AGLI Recortes de Prensa   Martes 10  Septiembre 2013

Un nuevo curso en busca de la exigencia
Editorial www.gaceta.es 10 Septiembre 2013

Una muestra sobre cómo se enfocan en España las cuestiones educativas es que el comienzo de curso se examina siempre desde el punto de vista de la conflictividad que se espera, nunca desde el punto de vista de la eficacia de unas posibles mejoras. Parece como si la mejora de la educación no interesase a nadie, pese a que el ministerio haya tomado algunas medidas que podrían ayudar a que las cosas fueran a mejor.

Mejorar la educación no es una prioridad real para muchos que no cesan de agitar esa causa cuando lo que quieren es aumentar el gasto público y reducir los niveles de exigencia. Lo que buscan es igualar por abajo, no educar, porque educar es estimular, aprender, atreverse a ser mejores, a competir, a tener criterio propio, a valorar la experiencia sobre el tópico, a ser saludablemente escéptico para enfrentarse valientemente a la verdad. Como esta clase de estímulos no ayuda a que se fortalezca la mentalidad igualitaria que propugna la izquierda, se eliminan, y la educación se convierte en lo contrario de lo que debiera ser. En el colmo del cinismo estos educadores de la izquierda niegan la evidencia de que nos gastamos mucho más que muchos y conseguimos bastante menos que la mayoría, pero, según ellos, esto se arregla con más dinero, más impuestos, más Estado, más control y más ideología.

Por fortuna la educación también está sólo en manos de profesores, de padres, de todos nosotros, y todos debiéramos hacer un esfuerzo por ayudar a que la educación sea más eficaz, más exigente, más ejemplar, más competente. La educación debiera ser vista como lo que es, una actividad que exige sacrificio. Sólo una auténtica vuelta a la pedagogía del estímulo, de la emulación y del reconocimiento de la excelencia nos permitirá salir de este océano de mediocridad en que se ha convertido la educación española.

Las olimpiadas que de verdad necesita España
Francisco Rubiales Periodista Digital 10 Septiembre 2013

Organizar unos juegos olímpicos representa el esfuerzo supremo de una sociedad, que debe unirse y luchar duro para afrontar ese desafío, mientras el mundo entero la contempla. España, como han afirmado algunos miembros del COI, tiene ya unas grandes Olimpiadas que organizar: la de su supervivencia como país, un esfuerzo descomunal que incluye salir de la quiebra económica, recomponer su unidad rota, regenerar su falsa democracia, eliminar el terrible desempleo masivo que padece y erradicar la corrupción que pudre sus instituciones y su convivencia.

Las olimpiadas que realmente le interesa organizar a España son las que premian el esfuerzo y la victoria en asuntos como la prosperidad, el empleo, la limpieza, la educación, la justicia, la democracia, la decencia y otros grandes valores, por desgracia ausentes de la política y de la vida de los españoles.

Pero esas olimpiadas por la justicia, la decencia y el verdadero progreso no interesan a nuestros partidos políticos ni a nuestros políticos profesionales porque no representan gastos y comisiones, son demasiado grises y requieren una capacidad de liderazgo y un esfuerzo profesional y técnico que escapa a sus posibilidades y miserias.

Realizar un enorme esfuerzo de alcance nacional para organizar unos juegos olímpicos cuando el país está arruinado, en peligro de desmembrarse, con seis millones de desempleados, con sus jóvenes emigrando porque carecen de trabajo, con su clase política desptrestigiada, despilfarrando y divorciada de una ciudadanía que cada día le desprecia mas, es una frivolidad y un despropósito que el COI ha captado y castigado con una derrota rotunda, a pesdar de que el proyecto español, técnicamente, no lo mereciera.

Para España es mil veces mas importante y prioritario que el esfuerzo Olímpico el de regenerar su democracia y conseguir un liderazgo limpio y decente que sea capaz de unir a los españoles en torno a proyectos comunes, como corresponde a una verdadera nación. La gran debilidad de España es haber querido utilizar las Olimpiadas como proyecto ilusionante de unidad y esfuerzo, sin afrontar previamente los grandes dramas y lacras que atenazan a la nación, entre ellas su gran ruina económica, el desprestigio creciente de su clase política y la degradación de su convivencia y de su democracia.

Antes de organizar unos Juegos Olímpicos, España tiene que adelgazar su obeso e irracional Estado, restar grandes cantidades de poder y de impunidad a los partidos y a sus políticos profesionales, devolver el vigor a la economía, recomponer la unidad nacional, resquebrajada y dañada seriamente, restablecer el juego limpio entre los poderes del Estado, dejar de nombrar jueces desde los partidos, conseguir que los partidfos se retiren de la sociedad civil, que han ocupado como si fuera territorio enemigo, otorgar al ciudadano el protagonismo que le corresponde en democracia, dejar de cobrar impuestos confiscatorios e injustos, los mas desproporcionados y lamentables de toda Europa, cumplir las promesas electorales, dejar de mentir a los ciudadanos desde el poder y aprender, desde los partidos, a respetar la democracia y a servir, en lugar de "servirse" del pueblo.

La derrota olímpica de España ha sido dura, pero mas duro y lamentable es comprobar que los políticos no aprenden y que siguen buscando proyectos artificiales y grandiosos, antes de hacer frente a los grandes dramas de un país en el que vivir ya ha dejado de ser un privilegio y se ha convertido en un tormento para millones de ciudadanos insatisfechos y frustrados.

Por desgracia, hay demasiados políticos en España que prefieren unas Olimpiadas del deporte que las olimpiadas vitales por la supervivencia, mas crucial y necesaria. Son políticos sin grandeza, obsesionados siempre en "ganar" las próximas elecciones para seguir disfrutando del poder y sus privilegios, gente que cierra los ojos ante la España derrotada e injusta que ellos mismos están construyendo desde el poder político, sean del color que sean. No merecen liderar el país, sino ser señalados por el dedo acusador de la ciudadanía y repudiados como incompetentes e irresponsables enemigos del pueblo y de la nación.

Voto en Blanco

La movilización silenciosa
EDITORIAL Libertad Digital 10 Septiembre 2013

Tras casi dos años de una gestión rayana en el muy deficiente, con groseros errores en la comunicación de unas políticas que nadie sabe muy bien a dónde van y con un escándalo de corrupción de primera sobre la mesa, el PP afronta unas encuestas cada vez más desastrosas y que, en algunos casos, incluso lo sitúan por detrás del PSOE de Rubalcaba.

Con una recuperación en ciernes que, de existir realmente, será lenta y dolorosa, con Bárcenas en la cárcel y un peligroso sumario en marcha, y sin la zanahoria de los Juegos Olímpicos, es lógico que Rajoy trate de movilizar a su partido de cara a superar un escenario muy complejo.

Sin embargo, nos encontramos que, por mucho que el presidente trace una estrategia, por mucho que en la escuela de verano popular se trate de ofrecer una imagen diferente del partido, el segundo lunes del inicio de curso, y en una de las semanas más políticamente cargadas del otoño –encuestas, Juegos Olímpicos, Diada…– nadie del PP se presenta ante los medios para dar la otrora habitual rueda de prensa tras el comité de dirección.

Es difícil pensar qué puede entender Rajoy por una "movilización" del partido, pero más difícil todavía es creer que esta pueda desarrollarse desde el silencio de sus máximos responsables y las relaciones, o bien de huida o bien de vasallaje, que el PP y el Gobierno vienen manteniendo con la prensa.

¿Es callando como piensan convencer a los medios de comunicación de la bondad de sus medidas? ¿Es desde el silencio como creen que los cada día más desencantados y enfadados militantes volverán a creer en el partido del que antes se sentían orgullosos? ¿Es desde la invisibilidad como esperan convencer a los votantes que se están pasando a chorros a la abstención o a otras opciones políticas?

Por supuesto, ninguna de las tres cosas es posible: la recuperación de los populares pasa por cambios importantes en la política desarrollada hasta el momento –la económica y todas las demás–, pero también por una política de comunicación más realista, más trabajada y que no lo fíe todo al silencio o a la adulación de algunos grupos capaces de comprar cualquier mercancía, sí, pero que de lo que no son capaces es de venderla a una opinión pública entre la que día a día pierden credibilidad e influencia.

Rajoy debe entender, en suma, que los problemas del PP –que también son los de España– no van a desaparecer por que se establezca una férrea ley del silencio en Génova propia del peor sindicalismo mafioso. Es cierto que tampoco una política de comunicación más eficaz será suficiente por sí sola para paliar el desastre, pero sí puede ser un buen primer paso para ayudar en la solución o, al menos, para que el descalabro no sea mortal.

La mentalidad revanchista.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 10 Septiembre 2013

No me extraña que España no avance en democracia y esté estancada en un sistema partitocrático de tudescos y capuletos, enemigos encarnizados empeñados en imponer a los demás sus ¿ideologías?. No existe un proyecto nacional como tal, sino una mentalidad revanchista del que antepone el interés de partido y el clientelismo mercenario al interés general de los españoles. El único objetivo es alcanzar el poder y una vez en él, destruir lo realizado por su antecesor y hacer borrón y cuenta nueva. Es imposible que una nación pueda sobrevivir a este delirante modo de entender la política y la misión de los partidos políticos al servicio de esa nación y no a que se sirvan de ella para lograr sus bastardos objetivos.

El último en manifestar con rotundidad su afán revanchista ha sido el siempre polémico y oscuro Secretario General del PSOE, Rubalcaba. Ha dicho ante los medios de comunicación que "en cuanto lleguemos al poder, lo primero que nos cargaremos será la Ley de Reforma Laboral". Toda una declaración de intenciones sobre uno de los pilares de la estructura productiva de España. Así también actuó el anterior Presidente de Gobierno, Zapatero, con sus gabinetes, ahondando en leyes que fomentaban el enfrentamiento guerracivilista y actitudes comprensivas con el terrorismo de ETA y el nacionalismo separatista vasco y catalán. La legalización de BILDU, la cesión con el Estatuto de Cataluña, la Ley de la Memoria Histórica, el adoctrinamiento de la enseñanza, la nueva ley de plazos del Aborto, las relaciones laborales y el papel de los sindicatos, la demagógica ley de la igualdad, etc., son solo ejemplos de los diferentes ámbitos de lucha en el que tanto PSOE como PP difieren en lo esencial y no están dispuestos al diálogo ni a ningún tipo de acuerdo que suponga cesión.

Y luego quieren que la imagen de España sea reconocida como la de un país de peso en los foros internacionales, cuando ni siquiera son capaces de garantizar la unidad de la nación, ni una forma de gobierno que no se deje amilanar por los feudos autonómicos, ni por los chantajes del nacionalismo secesionista. Poco hacen los ciudadanos para cortar de raíz este fracaso de la sociedad impulsado por unos partidos políticos egoístas e incapaces de lograr acuerdos globales de gobierno para impulsar la recuperación y salida de la crisis. Estamos ante el fracaso de una prostituida democracia que se ha basado en una Constitución farragosa y nacida con deformaciones permanentes, flagrantes asimetrías aumentadas con el paso del tiempo.

No se pueden admitir amenazas ni actitudes revanchistas sean del signo que sean. Los ciudadadnos no podemos aceptar esta forma de hacer política.

Rajoy y el 11-S nacionalista
El eslabón más fuerte de la cadena nacionalista
Guillermo Dupuy Libertad Digital 10 Septiembre 2013

La firme y pública negativa de la Generalidad de Cataluña a cumplir las sentencias del Tribunal Supremo en lo que a política lingüística se refiere, así como su deliberado incumplimiento de los topes de déficit público con el objetivo de seguir sufragando un carísimo como ilegal proceso de construcción nacional, eran razones más que de sobra para que el Gobierno de la nación hubiera cumplido hace tiempo su deber de intervenir la Administración autonómica catalana, tal y como contemplan tanto la Constitución como la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En lugar de ello, y desde el primer momento, Rajoy, bien por debilidad de carácter, bien por la estúpida creencia de que así iba a lograr moderarlos, no ha hecho otra cosa que ceder ante los nacionalistas, lo cual no ha logrado otra cosa que fortalecer las pretensiones secesionistas de estos. Así, Rajoy y su servil Fiscalía General del Estado han dejado en papel mojado las sentencias del Supremo, y renunciado a denunciar políticamente lo que la Administración autonómica roba a los contribuyentes catalanes en beneficio de sus delirios identitarios. Tampoco el Gobierno se ha molestado en rebatir políticamente el falso derecho a la autodeterminación.

El hecho es que el presidente Rajoy ha incumplido sus propios topes de déficit público tanto como ha dejado que los incumplan unas comunidades autónomas a las que, para colmo, ha concedido nuevos topes, menos exigentes, para el futuro. Desde el primer momento, Rajoy ha dedicado la mayor parte de los Fondos de Liquidez Autonómica a un Gobierno autonómico, el catalán, que no ha ocultado en ningún momento que su prioridad política es la ruptura de la nación española como sujeto de derecho y fuente de soberanía.

A pesar de los maquillajes que les brinda la prensa madrileña, los "discretos" contactos entre Rajoy y Mas, al igual que los mantenidos en el pasado, no tienen otro objetivo que dar una apariencia de legalidad a una consulta radicalmente inconstitucional, o bien sustituirla –más bien, aplazarla– con un nuevo y más privilegiado modelo de financiación autonómica, también radicalmente incompatible con la igualdad de todos ante la ley.

Con tal de ocultar la decisiva responsabilidad que el débil y acomplejado liderazgo de Rajoy tiene en toda esta efervescencia nacionalista, y para justificar que la única reacción del presidente del Gobierno ante ella sea la cesión, buena parte de la prensa madrileña ha interiorizado que el modelo de financiación de la Generalidad debe ser "replanteado", y hasta nos ha presentado a Mas como un dirigente dispuesto a recular.

Lo cierto, sin embargo, es que la Generalidad no necesita un nuevo modelo de financiación, sino dedicar los cuantiosos recursos que el actual modelo ya le procura –mayores a los que dispone cualquier otra Administración regional del mundo– a las auténticas necesidades del ciudadano y no a los despilfarradores delirios identitarios y redes clientelares a los que los está dedicando, para mayor gloria de su construcción nacional.

Lo cierto es que ha sido el propio Mas el que ha tenido que salir a la palestra para demostrarnos que no renuncia a nada, que lo que le sucede es que no se contenta con la impunidad que le brinda Rajoy, sino que aspira a que el presidente del Gobierno otorgue amparo legal y mayor financiación a un proceso soberanista al que, desde luego, no renuncia.

Mucho se podrá ridiculizar la cadena humana con la que los nacionalistas van a escenificar sus pretensiones secesionistas, pero lo cierto es que la fortaleza de esta cadena no radica en sus eslabones, sino en la debilidad de quien tiene el deber de romperla y no hace otra cosa que ceder ante ella.

Una ley para las víctimas
Daniel Portero www.gaceta.es 10 Septiembre 2013

Las víctimas deben recuperar su importante papel en la derrota del terror

El pasado 6 de septiembre el Consejo de Ministros dio luz verde al nuevo reglamento que desarrolla la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo. Son varios los artículos de opinión que mi hermano Luis y yo hemos escrito sobre el asunto, pero siempre con la intención de dedicárselo al que fuera fiscal Luis Portero García, mi padre, asesinado por ETA hace 13 años. Sirvan estas líneas, sobre el nuevo reglamento como homenaje a la memoria del que fuera un excelente padre, jurista fino y cristiano ejemplar.

Ha sido mucho y de calidad el esfuerzo y trabajo desarrollado por la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo que dirige Sonia Ramos. A veces caemos en el defecto de hacer alguna crítica a cualquier iniciativa a favor de las víctimas del terrorismo, pero en este caso, se trata de un trabajo intachable y que merece todo el agradecimiento de las víctimas del terrorismo al Ministerio de Interior.

El nuevo reglamento aborda cuestiones como la regulación de un procedimiento declarativo de la condición de víctima y de los amenazados, el resarcimiento de daños físicos y morales, la fijación de criterios que acaban con las diferencias entre las cuantías indemnizatorias establecidas por los jueces, la actualización y unificación de los distintos criterios y baremos indemnizatorios utilizados por normativa ordinaria y extraordinaria –retroactiva su aplicación hasta los atentados desde 1960–, o la unificación de los criterios de valoración de las secuelas por los equipos de valoración de incapacidades. Entre otras, el reglamento establece las pautas de coordinación entre diferentes organismos estatales o autonómicos sobre las ayudas al estudio, la vivienda o el empleo. Se han considerado de forma especial las ayudas por tratamiento psicológico ya que es la gran secuela del atentado terrorista y la que mayor dedicación hay que prestar. Se incluye como novedad la regulación y la indemnización del daño causado por la detención ilegal y secuestro de personas por terroristas.

También el reglamento aborda el régimen de ayudas extraordinarias para paliar situaciones de urgente necesidad para atender a las víctimas de los atentados más antiguos o el régimen de las actuales pensiones extraordinarias. Se tienen en cuenta las indemnizaciones a ciudadanos españoles por atentados terroristas en el extranjero además de realizar un reconocimiento político de la violencia de persecución, de personas acosadas en el País Vasco y Navarra, pero sin entrar en su consideración como víctimas para no hacer inviable el sistema. En el ámbito laboral, el reglamento trata de forma especial las ofertas públicas de empleo que reservan un cupo para facilitar el acceso preferente a las víctimas. Especial atención y dedicación merece el tratamiento de los inválidos y heridos, que demandan una actualización de las ayudas de asistencia sanitaria. En este aspecto, tendrá mucha importancia la futura y necesaria coordinación y participación del Ministerio de Interior con las comunidades autónomas y municipios, para la implantación de un sistema de ayudas domiciliarias o la creación de centros de rehabilitación específicos, siguiendo el modelo de países como Israel.

También el reglamento hace una referencia en su articulado a la protección de la dignidad de las víctimas frente a las ofensas de los condenados por terrorismo y de los grupos sociales que les apoyan. Aunque la Ley 29/2011 obliga a las Administraciones Públicas a que retiren insignias, placas en calles o plazas, monolitos y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, del terrorismo o de los grupos que le apoyan, el reglamento abunda en su desarrollo. En una más que segura coordinación con el Ministerio de Justicia, todo ello debe conducir a la reforma de los supuestos de aplicación del delito de apología del terrorismo (art. 578 del Código Penal).

Son muchos los aspectos que este reglamento trata, aunque sólo me he querido centrar en unos pocos pero de gran importancia. Es de gran importancia la labor y esfuerzo del Ministerio de Interior para evitar que los familiares de miembros de ETA fallecidos en enfrentamientos policiales puedan acceder a las ayudas que se facilitan con la Ley 29/2011 y con el reglamento que ahora la desarrolla.

El terrorismo es un problema de Estado y el reglamento que se ha aprobado es una de las grandes armas democráticas que tenemos las víctimas del terrorismo para vencerlo. De esta forma, las víctimas deben recuperar su importante papel en la derrota del terror, constituyéndose en auténticos referentes morales y en protagonistas de la movilización de la sociedad civil por las libertades y contra el terrorismo, respaldando así la lucha que el Estado debe seguir librando contra el terrorismo hasta lograr su completa desaparición.

*Daniel Portero es presidente de la asociación Dignidad y Justicia.

España va mejor. Y amén
Javier Benegas www.vozpopuli.com 10 Septiembre 2013

Parece que fue hace una eternidad, sin embargo solo ha transcurrido poco más de un mes desde que Mariano Rajoy, acosado desde todos los frentes, incluido el internacional, se vio forzado a dar la cara y hacer un reconocimiento explícito de su responsabilidad en el llamado 'Caso Bárcenas'. Era tan grave el trance y tan imprevisibles sus consecuencias que no pocos analistas, incluso algunos de los más críticos, se vieron compelidos a vender posteriormente aquella comparecencia in extremis como un acto de coraje y buena voluntad del presidente, cuando la realidad fue que Rajoy, como un púgil sin fuelle, se había limitado a lanzar golpes al aire esperando a que sonara la campana. Y la campana sonó. Llegó el paréntesis veraniego con la enésima trifulca a cuenta del peñón de Gibraltar y, después, el bochorno de la debacle olímpica, rebajando una presión que se había vuelto insoportable.

Sin embargo, ahora que el nuevo curso político comienza, es preciso retroceder hasta el uno de agosto de 2013 para comprender en qué punto exacto del drama patrio nos encontramos. Porque ese día, un Mariano Rajoy inusualmente tenso, incómodo y con la cara visiblemente desencajada optó por una “bunkerización” irreversible. Para lo cual no le quedó otra que negar con firmeza, en ocasiones casi vehemencia, que la corrupción en el Partido Popular fuera generalizada y que él mismo fuera corrupto. Y ni corto ni perezoso circunscribió todo el asunto de los sobresueldos y la presunta financiación ilegal del partido a un mero error de confianza. «Confié en Bárcenas y me equivoqué», dijo. Y punto. Eran lentejas.

El plan: salir de la crisis haciendo trampas y sin despeinarse
Muy al contrario de lo que muchos cronistas escribieron los días inmediatamente posteriores a la intervención de Rajoy en el Senado, no fue sólo que el presidente endulzara su comparecencia con argumentos económicos, sino que éstos resultaron ser el eje fundamental de su argumentación. Así, inmediatamente después de que prometiera no escudarse tras los datos económicos, se lanzó a hacer una exposición pormenorizada de los signos positivos que la economía parecía empezar a mostrar. Hasta la fecha elegida para su discurso estuvo oportunamente precedida por el último informe del Banco de España, informe que ratificaba el inminente final de la recesión.

«España va mejor». Ese fue el mensaje, la buena nueva con la que debía quedar conjurado el peligro de una peligrosa pérdida de legitimidad, no sólo del presidente sino, en general, de la España oficial. Así, para que la salida de la crisis económica no se viera truncada, era preciso cumplir un último requisito: no cuestionar la integridad –y por ende la legitimidad– de don Mariano, de su partido y, lo más importante, del Régimen del 78. Los medios de comunicación debían pues cooperar como nunca antes lo habían hecho y hacer sonar las fanfarrias, y los presentadores de los telediarios lucir la mejor de sus sonrisas. Esa fue la carga de profundidad de su discurso. Y sobre esta interesada transacción, la prometida salida de la crisis a cambio de no dar pábulo a las acusaciones de corrupción dirigidas contra el partido en el gobierno y contra su presidente, construyó Mariano su discurso. Un discurso que, a la vuelta de las vacaciones, se ha endurecido, convirtiéndose en consigna y norma de obligado cumplimiento para todos aquellos que dependen de la generosidad de quien tiene la sartén por el mango. Nada pues de reformas que toquen siquiera de refilón al actual modelo político. Ni siquiera nombrarlas.

Fecha clave de esta legislatura
El uno de agosto de 2013 fue mucho más que el triste colofón de un curso político deprimente, plagado de disgustos y decepciones. Fue el día en que Mariano Rajoy se vio en la necesidad de unir el destino de la nación a su propio destino, elevando así la corrupción a la categoría de principal institución de España. De ahí en adelante, nada debería ya asombrarnos, ni siquiera el borrado deliberado de dos discos duros con datos presumiblemente comprometedores. Todo sea por la patria.

Según el discurso oficial, la salida de la crisis solo será posible si la política y, en consecuencia, las responsabilidades derivadas de su ejercicio son convenientemente separadas de la economía, olvidadas y enterradas. Y justo es reconocer que el regreso de las inversiones a España aliviará en parte –ya lo está haciendo– la pesada carga que algunos bancos y grandes empresas arrastran desde hace demasiado tiempo. Y ello se traducirá en una leve mejoría de determinados datos económicos y, quizá también, en la salvación temporal de la gerontocracia hispana de los grandes negocios. Cosa para la cual bien puede valer un Mariano cualquiera por muchos Barcenas que le echen encima. Todo apunta a que ese es el quid de la cuestión. Sin embargo, de ahí a que la crisis real esté camino de resolverse media un abismo. Porque, por más que le pese a este registrador de la propiedad y a todos aquellos que le sostienen, la política y la economía son compañeros de viaje inseparables. Y cuando la política es suplantada por la corrupción, la economía se vuelve frágil y enfermiza. Y en esta tesitura seguimos, a la espera de un milagro.

La impagable docilidad de los corderos
Joaquim Coll www.criticaglobal.com 10 Septiembre 2013

Los que sin ambigüedad alguna nos hemos situado siempre en oposición al proceso secesionista, liderado por Artur Mas, hemos denunciado sus muchas trampas y advertido del abismo al cual parecía querer arrastrar a Cataluña, podemos celebrar de entrada su aparente giro hacia la sensatez efectuado a las puertas de la celebración de la Diada. Puede que el presidente de la Generalidad jamás haya tenido realmente la intención de cruzar ninguna línea roja, pero su actitud desafiante y la ejecución pormenorizada del pacto político con ERC levantaban la sospecha de que si alguna cosa no podía permitirse el soberanismo es que en 2014 no ocurriese nada. Ahora bien, la sensación general de alivio al descartarse un escenario insurreccional, presidido por la metáfora del choque de trenes, no puede hacernos olvidar por lo menos tres cuestiones.

En primer lugar, la irresponsabilidad de Mas al alimentar las expectativas más radicales o fantasiosas sobre la posibilidad de una secesión a la brava, lo que ha tensionado gravemente el clima político catalán y dañado la convivencia ciudadana. En este sentido, el anuncio del jueves pasado de que no hay consulta posible sin el aval del Estado es el reconocimiento implícito de que la declaración de soberanía del Parlamento autonómico del 23 de enero fue un brindis al sol y, por tanto, un error político para iniciar cualquier negociación.

Afortunadamente, Cataluña tiene una economía productiva para hacer frente a una nomina de intelectuales y periodistas subsidiados tan abultada

En segundo lugar, sorprende que ahora tantos comentaristas, entre los que destacan los miembros del gubernamental Consejo Asesor de la Transición Nacional, vean acertado el aterrizaje en el realismo de Mas. Curiosamente, los mismos que antes propagaban desde sus tribunas mediáticas que el año que viene tenía que preguntarse imperativamente, de una forma u otra, sobre la secesión. Antes celebraban las prisas, la firmeza del presidente autonómico o afirmaban la irreversabilidad del proceso, y aseguraban que había otras legalidades posibles para ejercer el equívoco derecho a decidir en 2014, ahora elogian rastreramente el giro del presidente autonómico y exaltan incluso su osada estrategia de amenazar con unas elecciones plebiscitarias dentro de tres años si España no tolera antes una consulta. Pero no expresan ni una sola duda sobre su coherencia, ni cuestionan la suma de tantos gestos y palabras con los que se ha excitado hasta hoy a los catalanes.

Afortunadamente, Cataluña tiene una economía productiva para hacer frente a una nomina de intelectuales y periodistas subsidiados tan abultada. Es la docilidad de los corderos que solo piensan en el buen pasto.

Y, en tercer lugar, aunque el anuncio de Mas corta en seco la espiral de tensión a la que parecíamos fatalmente condenados, hay muchas incógnitas sobre el sentido exacto de las conversaciones con el Gobierno de Mariano Rajoy, quien, ciertamente, a corto plazo se quita de encima un grave desafío.

Mucho se está especulando desde el jueves sobre la posibilidad de una consulta pactada con diversas preguntas. Algunos oráculos dicen que se trataría primero de rebajar poco a poco el suflé independentista para luego lograr que de la hipotética consulta saliera un mandato para mejorar el autogobierno y la financiación catalana, aunque una de las alternativas podría ser la independencia.

Lo ambiguo de las palabras de unos y el silencio calculado de otros permite todo tipo de lecturas. En cualquier caso, si alguna cosa ha demostrado el mundo nacionalista es su enorme habilidad por extender su relato al resto de la sociedad, incluyendo a sus rivales políticos. En esta tarea cuentan, lo estamos viendo de nuevo, con la docilidad impagable de los corderos.

Susana Díaz y los embustes del siglo XXI
Javier Orrico Periodista Digital 10 Septiembre 2013

Luego me llevó a ver Godspell o Gospel. Enfermera y señora era nueve años mayor que yo, pero recorrimos juntos esa distancia en una sola noche. Ir al teatro y pasear luego por Madrid era sellar la memoria, ligar a su recuerdo aquella desazón que sembraría para siempre en mi vida. Gospel era un musical sobre Jesús, pero mucho más ligero y menos grandilocuente que el Jesucristo Superstar institucionalmente hippie que vino luego. Eran intentos de recuperación del cristianismo para los rockeros ácratas o neomarxistas que éramos entonces, tiempo de curas con guitarra. Siempre me gustó más aquel Gospel que suponía el inicio en España de los montajes musicales al estilo sajón.Y en él había una canción que anunciaba la llegada de la era de Acuario. El siglo nuevo, el XXI. Con él vendrían la armonía universal, la paz y la concreción final de todos los ideales de verdad y decencia de aquella generación de la esperanza.

Al parecer, esta misma semana ha tenido lugar, en el Parlamento andaluz, el primer discurso del siglo XXI. Pero el Mesías no era el Verbo nuevo, sino una ‘aparatchik’ de toda la vida, Susana Díaz, una burócrata del Partido. De cualquier Partido. Y lo que inauguró no fue la Era de Acuario, sino la continuidad de la Era eterna del Cinismo. Su impudicia absoluta para clamar contra la corrupción viniendo de ella, habiendo albergado en el Gobierno del que formaba parte la mayor operación de saqueo de los fondos públicos que se ha conocido en la democracia. No es la única muestra. Está el PP de San Pedro negando a Bárcenas. Y los miembros del COI prometiendo votar a todo el mundo. Y los nacionalistas catalanes hablando de sentimientos para exigir más pasta. O el nuevo entrenador del dream team del cinismo por excelencia, ese Barça que critica el fichaje de Bale cuando ellos llevan haciendo lo mismo desde que tengo uso de razón.El Barça de los valores que nos han estado vendiendo estos años y que echa a la basura a sus mercenarios (Abidal, Pete Mickeal) cuando ya no le sirven. Son gentes de mármol. Cínicos, indecentes, hipócritas “los inmorales nos han igualao”, como dice el tango. El siglo XXI sigue al XX.

Un partido antisistema
Xavier Pericay www.criticaglobal.com 10 Septiembre 2013

Diría que fue en septiembre de 2005. A comienzos de junio habíamos convocado a la prensa en el Taxidermista de la Plaza Real para hacer público el manifiesto del que surgiría Ciudadanos, y días más tarde, en el CCCB, lo habíamos presentado en sociedad, junto a un millar largo de amigos y algún que otro advenedizo. El impacto había sido sensacional, superior incluso a lo esperado. De ahí que, llegado el otoño, y mientras nos disponíamos a llevar la buena nueva a distintos puntos del territorio catalán y, en algún caso, del resto de España, recibiéramos unas cuantas llamadas más o menos confidenciales. Gente que quería hablar con nosotros, saber nuestras intenciones; conocernos, en una palabra. Pero sin que trascendiera.

Entre esas solicitudes estaba la del think tank de un importante grupo de comunicación español. Nos reunimos en un reservado de un restaurante del Ensanche barcelonés que no era La Camarga. Ellos serían unos siete y nosotros -entre los que estaba mi querido y añorado Horacio Vázquez Rial- no quisimos ser menos. La comida fue agradable. Franca y sin silencios. Les interesaba saber qué nos proponíamos y hasta dónde pensábamos llegar. Les repetimos lo que ya decía nuestro manifiesto: con la carrera del Estatuto, la clase política catalana había perdido definitivamente el sentido de la realidad y sólo la creación de un nuevo partido político, basado en los más elementales principios de ciudadanía, podía devolver a los catalanes una opción sensata y plausible en la que confiar y a la que poder votar. Sí, ¿pero y qué más?, objetaban nuestros interlocutores. Ese partido, ¿será de derechas o de izquierdas? Ni lo uno ni lo otro, contestábamos; o ambas cosas a la vez, si se prefiere, en la medida en que tendrá cosas de derechas y cosas de izquierdas. En todo caso, será un partido realista, comprometido con la realidad. Y, como gente experta que eran, nuestros interlocutores llegaron a la conclusión -y así nos lo trasladaron en la sobremesa, muy a su pesar- de que la criatura que pretendíamos alumbrar ni siquiera llegaría a nacer. Y, si no, al tiempo.

Por paradójico que resulte, ser hoy antisistema en Cataluña es situarse en el centro del tablero, aunque sólo sea por el desplazamiento del resto de fuerzas hacia la radicalidad -o su indefinición, ante ese desplazamiento-

El tiempo, sobra añadirlo, ha demostrado cuán equivocados estaban Y, aun así, aquel etiquetado primigenio, tan abierto, tan inclusivo, sigue moviendo a confusión. Este verano, sin ir más lejos, el politólogo de la Universidad de Gerona Lluís Orriols -o sea, otro experto- se preguntaba lo mismo que aquellos con los que compartimos manteles ocho años atrás: Ciudadanos, ¿es de derechas o de izquierdas? El hombre no podía comprender cómo un partido que, a su juicio, nació "para representar a una desatendida izquierda no nacionalista catalana" es votado, según las encuestas más solventes, por una importante porción de ciudadanos que no se consideran de izquierdas. Natural. Dejando a un lado su mala interpretación del texto original -un partido "identificado con la tradición ilustrada, la libertad de los ciudadanos, los valores laicos y los derechos sociales", como sostenía nuestro manifiesto, ¿tiene que ser necesariamente de izquierdas? ¿Una determinada derecha francesa, por ejemplo, no podría asociarse al entrecomillado?–, el imperativo taxonómico de su oficio le confundía y parecía sumirle en la perplejidad. Pero, detrás de su incomprensión, había algo más, privativo ya de su condición de catalán -y hasta diría, si se me permite, de catalán que ejerce en la Universidad de Gerona–. Me refiero al marco de referencia.

Se ha afirmado en más de una ocasión que Ciudadanos es un partido antisistema. Como el término suele asociarse al radicalismo y la violencia, hay quienes, dentro de la formación o en sus aledaños, se ofenden por ello. Se equivocan. No existe seguramente vocablo más justo para definir al partido. Ciudadanos es hoy en día la única fuerza política de Cataluña con representación parlamentaria ajena al sistema de partidos catalán y opuesta a sus principios y mecanismos -lo que queda perfectamente reflejado, por cierto, en su no participación en los actos de la Diada-. O sea, la única que ocupa con pleno derecho el centro político. Y es que, por paradójico que resulte, ser hoy en día antisistema en Cataluña es situarse en el centro del tablero, aunque sólo sea porque el desplazamiento del resto de fuerzas hacia la radicalidad -o su indefinición, cuando no contradicción, ante ese desplazamiento- ha dejado abandonado ese espacio, caracterizado por la defensa de la democracia, la libertad y, en definitiva, el Estado de derecho. Es decir, por el libre juego político dentro de la ley.

No es de extrañar, pues, que en el seno de Ciudadanos convivan tendencias que pueden parecer más progresistas o más conservadoras -o, por contentar a los expertos, más de izquierdas o más de derechas-. Ocurre así en todos los partidos eminentemente liberales. Ese tipo de partidos que -no estará de más recordarlo- tanto escasean en España.

El mito nacionalista del principio de ordinalidad fiscal
Al igual que ocurrió con el supuesto límite del 4% del PIB a la solidaridad entre los länder alemanes, que posteriormente se descubrió que no se ajusta a la realidad, tampoco es cierta la afirmación mantenida por la Generalidad en el sentido de que todos los estados federales cumplen el denominado principio de ordinalidad en las transferencias fiscales interterritoriales. Los estados de EEUU en los que más impuestos federales per cápita se recaudan caen estrepitosamente en la clasificación por ingresos federales per cápita.
Alejandro Tercero www.criticaglobal.com 10 Septiembre 2013

Una de las demandas que en los últimos tiempos los partidos y entidades nacionalistas en Cataluña han reclamado con más insistencia es la aplicación del llamado principio de ordinalidad.

Este supuesto pretende que una Comunidad Autónoma debe mantener el mismo lugar en el ranking por impuestos recaudados per cápita en dicho territorio, que en el ranking por gastos per cápita realizados posteriormente por la Administración General del Estado en esa Comunidad.

Los defensores del cumplimiento de ese principio -que la mayoría de fuerzas políticas catalanas no nacionalistas también han asumido como reivindicación- aseguran que todos los países federales lo cumplen, en aras de la justicia y la equidad fiscal.

¿Se aplica en todos los sistemas federales?
En julio de 2012, la Generalidad lanzó un pasquín publicitario en el que denunciaba que "Cataluña es la tercera Comunidad que más paga" en cuanto a recaudación de impuestos per cápita (con 118,5 puntos sobre una media de 100, en el año 2010) mientras que es la décima Comunidad en el ranking de recursos públicos recibidos per cápita (con 98,9 puntos sobre una media de 100).

Para el Gobierno autonómico, es "incoherente" que haya "CCAA que aporten más que la media y queden por debajo tras ser niveladas", que otras "ni lleguen a la media ni antes ni después de ser niveladas", y que haya otras que "estén muy por debajo de la media y acaben siendo las primeras después". Y, tras poner los ejemplos de Alemania y Canadá, concluía: "Esto no pasa en ningún otro modelo de financiación de todo el mundo".

¿Seguro? Veamos el caso de Estados Unidos, un sistema federal paradigmático del mundo desarrollado. Un ejemplo a seguir por los defensores de los modelos federales de financiación.

El caso de Estados Unidos
Para analizarlo, basta con revisar un detallado informe de la Tax Foundation (una prestigiosa entidad independiente fundada en 1937 que se dedica a analizar la política fiscal estadounidense) que recoge los impuestos federales pagados por los ciudadanos de cada estado entre 1981 y 2005, y los compara con los gastos que el Gobierno federal ha realizado en cada estado durante ese mismo período. Los datos que utiliza provienen de las cifras oficiales publicadas por el Gobierno de los Estados Unidos.

La sorpresa no puede ser mayor al comprobar que en Estados Unidos no se cumple el principio de ordinalidad que las formaciones nacionalistas han sacralizado.

Y no solo no se cumple, sino que, además, el cambio en las posiciones de los estados entre el ranking de recaudación tributaria per cápita y el de gasto federal per cápita es incluso mayor que en el caso de las CCAA españolas.

Nevada pasa del 6º lugar al 50º
Tomando como referencia los datos de 2005 (los últimos recogidos en el informe), se puede comprobar que 21 de los 25 estados que más impuestos federales per cápita pagan, pierden posiciones en el ranking de ingresos federales per cápita, incumpliendo de esta forma el citado supuesto principio de ordinalidad.

Por ejemplo, Connecticut pasa del primer puesto en el ranking de pago de impuestos per cápita, al 13º en el de ingresos federales per cápita; Nueva Jersey pasa de la segunda posición por impuestos pagados per cápita, a la 37ª en ingresos recibidos per cápita; Massachusetts, de la 3ª posición a la 14ª; Nueva York, del 5º lugar al 26º; California, del 9º, al 38º; e Illinois, del 14º, al 35ª.

El que más posiciones pierde es Nevada, pasando del 6º lugar al 50º (el último), lo que supone un descenso de 44 puestos entre las dos clasificacioness.

Nuevo México asciende del puesto 46º al 4º
Por otra parte, 17 de los 25 estados que menos impuestos federales per cápita pagan, ganan posiciones en la clasificación de ingresos federales per cápita, confirmándose que el principio de ordinalidad no es una norma en la fiscalidad estadounidense.

Así, Mississippi pasa del 50º lugar (el último) en el ranking de impuestos federales per cápita pagados, al 10º en el de ingresos federales per cápita; Louisiana pasa del 49º al 12º; Virginia Occidental, del 48º al 11º; Arkansas, del 47º al 30º; y Kentucky, del 45º al 18º.

Nuevo México es el estado que más posiciones gana entre una clasificación y otra, ascendiendo desde la posición 46ª en el ranking de impuestos federales pagados per cápita, al 4º en el de ingresos per cápita recibidos de la Administración federal.

No se corrigen las divergencias de productividad entre estados
Los datos recogidos reflejan situaciones como la de que los habitantes de Nueva Jersey pagaron 9.902 dólares por persona al Gobierno federal en 2005, pero este solo les retornó 6.740 dólares por persona. Mientras que los habitantes de Mississippi aportaron ese mismo año 4.281 dólares per cápita a las arcas federales (un 57% menos que los de Nueva Jersey), y recibieron de estas 9.014 dólares per cápita (un 34% más que los de Nueva Jersey).

Estas divergencias en las posiciones de las dos clasificaciones, no solo no se han corregido, sino que se han mantenido en el tiempo, y en muchos casos incluso se han acentuado.

Durante un pleno parlamentario de julio de 2012, el presidente de la Generalidad, Artur Mas, se lamentaba amargamente de que los déficits fiscales entre CCAA "se cronifican en el tiempo" y de que "este enorme esfuerzo de transferencias de renta no han conseguido que hubiese, en el conjunto del Estado español, un cierto equilibrio desde el punto de vista de las capacidades productivas", ante lo que proponía "hacer una reflexión".

Sin embargo, en Estados Unidos ocurre una situación similar sin que se planteen ninguna reflexión respecto al sistema de redistribución de las rentas. Así, en 1992, la renta per cápita en Nueva Jersey era un 72% mayor que la de Mississippi, mientras que en 2005 esta diferencia no solo no se ha corregido sino que ha aumentado hasta el 76%, a pesar de que se ha mantenido constante la sustancial transferencia de fondos entre ambos estados por vía fiscal.

El agravio de los euros que "no retornan"
Otra fórmula que en los últimos tiempos se ha planteado desde la Generalidad para denunciar que el actual sistema de financiación autonómico es injusto ha sido la de cuantificar qué cantidad de los impuestos recaudados por la Administración General del Estado en Cataluña "no retornan" a esta Comunidad ni en transferencias ni en inversiones.

En mayo de 2012, la Generalidad lanzó una campaña en la que denunciaba que, según las balanzas fiscales calculadas por el método del flujo monetario neutralizado, esto es, el más favorable para los intereses políticos de CiU, "de cada euro recaudado en Cataluña [en 2009], 43 céntimos no retornan", lo que se presentaban como un nuevo agravio realizado por el Gobierno sin parangón en los estados federales.

Sin embargo, esta situación tampoco es tan extraordinaria como quiere hacer creer el Gobierno autonómico. Retomando el ejemplo anterior, durante el año 2005, por cada dólar que el Gobierno de los Estados Unidos recaudó en el estado de Nevada, "no retornaron" 39 centavos. Una cifra que, casualmente, ascendió hasta 43 centavos durante los años 2003 y 2004.

Así las cosas, la afirmación de que el incumplimiento del principio de ordinalidad es algo que "no pasa en ningún otro modelo de financiación de todo el mundo" puede situarse en el ámbito de los mitos, como la supuesta limitación de la solidaridad entre los länder alemanes al 4% del PIB, refutada hace algunos meses y, posteriormente, reconocida como falsa por la propia Generalidad.

Habrá clases en inglés antes que en español
La Generalidad anuncia un plan para que entre el 12% y el 18% de todo el currículo escolar se imparta en inglés en cinco años. La Consejería de Enseñanza mantendrá la exclusión del castellano como lengua vehicular a pesar de que los tribunales ordenan restablecer el bilingüismo en español y catalán.
Redacción www.criticaglobal.com 10 Septiembre 2013

La consejera de Enseñanza de la Generalidad, Irene Rigau (CiU), anunció en julio pasado la puesta en marcha de un plan para extender el uso del inglés como lengua vehicular en las escuelas públicas de Cataluña junto al catalán

El objetivo es conseguir que en 2018 se imparta en inglés un 12% del currículo en Primaria, un 15% en Secundaria y en Formación Profesional, y un 18% en Bachillerato.

De esta forma, en cinco años todos los centros públicos de Cataluña utilizarán el inglés como lengua vehicular, pero seguirán marginando el uso del español para impartir clases, a pesar de que así lo han ordenado múltiples sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

Rigau trató de justificar esta situación paradójica asegurando que en 459 de los 3.525 centros escolares de Cataluña "una parte del currículo, o una parte de una materia, lo imparten en castellano", pero, a diferencia de lo indicado con el inglés, no ha querido valorar qué porcentaje del currículo suponen esos casos:

"Si un niño de Cataluña habla con un niño de otro territorio [del resto de España] y tienen una conversación fluida, y no está todo el rato tensionado buscando la palabra -como haces cuando hablas una lengua que no dominas mucho-, es que tienes el nivel B2 [un nivel medio alto]. Y este nivel se consigue con lo que aprendes en la escuela, con el tiempo que estás expuesto a esta lengua, con tu entorno familiar y con los medios sociales. [...] Si una escuela ve que le conviene hacer una parte de un contenido porque le falta, por ejemplo, lenguaje técnico en castellano, pues muy bien. [...] Nunca la literatura castellana la haremos en inglés, es una materia que va muy bien para hacerla en castellano. Y son de aquellas materias que dan la presencia del castellano en el centro y que, en aquella área, aquella materia es vehicular [en castellano]".

1.247 centros ya tienen una parte del currículo en inglés
El denominado Marco para el plurilingüismo pretende conseguir que en 2018 todos los alumnos terminen la enseñanza obligatoria (ESO) con un nivel A2 de comprensión oral, de lectura, de habla y de escritura de una primera lengua extranjera (preferentemente el inglés), y que el 50% de los alumnos alcancen el B1 (el nivel A corresponde al de un usuario "básico"; el B, "independiente"; y el C, "experimentado"; según la terminología comunitaria). Además, el objetivo también incluye que el 75% de los estudiantes finalice la ESO con conocimientos de una segunda lengua extranjera.

El plan se iniciará el próximo curso en 50 centros pilotos que actualmente no imparten ningún contenido en inglés. Este curso, 1.247 escuelas tienen una parte del currículo en inglés, otras 25 en francés y cinco en alemán.

El principal hándicap con al que se enfrentará esta iniciativa es la falta de profesorado capacitado para impartir clases en inglés, por lo que la consejera no ha descartado echar mano de la bolsa de profesores sustitutos e interinos. El coste económico de los materiales que se están preparando para implementar el plan será asumido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El español, peor tratado que una lengua extranjera
Con la aplicación de la inmersión lingüística obligatoria exclusivamente en catalán por parte de la Generalidad, que se acabó de implantar a principios de los años 90, el español pasó a ser tratado de forma similar a una lengua extranjera en el sistema escolar autonómico. La puesta en marcha del plan anunciado este martes supondrá que incluso las lenguas extranjeras tendrán un mayor reconocimiento que el castellano.

Esta situación ya venía ocurriendo en el caso del francés. Desde hace tres cursos, la Generalidad ofrece a los alumnos de Bachillerato que lo deseen la posibilidad de estudiar en Cataluña, al menos, un 30% de las asignaturas en francés y el resto en catalán, permitiendo obtener a los que se acogen a dicho programa -conocido como Batxibac- la doble titulación de bachillerato español y francés (baccalauréat).

Hasta una quincena de centros de toda la Comunidad ofrecen esta opción. Sin embargo, y al contrario de lo argumentado para rechazar el bilingüismo en catalán y castellano, desde la Generalidad siempre han defendido que este sistema no supone la segregación de los alumnos por razón de lengua y no pone en peligro la cohesión social.

Sociedad / entrevista
Andreas Schleicher, director de PISA: «España tiene más profesores, pero no más calidad»
MANUEL TRILLO La Razón 10 Septiembre 2013

El responsable de las evaluaciones educativas de la OCDE sostiene, en declaraciones a ABC, que en nuestro país hay «muchos» maestros y que debe mejorar los resultados

El director del Programa Internacional para la Valoración del Estudiante (PISA), de la OCDE, irrumpió ayer en el debate en España sobre la cantidad de profesores por clase en España, que los sindicatos están alentando en el arranque del curso. Durante un seminario sobre buenas prácticas educativas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, Andreas Schleicher dijo que hay «muchos» profesores y abogó por no pagar a todos lo mismo, sino «atraer a los mejores». ABC aprovechó para conversar con él.

En la entrevista, advirtió de la falta de eficiencia del sistema educativo español y minimizó la importancia del tamaño de las clases. En su opinión, «importa mucho más» cómo se gasta el dinero que cuánto.

-¿Cuáles son a su juicio los puntos fuertes y débiles del sistema educativo español?
-España ha realizado en las últimas décadas un impresionante avance en equidad para dar acceso a una mejor educación a más estudiantes. La principal debilidad es la falta de excelencia en los resultados escolares y unos niveles de calidad educativa aún modestos. El desafío para España no es sólo mejorar el rendimiento de los niños pobres en barrios pobres, sino el de muchos niños en muchos barrios. En una economía global, la referencia del éxito educativo no es la mejora en términos nacionales, sino el rendimiento a nivel internacional.

-Qué importancia tiene el gasto público en la educación?
-El dinero siempre importa, pero el gasto por estudiante explica menos del 20% de las diferencias de rendimiento entre países de la OCDE. PISA demuestra que dos países con gasto similar producen resultados muy diferentes. Y que la imagen de un mundo dividido entre países ricos y bien formados y otros pobres y mal formados está desfasada. Cómo se gasta el dinero importa mucho más que cuánto. La mayoría de los sistemas con alto rendimiento escolar priorizan la calidad de los profesores sobre el tamaño de las clases.

-¿La cantidad de profesores en España es suficiente?
-España ha hecho mucho por incrementar el número de profesores y pagarles bien. Lo que no ha hecho todavía suficientemente es elevar el estatus profesional de los profesores. La calidad de un sistema escolar depende de la calidad de sus profesores. Los mejores sistemas prestan atención a la selección y formación de su personal, velan por la mejora del rendimiento de los profesores y cómo estructurar su retribución. Proporcionan un entorno en el cual los profesores trabajan juntos para articular buenas prácticas, así como vías inteligentes de promoción en sus carreras.

En los sistemas escolares burocráticos, se deja a los profesores solos en clases con un montón de contenido para enseñar. Aquellos con mejores resultados, fijan objetivos ambiciosos, son claros sobre lo que los estudiantes deben ser capaces de hacer y capacitan a los profesores para valorar lo que necesitan enseñar a sus alumnos.

-En España, se van a poner en marcha evaluaciones para los alumnos en la próxima reforma. ¿Son necesarias?
-Sí, la evaluación del profesor es parte de una fuerte cultura de la evaluación. Se necesita adoptar un enfoque sistemático, empezando por lo que sucede en las aulas, teniendo en cuenta el entorno de aprendizaje y el contexto de centros, extendiendo la perspectiva al sistema en su conjunto. Hoy se requieren profesores capaces de implicar a los estudiantes desde distintos campos y ayudarles a desarrollar formas complejas de pensamiento y trabajo que los ordenadores no pueden imitar. Pero esto no puede suceder si los colegios se organizan como cadenas de montaje donde los profesores trabajan como piezas intercambiables.

-Algunos críticos dicen que las evaluaciones dejarán de lado a los peores alumnos. ¿Qué opina?
-Una buena evaluación no significa una selección de estudiantes, sino una mejora en el rendimiento. Tú no puedes mejorar lo que no puedes ver. Crear transparencia y proporcionar a los profesores instrumentos para identificar las fortalezas relativas y las debilidades de los alumnos es la clave para ayudar a los estudiantes a aprender mejor, a los profesores a enseñar mejor y a los colegios a ser más efectivos.

-¿Augura mejores resultados de España en las próximas pruebas de PISA, en diciembre?
-No hay magia en PISA, los resultados se corresponderán con el éxito con el que los países hayan implementado la reforma educativa y las mejoras.

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En vísperas del ‘flashmob’ de la cadena humana

Editorial www.gaceta.es 10 Septiembre 2013

Mañana, Diada Nacional de Cataluña (ahora todo lo catalán es allí nacional), varios grupos y partidos separatistas tienen prevista la formación de la anunciada “cadena humana”, un gran flashmob que cubrirá una línea que irá desde la frontera española con Francia hasta el límite con la provincia de Castellón de la Plana por carreteras próximas a la costa mediterránea. La iniciativa es copia de algo parecido que hicieron las repúblicas bálticas en 1989 al amparo de la glasnost y la perestroika instauradas por Gorbachov. La idea tiene, desde el punto de vista propagandístico, éxito asegurado, pues se complete o no, las imágenes que aparecerán en los medios no serán de los huecos, sino de los manifestantes.

Hace tiempo que la batalla de la propaganda y la imagen la tienen ganada los independentistas frente al Gobierno y los sectores políticos y sociales, llamémosles “españolistas”, incluso con provocaciones estúpidas y pueriles como la última, del alcalde de Barcelona, que ha sostenido que sólo Barcelona podría competir por unos Juegos Olímpicos con Estambul y Tokio. Por lo que respecta al Gobierno, el estilo político conocido de Mariano Rajoy es de un notable dontancredismo, que se refugia en la quietud del que espera la comisión de actos legal o constitucionalmente censurables antes de prever las consecuencias de un calentamiento sistemático de los ánimos y de una política de descalificación política y social de los que disientan del discurso soberanista. Al parecer, nadie en La Moncloa considera que valga la pena contrarrestar la creación de malestar contra España con una política de signo contrario, incluida, naturalmente, la comunicación.

Se han puesto de relieve en varias ocasiones las vacilaciones y contradicciones del discurso del presidente de la Generalitat, Artur Mas, que un día sostenía que el referéndum soberanista se celebraría “sí o sí”, para al día siguiente manifestar su escepticismo sobre la viabilidad de la consulta y sustituirla en 2016 por unas elecciones autonómicas “plebiscitarias”, y veinticuatro horas más tarde tratar de aplacar el malestar del dirigente de Esquerra Republicana Oriol Junqueras volviendo a la tesis del “sí o sí”. Este es un ejemplo entre tantos, y, ciertamente, lo tornadizo de las palabras de Mas es un hecho. Ahora bien, cabe preguntarse si tenemos toda la información acerca de las razones de los vaivenes de esta yenka verbal. Porque no es menos cierto que Mas y Rajoy han tenido, al menos, un encuentro “discreto” (y presumiblemente varias conversaciones) en el que, obviamente, han tenido que hablar de estos asuntos.

Si la rumoreada hipótesis de un posible acuerdo se confirmase, resultaría que ese principio de acuerdo podría consistir en que la Generalitat celebrase una consulta a los ciudadanos, pero no con formato de referéndum, sino más bien de encuesta o sondeo, con una o varias preguntas susceptibles de una o varias respuestas, aunque para ello se utilizasen urnas como si fuese una especie de votación sin votar; no se trataría de algo ilegal (lo que permitiría a Rajoy decir que se ha respetado la ley, que es a lo que el Gobierno se comprometió), pero la imagen pública permitiría a Mas decir que la consulta, finalmente, se habría celebrado por encima de la oposición de la España que nos roba, etcétera, etc.

Si la realidad confirmase algo parecido a esto, el resultado sería muy parecido a lo que ha ocurrido con la excarcelación del terrorista Bolinaga: no se habría infringido la ley, pero los enemigos de la unidad territorial de España habrían ganado otra batalla.

Mascarell y Trías

Marcello www.republica.com 10 Septiembre 2013

Lo menos que se puede decir de las declaraciones hechas por el consejero de Cultura (sic) de la Generalitat, Ferran Mascarell, y del alcalde de Barcelona, Xavier Trías, es que las dos han sido muy desafortunadas, ajenas a la verdad y marcadas por un claro oportunismo con el que ambos pretenden enmascarar la marcha atrás que Artur Mas anunciada con respecto al referéndum de autodeterminación que pretendían para 2014 y para calentar los ánimos de la Diada del día 11.

Las palabras de Mascarell calificando a España de ‘anomalía histórica’ y de modelo ‘autoritario y jerárquico’ demuestran que este personaje no está cualificado para el cargo que ostenta y aún menos en el departamento de Cultura porque niega la verdad y la Historia de España. Y porque insulta gratuitamente y con gran frivolidad a nuestro país desde un gobierno autonómico y desde un partido donde el respeto a las libertades, Derechos Humanos -lo ha dicho hasta la ONU-, la legalidad y la democracia brillan por su ausencia. Sin perder de vista la corrupción y los abusos de poder -estos sí un mal endémico nacional español- que en dicho territorio catalán suelen ser cuestiones habituales.

Lo del alcalde de Barcelona, Xavier Trías, metiendo el dedo en la herida del fiasco olímpico de Madrid 2020 es el colmo porque él mismo había publicado días atrás un artículo en el diario “El País” llenando de elogios la candidatura madrileña. Y ahora dice que sólo Barcelona podía competir con Tokio, lo que es una falsedad.

Trías se olvida que Barcelona 92 fue posible gracias a España, a las enormes inversiones que el Estado hizo en Cataluña, al apoyo de todos los españoles y además de la especial influencia del que era entonces presidente del COI Juan Antonio Samaranch. Quien, como bien sabrá el señor Mascarell, fue un ‘demócrata’ converso y gran colaborador del régimen franquista autoritario y ajeno a las libertades y autogobierno de las que ahora disfrutan los catalanes.

Si lo que pretenden los dirigentes de CiU, amén de ocultar ante la Diada la marcha atrás de Mas ante el referéndum de 2014, es dar alas al enfrentamiento entre catalanes, y entre catalanes y el resto de España se van a equivocar. Y no porque no logren un ascenso de la tensión social sino porque las consecuencias serán sin duda desastrosas para Cataluña, entre otras cosas porque de ellas se va a desprender no solo una seria fractura social en Cataluña sino y sobre todo una fractura económica, financiera y comercial entre el empresariado catalán y la clientela española y españolista de más de cuarenta millones de habitantes, y para la que no tienen al día de hoy la menor alternativa. La pasada ‘guerra del cava’ ya avisó años atrás de las consecuencias de estos insultos y desafíos más que gratuitos a toda España, preámbulo que fue de la fuga actual de más de mil empresas que tenían sede en Cataluña y que se han trasladado a otras ciudades españolas.

Sobre todo porque el alcalde de Barcelona y la Generalitat saben que las cuentas que ellos hacen sobre su pretendido déficit fiscal catalán son falsas, porque a esa balanza también hay que añadir la comercial, la del turismo, los servicios y los activos del Estado en Cataluña, un balance mucho más completo del que se deduce que Cataluña es la gran beneficiada económica, financiera y social de su relación con Estado español y con el resto de Comunidades de las otras autonomías del país, empezando por el IVA y siguiendo por todo lo demás.

Esta cuenta global catalana debió de haberla hecho el Gobierno de Rajoy para poner punto final a la infamia del discurso de ‘España nos roba’ que adornó la anterior Diada. Paro sabemos que Rajoy es especialista en no hacer nada y menos en público, de ahí que el presidente del Gobierno se muestre incapaz de dar una respuesta firme a estas provocaciones, con el argumento de no calentar los ánimos más de lo que ya lo están. Una posición que para algunos es de elogiable prudencia y para otros de desistimiento de la que debiera ser su autoridad, en defensa de la legalidad y del sentir de los españoles.

Y para empezar respondiendo con claridad a esa última chulería de un portavoz de la Generalitat en la que afirmó que ‘el derecho a decidir no se negocia’. Desde luego que no, pero por parte de España porque es ilegal en Cataluña y porque ese derecho es solo competencia constitucional del conjunto del pueblo español que es donde reside la soberanía nacional.

De manera que cuidado con estos bocazas de Convergencia, ese partido que está al borde de la ruptura con IU, que se hunde en las encuestas en beneficio de ERC y tiene bajo su responsabilidad la grave crisis económica y social de Cataluña que no consigue parar el Gobierno de Artur Mas. Un fracaso que estos nacionalistas tan radicales -no hablaba así Trías cuando era un diputado y portavoz en Madrid- quieren endosar a España para sacudirse su insalvable responsabilidad.

Diada: la farsa dentro de la farsa
Pío Moa www.gaceta.es 10 Septiembre 2013

"Los mitos de la Guerra Civil", nunca rebatido, sigue siendo un texto básico para entender aquella contienda.

Pocas cosas revelan mejor el fraude del separatismo catalán y la inanidad de la respuesta a él, que la Diada en honor de Casanova. La inventaron con su carácter actual, a principios del siglo XX unos personajes algo perturbados por una combinación de manías de grandeza y victimismo enfermizo. Hasta hicieron correr el rumor de que Casanova, separatista héroe de las “libertades catalanas”, había muerto heroicamente en el sitio de Barcelona, luchando por el Archiduque –que para más absurdo, ya había renunciado entonces al trono de España--. Pero Casanova refleja muy bien la realidad de la época. La sociedad catalana estaba dividida entre partidarios del Austria y del Borbón, aunque la especial inquina de los catalanes a Francia hacía que la mayoría prefiriese al primero. Así Casanova, que no murió, sino que escapó disfrazado y tiempo después fue perdonado, vivió y prosperó bajo Felipe V, igual que toda Cataluña. Lo que llaman “libertades catalanas” eran unas leyes oligárquicas extraordinariamente opresivas para el campesinado y el pueblo llano en general, y su fruto habían sido guerras civiles, bandolerismo y el estancamiento de la región. Su abolición, precisamente, permitió a Cataluña rehacerse y prosperar como no lo había hecho desde el siglo XIV, integrada en el mercado hispano y americano. En fin, como acaba de recordar una descendiente de Casanova, este era un patriota español, igual que la inmensa mayoría de los catalanes a lo largo de los siglos. Su elección como héroe y mártir, insisto, no podría condensar mejor toda la falacia del separatismo.

Siendo así, ¿cómo es posible que la farsa haya ido a más desde la transición? La cosa debe inscribirse en la farsa general de la política española desde que se equiparó antifranquismo a democracia. Con lo cual los comunistas o los terroristas separatistas de la ETA serían los modelos democráticos por excelencia, pues otra oposición real no tuvo el franquismo. Dentro de esa bufonada, la victoria es de quien grite más. El fraude de Casanova ha sido denunciado muchas veces, pero esas voces apenas han logrado hacerse oír en medio de la algarabía separatista. Porque, al revés que esta, no han recibido el menor apoyo de unos gobiernos llamados españoles sin serlo más que de nombre.

En fin, Zapatero tuvo la enorme suerte de disfrutar de la “oposición” de Rajoy. Suerte compartida hoy por Mas.

Denuncia de Convivencia Cívica Catalana
La Generalitat sigue burlándose de la Justicia con la imposición lingüística
No cumple ni muestra disposición a cumplir los fallos judiciales de principios de 2013 sobre el bilingüismo en la escuela
 www.lavozlibre.com 10 Septiembre 2013

Barcelona.- Ante el inicio del curso escolar en Cataluña, Convivencia Cívica Catalana (CCC) denuncia que la Generalitat de Cataluña no cumple ni muestra disposición a cumplir los fallos judiciales de principios de este año 2013 sobre el bilingüismo en la escuela.

Transcurridos ya ocho meses desde la decisión de la Justicia, el gobierno catalán ha hecho caso omiso y en ningún momento ha aplicado ni muestra disposición a aplicar en este curso que ahora comienza las medidas cautelares a que está obligado en diez centros escolares de Cataluña donde padres asesorados por Convivencia Cívica Catalana habían solicitado enseñanza bilingüe y así se les había concedido por la Justicia.

La Generalitat no ha realizado ninguna gestión para que la lengua española deje de estar excluida como lengua vehicular de enseñanza en los centros afectados y sigue imponiendo la atención individualizada, que estaba expresamente descartada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en sus fallos.

El departamento de Educación catalán, dirigido por Irene Rigau, se ha enrocado en el incumplimiento de las setencias judiciales y "sigue imponiendo la atención individualizada, que estaba expresamente descartada por el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en sus fallos". Literalmente, los autos han establecido que “la atención individualizada en castellano conduce a una situación de discriminación (...) incurriendo de ese modo la norma en inconstitucional” añadiendo que el derecho del padre "no se satisface con la prestación a sus hijos de una atención personalizada en castellano, sino con la entera transformación del sistema" de modo que todos los alumnos de todo el colegio tengan el castellano como lengua vehicular.

Pero Rigau no ha dado su brazo a torcer y ha comunicado a los padres solicitantes del bilingüismo que sus hijos recibirán "atención individualizada en las actividades de enseñanza-aprendizaje”, además de que todos los centros catalanes, incluidos los afectados por las sentencias, reconocen que “el centro tiene como lengua vehicular la lengua catalana y, por tanto, todas sus labores educativas, actividades administrativas y las comunicaciones con el entorno se hacen en esta lengua”.

Ante esta lamentable actitud de permanente burla a la Justicia y a los ciudadanos afectados por parte del gobierno catalán, los padres instarán al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a la ejecución de las decisiones judiciales, para que sus derechos sean respetados frente al incumplimiento de la administración autonómica.

Convivencia Cívica Catalana recuerda que "la inmersión lingüística es un sistema discriminador, donde la lengua de la mitad de los ciudadanos es excluida, que genera importantes desigualdades educativas entre los alumnos y contrario a la voluntad de la mayoría de ciudadanos catalanes".

PROHIBIDAS CADENAS HUMANAS EN VALENCIA
Los libros de texto catalanes de Historia se apropian del Aragón Oriental
Graciano Palomo El Confidencial 10 Septiembre 2013

Suma y sigue. La agresividad del nacionalismo/secesionismo catalán no se para en límites geográficos, ni en razones históricas, ni en legitimidades constitucionales, ni atiende a sentimientos entre sus comunidades autónomas vecinas.

La tensión institucional que vivió en épocas anteriores con las comunidades de Valencia y Baleares se revive ahora en Aragón. Si el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, se ha convertido en una auténtica 'bestia negra' en la comunidad aragonesa por su negativa a devolver los bienes culturales y artísticos del Monasterio de Sigena (arrebatados durante la Guerra Civil), ahora la ‘Conselleria’ de Educación, cuya titular es Irene Rigau, ha autorizado dos libros de texto (2º y 3º curso de Historia de la ESO), según los cuales los territorios del Aragón Oriental pertenecen a Cataluña.

Naturalmente, las autoridades de Aragón han puesto el grito en el cielo, pero sus colegas catalanes hacen caso omiso de todo requerimiento. No es el único agravio. Según esos mismos libros de texto, los alumnos catalanes creerán, falsamente, que “fueron los reyes catalanes los que conquistaron Sicilia”, cuando en realidad fue la Corona de Aragón, y que Cataluña dominó los territorios aragoneses cuando en 1137 el conde de Barcelona aceptó al rey aragonés Ramiro II como “rey, señor y padre”, es decir, exactamente todo lo contrario de lo que aprenden los niños catalanes en las actuales escuelas.

Estas tergiversaciones históricas, tan burdas y fácilmente desmontables a la luz de la Historia, cuentan con el aval de la Generalitat, que periódicamente manda sus inspectores a revisar los libros de texto y la enseñanza que se imparte en sus colegios. Estos manuales de la ESO están editados por Barcanova, una de las principales editoriales de libros de texto apoyada por el Gobierno autónomo catalán.

Menorca es nuestra
El expansionismo nacionalista catalán no se centra sólo en Aragón. Recientemente un destacado dirigente de ERC, a propósito de la boda de la hija del president Mas en la isla balear de Menorca, dijo que “para nosotros Baleares pertenece a Cataluña, por lo tanto esa boda se celebra en casa…”.
 


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