno la suspensión de las garantías constitucionales y la aplicación de una firme política de orden público. En los cinco primeros meses de 1923 hubo en Barcelona 34 muertos y 76 heridos por atentados, que de un centenar al año se dispararón a 800 de enero a setiembre de 1923. En estas condiciones, tiene sentido la afirmación de Cambó de que la Dictadura “la creó el ambiente de Barcelona” cuya Capitanía mandaba Primo de Rivera, con quien se alinearon los sectores catalanes de “orden” frente al Gobernador Civil Francisco Barber.

La rebeldía latente de algunos empresarios, como los afiliados a la muy combativa Confederación Patronal Española, se vio estimulada por una circunstancia exterior: la llegada al poder de Mussolini en octubre de 1922. Respetables hombres de negocios como Tomás Benet patrocinaron ensayos protofascistas como el vinculado a la aparición de la revista “Camisa Negra” el 16 de diciembre de 1922 o la candidatura de Ángel Osorio al puesto de “cirujano de hierro” costista .

El catalanismo conservador actuó de puente necesario entre esas aspiraciones autoritarias y el candidato más plausible a la Dictadura. La Lliga aparcó sus aspiraciones autonomistas y apostó por una involución política que le permitiera perpetuar su poder de interlocución en Cataluña. Se habla incluso de un pacto verbal suscrito en agosto en Font-Romeu entre Primo de Rivera y los autonomistas Puig i Cadafalch y Junoy sobre la implementación de diversas modalidades de colaboración política a cambio de la potenciación de la Mancomunitat y de una intensificación del proteccionismo arancelario.

La cuestión Catalana, ejemplo del uniformismo del régimen.
La Dictadura, en resumen, fue muy bien recibida entre las “fuerzas vivas” catalanas movidas por su fobia anticenetista y antialbista, por su apoyo a la aplicación de la política de orden público de Martínez Anido a toda España y por las simpatías que despertaba el aparentemente sincero regionalismo del dictador, que por un momento pensó en suprimir las provincias y organizar 10 o 12 grandes unidades regionales. Aunque la Lliga no participó directamente en el pronunciamiento de setiembre, si que lo apoyó desde su fase conspirativa, y alguno de sus miembros colaboró en los primeros compases de la Dictadura, como el Presidente de la Mancomunitat Joseph Puig i Cadafalch, autor de una nota de aceptación del golpe que fue publicada en los diarios el 19 de setiembre.

La reactivación regionalista prometida por Primo de Rivera quedó pronto en letra muerta debido a que en el seno del Directorio se impuso inmediatamente la tendencia centralista que entendía el hecho diferencial catalán opuesto radicalmente al proyecto nacionalista español que se buscaba patrocinar desde el poder. Las presiones de la Junta de Defensa de Infantería, dirigida por Nouvilas, lograron la imposición el 18 de setiembre de un RD “contra el separatismo” que amplió la tipología de los delitos contra la Patria perseguidos en los artículos 2º y 4º de la Ley de Jurisdicciones de 1906.

Desde la proclamación de la Dictadura, todo el poder político se desplazó del Gobierno civil regentado por Joaquín Milans del Bosch a la Capitanía General, donde el General Emilio Barrera actuaba como “ministro universal” de Primo de Rivera, relegando a los gobernadores civiles al rango de simples figuras decorativas. El nuevo Capitan General alentó la clausura de centros políticos y la persecución y encarcelamiento de la militancia catalanista, hasta la más moderada, incluidos algunos sacerdotes. Los delegados gubernativos fiscalizaron y reprimieron casi todas las manifestaciones de exaltación de la identidad regional. Medidas como los intentos de desmembración territorial en 1923, la prohibición de izar la Senyera, cantar Els Segadors o usar el catalán en las comunicaciones oficiales vinieron a acompañar otras decisiones todavía menos afortunadas como la castellización arbitraría de los nombres de calles y pueblos, la obligación de publicar sólo en castellano los anuncios de obras teatrales, 1924, la limitación del baile de sardanas, 1925, o la persecución de instituciones aparentemente neutras, como el Centre Cátala, los Pomells de Joventut , el Ateneu barcelonés, el Ateneu Enciclopèdic Popular, la Associcò Protectora de l’Ensenyanca Catalana, las bibliotecas populares, las sociedades excursionistas, deportivas y musicales, las comisiones organizadoras de los Jocs Florals o los cursillos escolares de lengua catalana. El 22 de setiembre se procedió a la clausura de 28 centros nacionalistas barceloneses entre los que figuraba el Centre Autonomista de Dependents del Comerc i de l’Industria (CADCI), cuya junta directiva fue amenazada el 12 de enero de 1924 con la clausura definitiva si no redactaba en castellano toda la documentación de sus libros de contabilidad.

Durante los últimos meses de 1923, la Dictadura arrestó a decenas de curas acusados de separatismo y clausuró la Academia Católica de Sabadell. Algunos religiosos fueron trasladados de residencia y alejados de Cataluña como el obispo de Barcelona, doctor Joseph Miralles i Sbert, que fue trasladado temporalmente a la diócesis de Mallorca.

El acoso cultural generó un amplio movimiento de solidaridad de los intelectuales castellanos, 117 de los cuales firmaron en Marzo de 1924, a iniciativa de Ángel Ossorio y Gallardo y Eduardo Gómez Baquero, un manifiesto de solidaridad con la lengua catalana redactado por Pedro Sainz Rodríguez.

Sólo en 1924, Primo de rivera decidió abrir una vía de negociación, pero no con la Lliga, sino con Unió Monárquica Nacional presidida desde 1918 por Alfonso Sala Argemí, conde de Egara. El Capitán General Barrera y, posteriormente, el propio Primo de Rivera, se reunieron con una representación de este Partido y de la Federació Monárquica Autonomista a la que exigieron una firme adhesión al Directorio y la creación de una agrupación política regionalista. Ante la negativa de estos, el 12 de enero disolvió todas las diputaciones provinciales, salvo las de las Provincias Vascas.

El Estatuto Municipal de abril de 1924 recortó aún más las posibilidades de autogobierno, mientras que el Estatuto Provincial de marzo de 1925 eliminó de hecho la Mancomunitat de Cataluña. Ello supuso la ruptura definitiva entre el Directorio y la Lliga, que acusó a Primo de Rivera de romper las promesas realizadas antes del golpe de setiembre y la oportunidad histórica de reconciliar una tendencia política-cultural no definida como antiespañola con el resto de la Nación española.

La persecución oficial a la cultura catalana se tradujo paradójicamente en un renacimiento de la cultura autóctona gracias a la iniciativa privada y al mecenazgo particular. Esta acción cultural de resistencia queda ejemplificada en la propaganda difundida en el extranjero, en el desarrollo de instituciones como la fundación editorial Bernat Merge o en el fomento de actividades diversas, como las conferencias en los Ateneos populares, las sociedades excursionistas o las asociaciones religiosas. El papel de la Iglesia fue muy relevante, ya que la prohibición del uso del catalán afectó a la liturgia, y puso al clero catalán en primera línea de la defensa de las libertades regionales y de la autonomía cultural . Todo ello generó una cultura catalana, donde lo intelectual tuvo un protagonismo político significativo, al hacer de su actividad un arma eficaz de afirmación política nacional.

Para finalizar este epígrafe podemos afirmar que, como consecuencia de las intransigencias de Primo de Rivera se reafirmó a Estat Catalá en su convicción de que la insurrección era la única vía regeneradora posible para Cataluña. El 7 de octubre de 1923 Francesc Macià , a punto de huir a Perpiñán, exponía como principal objetivo de su formación política la unión de los partidos obreros y republicanos catalanes, junto a la alianza con los separatistas vascos y gallegos con el propósito de derrocar a la Dictadura mediante un movimiento subversivo. Para ello impulsó la creación de los primeros escamots , y organizó en París un Comité Separatista Catalá, que se identificó con el Comité Revolucionario de París, y que era en realidad una oficina de conspiración con visos de cuartel general en campaña.

La primera oportunidad de resolver el conflicto nacionalista no solo se pierde sino que arma moralmente a quienes lo plantean y defienden.

Partido Popular
Un año de Bolinaga
Cayetano González Libertad Digital 2 Septiembre 2013

Si hay una decisión del actual Gobierno del PP que ha ido en contra, no ya de sus promesas electorales, sino de los principios y valores que se suponía debía defender la formación liderada por Mariano Rajoy, es la liberación del etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, uno de los cuatro torturadores-secuestradores del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Bolinaga participó asimismo en el asesinato de dos guardias civiles: Mario Leal Baquero, en diciembre de 1985, y Pedro Galnares Barrera, en julio de 1987.

Hace un año, el Ministerio del Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz –cuyo mérito más destacado para ocupar esa cartera fue ser amigo de Rajoy– concedió a Bolinaga el tercer grado penitenciario, poniendo de esa forma en marcha el mecanismo que facilitó, tras la correspondiente decisión del juez de vigilancia penitenciaria, la liberación de este etarra, con la excusa de que padecía una enfermedad terminal. Tan terminal que, pasados doce meses, ahí sigue la criaturita, en su Mondragón natal disfrutando de esa vida que le arrebató a los guardias civiles Baquero y Galnares, y durante 532 días a Ortega Lara.

Conviene recordar y subrayar que la decisión de Interior era optativa. La ley no le obligaba a conceder ese tercer grado. Bolinaga podía haber seguido siendo tratado de su cáncer en la cárcel de León, donde se encontraba preso. Pero no, el Gobierno de Rajoy primero lo trasladó a una cárcel del País Vasco y después le dio el tercer grado porque quería tener un gesto con ETA y con ese sórdido conglomerado que ahora todo el mundo llama "izquierda abertzale".

Aunque la liberación de Bolinaga impulsada por el Ejecutivo del PP y ratificada por los jueces pudiera ser calificada por muchos como incomprensible, no lo es tanto si se analiza el contexto en que se produjo. Rajoy acababa de ganar unas elecciones generales tras una segunda legislatura de Zapatero –la que fue del 2008 al 2011– en la que el líder del PP apoyó de facto, con su silencio y con su inacción, la política antiterrorista del presidente socialista que en los años precedentes había negociado políticamente con ETA en Oslo y en Loyola.

Cuando, un mes antes de esas elecciones generales del 2011, ETA anuncia el "cese definitivo de la actividad armada" Rajoy declara solemnemente desde la calle Génova que ese anuncio se hacía "sin ningún tipo de concesión política", algo que causó estupor y vergüenza en boca del todavía líder de la oposición, que de sobra sabía que sí había habido concesiones por parte del Gobierno de Zapatero: la más dañina, permitir a las diferentes marcas de ETA presentarse a las elecciones autonómicas vascas del 2009, y a las municipales y forales del 2011, o la celebración en San Sebastián, en octubre de ese mismo año, de la vergonzosa conferencia de paz del Palacio de Ayete, para de esa manera permitir la internacionalización del conflicto, algo siempre anhelado por la banda terrorista.

El 10 de enero de 2012, escasamente un mes después de haber abandonado el Palacio de la Moncloa, Zapatero fue recibido por el ministro del Interior, por indicación de Rajoy, en su despacho oficial. Una reunión que se prolongó por espacio de dos horas y en la que es fácil imaginar el expresidente explicó al nuevo titular de Interior en qué punto estaba la negociación con ETA, cuáles eran los compromisos adquiridos y qué pasos, en su opinión, se podrían dar.

Añádase al cóctel otros ingredientes, como el mantenimiento en el Ministerio del Interior de dos asesores en la lucha antiterrorista a los que Fernández Díaz hace mucho caso, heredados de la época de Rubalcaba y partidarios de negociar y de tener gestos con ETA; la dañina influencia ejercida en el ministro y en su equipo por algunos dirigentes del PP vasco, como Iñaki Oyarzabal, y las conversaciones –según cuentan en el entorno del hasta hace poco presidente de los populares vascos, Antonio Basagoiti– del propio ministro del Interior con el exobispo de San Sebastián, Bilbao y Zamora Juan María Uriarte, para comprender que lo milagroso ha sido que este Gobierno no haya liberado a cien Bolinagas a la vez.

Cometida la tropelía, y transcurrido un año de la misma, lo más grave es que no parece que haya en el ejecutivo popular ningún propósito de la enmienda. La vuelta de Bolinaga a la cárcel sería la decisión más justa y la que de alguna manera repararía el bofetón moral y ético que el Ejecutivo popular propinó con su puesta en libertad a las víctimas del terrorismo y a toda la sociedad española, que tenía y sigue teniendo muy vivo el recuerdo del secuestro durante 532 días de Ortega Lara en un zulo inmundo de una nave industrial de Mondragón.

Subir los impuestos cuando se ha dicho por activa y por pasiva que no se haría puede ser un error y desde luego un flagrante incumplimiento del programa electoral. Pero impulsar la puesta en libertad de un terrorista como Bolinaga por una supuesta razón humanitaria como una enfermedad terminal que al cabo de un año no se ha demostrado tal es mucho más. Es una traición a los principios, a los valores que se suponía tenía el PP en esta materia, y es también golpear duramente a la Memoria, a la Dignidad y a la Justicia que se merecen todas las víctimas del terrorismo.

Cayetano González es periodista y analista político. Colaborador habitual de los proogramas Es la Mañana de Federico y Es la Noche de Cesar en esRadio.

CONSEJO DE GOBIERNO
Subvenciones a las euskal etxea
El Correo 2 Septiembre 2013

El Consejo de Gobierno vasco aprobó ayer conceder una subvención de 30.000 euros a la Euskal Etxea de Nueva York, con el fin de promover la estrategia Basque Country en Estados Unidos y conmemorar su centenario. Igualmente aprobó una partida de 200.000 euros para los cursos de euskera que se impartan en esos centros vascos en el extranjero entre octubre de 2013 y septiembre de 2014.



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