AGLI Recortes de Prensa   Lunes 30 Septiembre 2013

Los PGE de 2014 o la asunción explícita de una derrota
Según Soraya Sáenz de Santamaría son “los Presupuestos de la recuperación”. Pero en realidad, son las cuentas de un Gobierno que no ha sido capaz de reducir el tamaño del Estado, no ha tenido el valor de acometer la reforma integral de las Administraciones, y que todo lo fía ya a la incipiente recuperación, a la bonanza del ciclo que se adivina en lontananza.
Jesús Cacho www.vozopuli.com 30 Septiembre 2013

Esta vez la vicepresidenta del Gobierno no se empeñó en calificar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014 como “sociales”, de acuerdo con la letanía que con tanto ardor pretendió vender hace justo un año, en la presentación de las cuentas públicas para 2013. Los del año próximo, según la misma Soraya Sáenz de Santamaría, son “los Presupuestos de la recuperación”, y están basados en un equilibrio entre “la consolidación fiscal y las medidas de impulso a la recuperación”. Ni lo uno, ni lo otro. Más bien parecen los Presupuestos de la resignación y el reconocimiento explícito de una derrota: la de un Gobierno que no ha sido capaz de reducir el tamaño del Estado, no ha tenido el valor de acometer la reforma integral de las Administraciones, tarea para la que fue elegido por una amplia mayoría de españoles, y que todo lo fía ya a la incipiente recuperación, a la bonanza del ciclo que se adivina en lontananza. Se acabaron las reformas; adiós al ajuste. España pierde una ocasión de oro para haber modernizado de verdad el aparato del Estado y su economía. Quizá no vuelva a haber otra mejor en mucho tiempo.

"Primero el déficit, segundo el déficit y tercero el déficit". Tan categórica sentencia fue pronunciada el 3 de abril de 2012 por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras la presentación en el Congreso de los PGE para 2012 (el año pasado el Gobierno se vio en la tesitura de elaborar dos), centrados en la prioridad absoluta de reducir el déficit público desde el 8,5% registrado a finales de 2011 (luego la cifra real devino en un escandaloso 9,07%) hasta el 5,3% exigido por Bruselas, esfuerzo que implicaba un ajuste de más de 27.000 millones. El león belga, con todo, resultó menos fiero que el pintado, porque la Comisión alivió la exigencia a España elevando el listón al 6,3%, un punto de propina. Ni eso cumplió el Ejecutivo. En efecto, la cifra final correspondiente a 2012 quedó en el 7% (el ministro la situó el viernes definitivamente en el 6,84%). Bruselas acudió de nuevo en auxilio de España y su Gobierno, fijando el objetivo para 2013 en el 6,5% del PIB. Vozpopuli ha publicado esta semana que el Gobierno se daría con un canto en los dientes si finalmente quedara en el 6,7%, dos decimitas más de lo comprometido, pero gente muy seria opina que la cifra se escapará de nuevo hasta el 7% o muy cerca. ¿Qué quiere ello decir? Que después de quitar pagas extras, congelar sueldos, recortar en Sanidad, despedir a miles de contratados públicos y mil desgracias más, el Estado español sigue gastando 70.000 millones más de los que ingresa, una enormidad que traducida a las antiguas pesetas equivale a algo así como 11,7 billones.

"Primero el déficit, segundo el déficit y tercero el déficit"
Esta es la dimensión del reto español y la medida del fracaso de este Gobierno. El dedo acusador de su congénita cobardía. Y porque seguimos gastando mucho más de lo que ingresamos, la deuda pública, que en 2008 equivalía al 40% del PIB, sigue creciendo imparable, hasta el punto de haberse situado ya en el 92,2% del PIB (942.758 millones), rebasando el objetivo del Gobierno para todo el año (91,4%) y comprometiendo seriamente el futuro de las nuevas generaciones. Carente del coraje cívico necesario, este Gobierno no ha desactivado ninguno de los componentes estructurales del gasto público, lo que en términos políticos equivale a decir que el Gobierno del PP ha tirado por la borda el mandato que el 20 de noviembre de 2011 le otorgó una mayoría de españoles para que reformara en profundidad la estructura y el tamaño del Estado, para hacerlo más ágil, más manejable y menos costoso. Hemos dicho muchas veces aquí que, tras del desastre que, desde todos los puntos de vista, significaron para España las dos legislaturas Zapatero, el nuevo Gobierno estaba obligado, cuchillo en boca, a cortar por lo sano durante los primeros días, porque lo que no hiciera en los seis primeros meses o, como mucho, el primer año, difícilmente iba a poder hacerlo después. Era el momento de los grandes liderazgos. Ello exigía, naturalmente, llegar al poder con el trabajo hecho –los proyectos a punto-, las ideas claras y la voluntad decidida de fajarse con un problema de la magnitud del español.

Todo pendiente del cambio de ciclo
El resultado del fiasco son estos PGE, unas cuentas públicas que navegan entre la resignación y el voluntarismo, porque todo queda al albur del cambio de ciclo, toda la esperanza puesta en una eventual vuelta al crecimiento que permita un aumento de los ingresos fiscales suficiente para tapar agujeros. Se acabó el ajuste. De vez en cuando anuncio de leyes a borbotones, por docenas (Corruptissima re publica, plurimae leges, que dijo el latino), proyectos que luego quedan en el limbo, sin que nadie sepa qué fue de ellos. De lo esencial, la reforma del Estado, poco o nada. Mariano en estado puro: “No habrá nuevas medidas de ajuste”. Él es un conservador de provincias, un honesto registrador que no hará locuras a lo Zapatero, pero tampoco sorprenderá a nadie con un golpe de genio capaz de dejar huella. De modo que abrazados a la idea de una recuperación meramente cíclica, que no estructural, congelando sueldos de funcionarios e inversión pública y apretando el dogal fiscal sobre las grandes empresas, Rajoy y su gente esperan alcanzar el objetivo de déficit (5,8%) para 2014. Hay quien opina que podría salirle la jugada, porque son tales las ansias, tan intensas las ganas que la sociedad española tiene de salir del túnel, que el modesto crecimiento del PIB (0,7%) previsto para el año próximo podría elevarse hasta el 1% o incluso alguna décima más.

Rajoy es un honesto registrador que no hará locuras a lo Zapatero, pero tampoco sorprenderá con un golpe de genio capaz de dejar huella
Algo que se antoja difícil a la luz de los datos disponibles. El propio Montoro reconoció el viernes que los ingresos fiscales se han comportado peor de lo previsto durante la primera mitad del año, al punto de que la recaudación cerrará el ejercicio con 2.340 millones menos de lo previsto, y ello a pesar de las subidas de impuestos -tabaco, bebidas espirituosas, eliminación de deducciones del Impuesto de Sociedades- decretadas el pasado junio. Ocurre que la actividad está tan deprimida que las alzas fiscales solo consiguen hundir más las bases imponibles (caída del 5,5% en el primer semestre), como ayer explicaba aquí Antonio Maqueda, y desplazar actividad hacia la economía sumergida. El corolario triste de la presente historia es que el Gobierno conservador del señor Rajoy, Gobierno carente de beta liberal, Gobierno medroso y cobardón, se acerca al ecuador de la legislatura obligado a reconocer por la vía de los hechos su derrotas a la hora su cumplir con el control del déficit, la estrella polar de su discurso, después de haber traicionado programa e ideología –supuesta al menos- con la brutal subida de impuestos con la que inauguró su mandato.

Reformar las pensiones sin romper huevos
Esa cobardía alcanza extremos que rozan lo pintoresco. Echemos un vistazo a la pregonada reforma de las pensiones. Forzado por un gasto que crece imparable (7.812,6 millones en agosto, un 5% más que en el mismo mes de 2012, según contaba aquí Federico Castaño) y unas perspectivas casi aterradoras (un millón de pensionistas se han incorporado al sistema en los últimos 10 años, a razón de 100.000 por año), el Gobierno –a la fuerza ahorcan- se ha embarcado en una tímida reforma, pese a las protestas de sindicatos y de la izquierda en nómina. Tantas las protestas –nueva huelga general antes de fin de año-, tal el miedo del Ejecutivo, que resulta entre alucinante y grotesco asistir a los esfuerzos de la ministra del ramo, Fátima Báñez, por convencernos a cualquier hora, en cualquier medio, de que los pensionistas van a mantener el nivel de prestaciones actual, no van a perder poder adquisitivo, faltaría más... Y bien, díganos una cosa, señora Báñez, ¿a qué tanto lío, entonces? ¿Para qué nos hemos metido en este charco?

Es una obviedad decir que asegurar el futuro del sistema público de pensiones implica hacerlo financieramente sostenible, lo que, en la actual coyuntura, significa poner coto a ese crecimiento del gasto. Debería ser misión de un Gobierno responsable explicar esta cuestión sin esconderse tras el burladero, así como asegurarse de que el correspondiente sacrificio será equitativamente distribuido. Incluso afirmar que las cosas podrían cambiar un día a mejor si algunos millones de españoles más volvieran a trabajar y cotizar en la Seguridad Social o si, por un golpe de suerte, descubriéramos petróleo en Los Monegros. No lo hace. El señor Rajoy es un especialista en hacer tortilla sin romper huevos. Una cuestión de cobardía. La misma que la de la patronal CEOE, que no ha tenido empacho en alinearse con las centrales sindicales en el Consejo Económico y Social (CES), en contra de la comentada reforma de pensiones que prepara el Ejecutivo. ¿Ha perdido la cabeza la gran patronal? Podría ser. En esta España de pusilánimes, medio país parece haberse vuelto loco. O majadero.

La corrupción de las palabras
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 30 Septiembre 2013

Existen algunas palabras que gozan de tal prestigio y fuerza, están tan interiorizadas en nuestro genoma mental, que su simple pronunciación supone el recubrirse de un manto de prestigio y protección casi inatacable. Paz y libertad son, quizás, los dos enunciados más poderosos y cualquier declamador de la política se tiene muy bien aprendido su impacto.

Paz fue el mantra de Zapatero en aquel “proceso” que desvirtuó la derrota de ETA, cercada por la democracia, hasta trasformarla en un triunfo político de los voceros y acólitos de la banda. Libertad es ahora la palabra talismán a la que un derrapado Artur Mas pretende uncirse para embadurnarse de heroica legitimidad. En ambos casos el concepto y la palabra fueron retorcidos y manipulados hasta los limites más mentirosos e indeseables. Suponen la forma de corrupción más insidiosa y contra la que resulta más difícil combatir, la corrupción de la palabra.

En el caso del separatismo catalán esta va a ser junto con el “derecho a decidir”, que supone en realidad la expropiación del verdadero derecho a decidir de todos y por todos pactado, la piedra filosofal que transforme la mentira mas global, histórica, económica y social, en una verdad cocinada a conveniencia de los secesionistas.

No resiste la reflexión mínima, no soporta la luz de la razón, pero todo lo arrumba su fuerza emocional y el sentimiento que provoca y al que se destina. La democracia y su recipiente, la Constitución, fueron y son precisamente la fuente y los garantes de la libertad y de la Autonomía en la que ha nadado y respirado Cataluña a lo largo de estos últimos 35 años. Nunca ha tenido tal nivel de autogobierno. Gracias a esa Constitución. Nunca tal respeto y difusión de sus señas de identidad como de los que ahora goza. Gracias a esa Constitución. Nunca ha podido sentirse mejor encajada y más libre que ahora. Gracias a esa Constitución. Y es, precisamente ahora, cuando los separatistas se ponen a agitar la bandera y la exigencia de libertad, lo que de inicio presupone dar por hecho y como probada la falsedad más total: la opresión y la imposición. La prisión, vamos.

Afectado el plan separatista de Junqueras-Mas en su línea de flotación por la evidencia de que si Cataluña está en Europa es porque es parte de España y que rota esa condición caería en tinieblas exteriores, se recurre a la invocación del mantra-talismán como último recurso. Eficaz es sin duda, y no hay que engañarse, en el abonado territorio catalán, pero ya lo es menos en el conjunto del soberano pueblo español, que se ganó el serlo no hace tanto, aunque una izquierda confusa y de olvidados principios les de pábulo y coartadas y tampoco parece que por Bruselas, aunque siempre se puede tergiversar algo o a alguien y llevárselo al molino, estén dispuestos a comprar tal mercancía. Aunque lo envuelvan bajo las más intocables de las palabras.

Que pierdan toda esperanza
EDITORIAL Libertad Digital 30 Septiembre 2013

El presidente del Gobierno autonómico catalán, Artur Mas, ha vuelto a fechar en 2014 la ilegal consulta por la secesión del Principado, a incitar a la rebelión contra el orden establecido por nuestro Estado democrático de Derecho y a intoxicar a propósito del encaje en Europa de su Cataluña imaginaria. De nuevo, con un discurso entre patético y delirante y con pujos totalitarios (véase su distinción entre secesionistas que votan por la libertad y el resto, implícitamente rebajados a la condición de siervos o lacayos).

Es incansable el insensato baranda secesionista. Sabe perfectamente que el hastío es un arma formidable, que son legión los que prefieren rendirse a tener que bregar con pesados como él, por muy impresentables que sean sus mantras. Por eso es tan importante no ceder un ápice y ser, por lo menos, igual de insistentes y machacones.

Así pues, ha de decirse una y mil veces que el demencial proyecto separatista de Artur Mas se basa en mil mentiras y manipulaciones del pasado y el presente de Cataluña y de toda España. Que el referido dirigente regional no tiene autoridad ni legitimidad para convocar consulta alguna que quebrante la legalidad vigente. Que la Unión Europea ha dejado meridianamente claro que no hay lugar en su seno para una Cataluña independiente. Y que los peores enemigos de la libertad en el Principado son los nacionalistas, como queda sangrantemente de manifiesto en su incesante persecución del castellano, lengua común de todos los catalanes.

Que pierdan toda esperanza de vencer por aburrimiento. Y que la pierdan también quienes quieran utilizar esa insidiosa constancia como coartada para la capitulación o el entreguismo moderado.

De la propaganda al populismo
Víctor Andrés Maldonado www.cronicaglobal.com 30 Septiembre 2013

A la vista de la efervescencia creada en los últimos días por el éxito organizativo de la cadena humana que cruzó Cataluña de norte a sur (la llamada Via Catalana), creo que convendría hacer una reflexión de cómo hemos llegado a esta situación. Supongo que podríamos estar de acuerdo en que hasta hace un par de años el apoyo a la independencia en Cataluña era claramente minoritario. Sin embargo, todo apunta a que durante los últimos tiempos (yo diría desde el verano de 2012 hasta hoy) ha habido un número creciente de ciudadanos catalanes que se han subido al carro del llamado proceso soberanista.

Si dejamos de lado la cuestión identitaria o sentimental que por definición no puede ser racionalizada (es decir, se siente algo o no se siente, aunque bien es cierto que la propaganda siempre ayuda a encontrar identidades no sentidas con anterioridad), todo el proceso soberanista se basa en tres elementos fundamentales. Primero, el lema de "España nos roba", es decir, sólo una parte de los impuestos pagados por los ciudadanos de Cataluña vuelven a la Comunidad Autónoma. En este sentido, se han dicho verdaderas barbaridades como que de cada euro recaudado vuelven menos de 50 céntimos. Pero si aceptamos los datos de las balances fiscales publicados por la Generalidad, el llamado "expolio fiscal" se reduciría al 8,5% del PIB de Cataluña calculado en términos estructurales, sin contar los servicios prestados por el Estado, y que parece ser aceptado por los economistas que propugnan la secesión. Que si bien es elevado, dicho déficit no es excepcional cuando lo comparamos con otros países de corte federal. Claro, que, conviene recordar también que, calculado en términos coyunturales, el déficit a día de hoy sería muy pequeño, como asimismo muestran los datos más recientes.

Lo curioso de esta cuestión es que el actual sistema de financiación de las CCAA fue acordado entre la Generalidad (tripartito) y el Gobierno y bendecido por Mas

Pero, en cualquier caso, lo curioso de esta cuestión es que el actual sistema de financiación de las CCAA fue acordado entre la Generalidad (tripartito) y el Gobierno y bendecido por Artur Mas en la famosa reunión con el anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que se cerraron los últimos flecos de la negociación a espaldas de Pasqual Maragall. Es verdad que la crisis económica actual ha podido tener una influencia en las expectativas de financiación de las CCAA (y no sólo de Cataluña), pero el hecho incontrovertible es que no hubo imposición alguna, sino negociación y, por lo tanto, en ningún caso se puede hablar de "expolio fiscal"; quizás, en todo caso, un acuerdo mal negociado y que, en cualquier caso, su revisión está prevista para 2014.

Segundo, la independencia solucionará todos los problemas actuales y será positiva económicamente, pues el dinero generado se quedará en Cataluña lo que permitirá revertir los recortes en sanidad, educación y otros servicios sociales que con tanto fervor introdujo el primer gobierno de CiU y al que el actual consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell (CiU), se dedicó con entusiasmo (todavía me acuerdo de su frase "en Madrid ni hacen ni dejan hacer" refiriéndose a los recortes). Lo que no nos cuentan a los ciudadanos de Cataluña es el coste económico derivado de la independencia, por un lado, en términos de reducción en la recaudación tributaria en general derivada de la recesión económica adicional que tendría lugar por el efecto frontera (es decir, reducción de los intercambios comerciales, de las inversiones, etc.) y de la incertidumbre política y económica derivada del proceso, de la menor recaudación por IVA (parte de lo que se produce en Cataluña y que actualmente se consume en el resto de España pasaría a ser exportaciones y, por lo tanto, exentas del IVA), de la menor recaudación por el Impuesto de Sociedades y del IRPF (por el previsible traslado tanto de empresas como de ciudadanos a otros lugares de España), etc.

Y, por otro lado, en términos del aumento de los gastos derivados de la asunción de servicios prestados en la actualidad por el Estado, desde la seguridad, a las embajadas y consulados en el exterior, a las infraestructuras, etc., o los costes derivados de la nueva situación como, por ejemplo, una mayor prima de riesgo para la financiación de la deuda pública catalana. Como economista, creo que existe un alto riesgo de que los costes económicos fueran superiores a las ventajas obtenidas, como mínimo en los primeros años.

Tercero, que una Cataluña independiente sería un nuevo Estado de la Unión Europea (UE). A este respecto, parece que ya no hay dudas. Claro, que, ante las recientes y contundentes declaraciones de la portavoz de la Comisión en este sentido, Mas parece decidido a encontrar una salida a la situación y algunos de sus asesores ya están preparando un informe para rebatirlas. Evidentemente, mal aconsejado, pues cualquiera que conozca el Derecho internacional sabe que el Tratado de la UE compete a los estados que lo suscribieron y el nacimiento de un nuevo Estado desgajándose de uno ya existente supone su exclusión automática de dicho Tratado y la necesidad de su ingreso de nuevo en la UE, con el riesgo subsiguiente de vetos por parte de determinados países (y no estoy pensando en España necesariamente, sino en otros tales como Francia, Italia, Grecia, Eslovaquia, etc., con sus particulares problemas de minorías territoriales). Pero eso no sólo afectaría a la UE, sino a todas las organizaciones internacionales, incluyendo la ONU, la OMC, el FMI, el Banco Mundial, etc., absolutamente a todas (con la excepción de aquellas en las que Cataluña estuviera ya integrada como tal por las razones que fueran).

Todo el proceso se ha basado en tres pilares que no se sustentan por sí mismos pero que la propaganda nacionalista ha sabido vender a un número creciente de ciudadanos

Pero, claro, hay que negar la mayor pues de este hecho puede depender que la balanza se incline en contra de la secesión, pues muchos ciudadanos no querríamos pasar por el duro invierno que supondría quedarse a la intemperie, fuera de la UE: el pago de aranceles para las exportaciones a la UE, la necesidad de visados para ingresar en la UE (cuya obtención puede costar hasta 60 euros por persona), el traslado de sedes sociales de empresas, la reducción de inversiones tanto del resto de España como de la UE y del resto del mundo al verse confrontadas con un mercado más pequeño (de 7,5 millones frente al actual de 45 millones para toda España), la eliminación de todo tipo de subvenciones y transferencias comunitarias a Cataluña, la no participación en proyectos comunitarios como por ejemplo en los sectores de la investigación y de la educación (ERASMUS), etc.

Por lo tanto, todo el proceso se ha basado en tres pilares que no se sustentan por sí mismos pero que la propaganda nacionalista ha sabido vender a un número creciente de ciudadanos. Para ello, ha resultado de gran ayuda la cooperación incondicional de los medios de comunicación públicos de Cataluña o subvencionados por la Generalidad, empezando por TV3, desde donde se ha traspasado la línea roja del adoctrinamiento de los niños en las bondades de la independencia a través de sus programas infantiles. Asimismo, la inestimable ayuda de una parte de la izquierda otorgando legitimidad democrática a las tesis nacionalistas, en particular el PSC al aceptar el llamado "derecho a decidir", cuando todos sabemos que es un eufemismo de independencia, un caso inédito en todo el mundo desarrollado donde la izquierda siempre ha defendido la existencia de un Estado fuerte a través del cual puedan ejecutarse políticas de redistribución de la renta entre ciudadanos y territorios.

Y aquí es cuando viene lo más peligroso del asunto: la necesidad de apelar al populismo para forzar el cambio. Como las actuales leyes (Constitución) no permiten la secesión (como es el caso de todo el mundo desarrollado), nos saltamos el Estado de derecho y contraponemos una supuesta legitimidad democrática (el derecho de los catalanes a votar su propio futuro) a una legitimidad jurídica (leyes españolas que lo impiden). Como no se puede (el Gobierno de Rajoy no acepta la celebración de un referéndum de autodeterminación), tomamos la calle y reclamamos "democracia" a través del clamor del pueblo.

Pero, antes que nada, no hay que perder la calma. Afortunadamente estamos en la UE. En este contexto, una manifestación por muy grande que sea no es suficiente para cambiar las leyes ni llevar a nadie hacia la independencia. Lo que cuenta es el respeto al Estado de derecho, es decir, las leyes y las sentencias de los tribunales de justicia. Como los nacionalistas saben que eso no lo pueden controlar a su antojo utilizan el mecanismo indirecto de la presión en la calle y el populismo ("España nos roba", "que Cataluña recupere la libertad perdida hace 300 años", etc.). Nadie en la UE se va a poner al lado de los nacionalistas catalanes para saltarse el Estado de derecho por mucho que se manifiesten. Aquí, lo que cuenta, es lo que dice la ley y los tribunales y que éstas puedan ser modificadas cuando toque, es decir, cuando los ciudadanos voten en las elecciones y se cambien las leyes a través de los mecanismos previstos en toda democracia. No hay una legitimidad democrática enfrentada a una legitimidad jurídica: la legitimidad democrática la otorga el respeto del Estado de derecho y no al revés. Este es, en el fondo, el primer precepto sobre el que se fundamentan los valores y principios de la UE. Por ello, no hay más remedio que utilizar los cauces previstos en las leyes y tratar de acordar una solución con el Gobierno de Mariano Rajoy, nunca una solución unilateral.

Cataluña no arderá, como se vio en el País Vasco cuando se ilegalizó Batasuna siguiendo los pasos dispuestos en la ley

En este contexto, no sirve utilizar un argumento que por ser repetido una y otra vez parece que se ha convertido en una verdad incontrovertible: toda la desafección actual proviene de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, que, además, se esgrime como justificación de la ruptura del "pacto constitucional" suscrito durante la Transición (por parte de España, claro está). Los nacionalistas se han inventado todo un relato que a fuerza de repetirlo hay mucha gente que se lo ha creído o ha querido creérselo. Pero, ya antes de la sentencia del TC, muchos constitucionalistas habían advertido de los riesgos de inconstitucionalidad existentes en algunos preceptos incluidos en el texto del nuevo Estatuto, como que el concepto de "nación" no podía tener efectos jurídicos o que la "territorialización" de la justicia no podía llevarse a cabo a través del Estatuto sino de las leyes que rigen su estructura y funcionamiento. En mi opinión, la mayoría de elementos contenidos en la sentencia del TC habrían sido igualmente suscritos por cualquiera de los tribunales constitucionales de las democracias del mundo desarrollado.

Asimismo, las elecciones plebiscitarias no existen en las democracias occidentales por mucho que Mas las presente como alternativa a un referéndum de autodeterminación. No hay precedente alguno en todo el mundo desarrollado. Unas elecciones serán siempre la fórmula para que los ciudadanos elijan a sus representantes políticos en el parlamento respectivo y no una fórmula para expresar su beneplácito o rechazo a la independencia de un territorio. De la misma manera, esta solución tampoco será aceptada por la comunidad internacional, en particular la UE.

En resumidas cuentas, tal y como está discurriendo en los últimos tiempos, el llamado proceso soberanista se ha adentrado por una senda peligrosa que nunca será aceptada por la comunidad internacional y que, además, está provocando una fractura en el interior de la sociedad catalana.

Ahora, los verdaderos demócratas, los que creemos en el respeto del Estado de derecho como guía fundamental que debe regir el devenir de la sociedad en la que vivimos, lo que tenemos que hacer es seguir denunciando la situación y, sobre todo, no utilizar ni incitar a la violencia en ningún caso y bajo ningún concepto. Eso sí, el que no cumpla la ley, denuncia ante los tribunales y si se trata de personas con cargos políticos, inhabilitación a través de los mismos. Cumplir la ley, sin estridencias pero sin dudas. Cataluña no arderá, como se vio en el País Vasco cuando se ilegalizó Batasuna siguiendo los pasos dispuestos en la ley.

Estoy convencido de que tenemos la razón de nuestra parte, primero, en cuanto a valores éticos (en el fondo lo que los nacionalistas no quieren es la solidaridad con los pobres de otras CCAA y tratar de imponer libremente sus criterios políticos a todos sus conciudadanos sin cortapisas) y, segundo, en cuanto al respeto del Estado de derecho, principio fundamental de la convivencia y de la defensa de los derechos de los ciudadanos. El tiempo nos dará la razón.

Cataluña borrosa
Mario Conde www.gaceta.es 30 Septiembre 2013

No sabemos en qué proporción, pero es suficiente para alimentar un cierto fondo de ruptura.

Algunos sostienen que la deriva secesionista en la que se instalaron Mas y parte de la clase política catalana no conduce a nada. Se equivocan. Ya ha producido sus efectos y desgraciadamente continuarán en el tiempo. Porque, antes que nada, es evidente que se ha generado cierta ruptura en el seno de la sociedad catalana. Parece obvio que si desde el poder, aunque sea con bases falsas, se estimula el sentimiento de que “España nos roba”, la consecuencia inevitable es un fondo de repulsa, de rechazo, en quienes aceptan esa versión de los hechos. Porque un sentimiento puede edificarse sobre bases falsas. La base será falsa pero el sentimiento es real, y eso es lo que se instala en una parte de la sociedad catalana. No sabemos con precisión en qué proporción, pero en cualquier caso es suficiente para alimentar un cierto fondo de ruptura.

Estuve en Barcelona hablando con algunas personas que creo son buenos conocedores de la realidad catalana. Elaboran un trabajo siguiendo las pautas de la llamada lógica borrosa acerca de la realidad catalana y de las consecuencias de una hipotética independencia. Se trata de abrir los ojos a quienes ciegamente siguen las consignas del poder rupturista. Queda mucho para concluir el trabajo pero los primeros indicios ya apuntan a una caída de casi el 20% del PIB catalán, y no como consecuencia directa de la independencia sino del proceso hacia ella, porque las empresas de nivel no están dispuestas a instalarse e invertir en un territorio que no ofrece seguridad siquiera sobre la pertenecía o no a un Estado integrado en la UE. Es una incertidumbre excesiva para un planteamiento empresarial de base racional. Así que, aunque hoy no se perciba con total claridad, aunque estas consecuencias sean algo borrosas, están ahí y se visualizarán mas nítidamente a medida que avancemos en el tiempo y se insista en la deriva secesionista. Por ejemplo, ¿cómo ven las empresas esa suerte de ultimátum de Mas –apoyado por el Parlamento catalán– al Gobierno central –y al Congreso–“concediéndole” el plazo de tres meses para ponerse de acuerdo acerca de la consulta de corte soberanista?

Otro de mis informantes diseñaba un escenario más caótico. Aseguraba la alta probabilidad de convocatoria de elecciones anticipadas y, en tal caso, la consecuencia de la situación que vive Cataluña será el triunfo de ERC. Me aseguraba que el problema de Junqueras es que se trata de un hombre que se cree de verdad lo que dice, lo que le convierte en una especie de iluminado de la independencia. Pues bien –me decía– si gobierna Junqueras, no descartes una declaración unilateral de independencia y eso... En fin, que la deriva secesionista ya está dibujando una Cataluña borrosa.

El ajuste procederá el año que viene de las jubilaciones que no serán cubiertas, alrededor de 50.000
El Gobierno frena el adelgazamiento del empleo público después del despido de 350.000 trabajadores en las tres administraciones
La mitad de los empleados públicos que trabajan en las tres administraciones tiene más de 55 años y en 2014 se espera que más de 50.000 alcancen la edad de jubilación, la principal ventana que utilizará el Gobierno para adelgazar aun más la plantilla de funcionarios y del personal laboral al servicio de los ministerios, comunidades y ayuntamientos.
Economía www.voxpopuli.com 30 Septiembre 2013

El actual Gobierno recogió una herencia endiablada en las tres administraciones pues, a pesar de la crisis económica que arrancó en 2008, la plantilla de ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos, sumada a la del sector público empresarial, creció hasta bien entrado 2011 en cientos de miles de trabajadores. El auténtico ajuste en el empleo público no comenzó hasta 2012 y se ha ido moderando este año hasta confiar que en 2014 acabe el recorrido con la falta de cobertura de las plazas que queden vacantes por jubilación. En total, se han destruido hasta ahora 350.000 puestos de trabajo y el freno llegará el año que viene -cuando el Estado reduzca su gasto en personal un 0,5% según los PGE- ya que la principal palanca que se utilizará para seguir adelgazando la plantilla de funcionarios y laborales no será la nueva reforma laboral, que ofrece mayores facilidades para los despidos, sino la limitación de la tasa de reposición. El gasto de personal es un indicador a tener muy en cuenta si se parte de una deuda de la administración central que supera los 818.000 millones y que se acompaña de los 193.000 que deben las comunidades autónomas y los 43.000 que adeudan los ayuntamientos.

Desde 2011 hasta ahora se han suprimido 350.000 empleos públicos, a los que habrá que sumar otros 50.000 el año que viene, según las estimaciones del Gobierno

Más de la mitad de los empleados públicos supera los 55 años y el año que viene se espera que más de 50.000 alcancen la edad de jubilación. Como los Presupuestos aprobados el pasado viernes prevén una tasa de reposición del 10%, solo se podrá cubrir una de cada diez bajas y en colectivos concretos como el de la educación, la sanidad, el Ejército, policía y guardia civil. A ello se sumará la contratación de una reducida bolsa de interinos si finalmente se recuperan algunos de los ‘moscosos’ que perdieron los funcionarios el año pasado.

Los datos cruzados del Registro Central de Personal y de la Encuesta de Población Activa reflejan que la mayoría de los 350.000 empleos destruidos en ministerios, comunidades, ayuntamientos y empresas públicas, se registraron el año pasado. A pesar de que la crisis se dejó ya sentir en el verano de 2008, el primer ajuste visible comenzó de forma muy tímida durante el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con Valeriano Gómez como titular de Trabajo. Desde el primer semestre de 2011 hasta el pasado verano, las tres administraciones perdieron casi el 11% del empleo acumulado, soportando la mayor carga las comunidades autónomas al tener que prescindir, junto a los ayuntamientos, de la práctica totalidad de los puestos de trabajo creados durante la fase expansiva del ciclo.

Administración central y comunidades autónomas han prescindido, sobre todo, de personal eventual, mientras que los ayuntamientos han centrado el ajuste en los contratados laborales

La reforma laboral ha facilitado, en parte, que en los ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos, los contratados laborales dejen de tener el mismo estatus que los funcionarios y empiecen a estar sujetos a unas condiciones laborales muy similares a las del sector privado, algo que tiene especial interés en las empresas públicas, donde predomina el personal laboral. Si se cumplen los planes del Gobierno, las comunidades autónomas tendrán que prescindir de 708 sociedades, que se suman a las 535 ya eliminadas o en fase de desaparición, lo que permitirá un ahorro previsto de 1.500 millones de euros.

Cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno, se encontró con una especie de mitosis instrumental en las comunidades autónomas, pues en ellas conviven hasta 17 grupos empresariales, tantos como administraciones regionales, en donde se refugiaban más de 1.400 de empresas, fundaciones y consorcios. En este enjambre se llevan la palma Cataluña, Andalucía, Baleares, Galicia y la comunidad valenciana, donde el número de sociedades de esta naturaleza no guarda proporción alguna con su población.

Las subidas salariales de 2008 y 2009, muy por encima de la inflación, siguen pasando factura, y pese a ellas los empleados públicos han perdido el 16% del poder adquisitivo

La administración central encara 2014 con 570.000 empleados, las comunidades con 1,3 millones y los ayuntamientos con 549.000. El grueso del ajuste en los ministerios lo ha sufrido el personal eventual, igual que en las autonomías, mientras que los ayuntamientos han recurrido más al despido de los contratados laborales. Educación y sanidad han sido los sectores más castigados por los recortes y también los más sensibles si se observa el coste político que han supuesto para el Gobierno central y para los ejecutivos regionales.

Fuentes gubernamentales enfatizan que muchos de estos recortes no se hubieran tenido que hacer si el Gobierno anterior no hubiera subido el sueldo de los funcionarios el 3,5% anual en 2008 y el mismo porcentaje en 2009, a pesar de las graves alertas que estaba desatando ya la crisis económica y de la baja inflación- 1,4% y 0,8%- que se dio en ambos ejercicios. La factura posterior pasada por estos aumentos salariales ha hecho que, al final, desde entonces el poder adquisitivo de los funcionarios haya menguado en un 16%, según las estadísticas que maneja el Gobierno.

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Lo que España pudo ser y la traición impidió (y II)

Roberto Centeno El Confidencial 30 Septiembre 2013

Franco nunca tuvo oposición democrática, sólo de totalitarios y terroristas, PCE y ETA. El PSOE y UGT estuvieron 35 años de vacaciones y UCD era una amalgama de franquistas y oportunistas. Lo primero que hicieron CCOO y la resucitada UGT fue asegurarse subvenciones de lujo, exenciones de impuestos y todo tipo de chollos para vivir como rajás -desde políticas de empleo de miles de millones a comisiones del 8% en cientos de miles de ERE a costa del trabajador- con coches oficiales, viajes en primera clase, VISA oro, mariscadas… algo casi inimaginable.

En plena crisis del petróleo, estos irresponsables empezaron a promover huelgas para conseguir unas mejoras salariales imposibles -IPC+3 puntos-, un incremento de costes que arruinaría la productividad y nos llevaría a una situación crítica, utilizando además todas las ventajas laborales del sindicalismo de Franco, donde los trabajadores no podían ir a la huelga pero tampoco podían ser despedidos.

Esto llevó a España al borde del colapso, lo que hizo inevitable un Pacto de Estado. Se lo encargaron al mejor: Fuentes Quintana. El 25 de octubre de 1977, después de meses de preparación, presentó un paquete de medidas conocido como los Pactos de la Moncloa, que tuvo un éxito notable. Sin embargo, las reformas estructurales, esenciales para el crecimiento, chocaban con los intereses deshonestos de las oligarquías financieras y monopolistas y fueron rechazadas. Fuentes dimitió por ello.

La etapa de Felipe González
El 28 de octubre de 1982, el PSOE arrasó en las elecciones generales y la UCD desapareció para siempre. El responsable económico sería el físico Miguel Boyer, para quien el resto de ministros eran, en el mejor de los casos, unos indocumentados, por lo que los trataba con total desprecio. “Usted cállese porque de esto no sabe nada”, le dijo a uno que osó llevarle la contraria en un Consejo de Ministros. Sólo respetaba a Mariano Rubio, el último gran gobernador del Banco de España.

La parte negativa de Boyer fue la adjudicación de los monopolios de petróleo y gas a dedo a las élites depredadoras y por la décima parte del valor de sus activosBoyer evitó que González imitara la política de François Mitterrand, que acabó en un desastre, pero sus medidas de recortes le enfrentaron a muchos ministros y a Nicolás Redondo (UGT). Esto a Boyer le importaba un pimiento, así que metió en cintura a la 'banda del gasto', y puso en marcha un plan de ajuste de corte monetarista diseñado por Mariano Rubio. Sin embargo, sus enfrentamientos con Alfonso Guerra, a quien consideraba un seudointelectual sin maneras, le llevaron a dimitir.

La parte negativa de Boyer fue la adjudicación de los monopolios de petróleo y gas a dedo a las élites depredadoras y por la décima parte del valor de sus activos. Boyer convirtió los monopolios públicos con precios administrados en monopolios privados con precios libres. Fue el gran héroe de la oligarquía.

En esta etapa se produjo la mayor canallada del socialismo: la destrucción de la enseñanza pública. Los responsables, queden sus nombres para conocimiento y desprecio por las generaciones futuras, fueron: José María Maravall, Javier Solana y Alfredo Pérez Rubalcaba. Estos desalmados comenzaron por expulsar a los mejores catedráticos y profesores de las universidades españolas con la llamada ley de incompatibilidades. Los mejores catedráticos de España, que lógicamente trabajaban también en el mundo real -cirujanos, economistas, abogados, ingenieros-, tuvieron que marcharse.

Simultáneamente, anularon las oposiciones como método de acceso a las cátedras, y las sustituyeron por el dedo y la militancia de izquierdas, además de reprimir a todas las profesiones de la excelencia: notarios, abogados y economistas del Estado, entre otras. ¡Fuera toda aristocracia profesional!, ¡mueran las élites intelectuales! Estos desalmados borraron el conocimiento de todas las esferas del saber, no tienen perdón. El daño es irreparable: a día de hoy, el 85% de los profesores no tienen los conocimientos para impartir las materias a su cargo.

Entre las 200 mejores universidades del mundo no hay ni una sola española y sólo 10 entre las 500 mejores. Sembraron por doquier universidades públicas con niveles culturales irrisorios. Hoy existen 50 y sobran unas 30; sería más barato cerrarlas y pagar las carreras a los alumnos en Harvard que mantenerlas abiertas. La canallada para las clases menos favorecidas ha sido brutal: la enseñanza pública ha dejado de ser el ascensor social y cultural que fue en el pasado.

Al final González perdió las elecciones por el desastre económico. Los GAL y FILESA apena restarían votos. Era la hora de Aznar.Boyer fue sustituido por Carlos Solchaga, el apóstol del pelotazo, que desarrolló una política económica típicamente socialista: gasto sin control. Pronto explicó a quien quiso escucharle esta cultura del pelotazo: lo importante era enriquecerse con rapidez, la superioridad de la especulación y el nepotismo sobre el trabajo bien hecho. Los hechos los he explicado en detalle en otro lugar (1), este es el resumen.

Moratoria nuclear: se desmantelaron cuatro grandes centrales casi terminadas y se paralizaron seis a punto de empezar a ser construidas. Resultado: la electricidad vale hoy el doble que en Europa. Reconversión industrial: no hubo reconversión, sino desmantelamiento. Industrias que podían haber sobrevivido perfectamente con las inversiones adecuadas, como la naval, la siderúrgica o la textil, que crecían espectacularmente en el resto del mundo, fueron desmanteladas. La entrada en la UE: las prisas de González fueron letales, nadie en toda la historia de UE pagaría tal precio. La cabaña lechera sería drásticamente reducida a favor de Francia; la flota pesquera, la mayor de Europa y la tercera del mundo, quedó casi desmantelada. Eximirían del pago de impuestos a las grandes fortunas a través de las sicav (sociedades de inversión). El AVE a Sevilla: una ruina total. Los ingresos de los AVE no cubren siquiera los costes variables.

Solchaga fue sustituido por Pedro Solbes en 1993 y con él todo iría mucho peor. La situación económica al final de la etapa de Felipe González era realmente penosa. El paro ascendía al 23%, el déficit público al 6,7% del PIB y la deuda al 70%, los valores más altos de nuestra historia. Y como guinda del pastel, la Seguridad Social estaba en quiebra y los intereses al 20%: el socialismo volvía a batir récords de ruina para España. Al final, González perdió las elecciones por el desastre económico. Los GAL y FILESA apena restarían votos. Era la hora de Aznar.

La etapa de Aznar
José María Aznar era una persona rendida ante los hombres de poder, Franco, Fraga, Bush… Humilde ante el superior y despectivo ante el inferior. A un líder lo siguen personas competentes, a un jefe lo obedecen los trepadores: sus dos lugartenientes, Rodrigo Rato y Mariano Rajoy, dos trepas profesionales incapaces de gestionar una mercería, son buena prueba. Todos sus esfuerzos se centraron en entrar en el club de los ricos, la zona euro, sin pararse a sopesar los pros y los contras de tan trascendental decisión. Y si la moneda única podía ser una bendición para países con gobiernos sensatos, era un desastre para países con gobiernos insensatos. Fue nuestro caso. A día de hoy, el euro ha sido un desastre para España por la incompetente e irresponsable utilización de las ventajas derivadas del mismo.

Se nos vendió una escandalosa pérdida neta como un triunfal éxito de Aznar. Una deuda que no sirvió para mejorar la industria nacional y la productividad, sino a la especulación y a la burbuja y a la discutible expansión internacional de las grandes empresasEl 'éxito' económico fue una gigantesca farsa. Aznar conseguiría, a través de los fondos de la UE, 50.000 millones de euros en su mandato, que se despilfarraron en mantener a vagos y caraduras a través del PER -subsidios agrarios- y del gasto en infraestructuras innecesarias. La venta de las grandes empresas públicas a precio de saldo a los oligarcas supuso 40.000 millones más. La reforma fiscal y el recorte de gasto fueron idea de Enrique Fuentes Quintana, que convenció a Aznar, y fueron implementados por el profesor José Barea, que dependía sólo del presidente. Fuentes ni siquiera se reunió con Rato, al que despreciaba. El caso Rato fue un bluf de principio a fin: nombrado presidente del Fondo Monetario Internacional gracias a la amistad de Aznar con George W. Bush, al que acabaron echando, algo insólito en los anales del FMI. Su gestión en Bankia fue tan desastrosa que está procesado por ella, pero los oligarcas a los que ayudó le han buscado un retiro de oro.

Aparte del dinero de la UE y el ‘regalo’ de las joyas de la corona, el crecimiento económico de Aznar fue un engaño: se debió, esencialmente, al endeudamiento masivo y disparatado de familias, empresas y bancos, facilitado por nuestra entrada en el euro. En su mandato y a precios constantes, el PIB se incrementó en 340.000 millones de euros, pero la deuda privada lo hizo en 710.000. Se nos vendió una escandalosa pérdida neta como un triunfal éxito de Aznar. Una deuda que no sirvió para mejorar la industria nacional y la productividad, sino a la especulación y a la burbuja y a la discutible expansión internacional de las grandes empresas. Y hay que sumarle la ley de las renovables, que permitió pelotazos increíbles, y la escandalosa concesión de licencias UMTS de telecomunicaciones por 85.000 millones de pesetas a sus amigos, frente a los 2-3 billones que ingresaron los gobiernos del resto de Europa.

Si el crecimiento fue un engaño, su política interna fue un desastre sin paliativos. En lugar de dar marcha atrás, intensificó las transferencias de educación a las comunidades autónomas. Un paso de gigante en la desvertebración de España. Transfirió la sanidad, eliminando las ventajas de las economías de escala y elevando los gastos de gestión y administrativos. Parientes y amigos entraron en el negocio a millares: los servicios no médicos tienen hoy diez veces más personal del necesario. El gasto sanitario pasó de 38.000 millones en 2002 a 95.000 en 2011. Un despilfarro anual de 40.000 millones, en euros y población constantes. ¡Y no hay dinero para las pensiones!

Aznar fue el gran presidente de los separatistas, en contra del mito que afirma lo contrario. Les cedió las competencias de tráfico, justicia, educación, cultura, empleo, puertos, etc. Eliminó la figura del gobernador civil, que fue sustituida por un subdelegado casi sin competencias, y defenestró a Alejo Vidal-Quadras a petición de Jordi Pujol. El PP catalán se hundiría para siempre. Y fue peor que aceptara la Ley de Política Lingüística, que discriminaba gravemente a los hispano-hablantes, impidió el recurso al Constitucional y prohibió al Defensor del Pueblo que hiciera nada. Esto ya no fue un desastre, sino un impulso decisivo a la sedición.

La etapa Zapatero
Un atentado nunca explicado llevó a José Luis Rodríguez Zapatero, un bobo solemne, a la Presidencia en 2004. Zapatero sería una auténtica plaga bíblica que generaría la mayor crisis económica, política, moral e institucional de la historia de España. Zapatero se rodeó de un equipo ministerial que parecía sacado de una escombrera, un auténtico insulto a los españoles: nos excluyó del mundo civilizado. Con Zapatero se cumplió la famosa Ley de Murphy: “Todo lo que puede ir mal, irá”.

En 2007 negaron la existencia de una burbuja inmobiliaria e incitaron a la gente a endeudarse, “porque cuanto más se endeuden, más ricos serán” y negaron que la crisis financiera mundial nos afectaraZapatero jamás supo, y Solbes tampoco, por qué la economía crecía y menos aún por qué se hundía. El SOS de los inspectores del Banco de España en 2006, pidiendo que se acabara con los préstamos bancarios indiscriminados que nos iban a llevar a la ruina, fue directamente a la papelera. El desastre Zapatero superó ampliamente al de Aznar. En euros constantes, el PIB creció en 270.000 millones durante su mandato, pero el endeudamiento privado se incrementó en 1,02 billones, y para acabar de arreglarlo, la deuda pública se disparó en 400.000 millones. Para crear un punto de PIB nos endeudaron en cinco, ¡realmente de traca!.

En 2007 negaron la existencia de una burbuja inmobiliaria e incitaron a la gente a endeudarse, “porque cuanto más se endeuden, más ricos serán” y negaron que la crisis financiera mundial nos afectara. En 2008 manipularon las cifras de crecimiento para ganar las elecciones. Negaron la crisis una y otra vez: “España juega en la Champions League” dijeron; permitieron a bancos y cajas falsear los balances con la ayuda del BdE. Al final llevaron a tres millones de personas al paro, destruyeron el sistema de cajas de ahorro y permitieron los mayores robos y latrocinios de la historia de España. Este indigente mental negaría la existencia de España como nación y, ya el colmo, aprobaría el Estatut de Cataluña, votado sólo por un 30% de catalanes, que convertía al resto de España en una colonia. Zapatero fue el jefe de la quinta columna del separatismo vasco y catalán en Madrid.

(1) El disparate nacional, Planeta.
PD: No hay espacio para la etapa Rajoy. El próximo lunes al comentar los “Presupuestos de la Recuperación”, hablaré de ella. Aunque hay que ser muy miserables para llamar así a la mayor deflación salarial de nuestra historia, donde 25 millones de personas, empleados públicos, pensionistas y trabajadores, perderán poder de compra, y donde los ingresos por impuestos son ciencia-ficción.

Artículo de Joaquín Leguina en 'El País'
El federalismo como magia
"Cuanto más nacionalista se hace el PSC, menos votos saca entre los catalanes"
 www.lavozlibre.com 30 Septiembre 2013

Madrid.- Joaquín Leguina, economista y expresidente de la Comunidad de Madrid, escribe este lunes 30 de septiembre un artículo en el diario 'El País' que por su interés reproducimos íntegramente:

A fin de promocionar el Estatuto de Cataluña, el siempre imaginativo Pascual Maragall se inventó un nuevo concepto político: el “federalismo asimétrico” (como si en EE UU o en Alemania existieran un par de Estados o de länderde primera y el resto fueran de segunda categoría), cuya finalidad última la expresó claramente el mismo Maragall: “El objetivo del Estatuto es la desaparición del Estado central en Cataluña”.

Una vez formado el primer tripartito (año 2003) se inició el proceso estatutario que habría de llevar al “federalismo asimétrico”, pero en el Parlamento de Cataluña la puja por acrecentar la asimetría se hizo insoportable, pues a cada propuesta de aumento competencial le seguía algún Groucho Marx pidiendo “además, dos huevos duros”, hasta que el proyecto encalló en el Parlamento catalán; entonces Rodríguez Zapatero llamó a Mas a La Moncloa y consiguió desatascarlo. Más tarde volvería a requerir al líder de CiU, cuando el texto volvió a quedar varado en el Congreso de los Diputados. Nadie supo jamás por qué ZP ponía tanto empeño en pro de aquel estatuto, un proceso político puesto en marcha por auténticos aprendices de brujo, que no sirvió para otra cosa que no fuera exacerbar el separatismo.

En el preámbulo y en el título preliminar del Estatuto estaban la afirmación de Cataluña como “nación”, “la realidad nacional catalana”, el “derecho inalienable de Cataluña a su autogobierno… que se fundamenta en los derechos históricos del pueblo catalán, en sus instituciones seculares y en la tradición jurídica catalana”. La permanente autorreferencia se resumía en el artículo 2.4: “Los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña”, que es la expresión típica que utiliza cualquier Constitución para proclamar la soberanía nacional.

El texto del Estatuto que llegó a las Cortes, que tenía 227 artículos era, constitucionalmente, un disparate y por mucho que se “peinara” pretendiendo encajarlo en la Constitución, el trabajo resultó una misión imposible.

El Estatuto no cabía en la Constitución porque hacía mangas y capirotes de la multilateralidad, concepto intrínseco a cualquier Estado compuesto (federal o de otro tipo). No lo era por su sistema de financiación. No lo era porque pretendiera crear catalanes de primera (los que hablan la lengua “propia”) y catalanes de segunda (los castellanohablantes). En suma: no lo era porque, como me confesó en privado un veterano líder comunista, “no estamos ante un proyecto de ley, sino ante un acta de rendición”.

El texto del nuevo Estatuto nunca se discutió en órganos internos del PSOE, como son el Comité Federal y el Grupo Parlamentario; y además echaba por tierra el acuerdo interno tomado por el PSOE en Santillana al inicio del proceso estatutario.

Los diputados del PP (partido al cual, desde el inicio, se quiso dejar fuera de cualquier acuerdo) recurrieron 128 artículos.

Eran seis los pilares básicos en los que estaba asentado el nuevo Estatuto: la nación, la lengua, el poder judicial en Cataluña, las competencias, la bilateralidad y la financiación; y el Tribunal Constitucional los desmontó todos.

Y cabe preguntarse: ¿es ese federalismo (asimétrico) el mismo que la dirección del PSOE pretende colar ahora mediante un cambio constitucional?

De ser así, como muchos nos maliciamos, la dirección del PSOE pretendería volver, como la burra, al trigo maragalliano-zapaterista, para resucitar un Saturno que se merendó a todos sus inventores, dejando tras de sí frustraciones y derrotas. Y todo ello, ¿solo para intentar “encajar” al PSC dentro del PSOE?

Antes de tomar una decisión tan arriesgada, a la dirección del PSOE le convendría echar una ojeada sobre la marcha electoral del PSC a partir de que Maragall entró en la liza autonómica con sus “ideas geniales”:

Año 1999, Maragall: 1.183.000 votos y 53 diputados.
Año 2003, Maragall: 1.026.000 votos y 42 diputados (primer tripartito).
Año 2006, Montilla: 790.000 votos y 37 diputados (segundo tripartito).
Año 2010, Montilla: 575.000 votos y 28 diputados.
En 2012, Pere Navarro: 524.000 votos y 20 diputados.

En pocas palabras: desde que empezó este baile, el PSC ha perdido 33 diputados, el 62% de los que tuvo en 1999, y 669.000 votos, el 56,5% de los que obtuvo antes de que empezara la yenka estatutaria. Al PSC, que siempre nutrió gran parte de sus urnas con votos de gente de origen inmigrante, le ha resultado letal subirse al carro identitario. Una actitud, la del PSC, que no se entiende en el resto de España, pero que tampoco se entiende en Cataluña. Las encuestas de opinión —y las urnas— lo han dejado meridianamente claro: cuanto más nacionalista se hace el PSC menos votos saca.

Y uno se sigue preguntando: ¿Merece la pena resucitar ahora el disparate de la política territorial maragall-zapaterista solo para darles gusto a los socialistas catalanes en su deriva suicida?

Mucho más razonable sería olvidarse de las cuitas del PSC y poner pie en pared, dentro y fuera de Cataluña, para colocar ante los partidos separatistas el letrero que Dante imaginó en la entrada del Averno: fuera de la ley, “perded toda esperanza”.

Amnistía moral
IGNACIO CAMACHO ABC  30 Septiembre 2013

El conformismo social está otorgando a los batasunos el indulto moral de una suerte de naturalización democrática
HACE tiempo que el terrorismo ha desaparecido de los primeros puestos en la lista de preocupaciones de los españoles. ETA es ya sólo una voz moribunda que apenas se hace oír en patéticos comunicados que reclaman un protagonismo mendicante. Está liquidada a todos los efectos y ya sólo busca una salida honorable que no puede obtener; hasta sus antiguos secuaces la han abandonado una vez instalados en el confort de las instituciones vascas. Ha perdido la batalla policial y judicial, y aunque en realidad haya empatado la política ?con esa presencia institucional de Bildu?no lo acaba de sentir como un éxito: en su lógica macabra aspira al reconocimiento de su papel de agitador sangriento como base del nuevo statu quo. La paradoja de este final tan poco glorioso es que, después de haber utilizado tantos años a Batasuna como obediente brazo político, la banda se ha visto postergada por sus antiguos testaferros, que han acabado beneficiándose de su derrota. Han cambiado poder por paz y se han desentendido de los gudaris.

Sin embargo, aunque la desaparición de la violencia represente un enorme avance práctico, el escenario post-terrorista permanecerá moralmente contaminado hasta que se resuelva la batalla de la memoria, que es la última pendiente después del sufrimiento. Ésa no se puede empatar; la tiene que ganar la democracia y por ahora no lo está consiguiendo. Hay una natural tendencia acomodaticia a dar por bueno un resultado conformista, a permitir que los batasunos establezcan su propio relato histórico y disuelvan la ignominia en un pragmático olvido. ETA ya no pinta nada; su último documento del viernes es una clamorosa confesión de irrelevancia. Pero su herencia pervive en una significativa porción de la estructura política vasca y sus legatarios tratan de ganar tiempo para naturalizarse en el paisaje sin cumplir el requisito elemental del perdón y el arrepentimiento. Hay que decir con tristeza que lo están logrando, que cada día que pasa ocupan más territorio moral e imponen su discurso trucado. Que el dolor de las víctimas cada vez cuenta menos, que su trayectoria de sacrificio se diluye en un convenio tácito de pragmatismo pactista. Y que una sociedad indiferente, agobiada por los problemas de la crisis, les está otorgando a los etarras reconvertidos esa suerte de salvoconducto de nacionalización democrática que los indulta por conveniencia de su pasada complicidad con los verdugos.

Esa falsa reconciliación sin premisas va camino de constituir un fracaso ético que resquebraja en silencio la cohesión democrática global de la nación. Ayer el exministro Belloch recordaba aquí, a propósito del conflicto catalán, que ETA mató por la autodeterminación sin conseguirla. Pero ha obtenido el poder, y por adelantado, a cambio de dejar de matar. Sólo faltaba que la autodeterminación se la acabásemos regalando de rebote.

Obsesiones
TEO URIARTE http://paralalibertad.org 30 Septiembre 2013

Nuestro añorado profesor Koldo Mitxelena, de cuyo abertzalismo y devoción por el euskera no cabe la menor duda, repetía durante los años de la Transición de una manera casi obsesionante la frase: “antes que nacionalista hay que ser demócrata”. En aquella época de inicio de nuestra autonomía, de pleno fervor patriótico en el que se enterraba una dictadura, uno no entendía el por qué de aquel soniquete, que parecía innecesario, pues resultaba molesta su preocupada mención por la democracia en relación al nacionalismo. Pero, de lo que Mitxelena avisaba, precisamente, gracias a su experiencia y quizás al hecho de que hubiera tenido un gran mentor de pasado falangista, era del reto, de la contradicción esencial, que todo nacionalismo mantiene con la democracia y del que posiblemente el vasco no se iba a salvar. Tras unos años esa contradicción apareció en toda su dimensión, en detrimento de la democracia, no sólo en Euskadi, sino también en la que creíamos sensata Cataluña, mostrando el sentido que tenía aquel repetido enunciado.

Cuando el Plan Ibarretxe estaba en plena promoción un trabajo realizado por Onaindia y Emilio Guevara puso el énfasis en la citada cuestión. “¿Es democrático el Plan Ibarretxe?”(Ikusager Ediciones, Fundación para La Libertad, 2003), pues consideraban que era romper con la democracia el sajar a Euskadi en dos mitades mediante aquella propuesta para la secesión. De forma más amplia, Estephane Dión, profesor y ministro Candiense, promotor de la Ley de la Claridad, acababa planteando directamente la tara esencial que el nacionalismo sostiene con la democracia.

A la pregunta de un periodista de El Correo (25, 11, 003), «¿Por qué dijo una vez que la dinámica secesionista es difícilmente conciliable con la democracia?», Dion contestó: «Porque la democracia supone que tenemos que aceptar a todos los ciudadanos, sea el que sea su idioma, religión, cultura o sus vínculos territoriales. La secesión nos obliga a elegir cuáles son los ciudadanos con los que nos queremos quedar y los que se tienen que marchar. No veo ningún motivo para que esto se haga en democracia. La democracia se queda con todo»[1]. Es decir, ponía el énfasis en la original virtud de la democracia, en su razón de ser: sumar lealtades. Y proseguía: «En mi calidad de quebequés y canadiense, puedo afirmar que, en la era de globalización en la que vivimos, cuando se tiene la suerte de contar con distintas identidades, hay que aceptarlas todas [….] La verdadera alternativa, para mí, no está en elegir entre ser quebequés o canadiense, elegir entre Québec o Canadá. La verdadera alternativa es ser quebequés y canadiense, en lugar de ser quebequés sin Canadá. Las identidades se suman, nunca se restan».

Sin embargo, el ministro canadiense, a pesar de la naturaleza antidemocrática del secesionismo, admitía la necesidad de dar una salida democrática y legal a la voluntad de secesión: «Creo que la secesión de Quebec de Canadá sería un error terrible, pero estaría dispuesto a aceptarla en la medida en que se llevara a cabo de conformidad con la democracia y las normas del Estado de derecho». Partía de la tesis de que en democracia no se puede forzar a nadie a mantenerse en una misma nación, pero además avisaba, algo de lo que muchos políticos españoles no quieren ver, de que « si la descentralización de un país se hace para calmar al nacionalismo, será un fracaso. Los separatistas no quieren una descentralización, sino su propio Estado». Sabía que todos los intentos de apaciguar con competencias, cambios constitucionales, autonomías más o menos ilimitadas, federalismo, e incluso, confederalismo, acaban siendo contraproducentes para el mantenimiento de la unión.

Por ello resulta ineficaz la actitud, otra obsesión, de muchos políticos españoles, creer que mediante el diálogo y concesiones se evita la secesión. Que se puede encontrar mediante el diálogo y las reformas necesarias eso tan difícil y complejo como posibilitar el encaje de Cataluña en España. De momento, Cataluña y Euskadi están encajadas, pero si personalidades de la izquierda (Sánchez Cuenca) o de la derecha (Esperanza Aguirre) crean que se puede, modificando inclusive la Constitución, encajar el separatimo en España vamos apañados. Parece un síntoma de enfermedad no entender lo que los secesionistas dicen querer, que es la secesión, ante la que no hay más solución que la apelación defensiva a la Constitución y a la legislación internacional, contrarias a fenómenos secesionistas que promoverían el caos internacional, como son los casos vascos o catalán, o un referéndum pactado como fue el caso de Canadá. No hay más salidas. El dialogar y dialogar hasta el amanecer, cuento chino, que sólo sirve para el apoyo de la gran campaña publicitaria nacionalista.

De todas maneras, todo este festival independentista va vía fáctica hacia la independencia, la vía plebiscitaria pactada con el Gobierno será negada por los nacionalistas en el caso de que se propusiera éste, pues nacionalismos tan brutales como el vasco o el catalán son incapaces de reconocer la existencia de catalanes contrarios a la aventura nacionalista, y si los hay, se quedarían como “alemanes en Mallorca”, y mucho menos entienden que el resto de los españoles tengan algo que decir ante la secesión de una, o dos, de las partes de su nación.

Otra cosa es, que la incapacidad política de los dos grandes partidos hayan dejado el concepto de la nación española hecha unos zorros, que no exista un discurso nacional salvo el que realiza Albert Rivera, y ante esa derruida nación piensen pirenaicos catalanes y montaraces vascos montar sus propias naciones. Como bien dice Ruiz Soroa “El Unionismo no tiene quien le escriba”, a lo que hay que sumar, o es parte de él, el descomunal vacío político de la izquierda. Pues hoy esperar que la izquierda otrora española hiciera un mínimo discurso nacional, como lo hiciera la generación de Felipe Gonzalez, sería como haberle pedido a los de la UHP que rezaran el ángelus. De proseguir este panorama político gestionado por Sorayas sin que nadie ponga remedio acaberemos viendo pedir el derecho a decidir al barrio de Malasaña. Ante la falla de discurso nacional, ese es el origen y causa del problema, nacionalistas periféricos tienen la posibilidad de erigir sin obstáculo, casi promovido por esa falla, su propio discurso para constituirse en nación separada.

[1] Entrevista a Stéphane Dion, «Hay que ser claro y preguntar si se quiere la independencia», El Correo, 25 de noviembre de 2003.

El ruido y la furia
Xavier Antich. La Vanguardia 30 Septiembre 2013

El análisis de las opiniones no es un ejercicio fútil. Atender a lo que se dice permite disponer de un termómetro fiable sobre las actitudes que se adoptan respecto a los acontecimientos. Es cierto que las opiniones no son por definición ecuánimes o juiciosas, pues las hay partidistas y sectarias, incluso falaces, manipuladoras y falsarias. Una opinión no es un juicio y, por ello, es muy útil aplicar a las opiniones un poco de discernimiento. No en vano Aristóteles, durante siglos considerado el Filósofo, hizo de ello el principio de toda su reflexión: tanto si se trataba de un problema biológico o metafísico, lógico o ético, siempre había que empezar por analizar “lo que se dice”.

Muchas cosas están cambiando últimamente en Catalunya. A raíz de la última Diada, se ha abierto un nuevo escenario en el debate sobre el denominado “derecho a decidir” y algunas opiniones publicadas han subido de tono. Algunas, en contra de la mera posibilidad de una consulta, han salido en tromba con un tono y un contenido que ha sorprendido a algunos por su irritación y por su descalificación genérica de la posición adversa. Y no precisamente las publicadas en la llamada caverna mediática.

No participo del prejuicio relativista tan extendido según el cual todas las opiniones son respetables, aunque sí puedan serlo, en algún caso, las personas que las emiten. Opinar violentando los hechos hasta hacerlos pasar por lo contrario de lo que son, así como articular una discrepancia a partir de la caricatura del adversario, constituyen actitudes que no parecen hacerse merecedoras de demasiado “miramiento, consideración o deferencia” (que es como el Diccionario de la Real Academia Española define respeto).

En los últimos días han tenido cierto eco algunos artículos que comparten el mismo punto de vista y un similar diagnóstico. El profesor de filosofía Manuel Cruz (“Mejor calladitos”) y el escritor Javier Cercas ( “Democracia y derecho a decidir”) han escrito, el uno (Manuel Cruz), que la sociedad catalana parece estar cayendo en “la espiral del silencio, uno de cuyos más claros rasgos consiste en que los individuos esconden en público aquello que piensan”, y el otro (Javier Cercas), que en los últimos tiempos estamos viviendo en Catalunya “una suerte de totalitarismo soft” o de “unanimismo: la ilusión de unanimidad creada por el temor a expresar la diferencia”. Cruz lo atribuye a “una decidida presión por parte de los medios de comunicación públicos en favor de la opción secesionista”, a “la escandalosa ausencia de pluralismo que se da en tales medios”, así como a la “intimidación sobre los catalanes disidentes”, al “adoctrinamiento soberanista” y al miedo “a que se escuche en la plaza pública la más mínima voz discordante”. Cercas, por su parte, amparándose en una, cuando menos, curiosa concepción de la democracia como “decidir dentro de la ley” (cuesta adivinar la bibliografía que avala esta afirmación), extraía la falaz conclusión de que “no se puede ser demócrata y estar a favor del derecho a decidir, porque el derecho a decidir no es más que una argucia conceptual, un engaño urdido por una minoría para imponer su voluntad a la mayoría”. Caramba.

La tesis de Cruz ha sido también defendida por la escritora Elvira Lindo (“Un silencio elocuente”), que compara la situación con la ya vivida en Euskadi: “Hay asuntos que no se tratan, o que sólo los tratan unos mientras los otros callan. Pasó un tiempo con el terrorismo. ¿No se acuerdan? Iba uno al País Vasco y sentía esa espesura”.

Y la tesis de Cercas ha sido desarrollada por un Vargas Llosa (“El derecho a decidir”) todavía estupefacto al recordar los tiempos en los que vivió en Barcelona, a principios de los setenta: “Creo que no conocí a un solo nacionalista catalán”. Tal vez no recuerda que, en aquellos sus años felices, la dictadura y la ausencia de libertad política y de expresión condenaron a los militantes antifranquistas a la prisión o al silencio público. Sin embargo, dice, “los había, desde luego, pero eran una minoría burguesa y conservadora”: ¿no conoció a nadie del PSUC, de la izquierda marxista, ni de la Assemblea de Catalunya, quienes defendían todos el derecho a la autodeterminación? Curioso, ¿no?

Por otra parte, para Vargas Llosa, todo esto que ahora se dice son “inexactitudes, fantasías, mitos, mentiras y demagogias”, “obra de demagogos o fanáticos”, “maraña de tonterías, lugares comunes, flagrantes mentiras”. El mismo tono del escritor Antonio Muñoz Molina (“Kitsch nacional” ), que ha escrito sobre el “fervor independentista catalán” como “el imperio de los aspavientos incontrolados de la emoción”, que “prospera en ese cruce de la sensibilidad atolondrada y el cinismo mercenario”.

La descripción de Cruz, Cercas y Lindo es simplemente falsa: opiniones como las suyas, contrarias al derecho a decidir, se pueden escuchar y leer a diario en todos los medios de comunicación, públicos y privados. Y a partir de premisas falsas, ninguna conclusión verdadera puede derivarse. Por otra parte, la descalificación caricaturesca y paródica de Vargas Llosa o Muñoz Molina sólo muestra su talento en el ámbito de la ficción y de los recursos retóricos, pero dice poco de su capacidad intelectual de discernimiento analítico ante situaciones políticas de cierta complejidad. Estigmatizar, además, la opinión adversa como “irracional” es, a la postre, el mismo recurso que, en las sociedades premodernas, privaba a los esclavos de voz y los condenaba a emitir, en el mejor de los casos, sólo ruido. Si no respeto, por favor, un poco de seriedad.

De la Ciudadela al Carche
Xavier Pericay blog  30 Septiembre 2013

Acaso la demostración más palpable del grado de irrealidad en que se mueve la clase política catalana –derechos de decidir aparte– sea esa «resolución sobre la lengua» aprobada el pasado viernes en el debate de política general del Parlamento autonómico con el voto de todas las formaciones representadas en la Cámara menos el Partido Popular y Ciutadans. Desde el propio reconocimiento de los «Países Catalanes como una realidad cultural, lingüística e histórica compartida entre sus diferentes territorios» hasta el requerimiento al Gobierno de Aragón para que «utilice criterios científicos a la hora de reglamentar la política lingüística», pasando por el «apoyo a todas las movilizaciones, pacíficas e unitarias que defienden el catalán como lengua vehicular en las Islas Baleares».

En efecto, ¿qué significa «una realidad cultural, lingüística e histórica»? ¿A qué viene tanto adjetivo lubrificante cuando lo que en verdad se quiere decir es «proyecto político»? Además, ¿qué diantre comparte un catalán con un habitante del Carche, como no sea la ciudadanía española? ¿O uno de Ibiza con uno del noroeste de Cerdeña, como no sea Europa y la pesca? Y luego, ¿desde cuándo la política lingüística guarda relación con un criterio científico cualquiera? ¿Por qué no llaman a las cosas por su nombre? ¿Por qué no admiten que la planificación lingüística no es, en el fondo, sino una forma de ingeniería social, con todas sus consecuencias?

Y en cuanto a esas movilizaciones baleáricas que defienden, en efecto, «el catalán como lengua vehicular», o sea, la inmersión lingüística –aunque sus convocantes se cuiden muy mucho de reconocerlo abiertamente–, ¿desde cuándo son «pacíficas e unitarias»? ¿Cómo puede ser pacífico e unitario lo que descansa en la coacción a los padres y docentes que están en desacuerdo con el paro y lo que apenas cuenta con la adhesión de un tercio de los enseñantes?

Aunque lo más grave no es eso. Lo más grave es que los diputados que han aprobado la mencionada resolución son tan necios que encima se creen sus propias mentiras..

Explicar en público lo que se dice en privado
Francesc Moreno www.cronicaglobal.com 30 Septiembre 2013

En los últimos meses he mantenido conversaciones con una docena de personas -empresarios, ejecutivos de grandes empresas, profesionales- sobre la situación política catalana, el clima que se vive en Cataluña y las posibles salidas del laberinto.

Se trata de votantes de CiU y, en algunos casos, con responsabilidades relevantes en cargos públicos en la etapa pujolista. Les resumiré el contenido.

No hablar de política ni en público, ni en las reuniones familiares. En este tema hay unanimidad. La primera es que todos ellos dicen en privado lo que no se atreven a decir en público. En parte por posibles repercusiones en su trabajo, pero sobre todo por el miedo a verse estigmatizados y acusados de botiflers, antidemócratas, fachas, unionistas o cualquier otro calificativo al uso por el mero hecho de expresar dudas, de analizar inconvenientes o ponderar dificultades.

Todos ellos dicen en privado lo que no se atreven a decir en público, por el miedo a verse estigmatizados y acusados de botiflers, antidemocrátas, fachas, unionistas

La presión social es muy fuerte, hasta el extremo de generar problemas familiares, sobre todo con los más jóvenes, víctimas del adoctrinamiento en sus centros escolares y del efecto de sumarse a la ola para no sentirse marginados.

Entre el silencio de unos y el silenciamiento de otros, en Cataluña han faltado voces que desde el catalanismo alertasen del desvarío colectivo. Tras el último 11 de septiembre las cosas empiezan a cambiar. Duran y Navarro han endurecido su discurso no independentista. La entrevista a Guardans en CRÓNICA GLOBAL, la de Granell en El País, o los artículos de Joaquim Muns y Pedro Nueno en La Vanguardia ilustran un cambio esperanzador.

Alzar la voz, erradicar el miedo a no ser independentista es la primera condición para revertir la situación. Los que llevamos años predicando en el desierto nos sentimos gratificados de que otros, por fin, se sumen. En El Debat lo sufrimos con la retirada de la publicidad institucional de Generalidad, Ayuntamiento y Diputación sin que, por cierto, recibiéramos publicidad institucional del Estado, que sí llegaba a medios pro soberanistas. Así son las cosas. Hasta hoy el soberanismo sigue bien engrasado con dinero proviniente de quienes estan en contra de la independencia. No deja de ser extraño.

La independencia no es conveniente ni deseable para los catalanes. Muchos de mis interlocutores son independentistas sentimentales. En un mundo que empezara de cero apostarían por que Cataluña fuera un Estado independiente. Pero todos ellos consideran la independencia aquí y ahora indeseable.

Vivimos en 2013, en un mundo globalizado, en el seno de la Unión Europea que, con todos sus problemas e inconvenientes, es el único proyecto colectivo con sentido de futuro. Cataluña es una sociedad plural, con un grado más que razonable de libertad individual y colectiva por mucho que se diga lo contrario. La situación política actual ya está degradando nuestra democracia. Competimos ufanamente por ser más ultras y sectarios que la caverna española. TV3 o RAC 1 ya son tan manipuladoras como 13TV o Telemadrid. Qué gran avance democrático. Ninguno de mis interlocutores se identifica con Kosovo. Y lo que es peor se siente incómodo en su propio país. Cataluña no es una dictadura pero en ocasiones parece que lo es, no por falta de vocación de algunos lideres, sino por carencia del poder suficiente para imponerla.

TV3 o RAC 1 ya son tan manipuladores como 13TV o Telemadrid. Qué gran avance democrático

La independencia es imposible de alcanzar. Plantear lo imposible no es un acto de valentía sino de estupidez, me dice un interlocutor. Conducir a un país hacia un objetivo indeseable para los ciudadanos e inalcanzable por la oposición no sólo española sino de la UE y de EEUU, y sin ningún aliado relevante en el mundo, no es una heroicidad sino una irresponsabilidad que puede tener consecuencias muy graves para los ciudadanos. La hormiguita que reta al elefante no es una heroína sino una suicida.

El proceso segregacionista iniciado en Cataluña no es una cuestión acotada como lo es el caso escocés o el de Québec. Implica no sólo romper España sino desestabilizar el sur de Europa y herir de muerte una ya renqueante UE. El nacionalismo catalán siempre ha reivindicado los Països Catalans. ¿Alguien ha pensado en lo que esto significa? ¿Alguien ha valorado el efecto contagio en el País Vasco y otras regiones del sur de Europa? ¿Alguien sensato puede olvidar que todas las guerras europeas han nacido de conflictos territoriales? ¿Alguien con un mínimo de información puede esperar que países que han cedido importantes ámbitos de soberanía pocas décadas después de haberse enfrentado con millones muertos puede mirar con simpatía que la historia vuelva a repetirse?

Me dicen mis interlocutores que los actuales dirigentes de CDC les pidieron silencio y colaboración porque de lo que se trataba era de tener un discurso político durante la crisis y acabar pactando una mejora fiscal. Pero el error de cálculo de Artur Mas al adelantar las elecciones, convencido que una mayoria muy amplia le permitiria controlar el proceso y maniobrar con comodidad, dificulta la rectificación y nos empuja hacia el abismo. Al quedar rehén de ERC y del movimiento social que desde la Generalidad se ha impulsado y financiado generosamente durante décadas, Mas ha optado por la huida hacia adelante, prisionero de sus desvaríos.

Entre el desánimo y el fatalismo. Al hilo de estas reflexiones, mis interlocutores han mostrado unánimemente preocupación. Y cierto desánimo por la asunción de que nos encaminamos hacia la tan cacareada colisión de la que los principales perjudicados seremos los catalanes. Todos coinciden en que los vehículos no son iguales. El choque, si nadie lo evita, sería entre un turismo y un coche blindado. Con el agravante de que una parte de los ocupantes del turismo que no han bebido le gritan al conductor ebrio que deje de acelerar. Aún suponiendo que uno circule adecuadamente por su carril, no es lo más inteligente mantener el rumbo si nos encaminamos a un choque frontal con el agravante de que el vehículo contrario es más potente y robusto. Mas miente y halaga los oídos de los soberanistas haciéndoles creer que somos los mejores. Que impondremos nuestra voluntad al mundo. Como el Barça, ganaremos.

Todos aquellos catalanes, sobre todo del mundo económico, que saben que nos encaminamos al borde del abismo, deben abandonar la prudencia y la ambigüedad que les ha caracterizado y apostar con claridad, energía y medios por una solución dialogada

Aunque no han perdido todas las esperanzas de que vuelva el seny y se rehagan los puentes que permitan una nueva transición, la mayoría consideran muy probable que esto acabe en la ocupación del Parque de la Ciudadela por los más radicales al estilo de las primaveras árabes. Esta situación, más que el preámbulo de la independencia, sería probablemente el de la suspensión de la autonomía. Ello llevaria a un futuro muy incierto en el que no es descartable la aparición de la violencia, hasta ahora ausente, afortunadamente, de nuestra sociedad a pesar de que cada día aumentan los incidentes hasta ahora acotados.

La necesidad de la tercera vía. Coincido con mis interlocutores en que los partidarios de la confrontación son numerosos y tienen una hoja de ruta clara tanto en el resto de España como en Cataluña. Pero se mantiene viva la esperanza de que existe una mayoría, aquí y allí, capaz todavía de revertir la situación. Lo primero es que catalanistas e izquierda articulen una propuesta conjunta que después sea negociada con la derecha democrática española y con el nacionalismo que esté dispuesto a ello.

Las conversaciones Rubalcaba-Duran son esperanzadoras. Eliminada la adrenalina, los intereses compartidos superan las razones que alimentan la confrontación. Puede y debe hacerse. Y todos aquellos catalanes, sobre todo del mundo económico, que saben que nos encaminamos al borde del abismo, deben abandonar la prudencia y la ambigüedad que les ha caracterizado y apostar con claridad, energía y medios por una solución dialogada que no sea un nuevo parche sino que fije un horizonte común basado en la lealtad mutua. Es lo que corresponde a sus intereses y a los de la mayoría de la población. Es el momento de ser radicalmente moderado. Es el momento de mojarse. A pesar de los pesares todavía no es demasiado tarde. Lo que se dice en privado debe hacerse oír en público. Sin complejos, con la convicción de que lo mejor de la historia está de nuestro lado.


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