AGLI Recortes de Prensa   Domingo 29 Septiembre 2013

Reforma constitucional
Pactar o gobernar
Emilio Campmany Libertad Digital  29 Septiembre 2013

Qué soberbia atracción despierta el pacto. Es donde confluyen todas las virtudes políticas. No puede ser bueno el político incapaz de alcanzarlo. Como tampoco puede ambicionarlo quien no sea diestro en el manejo de su herramienta esencial, el diálogo. La Transición se coronó con el halo de la santidad gracias a los pactos, los de La Moncloa y el que parió la Constitución de 1978. Ahora que nos encontramos en una nueva encrucijada, vuelve a verse el pacto como la llave maestra que abrirá todas las puertas. Cataluña encajará finalmente en España gracias al pacto. La Monarquía sobrevivirá por vía de un pacto. La ETA desaparecerá debido al pacto. El sistema político se regenerará por medio de un gran pacto. Todos nuestros problemas se verán resueltos cuando nuestros políticos demuestren ser capaces de alcanzar algún pacto.

La posibilidad de un pacto siempre está presente en nuestra escena política. La oposición se pasa la vida exigiendo un pacto sobre lo que sea para así obligar al Gobierno a cambiar su política, supuestamente basada en el programa con el que ganó las elecciones, y amoldarla a aquél con el que la oposición las perdió. Sin embargo, ocurre hoy que la crisis es tan grave que alguna clase de reforma del sistema se barrunta como imprescindible. Pero si es verdad que un Gobierno salido de las urnas lo que tiene que hacer es gobernar en vez de pactar nada, también lo es que un Gobierno apoyado en una mayoría circunstancial no puede por sí solo cambiar todo el sistema. Por eso el Gobierno no puede reformar en solitario la ley electoral, la Constitución o el régimen autonómico. Y como la reforma se siente cada vez más necesaria y apremiante, también son cada vez más quienes propugnan que PSOE y PP la pacten.

No creo en ese pacto. El PSOE quiere sacar adelante su visión federal con la única idea de dar satisfacción a los independentistas catalanes haciendo oídos sordos a la evidencia de que éstos no quieren que Cataluña sea un estado federado, mucho menos si tiene las mismas competencias que otros. Y ninguno de los dos, ni el PP ni el PSOE, va a impulsar una reforma electoral que les prive del inmenso poder que tienen hoy de imponernos a quiénes hemos que elegir. Pero, sobre todo, no creo en él porque el PP y el PSOE han dejado de representar a la gran mayoría de los españoles. Muchos de quienes les siguen votando lo hacen sin entusiasmo, exclusivamente por consideraciones de utilidad. Pero incluso aceptando que quienes les votan lo hacen de buena gana, la verdad es que han perdido muchísimo respaldo. Ahora mismo, apenas suman, siendo generosos, el sesenta por ciento del electorado. Es demasiado poco para una reestructuración de todo el sistema.

¿Entonces? No sé a medio plazo, pero de momento el Gobierno podría ocuparse de que se cumplan las leyes que tenemos, incluida la Constitución. A lo mejor resulta que debidamente respetadas no son tan malas.

Un error que pagará caro la economía
Carlos Sánchez El Confidencial 29 Septiembre 2013

No es fácil encontrar al responsable de la política económica. ¿Rajoy, Sáenz de Santamaría, De Guindos o Montoro? ¿O tal vez Álvaro Nadal con su flamante Gobierno en la sombra? Pero lo cierto es que falla la estrategia de política económica para salir con fuerza de la crisis, que en última instancia es lo que necesita un país con casi seis millones de parados. En particular, por el error de diseñar una política de rentas que lleva al país al empobrecimiento general y lo pretende devolver a los años 60, cuando España jugaba el papel de mano de obra barata para favorecer la inversión extranjera.

Como en el viejo poema del teólogo alemán Martin Niemöller, primero se recortó la renta disponible del sector privado mediante una subida descabellada de impuestos de carácter procíclica que sólo ha logrado alargar la salida de la crisis; después, se bajó el sueldo de los empleados públicos en lugar de acometer una profunda reforma de la Administración y de sus estructuras territoriales, y, al final, la guadaña ha caído sobre la nómina de los pensionistas, el único colectivo que no puede defenderse buscando otro tipo de rentas, y que hoy son el principal sustento de millones de hogares.

El resultado es que 2014 será otro año perdido desde el punto de vista del empleo. El paro sólo bajará marginalmente por los flujos migratorios y por el ‘efecto desánimo’, pero en ningún caso por la creación neta de empleo en términos de Contabilidad Nacional. Conformarse con un crecimiento inferior al 1% es regodearse en la complacencia.

España ha coqueteado con la deflación en los años de la crisis (el deflactor del PIB se ha situado cada año entre el 0,0% y el 0,1% entre 2009 y 2012), pero, a pesar de eso, las ganancias de competitividad han sido escasas. Sin duda porque una deflación permanente resulta dañina para mejorar la financiación de la economíaLo más dramático, sin embargo, es que tan dura medicina no ha logrado sus resultados. La deuda pública se aproxima al 100% del PIB, el déficit fiscal este año seguirá siendo uno de los más altos de la eurozona (en el mejor de los casos se pasará del 6,5% al 5,8% en un contexto de duras restricciones presupuestarias que afectan a los cimientos del país: educación o sanidad); mientras que el desempleo continuará afectando a la cuarta parte de la población activa.

Voluntarismo político
Como se ve, no hay razones para el optimismo, salvo que se juegue a un infantil voluntarismo político basado en que con el anterior Gobierno hubiera sido peor. Lo cual es totalmente cierto. O que se piense que la calma de los mercados financieros tiene que ver con una mejora sustancial de la economía real más que con la metadona que suministran los bancos centrales.

Como sostiene el economista Pedro Fraile, somos demasiado reacios a recordar el pasado. Y es innegable que el actual Ejecutivo ha estabilizado algunos de los grandes desequilibrios de la economía española, en particular todo lo relacionado con el sector exterior y con las cuentas autonómicas, pero todavía con resultados escasos y con un coste terrible: más paro y destrucción de buena parte del tejido productivo (20.000 empresas industriales menos en apenas cinco años).

Sin duda, por subestimar el papel de la política de rentas en un contexto recesivo. Como han recordado recientemente los profesores David Peón y Fernando Rey, de la Universidad de A Coruña, es completamente iluso poner todos los huevos de la política económica en el cesto de las exportaciones. ¿Por qué? Porque casi el 80% del PIB es consumo interno (59% privado y 20% público), mientras que las exportaciones netas representan apenas el 2,9% del PIB.

Un sencillo ejemplo lo demuestra: si la bajada de salarios y los recortes en el sector público reducen el consumo interno un 1%, eso quiere decir que el PIB se contraerá un 0,8%, por lo que para compensar esa caída las exportaciones netas (diferencia entre lo que se vende y lo que se compra) deberían crecer nada menos que un 27%, y para crear empleo (a partir del 1% de crecimiento del PIB), debería hacerlo a niveles superiores al 70%.

Como se ve un escenario imposible al que se agarra el Gobierno para crecer, lo cual choca con la realidad. Bajar los salarios y las pensiones no sólo se llevará por delante el Estado de bienestar (y la primera víctima de esta estrategia es la Seguridad Social, que ve como las bases de cotización de sus afiliados no dejan de caer), también tiene otro componente fatal aunque útil para las multinacionales que están en España y que necesitan manos de obra barata para exportar, algo que explica mejor que ninguna otra cosa la insistencia de la troika en continuar con esa política de rentas suicida (lo cual no significa que haya que subir las nóminas por decreto ley).

Coquetear con la deflación
El resultado es que España ha coqueteado con la deflación en los años de la crisis (el deflactor del PIB se ha situado cada año entre el 0,0% y el 0,1% entre 2009 y 2012), pero, a pesar de eso, las ganancias de competitividad han sido escasas. Sin duda porque una deflación permanente resulta dañina para mejorar la financiación de la economía. La deflación hace crecer los tipos de interés reales cuando los tipos nominales (los que fija el BCE) no pueden descender más por razones obvias -están en el 0,5%-.

Hay una idea equivocada de que las ganancias de competitividad se derivan casi exclusivamente de los costes salariales. Cuando tienen mucho más que ver con la productividad. Y las exportaciones que se fundamentan en salarios bajos o una moneda barata -en lugar del capital humano o físico- nunca podrán sustentar un nivel de vida atractivoQuiere decir esto que el descenso en el nivel de precios hacer crecer la carga de deuda de los agentes económicos. Familias y empresas están soportando ahora tipos de interés reales muy elevados que anulan el esfuerzo derivado de la consolidación fiscal y de la contención salarial.

En definitiva, se está registrando lo que los economistas llaman la ‘trampa de liquidez’, que se produce cuando la política monetaria no sirve para empujar el crecimiento económico. Lo ocurrido en Japón -con un endeudamiento público que se aproxima al 300% del PIB- es el ejemplo más palpable.

El profesor Vicente Esteve, de la Universidad de Valencia, ha recordado que un trabajo reciente del servicio de estudios de la Reserva Federal de New York concluía que una política de ajuste fiscal puede aumentar el déficit público en ciertos casos si los tipos de interés nominales a corto plazo están cercanos a cero -la economía se encuentra en una trampa de la liquidez- y bajo el supuesto de que la tasa de inflación en el largo plazo sea cero o próxima a él.

Estos resultados, asegura Esteve, son válidos tanto en el caso de que el déficit público se intente reducir vía el recorte del gasto público o vía el aumento de los impuestos.

¿Qué quiere decir esto? Pues ni más ni menos que, paradójicamente, una política de consolidación fiscal podría ser “contractiva” y provocar un aumento del déficit público en el largo plazo. Un reciente informe del Instituto de Estudios Económicos lo pone negro sobre blanco. Entre 2007 y 2012, España ha sido el país de la UE en el que más ha crecido el gasto público en relación al PIB: 8,8 puntos. Sólo por detrás de Finlandia, lo que quiere decir que pese a los durísimos ajustes, las cuentas públicas no se recuperan. El propio De Guindos lo dijo este viernes tras el Consejo de Ministros. En contra de lo que sugerían los célebres ‘brotes verdes’ de Elena Salgado, ni siquiera en 2011, cuando la economía europea crecía con cierta velocidad, el PIB de España pudo crecer (apenas un 0,1% tras la última revisión del INE).

Otro dato refleja esta percepción. España no ha sido capaz de recuperar todavía los niveles de PIB del año 2007 (1,029 billones de euros en 2012 frente a 1,053 billones al comienzo de la crisis). Y si la comparación se hace en términos reales y no a precios de mercado, el resultado sería todavía más adverso. Habría que volver a 2005 para encontrar un nivel de actividad económica similar pese al aceite de ricino que se han visto obligados a tragar familias y empresas.

La causa de este error probablemente tenga que ver con la idea equivocada de que las ganancias de competitividad se derivan casi exclusivamente de los costes salariales. Cuando tienen mucho más que ver con la productividad. Y las exportaciones que se fundamentan en salarios bajos o una moneda barata -en lugar del capital humano o físico- nunca podrán sustentar un nivel de vida atractivo. Ninguno de los países emergentes con los que se quiere competir está obligado a financiar un sólido Estado de bienestar, que en última instancia es la seña de identidad de Europa. A no ser que se pretenda renunciar a ello.

¿A quién quiere engañar señor Rajoy?
Juan Laborda www.vozpopuli.com 29 Septiembre 2013

La complejidad de las sociedades modernas implica que el único medio de resolver un problema es impedir que ocurra. Por eso es necesario anticipar el futuro para poder orientarlo. Sin embargo, en líneas generales, los actuales dirigentes políticos globales no están capacitados para esta nueva forma de pensar, no anticipan para gobernar.

En nuestro querido país la situación se complica todavía más. Nuestros dirigentes ocultan la realidad y acaban creyendo sus mentiras. Como para pedirles un análisis de riesgos medianamente razonable que les permita hoy tomar las decisiones necesarias para evitar las consecuencias negativas que se derivarían de su materialización.

Pongamos un ejemplo. La banca española, contaminada en su totalidad, necesita mucho más capital, según mis estimaciones alrededor de 300.000 millones de euros, según otros entre 150.000 y 350.000. En vez de tomar las acciones necesarias para corregir esta insolvencia, interviniendo el sistema en su totalidad, y exigiendo que gerencia y acreedores paguen los platos rotos, se auto-engañan con stress test manipulados. Tratan de ocultar los activos en balance, especialmente los créditos a pequeñas y medianas empresas o a participadas; o no los ponderan por su riesgo real, véase la deuda soberana. Lo que es peor, en última distancia actúan en defensa de los intereses personales de las élites bancarias, castigando a la ciudadanía.

Los mercados han dado una tregua al gobierno, pero no por sus políticas económicas. Ha habido un aumento de la propensión al riesgo, provocada por los Bancos Centrales, que ha provocado la actual burbuja o inflación de activos. Sin embargo la actual sobrevaloración de los mismos, especialmente de la bolsa estadounidense y de la deuda soberana occidental, pero también las materias primas, implica que el riesgo del pinchazo de todas estas burbujas sí que se materializará. Otra cosa es cuándo, por qué, y cómo, pero ocurrirá. Cuando eso suceda nuestra economía colapsará porque la realidad ocultada en los cajones saldrá a la luz, y los responsables últimos serán aquellos políticos cortoplacistas que no fueron mínimamente capaces de anticipara para gobernar.

La realidad de España
Como ya hemos señalado desde estas líneas, la dinámica en la que está envuelta la economía española no permite ver la luz al final del túnel. Muy al contrario, si no se hace nada para cambiarla en los siguientes trimestres, se producirá un colapso a nivel económico, financiero y social. Pero veamos cual es esa realidad oculta en los cajones.

1.- Insostenibilidad de la deuda total, privada más pública.
Desde 2010 hay un proceso de reducción de la deuda privada concentrado exclusivamente en familias y empresas no financieras. Como consecuencia de ello estamos en una recesión de balances privados: el consumo y la inversión, y por lo tanto la demanda interna, se han hundido, todo se destina a reducir esa deuda, especialmente complicado en un contexto de bajadas de rentas salariales.

Mientras, el sector financiero, insolvente, que fue quien concedió esa deuda, continuó incrementando la suya en plena crisis. Son los contribuyentes -vía FROB, SAREB y avales a esa deuda bancaria- quienes están sufragando sus multimillonarias pérdidas. Como consecuencia se produce una explosión del volumen de deuda pública.

Derivado de estas dinámicas contrapuestas, la deuda total de la economía española no para de crecer y se aproxima inexorablemente a los 4,5 billones de euros, impagable.

2.- Crisis bancaria y retroalimentación insolvencia bancaria-deuda soberana.
Las entidades bancarias no nos han contado aún qué activos tienen en balance. Lo que está claro es que los activos tóxicos van más allá de los incluidos en el Sareb, se extienden a préstamos y créditos a Pymes, a empresas participadas, a créditos hipotecarios sometidos a constantes refinanciaciones, y un largo etcétera.

La mora bancaria se encuentra en máximos históricos, 12%, frente a niveles del 2% antes de la crisis. Sin embargo si añadimos el importe de la Sareb, y todos los activos contaminados que hemos comentado, la mora real supera el 20. En este contexto el crédito a empresas y familias ni está ni se le espera.

El problema es que hasta ahora la recapitalización de la banca se ha hecho a costa de los contribuyentes, incrementando la deuda pública. Según mis cálculos son necesarias nuevas recapitalizaciones, pero si el procedimiento utilizado es el mismo que hasta ahora supondrá un fuerte incremento adicional de la deuda pública. Su senda será completamente insostenible. Cuando los mercados aumenten la aversión al riesgo, nos llevarán a una quiebra soberana.

3.- Mercado Laboral destrozado: caída de la población activa
Desde finales de 2011, la población activa no ha hecho otra cosa que caer. En el último dato disponible la variación interanual de la población activa supone un descenso próximo a las 350.000 personas, de los cuales 143.000 se debe a descenso poblacional, y el resto, 206.000 a la falta de expectativas.

En el apartado de la actividad los datos dibujan un país con un gran problema de crecimiento potencial. Alcanzamos los 15.465.000 de personas inactivas, lo que sumado a los 5,976 millones de parados de la EPA y los 8 millones de jubilados, resulta que más de 28 millones de personas están fuera de la actividad, algo incompatible con alcanzar una economía de pleno empleo y con un crecimiento potencial cercano a la media de la UE.

4.- Hundimiento rentas de las familias y deflación por deuda.
Las bajadas de salarios, los aumentos de impuestos, el pensionazo, los copagos, y las subidas de los precios de los servicios públicos han acabado hundiendo hasta niveles alarmantes las rentas de las familias. Como consecuencia, España ya está en delación por deuda.

5.- Las mentiras del sector exterior
Desde finales de 2011 los indicadores de competitividad publicados por Banco de España–con precios industriales, precios de consumo, o valores unitarios de la exportación- han empeorado. La razón real del incremento de las exportaciones es el hundimiento brutal de la demanda interna y la necesidad de nuestras empresas, haciendo de ésta virtud, de buscarse la vida allende nuestras fronteras. Pero sus ventas totales no paran de caer.

Esta es la realidad ocultada por Rajoy y compañía (elites bancarias incluidas) en los cajones de los distintos despachos, y que los mercados financieros sacarán a la luz cuando aumente la aversión al riesgo. Entonces, como siempre, será tarde.

España a ‘cero grados, ni frío ni calor’
Pablo Sebastián www.republica.com 29 Septiembre 2013

Rajoy se vuelve a marchar de viaje, hacia Kazajistán y Japón, con el deseo de huir del acoso parlamentario de la Oposición sobre el caso Bárcenas y de olvidarse de los disparates secesionistas de Artur Mas, quien ha perdido la cabeza y que cada día que pasa se embarca en una propuesta distinta y pareciéndose cada vez más a Juan José Ibarretxe -del que nunca mas se supo- y a su fallido plan soberanista que se estrelló en las Cortes Españolas. A la vez Rajoy considera que la salud del Rey está en vías de mejora y que el ruido de la abdicación o la regencia y de iniciativas para darle al Príncipe de Asturias un estatus está fuera de lugar. Como cree que no ha llegado el momento de hacer una reforma electoral o de tocar la Constitución hacia formulas federales que pide el PSOE (para arreglar su problema con el PSC).

Pero sobre todo Rajoy se va de viaje, dejándonos tras de sí unos Presupuestos de mas ajuste continuo, y sin medidas o incentivos para el relanzamiento de la economía, porque el Presidente se conforma con cumplir con las exigencias de la UE, exhibiendo su pretendido vuelco hacia el crecimiento a paso de tortuga y aunque solo sea centesimal para 2014.

Cree el presidente que España ya está en el buen camino de la recuperación económica gracias a dos centésimas del PIB que es la mejora que Rajoy ha presentado en la ONU y Nueva York, anunciando que España crecerá en 2014 un 0,7 % del PIB, dos centésimas más del 0,5 % pronosticado. A lo que ha añadido un leve mejora de las cotas del paro (-0,5%), la bajada de la prima de riesgo, la mejora de la balanza comercial y de los intereses de la deuda y que todo ello le permitirá cumplir el objetivo del déficit pactado con la UE para esa fecha de finales de 2014, del 5,8 %.

Eso sí la deuda del Estado estará por encima del 92 %, la tasa del paro en el 25,9 %, los impuestos seguirán por las nubes, seguirá bloqueado el sueldo de los funcionarios y se rebaja a fondo la actualización de las pensiones, mientras el crédito no aparece y la banca anuncia que necesitara una financiación añadida porque la morosidad crece y la refinanciación de créditos con problemas ya sobrepasan los 230.000 millones de euros.

El enfermo, es decir España, no empeora pero tampoco mejora. Está más o menos como el Rey, pendiente de su lucha particular contra la infección y de una segunda intervención quirúrgica. Sin embargo el que camina hacia atrás y rumbo al precipicio es Artur Mas y su galimatías secesionista del derecho a decidir, consulta, referéndum, elecciones plebiscitarias y toda clase de ocurrencias como la de salir de la UE y quedarse en el euro, o la no menos pintoresca de la ‘doble nacionalidad’ de su socios Junqueras. Lo que hace que Mas se acerque cada vez más al final del callejón sin salida en el que se ha metido él solito en compañía de ERC. Ahora va a Bruselas donde nadie lo va a recibir, mientras que en Cataluña el Fomento empresarial le dijo sí a su documento del ‘derecho a decidir’, pero le ha anunciado que no se sumará a ese festejo. Que es lo mismo que le dicen desde el PSC (otros que también viven en la confusión), mientras Unió se queda a solas con su ‘tercera vía’ de corte confederal que no interesa ni a los independentistas ni a los españolistas, como a ninguno de esos dos polos les interesa el discurso federal del PSOE.

El inmovilismo de Rajoy se está convirtiendo, pues, en estrategia política para el secesionismo catalán como para la corrupción y la crisis institucional y alcanza también a la economía, lugar donde las únicas iniciativas novedosas son la locura de los casinos que, con permiso para fumar, se quieren abrir en Madrid y Barcelona. Mientras, el impulso económico y financiero del país se queda al albur de lo que hagan Merkel en Alemania y Draghi en el BCE, y a la lectura que hagan los mercados del mensaje oficial español de que nuestro país está ‘fuera de peligro’ y que por ello ya se puede invertir en él.

El ‘milagro de Rajoy’ consiste en no hacer nada y su quietud le está llevando a Mas a la locura, agotando el discurso de Bárcenas y bloqueando el debate de la abdicación del Rey o de la regencia del Príncipe, lo que le encanta al monarca. De esta manera se puede que la temperatura ambiente de la economía y la política española es -como se decía en un chiste que hace años se adjudicó a Fernando Morán- de: ‘cero grado, ni frío, ni calor’.
www.pablosebastian.com

El unionismo no tiene quien le escriba
J. M. RUIZ SOROA, EL CORREO  29 Septiembre 2013

· La unión no tiene su novela porque siempre, ¡pero siempre!, es la culpable de los males del conjunto.

Se asombran diversos intelectuales y comunicadores españoles de que en el espacio público sólo se escuchen los argumentos de quienes propugnan la secesión de Cataluña. ¿Por qué no se oyen los argumentos a favor de la unión?, dicen. ¿Por qué no hay un discurso sobre la bondad de permanecer en España? Llama la atención la atonía del pensamiento español ante el debate independentista, en llamativo contraste con los casos de Quebec o Escocia: ¿no tiene este pensamiento nada mejor y más ilusionante que la seca legalidad para convencer a los catalanes, se preguntaba recientemente López Basaguren? ¿O mencionarles la moneda y los aranceles?

Es curiosa esta pregunta, porque el hecho mismo de formularla le da la respuesta: si usted pide a los demás razones para la unión es porque usted no las tiene por sí mismo, de lo que se deduce que España es una noción escasamente plausible para un intelectual español de tipo medio. Y, además, esa carencia de plausibilidad es probablemente la que explica el trance por el que pasa. Porque lo que sucede hoy no es que falten razones unionistas ante una crisis secesionista, sino más bien que hay una crisis secesionista porque no ha habido razones unionistas.

España no tiene relato, en primer lugar, porque España como idea avergüenza a sus ciudadanos cultos. O por lo menos les incomoda. Como diría Ganivet, es una ‘idea picuda’. Basta observar las enormes dificultades que experimentan quienes prefieren mantener la unidad nacional para definirse a sí mismos. En efecto, si el calificativo para quienes desean separarse es el de independentistas o secesionistas, el correlativo para quienes prefieren la unión sería el de ‘unionistas’ (como con toda lógica solía decir Batasuna). Y, sin embargo, ¡vade retro!, antes morir que aceptar ese nombre. Nosotros somos ‘federalistas’, ‘autonomistas’, ‘vasquistas’, ‘constitucionalistas’, lo que sea, pero ‘unionistas’ no. Suena a fascista, o a protestante irlandés. Y, sin embargo es un hecho, no un valor: si usted defiende la unidad de España como proyecto político, es usted unionista, igual que los otros son secesionistas. Lincoln, y con él millones, eran unionistas en contra de la secesión de la Confederación. Orgullosamente. Además de unionistas eran también autonomistas o federalistas, quizás, pero estos son términos secundarios. Lo contrario de la secesión es la unión, así de sencillo. Y quienes no aceptan siquiera llamarse así, ¿podrían acaso pergeñar un discurso de la unión? ¿De dónde sacarán la autoridad moral para predicarlo?

España no tiene hoy relato porque durante cuarenta años sólo se ha querido escuchar el relato de las nacionalidades y regiones, el de las identidades bonitas escritas en verso. Les recomiendo un útil ejercicio intelectual: léanse los preámbulos de los Estatutos de Autonomía de la última década. Se asombrarán de cómo se ven de progresistas, multiculturales, demócratas y perfectos, desde siempre, los ciudadanos de Andalucía, Cataluña, Valencia o Castilla y León: todos tienen una historia tan bella y tan políticamente correcta que dan ganas de llorar emocionado al leerla. Pero después de ese lloro, piensen, ¿qué sitio le queda a España en esos preciosos relatos? Pues sólo uno: el de quien estropeó la fiesta. A la unión sólo le queda el papel de la prosa, que es el prosaico.

La unión no tiene su novela porque siempre, ¡pero siempre!, es la unión la culpable de los males del conjunto. Y si no, escuchen un poco a nuestros intelectuales: España es la que crea a los ‘separadores’ con su centralismo y tiranía, España es la que no ha conseguido ‘encajar’ a Cataluña, España es la que tiene que cambiar para que sus componentes estén cómodos. La riqueza del país es tener muchos idiomas, no tener uno común a todos. Y así siempre. Decenios de nacionalismos periféricos insaciables no han movido un ápice a los creadores de opinión: la culpa es nuestra, nunca de sus miembros. Habituados como están a este sempiterno discurso de autoculpabilización denigratoria, ¿cómo se quiere ahora encontrar algo positivo en esa unión?

La unión no tiene quien le escriba poesía. A lo máximo que llegan los unionistas es a farfullar un discurso economicista sobre lo malo que sería para las regiones separarse desde el punto de vista comercial y financiero. Pero como ellos mismos se han hartado de recordarnos en esta época de crisis, es la política y no la economía la que debe dirigir la esfera pública. Es la política la que mueve el sentimiento, la que ilusiona, la que supera dificultades. Augurarles a los catalanes males económicos sin cuento si se separan de España es un mal discurso (aunque sea verdad). La ilusión sólo se contrarresta con otra ilusión, no con jeremiadas. Con éstas, todo lo más, se cierra en falso la herida.

España carece hoy de poema porque durante treinta años ha estado proscrito recitar canciones de gesta españolas en la escuela. Eso era ‘españolizar’ (vulgo, ‘adoctrinar’), mientras lo que tocaba a los gobiernos era ‘implantar la conciencia de la identidad … 1ª a 17ª’ (vulgo, ‘liberar’). Y lo hemos conseguido, a pesar de que nuestra escuela no era gran cosa en su capacidad educativa. ¿A qué viene ahora asombrarse por la ausencia de algo que se expulsó metódicamente del léxico público?

La unión es muda porque durante los últimos treinta años sólo ha servido como excusa para que los partidos nacionales (?) se peleasen entre sí ariscamente. Unos decían que los otros eran opresores por nacionalcatólicos, los otros les respondían que eran rompedores de la unidad por progresistas. Pero nunca les quedó tiempo, ni interés, para cuidar de lo suprapartidario, de lo común. España era el botín a repartir. Y así, el interés de las élites políticas y culturales locales por fomentar la identidad española ha estado en relación directa con el poder real que el Estado conservaba en las comunidades autónomas, con una marcada tendencia a la pérdida de todo incentivo al ser residual ese poder. Todos comen de algún sitio, hasta los poetas.

La unión carece de discurso porque las instituciones, y el Estado español es una institución al fin, no se sostienen ellas solas. Hay que cuidarlas un poco, hay que mirarlas con deferencia y reverencia, hay que cultivarlas en los procesos de socialización. Si no, se agostan y mueren, como parece que le está pasando ya a nuestra institución nacional común. Nada de que asombrarse, por otra parte: las naciones son creaciones humanas y artificiales, con fecha de origen y de caducidad. Probablemente, a la nuestra le ha llegado el otoño antes que a otras porque nadie ha sabido cantarla (salvo los ridículos). Y porque la hemos dilapidado en fiestas de exaltación regional. ¡Era tan gratificante el juego de liberar identidades subyugadas!

A la unión la sostienen todavía la fuerza de la inercia histórica y un cierto sentido mudo del público más simple. Que no es poco. Pero, por favor, no se les ocurra ahora a nuestros próceres, en esta hora undécima, crear un discurso de la unidad como quien encarga un eslogan a una agencia de comunicación. Seguro que saldría un adefesio. En estos trances, lo recomendable es, por lo menos, mantener la dignidad.

Historia de dos ciudades
Conforme avanza el siglo XIX, las élites barcelonesas van considerándose más ricas, cultas y europeas que las madrileñas, de las que dependían políticamente. Ahora lo que quieren es dejar de pertenecer a España
José Álvarez Junco El Pais  29 Septiembre 2013

Si hay una conclusión dominante que puede extraerse de los miles de libros y artículos dedicados a los nacionalismos, sería que los factores que explican su existencia no son las razas, la religión o la historia. Tampoco los intereses económicos, como quiso el marxismo. Más que burguesía, lo que encontramos tras estos procesos son élites político-intelectuales. No intelectuales en el sentido de grandes creadores de arte o pensamiento sino de personas que manejan y difunden productos culturales y que con ello se ganan la vida o son, o aspiran a ser, funcionarios. Pero sobre lo que quisiera reflexionar aquí hoy es sobre el hecho de que estas élites actúan necesariamente desde centros urbanos, porque es allí donde se crea y difunde la cultura. Allí se reúnen, intercambian ideas, conciben y lanzan su proyecto. La disputa se libra entre ciudades; más precisamente, entre élites urbanas.

Durante milenios, la humanidad ha vivido organizada en reinos o imperios, formas de dominación política dirigidas desde ciudades. No eran todavía naciones, porque no aspiraban a la homogeneidad cultural ni atribuían el poder soberano al pueblo. Al desaparecer en Europa el imperio romano, pareció que las ciudades iban a verse anegadas por un mundo rural regido por grandes señores dedicados a la guerra. Pero los centros urbanos recuperaron su fuerza y consiguieron crecer y rivalizar con los señores feudales. La superioridad de las ciudades fue su concentración de recursos (económicos y coactivos, como explicó Charles Tilly), frente a la fragmentación del poder del feudalismo. Aunque tampoco fueron las sociedades más urbanizadas donde surgió el Estado moderno. Muchas y muy esplendorosas ciudades había en el norte de Italia o en Flandes y, sin embargo, los grandes Estados europeos nacieron en territorios más amplios, dominados por un solo centro, como París, Londres o Madrid. Algunos de los Estados-nación europeos fueron más tardíos por la rivalidad entre varias ciudades, como Berlín y Viena o Roma, Milán y Turín.

En el caso español, hacia 1500 ninguna ciudad dominaba el conjunto de la Península. La zona más rica y poblada, Castilla la Vieja, se componía de una constelación de ciudades laneras (quizás la tercera europea, tras Italia y Flandes) y en el Mediterráneo había otra serie de poderosos núcleos urbanos marítimos y comerciales, como Valencia y Barcelona. Castilla acabó imponiéndose porque, tras su unión con Aragón y la conquista de Granada y Navarra, los monarcas establecieron allí su sede. Alguna razón tienen quienes hablan del “Estado español”, porque lo primero fue el Estado, en el que comenzaron a desarrollarse unas estructuras organizativas propias de un Estado moderno embrionario (tesorería, burocracia, ejército permanente). El sentimiento de nación llegó más tarde, y no sin dificultades. La capital en la que se acabaron estableciendo, Madrid, no era un gran centro agrícola, comercial, industrial o de comunicaciones. Era solo la corte y estaba situada en medio de un páramo, atractivo para los reyes porque había a su alrededor buenos terrenos de caza. Los monarcas, aliados primero con las ciudades frente a los señores feudales y sometiendo luego a aquellas al aplastar la rebelión comunera, consiguieron monopolizar el poder coactivo. Y, como cualquier monarca de la época, se embarcaron en multitud de empresas militares para ampliar sus dominios. Lo mismo hacían los reyes franceses o ingleses, pero con menor capacidad económica, debido a las remesas que los Habsburgo españoles recibían del continente recién descubierto al otro lado del Atlántico. Gracias a eso, esta monarquía logró imponer su supremacía en Europa durante algo más de un siglo. Pero su dedicación a las actividades militares, descuidando la creación de riqueza, acabó debilitándola, arruinando y despoblando sobre todo a Castilla, la región de más recursos y también la más sometida tras haber maniatado a sus Cortes (de ahí que los restantes reinos se resistieran, con razón, a perder sus inmunidades y privilegios). Su hegemonía europea terminó tras la Paz de Westfalia y sería sucedida por la francesa primero y por la británica después.

La ola romántica produjo una idealización del esplendor medieval catalán y nostalgia por su lengua vernácula

Al llegar la era contemporánea, aquella monarquía que estaba dejando de ser un imperio quiso convertirse en una nación. Pero Madrid seguía siendo sobre todo corte, de la que emanaban órdenes principalmente militares, y apenas había crecido como centro productivo. En cambio, una primera industrialización textil se había producido, ya en el XVIII, en torno a Barcelona, que había sido sede de las instituciones representativas oligárquicas del Principado de Cataluña (Corts, Generalitat), por lo que albergaba una añoranza por su autogobierno perdido en 1714 (que nunca fue independencia en el sentido actual del término, pues dependía de la corona de Aragón). Era lógico que a la larga se desarrollara la rivalidad entre esta ciudad y Madrid.

A medida que avanzó el XIX, las élites barcelonesas se fueron viendo a sí mismas como más ricas, cultas y europeas que las madrileñas, de las que dependían políticamente. El desequilibrio era innegable. La ola romántica prendió, y no por casualidad, en Barcelona y se produjo una Renaixença, una idealización del esplendor medieval catalán y un sentimiento nostálgico por la lengua vernácula que se veía en extinción. Ya en el último cuarto del siglo, el Colegio de Abogados de Barcelona, para enfrentarse a la codificación, que les obligaría a competir en un mercado más amplio y homogéneo, defendió la singularidad del Derecho catalán, elaborando toda una teoría sobre su esencial incompatibilidad con el castellano, a partir de sus distintas raíces doctrinales (v. al respecto el libro de Stephen Jacobson). Luego vino el folklore, la sardana, la barretina, todo expandido por barceloneses en fervorosas excursiones al campo circundante, donde explicaban a los campesinos cuál debía ser, cuál era, en realidad —aunque no lo supieran—, su manera propia de vestir o de bailar. Joan-Lluis Marfany lo describió en un gran libro. Finalmente, aquel movimiento se presentó en política bajo el rótulo de Lliga Regionalista y la respuesta brutal de algunos militares asaltando sus periódicos provocó la Ley de Jurisdicciones y reforzó el estereotipo de que Cataluña encarnaba el civismo europeo frente a la barbarie de los castellanos.

Esas circunstancias, más que una identidad étnica mantenida sin interrupción a lo largo de un milenio, pueden ayudar a comprender el origen del nacionalismo catalán. Algo no muy distinto —aunque con muchas peculiaridades— ocurrió en el otro foco industrial del país, Bilbao (cuidado, no el País Vasco), que, sintiéndose superior por su riqueza y sus lazos con Inglaterra, lanzó también su órdago frente al dominio madrileño. En otros lugares, como Galicia, pese a tener seguramente mayores motivos para plantear una reivindicación nacionalista —dada su mayor homogeneidad lingüística, sus fronteras bien delimitadas y una situación de atraso que podría haber sido atribuida a la explotación “colonial” de Castilla—, el nacionalismo nunca tuvo tanta fuerza, por razones complejas, pero una de ellas seguramente porque no había una ciudad que fuera el centro, la capital natural; los escasos nacionalistas gallegos, al final, lanzaron sus propuestas desde Madrid o desde Buenos Aires.

Se ha querido crear un Estado centralizado sobre el modelo francés, cuando la realidad es muy distinta

Hoy, un siglo y pico después de este proceso, las circunstancias han cambiado mucho. Madrid no es ya el poblacho manchego que fue, sino el centro económico del país. Pero los estereotipos se mantienen vivos, porque el éxito de los nacionalismos lanzados desde Barcelona o Bilbao ha sido indiscutible. Por otro lado, en España se ha querido crear un Estado centralizado sobre el modelo francés, cuando la realidad es muy distinta a la francesa, dominada con claridad por un gran centro urbano con el que ningún otro puede rivalizar. En España hay, al menos, dos ciudades de tamaño y peso económico y cultural perfectamente comparable. Una, Barcelona, es claramente capital española en el mundo de la edición, el deportivo, el turístico. Y sus élites político-culturales, que no pueden soportar más la idea de depender de Madrid, han conseguido convencer a una gran parte de su población de que son diferentes a los españoles y de que lo mejor es, sencillamente, dejar de pertenecer a España.

No pretendo lanzar propuestas para superar la situación actual, sino simplemente introducir un elemento más, la pugna urbana, para ayudar a comprender el problema. Pero la teoría, inevitablemente, insinúa soluciones. Estamos en la era posnacional, en la que el Estado-nación ha dejado de ser soberano en muchos sentidos. No basta con constatar y apoyar ese proceso. También hay que hacer más compleja la organización de lo que queda del Estado. Sería interesante, por ejemplo, plantear una especie de doble capitalidad, o múltiple capitalidad, con instituciones estatales (el Senado, para empezar) situadas en otras ciudades, y con un tratamiento de las lenguas no castellanas como oficiales también del resto de España (en Canadá, Quebec es una minoría, pero el francés es oficial en todo el país).

Aunque me temo que es tarde para todo esto.

José Álvarez Junco es catedrático de Historia en la Universidad Complutense, Madrid. Su último libro es Las historias de España (Pons/Crítica).

El comunicado de la banda terrorista ETA es cínico e inútil
Editorial www.gaceta.es 29 Septiembre 2013

Puede que ETA haya renunciado a la violencia, pero no se ha desprendido del oportunismo, del cinismo y de la banalidad moral que caracterizan sus posiciones en esta etapa de aparente inactividad y cese de los asesinatos y secuestros que le dieron notoriedad y, por lo que se ve, poder. Decir, a estas alturas, que no reniega de su trayectoria es tanto como decir que no sabe por qué ha dejado de matar y reconocer que usa la palabra opresores, para referirse a sus víctimas, a la ley y a la democracia, porque todo cuanto ha defendido y defiende es un puro disparate, una brutalidad sin razón ni corazón, el crimen mismo. Las fuerzas políticas con algún adarme de decencia, y las asociaciones de víctimas, han reaccionado con asco ante este último intento de justificar sus asesinatos como si hubieran sido actos legítimos. Esta manifestación pública de ETA constituye algo más que un desplante cínico, es una nueva amenaza, una manera de advertir que siguen existiendo y que siguen pensando que les asiste alguna razón para hacer lo que hicieron y lo que se les ocurra en el futuro.

ETA reclama para sí una libertad de juicio y una ausencia de cualquier moral, mientras que a los demás nos ha negado y nos niega cualquier derecho a vivir y a opinar porque considera que todo discurso distinto al suyo es un discurso de opresión.

Es evidente que ETA sigue existiendo, que no renuncia ni a sus fines ni a sus métodos, que parece pensar que ya nos ha metido suficiente miedo en el cuerpo como para poder alcanzar lo que pretende sin gastar pólvora nueva, sin mancharse de nuevo con sangre. Pero su imagen estará manchada de sangre inocente hasta que no desaparezca de la faz de la tierra y hasta que el último de sus adeptos reconozca su malicia, su horror. Han sido asesinos y lo continúan siendo en la medida en que pretenden que esos asesinatos siempre fueron otra cosa, una explicación falaz que nunca podrán imponer porque, por fortuna, la memoria de las víctimas y la de todos los que hemos sufrido con ellos no lo permitirá.

Es hora de que la Justicia y el conjunto de las autoridades de la democracia recuperen su determinación de acabar con ETA de una vez por todas y de librarnos de estos comunicados tan insultantes como falsos y amenazadores. Es profundamente lamentable que una decisión cobarde y equivocada de un tribunal sumiso a una política errada permita a los miembros de esta banda mezclarse con las gentes de bien, pero estamos a tiempo de evitar las peores consecuencias de esa decisión pusilánime y poner a ETA en su sitio para que no vuelvan a ponernos jamás en su punto de mira, y dejen también de atosigarnos con comunicados tan insultantes como absurdos.

Campo contrario
Aleix Vidal-Quadras www.gaceta.es 29 Septiembre 2013

Si algo no se puede permitir la autoridad legítima en democracia es plegarse a jugar en campo contrario.

Los separatistas catalanes insisten en su exigencia de una consulta en su comunidad sobre la creación de un nuevo Estado independiente escindido de España que abarcara el territorio de las cuatro provincias que hoy forman Cataluña. Es decir, ellos fijan unilateralmente la pregunta y el ámbito de decisión prescindiendo del resto de los españoles. Esta pretensión, como es sabido, es flagrantemente inconstitucional. Ante tal desafío al ordenamiento vigente, el Gobierno de la Nación ofrece “diálogo sin fecha de caducidad”, elogia el éxito de las mascaradas callejeras organizadas por los nacionalistas y pagadas con dinero público –viene al caso el dicho catalán de “cornut i pagar el beure”– e intenta calmar a la fiera prometiéndole más dinero y más competencias.

Imaginemos por un momento que en el Ejecutivo central se sentasen hombres y mujeres a la altura de su responsabilidad y dotados de la firmeza de carácter necesaria para afrontar este problema. Podrían convocar un referendo constitucional y legal sometiendo al conjunto de la Nación la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo en reformar la Constitución para transformar España en un Estado unitario políticamente centralizado y administrativamente descentralizado?”. La operación tendría toda la lógica porque si los nacionalistas atacan con su demanda de un referendo fuera de la ley para formular la posibilidad de la liquidación de un proyecto colectivo que cuenta con cinco siglos de existencia, se supone que el Gobierno legítimo de España podrá convocar una consulta en orden a pulsar el ánimo de los españoles sobre un sistema, el autonómico, que tan sólo ha operado durante treinta y cinco años y que es disfuncional y ruinoso.

Si algo no se puede permitir la autoridad legítima en una democracia cuando sufre la embestida de un enemigo implacable y que no respeta las reglas, es plegarse a jugar en campo contrario. Rajoy maniobra constantemente dentro del perímetro que le marcan sus adversarios, lo que le pone en desventaja permanente. En vez de incorporar a su discurso la sustancia conceptual de su oponente, debería sentar sus propias premisas y actuar en consonancia con ellas.

Si los separatistas consideran que su fijación ilegal y arbitraria de los términos y la circunscripción electoral de su consulta rupturista debe ser aceptada por los demás afectados fuera de Cataluña, con superior derecho amparado por la legalidad el Gobierno de España está facultado para proceder de manera análoga y elegir por su parte el contexto del debate. En definitiva, tener ideas claras o no tenerlas.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Artur Mas decide disfrazarse de Ibarretxe
José Oneto www.republica.com 29 Septiembre 2013

A pesar de que eso le lleva inevitablemente al fracaso, el presidente de la Generalitat Artur Mas, ha decidido disfrazares de Juan José Ibarretxe, -el lehendakari vasco que quería crear una nueva relación histórica entre Euskadi y España como la relación que existe entre Puerto Rico y Estados Unidos-, y presentar en el Congreso de los Diputados, una iniciativa para que se celebre un referéndum el año que viene en Cataluña que permita a Cataluña independizarse del Estado español, aunque, al contrario que Ibarretxe, no quiere ningún ejemplo similar que le pueda arruinar su proyecto.

Juan José Ibarretxe, después de su fracaso soberanista, ha terminado dando clase en Puerto Rico, a la vez que profundiza en las relaciones del Estado del Caribe con los Estados Unidos de América, y Artur Mas, es posible que ya esté haciendo planes, después de que haya sido desplazado del poder, en los próximos comicios, por el auténtico Presidente de la Generalitat en la sombra, el dirigente de Ezquerra Republica de Catalunya (ERC) Oriol Junquera, para dar clases en alguna Universidad de Escocia o de Canadá, al tiempo que estudia los distintos tipos de referéndums para separarse de esa España que le roba a Cataluña y que no le deja votar su auténtico destino, al margen de la Constitución española.

Entre la posición inicial de que habría Referéndum “Sí o Sí”, quisiese o no quisiese el Gobierno, dijese lo que dijese el Tribunal Constitucional, pasase lo que pasase, y la decisión última de acudir al Parlamento español para pedir una autorización que será rechazada abrumadoramente, igual que fue rechazada la propuesta del lehendakari Ibarretxe, ha llovido mucho y han pasado muchas cosas. Ha pasado que realmente quien ganó las elecciones soberanistas del año pasado fue ERC, y no Convergencia i Unió. Ha pasado que quien manda en el inestable gobierno catalán es Oriol Junquera y no Artur Mas; que Unió está a punto de salir de la coalición con Convergencia ante la actitud de Duran i Lleida, totalmente en contra de que se rompan los vínculos con España ; que toda la construcción retórica del independentismo se ha venido abajo en cuanto Europa ha aclarado que un país escindido de otro, no puede pretender convertirse en miembro de pleno derecho de la Unión, y que lo único que pueden conservar es el euro como moneda. Y ha pasado que el discurso maximalista de Mas se ha ido adaptando a una realidad incuestionable y que es mucho más sensato llegar con el Gobierno a un acuerdo de mínimos que romper la baraja, aunque es posible que Esquerra, la gran triunfadora de toda la operación de Mas, ocupe el Gobierno de la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas y termine rompiendo la baraja definitivamente, mientras el actual Presidente de la Generalitat busca, el refugio en alguna pequeña Universidad británica, para como Ibarretxe, seguir viviendo de sus recuerdos.

Con la decisión de llevar la propuesta soberanista catalana al Parlamento, el conflicto independentista entra en una nueva fase y permite una negociación con el Estado que los propios catalanes han puesto como límite finales de este año y que debería ser tomada con el máximo interés por el Presidente del Gobierno, que debe abandonar esa creencia de que los problemas se van solucionando solos, y que estamos ante un soufflé que tiene que bajar y que lo mejor es meter el problema debajo de la alfombra. Sobre todo, ahora en que su obsesión es cómo convencer a la ciudadanía de que la recuperación está a la vuelta de la esquina, que ya se ve la luz (eso sí, más cara) al final del túnel, y que la creación de empleo será pronto realidad. Que no le hablan de problemas en Cataluña, de mentiras en torno al escándalo Bárcenas, de financiación ilegal del partido, de ineficacia total de la política informativa, del ridículo internacional que supone querer censurar a la prensa extranjera, del intento constante de rehuir a los medios y al Parlamento, para no dar explicaciones… Él, olvidada la prima de riesgo, solo quiere hablar de su libro, y de su tema, que es la recuperación económica.

¿Y si Artur Mas fuera un cuentista?
Roberto L. Blanco Valdés La Voz 29 Septiembre 2013

La teoría más extendida en España sobre el presidente de la Generalitat y su infausto referendo sostiene que Mas es un iluminado que hace prestidigitación con nitroglicerina sin tener en cuenta que del estallido del peligrosísimo envite que se trae entre las manos, jurídicamente ilegal y políticamente desleal, podrían salir destrozados no solo él y su partido, sino, lo que es mucho más importante a todas luces, la convivencia interna en Cataluña y los vínculos seculares entre esa comunidad autónoma y el resto del país.

Tal teoría, que yo mismo he sostenido, es completamente verosímil, pues la recalcitrante insistencia de Mas en convocar una consulta que queda fuera de su ámbito legal de competencias hace pensar que estamos ante un político cegado por un sectarismo mesiánico, que cree que se encamina hacia el supuesto paraíso de una Cataluña independiente cuando lo hace en realidad hacia el abismo de un conflicto institucional que no podrá ganar jamás.

De hecho, es esa certeza -que ni el Gobierno permitirá a Mas convocar su referendo ni lo convocará jamás- la que hace posible formular una teoría alternativa a la de un Mas iluminado: la de un Mas cuentista y pícaro, que en la mejor tradición española de los tramposos, estafadores y jugadores de ventaja, insiste en convocar su consulta no a pesar de que ni el Gobierno del PP ni un futuro Gobierno del PSOE la van a consentir, sino precisamente porque sabe que no la van a consentir.

Según la teoría del Mas cuentista, tanto el presidente de la Generalitat como toda la gente de orden que lo vota están jugando con el ardid de la consulta sabedores de que la consulta no va a tener lugar dado que el Gobierno no puede permitirla, lo que elimina la eventualidad indeseable para ellos de una posible secesión que llevaría a una Cataluña fuera de España, y por tanto del euro y de la UE, a la catástrofe económica.

Eso explicaría que burgueses de alto copete, banqueros de diez cifras y comerciantes y empresarios de todos los tamaños que apoyan a Convergencia sigan jugando, con su apoyo o su silencio, a la carta de una secesión que tienen la certeza de que jamás va a producirse. Y así, mientras Mas gobierna con un aliado (ERC) que nunca lo apoyaría de otro modo, distrae la atención sobre el programa de ajuste más duro de los que se aplican en España y va a favor de la ola de Diadas y cadenas, los burgueses, banqueros, comerciantes y empresarios que lo apoyan están con el poder, confiados en que quien lo ejerce no los llevará al desastre porque hay en España gente sensata que, con su sentido del Estado, impedirá tal desatino.

El resumen es sencillo: o Mas es un iluminado o un farsante, pero, en cualquiera de los dos casos, es, sin duda, el mayor irresponsable del panorama político europeo.

Los indignantes privilegios fiscales de los diputados gallegos
editorial La Opinión 29 Septiembre 2013

La supresión de esta exención tributaria, cuyo mantenimiento resulta indignante para una ciudadanía que está sometida desde hace años a un rosario de sacrificios sin fin con el objetivo de un esfuerzo común para salir de la crisis, había sido anunciada antes del verano. Pero llegados al otoño, la iniciativa se había enfriado hasta el punto de que ya no se hablaba de fecha alguna para poner fin a esta inadmisible falta de compromiso de la clase política gallega con la Hacienda pública.

La OPINIÓN había denunciado ya en los primeros compases de este año este anómalo privilegio fiscal de los diputados gallegos, lo que provocó una inmediata reacción en el Parlamento. El PP, cuya posición es decisoria al respecto por tener mayoría absoluta en la Cámara gallega, anunció en febrero su disposición a revisarlo. Tanto el Bloque como AGE se pronunciaron a favor de que los diputados tributasen por el 100% de su sueldo, aunque solo el BNG presentó formalmente una petición en ese sentido. El PSOE defiende una eliminación parcial de la exención fiscal de los salarios parlamentarios, pero deja en manos del PP la elaboración de una propuesta, por ostentar la mayoría absoluta.

Hacia mayo, el partido mayoritario en el Parlamento gallego sostenía que estaba dispuesto a cambiar el régimen tributario de los diputados gallegos antes del verano, conjuntamente con una rebaja salarial. No aclaraba sin embargo si estaba dispuesto a plantear que los diputados pagasen impuestos por la totalidad de su remuneración como todo el mundo o que se rebajara la parte exenta, como algunos parlamentarios defendían.

Con la reanudación de la Cámara tras el verano, no se registró la menor iniciativa sobre esta reforma anunciada. Al contrario el PP pretendía aparcarla sin fecha. El hecho de que este diario hiciera pública esa intención tuvo el efecto de volver a reactivar de inmediato la cuestión en el Parlamento. El presidente gallego sí puso fecha y sin dilaciones. Ordenó a su partido que acometiera la supresión de estos privilegios en la Mesa del Parlamento, donde tiene mayoría absoluta. Feijóo aprovechó su presencia en un foro económico para asegurar que su compromiso con la revisión tributaria de los diputados se vería plasmado en la Ley de Presupuestos que se presentará en octubre. Horas después matizó que todavía estudiaban si aprobar esta reforma por ley o por un acuerdo de la Mesa del Parlamento.

El toque de atención del presidente a sus diputados, lejos de impulsar definitivamente la cuestión, ha provocado una división en el PP gallego. La propia Xunta reconoce un "choque frontal" con una parte del grupo parlamentario popular, que se opone a la revisión tributaria. El cruce de reproches ha llegado al punto de que desde el Gobierno autonómico se habla del agravio comparativo entre los parlamentarios y los conselleiros, sujetos estos últimos a una fiscalidad normal.

Desde que a principios de año se anunciara la eliminación de estos privilegios fiscales a los diputados, se sigue mareando la perdiz sin que esa medida acabe nunca por ejecutarse. Lo último es un debate bizantino en el Parlamento sobre quién aprobó en su día estos privilegios.

Este parloteo político indigna todavía más a los sufridos contribuyentes, que asisten atónitos a este denigrante espectáculo. En los tiempos de sacrificio que soportan los gallegos, con crecientes copagos, subidas de impuestos, pensiones a la baja, aumentos de las tasas educativas y destrucción de empleo, es inadmisible que aquellos obligados a una mayor ejemplaridad se aferren a unos privilegios injustificables. La defensa de estas prebendas ante unos ciudadanos agobiados por las dificultades económicas y el recorte del estado del bienestar solo consigue aumentar aún más la brecha y el desapego de los gallegos por su clase política.

INVERSIÓN EN SEGURIDAD
1.625 millones en escoltas contra ETA
DAVID S. OLABARRI | BILBAO El Correo 29 Septiembre 2013

El gasto asumido por los gobiernos vasco y central ha permitido proteger a hasta 1.500 amenazados
Con la inversión realizada desde el año 2000 se podrían sufragar 325.000 plazas en la escuela pública y cubrir las ayudas sociales de Euskadi durante tres ejercicios

La protección de las personas amenazadas por ETA en Euskadi ha obligado a las administraciones públicas a desembolsar más de 1.625 millones de euros desde el año 2000. Esta mareante suma de dinero, equivalente a unos 270.000 millones de las antiguas pesetas, se aprecia mejor con ejemplos más pequeños. Con la cantidad de dinero que los gobiernos central y vasco tuvieron que gastar en escoltas privados para velar por la integridad física de las personas señaladas por la banda terrorista se podrían haber financiado, por ejemplo, más de 325.000 plazas en una escuela pública infantil (a unos 5.000 euros cada una); se podrían haber sufragado más de 678.000 partos en Osakidetza (2.394 euros) y se podrían haber solucionado los problemas de cataratas (1.072 euros) de un millón y medio largo de personas. Si se contempla desde una perspectiva mayor, con el coste de la protección privada contra ETA se podrían haber levantado 10 estadios como el flamante nuevo San Mamés (155 millones) o se podrían haber cubierto las ayudas sociales del País Vasco (430 millones) durante tres años y medio.

Es el cálculo económico del coste del terrorismo desde la escala más humana: la que hace referencia a la protección de las personas. Se trata de una suma realizada a partir de los datos contemplados en los presupuestos del Gobierno vasco, que sufragaba este gasto a medias con el Ejecutivo central, y que no contempla otra serie de partidas multimillonarias vinculadas a la lucha contra ETA o a las consecuencias de la violencia. Por ejemplo, no tiene en cuenta el gasto de los escoltas especializados de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las unidades antiterroristas, la protección de las sedes de los partidos políticos o el dinero invertido en coches blindados y en chalecos antibalas.

Los 1.625 millones de euros que encabezan esta información se limitan exclusivamente al dinero invertido en seguridad privada desde el año 2000, cuando las administraciones empezaron a contratar guardaespaldas ante la imposibilidad de hacer frente a las necesidades de protección con sus propios recursos policiales. La contratación de empresas privadas para proteger a cargos públicos fue una respuesta de los gobiernos al salto cualitativo que dio ETA a mediados de los noventa. Tras la caída de su dirección en Bidart en 1992, la banda emprendió una nueva estrategia, que denominó como la «socialización del sufrimiento», consistente en poner en la diana a la práctica totalidad de la sociedad. Políticos, jueces, fiscales, empresarios, policías, periodistas... El mensaje de los atentados era claro: nadie al que ETA considerase un enemigo, que no pensara igual que la banda, podía sentirse totalmente seguro.

En esa nueva espiral de violencia que buscaba la eliminación del adversario político hubo dos fechas que precipitaron los acontecimientos. La primera, el 23 de enero de 1995, con el asesinato del presidente del PP de Gipuzkoa, Gregorio Ordóñez. Ese año, los gobiernos central y vasco suscribieron un acuerdo de «delimitación de servicios», que sustituyó a otro similar de 1989, por el que se repartían la protección de los amenazados. La siguiente fecha clave se sitúa el 13 de julio de 1997, el día en que el concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco, fue asesinado de dos tiros en la cabeza.

Aquellas muertes evidenciaron que la protección pública que se proporcionaba hasta entonces a altos cargos políticos y de la judicatura resultaba insuficiente para hacer frente a la nueva ola de atentados de ETA. La Ertzaintza, de hecho, creó en 1998 la unidad de acompañamientos porque no había suficientes 'berrocis' –escoltas especializados– para amparar a todos los amenazados. Pero tampoco bastó.

El terror de ETA iba por delante de todas las previsiones. En 1999, el Gobierno de José María Aznar realizó un cambio legislativo para posibilitar que los cargos públicos pudiesen ser protegidos por guardaespaldas privados. Según recuerda el presidente de la Asociación Española de Escoltas (ASES), Vicente de la Cruz, los primeros servicios de estas características se organizaron en el Goiherri guipuzcoano. Al principio, se asignaba un escolta por edil. En el año 2000, habría en Euskadi «entre 300 y 400» personas protegidas. «Las cifras variaban mucho porque todos los días era necesario escoltar a alguien más», explica de la Cruz.

Auge en el sector
Fueron momentos de confusión y de necesidades crecientes. El 22 de febrero de 2000, ETA asesinó al socialista Fernando Buesa y a su escolta, el ertzaina Jorge Díez, con un coche bomba. La amenaza etarra convirtió en papel mojado cualquier cálculo presupuestario de las administraciones. En 2001, se decidió duplicar el número de escoltas y se les asignó un coche. El Gobierno vasco presupuestó en ese ejercicio 827.000 euros y acabó gastando 27 millones en seguridad privada. El coste bruto de un servicio de alto nivel podía rondar los 300.000 euros. En este contexto, las partidas económicas de las instituciones se dispararon y comenzaron una escalada vertiginosa que no se detuvo hasta 2010.

Fueron años en los que se vivió un auténtico auge en el sector. Según datos aportados por ASES, en 1999, había 500 escoltas trabajando en Euskadi. En 2003, ya había 1.300 guardaespaldas privados. «Al principio muchos de ellos podían cobrar hasta 6.000 euros al mes», explica De la Cruz. Pero los salarios empezaron a bajar al mismo ritmo que aumentaba el número de dispositivos de seguridad. Entre 2009 y 2010 –ejercicios en los que llegó a haber unas 1.500 personas protegidas–, se contabilizaron en torno a 2.600 escoltas en activo en el País Vasco y otros 1.400 en Navarra. Estos dos últimos años coincidieron también con el mayor gasto presupuestario. El Ejecutivo autonómico desembolsó en esos dos ejercicios 108 y 105 millones de euros, respectivamente. En el caso de Navarra, todos los gastos de protección corren a cargo del Ministerio del Interior. Las administraciones gastaron un auténtico dineral, pero lo cierto es que los dispositivos de protección se revelaron muy eficaces para frenar a ETA y el número de víctimas se redujo de forma drástica.

En 2010 tuvo lugar un punto de inflexión. Acuciada por una profunda debilidad interna, ETA anunció un alto el fuego que, a principios de 2011, convirtió en tregua «permanente, general y verificable». Acelerado también por la profunda crisis económica, los Gobiernos comenzaron entonces un rápido proceso de reducción de escoltas. Empezaron por los antiguos cargos, ya desvinculados de la política, a quienes se seguía prestando la misma protección que cuando estaban en primera línea.

El cese definitivo de ETA, en octubre de 2011, impulsó aún más este plan de reducción. Las críticas por parte de muchos afectados, recelosos porque la banda no termina de disolverse, no han frenado un proceso que este mes ha marcado una nueva fecha simbólica. El Gobierno vasco finiquitó los últimos contratos que le unían con las empresas privadas para amparar a los amenazados. A partir de ahora, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu proporcionará servicios de protección sólo a unos 70 altos cargos y máximos representantes institucionales. La vigilancia privada se reservará para las mujeres maltratadas. El Ejecutivo central, por su parte, financia todavía unos 300 escoltas para casos «muy concretos», según fuentes del Ministerio del Interior, que estiman «en unos 17 millones de euros» el ahorro de este ejercicio respecto a las previsiones iniciales.

¿ Inversión en seguridad ?
Nota del Editor 29 Septiembre 2013

El coste de la seguridad infinita es infinito. ? Pero es un coste o es una inversión ? Si las medidas tienen un coste inicial y su eficacia persiste en el tiempo entonces es una inversión. Si las medidas son eficaces mientras se mantiene el coste, no es una inversión, es un puro gasto.

La seguridad personal es claramente un coste, en caso alguno es una inversión. Si al personal de seguridad se le dota de armas y material para mejorar y aumentar la seguridad, esto es una inversión.

Todo el gasto que los terroristas han causado en caso alguno puede considerarse inversión. Si los gastos hubieran conseguido la eliminación de los terroristas si habría sido una inversión. Moraleja: si quiere invertir en seguridad, dedique su dinero a eliminar a los terroristas.

Nacionalistas Sociedad Anónima
J. GUIL / M. J. CAÑIZARES / barcelona ABC Cataluña 29 Septiembre 2013

Treinta años de nacionalismo han permitido a CiU tejer una red clientelar por fin destapada; el oasis catalán siempre fue un espejismo

«Son muy buenos diseñando tramas financieras. Y por un patriotismo mal entendido, se tapan entre ellos». Así hablaba un miembro de la Fiscalía de Cataluña, la misma que durante 30 años ha visto desfilar a empresarios, políticos y algún que otro juez, sospechosos habituales de un oasis catalán que las últimas investigaciones judiciales han convertido en espejismo.

Que la empresa del cuñado de Artur Mas haya visto incrementada su facturación de forma exponencial en los últimos años demuestra, cuando menos, la red clientelar que CiU ha tejido de forma concienzuda, eliminando los cabos sueltos que podrían tener visos de delito. Quien ha tenido un amigo en el gobierno nacionalista ha tenido un tesoro.

Un amigo o un pariente. Y si no, solo hay que bucear en el sumario del caso de las ITV, donde Oriol Pujol, hijo del expresidente Jordi Pujol, aparece como inculpado por un supuesto trato de favor en la adjudicación de este servicio. Hacerse con la concesión de este servicio supone un trofeo cotizadísimo al que la corte empresarial que en su día tuvo Jordi Pujol allí por los noventa, no era ajena. Hay que remontarse a 1984 para comprobar cómo el entonces consejero de Industria, Vicenç Oller, adjudicaba el negocio de las ITV a la empresa ECA (entonces no se hacía por concurso público), participada por Enrique Marugán, Pedro Olabarría, Eduard Puignou y Lorenzo Rosal.

Puignou es el padre del ahora inculpado Ricard Puignou en el caso de las ITV, donde también está imputado Enrique Marugán. Ambos recibieron el asesoramiento de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ya ha sido suspendido y aguarda juicio. Años después, Marugán sería testigo clave en el procesamiento de otro juez, Lluís Pasqual Estevill, y del abogado Juan Piqué Vidal, quien en su día defendió a Jordi Pujol en el caso Banca Catalana. No eligió bien sus amistades el ex «president», quien avaló al burgués Félix Millet, autor del expolio del Palau de la Música.

Los hijos de Pujol han heredado amigos y problemas. Jordi Pujol Ferrusola, cuyo patrimonio y cuentas en el extranjero es investigado por la Audiencia Nacional, fue asesor del grupo creado por el empresario Carles Sumarroca, cofundador de CDC y directivo de Banca Catalana. Pero hay muchas más conexiones.
Oriol Puyol (diputado de CiU)

El «primo de Zumosol» que quería lucrarse con las estaciones de ITV
El diputado Oriol Pujol, el único hijo de Jordi Pujol que se dedica a la política, ha tenido que renunciar a la Secretaría General del partido y a la presidencia del grupo parlamentario de CiU tras ser imputado por tráfico de influencias por el caso ITV. Entre los imputados están los empresarios Ricard Puignou y Enrique Marugán (Certio ITV). Estos últimos además estaban asesorados por un magistrado del TSJC, Joaquín José Ortiz, para el que el Tribunal Supremo ya ha decretado la apertura de juicio oral. En el caso también ha sido citado como testigo Germá Gordó, secretario del Gobierno en el momento de los hechos y que, tras destaparse el caso, ha visto cómo se convertía, casualmente, en el primer consejero de Justicia de CDC. Porque siempre había sido una cartera de Unió.

Joan Antoni Rakosnik (cuñado de Mas)
El fichaje de un cuñado de Mas, la mejor inversión de Seidor

«No hay nada como la familia», debió pensar Joan Antoni Rakosnik cuando vio que su cuñado, Artur Mas, recuperaba el cetro de la Generalitat. Según denunció ABC, el grupo Seidor, una consultora de servicios informáticos con sede central en Barcelona, ha visto cómo su facturación a la Generalitat se ha multiplicado por 60 desde que fichó como responsable de calidad y jefe de proyectos al hermano de la esposa del «president», Helena Rakosnik. Seidor facturó a la Generalitat, solo o en UTE (Unión Temporal de Empresas) con otras compañías, 5,3 millones de euros entre enero de 2006 y septiembre de 2009, en tiempos del tripartito PSC-ERC-ICV. Un mes después, en octubre, cuando ya se intuía que habría «sorpasso» en la Generalitat y que Montilla cedería el relevo a Artur Mas, como así fue en las elecciones de noviembre de ese año, la compañía fichó al cuñado de Mas. Y la «inversión» cosechó réditos de forma fulgurante. Entre 2011 y 2012, con CiU en el Gobierno, facturó a la Generalitat 322,01 millones de euros. Los contratos de Seidor y otras compañías de servicios informáticos con la Generalitat fueron denunciados por el sindicato CNT-AIT en 2011 ante la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). Su director, el magistrado Daniel de Alfonso, confirmó esta semana que han abierto una investigación. El nombre de Joan Antoni Rakosnik ya saltó a la prensa en 2004, un año después de que el tripartito accediera al Gobierno. El consejero socialista de Agricultura de la Generalitat le despidió de su departamento por estar ocupando un puesto de coordinador informático siendo un trabajador externo, cuando esa plaza ya estaba ocupada por un funcionario.
Jordi Pujol Ferrusola (empresario)

El empresario que amasó una fortuna y que fue «traicionado» por su exnovia
Ha amasado una fortuna en negocios inmobiliarios y ha realizado 118 movimientos bancarios por valor de 32 millones de euros en 13 países, algunos de ellos paraísos fiscales. Las operaciones de Jordi Pujol Jr. son investigadas por la Audiencia Nacional a raíz de la denuncia de su exnovia, María Victoria Álvarez. La misma que fue grabada por Método 3 junto a la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, en el restaurante La Camarga.

Pujol Ferrusola tiene propiedades en Argentina y regenta hoteles de lujo en México. Fue asesor del grupo creado por Carles Sumarroca, (directivo de Banca Catalana) y trabajó en Tipel, compañía del exsecretario de Presidencia, Lluís Prenafeta, implicado después en una trama de corrupción urbanística. En Tipel también comenzó su carrera el actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, cuyo padre fue investigado por evadir fondos a Liechtenstein. Otro hijo de Pujol, Oleguer, se acogió a la amnistía fiscal para saldar sus deudas con el fisco.
Fidel Pallerols (el empresario que financió a UDC)

UDC: tres casos de corrupción y una condena
Unió Democràtica de Catalunya (UDC), el partido que lidera Josep Antoni Duran Lleida, había esquivado las sospechas de financiación irregular en las tramas Turismo y Trebal, pero con la sentencia de conformidad a la que llegó este año con el caso Pallerols, ha asumido, aunque lo niegue continuamente, que se embolsó fondos públicos. En el caso fueron condenados el empresario andorrano Fidel Pallerols y los excargos de UDC Lluís y Vicenç Gavaldá, acusados de desviar al partido fondos de la Unión Europea destinados a la formación de parados. Unió, que estaba en la causa como responsable civil subsidiaria, aceptó devolver de forma solidaria con el resto de condenados los 388.000 euros desviados y asumir las penas de multa.
Jordi Puyol (expresidente catalán)

«Si me atacáis a mí, atacáis a Cataluña»
Durante años funcionó la fórmula «si me atacáis a mí, atacáis a Cataluña» que utilizó el expresidente Jordi Pujol para movilizar a sus acólitos contra su procesamiento por el caso Banca Catalana a principios de los ochenta. Su mano derecha, Lluís Prenafeta -posteriormente encarcelado junto al exconsejero de la Generalitat Macià Alavedra por un delito urbanístico-, organizó esas manifestaciones de apoyo. Investigado por los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, Pujol fue finalmente exculpado por los jueces. Tuvo como abogado a Juan Piqué Vidal, que años más tarde sería acusado de intermediar entre el juez Lluís Pasqual Estevill y empresarios dispuestos a pagar para librarse de la cárcel.
Félix Millet (Palau de la Música)

El Palau no culpa a Convergència
El juez del caso Palau considera probado que CDC se embolsó 5,1 millones de euros en comisiones por obras públicas que Ferrovial le pagó camuflándolas como patrocinios a la entidad musical. Con todo, la principal prueba de cargo contra CDC serían las declaraciones del que fue presidente del Palau, Félix Millet, y de su mano derecha, Jordi Montull. Pero siempre se han negado a declarar sobre sus tratos con los convergentes. Los nuevos responsables del Palau mantienen la connivencia con CDC. o inculpan a Convergència en su escrito de acusación, porque no hay pruebas fehacientes, alegan. El bufete que les representa, tiene como socio a un consejero de Presidencia de Pujol.


Recortes de Prensa   Página Inicial