AGLI Recortes de Prensa   Martes 15 Octubre 2013

Y al latrocinio lo llamaron crisis
Javier Benegas www.vozpopuli.com 15 Octubre 2013

En el último cónclave del Partido Popular no se debatió acerca de elevadas cuestiones de Estado, ni reformas futuras, ni siquiera nuevas subidas de impuestos, por más que a Cristóbal Montoro se lo pidiera el cuerpo. El asunto a tratar fue otro, ese que de verdad preocupa a nuestros políticos: las encuestas de intención de voto.

Después de meses de datos demoledores, por fin había buenas noticias. La pérdida de respaldo popular parecía tocar fondo. Y en opinión del principal estratega del partido, estábamos en vísperas de un cambio de tendencia. Era pues sólo cuestión de tiempo que las futuras citas electorales pudieran afrontarse con moderado optimismo.

La consigna de silencio impuesta sobre el asunto más espinoso de todos, los llamados papeles de Bárcenas, estaba dando sus frutos. También, de forma lenta pero segura, iba calando el mensaje de que la recesión había concluido y España empezaba a salir de la crisis. Una vez más, el corto plazo, ese futuro inmediato, con sus brotes siempre verdes y siempre a la vuelta de la esquina, podía evitar la debacle. Si la economía parecía estar por fin bajo control, todo lo demás caería en el olvido. Había pues que conservar la calma y, sobre todo, mantener fuera de los focos los escándalos del partido.

La falsificación de la crisis
Esta es la estrecha visión de quienes viven en una burbuja, con un ojo puesto en las encuestas y con el otro vigilando su silla. Sin embargo, cualquiera con dos dedos de frente puede adivinar que los graves problemas que nos afligen no se volatilizarán por obra y gracia de unas décimas de crecimiento. Lo que ha arrasado España no ha sido un ciclón económico sino el latrocinio masivo. Un saqueo formidable cuyas responsabilidades está previsto que vayan a morir a los juzgados, con la eutanasia de la prescripción y el sobreseimiento de unos altos tribunales que deben su composición a los propios imputados.

Liquidado el zapaterismo, a lo largo de estos dos últimos años ocasiones ha habido para hacer lo correcto. Y no sólo en materia de reformas, que esa es una batalla que parece ya perdida, sino especialmente en esos episodios truculentos donde los gobernantes se retratan. Tal es el caso del 'Bárcenas Gate', escándalo sin paliativos que debería haber acarreado la dimisión inapelable de la plana mayor del Partido Popular, con su presidente a la cabeza. Una afirmación que puede parecer exagerada, pero no lo es en absoluto. Pues antes de que el extesorero decidiera hacer temblar Génova 13, era ya tal el desprestigio de la clase política que sólo un gesto de postrera dignidad, tan desesperado como imposible, habría evitado que las instituciones se vieran sumidas en el descrédito absoluto. Sin embargo, Rajoy prefirió no beber de ese cáliz. Y con su decisión dio la puntilla a un modelo político que está pidiendo a gritos cristiana sepultura.

Conviene explicar a los más crédulos que, en la Política con mayúsculas, distinguir entre errar por acción u omisión nunca ha sido relevante. Lo vemos a menudo en países más solventes que el nuestro, donde cualquier desliz, incluso involuntario, se lleva por delante al responsable de turno. Dimitir es un ejercicio elemental en democracia cuando la corrupción te salpica, porque para el buen gobernante nunca ha sido una opción aceptable estar a merced del corrupto, ni tampoco parecerlo.

Lo mismo cabe decir de la trama de corrupción del Partido Socialista en Andalucía. Saqueo abominable en el que más de mil millones de euros de ayudas a los parados han ido sistemáticamente al bolsillo de políticos y sindicalistas. Los responsables, en vez de asumir las consecuencias de sus actos, lo mismo se enrocan en el Senado que hostigan a la juez Alaya. Tampoco podemos olvidar a Urdangarin y señora. Mucho más que un matrimonio, paradigma de los negocios que florecen a la sombra de la corona. Pillados con las manos en la masa, lejos de entonar el mea culpa, se compele a los fiscales para que actúen de abogados de oficio. Y, por último, como colofón a esta brevísima muestra de los males de la patria, qué decir de esa tropa sedicente que, una vez saqueada Cataluña hasta dejarla en bancarrota, se dispone a expropiarla para fundar en ella su regimencito de corrupción privado, su propia nación-corralito.

Ser una democracia de cuarta tiene un coste inasequible
Ahora sabemos que España es diferente porque se diseñó diferente a propósito. De ahí que los pactos secretos entre los miembros de la casta, el aforamiento de los responsables políticos y el control de las más altas instancias judiciales y los principales medios informativos mantengan a los saqueadores a salvo. Prueba irrefutable de que las instituciones nunca han pertenecido a esa figura retórica, intangible, casi mística, que es el pueblo soberano. Lo cual, de nuevo hay que decirlo, nada tiene que ver con los ciclos económicos.

Ser una democracia de cuarta no sólo tiene un coste moral inaceptable, sino que también, lo hemos visto, lleva aparejado el empobrecimiento severo. Si hoy estamos embarrancados en la crisis es precisamente por haber transigido con unas instituciones incontrolables, donde las élites, sobreexcitadas por el olor del dinero, perdieron por completo el juicio. Y ahora, al negarse a acometer las reformas oportunas, la enfermedad queda latente, agazapada. De tal suerte que si algún día vuelve a fluir el dinero, se abrirá de nuevo la caja de Pandora, porque ahí sigue, sin cerradura. Al fin y al cabo de eso se trata, de que el expolio continúe.

El laberinto autonómico de Rajoy
Ignacio del Río www.republica.com 15 Octubre 2013

Pedro Solbes, Ministro de Economía y Hacienda de Zapatero, abandonó el Gobierno acuñando la frase del “sudoku autonómico”, de solución imposible, ya que las reclamaciones y peticiones de las Comunidades Autónomas superaban el montante de los ingresos públicos a distribuir.

El sistema de financiación vigente aprobado en 2009 por el último Gobierno socialista y que el Partido Popular prometió derogar y reformar, pervive apoyado por el actual Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y por el Presidente Rajoy que,únicamente, se han comprometido a publicar las balanzas fiscales y a una agenda para el 2014.

De momento todo sigue igual y el nuevo modelo no estará en vigor hasta el primer semestre de 2014 y previa la aprobación de una reforma fiscal de la que se desconoce en estos momentos todo: no hay explicación de un solo principio de sus líneas maestras. Recordando el calendario electoral, si el Gobierno cumple sus previsiones, se estará a un año de las elecciones autonómicas y locales. Y todo se fía a un previsible recuperación económica que mejore la recaudación de los ingresos públicos el próximo año. Demasiado poco tiempo y demasiados nubarrones para que encaje todo el puzzle.

Ignacio González, el Presidente de la Comunidad de Madrid le ha amenizado el desayuno a Rajoy con su artículo publicado en El País en el que explica sintéticamente el desfase de financiación que padecen los madrileños, atrapados en el modelo 2009 patrocinado por Zapatero que beneficia a Cataluña y Andalucía por sus intereses electorales y castiga a Madrid. El artículo denuncia una situación y no abunda en la solución y en los principios de aplicación que demandarían un nueva publicación.

En todo caso, el Gobierno de Rajoy quiere dejar pasar el tiempo a ver si escampa y ejerce el absentismo ideológico. Ni dice que va a hacer ni, al menos, formula unos principios que ,se supone, el Partido Popular tiene que tener en su acervo y en su programa sobre lo que debe ser la arquitectura fiscal y financiera del Estado, Autonomías y entes locales incluidos.

Y parece que sus barones, desde Castilla-León pasando por Madrid hasta Extremadura, no comparten el estado actual de distribución de los ingresos públicos que en estos 35 años de democracia no ha conseguido cerrar los desequilibrios territoriales y acercar a las regiones del sur a las condiciones de que disfrutan las Comunidades más ricas.

Con una participación de las Comunidades del 50 por ciento en los principales impuestos, la distribución de los ingresos públicos se convierte en un sistema indescifrable más próximo a las demandas políticas y estrategias electorales que a unos criterios objetivos poblacionales y recaudatorios que determinen una aplicación más automatizada y reglada.

Ni se puede contemplar el sistema de financiación sin una modernización de la fiscalidad, ni se puede continuar con la clausula de elusión de responsabilidad tributaria y recaudatoria de las Comunidades que han federalizado solo el gasto al tener atribuido en exclusiva el poder dispositivo y su gestión.

En definitiva, un modelo quebrado estructuralmente, ineficiente, injusto y que fomenta el déficit público y la subida impositivo. Todo ello muy disonante con lo que se supone que constituye el acervo político del Partido Popular, cuyos votantes defienden conceptualmente un Estado que garantiza la unidad constitucional, la libertad económica y la reducción impositiva y burocrática.

El laberinto de Rajoy se complica en el segundo tiempo de la legislatura. La reforma fiscal mas la reforma de la financiación autonómica es un cocktail demasiado fuerte para presentarlo a los ciudadanos con unas elecciones europeas en junio y a un año de las municipales y autonómicas. Si además se mete por medio el problema catalán y la senda rupturista del Gobierno de la Generalidad, mientras Rajoy pone en circulación a “liebres” como Sánchez Camacho con tan poco éxito, no parece que el Partido Popular esté dando la respuesta que reclaman sus votantes.

El arte de dejar pasar el tiempo, según los expertos en edificación, no beneficia a las estructuras que con el deterioro natural y las inclemencias del tiempo acaban colapsando.

El Parlamento del futuro, según los sondeos
¿Se acerca el fin del bipartidismo?
E. CAMPANO / G. MORENO www.gaceta.es 15 Octubre 2013

La caída de los partidos mayoritarios correría paralela al ascenso de IU y UPyD, que se convertirían en los nuevos árbitros de la escena. El Parlamento de la próxima legislatura estará mucho más fragmentado.

Dos años en política son una eternidad pero si la tendencia sigue tal y como apuntan las encuestas el bipartidismo se ha acabado en nuestro país. Todos quienes ahora en España tienen menos de cuarenta años apenas recuerdan otra cosa que no haya sido el sucesivo gobierno de populares y socialistas, como un redivivo Sagastacanovismo de finales del siglo XX y principios del XXI. Si no fuera porque esta España tiene poco que ver con la de Alfonso XII y Alfonso XIII, serían muchas las cosas que recordarían a una restauración que duró también, curiosamente, poco más de cuatro décadas. Y no sólo por el turnismo político, por supuesto democrático, pero turnismo al fin y al cabo, cuya sola mención pone de los nervios a los líderes de ambas formaciones. El descrédito cada vez mayor que sufre la llamada clase política hace que los ciudadanos se sientan, cada vez más alejados de sus representantes y, por primera vez, parece que en serio desde 1977, decididos a castigarles en las urnas. Por una doble vía: una eligiendo opciones distintas –IU y UPyD, básicamente– a las que habían votado masivamente desde 1982 hasta 2011 ( PSOE o AP, primero, PP después ) o pasando a la abstención.

Crecen las voces que exigen una mayor participación ciudadana–sociedad civil– en los asuntos públicos. Muy heterogéneas hasta ahora, porque llegan de lugares diversos cuando no opuestos. En algunos casos desde el interior de los partidos, como en de la plataforma Reconversión liderada por el vicepresidente del parlamento europeo y militante del PP, Alejo Vidal-Cuadras y el también militante del PP del País Vasco, Santiago Abascal, y que abogan por la implantación de la democracia directa en los partidos políticos, es decir, que sean los militantes y no los todopoderosos secretarios Generales los que elijan a sus candidatos. En otros desde fuera, como Sociedad Civil y Democracia (SCD) del ex banquero y empresario Mario Conde. En casos extremos los puramente antisistema; plataformas como el 15-M o Rodea el Congreso que han intentado convocar a la ciudadanía a un nuevo proceso constituyente con concentraciones en la Puerta del Sol o frente al Palacio de la Carrera de San Jerónimo que nunca han reunido a más de tres mil personas y que han terminado casi siempre con enfrentamientos con las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Lo cierto es que en los cuarteles generales de los dos grandes actores de nuestro sistema, Génova y Ferraz, cunde un cierto nerviosismo, creciente a medida que aparecen nuevas encuestas que ratifican dos datos demoledores. Uno, que entre ambos podrían no llegar a reunir el 50 por ciento de los sufragios; algo inédito en nuestra democracia. Dos, que la participación en esas elecciones generales, que tocaría celebrar en noviembre de 2015, caería en barrena y podría a duras penas sobrepasar un 50 o 51 por ciento... muy alejada del sesenta y tantos o el setenta por ciento registrado en anteriores convocatorias.

La perversa ley electoralLa traducción inmediata de una baja participación es que, la tan cuestionada ley que rige nuestros procesos electorales y que hasta ahora beneficiaba a las mayorías, podría, por primera vez, volverse en su contra. La famosa ley D’hont, que adjudicaba los restos, sobre todo en las circunscripciones más pequeñas, a los grandes podría actuar en sentido inverso. Como explica a LA GACETA José Luis Sanchís –probablemente el mejor conocedor de nuestro sistema electoral– “en cuanto los dos grandes buques bajen de un porcentaje conjunto que se mueva entre un 65 o un 60% de los sufragios, la foto fija de todas aquellas provincias en las que se dirimían por ejemplo 5 escaños variaría”. Esto quiere decir que ya no se repartirían, por ejemplo, 3 el PSOE y 2 el PP o al revés... entraríamos en un escenario de dos escaños para el PP , uno para el PSOE y otro para IU, o para UPyD si hubiera un sexto, también como puro ejemplo. Muchos de esos escaños que hasta ahora se le escapaban a formaciones como la citada Izquierda Unida u otras de corte más regionalista –y que podían sumar varias decenas de los 350 escaños que conforman el Congreso de los Diputados– serían para ellas.

SOBRERREGULACIÓN
Regular hasta morir
BEGOÑA MARÍN www.gaceta.es 15 Octubre 2013

En España hay en vigor unas 100.000 leyes y normas de todo tipo, de las cuales prácticamente 67.000 son de carácter autonómico. El coste de la madeja legislativa es de 45.000 millones de euros.

“Las cifras son estremecedoras. En España hay en vigor unas 100.000 leyes y normas de todo tipo, de las cuales prácticamente 67.000 son de carácter autonómico. ¿Cuánto supone eso en número de páginas? Pues nada menos que alrededor de un millón. Y lo que es todavía más relevante: la hemorragia legislativa, lejos de disminuir, crece y crece. Hasta el extremo de que este año tanto el Boletín Oficial del Estado como los distintos diarios oficiales de las comunidades autónomas imprimirán más de 1,2 millones de páginas. Es decir, que cada año las novedades oficiales equivalen a casi 600 veces Guerra y Paz, el libro de Tolstoi en una versión convencional y completa”, indica Diego Sánchez de la Cruz, Profesor Asociado en IE University, basándose en un informe que ha realizado la patronal CEOE sobre la unidad de mercado.

Esta misma semana se está debatiendo sobre dos nuevas regulaciones que abordan dos viejos caballos de batalla: el tabaco y la velocidad en las carreteras.

Hacienda estudia limitar y prohibir la distribución de tabaco a países terceros, como Gibraltar o Andorra, si la demanda no lo justifica, para evitar que después lo comercialicen ilegalmente. Así lo aseguró el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, que anunció que España ratificará un protocolo internacional y adoptará medidas que podrían llegar incluso a prohibir la venta a otros países. Además, el Parlamento Europeo votará la directiva sobre fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados. Una directiva que contempla medidas como el empaquetado genérico o la estandarización del sabor del tabaco. Unos cambios que, en opinión de los estanqueros, elevarán el contrabando de tabaco en España y que supondrá la no recaudación anual de 1.700 millones.

Por otro lado, desde mediados del año pasado crece el consumo de cigarrillos electrónicos, y aumentan los establecimientos específicos para venderlos. El Parlamento europeo acordó dar dos años de plazo para que sus estados miembros aprueben una normativa. Han surgido protestas de asociaciones de estanqueros, que se consideran perjudicados al valorarlo una competencia y no poder venderlo; y voces entre especialistas sanitarios, que exigen que los poderes públicos se manifiesten con normas semejantes a las que rigen para el tabaquismo.
Límite de velocidad El Consejo de Ministros también ha aprobado la reforma de la ley de Tráfico y Seguridad Vial que abre la puerta a subir el límite de velocidad hasta los 130 km/h en determinados tramos –seguros y con buenas condiciones meteorológicas y con señalización de paneles electrónicos– a partir del próximo mes de marzo. Se incluyen novedades como la elevación de las multas de alcoholemia y drogas (de 500 a 1.000 euros), la obligación de que los menores lleven casco en ciudad cuando monten en bicicleta o la prohibición del uso de detectores de radar, no así de dispositivos informadores de radar.

Las multiplicación de las leyes regulatorias hacen que los negocios se ahoguen en trabas burocráticas. “Pongamos el caso de un empresario del sector del juego que se dedica a fabricar máquinas tragaperras y venderlas a casinos y establecimientos de toda España. El sentido común y la economía de escala lleva a la empresa a elaborar un mismo modelo para todo el territorio nacional. Pero no puede. ¿Por qué? Porque cada comunidad autónoma ha establecido por ley que la palanca que acciona el juego de dicha máquina tenga unos determinados centímetros de longitud. Así, el empresario debe emplear más recursos para adaptarse a 17 legislaciones y hacer 17 tragaperras diferentes”, indica Sánchez de la Cruz. “Esta dispersión desincentiva e inhibe la iniciativa empresarial”, según el último informe de la CEOE. El coste de la madeja legislativa nos cuesta 45.000 millones de euros.

Legítima defensa.
Vicente A. C. M Periodista Digital 15 Octubre 2013

Dicen los secesionistas dirigentes catalanes que la actitud del ex Presidente José María Aznar es "beligerante" y que "crispa", por haber dicho refiriéndose a la Cosntitución española que "quien la ignora, la incumple, la suspende o la aplaza está fuera de la ley, actúa contra la voluntad nacional, y debe percibir sin que le quepa la menor duda las consecuencias de sus actos." Eso Sr. Más no es ser beligerante, es solo exigir que se aplique la Ley, cosa que usted hace tiempo que no hace. Eso, Sr. Junqueras no es crispar, lo que sí que hace usted al insistir en un referéndum ilegal y en haber fracturado a la sociedad catalana tras décadas de lobotomía colectiva.

El discurso del Sr. Aznar en San Sebastián, ha sido una bofetada en la cara del pusilánime Rajoy. Un Presidente de Gobierno dispuesto a pastelear y llegar a vergonzosos pactos con quienes quieren la destrucción de España. Si al final estas palabras u otras le obligan a abandonar ese lodazal en el que se ha metido, se habrá logrado reconducir una indignidad más de las muchas que ese sujeto ha perpetrado con todo su gabinete de Gobierno. Porque esta directiva del PP no representa ya ni siquiera a los votantes del PP a los que ha traicionado en todas y cada una de sus promesas electorales. Desde la desvergüenza de mantener intacta la estructura de las administraciones hasta el incremento impositivo desbocado para sufragar el insaciable gasto público, el despilfarro y la corrupción.

Y tiene razón el Sr. Aznar en demandar un liderazgo fuerte y cuando dice "No hay moderación en aceptar la ilegalidad; no hay prudencia en consentir que un poder se ejerza por quien no debe y para lo que no debe; o en que no se ejerza por quien debe y para lo que debe. No hay tolerancia en admitir la ausencia o el vacío del Estado de derecho. No es una virtud del Estado dejarse desafiar cuando se funda en el derecho y sirve a la libertad.Porque eso solo produce el desamparo de los demócratas y el júbilo de los que no lo son." En etos momentos lo que necesita España es un Gobierno fuerte y no acomplejado y que ceda ante los chantajes de los nacionalistas secesionistas.

Y vuelve a tener razón cuando exige que esos dirigentes no callen. La hipocresía del PPC es monumental al decir que "hace oposición", cuando lo único que postula es el seguidismo de las reclamaciones de CiU y ERC. Solo Ciutadans se muestra y demuestra ser la única fuerza política en Cataluña que proclama la defensa de la legalidad y defiende la idea de España y su unidad contra el discurso monolítico del resto de partidos que conforman el Parlamento de Cataluña. Especial desprecio merece la actitud de la franquicia del PSOE ,el PSC y su principal responsable Pere Navarro que tampoco se debería considerar legitimado para la representación de los socialistas en Cataluña.

Lo que ha hecho el Sr. Aznar no es un acto de beligerancia sino una reacción de legítima defensa de la Constitución y de España, para vergüenza de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo y hacen una indigna dejación de ella. No están a la altura que los tiempos demandan y su único camino es abandonar y dejar que otros tomen el testigo y gobiernen, aunque les tachen de beligerantes y de crispar.

Cataluña
El PSOE quiere prohibir el español
Cristina Losada Libertad Digital 15 Octubre 2013

La reforma federal de la Constitución que viene proponiendo el Partido Socialista es como una botella de contenido misterioso. Lleva una llamativa etiqueta, pero no informa de sus ingredientes. Por ello habrá que agradecer a Ramón Jáuregui la cortesía de exponer en público cuáles son algunos de los componentes del brebaje, que no es cualquier cosa según lo presentan, sino el elixir curalotodo, nada menos. Tales milagros laicos predican de él los socialistas que hasta es bálsamo de Fierabrás para las llagas que exhiben, siempre entre grandes lamentos, los nacionalistas catalanes. Unos partidos que los socialistas tienen la funesta tendencia de identificar con Cataluña.

Sólo desde la identificación entre el nacionalismo y Cataluña puede entenderse la propuesta que verbalizaba Jáuregui, en una entrevista con el diario El País, sobre la inmersión lingüística. El veterano socialista hablaba de la necesidad de esculpir en el mármol de la Constitución "la singularidad de Cataluña". Puesto en el brete de concretar en qué consiste la singularidad, cosa muy etérea, descendió a poner un ejemplo: la política lingüística. Propuso constitucionalizar la inmersión lingüística para que ese sistema no pueda ser "cuestionado por el Gobierno central".

Bien. Ya sabemos un poquito más del contenido de la botella federal. Uno de sus ingredientes mágicos es blindar la inmersión, es decir, la exclusión del español de la enseñanza y la vida pública catalanas, para que nadie, ni siquiera una futura Generalidad no nacionalista, pueda cambiarla por un sistema bilingüe. Por un sistema, en fin, como el que es habitual en regiones bilingües del resto de Europa. Pues ya no bastaría con modificar una ley ordinaria ni tampoco el estatuto de autonomía, sino que habría que iniciar una reforma de la Carta Magna. Ahí es nada.

Si la inmersión, que es la imposición del monolingüismo, es sagrada, hay que preguntarle a Jáuregui qué sucede con los catalanes que hablan y escriben y rotulan sus comercios en español. A ellos, la posición socialista los condena a ser ciudadanos sin lengua reconocida en la vida pública. A ser lingüísticamente ciudadanos de segunda, como ahora, pero ya sin posibilidad alguna de recurrir a la Constitución. Todo lo cual nos lleva de cabeza a un sótano maloliente. Porque lo que subyace es que los socialistas, igual que los nacionalistas, creen que el catalán que habla español no es catalán realmente.

Tan profunda ha sido la inmersión del PSOE en la ciénaga del nacionalismo que es muy probable que sea inconsciente del grado de contagio. No sólo ha hecho suya la pulsión uniformizadora, tan visible en lo lingüístico. Ha acabado por asumir que el nacionalismo no es una ideología como cualquier otra, sino que está inscrito en el ADN de la gente al nacer. Salvo, claro está, que nazca en esos lugares de España comunes y corrientes que carecen de "singularidad".

Financiación autonómica
Los nacionalistas y los límites a la solidaridad
Guillermo Dupuy Libertad Digital 15 Octubre 2013

El problema no es que los nacionalistas y quienes los tratan vanamente de contentar quieran limitar la solidaridad. El problema está en que casi todos los políticos y no pocos comentaristas llaman solidaridad al arbitrario reparto que hace un gobernante de un dinero extraído coactivamente a los ciudadanos. La solidaridad, sin embargo, sólo es tal cuando se ejerce libremente, y esto es lo único que no sucede cuando hablamos de algo que, no por nada, se llaman impuestos.

Dicho esto, y al margen de algo tan decisivo como que los impuestos nos lo pagan los territorios, sino los individuos, que haya políticos que consideren que la financiación de las Administraciones que gobiernan debe ir en proporción a los impuestos que sus habitantes han abonado a Hacienda nada tiene que ver con el sistema tributario. El cacareado y tan mal entendido principio de ordinalidad podría darse a la hora de financiar a las autonomías tanto con un sistema progresivo como con uno proporcional.

De hecho, los nacionalistas no están en contra de que los habitantes del barrio de Pedralbes paguen al fisco mucho más, tanto en términos absolutos como relativos, que los habitantes de un barrio humilde de la misma ciudad de Barcelona. Ellos son partidarios, tanto como el que más, de esa sacrosanta progresividad fiscal y por las mismas y demagógicas razones que los que apelan a una peor entendida justicia social. De hecho, sólo están a favor de su principio de ordinalidad cuando se trata de la financiación de las Administraciones autonómicas, pero no de la municipal ni de ninguna otra.

Con un sistema fiscal proporcional, y por utilizar una manida y engañosa expresión en defensa de la progresividad, quienes más tienen seguirían pagando más. La diferencia está, como diría Thiers, en que "la proporcionalidad es un principio mientras que la progresividad no es más que odiosa arbitrariedad". Contra esta "odiosa arbitrariedad", contra este "solapado hurto" –en expresión de Stuart Mill– han combatido intelectualmente desde hace mucho los liberales, muy especialmente los miembros de la Escuela Austriaca.

Yo, aunque sea más modestamente, no voy a dejar de criticar esa progresividad fiscal, ni a dejarla de considerar un obstáculo para la movilidad social porque algunos crean erradamente que los nacionalistas se oponen a ella. Desgraciadamente, tampoco los nacionalistas lo hacen.

San Gil y Aznar dan otra lección a Rajoy
EDITORIAL Libertad Digital 15 Octubre 2013

María San Gil y José María Aznar han ofrecido este lunes en San Sebastián, precisamente en la ciudad gobernada por Bildu, dos espléndidos discursos que deberían hacer reflexionar a más de uno.

Ante un auditorio repleto, quién sabe si espoleados por la demostración de vitalidad ciudadana y nacional que fue el 12 de Octubre en Barcelona y, desde luego, con las ideas absolutamente claras, la que fuera líder del PP vasco y el expresidente del Gobierno han dado toda una lección sobre cómo deben afrontarse tanto el terrorismo como el separatismo en general.

Y la lección magistral no puede ser más dolorosa cuando la comparamos con la apatía y la inanidad de la actual clase dirigente en prácticamente todas las instituciones, también en el PP, al que Aznar y San Gil, entre otros, llevaron a un nivel que hoy parece inalcanzable.

Muy claro en sus alusiones ha sido José María Aznar, que, en una de las mejores intervenciones que se le han podido escuchar en los últimos años, ha lanzado lo que no podía interpretarse sino como mensajes muy directos a su sucesor en el liderazgo popular, Mariano Rajoy; por ejemplo, cuando ha advertido de que "no hay moderación en aceptar la ilegalidad". Como tampoco "hay prudencia en consentir que un poder se ejerza por quien no debe y para lo que no debe; o en que no se ejerza por quien debe y para lo que debe". Del mismo modo, "no hay tolerancia en admitir la ausencia o el vacío del Estado de Derecho", ha concluido Aznar en uno de los párrafos más inspirados de su intervención.

Quien liderase la respuesta más contundente contra el terrorismo y el separatismo en la historia de la España democrática ha asegurado también que es necesario construir "un gran proyecto cívico atractivo, capaz de animar a la sociedad a prestarle su apoyo decidido y sostenido".

Justo eso es lo que reclamaba este sábado en Barcelona lo mejor de la sociedad catalana y lo que, de otras formas y en otras ocasiones, viene reclamando en las cuatro esquinas de España lo mejor de la sociedad española: un proyecto que sirva para revitalizar una Nación que es y ha sido mucho y a la que ahora se quiere empujar hacia la nada; un proyecto basado y apoyado en la libertad capaz de sobreponerse a los avances que están haciendo sus enemigos; un proyecto común, en suma, que nos haga mejores, más libres y más prósperos.

Todo lo contrario ofrece la actual clase dirigente, que se mueve entre la inacción y un rupturismo que no busca edificar nada nuevo sino, simplemente, demoler lo que hoy nos sirve de base.

El reto es de primera, pues, como bien ha dicho Aznar, "estamos en un momento decisivo de nuestra historia que requiere lo mejor de todos nosotros" y en el que "nada está garantizado". Un reto para el que lo mejor de la sociedad civil está preparada, como se está encargando de poner de manifiesto. Lamentablemente no se puede decir lo mismo de la clase política.

Cataluña
Doña Alicia en el país de la impostura
Mikel Buesa Libertad Digital 15 Octubre 2013

En el país de la impostura, las mentiras parecen verdades y las falsificaciones aparentan ser originales genuinos. Doña Alicia, a pesar de los títulos académicos que adornan su currículum, no debe de ser muy perspicaz para adivinarlas, aun cuando todas ellas tienen una misma fuente y son sus rivales políticos los que las reiteran con machaconería. Debe de ser por eso -porque la sagacidad no es precisamente su cualidad más destacada- por lo que la semana pasada armó un guirigay de padre y muy señor mío en el Comité de Dirección del PP cuando reclamó una financiación específica para Cataluña. Era, según decía, su manera de dar una respuesta contundente al desafío secesionista -soberanista, dice más bien Doña Alicia, empleando un palabro de indudable raíz nacionalista- que, día a día, se va afianzando en esa región de la mano del Honorable Artur Mas, con sus sólidos apoyos republicanos.

El caso es que la idea de doña Alicia era construir un modelo de financiación autonómica destinado, en principio, a reconocer el hecho diferencial de Cataluña, aunque después, para no armarla, acabó extendiéndolo a todas las comunidades autónomas, como si todas y cada una de ellas constituyesen un hecho diferencial.([Por cierto, y dicho entre paréntesis, la Doña no ha explicado en ninguna parte qué demonios es eso del hecho diferencial). Pero vayamos a los fundamentos de su propuesta. Son tres y bien claros: uno, la limitación de la solidaridad interregional; dos, la sujeción del modelo al principio de ordinalidad, y tres, que los fondos implicados en el trasiego de recursos entre las comunidades autónomas sean finalistas. Merece la pena analizarlos.

Comenzando por la limitación de la solidaridad, dice doña Alicia que los recursos aportados por las regiones ricas para financiar a las pobres no deben sobrepasar un determinado porcentaje de su Producto Interior Bruto. Doña Alicia señala que para formular este principio se basa en la experiencia de Alemania, donde, según ella cree con fe de carbonero -no en vano fueron, primero, Jordi Pujol y, más tarde, Josep Antoni Duran i Lleida los que lo afirmaron, uno en la universidad y el otro en el Congreso de los Diputados-, los Länder de mayor renta por habitante ceden una parte de sus ingresos fiscales, pero con el límite del 4 por ciento de su PIB. Esta falsedad, este invento nacionalista, ha pasado del manual de imposturas de CiU a la lista de verdades políticas del PP. Pero si uno acude al Bundesministerium der Finanzen alemán es imposible encontrar el menor rastro de semejante acotación a la solidaridad interregional en el sistema de compensaciones financieras entre los estados federados. Claro que de esto debería haber sabido ya doña Alicia si se hubiera leído el documento que hace más de un año le remitió Convivencia Cívica Catalana para que se ilustrase al respecto.

En cuanto al principio de ordinalidad -que también ha sido evocado por el nacionalismo catalán-, cabe decir que tiene una cierta resonancia alemana. Ello es así porque, en efecto, el sistema de compensaciones financieras entre los Länder está diseñado de tal manera que, teóricamente, el orden en el que éstos se sitúan no cambia como consecuencia de aquéllas. Sin embargo, mientras los nacionalistas catalanes exigen que ese orden se mantenga inalterado con respecto a la renta por habitante, en el procedimiento germánico la ordinalidad se refiere a la capacidad financiera per capita. Ambas variables económicas no son equivalentes, aunque guarden una relación entre ellas. Y, por otra parte, doña Alicia debería saber que, de hecho, en Alemania el orden de los estados federados que acaba resultando de las operaciones de compensación se altera notablemente, según ha mostrado también otro informe de Convivencia Cívica Catalana. Ello es así porque, debido a sus mayores costes administrativos, tanto a las ciudades-estado (Berlín, Bremen y Hamburgo) como a los Landër de baja densidad de población (Brandenburgo, Mecklenburgo-Pomerania Occidental y Sajonia-Anhalt), a efectos contables, se les incrementa apreciablemente su número de habitantes; y además el sistema está diseñado para reducir las diferencias en los niveles de recursos financieros entre los Länder, por lo que da un tratamiento desigual y preferente a los más pobres con respecto a los más ricos. O sea, todo lo contrario que en las pretensiones diferenciadores de doña Alicia con respecto a Cataluña.

Por último, la apelación que hace doña Alicia al carácter finalista de los recursos implicados en las compensaciones interregionales no tiene un pase. Constituye, en la teoría y en la práctica, una negación del derecho a la autonomía que la Constitución consagra como un principio general y que, además, concreta específicamente en el ámbito financiero. Doña Alicia, a la que al parecer tanto le inspira la doctrina germana, debería saber que en Alemania incluso los fondos federales implicados en el sistema de compensaciones interregionales carecen de vinculación a un propósito particular; y que son los estados federados que los reciben los que asumen toda la responsabilidad con respecto a su utilización. ¡Ay, doña Alicia, usted, que está tan atenta a la autonomía de Cataluña, va y se la niega a casi todas las demás regiones de España! ¡Que Dios nos asista si llega usted algún día a escalar hasta las más altas posiciones del Gobierno de la Nación!

Cuando yo era un joven e inexperto alumno de bachillerato, don Celedonio, mi profesor de latín, a la sazón también director del colegio vitoriano en el que estudiaba, semana tras semana, cuando venía a entregarnos las notas que habíamos de llevar a casa para que las firmaran nuestros padres, al llegar a mi nombre, indefectiblemente decía: "Buesa, hay que estudiar Falange". Con los años, aquel consejo acabó resultándome muy útil para afirmar mis convicciones antifranquistas -en aquella época gobernaba el general ísimo- y democráticas, pues no hay nada mejor para combatir al rival político que conocer a fondo su pensamiento. Por ello, permítame, doña Alicia Sánchez-Camacho, que, visto lo visto, le traslade el consejo de mi viejo maestro: estudie usted de verdad el nacionalismo si no se quiere ver abducida por él.

Oligarquía y sumisión: retrato de nuestra democracia
Jose Javier Esparza www.gaceta.es 15 Octubre 2013

La sumisión de la sociedad ha permitido que la oligarquía partitocrática –política, financiera, mediática- secuestre la soberanía nacional y la convierta en una mera coartada retórica de su propio poder.

Libro importantísimo: “Oligarquía y sumisión” (Ed. Encuentro), del veterano político José Miguel Ortí Bordás, que se presentaba ayer lunes en el CEU de Madrid con Gabriel Albiac y Otero Novas como padrinos. Hay que leerlo.

Oligarquía y sumisión es una síntesis de la degeneración de la democracia. Los partidos han convertido la democracia en una parodia al sustituir la representación del pueblo por la representación del propio partido. Se acabó el mundo de la democracia liberal. La crítica de la partitocracia no es nueva, ciertamente, pero Ortí Bordás la enriquece al señalar su genealogía y su praxis y, sobre todo, al levantar acta de algo que la mayoría de los analistas no quiere ver: que esto se acabó, que la vieja democracia liberal ha muerto y que ya no hay quien la resucite. En su lugar emerge una oligarquía cuya nuez no está sólo en los partidos, sino en las constelaciones de poder que éstos trazan con las esferas financiera, mediática, etc.

Pero no es sólo oligarquía, sino también sumisión, porque nada de todo esto habría sido posible sin la anuencia resignada del propio pueblo. Mérito de este libro es conectar una cosa con otra para completar el paisaje. Es un hecho que las sociedades europeas han aceptado sin apenas reproche el establecimiento de esta oligarquía nueva, lo cual lleva al autor a recuperar el clásico discurso de La Boetie sobre la servidumbre voluntaria. Quizá lo natural en los pueblos no sea el combate por la libertad, sino su tendencia a aceptar la servidumbre siempre y cuando ésta no resulte demasiado gravosa. La argumentación me recuerda lo que decía Roberto Calasso en “La ruina de Kash”: la alternativa que el mundo moderno ha planteado a la persona es ¿qué prefieres, la delación o el dinero? Y sí, claro, es mucho más amable y menos sangriento el dinero. Y así tenemos a una sociedad que piensa lo que el poder quiere, que vota (sea izquierda o derecha) lo que el poder quiere, que incluso se viste y juega y siente y protesta como el poder quiere, pero convencida de que esa servidumbre es una forma de libertad.

Oligarquía y sumisión no es sólo un libro sobre la política española: el análisis vale para toda la democracia occidental en su conjunto, y esa es otra de sus virtudes. Pero es evidente que el bisturí lúcido y cruel de Ortí Bordás duele particularmente en España, donde la sumisión de la sociedad ha permitido que la oligarquía partitocrática –política, financiera, mediática- secuestre la soberanía nacional y la convierta en una mera coartada retórica de su propio poder. Y la gente, tragando.

Si queremos democracia, habrá que inventar otra manera. Una forma nueva de que el pueblo participe realmente en el poder y de que la soberanía salga de la urna de hierro donde la oligarquía la ha encerrado.

Un libro imprescindible.

Iniesta, Gasol y el 12-O
Ser español ya no es una excusa, es un anuncio
Pablo Planas Libertad Digital 15 Octubre 2013

La falta de medios, de astucia o de imaginación debió de ser la causa que provocó la difusión de un vídeo a favor de la manifestación del Doce de Octubre en Barcelona en el que se recogían testimonios de deportistas como Iniesta o Pau Gasol. Ambos mostraron su malestar de una u otra forma. En el caso de Iniesta, se descolgó el vídeo en cuestión porque las imágenes pertenecían a TV3, la de tots, que dicen en su publicidad. En el caso de Gasol, el jugador de baloncesto se quejó en dos tuits, uno en catalán y otro en castellano, de la utilización de su imagen. "Estoy muy molesto por el uso de mi nombre, sin mi conocimiento ni consentimiento, en cualquier convocatoria, comunicación o publicidad", dijo el baloncestista en la red social. Están en su derecho de desautorizar cualquier utilización de su prestigio, nombre o dorsal, de pedir que se les comunique con anterioridad y no que se suponga que no les importará. Faltaría más.

Sorprende, sin embargo, que la marca comercial que patrocina a estos fenómenos de la pelota, la americana Nike, pueda utilizar, en el nombre de estos deportistas, de sus intereses comerciales y de sus cuentas corrientes, las palabras España o español sin el más mínimo problema. Es decir, un chaval sube a la red un vídeo para animar a sus coleguis a acudir a una manifa, la que sea, con el fragmento de una entrevista a Iniesta en TV3 en la que dice el ocho de Fuentealbilla que se siente español y catalán y se monta la parda. Otro muchacho sube un viral en el que sale Gasol diciendo que él también, que viva España, y buena la hemos liado. En cambio, una empresa de zapatillas puede tirar del gentilicio español, de la bandera y del nombre de la Nación para marcarse un anuncio y no pasa nada. Nadie le organiza una zapatiesta (y nunca mejor dicho) por usar un gentilicio que no es como la imagen de un futbolista, suya particular, sino algo de todos; nadie se pregunta si dicha empresa ha pagado derechos o ha pedido permiso; a nadie se le ocurre quejarse y, salvo la Federación de Villar, que seguro que cobra, el dinero se reparte a pachas entre los ejecutivos de Milwaukee, los ases del balón y las empresas de los papás de las criaturas con una naturalidad que espanta y un patriotismo sin medias tintas.

Recordarán, por ejemplo, aquella campaña publicitaria en la que Pau Gasol decía lo de que "ser español ya no es una excusa, sino una responsabilidad". Veníamos de ganar el Mundial de baloncesto e íbamos a ganar la Eurocopa de fútbol. Funcionó tan bien que el vídeo todavía recibe miles de visitas. Aquí les dejo un enlace. Sólo dura treinta segundos.

Hay otro spot, algo más largo, de casi cuatro minutos, que es toda una obra maestra de la publicidad. Parece grabado con pocos medios, una cosa de aficionados, pero constituye uno de los virales con más exito en la historia del fútbol y la propaganda. Allí, además de Iniesta, el mismo que sale aplaudido de todos los campos de España por el gol de la final del Mundial, aparecen otros muchos jugadores de fútbol, del Madrid y del Barça. No se pierdan el final, pertenece a la línea del "Ser español ya no es una excusa", un pelotazo publicitario con una megapancarta sostenida por los asistentes a un partido de fútbol, que tras pagar la entrada se sometieron a tan desinteresada operación sin cobrar. Con el himno nacional sonando a todo trapo y una bandera de España aún más grande que la pancarta en cuestión. A mayor gloria de Iniesta, Cesc, Puyol y todos los demás. Aquí lo tienen.

Seguro que conocen estos vídeos, los habrán visto muchas veces. Y verán más, muchos más, a medida que se acerque el Mundial o de cara a los próximos Juegos. Tan fácil como teclear Iniesta y España o Gasol y españoles y dispondrán de una amplia colección de imagenes, frases grandilocuentes y "ejemplos de superación" como para montar una colección de autoayuda en red. En todos ellos, España, ser español, la bandera, la selección nacional y sobre todo los aficionados, de izquierdas o derechas, de Sevilla o Barcelona, son y serán utilizados como figurantes o estrellas, en primer plano o en fondos difuminados, según convenga, por las marcas, por los deportistas y por aquellos, pocos, que vayan a sacar una pasta gansa españoleando sin complejos y sin cortarse, sin pedir permiso ni a Dios, con las virtudes de la raza, la resistencia, el sacrificio, nada es imposible, vamos, vamos y a por ellos. Es protagonizar un anuncio de esos y el afortunado pelotero ya está disparado en el negocio: natillas, bífidus, perfumes, coches y cigarrillos no porque ya no dejan. Es verdad, ser español ya no es excusa, es un anuncio.

Ser catalanes en España
Editorial La Razón  15 Octubre 2013

El mensaje expresado ayer en Barcelona por miles de manifestantes fue sencillo, claro y de un civismo ejemplar: queremos ser catalanes y españoles. Con ese mismo lema se han construido los años más prósperos y libres de Cataluña. Muchos de los asistentes insistían en que esa expresión llena de «seny» no debería ser noticia y habría de convertirse en normal. Y no hay mayor normalidad de vivir en tolerancia sin necesidad de pedir en la calle lo que está escrito en las leyes: que se tenga en cuenta que Cataluña no puede ser constreñida por un Gobierno nacionalista. Sin duda, resuenan las palabras expresadas por el presidente Adolfo Suárez hace treinta y siete años: «Elevar a la categoría de normal lo que a nivel de calle es plenamente normal».

En la cita de ayer hubo más manifestantes que el año anterior, en contra de aquellos que auguraban con desdén y soberbia que a España sólo la podían defender cuatro trasnochados. Sin duda, no se referían a la España constitucional que ha permitido unas cotas de autonomía impensables en cualquier país de Europa. No fue así, ni sirvió la estrategia de intoxicación de decir que el 12 de octubre sólo convocaría a un reducto de la extrema derecha. La convocatoria fue importante y, por encima de los números, hay que destacar dos hechos: el respeto a las instituciones democráticas y la pérdida del miedo a expresar que Cataluña es plural.

Se ha roto una frontera custodiada por una idea largamente cultivada: quien no aceptaba el ideario nacionalista en algunas de sus variedades e intensidades –ahora es el discurso victimista y falso del expolio– estaba fuera del sistema. Secuestrados por esta idea maniquea, los dirigentes socialistas del PSC no acudieron a la manifestación, optando por seguir participando en un proceso soberanista rechazado por sus propias bases. Si la convocatoria de manifestación ha tenido más eco es por la alarma social que ha provocado el proyecto separatista encabezado por la primera autoridad de Cataluña y su uso desleal de las instituciones así como la irresponsabilidad de dividir a los propios catalanes.

Artur Mas debería tener en cuenta al conjunto de la sociedad, porque Cataluña es plural y toda construcción nacional basada en la exclusión de una parte de sus ciudadanos sólo llevará a la fractura social, de la que empieza a haber signos alarmantes. Es sintomático que lo que ayer se expresó no se diferencia del catalanismo moderado e integrador: ser catalán es una forma de ser español y es en el ámbito de la Constitución y el Estatuto de Autonomía donde se respeta la propia identidad bilingüe. Mientas las «senyeras» desaparecen de la iconografía independentista, ésta aparece en manifestaciones como las de ayer. Hoy en día, el mayor enemigo de Cataluña es el nacionalismo. Como apuntó ayer el Príncipe de Asturias: «Es un día para celebrar lo que nos une, recordar nuestra historia milenaria y valorar lo mucho que hemos conseguido juntos».


******************* Sección "bilingüe" ***********************
Francia, decidida a suicidarse económicamente

S. McCoy El Confidencial 15 Octubre 2013

Resulta imprescindible una vez más leer el The Economist de esta semana y su especial sobre la globalización. En un mundo que es de todo menos global, como ya denunciamos allá por abril de 2011 (Valor Añadido, "No se crean el camelo colectivo: el mundo es de todo menos global", 27-04-2011), el fenómeno de apertura de fronteras se ha paralizado sustancialmente a resultas de la crisis financiera, lo que dificultará aún más la vuelta del crecimiento mundial –dirían los liberales– o evitará la explotación sistemática de los recursos por parte de las naciones ricas a las pobres –argumentarían los de siempre con su característico olor a naftalina–.

Sobre este freno se ha construido una falacia. No todo el proteccionismo financiero corresponde a los países emergentes ni el industrial es propio sólo de las naciones desarrolladas y sus disputas entre, por ejemplo, Estados Unidos y Europa. Incluso cabría decir que, en sus distintas formas, ocurre más bien lo contrario. Los estados del primer mundo han tratado de proteger a su banca en vez de cultivar la necesaria destrucción creativa mientras que los controles de capital y las restricciones legales a la inversión han sido el pan nuestro de cada día en, por ejemplo, los llamados BRICs.

Un caso digno de estudio, y que reafirma esa dualidad, es el de la socialista Francia, paradigma de un estado que se empeña en trenzar día a día la soga con la que ahorcarse.

Sobre la realidad económica francesa está casi todo escrito. En esta misma columna le dedicamos un par de posts en abril de 2012 y de 2013 poniendo negro sobre blanco la enfermiza evolución de su PIB, su problema endémico de productividad hacia dentro y competitividad hacia fuera, la delicada situación de su sistema financiero (V.A., "España respira: Francia tiembla ante el agujero de su banca", 18-06-2013) y el intolerable nivel de intervencionismo público como eje transversal que justificaba a buen seguro todo lo demás (ríanse ustedes de, por ejemplo, Andalucía). Con un peso del 21% en la Unión Europea, señalábamos en alguna de esas entradas, Francia no es el canario en la mina, sino ‘el grisú que, en caso de explotar, propiciaría la definitiva desaparición’ de la Eurozona.

Ya anunciamos entonces que pretender una revolución de arriba abajo de la mano de François Hollande era un imposible. Sin embargo, creíamos que el curso de los acontecimientos tanto macro –presión sobre déficit, deuda y empleo– como microeconómicos o empresariales –el caso Peugeot sigue empantanado un año y medio después de que el presidente paralizara de inicio determinados cierres fabriles; fastFT, "Peugeot shares sink as it confirms partnership talks (again)", 14-10-2013– le harían cambiar de políticas. No ha sido el caso. Más aún, no ha perdido la oportunidad de volver a las andadas en cuanto ha visto la ocasión para desgracia de un país que necesita justo lo contrario si no quiere morir de exceso de bienestar estatal.

La excusa ha llegado de la mano de Alcatel-Lucent (WSJ, "Alcatel Job Cuts Pose Test for France", 13-10-2013). Apenas había casi terminado la compañía de telecomunicaciones de anunciar el despido de 10.000 empleados alrededor del globo, 900 de ellos en territorio francés, y ya estaban diversos miembros del Gobierno censurándolos por excesivos. No sólo eso, veinticuatro horas más tarde el propio Ejecutivo anunciaba que se reservaba el derecho de veto a los recortes de plantilla si la firma no alcanzaba un acuerdo con los sindicatos. Convertía así una herramienta legal vendida para dotar de flexibilidad al sector privado en un instrumento de coacción. La supervivencia de la empresa –cuya situación es calificada como 'catastrófica' por los propios representantes de los trabajadores– aún en mayores dificultades a resultas de una injerencia estatal que puede encarecer sus costes de restructuración.

Cuando se quita a la iniciativa privada la capacidad de gobierno, amén de establecerle impuestos confiscatorios, competir deslealmente desde la atalaya pública o luchar con ella por la financiación, el fenómeno del crowding-out o de su expulsión de la economía se puede dar por completado de manera definitiva. En ese punto estamos en la segunda economía más importante de la moneda única. Quién lo iba a decir a estas alturas del siglo XXI. Como señalábamos en el encabezamiento de este post, en el mundo global de hoy, donde la competencia por los factores de producción es mundial, Francia está empeñada en disfrutar esta receta envenenada, satisfacción electoral para los izquierdistas de hoy, tumba segura para el conjunto de la nación mañana.

Y, como suele suceder en estos casos: ¿por qué quedarme con el sucedáneo si puedo contar con el original, ese que siempre ha mantenido el mismo discurso? El Frente Nacional de Marine Le Pen ya es la fuerza con mayor intención de voto en nuestro vecino del norte, como lo es ERC en Catalunya. Y, si uno lee este post de ayer de Ambrose Evans-Pritchard en The Telegraph, lo que su 'lideresa' propone es una bomba de relojería en el corazón de la Eurozona. Agáchense, que el grisú estalla…

Reclama a Rajoy mayor contundencia para poner fin al "desfalco de soberanía nacional"
Las diez recetas de Aznar para hacer frente al independentismo catalán
El expresidente del Gobierno: "No hay moderación en aceptar la ilegalidad"
Periodista Digital,  15 Octubre 2013

Son diez las recetas que recomienda José María Aznar a Mariano Rajoy para hacer frente al desafío de Artur Mas y la escalada soberanista alentada y financiada por la Generalitat de Cataluña:

- «España ha de ser una realidad jurídica segura, indudable, previsible, puesto que ésa ha sido la voluntad de los españoles recogida en nuestra Constitución».
- «No hay moderación en aceptar la ilegalidad; no hay prudencia en consentir que un poder se ejerza por quien no debe y para lo que no debe; o en que no se ejerza por quien debe y para lo que debe. No hay tolerancia en admitir la ausencia o el vacío del Estado de derecho. No es una virtud del Estado dejarse desafiar cuando se funda en el derecho y sirve a la libertad».

- «Debemos afirmar la legitimidad de nuestra Constitución y de nuestras leyes».
- «Debemos afirmar y ejercer nuestra voluntad política expresada democráticamente».
- «Afirmar y ejercer nuestra libertad y nuestros derechos, que son los que se vulneran cuando se quebrantan nuestras normas».

- «Hay que poner fin al desfalco de soberanía nacional que se está llevando a cabo por parte del nacionalismo. Cuando se ganan las elecciones autonómicas se gana el poder constituido, no un poder constituyente».
- «Hay que afirmar la realidad nacional de España ante las grotescas deformaciones históricas a las que la someten aquellos que rechazan una comunidad de ciudadanos libres e iguales».

- «Debemos actuar como españoles tranquilamente orgullosos de serlo, porque la nación que defendemos nada tiene que ver con el proyecto nacionalista de involución».
- «Afirmar la Constitución es guardar la oportunidad histórica que ganamos con ella: es preservar nuestra concordia, nuestra convivencia pacífica, nuestra ciudadanía».
- «Frente a un proceso inútil de centrifugación del Estado, hay que fortalecer las instituciones y ordenar la vida del Estado del modo que mejor convenga a la nación».

Terrorismo
Los GAL y la superioridad moral de la izquierda
Cayetano González Libertad Digital 15 Octubre 2013

El próximo día 16 se cumplirán treinta años del primer atentado perpetrado por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), contra los miembros de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, que fueron secuestrados en Bayona -por guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo-, trasladados posteriormente a las dependencias del Palacio de la Cumbre en San Sebastián, donde fueron torturados, y finalmente asesinados y enterrados en cal viva en un paraje montaraz de la provincia de Alicante, donde fueron localizados sus cuerpos dos años más tarde.

Este aniversario del primer atentado de los GAL, junto a la reciente publicación del libro del subcomisario de policía José Amedo Cal viva, ha vuelto a poner de actualidad lo que fue el capítulo más negro de nuestra historia reciente, aquel en el que se organizó, amparó y autorizó, desde dependencias oficiales del Gobierno de la Nación y de los aparatos policiales a sus órdenes, la guerra sucia contra ETA, con el saldo de 27 personas asesinadas por los miembros y mercenarios de los GAL entre 1983 y 1987.

Conviene recordar que por estos crímenes fueron condenados, en diferentes causas, un ministro del Interior (José Barrionuevo), un secretario de Estado de Seguridad (Rafael Vera), un director general de la Seguridad del Estado (Julián Sancristóbal), un delegado del Gobierno en el País Vasco y gobernador Civil de Guipuzcoa (Julen Elgorriaga), un secretario general del PSE de Vizcaya (Ricardo García Damborenea), un general de la Guardia Civil (Enrique Rodríguez Galindo), un jefe del Mando Único de la Lucha Contraterrorista (Francisco Álvarez), un jefe superior de Policía del País Vasco (Miguel Planchuelo) y los policías José Amedo y Michel Domínguez, entre los personajes más destacados.
El libro de Amedo

El relato que hace Amedo en su libro, lleno de datos y fechas, es sencillamente estremecedor. El subcomisario no deja títere con cabeza al relatar, insisto que con muchos datos, cómo se llevaron a cabo los atentados, amén de la implicación de los altos cargos del Ministerio del Interior, del PSE y de las Fuerzas de Seguridad en la planificación, puesta en marcha y financiación de los GAL.

El paso del tiempo no empequeñece, muy al contrario, la gravedad moral y política de aquella actuación delictiva. Amedo pone mucho énfasis en subrayar que fue el asesinato del senador del PSE Enrique Casas, en febrero de 1984, lo que desencadenó la decisión política del Gobierno y de dirigentes del PSOE –al frente de los cuales sitúa lógicamente a Felipe González– de responder a ETA con la misma moneda, impulsando a través del GAL el asesinato, siete meses más tarde, del dirigente de Herri Batasuna Santiago Brouard. Además, se pensaba que atentando contra etarras en Francia, con la consiguiente alarma social que se crearía entre la población gala que se viese afectada, obligaría al Gobierno del país vecino a dejar de mirar para otro lado y empezar a colaborar con España en la lucha contra el terrorismo.

Es posible que los atentados de los GAL sirvieran para lograr esa colaboración de Francia, pero el precio que hubo que pagar fue demasiado alto en términos morales y democráticos; y además, como el tiempo demostró más tarde, no sirvió para derrotar a ETA. Durante los años en que los GAL estuvieron activos, la banda terrorista asesinó a 163 personas. Una vez que desaparecieron, ETA siguió asesinando, secuestrando, poniendo coches bomba. Concretamente, entre julio de 1987 –momento en que terminó el GAL– y el último atentado cometido por la banda terrorista, en el 2009, ETA asesinó a un total de 271 personas.

Los atajos del PSOE
Pero, sobre todo, la guerra sucia contra ETA puso de manifiesto que el Gobierno de Felipe González se saltaba conscientemente a la torera el principio de que el fin nunca puede justificar los medios. Si un Gobierno democrático no se atiene siempre y en todo a ese principio básico, pierde su legitimidad. Mucho más cuando Gobiernos posteriores demostraron que sí se podía acabar con ETA dentro de la ley y solo con la ley.

Si hay algo que a Felipe González, al PSOE y a la izquierda en general les ha puesto siempre de los nervios, y se han negado a aceptar, es que los Gobiernos del PP presidios por Aznar combatieron a ETA desde el más escrupuloso respeto a la legalidad, empleando todos los instrumentos que un Estado de Derecho pone a su disposición, hasta conseguir prácticamente su derrota. Fue otro Gobierno del PSOE, en este caso el presidido por Zapatero, el que en el 2004 volvió a insuflar aire, mediante un proceso de negociación política, a ETA.

Porque el PSOE, cuando ha estado en el Gobierno de España, fundamentalmente ha optado por los atajos en la lucha contra ETA. Los GAL fueron un repugnante atajo con 27 asesinatos y la negociación política de Zapatero, otro atajo que nos ha llevado hasta donde estamos, con una ETA que ha sido derrotada policialmente pero que políticamente está más fuerte que nunca: segunda fuerza en el Parlamento vasco, gobierna en la Diputación Foral de Guipúzcoa y en el Ayuntamiento de San Sebastián y tiene siete diputados en el Congreso a través de la coalición de Amaiur, de la que forman parte los títeres de ese residuo de la escisión del PNV que es Eusko Alkartasuna y una parte de Izquierda Unida.

La izquierda española y ETA
La izquierda en España, la izquierda intelectual y política, pasó de justificar y alegrarse de algunos crímenes de ETA, como el de Carrero Blanco o el del comisario de policía Melitón Manzanas, a defender en la transición política que para combatir a la banda terrorista, además de la policía, eran necesarias medidas políticas –conviene recordar que en aquellos años el PSE era partidario de la integración de Navarra en el País Vasco–, a justificar los crímenes del GAL o a aplaudir con las orejas la negociación política con los terroristas que llevó a cabo Zapatero. Con esa diarrea mental es fácil entender que no hayan aceptado nunca que un señor bajito y con bigote llegado a La Moncloa desde Valladolid y un ministro del Interior con barba y que encima era vasco fueran capaces de luchar contra ETA, reitero, con la ley pero con todo el peso de la ley.

El capítulo de los crímenes del GAL es sin duda uno de los más negros de nuestra historia reciente. Un capítulo protagonizado por un Gobierno del PSOE y por el que el principal responsable –la famosa X de los GAL– no dio la cara por sus subordinados, más allá del numerito del abrazo a Barrionuevo y Vera y del corro de la patata a las puertas de la cárcel de Guadalajara.

Un capítulo que debería abochornar a esa izquierda carente de los principios morales y de las convicciones democráticas necesarias para ser consecuente con el hecho de que un Gobierno nunca se puede poner a la misma altura que los terroristas, porque si lo hace se tiene que arrastrar por el fango. Una izquierda, en suma, que sólo por ese hecho, y por su trayectoria en la condena y combate del terrorismo, debería, por mucho tiempo, dejar de presumir de esa supuesta superioridad moral sobre el resto de los mortales. Porque no hace falta ser Corcuera para preguntarse: superioridad, ¿por qué?, ¿en razón de qué?

Mallorca: Trilinguisme contra Sumnormalització.cat
Teresa Puerto Minuto Digital 15 Octubre 2013

La MAREA VERDEROL del “komisariat” docent catamallorquín (29.9.13)es el resultado de aquel disparate fabulador por el que el Cunsellé mallorquín Conrado de Villalonga -analfabeto en Lingüística – decidió, tras una noche de malsueño , que lo que se hablaba en las Islas Baleares no era la HISTÓRICA LENGUA MALLORQUÍNA/balear sino el “infame e infecto dialecto barceloní”(=neocatalaní) . Fue entonces cuando retumbaron las famosas palabras del nazicatalán , admirador del II Reich, Prat de la Riba: “ El imperialismo es hijo natural del nacionalismo :cuando éste se encuentra, exultante dentro de sus fronteras ,se desborda inundando las tierras vecinas”… comprendí que tan perverso aserto se habían hecho realidad en Baleares. Y temblé por Valencia: la epidemia nazi_catalanista era imparable .

Fue entonces cuando entendí que el complot expansionista catalán, diseñado por Prat de la Riba contra mallorquines y valencianos (1906), ya estaba en marcha, que iba a tener al panocho barceloní como arma adoctrinadora de la idelogía del neo-Imperio.CAT y que iba a convertirnos a valencianos y baleáricos en los tontos útiles de tan enloquecido negocio…

Afortunadamente, los valencianos NO TUVIMOS en 1982 un iletrado Cunsellé Villalonga en la Cortes que dictaminase que el “dialecte barceloní (=neocatalaní)” era lo que se hablabamos en el Regne de Valencia : tuvimos a un genial Manuel Broseta que, en las Cortes Españolas del 2 de marzo de 1982 , le gritó bien clarito al fascistoide Senador catalán Joan Benet contra su feroz obstinación de querer imponer en el Estatuto de Autonomía Valenciano la denominación “catalán” a la LENGUA VALENCIANA hablada en la Comunidad Valencia durante siglos. Y este fue su genial grito :

“Negamos que la LENGUA VALENCIANA sea catalán, negamos el concepto de unidad de la lengua. Negamos y nos oponemos al monolitismo científico. Es evidente que entre el idioma catalán y el idioma valenciano existen elementos profundos comunes, pero es evidente que en la Comunidad Valenciana corresponde el derecho a recoger del pueblo y conformar su propia lengua. Me permito aconsejar la lectura atenta de las normas de Castelló, que se reconocen, asimismo, como provisionales en su contenido. De ellas se han separado instituciones culturales ligüísticas, científicas de Cataluña y Valencia, y es perfectamente político y científicamente admisible, que una comunidad intente adecuar su ortografía y su fonética”.

Sin embargo … mallorquines/baleáricos sucumbieron ante su dictatorzuelo Cunsellé Villalonga y la peste catalanesca les entró a través del komissariat docente : los sindicatos de izquierda (como pasó aquí en Valencia desde 1975 ) controlaron las “bolsas de trabajo” y nombraron a sus afiliados de carnet , dócilmente entrenados en el fascistocatalanismo más militante … y así, ya desde 1978 , Jaime Martorell, Presidente del Círculo Cultural Mallorquín ya denunciaba el IMPERIALISMO “okupa” CATALÁN de diseño (“SOM”2.11.1978) :

“Yo me di cuenta de que desde Cataluña nos llegaban avalanchas del propaganda del catalán , que no tenían otra finalidad que borrar la diferencias entre nuestra forma de hablar y la suya. .. Las emisoras de radio reciben gratuitamente cintas grabadas en catalán . Se de profesores que por su cuenta y riesgo han obligado a a los niños a comprar un determinado libro para aprender el catalán ..”..” Los intelectuales están haciendo el juego a los pancatalanistas por los beneficios que de ellos reciben y su actitud solo sirve para confundir al pueblo … continuamente hacen viajecitos a Cataluña y, de tanto en cuanto, cae una beca y ahora, si se implanta la obligatoriedad del catalán los nuevos libros se confeccionarán en Cataluña y esto reportará unas ganacias fabulosas . Además, hay que tener en cuenta que estos señores han estudiado su carrera en Barcelona y allí les han inculcado el amor por lo catalán . Y … jamás había imaginado que les gustara tanto el dinero . Reciben honores, han tenido y tienen beneficios y a cambio se ven obligados a defender lo que les mandan” .

Millones y millones de pesetas/euros invertidos por el fascismo nazionalista catalán para crear , por miles, “traidors i venuts” dentro del Reino de Mallorca como lo han hecho en el Reino de Valencia desde hace casi dos siglos … : esa es la marea verderol catalanista en la “manifa” del pasado 29 de septiembre.

El SINDICALISMO VERDEROL y gritón no quiere “perder cancha” de ADOCTRINAMIENTO SUBNORMALITZADOR.cat en BALEARES y por eso se opone al 30% de inglés en las aulas : estómagos agradecidos cuya degradada “sabiduría científica” queda reducida a su “escudella i ganyote” de apesebrados.

Puro GOLPISMO ANTIDEMOCRÁTICO :
¿Quién gobierna en Baleares? ¿el gobierno democrático de Bauzá o el GOLPISMO CALLEJERO-verdolaga.cat …. ?

Déficits de la política contra ETA
ROGELIO ALONSO ABC  15 Octubre 2013

· “La legalidad sí supone impunidad. Una impunidad que le permite al nacionalismo radical desplegar una intensa actividad propagandística que, ante la escasa respuesta del Estado, mina su legitimidad y perpetúa la violencia como ideología. Mientras el gobierno parece conformarse con que ETA deje de matar, los radicales persisten en la crucial batalla de las ideas que será la que dirima si el terrorismo ha sido derrotado de verdad”

Durante dos años se han celebrado con total impunidad numerosos homenajes a terroristas. Ante esta tolerancia, ¿supone la reciente operación policial contra Herrira un cambio de política o solo un golpe de efecto que no irá seguido de iniciativas que tan lógicas resultarían? Motivan estas dudas la errática actitud del Gobierno, pues al llegar al poder asumió la política antiterrorista del anterior Ejecutivo que tanto atacó adoptando medidas que su propio electorado ha criticado. Entre ellas un plan de reinserción rebajando exigencias a los presos etarras o la excarcelación de Bolinaga sin que, al contrario de lo que señaló el ministro del Interior, ninguna ley exigiera liberar al criminal que continúa burlándose de sus víctimas. Todo ello mientras terroristas buscados por la Justicia camparon a sus anchas en Noruega sin la oportuna reclamación del Estado español.

El Gobierno ha subestimado retos derivados del terrorismo incumpliendo relevantes compromisos en este ámbito. Parece minimizar que el movimiento terrorista ha interrumpido algunas de sus expresiones –los atentados–, pero que aún persigue objetivos políticos a los que no renuncia. El Estado no está combatiendo con todos los recursos a su alcance el fortalecimiento político de ETA, permitiéndole un triunfo estratégico con el que neutralizar la debilidad operativa que le llevó al cese de atentados. El entorno terrorista sigue buscando la exclusión política y social de sus víctimas y de media sociedad vasca. Lo evidencia la consolidación de una atmósfera exculpatoria del terrorismo y del proyecto político de ETA. También la progresiva marginación del PP vasco derivada tanto de la falta de regeneración social y moral que el Gobierno debería acometer para reparar el daño causado por el terrorismo como de las incoherencias de sus dirigentes: un día apoyan normalizar relaciones con Bildu, otro aseguran que el PP no debe quedarse en referencia de firmeza ante ETA porque el terrorismo ya no preocupa. Sin embargo, las consecuencias políticas y sociales del terrorismo están muy presentes y requieren respuestas.

Al hacer invisible a ETA se favorecen sus objetivos, entre ellos la socialización en una cultura política nacionalista sin la condena del terrorismo y, por tanto, la verdadera deslegitimación de quienes lo han practicado y justifican. Cuando Arantza Quiroga declara que en «un País Vasco sin ETA tenemos que ser capaces de buscar nuestra utilidad», infravalora a su partido y contradice su propio discurso prometiendo exigencia para el mundo de ETA. Ignora además que el PP vasco fue recompensado en las urnas cuando combatió a ETA sin complejos en todos sus frentes –incluidos el político y el ideológico– y que la continuidad de aquella tarea es obligada para impedir que la banda consiga unos objetivos contaminados por los asesinatos. La exclusión política del PP vasco que el nacionalismo está logrando descansa precisamente en la asunción por parte de aquel de las reglas del juego fijadas por estos: pasemos la hoja de ETA y evitemos así la condena del proyecto político nacionalista de ETA y, por tanto, la regeneración política y social que la sociedad vasca precisa. Cierto es que ETA ha dejado de matar, pero también que ambiciona más poder para sus representantes políticos.
Por ello prometía el programa electoral del PP «impedir la utilización de las instituciones en cualquier actividad de apoyo, justificación o legitimación del terrorismo y sus responsables», sin que el Gobierno muestre voluntad de cumplirlo. Lo evidencian el centenar de recibimientos a etarras y otros muchos actos de los sucesores de Batasuna con la misma impunidad que solo provocan indignación. «El contador está en marcha», repite el ministro del Interior, anunciando una «ilegalización sobrevenida» si se mantienen las repetidas conductas de exaltación terrorista de ETA. Sin embargo, como escribió Aurelio Arteta al referirse al «espectador indiferente», la indignación es un sentimiento que precede al afán de justicia, pero no es su condición suficiente: las palabras necesitan hechos.

El horizonte de ilegalización constituye una trampa retórica para confundir a la opinión pública. Las esporádicas amenazas de ilegalización si se rebasasen las «líneas rojas» del Tribunal Constitucional ocultan deliberadamente que la legalización de los «testaferros» de ETA –como los definió el Supremo– se produjo imponiéndoles unos límites por los que ya deberían ser ilegales. Esa legalidad se logró pese a la ausencia de una condena del terrorismo que hoy solo se solicita, pero no se exige. Como destacó el voto discrepante de Manuel Aragón, el TC ignoró su propia doctrina en la que se exigía «una condena inequívoca de lo que ETA ha representado», condena ausente en las declaraciones de rechazo genérico de la violencia que el tribunal valoró tan positiva como injustamente.

Por eso, al contrario de lo que el ministro del Interior repite, la legalidad sí supone impunidad. Una impunidad que le permite al nacionalismo radical desplegar una intensa actividad propagandística que, ante la escasa respuesta del Estado, mina su legitimidad y perpetúa la violencia como ideología. Mientras el Gobierno parece conformarse con que ETA deje de matar, los radicales persisten en la crucial batalla de las ideas que será la que dirima si el terrorismo ha sido derrotado de verdad. Difícilmente lo será mientras gran parte del lenguaje del nacionalismo se mimetiza en una sociedad en la que su hegemonía como cultura dominante no es desafiada. Los gobiernos intentan cambiar escenarios construyendo mayorías, pero estas no se vislumbran en el País Vasco, donde el constitucionalismo limita su combate ideológico a la mera repetición de eslóganes asumiendo con frecuencia parte de la propia retórica nacionalista que a veces denuncian.

En cambio, el nacionalismo, con una compacta estrategia que aplica mediante infinidad de actos políticos, sociales y culturales, cuestiona constantemente Estatuto y Constitución, o sea, lo que ETA intentó destruir. Numerosos son los foros en los que el nacionalismo difunde su interpretación del marco jurídico-político y la violencia sin el debido contrapunto del Estado. Esa narrativa promovida desde las propias instituciones, pero no solo a través de ellas, refuerza el blanqueo de quienes justifican el terrorismo, aportándole una peligrosa legitimación simbólica. Insuficiente resulta oponer una frágil contra-narrativa reducida a repetir el mantra de la derrota de ETA mientras se evidencian triunfos para el proyecto ideológico de quienes justifican el asesinato. Mientras unos comprenden perfectamente la importancia de la batalla de las ideas y los esfuerzos que precisa, otros renuncian a reconstruir el tejido social decisivo para abordar con determinación la auténtica deslegitimación de ETA y de su proyecto político. Sin una política antiterrorista que verdaderamente derrote al terrorismo y a las ideas nacionalistas que lo justifican parece imposible la necesaria desradicalización de una sociedad todavía condicionada por el legado de la violencia.

ATENTADO perpetrado EN SEPTIEMBRE DE 2008
485 años de cárcel para los etarras que asesinaron al brigada Conde en Santoña
El tribunal impone la penalidad más elevada posible al valorar que la acción terrorista tuvo "una especial perversidad"
EUROPA PRESS | MADRID El Correo 15 Octubre 2013

Los miembros del 'comando Otazua' Beatriz Etxeberria Caballero (i), Iñigo Zapirain Romano (c) y Daniel Pastor Alonso (d), durante el juicio.

La Audiencia Nacional ha condenado a 485 años de cárcel a los miembros del 'comando Otazua' de ETA, Daniel Pastor Alonso, alias 'Txirula'; Iñigo Zapirain Romano, 'Aritza'; y Beatriz Etxebarria Caballero, 'Kot'; por el asesinato del brigada del Ejército de Tierra Luis Conde de la Cruz, que se produjo el 22 de septiembre de 2008 en Santoña (Cantabria).

En una sentencia dictada este martes, la Sección Primera de la Sala de lo Penal atribuye a los etarras un delito de asesinato terrorista, 25 en grado de tentativa (12 de ellos contra miembros de las Fuerzas Armadas) y uno de estragos.

El tribunal impone la penalidad más elevada posible al valorar que el atentado, cometido con la colocación de un coche-bomba que fue aparcado en la entrada del Patronato Militar de Santoña, tuvo "una especial perversidad", ya que "la explosión se produjo en medio de la noche, lo que aumentó el pánico y desvalimiento de las víctimas".

Los magistrados destacan que la llamada de aviso a la DYA se produjo 35 minutos antes de la hora prevista para la explosión y que el coche-bomba estaba colocado en la puerta de salida del Patronato, lo que dificultó la evacuación. "La muerte del brigada fue especialmente cruel, ya que cayó destrozado por la metralla y todavía agonizante ante su esposa", señala la sentencia recogiendo el testimonio de la viuda del asesinado.

La Audiencia Nacional reclama, además, que se aprovechen estas manifestaciones para establecer protocolos de atención a las víctimas en casos de catástrofes de cualquier tipo.


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