AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 2  Octubre 2013

Ni Presupuestos sociales, ni para la recuperación y el empleo
José Oneto www.republica.com 2 Octubre 2013

Toda la oposición ha descalificado los Presupuestos Generales del Estado para 2014, entregados el lunes, a bombo y platillo, en el Congreso de los Diputados, por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y presentados como los “Presupuestos de la recuperación económica”, en línea con la campaña lanzada por el Gobierno de que ya hemos salido de la recesión económica y que, con estos Presupuestos, y con un crecimiento económico de apenas el 0,7 por ciento del PIB ya se empezará a crear empleo.

Si para el PSOE se trata de unas cuentas “falsas e indecentes” y para Izquierda Unida son los “Presupuestos del paro, la pobreza y el pesimismo”, para UPyD (Unión Progreso y Democracia) se trata de unas “cuentas tramposas”, para Convergencia i Unió, son unas “cuentas que no responden a planteamientos racionales de salida de la crisis” y para el Partido Nacionalista Vasco (PNV), estamos ante un Presupuesto “restrictivo”. Para los sindicatos no estamos en unos Presupuestos para la recuperación, sino en unos “Presupuestos para la resignación”.

Pero quizás lo más importante es que estamos, según el antiguo responsable de la Oficina Económica del Gobierno, David Taguas, ante unos Presupuestos que nos llevan a un camino a ninguna parte, porque el tamaño del sector público, lejos de reducirse, continuará incrementándose; el ahorro público, lejos de aumentar, seguirá siendo muy negativo; las subidas de impuestos lejos de desaparecer se prolongan un año más y, el ahorro de las familias, difícilmente podrá aumentar.

Si no son como parece, los Presupuestos de la recuperación económica y de la creación de empleo, tampoco parece que sean los “Presupuestos sociales”, como han sido bautizados por el ministro Montoro, algo a lo que se resistía la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría el pasado viernes al adelantar las líneas generales de lo que setenta y dos horas más tarde, sería presentado en el Parlamento. El argumentario de Montoro para calificar de “sociales” las cuentas del año que viene, es que la partida más importante de los Presupuestos va destinada a pagar las jubilaciones, a las que se destinan 127.484 millones de euros, con un alza del 4,9% , y que a al gasto de prestaciones por desempleo se destinan 29.727 millones de euros. Presentado de esa forma parece que los pensionistas cobraran más y que los desempleados mejorarán sus prestaciones, cuando la realidad es la contraria. Habrá más desempleados que dejarán de cobrar el subsidio y los jubilados perderán poder adquisitivo ya que, por primera vez, el año que viene las pensiones no subirán de acuerdo con el aumento del IPC.

Según todos los cálculos, la subida de un 0,25%, supondrá que los jubilados perderán 1,25 puntos porcentuales de poder adquisitivo, porque aunque el Gobierno no ha dado cifras sobre el aumento de precios para el próximo año, varios servicios de estudios, entre ellos el de la Fundación de las Cajas de Ahorros, lo fijan en el 1,5 por ciento, que coincidiría con el llamado deflactor del consumo privado del PIB.

Si los pensionistas perderán poder adquisitivo; si los funcionarios verán congelados, de nuevo, por cuarto año consecutivo, sus salarios; si los dependientes verán reducidas sus prestaciones en un 47 por ciento; si a los asalariados normales les bajan el sueldo, y a parte de ellos, se le suben las cotizaciones a la Seguridad Social, y a los contribuyentes se les impone una carga fiscal que iba a bajar pero que no lo hará hasta que llegue la convocatoria electoral, ¿qué tienen de sociales esos Presupuestos, unos Presupuestos en los que, de nuevo, se gasta más de lo que el Estado ingresa, y que sitúa a la Deuda Pública en la astronómica cifra del billón de euros, el 100 % del PIB, un porcentaje que lastrará el crecimiento y afectará al empleo? Un porcentaje, que según el Fondo Monetario Internacional nuestro país no alcanzaba desde hace 105 años.

La degradación de los políticos españoles
Francisco Rubiales Periodista Digital 2 Octubre 2013

El sometimiento humillante al jefe, el autoritarismo, la ausencia de debate interno, la represión de la conciencia, la renuncia a la crítica, la alteración de la escala de valores y, en definitiva, la falta de libertad, convierte a los partidos políticos españoles en fábricas de ineptos, de propensos a la corrupción y de gente escasamente demócrata y poco preparada para gobernar en democracia.

Pocos ignoran que la política y los políticos españoles están seriamente degradados. Los fracasos acumulados al gobernar y los datos que arrojan las encuestas, donde queda reflejado el rechazo y el desprecio de los ciudadanos a la "casta" política, así lo confirman, pero pocos conocen las verdaderas razones que han provocado esa profunda degradación. Sin embargo, descubrir la causa es sencillo porque la Historia ha demostrado hasta la saciedad que la falta de libertad y sobre todo el sometimiento esclavo a otros humanos siempre empobrece y degrada.

La falta de libertad en la vida interna de los partidos ha convertido a esas formaciones en fábricas de ineptos, de corruptos y a veces también de enfermos mentales engreídos e incapaces de discernir entre el bien y el mal.

Un reciente estudio de la Universidad de Michigan revela que "Si todos fuéramos egoístas y malos, el ser humano se extinguiría", una conclusión reveladora que contradice el consejo "progre" de pensar siempre en uno mismo y que explica la enorme influencia que están teniendo los partidos políticos en el deterioro de la sociedad y hasta de la civilización humana.

Contemplar como un imbécil con poder se equivoca,, miente y mete la pata sin poder decirlo y, además, estar obligado a felicitar al inepto y al idiota es un ejercicio capaz de degradar y hasta de envilecer a cualquier ser humano. Si, además, uno está obligado, dentro de los partidos, regidos por el autoritarismo vertical, a repetir hasta la saciedad esa alabanza al torpe y esas lisonjas a los que mandan, aunque sean idiotas, la degradación se hace endémica e irreversible.

Cocinados en ese sometimiento al jefe, en la renuncia al libre albedrío, a la conciencia y a la crítica, sin libertad suficiente para crecer en responsabilidad y criterio propio, aquellos que se lo deben todo al partido y que desconocen otro mundo que el de la militancia se convierten en monstruos.

Para hacer carrera dentro de un partido político español hay que renunciar a la libertad individual, al libre pensamiento, a la conciencia propia, al análisis independiente, al debate y al discernimiento. El sometimiento al líder y al pensamiento oficial priva sobre cualquier otro valor, lo que implica un proceso implacable y profundo de empobrecimiento moral e intelectual que, al operar durante años, convierte a los militantes y cuadros en gente mediocre y mal preparada para gobernar.

Hay demasiados vicios internos en los partidos que conducen a la degradación y el envilecimiento, pero el mas grave de todos quizás sea el de la "omertá" (la obligación de guardar silencio sobre las suciedades y abusos), en aras de una lealtad mal entendida y transformada en complicidad. La ley dice que es obligación del ciudadano denunciar un delito cuando lo conoce, pero esa ley no rige en los partidos, donde la denuncia de los abusos, corrupciones y arbitrariedades está prohibida porque se confunde con la deslealtad y la traición. Es el mismo código de conducta que tienen las mafias, desde la de Chicago a la rusa, incluyendo a la yakuza japonesa y a la calabresa.

Dentro de los partidos se conocen casi todos los secretos y suciedades, pero muy raramente esos secretos salen del grupo, siempre por miedo a ser represaliado. Los cuadros del PP sabían de la existencia de sobres de dinero complementario en los altos niveles, así como del pago de "tributos" en negro por parte de empresas que aspiran a recibir contratos públicos, subvenciones o concesiones, pero nadie los denuncia ante el juez, como es el deber de todo demócrata. Ese silencio envilece y convierte a los partidos políticos en aglomeraciones de cómplices activos. Del mismo modo, todos los altos cargos de la Junta de Andalucía conocen las malas prácticas y delitos que comete el PSOE andaluz con los dineros públicos, utilizado para pagar campañas y "ayudas" a jefes, militantes y amigos del poder, pero nadie ha denunciado esos delitos porque pertenecer al partido implica comulgar con las canalladas y delitos.

Con esos comportamientos, España ha llegado a convertirse en una cloaca, impulsada y liderada desde la clase política, protagonista de una corrupción intensa y profunda que ha trascendido los ámbitos de los partidos políticos y ha anidado en el Estado y sus instituciones.

Frente a esa infección no hay mas receta que "mas democracia", una democracia auténtica que imponga la libertad en el seno de los partidos y que respete y haga cumplir una ley que debe reformarse para que los canallas y corruptos sean castigados y para que los ladrones políticos se pudran en la cárcel mientras no devuelvan el botín. La única salida para partidos políticos que hoy están "tocados" y en profundo declive sería la implantación de la libertad de debate, de conciencia y de pensamiento en sus filas, pero esos valores son imposibles en partidos verticales y autoritarios que incumplen el mandato constitucional de funcionamiento democrático en la vida interna

Voto en Blanco

Una nación de ovejas engendra un gobierno de lobos
Vicente Benedito www.vozpopuli.com 2 Octubre 2013

Decía G. García Márquez, que “la vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda, y cómo la recuerda para contarla”. Y no es fácil valorar conjuntamente lo que vivimos, lo que recordamos y lo que nos contaron.

Pertenezco a una generación que, en 1975, cuando murió Franco, tenía entre treinta y cuarenta años, o lo que es lo mismo, que habíamos vivido en primera persona la adolescencia, la juventud y nuestra incipiente madurez en pleno “franquismo”. Nosotros recordamos hechos, detalles, y tenemos vivencias de un tiempo triste, de medias conversaciones y silencios; de miradas interrogantes, desconfiadas y orgullosas; de saludos desproporcionados; de prohibiciones intuidas y no escritas; de preguntas sin respuestas y de respuestas incomprensibles; de asambleas en las universidades y carreras ante la Policía; de casas sin cuarto de baño y con establo; de lavanderas en lavaderos públicos y de costureras que giraban los puños y los cuellos de las camisas... Y también de momentos de alegría y juventud despreocupada, de días de fiesta con traje nuevo y paseo por donde correspondía; de bailes con tocadiscos y música italiana, de inventarnos fiestas y comisiones para poder reunirnos... Pero hoy, tras más de tres décadas largas de democracia, ya no recordamos las cosas como entonces e intentamos saber el porqué de lo que recordamos. Hemos pasado de no saber, siquiera, lo que era la política a tener una cultura democrática consolidada; de no haber oído hablar de “justicia” a exigir una “justicia justa”. Pocas generaciones han soportado, y hecho posible, un cambio tan drástico.

Pero todo esto vuelve a estar en peligro, hemos acabado el verano del 2013 ofreciendo al mundo, para regocijo de unos y vergüenza ajena de otros, el artificial, subdesarrollado e impresentable espectáculo de millones de parados que contemplan una Administración desmesurada y una corrupción desmedida. La mayor parte de nuestros políticos no están a la altura de las circunstancias y nosotros somos poco exigentes con ellos pensando que el tiempo lo resolverá todo. No nos equivoquemos, el tiempo por sí sólo no resuelve nada y como dijo el periodista norteamericano nacido en los primeros años del siglo XX Edward R. Murrow, “una nación de ovejas engendra un gobierno de lobos”. En paralelo, me viene a la mente la acertada locución de Plauto, poeta y comediógrafo romano que vivió en el 200 a.C, Homo homini lupus" o su traducción "el hombre es un lobo para el hombre" popularizada, muchos años después, por el filósofo del siglo XVIII, Thomas Hobbes, el cual consideraba que una de las notas características de la condición humana es el egoísmo, por intermedio del cual el hombre mismo termina siendo su propio verdugo, es decir, un lobo para el hombre. Y es que mientras unos pocos piensan:

- En olimpiadas; la mayoría ve sus calles sucias y abandonadas.
- En destruir la unidad de España; la mayoría no es informada de las reales consecuencias que ello puede producir.

- En que son defensores de los trabajadores; casi todos creen que están siendo engañados.
- En la realización de grandes eventos y construcciones sin sentido y sin retorno social; una parte no desdeñable de la sociedad pasa hambre.

- En lograr el mayor número de subvenciones, prebendas y lobbies; el ciudadano de a pie ve cómo su recibo de la luz sube más de un 70% en cinco años y el déficit eléctrico se lleva el 70% de los fondos de Industria.
- En incrementar los impuestos; el clamor es preguntarse cómo va a crecer el consumo y, con ello, la actividad económica.

- En alcanzar mayor competitividad y avances técnicos; sin embargo, vemos irrisorias cantidades dedicadas a la investigación y cómo se nos va el talento a otros países
- En la reforma de la educación; mientras observamos que sólo algunos de los políticos que han de valorarla tienen titulación universitaria y otros solo el bachiller, siendo su única profesión, desde que nacen hasta que mueren, la política como arte para la supervivencia, sin apenas contacto con la sociedad y la economía reales.

- En la reforma financiera; mientras las pymes asisten consternadas a la imposibilidad de acceso al crédito y padecen los problemas derivados de la consentida y cómplice colocación de las emisiones de las preferentes, la deuda subordinada, etc. y el pasivo bancario se invierte en deuda pública y no en el sistema productivo.
- En la tan ansiada como frustrante, por incapacidad para llevarla a cabo, reforma de la Administración Pública; mientras se exige cada vez más esfuerzos al pueblo llano y soberano.

- En la eterna reforma de una Justicia frágil en la que casi nadie va a la cárcel y los que van no devuelven nada de lo que se llevaron; los procesos se prolongan, se falla a favor de la Administración cuando el que recurre es un particular y el ciudadano ve, cada día con mayor frecuencia, cómo algún vecino de muchos años es desahuciado de su vivienda.

Podría continuar durante horas trayendo a estas cuartillas multitud de sinrazones más pero ni ustedes se lo merecen ni yo quiero ahogarme en mí propia crítica. Esperemos que los Presupuestos del 2014, sean,como ha dicho el ministro Montoro, los de por y para la recuperación.

Sin embargo si en algo coinciden conmigo, háganme caso, renunciemos a ser ovejas para, por un lado asumir con nuestras decisiones y convicciones aquello en lo que creemos y a lo que no queremos dejar de aspirar, y por otro para evitar que se cumpla la aseveración de Murrow de que “una nación de ovejas engendra un gobierno de lobos”.

Sindicatos al dictado del PSOE
EDITORIAL Libertad Digital 2 Octubre 2013

Los sindicatos, bien se sabe, son un privilegiado grupo de presión que, con la pretensión de representar a los trabajadores, se dedican a parasitar los presupuestos. Tampoco resulta novedad alguna el descarado sectarismo político de UGT y CCOO, que les lleva a ser una correa de transmisión y un instrumento de agitación y propaganda al servicio de la izquierda política. Han vuelto a dejarlo claro este martes los "responsables de Pensionistas" de UGT y CCOO que han acudido al Congreso, flanqueados por la diputada de IU Caridad García y la socialista Soraya Rodríguez, para registrar un manifiesto contra los recortes que están sufriendo los jubilados: tras la entrega del documento, los sindicalistas pretendieron hacer unas declaraciones dentro del edificio, algo a lo que no estaban autorizados por no ser diputados. La portavoz socialista aprovechó entonces para dictarles cuál tenía que ser su alegato una vez salieran fuera de la Cámara para hablar con la prensa: "Ahora, cuando intervengáis, empezad diciendo todos 'Nos han echado a la calle'. Es muy importante".

Obedientes, los sindicalistas entonaron el "Nos han echado" y se quejaron de que les habían sacado de "la casa de todos los españoles". Después retomaron el discurso original y denunciaron los perjuicios que la política del PP causa a los pensionistas.

El Congreso no es la casa de "todos los españoles", sino el lugar donde tienen voz y voto sus legítimos representantes. Y los sindicatos, por mucho que se escuden en ellos, no son representantes ni de los trabajadores, ni de los jubilados ni, menos aun, de "todos los españoles".

Por otra parte, el PSOE carece de legitimidad alguna para denunciar los recortes. Es cierto que la subida del 0,25% de las pensiones aprobada por el Gobierno para el año que viene no va a evitar a los jubilados que pierdan en torno a un punto de poder adquisitivo; pero más perdieron con el PSOE de Zapatero, que directamente se las congeló.

Téngase en cuenta, además, que tanto el PSOE como IU -y los sindicatos- están a favor de un ineficiente sistema de pensiones basado no en la capitalización sino en el reparto y cuya sostenibilidad depende, cierta e inexorablemente, de paulatinos recortes y perjuicios a sus supuestos beneficiarios.

Es fundamentalmente la izquierda la que sacrifica a los jubilados en el altar de este sistema público de reparto, y es la sostenibilidad del mismo lo que exige recortes, incluso mayores que los que el Gobierno de Rajoy ha llevado a cabo. Que el Gobierno no se atreva a romper ese consenso podrá ser motivo de queja para muchos de sus votantes, así como para muchos jubilados presentes y, sobre todo, futuros. Pero no, desde luego, para una izquierda, política y sindical que ha hecho suya esta ineficiente herencia franquista.

CATALUÑA, FUTURA ARGELIA
Cataluña no necesita a De Gaulle para ser argelina
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com 2 Octubre 2013

La secesión de una región no es legal ni conveniente, pero ya se ha hecho antes de ir Mas a mendigar Bruselas, pues Francia dio la independencia a una región. Que por eso salió de la CEE.

El 19 de septiembre Esperanza Aguirre dio una alegría a muchos cuando dijo que "no le escandalizaba" que "se quisiera conseguir la independencia de Cataluña", sino que se quisiese hacer fuera de la ley. Es decir, que dentro de la legalidad vigente no le escandalizaría, y aunque no le gustase le parecería legítimo si el marco legal (constitucional en este caso) lo permitiese. Esto es una expresión completa, clara y moderna de lo que se ha dado en llamar "patriotismo constitucional". Es decir, que la Constitución crea y garantiza la unidad de España. Pero la Constitución se puede cambiar.

José Manuel García-Margallo también ha dicho que una eventual secesión de Cataluña "no es posible" constitucionalmente y dejaría a los catalanes fuera de la Unión Europea. El ministro de Asuntos Exteriores, que por lo demás no es ni lerdo ni analfabeto, asegura que la secesión es una hipótesis no prevista en el derecho europeo ni en el internacional. Eso es así, salvo en el caso de la URSS por determinadas razones históricas sucias y sangrientas, que ni compartimos ni visto el resultado queremos compartir, y en el caso del Reino Unido por otras razones históricas que a causa de la naturaleza no totalmente contemporánea de sus instituciones no podríamos compartir aunque quisiésemos. Pero las leyes, y mucho más los tratados internacionales, se pueden cambiar.

Sobre la Unión Europea se han dicho algunas cosas y se han callado otras. Se ha dicho que "la secesión… sería una acción realmente perjudicial para los intereses de los catalanes", ya que se verían "excluidos de la Unión Europea". Eso es así, a día de hoy y como bien se lo han hecho notar a Artur Mas en Bruselas, pero tampoco es tan evidente que salir de la UE, del euro y del gobierno bruselense sea el mayor de los males. Y además puede dejar de ser así, ya que basta que los Estados miembros acuerden otra cosa para que el resultado sea totalmente distinto. ¿Puede estimularse el patriotismo español apelando a la conveniencia europea y al posible veto español una nueva adhesión de la región segregada? Intelectualmente es una chapuza; además, no es nada evidente la conveniencia incluso material de estar en la UE para una potencia de tercera o cuarta fila; y sobre todo, ¿quién cree que un Gobierno puede a la vez ofrecer "diálogo sin fecha de caducidad" y amagar con el uso sólido de todos los mecanismos internos y externos de defensa de la unidad nacional?

En cualquier caso, no sería la primera vez que una región de un Estado miembro se separa de dicho Estado. En el único caso jurídicamente claro habido hasta ahora, dicha región dejó de pertenecer a las instituciones europeas, pero porque entonces tanto los separatistas como el Jefe del Estado matriz estaban de acuerdo en no querer esa adhesión. Así que Argelia, la vieja Argelia Francesa, no puede tomarse tan a la ligera como modelo.

Entre 1952 y 1956 Francia formó parte del primer grupo de países de la CECA, el EURATOM y la CEE, hoy UE. Algunos de aquellos socios tenían aún imperios coloniales (como Francia, Bélgica y los Países Bajos) o algún territorio administrado en nombre de la ONU (como Italia). Desde el principio quedó claro que los socios habían de ser los Estados con sus territorios metropolitanos, no las colonias. Por eso, por ejemplo, Gibraltar no pertenece a la UE y nunca ha pertenecido; pero por eso mismo Francia, considerando colonias sus territorios africanos, americanos, australes y muy agónicamente asiáticos, dejó claro que los Departamentos de la Argelia mediterránea eran metropolitanos, eran parte constitutiva de Francia y lo habían demostrado ampliamente en dos recientes Guerras Mundiales. Eran, por tanto, europeos.

No todo el mundo pensaba así, y había en Argelia una guerrilla nacionalista y comunista, el FLN, contra la que luchaban con furia pero sin apoyo político los militares franceses. Al fin y al cabo, no se trataba de defender una colonia, sino de defender una parte de Francia poblada en gran parte por franceses de origen y en la que incluso los habitantes de origen local eran ya ciudadanos de la República. ¿Cuál era la situación? Una región de Francia compuesta de varias provincias donde un movimiento político usó tanto la política como el terrorismo y la guerrilla para conseguir la secesión; y donde otro movimiento político usó las mismas armas para que su tierra siguiese siendo Francia, como lo había sido desde 1830 o desde que sus abuelos y bisabuelos llegaron a aquellos Departamentos como emigrantes.

El 13 de mayo de 1958, ante el terrorismo y el separatismo y viendo la impotencia del Gobierno de Pierre Pflimlin, una gran parte de la población de la Argelia Francesa y una parte del Ejército se alzaron contra aquel estado de cosas y pidieron un Gobierno fuerte que conservase lo que la Constitución decía preservar: la integridad de Francia. Fue la la operación Resurrection, liderada por Raoul Salan y a la que dio rostro, entre otros, Jacques Massu. Y para encabezarles llamaron a un general alto, inteligente, enormemente pagado de sí mismo y políticamente ya derrotado, amortizado y jubilado entonces: Charles De Gaulle.

De Gaulle llegó al poder de la mano y con las bayonetas de los defensores de Argelia Francesa; pero rápidamente se convenció de que lo mejor (materialmente) era aceptar la secesión, lo que ahorraría a Francia (la Francia restante) dolor, gastos y preocupaciones. Sin duda, un hombre moderno. Constitucional. Alguien que "no se escandalizaba", que ponía la economía, la riqueza y el bienestar por encima de todo, y que lo mismo que apeló a unas leyes para negar la independencia estuvo dispuesto a cambiarlas para hacerla posible. Es lo que tiene el patriotismo constitucional, como bien le recordó a menudo su gran enemigo François Mitterrand: el mismo que ilusiona a los patriotas y promete dureza efectiva contra los terroristas e independentistas, el mismo que usando el golpe del 13 de mayo llega al poder el 1 de junio de 1958, asume los plenos poderes, reforma la Constitución y pacta en secreto, dialogando es de suponer, la independencia con el FLN. ¡La Francia unida y constitucional hablando de igual a igual con Ahmed Ben Bella, alguien que había matado más gente que Valentín Lasarte! Precisamente por ser un "patriota constitucional" de Francia, De Gaulle fue capaz de dar la independencia a la que legalmente era una región más de Francia, y lo hizo anulando los derechos y libertades que estaba llamado a defender; y esto provocando unos cientos de miles de muertos y un exilio de unos dos millones en definitiva. Pero, eso sí, él no se escandalizó del secesionismo y dialogó con él.

Es muy cierto que ni los separatistas catalanes ni los abertzales están y nunca han estado al nivel de apoyo, de fuerza y de movilización de aquellos argelinos. Pero también es verdad que lo que buscan hoy, como siempre, es una mesa de "diálogo" como la de Evian de 1962 con los terroristas y genocidas del FLN. Una mesa en la que representantes de un Gobierno, a ser posible de derechas para mantener el orden, negocien la independencia. Mientras haya quien crea que leyes, constituciones e intereses mercantiles, o la pertenencia a la UE, son el mejor escudo para preservar la unidad, habrá quien crea que la independencia es perfectamente alcanzable sin ni siquiera violencia física. Más aún: en esta hipótesis, que no es Argelia, sería el propio Gobierno de la España residual el primero en votar a favor de la permanencia del Estado separado en la UE, o de su incorporación a la misma. Porque no sólo ha habido separaciones en la UE, sino que además en cuanto alguien usa el argumento equivocado se convierte en el mejor embajador de los que supuestamente eran sus adversarios.

EN NÚMEROS
Los asesores de Rajoy se comen el 20% del presupuesto de Presidencia
A.I.M. www.elsemanaldigital.com  2 Octubre 2013

El líder del Ejecutivo mantendrá para el próximo año a los 11 altos cargos -12 con él- y 245 asesores que componen el núcleo del Gobierno. Sus nóminas ascienden a 7,53 millones de euros.

Las nóminas de los altos cargos y los asesores adscritos a la Presidencia del Gobierno encabezada por Mariano Rajoy se comen la quinta parte (el 19,93%) del Presupuesto de dicho departamento para el próximo año, que ascenderá a 37.797.410 euros. Así se desprende del proyecto aprobado el viernes por el Consejo de Ministros y presentado por Cristóbal Montoro este lunes en el Congreso.

La Presidencia del Ejecutivo es el epicentro del mismo, su auténtico núcleo. Está formada por el propio Rajoy; su Gabinete, dirigido por Jorge Moragas; y la Oficina Económica de La Moncloa, con Álvaro Nadal a los mandos. Ni siquiera se incluyen en él la Portavocía ni la Secretaría de Estado de Comunicación. Según las cuentas públicas de 2014, los salarios de sus 12 altos cargos suman 731.850 euros. Concretamente el de Rajoy sigue congelado -por tercer año- en 78.185,04 euros.

A mayores, el presidente mantiene para el próximo ejercicio los 245 asesores -llamados "personal eventual"- que tiene actualmente. Los sueldos de todos ellos ascienden a 6.802.400 euros para el próximo año. Tradicionalmente esta categoría ha generado controversia -ya lo hacía con José Luis Rodríguez Zapatero- porque son contratados "a dedo".

En la Presidencia del Gobierno trabajan también 260 funcionarios, cuyas nóminas para 2014 -congeladas- se elevan a 9.229.620 euros. Y 74 empleados adscritos a la categoría de "laborales" que suman 1.553.630 euros en nóminas. A ello hay que añadir los incentivos al rendimiento de todos los trabajadores de la Presidencia, que cuestan a las arcas públicas otros 4.056.980 euros.

En total, en la Presidencia trabajan 591 personas, porque aunque pueda parecer un área muy reducida es como una especie de minigobierno dentro del Gobierno. De hecho cuenta con departamentos de Estudios; Asuntos Internacionales; Asuntos Europeos y G-20; Asuntos Nacionales; Seguridad Nacional y Situaciones de Crisis; Protocolo; Seguridad del presidente; Informática y Comunicaciones; y, finalmente, los departamentos dependientes de la Oficina Económica (Economía Internacional y Secretaría Técnica de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos).

Con cargo a la Presidencia también se paga la jubilación de los expresidentes Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, que alcanza los 298.320 euros anuales.

El TC avala que el catalán sea mérito y no exigencia para acceder al funcionariado autonómico en las Islas Baleares
La norma aprobada por el Parlamento autonómico había sido recurrida por el PSOE ante el Alto Tribunal. Los magistrados del TC -con cuatro votos discrepantes- consideran que "no hay inconstitucionalidad" en la norma autonómica, ya que la reforma se produce en un contexto de "amplia implantación del conocimiento del catalán en la función pública". Además, señalan que el conocimiento del catalán supone una ventaja -en caso de empate- al aspirante, por lo que "no existe discriminación por la inexistencia de trato preferente del castellano sobre el catalán". Quedan excluidos de la norma los profesores, el personal de atención al público y casos concretos, que sí tendrán que acreditar el dominio de la lengua catalana.
Redacción www.cronicaglobal.com 2 Octubre 2013

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la legalidad de la Ley de Función Pública aprobada por el Parlamento autonómico de las Islas Baleares en julio de 2012. La ley establece que la lengua catalana es un mérito pero no puede ser un requisito imprescindible para acceder a la administración pública.

Este miércoles, el Alto Tribunal ha dado a conocer la sentencia, dando respuesta así al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE en octubre de 2012, y dando la razón al Gobierno autonómico presidido por José Ramón Bauzá (PP), que impulsó el cambio legislativo.

La norma autonómica (Ley 9/2012, de 19 de julio, de modificación de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares) elimina la exigencia general de un determinado nivel de conocimiento de catalán como requisito imprescindible para acceder a la Administración autonómica o para ocupar cualquier puesto de trabajo y modifica, en consonancia, las leyes que regulan el uso lingüístico.

"Medidas de fomento" del catalán
La norma también establece "medidas de fomento concretas de la lengua catalana" al introducir un "mandato dirigido a las administraciones públicas para la promoción de cursos de conocimiento de la lengua catalana entre el personal a su servicio con la finalidad específica de garantizar la atención a la ciudadanía en cualquiera de las dos lenguas oficiales".

Además, el TC recuerda que "también en el caso de las oposiciones el conocimiento del catalán sirve para establecer el orden de preferencia de los aprobados para ocupar puestos de trabajo". Por lo que, pese a la posición del recurrente, el PSOE, el conocimiento del catalán es ventajoso para el aspirante a funcionario y "no existe discriminación por la inexistencia de trato preferente del castellano sobre el catalán".

En este sentido, en la sentencia, firmada el pasado 26 de septiembre, se concreta que:
"La configuración de acceso y provisión de puestos de trabajo en la función pública balear no infringe los límites derivados de la consideración del catalán como lengua propia, de acuerdo a las normas integrantes del bloque de constitucionalidad y ello no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma, lo que conduce a la constitucionalidad de los preceptos examinados, al poderse utilizar con normalidad la lengua catalana, sin perjuicio de poder utilizar también con normalidad el castellano".

El TC, incluso, recuerda al recurrente -que había alegado que la norma autonómica "discrimina" el catalán- que "no puede identificarse una postergación del catalán por el hecho de equipararse ambas lenguas como lenguas de uso normal en el ámbito administrativo y oficial", pues ambas tienen el carácter de oficialidad.

Funcionarios excluidos de la norma
Por otro lado, la norma autonómica deja al margen al profesorado, tal y como queda establecido en la Disposición Adicional Duodécima, en la que se recogen los funcionarios que están excluídos de la norma lingüística como mérito. Así, profesores, asesores lingüísticos, personal dedicado a la atención al público y el personal de los colegios, como cualquier puesto de trabajo "en que, dadas las características especiales de sus funciones, se motive que es imprescindible exigir el conocimiento de un determinado nivel de catalán" sí tendrán que acreditar un dominio lingüístico determinado para acceder al funcionariado.

Y así lo explica la sentencia del TC:
"En el ámbito de control de constitucionalidad en el que nos encontramos, debemos observar, una vez más, que en un plano hay que situar las decisiones políticas y el enjuiciamiento político que tales decisiones merezcan, y en otro plano distinto la calificación de inconstitucionalidad, que tiene que hacerse con arreglo a criterios estrictamente jurídicos, como ya se expresara en nuestra STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 7.

Desde esta estricta perspectiva jurídico-constitucional, la opción de política legislativa aquí enjuiciada de conformar una función pública donde no sea necesario genéricamente el requisito lingüístico de la lengua propia no implica necesariamente una posición subordinada de esta lengua, puesto que, como se ha subrayado, la medida preserva la garantía bidireccional del uso de la lengua propia entre administración y ciudadanos a través de un amplio abanico de puestos de trabajo para cuyo acceso y provisión es necesario el requisito lingüístico que son los supuestos contemplados, de forma abierta, en la Disposición Adicional Duodécima".

Magistrados discrepantes
La sentencia cuenta cono el voto particular discrepante de cuatro magistrados, pero la mayoría del pleno del TC considera que "no hay inconstitucionalidad" en la norma autonómica, dado que la reforma legal se ha producido en un contexto de "amplía implantación del conocimiento del catalán en la función pública del ámbito territorial y en la sociedad, al integrarse como disciplina en el sistema educativo".

En su voto particular, la vicepresidenta del TC, Adela Asua, expresa que, en su opinión, la reforma aprobada por el Gobierno autonómico "no garantiza suficientemente los derechos lingüísticos que derivan del artículo 3.2 de la Constitución y se reconocen en el artículo 14.3 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares".

En el segundo voto particular -firmado por los magistrados Juan Antonio Xiol, Encarnación Roca y Fernando Valdés- se sostienen que el artículo 44 de la ley recurrida debió ser declarado inconstitucional porque "desconoce el deber de la Administración autonómica de tramitar los procedimientos en la lengua elegida por la persona interesada".

España
El TC avala que el catalán no sea un requisito para los funcionarios baleares
Ep. Madrid. La Razón 2 Octubre 2013

El Tribunal Constitucional ha avalado la Ley de Función Pública aprobada por el Gobierno balear, que considera el conocimiento del catalán como mérito y no como requisito para acceder a la administración. La sentencia ha contado con dos votos particulares.

De esta manera, el Pleno del TC ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo parlamentario Socialista del Senado contra la reforma de la ley reguladora de la función pública de las Islas Baleares.

Cabe recordar que la norma autonómica recurrida (Ley 9/2012, de 19 de julio) elimina la exigencia general de un determinado nivel de conocimiento de catalán como requisito para acceder a la administración o para ocupar cualquier puesto de trabajo y modifica en consonancia las leyes que regulan el uso de la lengua en las islas.

La sentencia cuenta con el voto particular discrepante de cuatro magistrados, si bien la mayoría del Pleno entiende que "no hay inconstitucionalidad" en la citada norma, dado que señala que la reforma legal se ha producido en un contexto de "amplia implantación del conocimiento del catalán en la función pública del ámbito territorial y en la sociedad, al integrarse como disciplina en el sistema educativo".

En este sentido, constatado el alcance de la reforma cuestionada por los socialistas, el TC concluye que "no hay inconstitucionalidad en tener el conocimiento del catalán como mérito" y que "no existe discriminación por la inexistencia de trato preferente del castellano sobre el catalán".

Mientras, en su voto particular, la vicepresidenta del TC, Adela Asua, expresa su discrepancia con la sentencia de la mayoría porque, en su opinión, la reforma aprobada por el Gobierno balear de José Ramón Bauzá "no garantiza suficientemente los derechos lingüísticos que derivan del artículo 3.2 de la Constitución y se reconocen en el artículo 14.3 del Estatuto de autonomía de las Islas Baleares".

En el segundo voto particular, los magistrados Juan Antonio Xiol, Encarnación Roca y Fernando Valdés sostienen que el artículo 44 de la ley recurrida debió ser declarado inconstitucional porque "desconoce el deber de la Administración autonómica de tramitar los procedimientos en la lengua elegida por la persona interesada".

Por su parte, el TC destaca que la Ley 9/2012 también establece "medidas de fomento concretas de la lengua catalana" al introducir un "mandato dirigido a las administraciones públicas para la promoción de cursos de conocimiento de la lengua catalana entre el personal a su servicio con la finalidad específica de garantizar la atención a la ciudadanía en cualquiera de las dos lenguas oficiales".

También en el caso de las oposiciones, añade la sentencia, el conocimiento del catalán sirve para "establecer el orden de preferencia de los aprobados para ocupar puestos de trabajo".

"No se puede justificar" la "imposición estatutaria" del catalán
Por otro lado, la sentencia indica que la configuración de acceso y provisión de puestos de trabajo en la función pública balear "no infringe los límites derivados de la consideración del catalán como lengua propia, de acuerdo a las normas integrantes del bloque de constitucionalidad y ello no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma".

Así, asegura que ello conduce a la constitucionalidad de los preceptos examinados, "al poderse utilizar con normalidad la lengua catalana, sin perjuicio de poder utilizar también con normalidad el castellano".

Cabe destacar que el recurso de inconstitucionalidad se dirigía también contra el precepto de la Ley 9/2012, que establecía que el conocimiento del catalán no será un requisito para el acceso a los cuerpos de policía local y policía auxiliar en el territorio de las islas.

Sin embargo, al haber sido derogado por la Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de policías locales de las Islas Baleares, el TC declara "la pérdida de objeto" de esa parte de la impugnación.

Por último, el TC avala la constitucionalidad de la mención expresa que la norma recurrida hace del castellano como lengua oficial "estableciendo el objetivo de equiparar plenamente las dos lenguas".

Según la sentencia, "no resulta de la modificación aquí operada que se infrinjan tales límites constitucionales, puesto que ni se afecta a la condición del catalán como lengua propia conforme se ha definido en la doctrina constitucional, ni se adopta ninguna medida que vaya en detrimento del uso normal del catalán como lengua de la Comunidad Autónoma ni, en definitiva, existe un menoscabo o postergación del catalán en la regulación que resulta de la reforma".

De esta manera, la sentencia concluye que "no puede identificarse una postergación del catalán por el hecho de equipararse ambas lenguas como lenguas de uso normal en el ámbito administrativo y oficial".

Sí será un mérito para puntuar
El Constitucional impide que el catalán sea un requisito para los funcionarios baleares
El Tribunal desestima el recurso de inconstitucionalidad presentado por 50 senadores socialistas contra la reforma de la ley de la función pública en Baleares
EP Madrid 2 Octubre 2013

El Tribunal Constitucional ha avalado, con dos votos particulares en contra de cuatro magistrados, la Ley de Función Pública aprobada por el Govern balear, que considera el conocimiento del catalán como mérito y no como requisito para acceder a la administración. De esta manera, el Pleno del TC ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado hace casi un año por 50 senadores socialistas a iniciativa del PSOE balear, que consideraban discriminada la lengua cooficial balear en la reforma de la ley reguladora de la función pública de las Islas Baleares. Cabe recordar que la norma autonómica recurrida (Ley 9/2012, de 19 de julio) elimina la exigencia general de un determinado nivel de conocimiento de catalán como requisito para acceder a la administración o para ocupar cualquier puesto de trabajo y modifica en consonancia las leyes que regulan el uso de la lengua en las islas.

La sentencia cuenta con el voto particular discrepante de cuatro magistrados, si bien la mayoría del Pleno entiende que “no hay inconstitucionalidad” en la citada norma, dado que señala que la reforma legal se ha producido en un contexto de “amplia implantación del conocimiento del catalán en la función pública del ámbito territorial y en la sociedad, al integrarse como disciplina en el sistema educativo”.

En este sentido, constatado el alcance de la reforma cuestionada por los socialistas, el TC concluye que “no hay inconstitucionalidad en tener el conocimiento del catalán como mérito” y que “no existe discriminación por la inexistencia de trato preferente del castellano sobre el catalán”.

Mientras, en su voto particular, la vicepresidenta del TC, Adela Asua, expresa su discrepancia con la sentencia de la mayoría porque, en su opinión, la reforma aprobada por el Govern de José Ramón Bauzá “no garantiza suficientemente los derechos lingüísticos que derivan del artículo 3.2 de la Constitución y se reconocen en el artículo 14.3 del Estatuto de autonomía de las Islas Baleares”.

En el segundo voto particular, los magistrados Juan Antonio Xiol, Encarnación Roca y Fernando Valdés sostienen que el artículo 44 de la ley recurrida debió ser declarado inconstitucional porque “desconoce el deber de la Administración autonómica de tramitar los procedimientos en la lengua elegida por la persona interesada”.

Por su parte, el TC destaca que la Ley 9/2012 también establece “medidas de fomento concretas de la lengua catalana” al introducir un “mandato dirigido a las administraciones públicas para la promoción de cursos de conocimiento de la lengua catalana entre el personal a su servicio con la finalidad específica de garantizar la atención a la ciudadanía en cualquiera de las dos lenguas oficiales”.

También en el caso de las oposiciones, añade la sentencia, el conocimiento del catalán sirve para “establecer el orden de preferencia de los aprobados para ocupar puestos de trabajo”.

Contra “la imposición estatutaria del catalán”
Por otro lado, la sentencia indica que la configuración de acceso y provisión de puestos de trabajo en la función pública balear “no infringe los límites derivados de la consideración del catalán como lengua propia, de acuerdo a las normas integrantes del bloque de constitucionalidad y ello no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma”.

Así, asegura que ello conduce a la constitucionalidad de los preceptos examinados, “al poderse utilizar con normalidad la lengua catalana, sin perjuicio de poder utilizar también con normalidad el castellano”.

Cabe destacar que el recurso de inconstitucionalidad se dirigía también contra el precepto de la Ley 9/2012, que establecía que el conocimiento del catalán no será un requisito para el acceso a los cuerpos de policía local y policía auxiliar en el territorio de las islas.

Sin embargo, al haber sido derogado por la Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de policías locales de las Islas Baleares, el TC declara “la pérdida de objeto” de esa parte de la impugnación.

Por último, el TC avala la constitucionalidad de la mención expresa que la norma recurrida hace del castellano como lengua oficial “estableciendo el objetivo de equiparar plenamente las dos lenguas”.

Según la sentencia, “no resulta de la modificación aquí operada que se infrinjan tales límites constitucionales, puesto que ni se afecta a la condición del catalán como lengua propia conforme se ha definido en la doctrina constitucional, ni se adopta ninguna medida que vaya en detrimento del uso normal del catalán como lengua de la Comunidad Autónoma ni, en definitiva, existe un menoscabo o postergación del catalán en la regulación que resulta de la reforma”.

De esta manera, la sentencia concluye que “no puede identificarse una postergación del catalán por el hecho de equipararse ambas lenguas como lenguas de uso normal en el ámbito administrativo y oficial”.

Sólo se usará en algunos casos
El TC: El catalán deja de ser requisito para los funcionarios Baleares
4 comentarios EFE | GACETA.es  2 Octubre 2013

El Alto Tribunal rechaza así un recurso presentado hace casi un año por 50 senadores a iniciativa del PSOE, que asegura que el catalán es cooficial en estas islas.

El Tribunal Constitucional (TC) ha sentenciado que el catalán no debe ser un requisito general para convertirse en funcionario en Baleares, aunque sí constituya un mérito a puntuar, con lo que avala la reforma de la Ley de Función Pública de Baleares acometida por el Ejecutivo de José Ramón Bauzá.

El Constitucional considera que es aceptable que sólo en determinados puestos el catalán sea no solo un mérito sino un requisito a exigir a quienes aspiren a la administración autonómica.

La sentencia, que cuenta con dos votos particulares, rechaza así un recurso presentado hace casi un año por 50 senadores socialistas a iniciativa del PSOE balear, que consideraban discriminada la lengua cooficial balear.

Ni el español ni el catalán prevalecen una sobre otra
El Constitucional considera que la reforma respeta el "equilibrio o igualdad entre lenguas" sin otorgar "prevalencia o preponderancia" a ninguna sobre otra.

En su sentencia, recuerda que los senadores recurrentes denunciaban daños contra la posición constitucional y estatutaria del catalán en la Comunidad Autónoma, en cuanto que lengua propia y oficial, y lesiones a los derechos de los ciudadanos.

Los recurrentes señalaban, entre otros motivos, que la reforma provocará que el catalán resulte innecesario en el ámbito institucional y administrativo balear dado que, además de suprimir la obligación de su conocimiento por los nuevos empleados públicos, establece la tramitación de los procedimientos administrativos mayoritariamente en español.

El TC fija como referencia para su decisión el principio de que "la regulación estatutaria del empleo público de los entes públicos del ámbito territorial autonómico debe garantizar el equilibrio entre las lenguas oficiales y el derecho del ciudadano a relacionarse con la Administración en la lengua que elija".

En este punto, el Constitucional destaca que son muchas las excepciones de la norma recurrida en la que el catalán se convierte en un requisito y no solo un mérito, lo que es una garantía de que los catalano-parlantes puedan seguir actuando ante la Administración autonómica en esa lengua.

Además, en contra de lo defendido por los recurrentes, el TC no considera que la reforma favorezca al español, sino que, por el contrario, "tiende a equilibrar" su papel "en el ámbito oficial" frente a una legislación anterior de normalización lingüística en Baleares que "había reforzado la posición del catalán, otorgándole cierta prevalencia".

La vicepresidenta Adela Asúa considera en su voto particular que el TC ha ido más allá de su función estricta de control de constitucionalidad en su argumentación favorable a la legalidad de la norma recurrida. Además, Asúa opina que el TC debió obligar al Ejecutivo balear a ampliar la lista de excepciones para garantizar mejor el derecho a operar en catalán ante la administración balear.

Por su parte, en el otro voto particular al que se adhieren los magistrados Encarnación Roca Trías y Fernando Valdés Dal-Ré, el magistrado Xiol Ríos opina que la norma debió ser declarada inconstitucional porque no garantiza adecuadamente el deber de la Administración balear de escuchar y responder a los ciudadanos en la lengua que elijan.

Ley de Función Pública
El Constitucional avala que el catalán no sea un requisito en oposiciones
El tribunal reconoce el conocimiento de esta lengua sólo como un mérito, con dos votos particulares en contra de cuatro magistrados
Europa Press www.lavozlibre.com 2 Octubre 2013

Palma de Mallorca.- El Tribunal Constitucional ha avalado, con dos votos particulares en contra de cuatro magistrados, que avala la Ley de Función Pública aprobada por el Govern balear, que considera el conocimiento del catalán como mérito y no como requisito para acceder a la administración.

De esta manera, el Pleno del TC ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo parlamentario Socialista del Senado contra la reforma de la ley reguladora de la función pública de las Islas Baleares.

Cabe recordar que la norma autonómica recurrida (Ley 9/2012, de 19 de julio) elimina la exigencia general de un determinado nivel de conocimiento de catalán como requisito para acceder a la administración o para ocupar cualquier puesto de trabajo y modifica en consonancia las leyes que regulan el uso de la lengua en las islas.

La sentencia cuenta con el voto particular discrepante de cuatro magistrados, si bien la mayoría del Pleno entiende que "no hay inconstitucionalidad" en la citada norma, dado que señala que la reforma legal se ha producido en un contexto de "amplia implantación del conocimiento del catalán en la función pública del ámbito territorial y en la sociedad, al integrarse como disciplina en el sistema educativo".

En este sentido, constatado el alcance de la reforma cuestionada por los socialistas, el TC concluye que "no hay inconstitucionalidad en tener el conocimiento del catalán como mérito" y que "no existe discriminación por la inexistencia de trato preferente del castellano sobre el catalán".

Mientras, en su voto particular, la vicepresidenta del TC, Adela Asua, expresa su discrepancia con la sentencia de la mayoría porque, en su opinión, la reforma aprobada por el Govern de José Ramón Bauzá "no garantiza suficientemente los derechos lingüísticos que derivan del artículo 3.2 de la Constitución y se reconocen en el artículo 14.3 del Estatuto de autonomía de las Islas Baleares".

En el segundo voto particular, los magistrados Juan Antonio Xiol, Encarnación Roca y Fernando Valdés sostienen que el artículo 44 de la ley recurrida debió ser declarado inconstitucional porque "desconoce el deber de la Administración autonómica de tramitar los procedimientos en la lengua elegida por la persona interesada".

Por su parte, el TC destaca que la Ley 9/2012 también establece "medidas de fomento concretas de la lengua catalana" al introducir un "mandato dirigido a las administraciones públicas para la promoción de cursos de conocimiento de la lengua catalana entre el personal a su servicio con la finalidad específica de garantizar la atención a la ciudadanía en cualquiera de las dos lenguas oficiales".

También en el caso de las oposiciones, añade la sentencia, el conocimiento del catalán sirve para "establecer el orden de preferencia de los aprobados para ocupar puestos de trabajo".

"NO SE PUEDE JUSTIFICAR" LA "IMPOSICIÓN ESTATUTARIA" DEL CATALÁN
Por otro lado, la sentencia indica que la configuración de acceso y provisión de puestos de trabajo en la función pública balear "no infringe los límites derivados de la consideración del catalán como lengua propia, de acuerdo a las normas integrantes del bloque de constitucionalidad y ello no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma".

Así, asegura que ello conduce a la constitucionalidad de los preceptos examinados, "al poderse utilizar con normalidad la lengua catalana, sin perjuicio de poder utilizar también con normalidad el castellano".

Cabe destacar que el recurso de inconstitucionalidad se dirigía también contra el precepto de la Ley 9/2012, que establecía que el conocimiento del catalán no será un requisito para el acceso a los cuerpos de policía local y policía auxiliar en el territorio de las islas.

Sin embargo, al haber sido derogado por la Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de policías locales de las Islas Baleares, el TC declara "la pérdida de objeto" de esa parte de la impugnación.

Por último, el TC avala la constitucionalidad de la mención expresa que la norma recurrida hace del castellano como lengua oficial "estableciendo el objetivo de equiparar plenamente las dos lenguas".

Según la sentencia, "no resulta de la modificación aquí operada que se infrinjan tales límites constitucionales, puesto que ni se afecta a la condición del catalán como lengua propia conforme se ha definido en la doctrina constitucional, ni se adopta ninguna medida que vaya en detrimento del uso normal del catalán como lengua de la Comunidad Autónoma ni, en definitiva, existe un menoscabo o postergación del catalán en la regulación que resulta de la reforma".

De esta manera, la sentencia concluye que "no puede identificarse una postergación del catalán por el hecho de equipararse ambas lenguas como lenguas de uso normal en el ámbito administrativo y oficial".

El Constitucional avala que el catalán no sea un requisito para funcionarios baleares
El tribunal considera que es aceptable que solo en determinados puestos (por ejemplo en la función pública docente) este conocimiento del catalán sea no solo un mérito sino un requisito a exigir a quienes aspiren a un puesto en la citada administración autonómica.
Nacional VOZPÓPULI 2 Octubre 2013

El Tribunal Constitucional (TC) ha sentenciado que el catalán no debe ser un requisito general para convertirse en funcionario en Baleares aunque sí sea un mérito a puntuar, con lo que avala la reforma de la Ley de Función Pública de esa comunidad acometida por el ejecutivo de José Ramón Bauzá, según recoge Efe.

El Constitucional considera que es aceptable que solo en determinados puestos (por ejemplo en la función pública docente) este conocimiento del catalán sea no solo un mérito sino un requisito a exigir a quienes aspiren a un puesto en la citada administración autonómica.

La sentencia, que cuenta con dos votos particulares (de la vicepresidenta Adela Asúa y del magistrado Juan Antonio Xiol, al que se suman otros dos magistrados), rechaza así un recurso presentado hace casi un año por 50 senadores socialistas a iniciativa del PSOE balear, el cual consideraba discriminada la lengua catalana en las islas.

El Constitucional considera que la reforma respeta el "equilibrio o igualdad entre lenguas" sin otorgar "prevalencia o preponderancia" a ninguna sobre otra.

En su sentencia, recuerda que los senadores recurrentes denunciaban daños contra la posición constitucional y estatutaria del catalán en la Comunidad Autónoma, en cuanto que lengua propia y oficial, y lesiones a los derechos de los ciudadanos.

Los recurrentes señalaban, entre otros motivos, que la reforma provocará que el catalán resulte innecesario en el ámbito institucional y administrativo balear dado que, además de suprimir la obligación de su conocimiento por los nuevos empleados públicos, establece la tramitación de los procedimientos administrativos mayoritariamente en castellano.

El TC fija como referencia para su decisión el principio de que "la regulación estatutaria del empleo público de los entes públicos del ámbito territorial autonómico debe garantizar el equilibrio entre las lenguas oficiales y el derecho del ciudadano a relacionarse con la Administración en la lengua que elija".

En este punto, el Constitucional destaca que son muchas las excepciones de la norma recurrida en la que el catalán se convierte en un requisito y no solo un mérito, lo que es una garantía de que los catalano-parlantes puedan seguir actuando ante la Administración autonómica en esa lengua.

Además, en contra de lo defendido por los recurrentes, el TC no considera que la reforma favorezca al castellano, sino que, por el contrario, "tiende a equilibrar" su papel "en el ámbito oficial" frente a una legislación anterior de normalización lingüística en Baleares que "había reforzado la posición del catalán, otorgándole cierta prevalencia".

La vicepresidenta Adela Asúa considera en su voto particular que el TC ha ido más allá de su función estricta de control de constitucionalidad en su argumentación favorable a la legalidad de la norma recurrida. Además, Asúa opina que el TC debió obligar al Ejecutivo balear a ampliar la lista de excepciones para garantizar mejor el derecho a operar en catalán ante la administración balear.

Por su parte, en el otro voto particular al que se adhieren los magistrados Encarnación Roca Trías y Fernando Valdés Dal-Ré, el magistrado Xiol Ríos opina que la norma debió ser declarada inconstitucional porque no garantiza adecuadamente el deber de la Administración balear de escuchar y responder a los ciudadanos en la lengua que elijan (catalán o castellano).

El Tribunal Constitucional sigue actuando como Tribunal Anticonstitucional
Nota del Editor 2 Octubre 2013

La gente que no lea con detalle la noticia o la sentencia, pensará ¡ qué bien, ya podemos ir a las islas a buscat trabajo en la adminstración, no nos discriminan con la lengua regional ! Pero rápidamente se dará cuenta de que todo sigue igual, el TC sigue machacando la constitución española: dicen que la lengua regional es lengua propia, por tanto la española es impropia; dicen que la lengua regional es un mérito, pero no tienen en cuenta de que no hay obligación constitucional de conocerla y si hay obligaciòn legal de conocer el español y por tanto pretender que tienen el mismo nivel es un disparate.

El derecho del ciudadano a relacionarse con la Administración en la lengua que elija es otro disparate puesto que todos los ciudadanos tienen el deber de conocer el español, y cualquier procedimiento que se tramite en lengua regional supone una discriminación contra los ciudadanos cumplidores del deber de conocer el español que quedan indefensos ante tal trámite y sus efectos, además de los costes asociados (el Senado es un claro ejemplo del grado de estupidez del estado (profesionales de la política que lo pastorean).

La sentencia es un claro ejemplo del disparate que supone tener un tribunal con estas características, pues saldría mas barato eliminar el tribunal , sus prebendas y sus disparates y dejar que los contendientes jugaran a los dados el resultado de su disputa, ya que en realidad, hasta los dados estan cargados, los magistrados, cada uno representa un dado, se vuelca hacia el lado que le marcan quienes lo eligieron (los profesionales de la política). Es inadmisible que una sentencia de un tribunal incluya votos discrepantes porque implica que si los miembros del tribunal hubieran sido otros, el resultado habría sido distinto, luego la interpretación de la ley es un acto de lotería, dejemos por tanto que decida la lotería y no una partida con los dados cargados.

Reportaje sobre la cadena humana
El Consejo Audiovisual Catalán avala el adoctrinamiento a niños en TV3
Constata que no se aprecia una vulneración del marco normativo que ampara los derechos de los menores
Europa Press www.lavozlibre.com 2 Octubre 2013

Barcelona.- El pleno del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) ha aprobado un acuerdo en el que constata que en la emisión del teleinformativo 'Info K', el canal infantil de TV3, sobre la cadena humana indepentista de la pasada Diada no se aprecia una vulneración del marco normativo que ampara los derechos de los menores.

En un comunicado, el organismo regulador considera que el "interés informativo y excepcional" del acontecimiento, así como tratarse de una pieza dentro de un informativo dirigido a niños y jóvenes, con la voluntad de explicar con un lenguaje llano y cercano noticias de actualidad, permite concluir que no se vulneró la normativa sobre menores.

Para el CAC, la difusión de la imagen y los datos que permitan identificar a los menores no se puede considerar "perjudicial" para el interés de los niños, ni un menosprecio de su honra o reputación, o contrario a sus intereses.

El CAC también pone de relieve que el hecho noticiable es la celebración de la cadena humana y que, en consecuencia, los declaraciones recogen su punto de vista, y añade que el pluralismo informativo solo es valorable cuando se tratan periodos de tiempo suficientemente representativos.

Asimismo, el CAC remarca que no se puede entender que se vulnere el principio de veracidad de la información, ya que la 'voz en off' de la noticia hace un relato de los hechos que no incluye elementos valorativos y que las afirmaciones de los menores entrevistados se enmarcan en el ámbito de la opinión personal.

DOS VOTOS PARTICULARES
Las consejeras del CAC a propuesta del PSC Elisenda Malaret y Carme Figueras han emitido un voto particular sobre esta emisión del 'Info K' ya que creen que se han producido "algunas carencias y no se ha velado adecuadamente por el respeto" a los principios establecidos en la legislación vigente como en el libro de estilo de la CCMA.

Consideran que no se ha vulnerado el derecho de los niños ya que presuponen que tenían el consentimiento de sus padres, pero cuestionan que los menores que no fueron "se puedan sentir excluidos".

Las consejeras afirman que la noticia deja entrever que los niños que no fueron a la noticia se han perdido un gran acontecimiento, "lo que puede hacerlos sentir discriminados", y consideran que el tono del presentador vulnera el derecho de neutralidad y objetividad.

Malaret y Figueras consideran que hay poco cuidado en la selección de las declaraciones y la 'voz en off', y creen que los niños tienen derecho a recibir una información entendedora "con una mirada crítica, diversa y sin adoctrinamiento".

Consideran que la "visión entusiasta y poco neutral" que se da en la noticia de la cadena humana es un error que no hace honor al valor educativo y de formación que ha mostrado el 'Info K' a lo largo de los años.

Silbado por hablar en español... en una simulación parlamentaria de viejos
El Parlamento autonómico conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad con la simulación de un pleno. Hablan representantes de todos los grupos parlamentarios. Al de Ciudadanos le silba una parte de los viejos diputados al pronunciar sus primeras palabras, en las que agradece la presencia a los 135. De Gispert se limita a reprochar las formas empleadas.
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Daniel Tercero www.cronicaglobal.com 2 Octubre 2013

Los viejos se vistieron de políticos por un día y se convirtieron en jóvenes maleducados. No todos, claro. Solo algunos. Este lunes se celebró en el Parlamento autonómico de Cataluña una simulación parlamentaria bajo el título: Pleno de la Experiencia. 135 escaños para 135 viejos. ¿El motivo? El Día Internacional de las Personas de Edad.

La Consejería de Bienestar Social y Familia y el Consejo de la Gente Mayor de Cataluña, organismo consultivo dependiente de la Generalidad, conmemoraron así la festividad que desde 1990 la ONU fijó en el 1 de octubre. Tres viejos hablaron para exigir al Gobierno autonómico que evite la pobreza entre los mayores y reciban la asistencia social, económica y sanitaria necesarias. En el pleno, Neus Munté (CiU), consejera del ramo.

Además de Munté, hablaron Glòria Renom (CiU), Marta Vilalta (ERC), Eva Granados (PSC), Fernando Sánchez (PP), David Companyon (ICV-EUiA) y José María Espejo-Saavedra (Ciudadanos). No importó que la consejera anunciase este mismo lunes que mantenía la suspensión del pago a los geriátricos privados, fue aplaudida -salvo por tres o cuatro presentes- tras su intervención.

"Anécdota" de "la división"
Antes de la consejera y por orden de mayor a menor habló un representante de cada grupo parlamentario. En su turno, Espejo-Saavedra cometió el delito de dirigirse a los presentes en español. Fue silbado. "Gracias y bienvenidos a todos los presentes...". Silbidos. "...En este Parlamento...". Silbidos. La mirada del diputado autonómico se dirigió entonces a Núria de Gispert (CiU) pidiéndole amparo. ¡Pidiéndole amparo en una simulación parlamentaria! ¡Y de viejos!

No pasó de ahí, de mera anécdota. La presidenta de la Cámara autonómica recordó a los 135 viejos que en el pleno "no se pueden hacer manifestaciones ni de acuerdo ni en desacuerdo" con la persona que tiene la palabra y solo "se permiten los aplausos", al finalizar el discurso. ¡Como si el diputado autonómico hubiera dicho algo! ¿Estaban en contra de que les dieran la bienvenida?

Para Espejo-Saavedra esta "anécdota" refleja claramente "la división que está creando el gobierno de CiU, con el apoyo de ERC", según ha señalado a CRÓNICA GLOBAL. Una "anécdota" que, incluso, representantes políticos de otros grupos -que estaban en la mesa presidencial durante lo sucedido- justifican porque "estamos en Cataluña".

******************* Sección "bilingüe" ***********************

La difícil memoria
JOSEBA ARREGI EL CORREO 2 Octubre 2013

Están muy equivocados quienes creen que es posible complacer a todo el mundo, que es posible un trabajo de memoria sin sufrimiento, sin divisiones, sin problemas

Parece que en el plan estratégico que prepara la dirección de EITB para los próximos años no había sitio para la memoria de las víctimas, porque recordar a ETA, hablar de ETA divide a la sociedad vasca. Y aunque no lo he visto puesto en boca de Maite Iturbe, de sus palabras se deduce que, estando así las cosas, mejor no hablar de ETA, no recordar sus crímenes y asesinatos, no hacer sitio a la memoria de las víctimas.

Parece también que hasta el propio Gobierno vasco que la nombró se ha asustado por esta posición. Pero creo que es preciso reconocer que la postura y las palabras de la directora general de EITB tienen el valor de poner de manifiesto algo que es importante subrayar: la memoria de una historia de terror siempre es difícil, siempre es problemática, siempre causa divisiones. Lo malo del reconocimiento de esta realidad por parte de Maite Iturbe es la consecuencia que extrae: callar, obviar la historia, no hablar, no incluirla en un documento estratégico de un medio, además público, de comunicación.

Están muy equivocados quienes creen que la memoria es fácil. Están muy equivocados quienes pretenden que es cuestión de llevar a cabo el ejercicio de memoria con suficiente equilibrio, incluyendo todo lo posible, para quitar hierro a la dificultad de la memoria. Están muy equivocados quienes creen que es posible complacer a todo el mundo, que es posible un trabajo de memoria sin sufrimiento, sin divisiones, sin problemas. Si ello fuera posible, sería señal evidente de que nada hay de memoria en verdad, dignidad y justicia, como reclaman con razón las víctimas de ETA.

El historiador Tony Judt recuerda que durante siglos era el bautismo la puerta de entrada a Europa, creo que recordando una frase del poeta judío alemán Heinrich Heine, pero que tras la segunda guerra mundial la puerta de entrada a Europa es el holocausto, su reconocimiento, el reconocimiento de su significado. Esta aseveración del gran historiador no significa que a lo largo del siglo veinte no haya habido más sufrimiento y más terror que el causado por el nazismo. No significa que no haya habido terror estalinista, que no haya habido otros fascismos, que no hubiera alemanes expulsados de sus tierras tradicionales tras la segunda guerra mundial, con cientos de miles de muertos como consecuencia. No significa olvidar que la táctica estalinista de ver al enemigo principal en el socialfascismo del SPD alemán no cebó las filas del nazismo, no significa olvidar errores del armisticio de 1919.

Pero el actor principal de la historia de Europa en la primera mitad del siglo XX fue Alemania como incitadora e iniciadora de las dos guerras mundiales, fue el nazismo que ejecutó el mayor genocidio conocido en la historia hasta estos momentos, el intento de borrar de la faz de la tierra a todo el pueblo judío. Por eso han recordado tantos analistas la especial responsabilidad de la Alemania actual para con Europa y para con los países en dificultades. Y con razón.

Contar todos los muertos y asesinados, adscribirlos con claridad a un bando o a otro, catalogarlos por países: todo ello es necesario y lo hacen con acribia los historiadores, como Timothy Snyder en su ‘Bloodlands’. Pero esa labor contable no exonera, ni al historiador ni a los ciudadanos interesados, de un juicio de valor sobre lo ocurrido que responda a la pregunta de quién fue el actor principal. Y esto causa problemas. Sería deshonesto no reconocer que la sociedad alemana ha tenido, y no pocas veces sigue teniendo, problemas, con la aceptación de su papel de actor principal en los desastres de la primera mitad del siglo XX. Es conocido que siguen existiendo, en Alemania y fuera de ella, personas que se siguen resistiendo a reconocer esa realidad de actor principal que incluye de manera especial a Hitler y el nazismo.

Pero también sería deshonesto no darse cuenta de que ese reconocimiento, la aceptación de ese papel de actor principal en los desastres de la primera mitad del siglo XX, no percibir con claridad que la memoria difícil de una Alemania responsable de dos guerras mundiales, del nazismo, del genocidio judío es lo que ha permitido una Alemania democrática, es lo que ha permitido aprender de la historia, es lo que ha permitido que la memoria cumpla una función de purificación, una función crítica que abre la puerta a un mejor futuro, a un futuro más humano.

Ya sé que todo lo que ocurre en la historia vasca es distinto y especial. Pero nos equivocaríamos radicalmente si pensáramos, como creo que piensan algunos, que nosotros lo podremos hacer de forma distinta con nuestros propios desastres y con nuestro propio terror. Buscamos un concepto suficientemente general que sirva para, sin equiparaciones según se nos asegura, abarcar todos los desastres, pretendemos encontrar una neutralidad contable para quitar hierro a las dificultades de la memoria, queremos complacer a todos, especialmente a nosotros mismos y a esa gran mayoría que ha pretendido vivir como si el terror no sucediera entre nosotros, que ha pretendido mirar a otro lado, hacer como que no se entera o que toda esa historia infame no va con él.

Pero la memoria no deja en paz a nadie, exige enfrentarse a uno mismo, es una especie de conciencia convertida en espejo, y reclama posicionarse. Claro que la memoria es difícil, divide, hace sufrir, porque critica, purifica, aclara, y exige correcciones importantes en la manera de verse a sí mismos aquellos en cuyo seno se ha producido la historia de terror.

Si ETA no reniega de la historia de terror que ha producido, si Sortu homenajea a los luchadores de ETA, si las palabras de Maite Iturbe reflejan el sentir de una buena parte de la sociedad vasca que quiere seguir sin ver nada ni mirarse en el espejo, en lugar de un futuro en libertad tendremos la repetición de aquello que no queremos recordar porque divide.

¿Se rompe el espeso silencio?
Francesc de Carreras. La Vanguardia 2 Octubre 2013

Ha transcurrido un año desde que los ciudadanos, tras la propuesta de los nacionalistas catalanes, se empezaron preguntar por el significado y las consecuencias de la independencia de Catalunya. Hasta entonces los objetivos nacionalistas siempre consistían en aumentar las competencias, mejorar la financiación o gozar de un trato distinto al resto de las comunidades autónomas.

Pero tras la multitudinaria manifestación del Onze de Setembre del año pasado el objetivo cambió. Ahora se trataba de constituir a Catalunya como nuevo Estado soberano, no mediante proclamas desde el balcón de la Generalitat, tal como hicieron Macià y Companys el 14 de abril de 1931 o el 6 de octubre de 1934, sino mediante un referéndum. Un año después el objetivo es el mismo y el proyecto se acelera. Así lo reafirmó por mayoría de votos el Parlament de Catalunya al enviar un ultimátum al Gobierno central para convocar una consulta antes de fin de año.

Ante una perspectiva tan inmediata, hubiera sido oportuno que el Govern, por respeto a las mínimas reglas democráticas, se preocupara de que los medios de comunicación públicos, de hecho sometidos a su control, fomentaran el debate sobre las razones, ventajas e inconvenientes de separarse de España. Sin embargo, la opción tomada es la contraria: la información está cada vez más sesgada y falseada, se oyen de forma abrumadora los argumentos de una parte y se silencian en lo posible los de la otra.

Todo ello se combina con otro factor. Desde el nacionalismo catalán gobernante se ha fomentado desde hace décadas el pensamiento único en una materia concreta: la llamada cuestión nacional. En Catalunya se puede discrepar en lo demás tanto como quieras, pero en esa materia no y, si discrepas, porque ello es jurídicamente posible dado que estamos en un Estado de derecho, las represalias, encubiertas pero reales, están garantizadas: quedas marginado de las instituciones oficiales y, allí donde el nacionalismo es influyente, también en ciertos sectores de la sociedad.

Alguna vez habrá que explicar con detalle, nombres y apellidos incluidos, los efectos de este maccarthismo catalán de los últimos treinta años: los vetos a personas para ciertos cargos, los criterios sectarios para escoger a otros, la selección de los directores de programas y de los colaboradores de los medios de comunicación oficiales, las desmesuradas subvenciones a unas asociaciones y la sistemática exclusión de otras. La apropiación de la sociedad civil por parte del poder político catalán ha tenido efectos devastadores para la existencia de una sociedad democrática libre.

En este último año, todo ello ha seguido siendo así pero con matices que destacar. Por parte del Govern y sus múltiples tentáculos, quizás la presión ha sido más intensa que nunca. Sin embargo, en la socie

dad catalana se ha abierto alguna brecha, especialmente en el campo profesional y empresarial, quizás el más consciente del grave error que comporta la aventura independentista. Fueron significativas durante el curso pasado las moderadas tomas de posición contrarias a la independencia de los dos principales financieros catalanes, Isidre Fainé y Josep Oliu, de algunos presidentes de las más importantes empresas multinacionales, de la patronal Foment del Treball y del Cercle d’Economia.

Así pues, este silencio de la sociedad empezó a romperse muy tímidamente aunque estas posiciones discrepantes no fueran suficientemente explícitas y, sobre todo, no llegaran al gran público debido a la sutil, pero implacable, censura ejercida por los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales, los que más influyen, sean públicos o privados. La sociedad catalana ha seguido, pues, muy mal informada sobre este asunto.

Pero hay una novedad: empiezan a surgir voces de alerta procedentes de personas históricamente ligadas al catalanismo político. Es el caso reciente de los conocidos economistas Joaquim Muns y Francesc Granell, en La Vanguardia y El País, respectivamente, del pasado domingo. Frente a las falsedades oficiales aducían razones y argumentos, fundados en su conocimiento y experiencia del mundo internacional, que demostraban el enorme error de la aventura independentista y el daño que supondría para los ciudadanos de Catalunya. Este tipo de razones y argumentos es lo que se echa en falta en un debate desbordado por la emotividad.

Para unos, la separación de España y el nuevo Estado catalán (o, en el lado contrario, la creencia en la indestructible unidad española) nace de un sentimiento que, por más razones que se aduzcan, no es modificable. Pero para otros, creo que para la mayoría, llegados a este punto lo que desean más que nada es saber y comprender, enterarse de las razones de unos y otros para poder pensar por sí mismos sin prejuicios. Este es el debate que se debe fomentar, hay que romper con este espeso silencio para escuchar a aquellos que por sus conocimientos y objetividad de criterio puedan aportar racionalidad a la discusión. Todo lo demás es agitación y propaganda, más propia de países totalitarios que de países democráticos.

Otro 98
JESÚS LAÍNZ. EL DIARIO MONTAÑÉS  2 Octubre 2013

El equipo de contables de la Moncloa no parece haberse enterado de la gravedad de la situación. Pero no se trata de la crisis económica o el desprestigio de los políticos, lo cual, aunque pasajero, ya es suficientemente grave. El problema gravísimo que ha de resolver nuestra nación es el de si va a seguir existiendo o no. Pues, debido a su envenenamiento por unos políticos que hace ya muchos años que deberían haber sido procesados por utilizar ilegalmente las instituciones del Estado para dinamitarlo desde dentro, una parte constitutiva de España desde que Tarragona fuera la primera capital de la Hispania romana y Barcelona la primera capital visigoda amenaza con declarar unilateralmente la secesión. Y aunque dicha secesión no llegara a buen puerto por posibles obstáculos legales nacionales o internacionales que todavía están por ver, el daño sufrido por una España débil, desprestigiada, inestable y cuestionada por los propios españoles sería muy largo y difícil de reparar.

Además, el problema no se detendría en Cataluña, pues evidentemente el ejemplo cundiría y el País Vasco tardaría un minuto en coger la puerta, como acaba de proclamar el PNV en el Alderdi Eguna. Y habría que ver, a medio plazo, lo que harían valencianos y baleares. Pues ante la atracción de una Cataluña exitosa, una España sodomizada no sería la opción más atractiva. No es imposible, ni mucho menos, que España acabe dejando pequeño el bochorno yugoslavo. Y sin necesidad de tiros.

Por eso ni los actuales gobernantes ni los opositores con aspiraciones a serlo deberían dormirse en sus laureles, pues ni sueñen con que sobrevivirían a semejante revolución. Aunque el pueblo español, adormecido por los goles, quizá no despertase hasta que el mal fuese ya irreversible, jamás perdonaría tan devastadora catástrofe nacional ni a los partidos ni a la constitución ni a la monarquía que lo hubieran hecho posible.

Nos esperan tiempos entretenidos. El desastre del 98 fue una broma en comparación con lo que puede suceder en los próximos años.

España
El insulto a España como estrategia política del nacionalismo catalán
m. p. barcelona ABC 2 Octubre 2013

Del «Espanya ens roba» a la mofa de los acentos de otras comunidades autónomas, la descalificación es norma a la hora de verbalizar las relaciones entre Cataluña y España

Cartel de CiU en el que se puede leer «La España subsidiada vive a costa de la Cataluña productiva»

El Estado, "normalmente altivo y displicente con las cuestiones nacionales catalanas, casi siempre tan perdonavidas como ignorante, no tiene más remedio que constatar que tiene un problema", aseguró el presidente de la Generalitat, Artur Mas, durante el Debate de Política General en el Parlament.

Las palabras de Mas, ensartadas en un discurso en el que también calificó de “cutre” que el el gobierno catalán tuviese que avisar sobre sus acciones de política exterior y habló de “alpiste” para referirse a las transferencias económicas del Estado, vienen a sumarse a larga lista de descalificaciones que el nacionalismo catalán ha convertido en norma a la hora de verbalizar su relación con España.

Así, con el runrún constante del “Espanya ens roba”, mantra que han hecho suyo tanto los políticos de CiU como los de ERC, y aligerando el tono de las críticas con frases de doble filo como ese “Cataluña ama a España pero no se fía del Estado” que repitieron Mas y Oriol Junqueras la pasada semana, la política catalana se ha prodigado a la hora de defender sus intereses echando mano del insulto.

Tampoco hace tanto que Josep Antoni Duran i Lleida desató una fuerte polémica al asegura que, mientras los payeses catalanes no pueden recoger la fruta por los bajos precios, "en otros sitios de España, con lo que damos nosotros de aportación conjunta al Estado, reciben un PER para pasar una mañana o toda la jornada en el bar del pueblo".

Unas palabras que más recientemente han tenido su eco en un eslogan que CiU difundió en las redes sociales el pasado mes de agosto y en el que podía leerse"la España subsidiada vive a costa de la Cataluña productiva". Según el secretario de Organización de CDC, Josep Rull, no ha lugar la descalificación ya que, a su entender, es una manera de "describir una realidad" que se vive en el Estado.

El conseller de Presidencia y portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, también desató un polvorín cuando calificó de "macarra" al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Más tarde le pidió disculpas e incluso Duran i Lleida salió al paso asegurando que "los catalanes no se merecen un portavoz que se dedica a insultar a un ministro del Gobierno.

Polémicas fueron también las palabras del presidente Mas cuando, para defender el valor de la inmersión lingüística, acabó ridiculizando en el Parlament los acentos de otras comunidades autónomas. “Estos niños sacrificados bajo el durísimo yugo de la inmersión lingüística en catalán sacan las mismas notas de castellano que los de Salamanca, de Valladolid, de Burgos y de Soria; y no le hablo ya de Sevilla, de Málaga, de Coruña, etcétera, porque allí hablan el castellano, efectivamente, pero a veces a algunos no se les entiende”, aseguró Mas, quien más tarde pidió disculpas

"ETA alardea de sus crímenes y se niega a "asumir el relato de los opresores"
J. Arias Borque Libertad Digital 2 Octubre 2013

ETA no está arrepentida de la pesadilla de sangre y fuego a la que ha sometido durante cincuenta años a la sociedad española. Así lo asegura la organización terrorista en un comunicado en el que dice que "no podemos aceptar que tengamos que renegar de nuestra trayectoria" y se muestra contraria a "asumir el relato de los opresores", es decir, que no ha existido un conflicto entre dos bandos sino únicamente una banda criminal asesinando por sus objetivos políticos.

En el texto, hecho público por el diario digital Naiz, propiedad del periódico Gara, portavoz habitual de los comunicados de la banda, argumenta como razonamiento de la existencia de una guerra entre dos facciones, las falsas torturas que los terroristas de ETA denuncian cada vez que son arrestados por las Fuerzas de Seguridad, y que suelen hacer siguiendo las pautas de un manual escrito por la propia organización criminal. Es por esto, por lo que dice no aceptar ningún tipo de "suelo ético" que quieran imponerle ni a ella ni a sus franquicias políticas los partidos democráticos.

La organización terrorista critica la negativa a negociar de los gobiernos español y francés y no hace mención alguna a un posible desarme, del que se ha venido hablando durante los últimos meses: "En el terreno de la resolución del conflicto hace un planteamiento similar, también reclamando amplios acuerdos, después de lamentar que llevamos largo tiempo tendiendo la mano a los estados para que entren en el camino de la paz sin lograr resultado alguno".

En esta línea, prioriza lo que denomina "reconciliación nacional" para iniciar desde el acuerdo entre los partidos vascos y navarros la ruptura con ambos países. "Es necesario un proceso como pueblo, que haga frente a todos esos ataques y que nos libere de una vez por todas de las cadenas que nos sujetan. Es necesario un proceso como pueblo para hacer nuestro camino de la mano de la soberanía y la justicia social", dice el comunicado.

ETA apuesta asimismo por seguir utilizando a los terroristas que cumplen condena en centros penitenciarios españoles y franceses y a los pistoleros huidos de la justicia como una de sus principales reivindicaciones, así como la expulsión del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil de los territorios que reivindica.


Los padres se cansan de la huelga
Aluvión de peticiones para huir de la enseñanza pública en Baleares
Decenas de padres han pedido ya a la Consejería de Educación que traslade a sus hijos a centros concertados ante la huelga política en Baleares.
O. Moya Seguir a @oliviamoya Libertad Digital 2 Octubre 2013

El pasado 13 de septiembre Laura Venzal acudió a su instituto en Baleares, el IES Marratxí, para comenzar su último curso, segundo de Bachillerato. Como todos los primeros días, ese viernes se dedicó a las presentaciones. Fue un 'hola y adiós' como quien dice, porque el lunes 16 comenzó la huelga indefinida en la Educación en respuesta al decreto del trilingüismo (TIL) del gobierno de José Ramón Bauzá. "Y seguimos".

Acudieron pocos profesores, pero los tres primeros días pudieron dar clase con cierta normalidad. Sin embargo, algo cambió a partir del cuarto: se distribuyó a los alumnos por aulas, por motivos de organización básicamente, y no se impartió clase. El director ya había informado a los padres de que era indiferente que llevaran a sus hijos al instituto porque los docentes no iban a avanzar temario. Cuando un grupo de estudiantes, entre los que se encontraba Laura, llamó a la puerta de su despacho para pedir explicaciones éste les contestó: "estamos en situación de huelga". Y alegó "el derecho de los otros alumnos" a llevarla a cabo. Decidieron después acudir al jefe de estudios. Ya no eran cuatro, sino cincuenta los estudiantes que solicitaron hablar con él. "Sois unos esquiroles y unos egoístas, que no pensáis en vuestros compañeros", les espetó.
"En doce días, más de 100 alumnos"

En otros centros, a los alumnos se les ha dejado en el patio durante toda la jornada. Tal es la desesperación de algunos padres, que ven cómo se inaugura esta tercera semana de huelga indefinida y sin visos de que se resuelva, que han acudido a la Consejería de Educación; algunos, a interponer quejas o denuncias; otros,a solicitar cambios de colegio. Hay "una avalancha de personas que tienen a sus hijos matriculados en la escuela pública y nos están pidiendo irse a la concertada", aseguran fuentes de la consejería balear a Libertad Digital. "En doce días tenemos a 75 niños que les hemos cambiado a la concertada y 30 más están pendientes de formalizar el cambio", añaden. "Sospechamos que, a partir de mañana, la avalancha será mayor porque termina la lista de espera, las plazas bloqueadas (en los centros) quedan vacantes", señalan. "Los padres no quieren huelga, algunos están coaccionados".

Varios son los que denuncian triquiñuelas por parte de los centros públicos. Círculo Balear ha recibido más de 1.000 quejas en este sentido. Y es que se ha dado el caso de que desde las asociaciones de padres se convocó a los progenitores a reuniones informativas de inicio de curso, fundamentalmente para explicar el TIL; cuando muchos de ellos ya se habían marchado de la misma se procedió a votar la propuesta de la FAPA (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos) en Baleares: vaciar los colegios los jueves y los viernes, que los padres no lleven a sus hijos al colegio; de tal manera, que los profesores acudan pero no den clase y así puedan cobrar.

La entidad presidida por Jorge Campos pide al gobierno popular que investigue este "presunto fraude a la administración por incitar al absentismo escolar". Desde la Consejería de Educación ya están en ello. "Para nosotros es prioritario el derecho a recibir educación", señalan.

Las negociaciones, bloqueadas
El conflicto está lejos de resolverse. Tras la multitudinaria manifestación del pasado domingo, los sindicatos se han venido arriba. Ya no les vale la cesión de la consejería, que durante las negociaciones aceptó que este curso en 1º de la ESO el TIL fuera de aplicación voluntaria, sino que en el encuentro celebrado este lunes exigieron la retirada total del decreto, así como la retirada de la Ley de Símbolos y la de los expedientes a los directores del centro Maó. Uno de los representantes sindicales llegó a reconocer en esta última reunión que el único motivo de la huelga indefinida era el catalán.

Pero el gobierno de Bauzá no piensa retroceder ni un punto más; se mantendrá firme en la que es su promesa electoral. Y eso a pesar de tener a toda la oposición en contra, como quedó de manifiesto este lunes en el Parlamento autonómico. El pleno en la Cámara legislativa trató casi en su totalidad del TIL y, como en ocasiones anteriores, se registró una nueva manifestación a sus puertas, en este caso de unos 2.000 profesores, para protestar contra la política lingüística.

El presidente de las islas insistió en la necesidad de que los estudiantes de Baleares conozcan las dos lenguas oficiales -catalán y castellano- y el inglés, y acusó a la oposición de pretender una educación exclusivamente en catalán. "Es una huelga política", afirman fuentes de la consejería. "Todos los diputados autonómicos de la oposición colgaron su camiseta verde en el pleno; todos acudieron a la marcha del domingo", apuntan.

La Consejería de Educación cifró este martes en el 8,2 % el seguimiento del paro, mientras que el principal sindicato educativo, el STEI, aseguró que un 46,8 % de los docentes no obligados a hacer servicios mínimos se han sumado a la convocatoria. Pero los detractores de esta política educativa ya no apelan a estos datos de seguimiento sino a los 100.000 manifestantes (unos 80.000 según la Delegación del Gobierno) que el pasado domingo salieron a la calle.

"Ni desplazar, ni echar a ningún profesor"
El calendario de aplicación del decreto está por ahora paralizado. Pero la intención es introducirlo paulatinamente. En primer lugar se implantará en Educación Infantil y en primero, tercero y quinto de Primaria en este curso. Desde la consejería no se indicará a los centros qué asignaturas deben darse en una u otra lengua. Únicamente se pretende un "equilibrio" en las horas que se dedican al castellano, catalán e inglés.

El Gobierno de Bauzá lleva tiempo trabajando sobre este decreto y preparando al profesorado, explican fuentes de la consejería. Será necesario obtener el nivel B2 de inglés y ya están formando a 3.870 docentes para que consigan la titulación necesaria. Pero "no se va a desplazar ni a echar a nadie", aseguran. Además, se ha abierto la Escuela Oficial de Idiomas para todo aquél que desee matricularse y se ha contado con 170 profesores nativos de apoyo, de Inglaterra, Irlanda EEUU fundamentalmente.
 


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