AGLI Recortes de Prensa   Jueves 3  Octubre 2013

Chapoteo y tiros al aire
Manuel Muela www.vozpopuli.com  3 Octubre 2013

Les imagino estragados por el baile de cifras de los Presupuestos Generales del Estado y supongo que habrán llegado a una conclusión parecida a la del título del comentario: éste proyecto presupuestario es un eslabón más de la saga de incumplimientos en la materia y sólo tiene validez para legitimar el insistente rascado de bolsillos de colectivos importantes, empleados públicos y pensionistas, y el engorde de la deuda pública, cuyas fauces van devorando recursos y esterilizando los sacrificios de los españoles.

Parece que esto preocupa sólo a cuatro locos, que pensamos que el volcán de la deuda es una de las mayores amenazas en términos económicos y sociales, frente a los que manifiestan su contento por lo bien que se colocan los títulos públicos cada semana o cada quince días. Los datos están ahí, 100% del PIB, y, sin un proyecto de gobierno que vaya más allá de administrar malamente la ruina nacional, observamos que únicamente se aspira a dar la patada hacia adelante, adobada con propaganda pueril, para comprar tiempo e intentar salvar algunos muebles en las consultas electorales de los meses venideros. En ese objetivo, el Gobierno cuenta con la complicidad de las instituciones europeas que, visto cómo pinta el sur de Europa, optan por atenuar el castigo, haciendo la vista gorda sobre la realidad española. Haría falta algo más.

Maniobras de distracción presupuestaria
Se ha convertido en un lugar común de la política de los últimos otoños organizar una gran maniobra de distracción alrededor de los presupuestos, sabiendo tanto el Gobierno como las oposiciones que son un papel mojado, porque no existe la menor intención de procurar el cambio político y económico que dé vigor y confianza a las gentes que, con sus iniciativas, pueden colaborar al restablecimiento del país. No me refiero a los acreedores que, de momento, están cobrando, sino a todos aquellos, empezando por los propios poderes públicos, que tienen que reinventar el tejido productivo que ha desaparecido con la desertización industrial y con la burbuja especulativa de los quince años pasados. La incomparecencia en esa materia es clamorosa, porque supongo que pocos tomarán en serio los latiguillos sobre los emprendedores y las famosas ventanillas únicas para crear empresas. Ambos me recuerdan otros tiempos de inseguridad ciudadana y el latiguillo de la policía de barrio, de la que nunca más se supo. Es penoso llegar a constatar que nadie está al mando, salvo para continuar exprimiendo a los indefensos con la finalidad de sostener una función teatral beneficiosa sólo para los actores, el público no importa.

Para entender mejor el discurso oficial de la recuperación, que carece, a mi juicio, de soportes reales, conviene saber que estamos ante políticos que practican el vuelo gallináceo, les preocupan los próximos días y, como mucho, los próximos meses. Ni soñar en el medio y largo plazo, eso son palabras y compromisos mayores que no se llevan. En ese contexto, el objetivo que les importa es el electoral, primero las elecciones europeas de primavera, en plan de ensayo, y después las locales y generales. Por tanto, el tiempo les devora y no queda más remedio que poner en marcha la máquina de la propaganda a ver si cuela. Parece difícil, pero intentarlo les sale gratis. Y el intento es tratar de convencer a los que se sienten mal y sin esperanza que están teniendo un mal sueño, porque ya se vislumbran en lontananza cosas mejores. No tengo nada contra la publicidad y la propaganda, siempre que sean veraces y vendan productos con garantías. Les propongo que tomen nota de los discursos oficiales y que los contrasten con su realidad cercana, con sus familias, con sus negocios y empleos, los que los tengan, y también, por qué no, con la cesta de la compra, y decidan. Es un ejercicio saludable y poco sofisticado, pero es la vida. Otra cosa es el teatro.

Propagar el cambio y la reestructuración de la deuda
Somos, junto con Italia, aunque ésta tiene más resortes que nosotros, los últimos de Filipinas del sur de Europa donde se están comprobando los efectos devastadores de las mal llamadas políticas contra la crisis. En realidad, España se ha convertido en el clavo ardiendo de la Troika para mantener la ficción y no dar por fracasada la función. Convendría aprovecharse de ello y explorar la reestructuración de la deuda. No bastan sus plácemes y la financiación del Banco Central Europeo, necesitamos que esa carga insoportable se aligere y que no termine estallando como una bomba de racimo de consecuencias imprevisibles. Mejor prever y desactivar la espoleta, porque hasta el menos versado comprende que estamos en los niveles del impago, los que gobiernan también lo saben; sin embargo, prefieren comprar tiempo y que, cuando estalle ésta bomba y otras de carácter político, les pille fuera de la responsabilidad de la mayoría absoluta o dentro, compartiéndola con otros. Es la partida, parecida a la ruleta rusa, que se está jugando.

Con todo, no hay que dejarse llevar por la desesperanza, por eso, cada cual en el ámbito de sus responsabilidades debe combatir, armado de razón y de realismo, la propaganda frívola o malintencionada. Por eso, si algún día, que espero cercano, surgen organizaciones capaces de romper el cordón sanitario que protege a los impostores, para ordenar y encauzar el descontento, antes de que éste se transforme en ira desordenada, habrá que sumarse a la empresa de la reconstrucción nacional.

Que no lo cuenten
Román Cendoya www.gaceta.es  3 Octubre 2013

Rajoy tendría que hacer las políticas que los ciudadanos creyeron que iba a hacer.

Si yo fuera del PP, lo último que haría para recuperar la expectativa de voto sería hacer salir a todos los líderes del partido a contar lo que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy hasta ahora. Hay que estar loco, o ser Arriola, para hacer semejante barbaridad. ¿Qué van a decir los voceros de la gestión? ¿Contar que asumieron la hoja de ruta de Zapatero y soltaron a Bolinaga, que sigue en la calle vivito y coleando? ¿Decir que han subido la presión fiscal y los impuestos, hasta más allá de lo que proponía Izquierda Unida? ¿Contar que dos años más tarde siguen sin derogar la ley que convierte el aborto en un derecho? ¿Explicar que Rajoy ha sido incapaz de decirle a Mas por carta que no podrá hacer el referéndum y que España tiene una Constitución? ¿Contar a los pensionistas que su pérdida de valor adquisitivo se está multiplicando por infinito, porque la subida del 0,25 es una milonga en comparación con lo que han subido IVA, IBI e IRPF? ¿Que la abogacía del Estado no ha recibido la orden de instar a la ilegalización de todo el entorno de ETA, que campa por las instituciones sacando hasta carteles en el Congreso de los Diputados? ¿Que los enfermos de cáncer y crónicos también están sometidos al copago sanitario? La lista de incumplimientos electorales es tan flagrante y larga que no hay columna en la que quepa. Como los ciudadanos no son tontos, ante esta situación retiran su voto. Lógico. Es que el voto tiene un componente mucho más político de lo que los propios políticos creen. La comunicación no es un fin, es un medio. Un ejemplo: nadie cree en el carácter social de los presupuestos por muy alto y por mucho énfasis con que lo diga Montoro. Lo que no es, no es.

En Moncloa alguna –alto cargo– se jacta de que el Gobierno de Rajoy es tan progresista que “la social democracia europea está a la derecha del PP”. Así les va. Por eso, más que contar historias, quizás Rajoy tendría que ponerse a hacer políticas en la línea de lo que los ciudadanos creyeron que iba a hacer. Hay políticas que no cuestan. Sólo hay que tener gallardía para llevarlas a cabo. En el PP, más que pensar en contar lo que han hecho, deberían pensar en hacer aquellas políticas para las que fueron elegidos. Cada día que pasa es una oportunidad perdida.

Además, el PP tiene la gran ventaja de tener a Rubalcaba delante, con un PSOE que está en liquidación por derribo, una oposición dividida y sin liderazgo que consiente las veleidades del PSC que participa en foros donde tienen de asesor a Otegui, preso por pertenencia a banda terrorista. Más fácil no lo pueden tener. Pero por favor, para contar lo que pueden contar, mejor que primero hagan algo en la línea de lo que los votantes quieren oír.

La tragicomedia de los Presupuestos
Juan Laborda www.vozpopuli.com  3 Octubre 2013

Los Presupuestos generales del Estado reúnen en un solo documento lo que se puede esperar del actual ejecutivo, nada. Por un lado, no es restrictivo ya que el gasto vuelve a subir derivado de la propia política económica de austeridad fiscal y salarial impulsada por Rajoy. Por otro, pretende continuar disminuyendo las rentas de las familias imponiendo nuevos impuestos y prorrogando las subidas de otros. Finalmente, para escarnio de una ciudadanía pauperizada como nunca en nuestra historia reciente, comienza una fase de empobrecimiento de los pensionistas, cuyas rentas, de por sí míseras para el 60% de los mismos, perderán poder adquisitivo a marchas aceleradas.

Es curioso pero desde que se están recortando los servicios básicos a la ciudadanía, se promueven políticas de reducción salarial, se incrementan los impuestos, a lo que se añade ahora la pretensión de disminuir las pensiones, la deuda pública se ha incrementado como nunca en nuestra historia moderna. Desde mayo de 2010, la fatídica fecha donde España es intervenida de facto, la deuda pública ha crecido alrededor de un 50% en términos nominales y más de 30 puntos porcentuales sobre PIB. Y todo para proteger a aquellos acreedores foráneos que tomaron riesgos excesivos y a una élite financiera y política que llevó nuestro sistema bancario a la insolvencia.

El gasto repunta, los lobbies ganan
El gasto público no para de crecer. Por un lado, se incrementan las aportaciones del Estado a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal. La razón es obvia, derivado de políticas restrictivas, fiscales y salariales, el crecimiento económico se ha hundido. Como consecuencia, la población activa cae, el número de ocupados retrocede a cifras del 2001, y la masa salarial, alentada por una reforma laboral indigna de un país civilizado, se hunde. El coctel no puede ser más explosivo: menos empleo, salarios más bajos, y envejecimiento poblacional. Nuestro crecimiento potencial se desploma a ritmos desconocidos.

Por cierto, le recomendaría a la inefable Fátima Báñez que se leyera en el último boletín económico del Banco de España, el del mes de septiembre, el primer análisis serio sobre su reforma laboral, “La Reforma Laboral de 2012: un Primer análisis de algunos de sus efectos”. Échele una ojeada antes de decir incongruencias señora ministra.

En este contexto no se le ocurre al gobierno que continuar disminuyendo, por un lado, todas aquellas partidas de gastos que tienen que ver con los servicios públicos básicos (sanidad, dependencia, justicia, seguridad ciudadana, cultura...), y, por otro, la inversión pública del Estado.

Mientras, a la vez, se incrementan los gastos de las partidas que giran alrededor del mantenimiento de los lobbies oligopolísticos, que campan a sus anchas por los pasillos de los distintos ministerios sin apenas generar valor añadido en nuestro país. Se trata de los mismos que promovieron la creación de un “superregulador” para no estar sometidos a las leyes de la competencia, y de paso continuar con el funcionamiento de las puertas giratorias que tango gustan a aquellos políticos que han regido nuestros destinos en las últimas décadas.

Valga un botón de muestra, Industria y Energía elevan un 26% su presupuesto para dedicar 4.153 millones de euros al sistema eléctrico, ese mismo que produce 60.000 megavatios más de los necesarios y que tenemos que financiar la ciudadanía haciendo de nuestra factura eléctrica la más cara de Europa.

En definitiva, la política fiscal desde el lado de gastos implica menos crecimiento económico, más desigualdades, más pobreza, ¡más deuda pública!

Los ingresos, nuevos impuestos a la ciudadanía
A pesar de utilizar un cuadro macroeconómico muy optimista, el crecimiento económico solo aportaría un 0,2% adicional de incremento en los ingresos impositivos. Entonces ¿cómo se llega a la cifra final de aumento esperado próximo al 1%? Obviamente aumentando impuestos.

Se contemplan subidas de las bases de cotización más altas, dicen que para apuntalar las pensiones, cuando los expertos que realmente saben de la materia estiman que si se financian las pensiones como hasta ahora, solo vía cotizaciones, deberían caer más de un 50% en el medio y largo plazo. De nuevo, enésima mentira a la ciudadanía.

Pero la cosa no queda ahí. Se produce un repunte en la fiscalidad verde, suben los impuestos de ciertos productos –tabaco e IVA sanitario entre otros-, y se mantienen todas las alzas impositivas realizadas por el actual ejecutivo desde que llegó al poder, especialmente del IRPF y del IBI, y que tanta renta disponible está drenando a las familias españolas.

Debo reconocer mi hartazgo sobre la situación de nuestro sistema impositivo. La actual crisis económica era el momento ideal para plantear, paralelo a una nueva propuesta de financiación de las pensiones públicas, una reforma en profundidad de nuestro sistema impositivo, injusto e ineficaz. La mayoría de la recaudación recae sobre el factor trabajo y castiga vía impuestos indirectos a los más vulnerables. Y es tremendamente ineficaz, viendo el hundimiento en casi 10 puntos porcentuales de los ingresos fiscales en plena crisis económica, que a duras penas roza el 35% del PIB. Contrasta, por ejemplo, con la evolución de los ingresos fiscales en el país galo, por encima del 50%, y bastante inmune al ciclo económico. Pero no se preocupen, este tipo de debates están vetados a la ciudadanía. Menudos son.

Cuadro macroeconómico optimista
Pero sin duda la mayor vulnerabilidad de los presupuestos actuales es el cuadro macroeconómico. Para elaborarlo el actual ejecutivo se ha basado en el consenso promedio del panel de FUNCAS, la Fundación de las Cajas de Ahorro, y que prevé un repunte del PIB del 0,7% para 2014. Se trata del mismo consenso que no anticipó la crisis sistémica que se nos venía encima en 2008, que no previó la doble recesión en la que entró nuestra economía en la segunda mitad de 2011, y que, desde mis previsiones, no entenderá la segunda fase de la Gran Recesión en la que entraremos en 2014 y que nos llevará a una triple recesión.

Si de nuevo el consenso vuelve a errar, las consecuencias serán graves. Por un lado, los gastos se dispararán, especialmente los financieros, y los ingresos serán menores de lo estimado, a pesar de las subidas impositivas. Bajo mi escenario el déficit público alcanzaría el 7,5% del PIB. En definitiva, y tal como detallé desde estas líneas, el escenario actual de nuestra querida España no puede ser más desolador: insostenibilidad de la deuda, deflación por endeudamiento, destrucción de empleo, pérdida de competitividad, y empobrecimiento de la ciudadanía. Y los Presupuestos mirando a otro lado.

La gran falacia
pilar vidal lópez La Opinion  3 Octubre 2013

"La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después remedios equivocados" (Groucho Marx).

Qué razón tenía el genial cómico! Algunos políticos sólo están para buscar o crear problemas, en vez de solucionar los ya existentes.

Si no fuese porque nos afecta directamente, más de lo que creemos, y que resulta grotesco, insultante, patético... y un sinfín de adjetivos más, tendríamos que estar agradecidos a los nacionalistas, en este caso, catalanes, que con sus fantasías independentistas, hacen el panorama político menos monótono y a lo mejor un poco más divertido, pero muy preocupante.

Todos los días oímos frases grotescas, absurdas y fuera de toda lógica, podíamos decir que hablan así: "Uno para todos y todos para mí, yo para vosotros y tres para cinco, y seis para veinte...", como el citado Groucho Marx. Después de tanto cachondeo a cuenta de que España les oprime y les roba, hace unos días el señor Junqueras, al ver que muchos reculan con eso del independentismo y basándose en "lazos de afecto", suelta perlas como lo de la doble nacionalidad y se queda tan tranquilo.

Vamos, que quieren ser independientes y que encima lo aprobemos o no digamos nada el resto de los españoles, que no les pongamos fronteras, que todo siga igual y además que les paguemos. Porque Cataluña recibe, aproximadamente, el 48% del Fondo de Liquidez Autonómico, de esa "España que tanto les roba", para que paguen sus facturas, porque sus políticos despilfarran el erario público en tonterías. Actúan igual que aquel hijo que se rebela contra su familia y quiere independizarse. ¡Ah!, pero a costa de que sus padres le paguen su casa, su comida, su ropa?etc. No se paran a pensar que algo tendremos que decir los demás, que estamos hasta las orejas de tanto político listillo que, en lugar de trabajar para solucionar los problemas graves que sacuden a su pueblo, se dedica a fantasear, mentir descaradamente, para llevar el ascua a su sardina.

La cosa viene de lejos. Los sucesivos gobiernos nacionales han pactado con los nacionalistas catalanes, para mantenerse en el poder, cediéndoles cada vez más prebendas y otorgándoles un poder muy superior al que les correspondía. De esos vientos, estos huracanes. El señor Mas se pondrá su propia soga al cuello. Tiene a Cataluña como un barco desarbolado a la deriva, con promesas vanas de llegar a buen puerto.

Sean claros, el independentismo, el formar un Estado nuevo, significa que habrá fronteras, dejarán de pertenecer a la UE, no serán españoles, no dependerán económicamente de España, muchas fábricas se irán, al igual que algunos inversores,.... y un largo etc. Los españoles les diremos "Adiós", "Au revoir", "Ciao" o su preferido "Adéu". No es más que una gran falacia o mentira, como se quiera llamar.

I+D+i: España tira al retrete su futuro
S. McCoy El Confidencial  3 Octubre 2013

Hemos comentado en numerosas ocasiones en Valor Añadido que el Gobierno, si quiere dejar huella -algo a lo que parece haber renunciado hace tiempo-, está obligado a cuadrar el círculo, es decir, a conciliar las medidas de ajuste rápido con las necesarias medidas estructurales que permitan a este país no incurrir en errores pasados.

No se puede decir que esté teniendo mucho éxito en el intento. Buena parte de las reformas acometidas son incompletas y están muy lejos de poder dar frutos. Ocurre, además, que lejos de incentivar la atracción de capitales de largo plazo en determinados sectores, que no en todos, la Administración está alentando el fenómeno contrario debido a la ruptura del factor principal que tienen en cuenta los inversores a la hora de decidir: la confianza.

En efecto, por más que el discurso oficial haya hecho de este vocablo y de la recuperación eje transversal de su discurso -al calor de la normalización estadística, que no recuperación-, lo cierto es que determinadas industrias siguen pensando más en hacer las maletas que en meter un duro en nuestro territorio, fruto de la suma de dos elementos: la inseguridad jurídica, auspiciada por la vorágine normativa, y la falta de cobro del dinero que le adeuda, fundamentalmente, la… Administración.

Un ejemplo paradigmático sería la industria farmacéutica.

De hecho, las multinacionales presentes en España no se cansan de contar, a quien quiere escucharlas, que ellos no compiten entre sí sino que, la mayor parte de las ocasiones, lo hacen contra filiales de la misma compañía ubicadas en otros países a la hora de conseguir inversiones y medios para I+D+i dentro del territorio español. De hecho, va en ello el futuro profesional no sólo de las plantillas de base, sino de los equipos directivos.

Sin embargo, con poca defensa argumental cuentan cuando buena parte del ajuste sanitario se ha pretendido hacer con el precio y la dosificación del medicamento, y no a través de la costosa y en muchos casos duplicada estructura hospitalaria, y cuando vuelven a acumular facturas vencidas, líquidas y exigibles a partir del 1 de enero de 2013 por importe superior a los 3.000 y pico millones de euros. La suma de la sucesiva normativa penalizadora y de la financiación encubierta a las arcas públicas no pasa desapercibida en las matrices, que no dudan en poner la cruz a España.

Evidentemente, en un tema tan sensible como el del medicamento, la retirada no se hace de manera taxativa, o con luz y taquígrafos, sino de un modo más discreto pero casi más perjudicial para el devenir futuro de nuestra economía. Por ejemplo, reduciendo sus aportaciones a la investigación, siendo como son, además, los principales mecenas de muchos estudios que se realizan en hospitales y centros públicos (de hecho, de los 972 empleados en 2012, el 45% tiene ese destino).

Los últimos datos ponen de manifiesto una contracción paulatina de esta partida en el grueso de los integrantes del sector hasta situarse a niveles del inicio de la crisis, con el consecuente efecto sobre el empleo y, por ende, sobre las posibilidades de desempeño profesional de nuestros investigadores, principiantes o ya reputados. Habría que remontarse hasta 2005 para encontrar un rol menor de nóminas de profesionales dedicados a esta materia en los laboratorios de nuestro país.

Es evidente que, desincentivando la inversión y cercenando las salidas laborales del talento patrio, cualquier intento de cambio del modelo productivo nacional es inviable, al menos con la profundidad y consistencia que el mismo requiere. De los políticos ya saben: mejor fiarse de lo que hacen y no de lo que dicen. Es verdad que en los PGE de 2014 se arbitra un aumento en esta partida del 3,5%, una buena noticia. Pero sin certeza normativa ni dinero en la caja, ¿sirve para algo?

¿Es insostenible el sistema autonómico español?
Redacción. Madrid. http://latribunadelpaisvasco.com  3 Octubre 2013

3,2 millones de funcionarios, 100.000 personas dedicadas profesionalmente a la política y 18.617 euros de deuda pública por habitante

El escritor Joaquín Javaloys acaba de publicar "El ocaso de las autonomías", un libro demoledor que se abre con una constatación tan cierta como políticamente incorrecta: "El proceso autonómico español se caracterizó por la improvisación, el desconocimiento técnico, la componenda, el cortoplacismo y la ignorancia de las futuras consecuencias de la generalización de las autonomías. El intenso proceso de traspasos de competencias se realizó de una manera precipitada, sin analizar previamente qué servicios pueden prestarse mejor en el ámbito nacional y cuales en el ámbito autonómico, tal vez porque ese análisis no interesaba a los políticos."

En "El ocaso de las autonomías", Javaloys, abogado del estado y popular autor de libros de historia, explica cómo, al examinar las autonomías españolas, "lo primero que llama la atención es que han multiplicado el número de políticos y de funcionarios, que son necesarios para que funcione –aunque sea mal- el mastodóntico Estado autonómico. Desde la Transición democrática hasta hoy, el número de funcionarios y asimilados se ha cuadruplicado, siendo actualmente de unos 3,2 millones de personas. En cuanto al número de políticos existentes en toda España se calcula que está entre 80.000 y 100.000, habiéndose multiplicado también por cinco en los últimos treinta años."

En opinión del también autor de "Yo, Juan de Austria", la autonomía territorial está afectando negativamente a la libre circulación de personas, mercancías y servicios, así como a la unidad de mercado por la infinidad de normas y restricciones existentes en los diversos territorios autónomos. "Todo ello perjudica a la competitividad de los bienes y productos españoles en el mercado único de la Unión Europea y en el comercio internacional globalizado. Por si la desunión de Europa no era suficiente, nosotros contribuimos a aumentarla con una nación fragmentada en taifas autonómicas caciquiles, insolidarias, costosísimas y superendeudadas; es decir, insostenibles."

En opinión de Javaloys, "el principal inconveniente de la autonomía territorial es su altísimo coste, no siempre justificable, que se agrava porque la falta de control estatal facilita los despilfarros de los gobernantes de las comunidades autónomas que tienen que financiarse con una creciente deuda pública que está llegando a ser inasumible, y que pone en peligro tanto la supervivencia de la propia autonomía territorial como la posibilidad de endeudamiento de un Estado cada vez más exhausto." Y añade: "Ya puede afirmarse rotundamente que el gasto de las comunidades autónomas convierte al Estado de las Autonomías en ruinoso e ineficiente, pues aunque esas comunidades pudieran irse emancipando del Estado centralista, se harían más dependientes de los especuladores financieros, por su incesante y creciente endeudamiento, y se verían sometidas cada vez más a la tiranía de los mercados financieros globales. Desde luego, el altísimo y elevado coste del Estado autonómico es el problema central de la actual crisis española, que hace imposible lograr un crecimiento económico suficiente para crear puestos de trabajo."

El autor revela que, en julio de 2011, la deuda pública por habitante de España era de 18.617 euros.

En resumen, y según Joaquín Javaloys, "nuestro modelo autonómico es ruinoso para el ciudadano; pero, en cambio, es muy provechoso para los partidos políticos predominantes en una comunidad autónoma, nacionalistas o no, para la burocracia creada por la autonomía y, sobre todo, para unas oligarquías caciquiles que, organizadas en grupos de presión, manejan en su territorio los presupuestos públicos a su antojo directamente o por medio de políticos afines instalados en puestos clave. Desde luego, las autonomías son una fuente de poder y de puestos de trabajo para la clase política y para los militantes de los partidos políticos. Las comunidades autónomas mantienen legiones de políticos."
 

Como quién espera el alba
FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR ABC 3 Octubre 2013

«No ha sido la sociedad civil catalana la que se ha puesto en pie frente a un Estado artificial, sino los sectores que han sido adoctrinados, sobornados y exaltados con los recursos clientelares que proporciona la posesión de un poder político decidido a construir una nacionalización alternativa»

EL exilio puede deformar la imagen de una patria. El depósito de los recuerdos, el cementerio de los proyectos cancelados asombran la mirada de quienes demasiadas veces tuvieron que contemplar España desde lejos. Al otro lado de la frontera, aprendieron que el exilio no es un lugar, sino una inmensa sensación de pérdida. Vencido en una guerra entre españoles, derrotado en una lucha funesta en la que nadie combatió contra España, Luis Cernuda tituló un puñado de poemas amargos con una conmovedora alusión a un mañana posible: Comoquienesperaelalba. Adversario de quienes propiciaron la tragedia, el resentimiento habría de acompañarle hasta su muerte. Y hasta ella llegó también la nostalgia viva, el amor implacable por una España que nada, ni la catástrofe de aquel enfrentamiento, podía poner en duda. Para este hombre a solas, España continuaba ahí, como referencia emotiva: «Tierra nativa, más mía cuanto más lejana». Para este hombre despojado de todo, menos del idioma, de la tradición cultural que nadie podía arrebatarle, España adquiría su tensión más honda, su veracidad sin fisuras, al reconocerla en esa perspectiva dolorosa, en pie sobre la historia.

Un país evocado de este modo no puede ser una mentira. Una nación que se sueña con tal intensidad no puede ser un error. Una patria escrita así no puede ser una concesión a la oportunidad política, ni un acomodo de coyuntura, ni el producto bastardo de una negociación. En los vanos esfuerzos por atender los requerimientos de quienes nunca han creído en España, hemos llegado a deponer nuestras emociones y a pensar que al nacionalismo separatista se le podía regalar el monopolio de la pasión por vivir en comunidad, el sentimiento de pertenencia, la fe en un destino colectivo, la confianza en una tradición de siglos. Asustados por los fantasmas retóricos de nuestro pasado, hemos creído que a los españoles debía bastarnos con levantar un muro de argumentos constitucionales, una masa de preceptos, un túmulo de normativas. Ahí están, desde luego. Ahí se encuentran las razones que certifican la existencia de una nación constituida en Estado, garantizando a todos sus habitantes los derechos inalienables de la ciudadanía moderna. Ahí está el compromiso intransigente para preservarlos.

Pero, junto a las razones de legalidad y legitimidad que tantas veces han sido expuestas en esta misma página, no permitamos que pueda extenderse una imagen que ya ha llegado a dañar la causa que defendemos. No toleremos que el nacionalismo pueda oponer la emoción de una patria histórica a la frialdad de un Estado de diseño. No permitamos que el nacionalismo siga presentándose como la voz del corazón, la expresión de la cultura, mientras España pasa a ser envoltorio jurídico, capa superficial de un malentendido revocable. El nacionalismo pretende siempre tomar esa ventaja, moral y estética al tiempo: pregonar su humillada autenticidad social frente al oprobio de un poder artificioso. ¿Vamos a permitir que el secesionismo siga propagando la imagen de un Estado español que no es nación y de una nación catalana sin Estado?

No concedamos a tales farsantes el beneficio de nuestras propias dudas, ni dejemos traslucir la falta de confianza en nosotros mismos. Repitámoslo una vez más, para que quienes exigen moderación y diálogo acaben por entenderlo. Lo que está en juego no es una reforma institucional, sino la quiebra de un sistema político, cuya destrucción debe empezarse por lo más elemental, por sus propios fundamentos: la idea misma de una nación española soberana. El objetivo del nacionalismo catalán es la disolución de España que implica la demolición de la pluralidad sobre la que se ha constituido nuestra democracia. Implica romper un acuerdo estable sobre valores esenciales, reglas de juego y mecanismos de gobierno, pero también sobre una idea de España. Implica la radical infidelidad a lo pactado, pero también la temeraria renuncia a un espacio sin alternativas realistas. Implica, desde luego, romper con un sueño compartido antes por una mayoría social y sólo puesto en duda en este invierno de crisis, en lo más hondo de esta quiebra moral, en lo más doloroso de la pérdida de bienestar y esperanza. Sólo en estos escenarios de desdicha ha podido alcanzar resonancia una propuesta que siempre había sido marginal, folclórica y reaccionaria en la opinión que los catalanes depositaron en las urnas durante treinta años.

No estamos ante un pueblo catalán que ha tomado conciencia de sí mismo ni, mucho menos, ante unos ciudadanos que han adquirido la madurez suficiente para advertir que durante siglos Cataluña ha sido un país en cautiverio. A lo que hemos asistido es al abandono de esa construcción de una conciencia nacional española; a lo que hemos asistido es a la insensatez de nuestra clase dirigente, obstinada en descuidar la realidad de nuestra historia común, la autenticidad de nuestra cultura y la solvencia de una integridad colectiva que, a diferencia de los nacionalistas, nunca hemos confundido con el integrismo.

No ha sido la sociedad civil catalana la que se ha puesto en pie frente a un Estado artificial, sino los sectores que han sido adoctrinados, sobornados y exaltados con los recursos clientelares que proporciona la posesión de un poder político decidido a construir una nacionalización alternativa. La tramposa escenificación de una sociedad viva que lucha contra un Estado desalmado es la más grosera manipulación de las muchas que enarbola el nacionalismo catalán en estos días de su incierta gloria. No estamos ante un pueblo que manifiesta su voluntad de ser a expensas de la unidad de España, sino ante un proyecto secesionista que ha utilizado sin escrúpulos su inmensa capacidad de premiar y amedrentar, de promocionar y de marginar, de atraer y de excluir. Nada ha ocurrido como resultado de la evolución natural de los acontecimientos, como esa insultante «mayoría de edad» con que algunos desaprensivos quieren calificar el actual momento que sufre la política catalana.

Cuando salíamos de una dictadura, los catalanes comprendieron que sus derechos ciudadanos solamente les serían reconocidos en el marco de una España en la que Cataluña siempre había encontrado el espacio idóneo de su propia realización. Tras haber disfrutado de gobierno y parlamento propios, tras haber participado de la construcción de la historia en libertad de todos los españoles, el nacionalismo proclama ahora la necesidad de abandonar una esclavitud que él mismo ha administrado. Tamaña paradoja, semejante absurdo, nunca se dio en la historia de España.

Un concepto de España parece dirigirse hacia el vacío. Una idea de España parece avanzar hacia el exilio. En la sobria y clara perspectiva de quienes, a lo largo de estos últimos doscientos años, proclamaron desde la intemperie y la expropiación su lealtad a una cultura que nos proporciona significado, señalemos aquí nuestro deseo de restauración de una patria libre, plural, integradora y consciente. Como quien medita en el rincón más triste de la historia. Como quien aguarda en el lugar más despiadado de la noche. Como quien espera el alba.

1714: Diario del año de la peste
Arcadi Espada El Mundo  3 Octubre 2013

La viabilidad moral

Se hacen cálculos económicos sobre la viabilidad de una Cataluña y una España independientes. Los más sensatos auguran que la viabilidad española sería más nítida, porque Cataluña tardaría mucho tiempo en volver a estar inserta en el mundo que abandonó. Hay un aspecto, sin embargo, que no se tiene en cuenta y es el de la viabilidad moral. Una Cataluña independiente renovaría en España el acre aroma noventayochista. No tengo ninguna duda de que Cataluña seguirá políticamente vinculada a España; y por eso desprecio cualquier escenario de laboratorio que juegue con la hipótesis contraria.

Pero si lo traigo ahora es porque, de algún modo, ese aire de decadencia, ese cuerpo vulnerado ya puede apreciarse. Ha bastado el proceso, al margen de su desenlace, para que Madrid, sinécdoque, haya entrado en un estado semicomatoso. Madrid no lleva bien la xenofobia y el racismo nacionalista. Al fin y al cabo sabe bien que las razones del independentismo son inexistentes y que todo se resume en la pura pasión del no querer vivir juntos. Pero a su vez reacciona de un modo sentimental; y se ve a sí misma como una ciudad Estado fallida. Algunas conversaciones con políticos, empresarios, intelectuales, de derechas o de izquierdas, acaban teniendo un punto devastador. En este Madrid ya no hay Transición, Rey, Europa, Crecimiento o cualquier otra feliz mayúscula imperante en los últimos 30 años.

Contra todo ello arremeten, a todas las descabezan, incluso las llamadas gentes de orden. Algunos se atreven con una máscara de revolucionarios grotesca: hablan de hacer tabla rasa a través de un discurso en verdad muy raso. Por no hablar de los que (no solo de izquierdas) venderían hasta la patria por acabar con el presidente Rajoy. La situación es de una gran potencia paradójica, porque antes de volverme a la pestilencia, soy yo el que se despide dándoles ánimos. Es probable que la crisis económica influya en su moral caída. Pero no me parece lo sustantivo. Viene de más atrás y es más profunda la náusea. Cuando vuelvo en el tren pienso a veces en esas analogías de ateneo, la República sin republicanos, la España sin españoles. Esos cuerpos inermes.

De nuevo los pufos vasco y navarro
Mikel Buesa Libertad Digital  3 Octubre 2013

La negociación del cupo vasco y de la aportación navarra al Estado constituye uno de los aspectos más pesarosos de la hacienda española. La perseverancia de los representantes de ambas regiones para imponer su voluntad de pagar poco o nada al Estado cuenta con una tradición que se arrastra desde el siglo XIX; y frente a ella el Gobierno nacional se ha mostrado siempre incapaz de aguantar el embate, sea quien sea el ministro ocupante de la poltrona de Hacienda. José Calvo Sotelo, a quien correspondió esa cartera al mediar los años veinte, escribió:

A mí me cupo en suerte -en mala suerte- reglamentarlo. Es de las más ingratas tareas que sobre mi pesaron. Y no por las personas con las que hube de mantener interminables diálogos, no (…) La pesadumbre estaba prohijada por la índole misma de la labor.

El ministro de la Dictadura desveló que esta última consistía en una interminable discusión acerca de los números que conforman el cálculo; unos números -decía Calvo Sotelo- que "acusaban una gran desigualdad" entre los datos que facilitaban los técnicos del Ministerio de Hacienda y las cifras que enarbolaban los amables comisionados vascos.

Como cabía esperar de tan inveterada tradición, al ministro Montoro le corresponde ahora apechugar con una nueva edición de las leyes que, al aprobar tales cupo y aportación, los convierten en pufos para todos los españoles. Pues, en efecto, esas normas acumulan ya un retraso considerable y resulta inevitable proceder a su renovación, al haber transcurrido ya hace tiempo el quinquenio de su vigencia. Esta circunstancia se debe, seguramente, a que, en medio de la crisis económica que nos envuelve, resulta cada vez más difícil el maquillaje de unas cifras que conducen a un tratamiento privilegiado de los vascos y navarros, no tanto porque paguen menos impuestos que el resto de los españoles -tal como, por cierto, reconocía la semana pasada el consejero Gatzagaetxebarria en el Parlamento vasco-, sino porque se benefician de un gasto público por habitante muy superior al vigente en las demás regiones.

De que el nuevo cupo y la nueva aportación, que están ya muy cercanos al trámite parlamentario, van a constituir otra vez un pufo ya no cabe la menor duda, después de la presentación en las Cortes de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. En ellos se han hecho figurar unas cantidades, 1.527 millones de euros en el caso del País Vaco y 569 en el de Navarra, que resultan casi iguales a las que se aprobaron en las respectivas leyes de 2007, lo que revela una nula voluntad de alterar el statu quo establecido en aquel año por el Gobierno que presidía Zapatero. Y si en aquella ocasión se pudo estimar que las cantidades estipuladas no eran ni siquiera la mitad de las que, si se operara con veracidad en los datos, deberían haber pagado esas comunidades autónomas, ahora va a ocurrir lo mismo o incluso algo peor. Más en concreto, si se atiende a las cifras presupuestarias del último ejercicio, se puede concluir que el cupo vasco debería situarse en el entorno de los 4.200 millones de euros y la aportación navarra, alrededor de los 1.100.

Por consiguiente, se vuelve a repetir la misma historia de siempre, y en esto el Gobierno de Rajoy no muestra ningún afán reformista. Más bien parece que, siguiendo esa manera de actuar que, en otra ocasión, he descrito como la pachorra conservadora, no se quiere cambiar nada, seguramente para no herir ninguna sensibilidad nacionalista o foralista. O sea, para no alterar al PNV o a UPN -que están instalados en los Gobiernos regionales- y, de paso, tampoco a los dirigentes locales del Partido Popular que, en estos asuntos, no se distinguen de aquellos partidos.

Sin embargo, una de las raíces del descontento regional en España está ubicada, precisamente, en la cuestión del cupo y la aportación. El actual conflicto catalán -que amenza severamente la estabilidad del Estado- se ha desencadenado en parte por la pretensión del Gobierno de Cataluña de contar con un sistema privilegiado de financiación similar a los del País Vasco y Navarra. Y ese conflicto amenaza con extenderse sobre otras regiones, singularmente sobre Madrid, cuyo consejero de Economía pidió en agosto a Montoro que acabara con las prebendas de los regímenes forales.

El caso es que esas prebendas pueden ser corregidas sin alterar la esencia del sistema foral, que no es otra que la de la autonomía fiscal; es decir, la capacidad de recaudación y gestión de los impuestos sin otra limitación que la derivada de las reglas de armonización que se contienen en el concierto económico del País Vasco y en el convenio económico de Navarra. Ni el Concierto ni el Convenio llevan de manera inapelable a los excesos de financiación que finamente obtienen los respectivos gobiernos regionales. La democracia instaurada en nuestra Constitución -donde se prohíbe que "las diferencias entre los Estatutos de las Comunidades Autónomas" conduzcan a establecer "privilegios económicos o sociales"- debería haber acabado para siempre con esa herencia decimonónica. Pero no ha sido así y hoy tan pesado legado de la Historia se ha convertido en una amenaza para la supervivencia del Estado.

Fundación Denaes
La Hispanidad
Santiago Abascal Libertad Digital  3 Octubre 2013

Año de 1492. Los Reyes Católicos concluyen la Reconquista con la toma de Granada, Antonio de Nebrija publica la primera gramática de una lengua romance y el almirante Colón, en uno de los hechos más importantes de la historia universal, avista por primera vez la costa americana. Lo que seguirá constituye una de las más grandes gestas que haya realizado un pueblo alguno: descubrir, conquistar, colonizar y organizar política y económicamente un territorio de 20 millones de kilómetros cuadrados.

Desde el primer momento los Reyes Católicos dieron carácter de empresa política y religiosa al hallazgo náutico de Colón. España se convertía en la mayor potencia del mundo y una de las principales en la historia. La empresa americana, además de la creación de un formidable imperio hispánico, posibilitó que la idea de España adquiriera carta de plena naturaleza. España desbordaría su propio territorio, sus límites geográficos naturales, para extenderse y hacerse universal. La colonización española se caracterizó, a diferencia de otras, por generar una población con altos niveles de mestizaje genético y cultural entre pueblos originarios, africanos subsaharianos y españoles. Como dijo Venancio Carro, "la cara de muchos hispanoamericanos es un documento viviente y nuestra mayor apología".

Si hubo un pueblo que cuestionó (hasta el punto de plantearse la renuncia) sus propias conquistas territoriales, ése fue el español, a través del cardenal Cisneros y de Isabel la Católica; una España que prohibió la esclavitud, que destituyó a quienes cometieron excesos y atropellos, que sin duda los hubo, y que proclamó que los indígenas tenían alma, que debían ser evangelizados, que se mezcló con ellos, que no reparó en razas ni lenguas.

Es cierto, se contravinieron órdenes expresas de protección de la población nativa dadas por la reina Isabel y se produjeron episodios de violencia que dieron lugar a un vivo debate en España. El dominico Bartolomé de las Casas se erigió en la voz crítica contra los desmanes. Este aspecto oscuro constituirá en el futuro la piedra angular de la llamada Leyenda Negra. Crueldad, racismo y hasta genocidio serían conceptos que los enemigos de España procurarían vincular al nombre de España.

La Brevísima relación de la destrucción de las Indias, un cúmulo de despropósitos, exageraciones e inexactitudes del citado Las Casas, proveyó de munición argumental a los adversarios de España, y lo que es más grave,

produjo una explosión típicamente española de autocrítica, de carácter masoquista y casi suicida. (…) Los españoles, mientras creaban un vasto y envidiable imperio, forjaron, sin inhibiciones, armas para su propia difamación. Los holandeses e ingleses no mostraron reparo alguno en utilizarlas en su propaganda contra la poderosa España (Philip W. Powell).

Así, los relatos de Las Casas servirían de base para la literatura antiespañola, que desde todas las cancillerías europeas se traduciría con títulos cada vez más espeluznantes, y lo peor de todo, aceptados y asumidos como verdades incuestionables por los propios españoles. El hispanista francés Pierre Chaunu no hace sino confirmarnos que

las representaciones exteriores de España son también las que le han afectado más profundamente. (…) La especificidad profunda de la leyenda negra radica (…) en que esta imagen de sí misma ha afectado a España como no ha afectado ninguna otra imagen externa a cualquier otra nación.

Un estado de esquizofrenia colectiva que, en palabras de Julián Marías,

partiendo de un punto concreto –supongamos que cierto-, extiende la condenación y descalificación a todo el país a lo largo de toda su historia, incluida la futura (…) sin prescribir jamás.

Con pasmo seguimos contemplando el triste espectáculo de compatriotas como el del concejal de la localidad malagueña de Mijas que rechazaba la denominación de una calle como Avenida del Descubrimiento por sus "connotaciones políticas de ideología españolista y excluyente", que ocultan “la limpieza étnica que llevaron los españoles a cabo”.

Es por eso por lo que la Fundación Denaes y la Fundación Villacisneros celebrarán mañana y pasado el I Congreso de la Hispanidad. Para ajustar la verdad a la historia de la mano del Premio Nacional de Historia García Cárcel. Pero no solo. Expresidentes hispanoamericanos nos acompañarán para ilustrarnos sobre el legado que hoy compartimos 500 millones de hispanos, académicos de la lengua hablarán sobre la unidad y homogeneidad del idioma español en comparación con otras lenguas de comunicación internacional; serán muchos los expertos que durante los próximos días visitarán la Casa de América para recordar que esta vieja nación que hoy algunos quieren dinamitar escribió páginas imborrables de la historia universal, dejando sembrada de nombres hispanos la toponimia del planeta.

Serán días para subrayar lo mayúsculo, lo universal, y para ceñir lo minúsculo, lo aldeano, los movimientos regionalistas, a su verdadera y raquítica dimensión.

Vivimos un momento histórico idóneo para recuperar la Hispanidad con más fuerza que nunca, como un sentimiento de hermandad universal.

Reivindicamos España y con ella su mayor obra, la Hispanidad.
Santiago Abascal Conde, presidente de la Fundación Denaes.

El PSC-PSOE apoyó a Otegui
Pablo Sebastián www.republica.com  3 Octubre 2013

Dos nuevas noticias han vuelto a dejar en evidencia y puesto en entredicho el compromiso constitucional del PSOE y la deriva autodestructiva, política y territorialmente, del partido que lidera Alfredo Pérez Rubalcaba. Por un lado se ha sabido que el PSC (los representantes del PSOE en Cataluña) apoyó inicialmente que Arnaldo Otegui participara en la comisión del ‘derecho a decidir’ del parlamento catalán; y por otra parte el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso del PSOE para imponer en Baleares el conocimiento de la lengua catalana como condición ineludible para acceder a la administración de la Comunidad balear. Lo que obliga a preguntar: ¿a qué juega el PSOE en España?

El apoyo inicial del PSC (además de CiU, ICV, ERC y CUP) a la presencia del ‘jefe político’ de ETA Arnaldo Otegui para que dé su opinión por escrito -permanece en la cárcel por colaboración con banda armada- sobre el pretendido e ilegal ‘derecho a decidir’ catalán se ha convertido en un nuevo disparate que afecta de lleno al jefe de la Oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al PSOE por más que semejante apoyo haya sido ofrecido por la rama catalana socialista que en ese territorio regenta el PSC. ¿Hasta dónde va a llegar la locura socialista en su empeño por amparar la ruptura del marco constitucional que a diario practica el PSC, empezando por su adhesión al ilegal derecho de autodeterminación?

El PSOE no puede continuar escondiendo tras el PSC su ruptura del consenso constitucional, y además proponiendo otro disparate que carece de viabilidad, como es su propuesta federal -que nadie apoya ni en el PP ni en el nacionalismo catalán independentista- con la que, inútilmente, intentan salvar su relación con el PSC. Y todo ello a pesar de que estas posiciones pro independentistas del PSC y la complacencia disimulada del PSOE, les están llevando a ambos en Cataluña y el conjunto de España a un claro desastre electoral, como lo hemos explicado en esta misma página hace pocos días.

Sin embargo el apoyo del PSC-PSOE a la participación inicial de Otegui -luego excluido de una lista final- de la absurda comisión sobre el ilegal ‘derecho a decidir’ (donde también participa José Pedro Pérez Llorca, en el rol de ‘tonto útil’ del independentismo) constituye un paso más que demuestra el descontrol y el disparate que se ha instalado en la alta dirección del PSOE. Partido que con estas actitudes, el Griñán de los ERE en su presidencia nacional y su permanente crítica a todo lo que hace el Gobierno sin presentar un proyecto global alternativo a los objetivos que marca la UE, no solo no consigue presentarse ante los ciudadanos como alternativa de Gobierno seria y coherente frente al PP sino que permanece a la baja en los sondeos electorales donde IU, UPyD y Ciudadanos (estos en el territorio catalán) le han quitado ya muchos votos que al día de hoy los socialistas no están en condiciones de recuperar.

Por si algo les faltara en todo el desbarajuste autonómico y pro nacionalista e incluso secesionista el Tribunal Constitucional ha echado por tierra, en Baleares, el recurso presentado por el PSOE a favor de que el conocimiento de la lengua catalana en las islas fuera obligatorio para acceder a la administración balear. Lo que es otro ejemplo del desistimiento constitucional que fomenta este partido en el menoscabo de la legalidad vigente y de la cohesión de España que ellos pretenden justificar con la centrifugación sin límite de la cohesión nacional, a través de un modelo federal que a nadie le gusta -tampoco a muchos de sus votantes- y que solo es una fuga hacia delante para intentar salvar su imposible relación con el PSC y tapar con ello sus flagrantes contradicciones y las constantes ‘rebeliones’ que sufre dentro de este partido que, por el momento, ha perdido su condición de fuerza política nacional.
www.pablosebastian.com

Se congelan el sueldo, pero se lo llevan calentito
PEDRO M. BRAVO www.gaceta.es  3 Octubre 2013

Nuestros parlamentarios se vuelven a congelar el sueldo, pero aún así su nivel es estratosférico comparado con el salario medio del español.

Los diputados nacionales volverán a ver cómo su sueldo se queda congelado en 2014, por cuarto año consecutivo. Contado así suena a austeridad, pero no lo es tanto. Sus señorías superan con creces el salario del español medio. El Congreso de los Diputados, pese a haber bajado su presupuesto en un 18,24% en los últimos cinco años, tendrá para el próximo ejercicio casi 84 millones de euros para gastar, cifra que es mayor en unos cientos miles de euros este año. De esta cantidad se ha dedicado el 42% a pagar sueldos.

Siempre según la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, en total, casi 35 millones y medio de euros han ido a parar a los bolsillos de los empleados de la Cámara Baja, de los cuales hasta 18.700.000 euros han sido para los denominados “altos cargos”, lo que equivale a más de la mitad del total presupuestado para sueldos. Por su parte, el Senado tampoco se queda atrás. Tendrá un presupuesto para el próximo año de más de cincuenta millones de euros, que aunque es una cifra perceptiblemente más baja que la del Congreso, es cierto que puede parecer alta de cualquier forma teniendo en cuenta las prácticamente invisibles competencias que tiene la Cámara Alta.

Aún así, también en 2014 gastará menos de lo que lo está haciendo este año, pues su presupuesto para 2013 era de casi 52 millones. De estos, más de 22 y medio se fueron para los gastos de personal, lo que equivale al 43,4% del total. Y, en concreto, para esos “altos cargos” de los que ya hablábamos antes se destinaron 15.119.200 euros, lo que se corresponde con el 67,1% del total de los gastos destinados a sufragar los sueldos de los trabajadores.

Dietas y complementos a tutitplén Estas insultantes cifras para un país que se ha vuelto pobre como España sólo se pueden justificar viendo cómo se reparten los diputados los dineros de los españoles a base de complementos y dietas por casi todo. El sueldo base de todo senador y diputado es de la nada despreciable cantidad de 2.813,91 euros mensuales. Pero a esto, por supuesto, después hay que sumarle todo tipo de ingredientes que hacen que los salarios de sus señorías aumenten como la espuma.

Sólo en concepto de manutención y alojamiento, los diputados que son de Madrid tienen un suplemento de 870 euros al mes, una cifra a la que hay que sumar casi 1.000 euros para aquellos que son de cualquier otra provincia que no sea la capital. Además, por supuesto, si sus señorías tienen que hacer un viaje, tanto por territorio nacional como al extranjero, las dietas que recibirán oscilarán entre 120 y 150 euros diarios.

Por otro lado, a estos sueldos y dietas comunes a la gran mayoría de parlamentarios, hay que sumarles algunas específicas. Por ejemplo, el presidente del hemiciclo, Jesús Posada, recibe por el hecho de ostentar dicho cargo 3.064 euros, a los que hay que sumar los “gastos de representación”, que son de 3.327 euros, y los de “libre disposición”, que llegan a los 2.728 euros al mes. En total podemos calcular que su salario supera los 9.000 euros, aunque él mismo se ha preocupado mucho de que no exista la obligatoriedad de hacer público su sueldo. Sus buenas razones tendrá.

Pero, claro está, estos sueldos galácticos no acaban aquí. Vicepresidentes, secretarios y un largo etcétera de cargos en ambas Cámaras se adjudican este tipo de complementos monetarios. Por ejemplo, los portavoces de los grupos parlamentarios –como Alfonso Alonso por el PP o Soraya Rodríguez por el PSOE– suman a su sueldo base como diputados otros 1.741 euros al mes por “gastos de representación” y 926 por “gastos de libre disposición”.
Taxis, iPad y móvilesDespués hay casos todavía más sangrantes como el del catalanista Duran i Lleida, que además de ser portavoz de CiU en el Congreso, también es presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de dicha Cámara, por lo que hay que sumarle unos “gastos de representación” suplementarios de 1.431 euros mensuales.

Después de todo esto, sobra decir que las Cortes Generales también se ocupan del transporte de los parlamentarios. Tanto si utilizan coche oficial, como si viajan en otro tipo de transporte –incluido el taxi– o en su propio automóvil. Para esta partida se han presupuestado más de siete millones de euros. Además, como ya se ha criticado en numerosas ocasiones, ambas cámaras dotan a sus parlamentarios de un iPad y teléfonos móviles pagados por todos los españoles.

Y, por si el derroche no fuese suficiente, también aquí aparecen las siempre socorridas y recurrentes subvenciones, puesto que ambas cámaras regalan dinero a los partidos simplemente por haber sido votados. En el caso del Congreso, éste concede a cada grupo parlamentario 28.597 euros mensuales, a los que hay que sumar otros 1.645 euros por cada diputado.

Además, ciertas personalidades dentro de las cortes, así como los propios grupos parlamentarios, tienen derecho a tener determinados asistentes, que son “personal de confianza para apoyarles en el ejercicio de su función”. Así pues, nos encontramos con que sólo para los partidos y en el Congreso, hay, además de sus señorías, otras 205 personas puestas a dedo para ayudarles a ejercer sus obligaciones. Y esto sin contar las propias de los altos cargos, como es el caso del presidente, que tiene ocho asistentes; los vicepresidentes y secretarios de las Cámaras, que cuentan con dos cada uno; o los presidentes de las Comisiones del Congreso, que pueden tener a una persona de confianza a su cargo.

Así las cosas, nos podemos encontrar con cifras que rozan el absurdo, como que haya partidos que tengan casi tantos asistentas como diputados en la Cámara Baja. Algunos ejemplos son el de la Izquierda Plural, que con sólo 11 diputados tienen nueve asistentes, o los de UPyD y del PNV, cuyos diputados, cinco en cada caso, necesitan hasta cuatro personas de confianza por grupo para llevar a cabo sus funciones. En total, entre las dos cámaras encontramos 307 asistentes que nadie sabe quién los ha elegido.
La España del gastoAnte estos sangrantes y muchas veces innecesarios derroches –por ejemplo, ya han sido numerosas las ocasiones en las que se ha pedido el desmantelamiento del Senado por su alta ineficiencia– hay que sumar otros tantos de los que sustentan el particular statu quo de nuestros políticos.

Dentro de los presupuestos de las Cortes Generales también hay otras partidas, como los gastos de la Junta Electoral Central o del Defensor del Pueblo, entre los que se llevan más de catorce millones y medio de euros. Así pues, el total de la denominada “actividad legislativa” supera los doscientos millones con 201.413.000 euros.

Y esto es sólo a nivel nacional, que después cada Comunidad Autónoma tiene su propio Parlamento, su propio Defensor del Pueblo y, por supuesto, sus propios asistentes, personal de confianza, subvenciones y un largo etcétera de partidas por las que se va, como si de un desagüe se tratara, el dinero de todos nosotros.

Tras estos datos es difícil explicar de forma razonable las causas por las que algunos sigan empeñados en subir los impuestos a los ciudadanos y recortar en cosas básicas como la sanidad, la educación o las pensiones, más cuando parece que los políticos, aunque se aprieten el cinturón, lo hacen en una medida mucho menor que el resto de los españoles.

Baleares, asediada por el pancatalanismo
EDITORIAL Libertad Digital  3 Octubre 2013

El presidente balear, José Ramón Bauzá, se comprometió electoralmente a que el conocimiento del catalán dejase de ser un requisito para convertirse en un mérito a la hora de acceder a la función pública. También prometió acabar con la inmersión lingüística en catalán para permitir a los padres la libre elección de lengua vehicular en la enseñanza.

Se trata de dos promesas que el PP balear ha cumplido parcialmente, habida cuenta de que la modificación de la Ley de Función Pública, aprobada por el Parlamento autonómico en julio de 2012, prevé algunas salvedades a la exención de la obligación de conocer el catalán, como en los casos del personal docente, los lingüistas al servicio de la Administración y los funcionarios que ocupen puestos de atención al público.

Así mismo, la promesa de acabar con la coactiva hegemonía del catalán en las escuelas no se ha llevado a cabo mediante la libre elección de lengua vehicular, sino por un modelo trilingüe que pone en pie de igualdad el español, el catalán y el inglés.

A pesar de la contención de ambas reformas, los socialistas baleares, entregados a las pretensiones pancatalanistas, recurrieron ante el Constitucional la reforma de la Ley de Función Publica, reforma que acaba de recibir el aval del Alto Tribunal.

Está por ver, sin embargo, que este varapalo que acaban de recibir sirva para que socialistas y nacionalistas desactiven la bochornosa huelga política que, con el concurso de los independentistas catalanes, mantiene prácticamente paralizada la enseñanza pública en las islas desde hace tres semanas, y que ya ha causado un aluvión de solicitud de padres que reclaman a la Consejería de Educación el traslado de sus hijos a centros concertados.

Lejos de acomplejarse y de negociar con quienes de forma tan flagrante se rebelan contra la democracia, la Constitución y la autonomía de las Islas Baleares, el Gobierno de Bauzá debería someterlos a la legalidad, manteniéndose leal a esa inmensa mayoría de ciudadanos que le han otorgado su voto, que no son ni se sienten catalanes y que se niegan a que su españolidad y su propia identidad balear sea borrada por esa entelequia de los Països Catalans.

Lo que está claro es que los nacionalistas no pierden comba a la hora de agravar la crisis nacional que padece España, ya sea en Cataluña, en el País Vasco o en Baleares. Y en todos los casos con el concurso de los socialistas.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Cruce de vías
MANUEL MONTERO EL CORREO  3 Octubre 2013

Las aportaciones retóricas del nacionalismo radical suelen consistir sólo en los vocablos, que hacen las veces de programas políticos y sugieren cambios decisivos, pero dan en vacíos

Al nacionalismo radical hay que reconocerle un doble mérito: su capacidad de crear nuevos términos y la habilidad para que se conviertan de la noche a la mañana en la referencia del debate político. El último ejemplo lo tenemos estos días. Bildu se saca de la manga el motete ‘Vía Vasca’ e inmediatamente los discursos versan sobre el dicho. Hasta el PNV ha entrado al trapo y dedicado parte de su Alderdi Eguna a contestarlo, asegurando que ellos ya llevan su camino y que no les vengan con zarandajas. En tiempos era el PNV el que en ocasión tan señalada fijaba los deberes para el curso entrante. La creatividad poética de la izquierda abertzale diseña ahora el terreno del juego nacionalista.

La respuesta ha consistido en tropos sobre autovías, autopistas, vías estrechas, avenidas, caminos, caminos vecinales, peajes, barreras bajadas y los riesgos de los excesos de velocidad. Tal derroche no se debe sólo al gusto del presidente del PNV por las metáforas concretas, que maneja con desparpajo y afición. Sería injusto reprocharle que se haya entretenido con el nombre sin entrar en el fondo de la cuestión, pues no hay de qué: la idea de la ‘Vía Vasca’ se queda en un lema, sin más enjundia.

No es novedad. Con frecuencia las aportaciones retóricas del nacionalismo radical suelen consistir sólo en los vocablos, que hacen las veces de programas políticos completos y sugieren cambios decisivos, pero dan en vacíos. De ahí la costumbre local de discutir sobre la nada. Piénsese en otras de sus contribuciones, que esta gente sigue usando sin caer en la cuenta de que es argot sólo para los suyos: acumulación de fuerzas, polo soberanista, agentes políticos vascos, nuevo escenario (de paz), consecuencias del conflicto, fase resolutiva… Algunas expresiones llegan a salir de su txoko, como ‘diálogo y negociación’, pero no siempre con el sentido que les dan sus hacedores.

Con la ‘Vía Vasca’ sucede lo mismo. Llama a ‘la autoorganización”, se supone que nacionalista, para avanzar hacia la soberanía, habla de ‘Euskal Herria como sujeto’, de ‘articulación entre todos los agentes políticos y sociales’ , de los derechos de todos (y todas)… Nada nuevo bajo el sol, pues son los sonsonetes de este mundo desde que concibió la actual estrategia. ‘La Vía Vasca es la única opción para abandonar las vías muertas española y francesa’, dicen, y también suena a ‘déjà vu’.

Esta vez ha tenido vista el PNV, al no dejarse envolver por la fraseología que habla de transversalidad, de oferta a todos (y todas). No se encuentra otra cosa que el intento de la izquierda abertzale por disputarle el terreno. El nacionalismo moderado habrá quedado escaldado de la anterior vez que le siguió el juego, el que empezó en Lizarra y coaguló la política vasca durante una década.

Además del título sonoro, la iniciativa ‘Vía Vasca’ trae otra contribución al florido paisaje lingüístico en que nos movemos: ‘Nuestra Casa’, así escrito. Proponen la vía vasca ‘para la construcción compartida de Nuestra Casa’, nada menos. Se conoce que los redactores se han quedado encantados con la imagen, pues la repiten con entusiasmo y desarrollan hasta sus últimas consecuencias, aunque quede algo chusco: hablan de cómo haremos Nuestra Casa, de la arquitectura, planos y materiales a utilizar. De ‘la división por habitaciones, las ventanas y las puertas’. Tales asuntos, dicen, tendremos que decidirlos entre todos (y quizás el reparto de habitaciones y si habrá de invitados, y quiénes serán). No lo dicen, pero a lo mejor hasta tienen arquitecto.

Así que nos han traído ya un nuevo proceso, otro de los términos cruciales. Esta vez ‘proceso de construcción’. De Nuestra Casa, se entiende. Se construirá con un ‘proceso de autoorganización’. Si del habla vasca se eliminara el palabro ‘proceso’ desaparecería la política tal y como la conocemos.

Como resulta característico, una vez lanzado el lema salvador, lo presentan como la alternativa sobre la que todo el mundo tiene que pronunciarse. Como si fuese el no va más y tuviese grandes consensos y respaldos. Desde EA le piden al PNV ‘que aclare si está a favor de la Vía Vasca o prefiere continuar bajo los mandatos del Estado español’. El texto fundacional de la Vía asegura que debe abandonarse la dicotomía del ‘todo o nada’, pero es ya la referencia a acatar: o conmigo o contra mí. Los parlamentarios de Bildu aseguran que ‘es la hora de la Vía Vasca’ –hablan con mayúsculas–, la de la soberanía, y se ofrecen a apoyar a Urkullu si se anima a seguirles y abandona ‘las recetas del pasado’, que son sus acuerdos con el PSE. Estos se repiten más que el ajo. Su capacidad de renovación retórica es limitada: una vez que nos cae un latiguillo nos fustigan con él hasta la extenuación. Será porque nos aqueja el inmovilismo, otro retruécano que usan estos días.

De pronto el habla vasca, de suyo misteriosa, se nos ha llenado de vías y asimilados. ETA habla en su última epístola de ‘camino de la paz’ y de ‘camino de la soberanía y la justicia social’, Arnaldo nos anima a recorrer ‘una vía propia hacia la soberanía plena’. Son los que marcan tendencia, por lo que la llegada de las metáforas camineras va en serio. En esta encrucijada el PNV asegura que tiene su camino. Seguirá hacia la soberanía ‘con nuestro camino, pero seguros’. ‘Y vamos a llegar sanos y salvos’.

Ojalá que a nadie más se le ocurra proponer otras vías –no es improbable, pues cuando aquí entra un lugar común hace crías–, que esto va a parecer un Speaker’s Corner con profetas ofreciéndonos el único camino, que es lo propio de cualquier profeta.

La internacional redentorista
IGNACIO CAMACHO ABC 3 Octubre 2013

El soberanismo catalán ha echado mano del elenco asesor de guardia: la fraternidad universal de los pueblos cautivos
COMO fenómeno más sentimental que ideológico, el nacionalismo se alimenta a menudo de pulsiones antojadizas que reclama bajo un cierto síndrome de infantilidad política. Los niños, ya se sabe, tienden a aprender imitando y se encaprichan de las novedades con entusiasmo porfiado: culo veo, culo quiero, dice el refrán. Entre nacionalistas funciona una fijación mimética que les lleva a pasarse el rato ?un rato histórico, es decir, recurrente y continuo? estimulándose con ejemplos ajenos que adaptan a sus propias realidades con artificiosa inventiva. El concepto de autodeterminación, su mantra favorito, lo manejan como una falsilla intercambiable que sirve lo mismo para Kosovo que para Lituania, para Timor que para Eslovaquia. Si hay un referéndum en Escocia, ése es el modelo catalán; si lo hay en Quebec, ése quieren los vascos. Acostumbrados a pasar las circunstancias objetivas por un embudo, siempre encuentran el modo de situarse en la parte más ancha. Y como criterio de autoridad se citan los unos a los otros en una especie de logia milenarista: la fraternidad universal de los pueblos cautivos.

Después de copiar la vía báltica con la célebre cadena humana, los soberanistas catalanes pretenden ahora institucionalizar su proceso ?ésta es otra palabra clave de la jerga autodeterminadora? según el manual de la Internacional Redentorista. Una comisión que elabore un documento con apariencia de formalidad preconstituyente. Para la ocasión han llamado al elenco de guardia: un quebequés, un esloveno, un eslovaco, unos cuantos constitucionalistas más o menos bienintencionados y, esto que no falte, el perejil imprescindible de un muñidor de los acuerdos de Stormont con el objetivo de vincular el proyecto de secesión nada menos que al conflicto del Ulster. Como hasta ahora este parentesco era exclusivo de los separatistas vascos han incluido también al heroico Otegi, el autodenominado Mandela batasuno, que deberá elaborar su sabia disquisición en su residencia oficial de Martutene.

He ahí, pues, a lo mejorcito de cada casa; falta algún representante de Nueva Caledonia y los pobres polisarios, de los que ya nadie se acuerda ni para invitarlos a una merienda. La hoja de ruta incluirá a no mucho tardar negociadores profesionales noruegos, cualquier Premio Nobel alquilado por horas y el equipo habitual de ilustres fantasmones; menudo cabreo debe de tener por no haber sido citado como ponente el inefable Mayor Zaragoza. Con esto y un bizcocho se fabrica un dictamen a la carta, un encaje de bolillos que a su vez servirá de plantilla para el siguiente pueblo oprimido de la lista. En la cola piafan de impaciencia los mocetones de Euskalherría, y tal vez pronto pidan turno los bloqueiros gallegos y hasta los aborigenistas canarios. Ibarretxe, aquel marciano iluminado, tal vez ande pensando que en el fondo sólo se equivocó al elegir el momento?

COMO fenómeno más sentimental que ideológico, el nacionalismo se alimenta a menudo de pulsiones antojadizas que reclama bajo un cierto síndrome de infantilidad política. Los niños, ya se sabe, tienden a aprender imitando y se encaprichan de las novedades con entusiasmo porfiado: culo veo, culo quiero, dice el refrán. Entre nacionalistas funciona una fijación mimética que les lleva a pasarse el rato ?un rato histórico, es decir, recurrente y continuo? estimulándose con ejemplos ajenos que adaptan a sus propias realidades con artificiosa inventiva. El concepto de autodeterminación, su mantra favorito, lo manejan como una falsilla intercambiable que sirve lo mismo para Kosovo que para Lituania, para Timor que para Eslovaquia. Si hay un referéndum en Escocia, ése es el modelo catalán; si lo hay en Quebec, ése quieren los vascos. Acostumbrados a pasar las circunstancias objetivas por un embudo, siempre encuentran el modo de situarse en la parte más ancha. Y como criterio de autoridad se citan los unos a los otros en una especie de logia milenarista: la fraternidad universal de los pueblos cautivos.

Después de copiar la vía báltica con la célebre cadena humana, los soberanistas catalanes pretenden ahora institucionalizar su proceso ?ésta es otra palabra clave de la jerga autodeterminadora? según el manual de la Internacional Redentorista. Una comisión que elabore un documento con apariencia de formalidad preconstituyente. Para la ocasión han llamado al elenco de guardia: un quebequés, un esloveno, un eslovaco, unos cuantos constitucionalistas más o menos bienintencionados y, esto que no falte, el perejil imprescindible de un muñidor de los acuerdos de Stormont con el objetivo de vincular el proyecto de secesión nada menos que al conflicto del Ulster. Como hasta ahora este parentesco era exclusivo de los separatistas vascos han incluido también al heroico Otegi, el autodenominado Mandela batasuno, que deberá elaborar su sabia disquisición en su residencia oficial de Martutene.

He ahí, pues, lo mejorcito de cada casa; falta algún representante de Nueva Caledonia y los pobres polisarios, de los que ya nadie se acuerda ni para invitarlos a una merienda. La hoja de ruta incluirá a no mucho tardar negociadores profesionales noruegos, cualquier Premio Nobel alquilado por horas y el equipo habitual de ilustres fantasmones; menudo cabreo debe de tener por no haber sido citado como ponente el inefable Mayor Zaragoza. Con esto y un bizcocho se fabrica un dictamen a la carta, un encaje de bolillos que a su vez servirá de plantilla para el siguiente pueblo oprimido de la lista. En la cola piafan de impaciencia los mocetones de Euskalherría, y tal vez pronto pidan turno los bloqueiros gallegos y hasta los aborigenistas canarios. Ibarretxe, aquel marciano iluminado, tal vez ande pensando que en el fondo sólo se equivocó al elegir el momento?

Cataluña
'La commedia è finita'
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 3 Octubre 2013

"La commedia è finita", la comedia ha terminado, se oye mientras cae el telón en el ultimo acto de la ópera Pagliacci (Payasos). Todo presagia que muy pronto esta misma exclamación sellará el desenlace del sainete secesionista. Los síntomas del final son evidentes. Las simplezas que articuló Artur Mas durante su último viaje a Bruselas delataron su indigencia de argumentos y su falta de ingenio para inventarlos. Comparado con él, hasta el liliputiense José Luis Rodríguez Zapatero parece un estadista de la talla de Charles de Gaulle.

Versión tergiversada
Antes de levantar vuelo, Mas fantaseó (LV, 30/9):

Veremos una Catalunya dentro de Europa porque es nuestro presente y porque Europa sabe muy bien que las fronteras son del pasado y no se pueden volver a levantar.

Soltar semejante perogrullada cuando llevaba en el bolsillo el croquis de la nueva frontera entre España y Cataluña, o tal vez entre los Països Catalans y sus vecinos para satisfacer a los aliados irredentistas y antisistema de la CUP, no fue precisamente una prueba de talento diplomático. Rematado esto con un desplante contra aquellos a los que iba a implorar solidaridad:

El president pidió que no se haga "demasiado caso" de las declaraciones provenientes de Europa que apuntan a que una Catalunya independiente quedaría fuera de la UE, porque "pertenecen a representantes de Estados cuya máxima es que, cuantos menos problemas, mejor".

Una vez en Bruselas, menospreció a sus interlocutores endilgándoles una versión tergiversada de la realidad no apta para personas medianamente informadas (LV, 1/10):

"La solución de la UE no será expulsar a siete millones y medio de europeos", catalanes "con derechos adquiridos" como europeos.

Sólo un iletrado podría argumentar que una región que se separa de un país miembro de la Unión Europea deja de pertenecer a esta porque la expulsan. Deja de pertenecer a ella porque ha roto con el país miembro y debe iniciar los trámites para ingresar como un nuevo Estado. Queda fuera de la UE, de la ONU, de la OTAN, del BCE y del mundo civilizado. Lo han repetido hasta el hartazgo, en todos los idiomas, todos los representantes de la UE consultados. Sentenció Jean-Claude Piris, exjurisconsulto del Consejo Europeo (El País, 1/10):

No es cuestión de expulsión. La UE no expulsaría a nadie. Nunca lo ha hecho. Todo depende de las condiciones de nacimiento del nuevo Estado.

La región desmembrada
No se entera quien no quiere, y si quien se hace el distraído es un político con la responsabilidad de gobernar la región desmembrada los ciudadanos tienen la obligación de informarse, primero, y destituirlo, después. Como recuerda Cristina Losada (Libertad Digital, 1/10): Francesc Granell, catedrático de Organización Económica Internacional de la Universidad de Barcelona, Creu de Sant Jordi y primer jefe de Artur Mas en la Generalitat, afirmó en El País (25/9): "Cataluña sería un Estado fallido como Somalilandia". Y cuando le explicó a Mas las razones concretas por las que ese sería el destino de una Cataluña independiente, su interlocutor, en lugar de exponer sus propias razones, lo acusó de ser poco independentista.

Joaquim Muns, también catedrático de OEI en la Universidad de Barcelona, no es menos categórico que su colega (LV, suplemento "Dinero", 29/9):

En la arena internacional no hay ningún padrino relevante (Estados Unidos, Rusia, Alemania) dispuesto a avalar la independencia de Catalunya y a cerrar los ojos a las leyes que ahora la obstaculizan. En estas condiciones, resulta muy preocupante que algunos vean como solución de último recurso la declaración unilateral de independencia por parte del Gobierno catalán. Este paso sería una garantía del total aislamiento internacional de Catalunya. (…) En realidad, los obstáculos para alcanzarla que provienen del exterior, especialmente de la UE, son tanto o más decisivos que los planteados por Madrid. Querer ignorar los condicionantes políticos y económicos del mundo que nos rodea sólo puede conducir al desprestigio internacional de Catalunya.

Cualquiera diría que en este contexto está harto justificado el aserto de que la commedia è finita. Pero es entonces cuando los ilusionistas sacan de la chistera el conejo de la tercera vía. Es la coartada ideal para los socialistas predispuestos a la capitulación. La síntesis de esa vía que nos presenta el trujamán Jordi Barbeta (LV, 29/9) debería ser suficiente para desalentar a todos los que conserven un mínimo de racionalidad. La tercera vía que describe Barbeta es la imagen especular de la independencia:

1) El concierto económico, 2) el control catalán de las infraestructuras, 3) la soberanía cultural, lingüística y educativa, 4) la presencia de Catalunya en organismos internacionales, 5) el apoyo a una reforma constitucional que reconozca a Catalunya como sujeto político soberano.

Falta de escrúpulos
Ahora el problema reside en que en la nave de los locos hay tripulantes que, al comprobar que no pueden materializar sus proyectos regresivos y endogámicos, están dispuestos a poner la sociedad patas arriba. Si el mayor obstáculo para la involución secesionista es la Unión Europea, pues hay que desvincularse de ésta con la misma insensibilidad y falta de escrúpulos con que se cortan lazos históricos y familiares con el resto de España. Algunos ya lo proclaman sin eufemismos a los cuatro vientos.

En el debate de política general del Parlamento de Cataluña, la CUP irredentista y antisistema, afín al etarra preso Arnaldo Otegi, proclamó que se opondrá a la permanencia en la UE. Más sofisticado, el secesionista Ferran Requejo se remontó a la mitología para terminar impugnando a la UE (LV, 30/9):

Hoy la UE está políticamente secuestrada y no hay rescate a la vista. Se está ampliando, pero al mismo tiempo se está haciendo pequeña. Su arquitectura institucional está mal diseñada; sus normas son una selva jurídica prácticamente incomprensible por los ciudadanos (y por buena parte de los dirigentes políticos). Es una estructura barroca que incentiva la desconfianza o el desinterés.

Existe otro movimiento empeñado en desestabilizar la sociedad abierta y ponerla a los pies de los radicales. El prestigioso y multipremiado sociólogo Manuel Castells es uno de sus portavoces. En su columna sabatina de La Vanguardia celebró la irrupción del embrión de déspota Beppe Grillo en la escena política italiana (2/3), hizo la apología de los indignados que organizaron efímeros brotes insurreccionales en Brasil (29/6) y por fin acomodó el catecismo de un frustrado terrorista italiano, Toni Negri, a las necesidades disruptivas del secesionismo (28/9):

Estrategias de desobediencia civil no violenta se están imaginando descentralizadamente. Un movimiento social así no atiende a constituciones. Busca sus vías de paso hasta que encuentra salidas, múltiples salidas. Como el agua. Y si la experiencia histórica sirve de algo, el cambio en las mentes de las personas se traduce en nuevas prácticas que, a partir de una masa crítica o de una chispa emocional, acaban refundando las instituciones. Lo imposible se hace posible. La cuestión es cómo, cuando y con qué coste social.

Es visible la ausencia de toda referencia a las urnas como vehículo de la democracia parlamentaria. Las minorías insumisas asaltan el poder mediante consultas, referéndum, manifestaciones, pero nunca lo ganan mediante elecciones que reflejan la opinión de la mayoría más uno de los ciudadanos inscriptos en el censo.
Autopsia del secesionismo

Es significativo que cuando se instala el aquelarre en la nave de los locos, el gurú del somatén mediático, Enric Juliana, consciente de que la commedia è finita, retome la vía de la prudencia y advierta (LV, 30/9):

Enrico Berlinguer, un comunista serio y austero, sostenía en 1974 que no se podía aspirar a ningún cambio sustantivo en la sociedad capitalista avanzada con mayorías del 51%. Los cambios de verdad, sostenía, sólo se pueden plantear con amplísimas mayorías sociales, y, aun así, el éxito no es seguro.

Francesc de Carreras pone el broche de oro a esta autopsia del secesionismo (LV, 28/9):

El espectáculo es penoso: mayorías fragmentadas y partidos divididos. Y con estos mimbres -y una Generalitat en quiebra financiera- se quiere alcanzar la independencia; muchos inocentes ciudadanos están ilusionados con la perspectiva y de la frustración resultante no tendrá la culpa España, ni el TC, ni el PSOE, ni el PP, ni la Unión Europea, sino unos iluminados ineptos que hace años nos llevan por el pedregal.

La commedia è finita. Cae el telón de Pagliacci (Payasos).

Cataluña
Llamando a la tierra
José María Albert de Paco Libertad Digital  3 Octubre 2013

El llamado "proceso soberanista", o "proceso" a secas, tendrá al menos la virtud de hacer añicos el mito de la moderación catalana. No, no lo digo por que Otegi participe en esa Comisión del Derecho a Decidir que es en realidad una comisión por el derecho a decidir. Al cabo, en el mismo instante en que Artur Mas, haciendo suya la retórica proetarra, resolvió internacionalizar el conflicto, dejó abierta esa posibilidad. Se trata, claro está, de un escándalo, como hoy afirmaba Victoria Prego en El Mundo, pero no sólo por lo que Otegi hizo o dejara de hacer; también por lo que hace. O, más precisamente, por lo que dice. No en vano, el Parlamento catalán se dispone a darle voz a un individuo que no hace ni tres días declaró que el derecho a decidir es una vía de agua en la España de la Transición. A un tipo, en suma, que considera que el vector más atrayente del derecho a decidir (lo que le pone, vaya) es su contribución a la fractura del Estado español.

Sin embargo, si les hablaba de la templanza como quimera no era por Otegi, impermeable a esa clase de categorías, sino por la campaña El món ho ha de saber (El mundo tiene que saberlo), promovida por la revista de divulgación histórica Sàpiens (Grup Cultura 03), que, dicho sea de paso, recibió en 2012 una subvención de13.815,91 euros (las otras dos cabeceras del grupo, Descobrir Catalunya y Cuina, recibieron, respectivamente, 12.511,94 y 12.732,22 euros. Ya saben, la sociedad civil). La campaña, les decía, se llama El món ho ha de saber, y consiste en el envío del libro Catalonia calling, editado por la propia Sàpiens, a 10.000 personalidades, seleccionadas por los promotores entre los listados de los premios Oscar, Bafta, Pritzker, Goncourt, Booker, Cervantes o Príncipe de Asturias.

En Estados Unidos, por ejemplo, han recibido el libro (o, en cualquier caso, la llegada del paquete postal es inminente) Woopie Goldberg, Viggo Mortensen, Tim Burton, Oprah Winfrey, Barack Obama, Beyoncé, Lady Gaga, Marilyn Manson y otros 240 famosos. Sí, yo también me muero de ganas de mirar por la cerradura y espiar qué demonios hace Marilyn Manson con su ejemplar de Catalonia calling, cuya sección más pintoresca, sin duda, es una entrevista (¡entrevista!) al exdiputado del PSC Germà Bel, azote de la España radial, y cuyo logro más cualificado, ahora lo sabemos, es la probabilidad de que Beyoncé le vea el careto.

Obviamente, y dado que estamos en Cataluña, el envío no es gratis. Cuesta, como poco, 15 euros, y en su modalidad premium, 50, lo que da derecho, además, a una camiseta y una suscripción de un año a una de las revistas del grupo.

Aunque, bien pensado, qué más da la cordura si, a cambio, la independencia desbanca a la guerra civil como principal industria cultural española. Y, como aquel que dice, sin bajar del autocar.

Cataluña
Mas, Otegi y los chistes de polacos
Pablo Planas Libertad Digital  3 Octubre 2013

Que la política catalana parecía una broma lo demuestra el hecho de que el informativo estrella de TV3 sea un programa humorístico que se llama Polònia, por aquello de empezar por reírse de uno mismo, aunque sea por disimular. Prueba de la importancia de ese espacio es que se suple el inconveniente de que sea semanal con su repetición, entera o en versión momentos estelares, en cada hueco libre de la programación diaria. Pero lo de la coña está repartido en Barcelona, más conocida ahora como Somalilandia. No sólo se hacen chistes sobre los políticos disidentes. El humor polaco en versión kosher, por ejemplo, está cada vez más extendido entre la mayoría silenciosa. Que si ya tienes la maleta preparada, que para cuándo te vuelves a tu pueblo, que si lo único que te faltaba era ser del Español, que para qué te metes en política y tal. El más popular es uno en el que se encuentran dos charnegos y se ponen a discutir si en la Cataluña del día después a los españolazos se les coserá un toro en la manga o se les distinguirá por la obligación de llevar montera, como los toreros. Claro que igual no es tan gracioso como para salir por la tele autonómica. Quien también participa cuando conviene de este sentido del humor es Oriol Junqueras, el jefe de la Esquerra, que a la menor ocasión cuenta el chiste ese de que tiene amigos españoles que son de "la roja". A diferencia de la anterior, esta chanza sí que es muy celebrada. ¡Qué bueno es Junqueras!

El que no está para chistes casi nunca es Mas, puesto que se toma muy en serio lo de la independencia. Tanto que está dispuesto a dejarse asesorar por Arnaldo Otegi, que no necesita presentaciones, en la comisión del parlamento autonómico del derecho a decidir. Esto también parece una broma, más que pesada, macabra. Pero no lo es. A nadie con un mínimo de sensibilidad, no mucha tampoco, se le ocurriría hacer chistes sobre el amonal y los que ya no están, por lo que la política catalana ha cruzado la línea de lo cansino y recurrente para abismarse en un zulo sin fondo. Lo de menos es cómo se lo montarán Mas y Duran para explicar en sus viajes lo de semejante compañía. No lo dirán, y punto. Lo de más es que en la citada comisión parlamentaria todos los partidos, a excepción de PP y Ciutadans, que no están y son los de los chistes de judíos, han votado a favor de una propuesta de una formación independentista que se llama Candidatures d'Unitat Popular (CUP) -una asamblea de la ERC que les salió rana- para incluir a Otegi entre las personalidades citadas por la comisión. Lo más parecido a una tímida reacción en Varsovia en contra de lo de este individuo ha sido la sordina impuesta al asunto en la prensa local. Eso o es que aún no han reaccionado y en los próximos días se aprestarán a glosar las virtudes de ese "hombre de paz", según llegó a definirlo Zapatero. A saber, porque la prensa catalana no sólo se caracteriza por los editoriales conjuntos. A veces recurre directamente a no publicar lo que no interesa mientras sus redactores jefes montan seminarios de ética en el CAC o en el colegio de periodistas.

Por ejemplo, que CiU ha caído en una espiral radical que le ha llevado a seguir los planteamientos de Batasuna en el frente municipal es un tema que interesa menos incluso que los homenajes parlamentarios de ERC a los precursores del cinturón de explosivos. Son cosas de la prensa de Atapuerca, la Caverna, la Brunete y demás. Como lo del castellano en las escuelas, el Barrio Sésamo indepedentista (por cierto, que el CAC ya ha eximido a la tele autonómica de vulnerar cualquier norma de protección del menor) o lo de la expulsión de Europa en caso de secesión. Aquí lo que cuenta, bromas aparte, es la voluntad de un pueblo. Y téngase en cuenta, por eso, que Otegi es un experto en últimas voluntades.

Los límites de la democracia *
El único motivo razonable del plan secesionista sería el convencimiento de los catalanes de no pertenecer a la sociedad española; si es así, sería bueno saber en qué se diferenciaría una constitución catalana de la actual
Antoni Zabalza . El Pais  3 Octubre 2013

El reciente debate de política general de Cataluña ha permitido al president Mas enunciar de forma precisa los elementos esenciales del proceso soberanista: su apuesta por la democracia como fuerza motriz para persuadir al Gobierno central de la conveniencia de un referéndum sobre la independencia; la confirmación de que este referéndum debe ser legal o por lo menos tolerado por el Gobierno central; y el anuncio de una convocatoria electoral si nada de lo anterior es posible. Uno puede no estar de acuerdo con este plan de acción, pero hay que reconocerle coherencia y realismo.

Quizás mis mayores dudas se refieren al primero de estos puntos. Poner por delante el talante democrático es hábil e inteligente. Ante ideas tan poderosas como democracia y mayoría, ¿quién puede oponerse a que los catalanes debatan abierta y pacíficamente los pros y contras de la independencia y luego expresen con el voto su posición en las urnas? Ante este argumento, la respuesta del Gobierno central, que invalida el objeto mismo del referéndum por ser inconstitucional, suena débil y distante; una respuesta de trámite que no parece haber hecho mella en la convicción del señor Mas de que la solución de este asunto pasa necesariamente por una votación democrática.

Sin embargo, como ocurre con muchas cosas buenas de la vida, para sacar el mejor provecho de ella, la democracia debe estar sometida a limitaciones. La democracia es un método (la regla de la mayoría) para tomar decisiones dentro de una comunidad que comparte valores básicos, previos e independientes de este método. Son estos valores básicos los que determinan si las decisiones adoptadas son buenas o no, los que dan legitimidad a las decisiones de la mayoría. La democracia, dentro de este marco de valores básicos, es el mejor método de decisión y, sin duda, la forma más inteligente de retirar (y dar) poder a los Gobiernos. Pero la regla de la mayoría, por sí misma, no puede garantizar la bondad de las políticas adoptadas.

Sería erróneo pensar que el apoyo cívico masivo a la independencia está plenamente consolidado
De ahí que las sociedades civilizadas limiten de forma explícita, a través de normas constitucionales, el ámbito de actuación de sus Gobiernos y Parlamentos, y el uso que los mismos pueden hacer de la regla de la mayoría. Una Constitución es un documento escrito por hombres y mujeres. Por tanto recoge de forma imperfecta este conjunto de valores básicos. Pero el tiempo ha ido destilando principios, presentes en la mayoría de las Constituciones, con los que es difícil no estar de acuerdo; entre otros: el derecho a la privacidad y al secreto; la libertad de expresión, asociación y movimiento; la generalidad, igualdad y certidumbre de las leyes; el derecho a la propiedad, su transferencia por consenso y el cumplimiento de las promesas; la separación de poderes y la limitación de las competencias que pueden ostentar tribunales, cuerpos legislativos y Administraciones. Un conjunto de principios cuyo fin último es proteger la libertad del individuo.

Centrándome en el último de estos principios, es evidente que la convocatoria de un referéndum para la independencia por parte del Gobierno catalán excedería con mucho a sus atribuciones legales. Hacer más de lo que uno debe podría parecer una falta dispensable cuando se hace en nombre de la democracia y al servicio de la búsqueda de la opinión mayoritaria de los catalanes. Sin embargo, la violación del Estado de derecho por parte de una Administración desmorona las bases en las que se asienta la convivencia social, introduce inseguridad jurídica y puede coartar, por tanto, la libertad individual. Entiendo que el señor Mas, que no admite un referéndum ilegal, comparte esta evaluación.

Otro punto con el que estoy de acuerdo es el llamamiento que hizo a evitar imposiciones de la mayoría independentista. Mi duda aquí es la entidad y naturaleza de esta mayoría. El apoyo cívico masivo a la independencia es de reciente formación y sería erróneo considerarlo plenamente consolidado. Es verdad que se sustenta en dos considerables manifestaciones populares, que pueden haber reunido a más de un millón de personas cada una. Pero, con ser importante, estamos hablando de un determinado colectivo en un determinado momento. Un estado de opinión no necesariamente homogéneo y que, por lo que señalan las encuestas, ha dado muestras de inestabilidad ante dos hipotéticas situaciones: la posibilidad de que una Cataluña independiente deba, por lo menos inicialmente, abandonar la pertenencia a la Unión Europea, y la potencial mejora del sistema de financiación autonómica. En estas circunstancias, ¿quién dice que la mayoría de un momento dado pueda determinar de forma irrevocable el destino de millones de catalanes que se sienten libres en el seno de la Constitución española y que desconocen cuál sería su futuro en una Cataluña independiente?

Si el referéndum no puede ser legal, que sea por lo menos tolerado. Esta es la parte del discurso del señor Mas que no he acabado de entender. Es un reconocimiento implícito de la imposibilidad de un referéndum legal, pero a la vez un acto de fe considerable en la capacidad y poder de los políticos para adaptar las normas a sus deseos. La democracia no puede ser utilizada para la obtención de un fin que se oponga frontalmente al Estado de derecho. No todo puede resolverse, aunque haya voluntad política, porque ello equivale a ignorar que la función fundamental del Estado de derecho es proteger al ciudadano, precisamente limitando la acción de Gobiernos, órganos legislativos y políticos. No hay acuerdo político aceptable que pueda suspender el Estado de derecho.

No hay acuerdo político aceptable que pueda suspender el estado de derecho
Ello no significa que las Constituciones sean inmutables. La evolución de los valores básicos es, por la propia naturaleza de estos valores, una cuestión necesariamente gradual y de alcance temporal muy largo. Pero la aplicación de estos principios a una realidad social y organización institucional concretas, que es lo que las Constituciones hacen, es naturalmente objeto de reforma y promoción política. Cuestiones como la financiación regional o el perfeccionamiento de la de facto estructura federal del Estado, caben perfectamente en la agenda de reformas si se alcanza el consenso político necesario. En cambio, la incorporación del derecho a la autodeterminación, aparte de introducir de raíz inestabilidad política y social, no cabe en una Constitución moderna. Una Constitución refleja el compromiso de un conjunto de individuos sobre una serie de valores básicos y un proyecto social en común, y reconoce derechos a personas pero no a territorios.

Me es difícil valorar la voluntad de secesión en términos de la falta de confianza que pueda existir entre los catalanes y los demás españoles. Y tampoco comparto que, en un país en el que las leyes tributarias son generales y la política de gasto público del Gobierno central está sometida a la ley y al control de la oposición y del electorado, pueda ocurrir que un territorio acabe sometido económicamente a otro. De ahí que la única justificación del propósito secesionista que veo sea el convencimiento de los catalanes de no pertenecer a la sociedad española; de no compartir los valores básicos en los que se asienta su Estado de derecho. Pero si es así, sería bueno que quienes favorecen la independencia nos dijeran en qué se diferenciaría la Constitución catalana de la española. Si en materia de valores básicos la Constitución catalana va a ser igual que la española, no hay argumento económico que pueda justificar la independencia y los enormes costes de transición que la misma conlleva. Y si el cambio fundamental consiste en otorgar a la mayoría poder de decisión sobre cualquier cuestión, la Cataluña independiente que se está ofreciendo a los catalanes corre peligro de acabar convirtiéndose en una sociedad esencialmente antidemocrática.

Es necesario debatir estas cuestiones tan larga y ampliamente como sea menester. Solo de las conclusiones de este debate, de los resultados de las elecciones que el president Mas anunció y posiblemente tendrá que convocar, de los de otras muchas elecciones que seguirán, y sobre todo de la perspectiva que otorga el paso del tiempo, nos será posible entender si los catalanes, en su gran mayoría, se sienten o no tan alejados y distintos de los demás españoles.

Antoni Zabalza es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia.

Los músicos de Bremen
Santiago González blog  3 Octubre 2013

Entrevistado ayer en Catalunya Radio, Josep Antoni Duran i Lleida, tuvo un portentoso momento de sinceridad que pueden ver en este video. Preguntado por la posibilidad de que abandone la política para hacer la tesis doctoral y encarrilar el resto de su vida laboral por los caminos de la docencia, el portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados (en rigor, el portavoz de Unió, hace algún tiempo que no representa las posiciones de Artur Mas y, por ende, las de Convergència) respondió lo siguiente:

“¿De qué viviré y de qué comeré? Los pobres profesores ganan poco. No tendría suficiente”

Cuando bauticé a este hombre como ‘el prisionero del Palace’ no había en mi intención más que un poco de ánimus jocandi, un toque de ironía sobre las duras condiciones en las que los patriotas catalanes tienen que sobrellevar los infortunios de Madrid. Ahora veo que era también una descripción exacta y una parábola acabada de la condena que lleva sobre sí una buena parte de la clase política. No toda, ciertamente. Hay quienes les bastaría con volver a sus quehaceres habituales antes de dedicarse a la actividad pública para ganar más dinero del que ganan actualmente. Cualquier ejecutivo de medio pelo gana más que el presidente del Gobierno, no pondré más ejemplos.

Pero hay gente que gana mucho más de lo que vale a precio de mercado, de lo que ganaría si se presentara en una empresa y dijera: “yo sé hacer esto. ¿Qué me dan ustedes por ello?” No pondré nombres, pueden hacerlo ustedes. La política española está llena de descatalogados, gentes como los músicos de Bremen, pero que no tienen el arrojo de juntarse y tocar por libre y prefieren el calor del establo hasta que el granjero, el partido, decida pasarlos definitivamente a la reserva.

Hay una segunda consideración en la noticia que nos traía estas palabras. ”Debemos procurar no romper la unidad a favor por el Derecho a decidir en Cataluña. No hay que estigmatizar a personas como yo (…) me sabe mal que me estigmaticen, que me digan botifler… A veces me gustaría desaparecer”.

No se siente a gusto. El viernes de la semana pasada, entrevistado por Jordi Basté en ‘El Mon a Rac 1' mostró su malestar:

(En Cataluña) “también existe una cierta caverna mediática” y que en los últimos meses ha tenido la sensación de que ”no se puede hablar con libertad”, sobre todo, como es su caso, cuando no se abona el camino de la independencia. ”Hay personas que libremente desde sus medios de comunicación han estado alimentando las tesis que hoy son mayoritarias en la sociedad”, incluyendo a su propio entrevistador, Jordi Basté, entre este grupo de comunicadores.

No hace cábalas sobre si pueden expresarse en libertad quienes ni siquiera son nacionalistas, pero no puede entender que le pase a él. Él está por el derecho a decidir. Podría añadir: Soy del mismo partido que cofundó Batista i Roca, el patriota catalán que inspiró l’Exèrcit Popular Català, el grupo terrorista que puso las bombas en el pecho de Bultó y del matrimonio Viola. ¿Cómo es posible que me llamen ‘botifler’? La Revolución y Saturno acaban siempre alimentándose de sus propios hijos. Es tradición o ley de vida.

El "derecho a decidir": una invención reciente del nacionalismo catalán
Uno de los creadores y promotores del término "derecho a decidir" -el profesor de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra Jaume López Hernández- reconocía hace dos años que "no hay ninguna legalidad internacional que recoja explícitamente" este concepto. "Para que el derecho a decidir se convierta en un nuevo referente en el análisis y la legitimación de las reivindicaciones en defensa de la creación de nuevos estados, hay que difundir el concepto y profundizar en sus implicaciones teóricas", defendía entonces en un informe de Unescocat destinado a partidos, medios y entidades nacionalistas. Estas recomendaciones se han cumplido al pie de la letra, como si de un guión se tratase.
Alejandro Tercero www.cronicaglobal.com  3 Octubre 2013

En los últimos años, un concepto político ha triunfado como ningún otro en Cataluña: el denominado “derecho a decidir”. Todos los partidos y entidades nacionalistas apelan a este supuesto derecho para reclamar la celebración de un referendo para la secesión de Cataluña.

La última de estas entidades se presentará en los próximos días. Con el nombre de Col·lectiu Praga, medio centenar de profesores universitarios del ámbito jurídico, todos ellos adscritos a universidades catalanas, se ha constituido con el objetivo de promover el ejercicio del “derecho a decidir” de Cataluña y defender que es posible aplicarlo dentro de la Constitución.

Sin embargo, y de forma sorprendente, en sus documentos fundacionales el Col·lectiu Praga no apela al derecho internacional para justificar ese supuesto "derecho a decidir", y no lo hace por un motivo muy sencillo: el derecho a decidir no es concepto jurídico reconocido en el derecho internacional, sino que es una invención ad hoc del nacionalismo catalán.

De hecho, el propio Agustí Colomines, ex director de la Fundació Catdem -vinculada a CDC- y profesor de Historia contemporánea en la Universidad de Barcelona (UB), así lo reconocía este martes durante una tertulia en BTV:

"Esto del derecho a decidir es una chorrada que nos inventamos para no decir lo que es: derecho a la autodeterminación, y punto pelota".

El proceso de fabricación de "un nuevo concepto": "el derecho a decidir"

Esta operación de la maquinaria propagandística del independentismo catalán queda detalladamente recogida en un informe publicado en noviembre de 2011 por el ya desaparecido Centre Unesco de Catalunya (Unescocat).

Con el título Del derecho a la autodeterminación al derecho a decidir. Un posible cambio de paradigma en la reivindicación de los derechos de las naciones sin estado, el profesor de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra Jaume López Hernández -un conocido activista independentista- plantea una estrategia al nacionalismo catalán.

Consciente de la inviabilidad jurídica de apelar al derecho a la autodeterminación, tal y como está recogido en los tratados de derecho internacional, para defender la independencia de Cataluña, López Hernández invita al nacionalismo catalán a recurrir a "un nuevo concepto", el ya citado "derecho a decidir".

El derecho a la autodeterminación solo es aplicable a las colonias
Según la Carta de las Naciones Unidas (1945) y la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales (1960), el derecho a la autodeterminación solo es aplicable a "procesos de descolonización", principalmente puestos en marcha a partir de la Segunda Guerra Mundial.

Además, la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (1970), que ampara el derecho a "la libre determinación de los pueblos", deja muy claro que "todo intento de quebrantar parcial o totalmente la unidad nacional y la integri­dad territorial de un Estado o país o su independencia política es incompatible con los propósitos y principios de la Carta" de las Naciones Unidas.

"Así, cualquier reivindicación de una minoría territorial que no pertenezca a un imperio, ni haya sido colonia, se conceptualiza como un conflicto de unos ciudadanos con su Estado, fuera de los márgenes, por tanto, que presupone el derecho a la autodeterminación", reconoce el autor del informe.

Las dictaduras comunistas
López Hernández considera que, "en Cataluña, los requisitos de aplicación del derecho a la autodeterminación solo se dieron durante un período muy limitado: al acabar la Primera Guerra Mundial, época en la que se reivindica desde el partido Estat Català fundado por Francesc Macià, en tanto que España todavía se puede considerar un imperio en vías de descolonización".

Por otra parte, la creación de los nuevos estados a principios de los años 90, tras la caída del muro de Berlín y el hundimiento de las dictaduras comunistas, tuvo el amparo del derecho internacional debido a que en esos países no había democracia, más allá de apelar al derecho a la autodeterminación. Una situación que tampoco es comparable a la de la Cataluña actual.

La "aparición" del "derecho a decidir"
En base a esta realidad, López Hernández llega a la conclusión de que en los últimos años se ha producido "la aparición de un nuevo concepto, el derecho a decidir", que es el reflejo de una "nueva tendencia" causada porque "la concreción conceptual y política del derecho a la autodeterminación en un contexto democrático y liberal (no en una colonia o un régimen comunista) ha ido experimentando cambios de matiz, nuevos tratamientos, justificaciones e implicaciones que marcan nuevas pautas tanto en el ámbito normativo y argumental como estratégico y político".

Es decir, el "derecho a decidir" es un "neologismo", como el propio autor reconoce, para soslayar el derecho internacional y adaptarlo a las demandas del nacionalismo catalán, tratando, así, de legitimarlas jurídicamente.

Un término "popularizado" por la Plataforma pel Dret de Decidir
En ese sentido, el informe reconoce que la "reivindicación" de este "derecho a decidir" ha sido "especialmente relevante" y "protagonista" en Cataluña a través "de las tres manifestaciones más masivas que se han producido desde 2006", organizadas o promovidas por la Plataforma pel Dret de Decidir (PDD), entidad que López Hernández considera "pieza clave para la popularización del término".

Lo que, sorprendentemente, el autor no explica en el documento es que él es socio fundador y ex presidente de esa entidad secesionista e indirectamente subvencionada por la Generalidad, a través de sus asociados, entre los que destacan Acció Cultural del País Valencià, Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, Ciemen o Plataforma per la Llengua.

De esta forma, y como si de una profecía autocumplida se tratase, el autor actúa, primero, como activista, montando una plataforma independentista para crear y promocionar un nuevo concepto ad hoc (el "derecho a decidir") y, después, como científico, presentando "la aparición" de un nuevo concepto político como si fuera una "tendencia" natural en "los movimientos en defensa de las naciones sin Estado".

La búsqueda de una justificación a posteriori que avale la tesis
Aunque el informe admite que "no hay ninguna legalidad internacional que recoja explícitamente el derecho a decidir", López Hernández trata de buscar una justificación jurídica que le permita establecer la "definición de las bases teóricas del derecho a decidir", y para ello apela a la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de la Haya sobre la independencia de Kosovo, del año 2010.

En base a esa sentencia, el infome estima que "si se agotan otras vías de entendimiento, si es proclamada por actores políticos legítimos, es decir, democráticamente representativos, si se hace por medios no violentos, no hay ningún obstáculo legal internacional para la declaración unilateral de independencia, y no se está violando ninguna norma internacional que el Consejo de Seguridad o la Asamblea de las Naciones Unidas tengan que defender". Lo que, en opinión del autor, avalaría su tesis del derecho a decidir.

El estudio también trata de diferenciar entre derecho a la autodeterminación, que asocia a una reivindicación independentista, y el derecho a decidir, que considera "una reivindicación soberanista" que se basa "en un principio de radicalismo democrático".

Y critica "de forma decidida y categórica el caso de España" porque, a diferencia de Quebec, Escocia, Irlanda del Norte, Groenlandia o Flandes, el Tribunal Constitucional en nuestro país ha rechazado el "derecho a decidir" de forma explícita "con un evidente menosprecio para la problemática democrática de las minorías territoriales".

Las líneas a seguir por partidos, medios y entidades nacionalistas
Finalmente, el informe plantea unas "propuestas de actuación" en las que marca a los partidos y entidades nacionalistas las líneas a seguir.

López Hernández recomienda que, "para que el derecho a decidir se convierta en un nuevo referente en el análisis y la legitimación de las reivindicaciones en defensa de la creación de nuevos estados, hay que difundir el concepto y profundizar en sus implicaciones teóricas".

Además, el informe insta a "vincular el concepto con el discurso sobre la regeneración democrática"; "no convertirlo en ningún caso en sinónimo del derecho a la autodeterminación"; "distinguir entre soberanismo e independentismo"; y "priorizar el elemento democrático sobre otras consideraciones tomando como foco de atención destacada la respuesta del Estado a las reclamaciones de un mejor encaje y de más democracia”, ya que “no son las características de la pretendida nación sin Estado las que han de llevar la carga de la prueba en la justificación de las reivindicaciones, sino las características del Estado y sus carencias".

Como si de un guión se tratase, esta es la estrategia que en los últimos meses han implementado los partidos nacionalistas, la mayor parte de los medios de comunicación en Cataluña y entidades como Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

El patriotismo y las frases de camiseta
oti rodríguez marchante ABC Cataluña  3 Octubre 2013

Cuánto mejor sería que, en vez de datos y realidad, se les proporcionaran también frases de camiseta del tipo: «Salga de Europa sin necesidad de viajar», o «¿por qué conformarse con ser un Estado si podemos ser un continente?»

ES lo que tiene eso de hacer presupuestos generales con papel y lápiz, que los «amigos» se alejan aún más, como si te hubieras puesto aroma de patchouli en el pescuezo. A Artur Mas eso no le pasa y prefiere no hacer presupuestos y conservar a los «amigos» con su inodora esencia europea de litro, o litrona aguada, según le tienen avisado los que fabrican el perfume «Eau d’Europe».

En contra de lo que se tiene por tradición, los números mienten siempre, y mientras que fuera de Cataluña se cree que es una Comunidad privilegiada por la inversión del Estado (con números), en el departamento de quejas y quebrantos de la Generalitat salen los números al revés: «no ha habido un gesto de grandeza», dice el gran experto en numerologías Francesc Homs. Y puesto que los números son blandos y manejables, la técnica del separatismo catalán hace tiempo que decidió poner su acento en las letras: donde esté un eslogan, una consigna, pues que se quite un dato, y aún no se ha entendido la eficacia del eslogan en ese inmenso mundo que hay fuera del separatismo catalán.

«España nos roba»..., todo un acierto calculado, difuso, de tiro disperso..., como si les hubiera dado por decir, un suponer, «los que se apellidan Pujol nos roban» o «los que viven del tramo autonómico nos roban»... Desde hace unas semanas, en la Prensa, los medios de comunicación y los foros no arrimados al perfume de litrona de Artur Mas vienen advirtiendo con rigor, datos, erudición y pragmatismo que la Cataluña que propone Artur Mas y Oriol Junqueras (esa mirada a lo Forest Whitaker) es una invitación a coger el salacot, poner unos sandwich de pavo en la cesta de la merienda e irse a atravesar el desierto de Gobi. Pero, ¿quién los escucha?, si muchos llevan ya el salacot con visera estelada sobre los ojos. Cuánto mejor sería que, en vez de datos y realidad, se les proporcionaran también frases de camiseta del tipo: «Salga de Europa sin necesidad de viajar», o «¿por qué conformarse con ser un Estado si podemos ser un continente?», o este otro mucho más visual y «divertido» de «Con esas pensiones devaluadas, ¿quién quiere cobrarlas?..., usa tu derecho a decidir y que las cobren ellos».

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