AGLI Recortes de Prensa   Martes 22 Octubre 2013

Por qué España no es, ni será, Alemania
S. McCoy El Confidencial 22 Octubre 2013

Incurre la industria financiera con carácter recurrente en el mismo error: atribuir a hechos coyunturales carácter de estructuralidad. Es este error de percepción el que permite a los inversores más serenos y analíticos hacer dinero de verdad en los mercados. No hay más que observar lo sucedido con la deuda soberana española a lo largo de estos últimos quince meses. Aquellos que consideraron sus diferenciales disparados respecto a Alemania como una anomalía que, ni mucho menos, había llegado para quedarse, se han forrado. No sólo eso, es coincidiendo con su venta de esas posiciones, generadoras de un alpha brutal, cuando los cazadores de beta entran en los activos patrios como un elefante en una cacharrería. No se equivoquen, el smartmoney está de salida.

Ahora España está de moda, algo que debemos agradecer en primer lugar, como señaló hace bien poco Luis Garicano (el mismo que debatirá el próximo martes con Jaime Pérez Renovales sobre la Reforma de la Administración Pública en un acto con asistencia libre), a un señor que se llama Mario Draghi y, en segundo término, a una deflación de precios y salarios interna, no bien recogida por nuestro PIB, que ha disparado el paro por encima del 25% a la vez que incrementaba tanto la productividad interna como la competitividad exterior española. Se lanzan las campanas al vuelo como si estuviéramos al principio del final y no al final del principio, que es la sensación que tiene un servidor. Aquí las cosas se están normalizando en términos estadísticos e, igual que era un error hace un año extrapolar ad aeternum el diluvio universal que caía entonces sobre nuestra realidad económica, pensar que nos encontramos en una senda alcista indudable que nos posiciona incluso como la nueva Alemania (tesis de mi amigo y colaborador de este medio Ignacio de la Torre), suena demasiado increíble o ilusorio para ser cierto.

Y obviamente no lo es. España ni es ni nunca será Alemania, entre otras cosas porque, como se encargaba de recordar ayer a sus clientes José Luis Martínez Campuzano de Citigroup, lo sucedido en la locomotora europea de 2004 a 2009 ha sido una anomalía histórica cuya réplica encara nuestro país -y esto es cosecha propia, no del bueno del estratega del banco USA, para que no haya confusiones- con tres restricciones insoslayables: una, la particular idiosincrasia local, el modo de hacer de una parte sustancial de la población española que consiente la mediocridad y tolera el fraude, cosas de la mentalidad católica frente a la calvinista (que Julio Caro Baroja me perdone); dos, la ausencia de un proyecto nacional que alinee el interés de todas las regiones que integran el territorio, más bien ocurre lo contrario; y tres, la falta flagrante de un liderazgo político como el ejercicio por Gerhard Schröder en 2003 cuando fijó, contra tirios y troyanos, la llamada Agenda 2010, mezcla de reformas estructurales, bajadas de impuestos y ajustes del Estado del bienestar que perseguían no sólo mejorar la balanza exterior, sino hacer sostenible el sistema y que terminaron por situar al estado teutón en el lugar en el que ahora se encuentra (Valor Añadido, "¿Indispensable subir impuestos? Alemania ya demostró que no", 11-07-2012).

Sin entrar en el debate fino de las cifras, nuestra particular opinión del fenómeno exportador ya lo hemos explicado por aquí en otras ocasiones (V.A., "El milagro económico de Montoro es el de… Franco", 12-09-2013), existen intangibles que dificultan adicionalmente la materialización de ese sueño. Así, por ejemplo, España viene de más a menos, mientras que por aquel entonces Alemania venía de menos a más tras la integración de la parte oriental. Al final, el efecto riqueza negativo que han vivido el sobre endeudado sector privado español particulares y empresas, condiciona y condicionará mucho sus decisiones presentes y futuras de consumo e inversión. No incurrirá alegremente en errores pasados. No sabe el valor de lo que tiene (siendo los inmuebles su principal depósito de riqueza), duda de las rentas de las que va a disfrutar en el mañana, especialmente en las derivadas del trabajo (y noticias como las de Panrico o Fagor ayudan poco a tranquilizarle), pesa sobre su bolsillo la certeza irrefutable de su apalancamiento y la asfixia financiera. Mientras no se clarifique el horizonte en términos de empleo, crédito y renta disponible, pensar en que la demanda interna puede tomar el relevo del negocio exterior es una quimera. Y sin ella…

Es verdad que la cosa pinta mejor dentro de nuestras fronteras. Y es de alabar el ímprobo ejercicio de generación de confianza que están desarrollando determinados agentes económicos. Pero ese dinero que llueve sobre España, Botín dixit, primero, tiene un perfil eminentemente financiero, es decir: busca un retorno en un plazo temporal definido y, por tanto, no ha llegado para quedarse; dos, se dedica a hacerse con capacidad instalada (empresa en funcionamiento o inmueble con ‘bicho’), por lo que no genera ni empleo ni formación bruta de capital fijo; tres, no aporta ni valor añadido ni excelencia y, por tanto, apenas ayuda a un cambio de modelo productivo y de servicios aún más necesario en una sociedad carente de un entramado industrial como el alemán; y cuatro, muchas veces sustituye la financiación bancaria a un coste que sólo la desesperación de quien la necesita lo puede justificar. De lo malo lo mejor, cierto, pero no nos hagamos tampoco trampas en el solitario.

Ojalá España sea Alemania. Nada me haría más ilusión que tragarme este post de la primera letra a la última. Pero entre aquel estado y el nuestro media un abismo identitario, sociológico, político y económico. Soñar es gratis, pero ya lo decía Calderón de la Barca: los sueños, aun con prolijo despliegue documental, sueños son. Pues eso.

La autodeterminación inútil
Javier Benegas www.vozpopuli.com 22 Octubre 2013

Relataba Paul Johnson (Mánchester, 1928) en Tiempos modernos que, "el arreglo impuesto en los años 1814 y 1815 por el Congreso de Viena después de las guerras napoleónicas […] consistió en restablecer, en la medida de lo posible, el sistema de las monarquías principales y secundarias de derecho divino que existían antes de la Revolución Francesa, como el único marco en que los hombres aceptarían las fronteras europeas en cuanto legítimas y duraderas".

Así, con la caída de las viejas dinastías monárquicas de Centroeuropa y Rusia tras la Primera Guerra Mundial, desaparecieron las únicas instituciones que mejor o peor habían mantenido unidas sociedades multirraciales. Las fronteras tradicionales se desdibujaron y las tensiones étnicas se convirtieron en un grave problema, de tal suerte que algunos intelectuales llegaron a la conclusión de que lo único que podía reemplazar a las desaparecidas instituciones monárquicas era el “nacionalismo moderno”.

En un principio, las potencias victoriosas vieron en esa idea más un arma de doble filo, que podía volverse contra sus propios intereses territoriales, que una solución. Pero la creciente inestabilidad territorial que amenazaba colapsar Europa hizo que finalmente alentaran la “autodeterminación nacional” como uno de los “fines de la guerra”. Y el principio de autodeterminación, convenientemente bendecido por la intelectualidad europea, fue elevado a la categoría de derecho moral básico.

Desde entonces hasta hoy la autodeterminación ha sido una de las pesadillas que Europa ha regalado al mundo. Y no sólo porque su aplicación, lejos de poner fin a los problemas, los enquistara, dando lugar a conflictos interminables, sino porque, tal y como advirtió Karl Popper, "la autodeterminación era un principio contradictorio, pues la 'liberación' de pueblos y minorías sencillamente creaba más minorías". Lo peor, con todo, es que este concepto ambiguo y poliédrico dio alas a una nueva clase de Estado extraordinariamente vigilante e intrusivo, en el que el sentimiento de pertenencia a la tribu anulaba al individuo.

La fórmula del Congreso de Viena y el vacío democrático
Sirva esta introducción, antes que nada, para poner de relieve que quienes pergeñaron la transición política española de 1978, o bien se habían fijado en la solución del Congreso de Viena de 1814, o bien llegaron a reproducir la misma fórmula de manera fortuita. Sea como fuere, el franquismo y sus herederos, a la vista de los seculares problemas de España, vieron en la monarquía el único marco en el que los españoles aceptarían las fronteras existentes como legítimas y duraderas. Más allá de esta idea la voluntad de dar paso a una organización política moderna, eficiente y representativa era casi inexistente.

De aquellos polvos, estos lodos. Treinta y cinco años después la profunda crisis española ha evidenciado que la Transición de 1978 no alumbró unas instituciones democráticas al servicio de la sociedad, ese gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que dijo Abraham Lincoln, sino que fue una solución de compromiso, un mero reparto. España fue dividida en 17 porciones y se colocó en todo lo alto una corona. Y aunque se hicieron algunas concesiones en materia de derechos y libertades, el Régimen conservó casi intactas sus esencias. El invento funcionó durante un tiempo. El Rey movía su regia muñeca y el pueblo arrobado sonreía. Sin embargo, era sólo cuestión de tiempo que este viejo statu quo generara problemas irresolubles.

El otro “derecho a decidir” que irrita a los políticos
Es evidente que los políticos nacionalistas aprovechan la decrepitud institucional española y el creciente descontento social para vender la independencia como si fuera el bálsamo de Fierabrás a una sociedad catalana intoxicada tras décadas de propaganda. Y cierto es también que hay quienes tienen una visión monolítica, igualmente interesada, que no se compadece con la diversidad de España. Pero quizá sea mejor dejar ese debate bipolar, tan extenuante como inútil, en el que se reproduce el “¡y tú más!” de siempre, y abordar el problema desde una perspectiva más amplia.

El hecho es que a los españoles, catalanes incluidos, se nos privó en su día de un proceso constituyente que legitimara debidamente la forma de gobierno, el modelo territorial y las instituciones; es decir, la “modélica” Transición nos negó la libre determinación. Fechoría en la que los nacionalistas fueron cooperadores necesarios, lo cual tiene su gracia. En consecuencia, no alcanzamos la categoría de ciudadanos. Vistos los antecedentes es fácil adivinar que la independencia de una región no va a traer consigo más libertad y prosperidad para sus habitantes; es decir, no les hará más felices. Sólo la trasferencia de competencias a favor del individuo, y no de un territorio, podría mejorar sus expectativas de futuro.

Pero tal cosa no figura en la agenda de los políticos nacionales y tampoco en la hoja de ruta de los líderes independentistas. Para unos y otros seguimos siendo los siervos de la gleba, esos pobres seres que, a mayor gloria de los señores feudales, estaban vinculados a la tierra de igual forma que el ganado. Dicho lo cual, queda por ver si también terminaremos engrosando sus mesnadas, porque en esta España desarticulada cualquier calamidad es posible

Ayer nos robaron la Justicia
Ángeles Pedraza www.gaceta.es 22 Octubre 2013

No hay consuelo cuando te quitan lo único que esperas que no te falle: la Justicia.

Lo esperaba pero aun así me impactó. Al conocer que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos decidía tumbar la doctrina Parot tuve que sentarme y pensar en todo lo que eso conllevaba. En pocos instantes sentí dolor, pena, vergüenza, rabia y, sobre todo, mucha indignación. Sabía que esto iba a ocurrir pero no era consciente de la repercusión y el daño que podría tener entre las víctimas del terrorismo.

Pronto me di cuenta de lo que iba a suponer al ver ese dolor que yo sentía reflejado en las decenas de víctimas que nos acompañaron ayer en la sede de la asociación para decir, ante los medios de comunicación, que estamos cansadas de que nos quiten derechos y nos humillen día sí y día también. Sólo había que mirar a los ojos de las víctimas para ver cómo nos sentimos: traicionados. Ayer hubo lágrimas en la sede de la AVT: las víctimas del terrorismo volvieron a llorar.

¿Qué les queda por quitarnos a las víctimas del terrorismo? Primero los terroristas nos quitaron a nuestros familiares y seres queridos. Ahora nos quitan la Justicia. Y esto, lo único que supone, es que sean los terroristas los que ganan. ¿Quién se preocupa de nuestros derechos humanos?

El mazazo que hemos recibido las víctimas lo comparte la sociedad española en su totalidad. Decenas de años de lucha antiterrorista quedaron borrados de un plumazo con la decisión de Estrasburgo. ¿Acaso no saben el dolor que los terroristas han infligido en nuestro país? ¿Nadie se lo ha explicado? ¿Qué trabajo han hecho nuestros representantes ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos para que se permita una decisión que atenta contra los intereses de España?

Pienso en el futuro y tiemblo. Como víctima del terrorismo y como ciudadana. Y me sucede esto porque temo ver las imágenes de terroristas, asesinos, violadores y otros criminales saliendo de las cárceles vitoreados por todos los que les apoyan. Mientras tanto, nosotros tenemos que ir a los cementerios para poder estar junto a los nuestros. ¿Es éste el derecho a la Justicia que nos merecemos las personas que hemos sufrido el terrorismo?

Ahora vendrán días de reuniones, explicaciones y declaraciones a la prensa para tratar de maquillar esta gran traición. ¿Quién va a consolar a una víctima que vea cómo Inés del Río, la asesina que mató a su padre, sale a la calle sin ni siquiera haber cumplido de forma íntegra su condena? Nadie. No hay consuelo cuando te quitan lo único que esperas que no te falle: la Justicia.

Una de las cosas más tristes que he experimentado estos días ha sido ver cómo se ha vendido a la doctrina Parot como un “arma en la lucha contra ETA”. Cuánta mentira hemos tenido que leer las víctimas en los últimos días. ¿Habrá la misma reacción y aplausos cuando el violador de la niña Olga Sangrador salga a la calle sin estar rehabilitado? ¿Se recibirá con aclamaciones a Miguel Ricart, el asesino de las niñas de Alcásser, cuando esté en la calle por la derogación de la doctrina Parot?

Lo único que podemos pedir ahora mismo es firmeza institucional para que la impunidad no sea absoluta. Esto no supone la apertura de puertas y la salida de los terroristas. La Justicia en España nunca ha sido veloz, y sería lamentable que ahora le entraran las prisas para soltar a todos estos criminales. España sigue siendo un Estado con su soberanía y tiene que tener la potestad para evitar que se genere una gran alarma social con liberaciones masivas de asesinos.

Hemos entrado en una etapa nueva para las víctimas del terrorismo después del día de la infamia. Una etapa en la que nos sentimos más solos que nunca a nivel institucional. Y esa sensación de soledad sólo acrecienta el dolor. Nos queda la ciudadanía que, en los últimos días y siempre, ha estado masivamente junto a nosotros, apoyándonos y dándonos fuerza para seguir luchando. Se equivocan los que piensan que nuestra voz está quebrada. Seguiremos en pie luchando para conseguir Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia hasta el último de nuestros alientos.

Finalizo con una última pregunta: ¿En qué otro país de este planeta una asesina de 23 personas como la infame Inés del Río podría salir a la calle habiendo cumplido sólo 9 meses por cada uno de sus asesinatos? Esto sólo pasa en España. Y las víctimas, los inocentes, los que pusieron su cabeza para que los terroristas disparasen a bocajarro, son los únicos perjudicados de todo esto. Porque la vida seguirá, pero nosotros no tenemos a nuestros familiares para acompañarnos. No. A nosotros nos los arrebató el terrorismo.

Y ayer nos robaron la Justicia.

*Ángeles Pedraza es presidenta de la AVT.

Los terroristas han ganado en Estrasburgo
Editorial www.gaceta.es 22 Octubre 2013

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) ha dictaminado que el Reino de España violó el principio general del Derecho nulla poena sine lege al aplicar a una presa terrorista con carácter retroactivo beneficios penitenciarios regulados con criterios más severos que los que correspondía aplicarle cuando fue juzgada, condenada y encarcelada. En consecuencia, insta a la más pronta puesta en libertad de la asesina y establece que se le abonen 30.000 euros de indemnización por “daños morales”, tal como dictaminó la Sala cuya sentencia recurrió el Gobierno español y ahora confirma el Pleno del Tribunal. Esta sentencia es sólo declarativa, pero el Reino de España la cumplirá, porque en su día se obligó formalmente a acatar y cumplir las sentencias del TEDH.

Esto, por lo pronto, quiere decir dos cosas: la primera es que el TEDH no ha derogado la llamada doctrina Parot, porque carece de competencia para derogar nada; la segunda es que su dictamen se refiere sólo a la afectada en esta causa, y que los demás presos terroristas en sus mismas circunstancias tendrán que presentar sus recursos uno a uno; sin embargo, aun siendo esto así, lo más probable es que el Gobierno decida excarcelar a todos los que se encuentran en idéntica situación.

Desde el punto de vista técnico-jurídico el fundamento del veredicto es discutible. El Reino de España sostiene que ni la pena (varias penas que suman un total 3.828 años) se ha modificado, ni tampoco el período de reclusión máxima, que sigue siendo en el caso de esta asesina múltiple de 30 años, y no 40, como la legislación posterior estableció. Sólo se ha variado el criterio de otorgamiento de beneficios penitenciarios, aplicándolos no al tiempo máximo de privación efectiva de libertad , sino a cada una de las penas que en su día se le impusieron (esto es la llamada doctrina Parot). Pero el TEDH ha estimado la tesis contraria, que consiste en aplicar un criterio extensivo al concepto de pena, puesto que las consecuencias reales de aplicar a la condenada la doctrina Parot significarían unos 12 años más de privación efectiva de libertad. Y su fallo es ya inapelable. Así es como funciona la administración de justicia, y así es como el Reino de España se comprometió a aceptarla.

Dicho todo lo que antecede, es necesario preguntarse si el Reino de España no dispone de juristas lo bastante finos como para haberse dado cuenta de que podría ocurrir lo que ha ocurrido, esto es, que por una inadvertencia de este calibre se haya cometido una clamorosa injusticia material, un agravio gratuito a las víctimas y un insulto a los que ahora tienen que soportar que los amigos de los asesinos celebren públicamente el fallo del TEDH.

Una cosa es proclamar en la televisión que los terroristas se pudrirán en la cárcel (Felipe González dixit), y otra muy distinta es hacer leyes y reglamentos lo bastante bien hechos como para impedir interpretaciones formales del tenor de la que acabamos de presenciar en Estrasburgo. En conclusión, es inevitable, a la vista de la rendición del Estado a los propósitos políticos de los terroristas, preguntarse también si en el fondo de esta ignominia no ha latido desde el principio la perspectiva de negociar con los asesinos para que les compense dejar de asesinar.

La sombra de Maquiavelo ronda la Audiencia Nacional
José Antonio Yturriaga www.vozpopuli.com 22 Octubre 2013

El pasado 16 de octubre, la tercera sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) dictó sentencia sobre el 'caso Faisán', por la que condenó al exjefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y al inspector José María Ballesteros a año y medio de prisión –de los tres posibles- por el delito de revelación de secretos y los absolvió del delito de colaboración con banda armada. El Tribunal consideró probado que, el 4 de mayo de 2006, Pamies dio a Joseba Elosua –a través de un teléfono móvil que le entregó Ballesteros en el bar de su propiedad- “datos y detalles de la operación policial en marcha para detener al aparato de extorsión de ETA”.

Los magistrados señalaron, sin embargo, que no se trataba de una acción directa de los acusados para favorecer una actuación puntual de ETA o la actividad de la banda terrorista, sino que “iba encaminada en un sentido distinto, pues la acción ejercitada fue guiada por la finalidad, dentro del concepto de acción final, de que no se pudiera entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA”, y por el designio de que no se obstaculizara la situación política de diálogo abierta para acabar con su actuación. La finalidad de la acción fue totalmente distinta a la de favorecer la actividad de ETA y, por tanto, de “realizar la conducta típica prevista en el artículo 576 del Código Penal”. Dicho artículo establece una sanción de cinco a diez años de cárcel a quien “lleve a cabo, recabe o facilite cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una organización o grupo terrorista”.

¿El fin justifica los medios?
La sentencia se inspira en la famosa máxima de Nicolás Maquiavelo “el fin justifica los medios“ y viola uno de los principios básicos en el ejercicio de la justicia en un Estado de Derecho de que los delitos son sancionables cualquiera que sea la intención de sus autores al cometerlos. Como afirmó el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia de 2012, para condenar a alguien por un delito resultaban indiferentes sus “móviles, finalidades o motivaciones”. Para que se cometiera el delito de colaboración con banda armada bastaba con conocer y querer una acción que supusiera una colaboración con una organización terrorista. “Ni siquiera la presencia de móviles no egoístas… o de unas mal entendidas finalidades supuestamente altruistas permiten escapar al ámbito del artículo 576”.

a AN era consciente de esta jurisprudencia, pero descartó frívolamente su aplicación so pretexto que la finalidad de los acusados no era favorecer a ETA. Mantuvo que el bien jurídico a proteger era “la paz social” y que ésta fue salvaguardada gracias al “chivatazo”, ya que sus autores pretendían favorecer el proceso dirigido al cese de la actividad de una organización armada. Me indigna esta argumentación al recordar las veces que –en nombre del Gobierno español- me opuse, en la Conferencia sobre Delincuencia Internacional Organizada de Nápoles y el Congreso de la ONU para la Prevención del Delito en El Cairo, a la tesis de que se podían justificar algunas formas de terrorismo por la finalidad política de sus perpetradores. En la primera afirmé que no existía el “buen terrorista” y que, aunque estuviéramos en la tierra de Maquiavelo, el fin no justificaba los medios, y en la segunda mantuve que había que perseguir y sancionar los actos de terrorismo con independencia de quiénes fueran sus autores o los motivos que los llevaran a cometerlos.

Si resultaba inaceptable que en una conferencia internacional se justificaran los delitos en función de la intención de sus autores, más aún lo es cuando eso se hace en una sentencia judicial. El juez debe limitarse a aplicar la ley a los hechos probados y no juzgar las intenciones de los delincuentes al amparo de elucubraciones políticas. La objetividad de la ley debe prevalecer sobre la subjetividad de la interpretación que los juzgadores den a unos hechos de naturaleza política. Las “finalidades supuestamente altruistas” perseguidas por quienes cometan un delito deberían ser considerados, a lo sumo, como circunstancias atenuantes, pero en ningún caso como eximentes. En apoyo de su tesis, la AN mencionó la resolución adoptada por el Congreso en mayo de 2005 por la que autorizaba al Gobierno a negociar con ETA. ¿Acaso esta decisión daba carta blanca a la Policía para ayudar a la organización terrorista a escapar a la acción de la justicia? Como ha dicho El Mundo en un editorial, la AN “ha preferido apostar por la tradicional connivencia jueces-fiscales-Ministerio del Interior antes que hacer justicia”.

Obstaculización de la instrucción del proceso
El ministerio dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba obstaculizó desde el principio la instrucción del proceso iniciado por Fernando Grande-Marlaska, por temor a que se pusiera en evidencia la responsabilidad de sus altos cargos. Aceleró el regreso de Estados Unidos del juez réprobo Baltasar Garzón para que asumiera el caso, y éste ralentizó su instrucción, apartó a la Guardia Civil, descalificó la persona y la investigación del inspector Carlos Germán y trató de sobreseer el caso. Su oportuna inhabilitación permitió que la instrucción recayera sobre Pablo Ruz, quien dio nuevo impulso a las diligencias y dictó un auto en el que encausaba a Pamies, a Ballesteros y al exdirector general de Policía Victor García Hidalgo por los delitos de revelación de secretos y colaboración con banda armada, pese a que el Fiscal de la AN, Carlos Bautista, descartara el segundo supuesto y lo incluyera finalmente con carácter alternativo por orden del Fiscal General, Eduardo Torres-Dulce.

Como la sección segunda se había mostrado inclinada a incluir el delito de colaboración, el presidente de la Sala, Javier Gómez Bermúdez, sometió la propuesta al Plenario, que revocó por insuficiente el auto y lo devolvió a su autor para que realizara diligencias adicionales. Ruz asumió el reto y presentó un nuevo auto, en el que García Hidalgo quedaba excluido de la inculpación. Sobre este auto se pronunció la sección tercera para dictar una sentencia un tanto salomónica, que exculpaba a los acusados del delito de colaboración con banda armada por la motivación de su conducta y los condenaba por revelación de secretos “con grave daño a la causa pública”. La AN ha incurrido en una cierta contradicción al condenarlos por este delito, ya que, si había justificado su exoneración del delito de colaboración por la actuación patriótica de los policías para “salvar el proceso de paz”, lo mismo debería haber hecho con el de revelación de secretos, de menor entidad.

Crítica de la sentencia
Puesta de manifiesto la actuación política de los policías, no es verosímil que éstos tomaran una decisión tan grave y arriesgada motu proprio y sin instrucciones de sus superiores. La pregunta de rigor formulada por la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, es: "¿Quién dio la orden?". Los funcionarios condenados como autores materiales del delito han sido los “chivos expiatorios”, pero no se ha aclarado quiénes fueron sus autores intelectuales, ya que, por encima de ellos, queda más de una incógnita (X, Y o Z) por despejar. La sentencia -calificada de “exótica” en medios de la Fiscalía, de “contradiós” por el profesor Enrique Gimbernat y de “infame” por las víctimas del terrorismo- resulta difícil de comprender y de aceptar, a fuer de ser calificado por este aserto de “faccioso hipócrita” por El País.

Como ciudadano, como jurista y como hijo de juez, me avergüenzo de este fallo, que raya con la prevaricación. Cabe esperar que la Fiscalía y las acusaciones particulares lo recurran y que el TS, si es coherente con su propia jurisprudencia, condene a los autores materiales de un flagrante delito de colaboración con banda armada. Sería asimismo deseable la identificación y sanción de sus autores intelectuales, que dejó abierta la Fiscalía al pedir al Tribunal que decidiera si los autores materiales actuaron “solos o en compañía de otros”. ¡Dejemos a Maquiavelo en el ámbito de la literatura y de la práctica políticas, y mantengamos sus teorías al margen de la administración de justicia!

Cataluña ibérica: confusión 'ad nauseam'
Enrique Calvet Chambon www.lavozlibre.com 22 Octubre 2013

Economista y miembro del Comité Económico y Social Europeo
(Parte I)

No hay cura ni remedio beneficioso sin un diagnóstico certero previo. Lo dijo mejor el gran Ortega: “No sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa…”. En el caso del “problema” de la Cataluña ibérica esa evidencia adquiere proporciones enormes y anti-democráticas. Pero no crean ustedes que ello se debe a que la sociedad española sea particularmente deficiente desde el punto de vista neuronal. En absoluto y todo lo contrario. Si no nos damos cuenta de lo que está sucediendo es porque poderosas fuerzas sin control democrático están invirtiendo ingentes esfuerzos para confundir, engañar, intoxicar, manipular y así, hacer tragar con ruedas de molino.

En algunos modestos episodios reflexionaré con ustedes. sobre las confusiones interesadas, las mentiras e intoxicaciones, y la “verdad del problema” y de sus protagonistas.

Hablemos primero de algunas (entre otras muchas) confusiones inoculadas tozudamente en nuestras mentes para distraer, hacer perder tiempo y energías, y banalizar el mal.

Primero hemos de afirmar que el problema que se plantea por parte de los gestores del Principado NO es un tema económico. Cualquiera intuye que una secesión desde un punto de partida muy integrado desde siglos empobrece a todo el mundo, y en mayor medida, hoy en día, al territorio de menor masa crítica. Basta con ver la senda histórica que han seguido los dos países en que se dividió la península ibérica. Nos empobreceremos todos en términos históricos. Mis compatriotas catalanes más. Tampoco es tema la supuesta permanencia en la UE o en el Euro. Cualquier bachiller que sepa leer sabe que al día siguiente de la secesión la Cataluña española saldría de la UE y de la protección del BCE. Es automático. Igual de cierto es que inmediatamente podrá pedir su ingreso, lo que tardará años, mucho agrio sacrificio y pérdida de prosperidad. Pero eso la oligarquía lo sabe y le da exactamente igual. Y debe darnos igual a los antisecesionistas por una razón evidente: ¿Si se tuviese la certeza de que el Principado, o los españoles sin nuestra querida Cataluña, íbamos a ser más ricos con la secesión se justificaría ésta? Por supuesto que no, sería igual de inmoral, injustificable, reaccionaria, insolidaria y socialmente abyecta. Por lo cual no perdamos el tiempo en convertir el debate secesionista en un problema de contables.

Segundo, debemos huir de las comparaciones insostenibles e intelectualmente deleznables. El caso de la Cataluña cis pirenaica es bastante singular, aunque sólo sea por el tiempo que llevan unidos los españoles. Pero, sobre todo, nuestro problema no tiene nada que ver, NADA, con Escocia ni con Canadá. La diferencia con Escocia es interesante porque pone de relieve el problema mayor. Escocia es un antiguo reino delimitado, definido, que existió largo tiempo como entidad política independiente y se sabe perfectamente desde el punto de vista jurídico/administrativo quién es escocés y quién no. Ese ente político decidió firmar una especie de tratado internacional, llamado Union Act, por el que se asociaba a Inglaterra y Gales para estar en el Reino Unido. Como tal entidad política está en su derecho de pretender anular o revisar ese tratado. Eso no tiene nada que ver con el proceso que plantea la Cataluña hispana que nunca ha sido una entidad política, sino parte de otras, cuyas fronteras son caprichosas decisiones administrativas (lo dicen los propios secesionistas: ¿Vinaroz? ¿Fraga?, ¿Perpiñán?) y cuya integración se hizo de manera natural tanto en el reino de Aragón como posteriormente éste en el reino de España. Fue fruto de un matrimonio regio, como muchas de las construcciones territoriales del medioevo europeo (las otras lo fueron por conquista; nosotros fuimos más sensatos y pacíficos) y en eso no hay ningún hecho diferencial ni castellano ni catalán. Pero la consecuencia de esto es muy seria y de orden democrático: si la secesión se plantea vía el “derecho a decidir de alguien”, inmediatamente se plantea quién tiene derecho a ejercerlo. ¿Lo tengo yo, nieto de Josep Calvet Boronat Pujol aunque viva fuera de Cataluña? ¿Sólo los nacidos en las cuatro provincias españolas? Pero entonces José Montilla y José Antonio Duran i Lleida no podrían votar. ¿Los empadronados a una fecha determinada en dichas provincias, temporal o permanentemente, inmigrantes incluidos? Pobre criterio democrático, más bien tribal. ¿Los que tengan doce apellidos catalanes? Pues el apellido más abundante en la Cataluña hispana es García, mal vamos... Y podríamos seguir con sinsentidos.

Esa es la diferencia con el Reino Unido, que somos ciudadanos unidos. Con Canadá, que sólo alcanza en 1931 el status de independiente (Estatuto de Westminster) tras haber sido confederación y un largo camino inconcluso de unión a base de pasos jurídicos y tratados internacionales, cualquier comparación ofende al conocimiento.

Existen, es cierto, otros casos menos incomparables: Kosovo, los tamiles de Ceilán del Norte, o el propio intento de secesión de los EE.UU. Pero, o son naciones muy recientes y en construcción, o están sometidas a circunstancias radicalmente distintas. No perdamos tiempo en justificar lo injustificable a través de ejemplos perversos. Lo que hace único el problema de nuestra tentativa secesionista es que España es un colectivo de ciudadanos sobre los que reposa la soberanía, y desde hace más tiempo que la mayoría de las democracias avanzadas, tal vez todas, y no una yuxtaposición de territorios independientes que se alían o separan por encima de los derechos civiles de las personas. Y así aparece recogido en nuestra Constitución votada mayoritariamente, sea cual sea la ordenación administrativa territorial que se le quiera dar, valor inferior al de la comunidad nacional de personas.

Recientemente, el Señor Roca, co-autor de la Constitución, ha afirmado lo contrario, argumentando que al llamar al Principado “nacionalidad” se recogía la existencia de un ente político pre-existente a la Constitución y con derechos como tal. Los juristas no han dado crédito y se han mesado los cabellos. Lo siento, pero el problema es mucho más grave, y no jurídico. Si eso fuese cierto, es todo nuestro armazón democrático el que se iría al garete. Porque se hubiese engañado fehacientemente a los españoles que votaron la Constitución Española, que jamás de los jamases imaginaron que con esa C.E. daban pie a la desmembración de España y a derechos de territorios por encima del derecho de los españoles. Se aseguró lo contrario. Si se engañó (y yo estaba allí) lo inmediato es volver a someter la cuestión de nuestra unidad a todos los españoles a través de mecanismos democráticos. Urgentemente.

No les aburriré más por hoy, pero he de seguir citando dos confusiones. La próxima vez les comunicaré mi visión de que en la Cataluña española no existe, en puridad, independentismo.

La AVT convoca una concentración este domingo en Madrid
Pedirán justicia para las víctimas del terrorismo tras el fallo del TEDH contrario a la doctrina Parot
EP. Estrella Digital 22 Octubre 2013

La AVT anuncia que las víctimas saldrán a la calle porque "ya se agotó la paciencia"

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha convocado a los ciudadanos a concentrarse en la plaza de Colón de Madrid este domingo a las 12.30 horas "para pedir justicia para las víctimas del terrorismo" tras el fallo del Tribunal Superior de Derechos Humanos (TEDH) contrario a la 'doctrina Parot'. La AVT se adelanta así a la convocatoria realizada por Voces contra el Terrorismo, liderada por su expresidente Francisco José Alcaraz, que había anunciado una concentración el 9 de noviembre también en Madrid.

Tras conocer la sentencia, la directiva de la AVT compareció ante los medios con cerca de 60 víctimas del ETA que temen que los responsables de sus asesinatos puedan salir a España si se deroga la 'doctrina Parot'. Su presidenta, Ángeles Pedraza, culpó directamente a los políticos, "que no han bien los deberes", del fallo.

"Hoy en España se ha quebrado el Estado de Derecho. La democracia ha sido derrotada por culpa de los políticos que han cedido a los terroristas", denunció la presidenta del principal colectivo de víctimas del terrorismo.

La AVT ha tomado esta decisión después de que la Audiencia Nacional haya ordenado la excarcelación de Inés del Río menos de doce horas después de que el TEDH hiciera pública su sentencia.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Sentencia de Estrasburgo
‘Doctrina Parot’: los responsables de este desastre
Mario Conde www.gaceta.es 22 Octubre 2013

El Tribunal de Estrasburgo lo tiene muy claro. No niega la ‘doctrina Parot’. Sólo su caracter retroactivo

Hoy, 21 de octubre, una decisión del Tribunal de Estrasburgo propicia que, casi sin remisión, miembros asesinos de la banda terrorista ETA, violadores contumaces y otros depredadores de la vida y de la libertad humana salgan de prisión sin haber cumplido el límite de sus condenas. La opinión pública española se encuentra conmocionada por el suceso y el problema que se plantea al Gobierno es de enorme envergadura. Pero en el asunto se confunden dos planos: la legalidad –de un costado– y la política de otro. Los separo. La doctrina Parot no es una ley sino una doctrina del Tribunal Supremo sobre un punto muy concreto: cómo computar la limitación de penas. En síntesis: cuando un etarra, por ejemplo, es condenado a 2.000 años de prisión, esa cifra es el resultado de sumar todas las penas individuales a las que es condenado. Pero obviamente nadie va a cumplir esos años, por lo que, dado que no tenemos cadena perpetua, se establece una doble limitación : primero, el triplo de la pena más grave. Segundo, un límite máximo en todo caso: 20, 30 o 40 años según los casos. Por tanto, esa condena nominal de 2.000 años se queda en una condena efectiva de 30 años, por ejemplo. Pregunta: ¿se trata de una nueva pena o es simplemente un límite de cumplimiento?.

Éste es el centro del problema. El viejo Código Penal establecía redención de penas por el trabajo. Con eso se disminuía la pena. ¿Qué pena? ¿La agregada o cada una de las individuales?. Si es la agregada el resultado final sería reducir el limite de cumplimiento. Si se computa pena a pena, un condenado a cien años, por ejemplo, va a cumplir el limite de treinta con total seguridad. Pues este es exactamente el problema que contempla la doctrina Parot.

El Tribunal Supremo ha seguido en este asunto dos doctrinas a las que para entendernos llamo anti-Parot y doctrina Parot.
Anti-Parot: sentencia del Tribunal Supremo número 529/1994. Ponente: JM Martínez-Pereda. Lo dice muy claro: en el dilema “pena nueva/límite de cumplimiento” resuelve que ese límite de treinta años en nuestro ejemplo “opera ya como una pena nueva, resultante y autónoma y a ella deben referirse los beneficios penitenciarios”. Cuestión resuelta: aplicar las redenciones sobre los treinta años que de este modo no llegarán a cumplirse en su totalidad. Y añade respecto de lo que hoy es la doctrina Parot: “Esta teoría es tan gravemente innovadora como perniciosa porque pugna con los mas elementales postulados del Derecho Penal moderno y con los fines rehabilitadores de la pena, para convertir a esta en algo esencial y exclusivamente punitivo y reivindicativo, cercenando toda posibilidad de recuperación del delincuente”. Esta doctrina fue reiterada en varias sentencias más del Tribunal Supremo.(15 de Septiembre y 14 de Octubre de 2005)

Parot. Nace la doctrina con la sentencia 197/2006 del Tribunal Supremo. Ahora la aplicación de los beneficios se hace sobre cada pena y no sobre la agregada, lo que ya no es algo gravemente pernicioso sino, al contrario, algo justo y necesario.

RetroactividadProblema: el Tribunal Supremo quiso aplicar este cambio con carácter retroactivo. Cada cierto tiempo se van liquidando redenciones al preso y eso se traduce en autos judiciales que las aplican. El fiscal ni se opuso ni recurrió. Se consolidaron esas redenciones por virtud de autos judiciales firmes. Por el principio de seguridad jurídica no pueden modificarse autos firmes, ni aplicar retroactivamente el cambio de criterio en perjuicio del reo.

El Tribunal de Estrasburgo tiene el asunto muy claro: no niega la doctrina Parot. Sólo dice que no se puede aplicar retroactivamente, algo en Derecho Penal casi tan viejo como el mundo.

Responsabilidades
¿Quién es el responsable? Los autores de esa doctrina, autos y no-recursos. Los políticos que no legislaron a tiempo como debían y que quisieron buscar atajos, porque tengo pocas dudas de que influyó la política en cambio de criterio y en su aplicación retroactiva.

El Gobierno dice: no nos corresponde a nosotros sino a los Tribunales decidir la aplicación de esta doctrina que resuelve el caso de un etarra. Habrá que ver caso a caso. Es una salida tangencial obviamente. No se puede presumir de europeísmo y tomarse a beneficio de inventario decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es verdad que se han dejado de cumplir resoluciones de otros organismos internacionales, como, por ejemplo, el Comité de Derecho Humanos de la ONU. Si eso se hizo para quienes no eran asesinos, alguien dirá: que hagan lo que tengan que hacer para evitar la salida de depredadores de la vida y libertad humanas. Sí, lo entiendo, pero el que es causa de la causa es causa del mal causado.

Por qué el TEDH se equivoca con la "doctrina Parot"

Carlos Ruiz Miguel Periodista Digital 22 Octubre 2013

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acaba de confirmar la condena a España por la llamada "doctrina Parot". Confirma así la sentencia que el año pasado emitió una Sala de dicho tribunal en el caso de "Inés Del Río". No conozco la sentencia de la Gran Sala, pero sí la sentencia de la Sala que ahora se confirma. Y esa sentencia está gravemente equivocada porque confunde "pena" judicial con "beneficios penitenciarios" administrativos y "límite máximo de cumplimiento de la pena" que, evidentemente, son tres cosas distintas. Un error que, viniendo de un órgano judicial, resulta a mi juicio penoso.

I. QUÉ ES LA "DOCTRINA PAROT"
La llamada "doctrina Parot" es la nueva interpretación que dio la sentencia del Tribunal Supremo 197/06, de 28 de febrero de 2006 de las disposiciones del Código Penal que aluden al "dies a quo" del cómputo de los beneficios penitenciarios. El Código Penal de 1973 estableció en su artículo 70.2 que el "límite máximo de cumplimiento de la pena" era de 30 años.
Sintetizando:
- Antes de esa sentencia, un asesino condenado por múltiples crímenes a, p. ej., 800 años de prisión, podía computar los beneficios penitenciarios, no desde el año 800 del cumplimiento de la pena, sino desde el año 30 (que es el máximo tiempo de cumplimiento de la pena). El resultado es que un asesino o violador múltiple con una pena de cientos de años (pena), que legalmente no puede estar en la cárcel más de 30 años (límite de cumplimiento de la pena), podía salir de la cárcel antes de los 20 años porque los beneficios penitenciarios obtenidos no reducían la "pena", sino el "límite de cumplimiento de la pena".
- Después de esa sentencia, se estipuló que los beneficios penitenciarios lo que reducen es la "pena" judicialmente impuesta.

II. LA SENTENCIA DEL TEDH EN EL CASO "DEL RÍO" DE 2012
La sanguinaria criminal Inés del Río, de la organización terrorista ETA, había sido condenada en una sentencia de la Audiencia Nacional de 1989 a una pena de más de 3.000 años de cárcel.
La PENA judicialmente determinada con arreglo a la ley suma más de 3.000 años de cárcel.
Pero el CUMPLIMIENTO MÁXIMO de la pena, en ningún caso podía exceder 30 años de cárcel.

La terrorista había empezado en la cárcel a realizar algunas actividades dirigidas a obtener BENEFICIOS PENITENCIARIOS. Esos beneficios, ANTES de la sentencia del TS que establecía la "doctrina Parot" se aplicaban al límite máximo de cumplimiento de la pena, no a la pena. Sin embargo, DESPUÉS de la sentencia del TS de 2006, se empezaron a aplicar a la pena.

La terrorista demandó a España ante el TEDH el 3 de agosto de 2009 alegando, fundamentalmente, violación de los artículo 5.1.a y 7.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que dice:

ARTÍCULO 5
Derecho a la libertad y a la seguridad
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad.
Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley:
a) Si ha sido privado de libertad legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal competente;

ARTÍCULO 7
No hay pena sin ley
1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida

Una ntencia, el 10 de julio de 2012 dando la razón a la etarra.
Sus argumentos fundamentales están en los paráramos 59-63 y 72-74 de la sentencia:

59 Teniendo en cuenta lo anterior y basándose en la legislación española en su conjunto, el Tribunal considera que el nuevo modo de cálculo de la remisión de penas aplicables, en base al giro jurisprudencial del Tribunal Supremo, no concernía sólo a la ejecución de la pena impuesta a la demandante. Se trató de una medida que tuvo igualmente un impacto decisivo sobre el alcance de la «pena» impuesta a la demandante, llevando en la práctica a prolongar en casi nueve años la condena a cumplir.
(...)
62 Además, el Tribunal considera que la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo dejó sin sentido las remisiones de penas por trabajo a las que las personas condenadas en virtud del antiguo Código Penal de 1973, como la demandante, hubieran tenido derecho después de haber cumplido gran parte de su condena. En otras palabras, la condena que la demandante debía cumplir se alargó hasta los 30 años de prisión efectiva, sobre los que las remisiones de penas aplicables a las que previamente tenía derecho no tuvieron ningún efecto.

63 A la luz de lo precedente, el Tribunal estima que era difícil, prácticamente imposible, para la demandante el prever el cambio de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y por lo tanto, saber, en la época de los hechos, así como en el momento en que todas sus condenas fueron acumuladas, que la Audiencia Nacional haría un cálculo de remisión de penas en base a cada una de las condenas impuestas de manera individual y no sobre el total de la condena total a cumplir, alargando de esta manera la duración de su prisión.
(...)

74 Sin embargo, el Tribunal debe garantizar igualmente que la duración real de la privación de libertad, teniendo en cuenta las reglas relativas a la remisión de penas aplicables, era suficientemente «previsible» para la demandante. Además a la luz de las consideraciones que han llevado a la constatación de la violación del artículo 7 del Convenio, el Tribunal considera que la demandante, en la época de lo hechos, no podía prever de manera razonable que la duración real de la privación de libertad se prolongaría en casi nueve años, dejando sin sentido las remisiones de pena por trabajo a las que tenía derecho bajo el imperio del antiguo Código Penal de 1973. En particular, no podía prever en el momento de acumulación de todas sus penas, que el método de cálculo de estas redenciones de condena serían objeto de un giro jurisprudencial del Tribunal Supremo en 2006 y que este cambio se le aplicaría retroactivamente.

III. CRÍTICA A LA SENTENCIA DEL TEDH
El Tribunal hace varias afirmaciones cuestionables.

En primer lugar dice que la "doctrina Parot" "no concernía sólo a la ejecución de la pena impuesta a la demandante. Se trató de una medida que tuvo igualmente un impacto decisivo sobre el alcance de la «pena» impuesta a la demandante, llevando en la práctica a prolongar en casi nueve años la condena a cumplir". Adviértase que hasta el TEDH entrecomilla la palabra "pena" en este pasaje porque ahí, en realidad, no se refiere a la "pena" sino al "límite de cumplimiento de la pena" que es algo MUY DIFERENTE.

El TEDH, en definitiva, CONFUNDE la "pena" (3.000 años de prisión) con el "tiempo MÁXIMO de cumplimiento de la pena" (30 años de cárcel). Una confusión bastante grave.

En segundo lugar, dice el TEDH "que era difícil, prácticamente imposible, para la demandante el prever el cambio de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y por lo tanto, saber, en la época de los hechos, así como en el momento en que todas sus condenas fueron acumuladas, que la Audiencia Nacional haría un cálculo de remisión de penas en base a cada una de las condenas impuestas de manera individual y no sobre el total de la condena total a cumplir, alargando de esta manera la duración de su prisión.

El argumento del TEDH es inaceptable. En primer lugar, porque la jurisprudencia puede cambiar en cualquier aspecto en cualquier momento. Si una conducta, por ejemplo, pasa a ser, o deja de ser un delito fiscal, no se puede alegar que hay violación de derechos porque algo que antes el tribunal no consideraba delito ahora sí lo considere. Nadie puede decir que esa condena sería una violación del Convenio porque en el momento de cometerse el acto la "jurisprudencia" no lo consideraba delito. La clave, en Derecho Penal, es el principio de legalidad. Y el texto de la ley no ha variado. Sólo ha cambiado la forma de interpretarla. Y eso es algo absolutamente legítimo. El propio TEDH ha cambiado de opinión en varios temas.

La cuestión del debate, por tanto, es si los beneficios penitenciarios sirven
- PARA LA REDUCCIÓN DE LA PENA
- o PARA LA REDUCCIÓN DEL CUMPLIMIENTO MÁXIMO DE LA PENA

La interpretación del TEDH constituye ella misma, una violación de los derechos que dice defender y FRAUDE DE LEY, es decir, la utilización de la ley para un objetivo contrario al que pretende conseguir la misma.

En primer lugar, si no se admite que los beneficios penitenciarios no reducen la "pena" sino el "cumplimiento máximo de la pena", se está diciendo que la Administración, quien es la que fija los "beneficios penitenciarios" puede invadir una competencia que es EXCLUSIVA del Poder Judicial. Dicho de otra manera. Es competencia exclusiva del Poder Judicial JUZGAR y establecer LAS PENAS. Una vez que una pena ha sido establecida en sentencia firme, NADIE puede reducirla.

Pretender que se pueda reducir la PENA por un "beneficio penitenciado" constituye, pura y simplemente, un atentado al Estado de Derecho. Una violación de la separación de poderes.

En segundo lugar, los beneficios penitenciarios no pretenden alentar el delito. La doctrina del TEDH hace que la comisión de un asesinato, o una violación, pueda tener EL MISMO coste que la comisión de 20 asesinatos o violaciones. Con lo cual, una vez traspuesto el umbral del asesinato, se alienta a las organizaciones terroristas porque ya no hay coste adicional.

El "límite MÁXIMO al cumplimiento de las penas" busca, precisamente, evitar ese efecto.
Al aplicar el beneficio penitenciario a la reducción del "límite máximo al cumplimiento de la pena" se elimina la disuasión para la comisión de ulteriores crímenes.

IV. UNA SENTENCIA QUE NO TIENE EFECTOS EJECUTIVOS EN ESPAÑA
Dejo de lado la cuestión, clarísima, sobre los efectos de las sentencias del TEDH en España.
Dediqué a ello mi libro "La ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", de 1997.
Creo que todo lo que dije entonces (donde, por cierto, en primicia fui yo quien reproduje las providencias del TEDH en el caso "Ruiz Mateos") sigue siendo válido hoy.

@DesdelAtlantico

La sentencia del Faisán
José Luis Manzanares www.republica.com 22 Octubre 2013

La sentencia del caso Faisán no es precisamente modélica. Dejando de lado la declaración de hechos probados, resulta imposible compartir su calificación jurídica. Se acusaba por un delito de revelación de secretos y otro de colaboración con banda armada, pero la sentencia de la Audiencia Nacional sólo aprecia el primero porque, en su opinión, “la acción ejercitada fue guiada por la finalidad, dentro del concepto de acción final, de que no se pudiera entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA”. O sea, que no se habría cometido el delito de colaboración. El argumento es una falacia. Ni el móvil se identifica con el dolo ni la doctrina finalista de la acción tiene mucha relación con este caso.

La sentencia de la Audiencia Nacional admite que los hechos encajan literalmente en el tipo penal de colaboración con banda armada recogido en el art. 576 del Código Penal, e incluso cita la muy interesante sentencia del Tribunal Supremo de 26 de julio de 2012, a cuyo tenor dicho delito no requiere la afinidad ideológica de sus responsables, algo ya adelantado en otras resoluciones. Sin embargo, para los jueces del caso Faisán tal jurisprudencia no sería aplicable en este supuesto por una serie de pretendidas razones que van desde la ubicación de la finalidad en el dolo hasta la extrema relevancia del proceso político para alcanzar la paz social.

Procede señalar en primer término que el móvil como fin último perseguido por el delito o por el delincuente, no pertenece al dolo. Para que haya dolo basta con que la conciencia y la voluntad del actor cubran el hecho delictivo. Aquí la colaboración consistió en un chivatazo que cumple sobradamente aquellos requisitos. El fin es otra cosa. Se puede, por ejemplo, vender armas a los terroristas aunque se cuestionen e incluso se rechacen sus ideas, propósitos y objetivos. El fin no justifica los medios. Recuérdense, salvando las distancias, los asesinatos del GAL. Y las negociaciones políticas no derogan las leyes.

Es curioso que el propio razonamiento jurídico de la sentencia reconozca que la acción de los acusados, realizada en el ámbito de la lucha antiterrorista contra el aparato de extorsión de ETA, “causó un grave daño a la causa pública”. La verdad es que ese dinero, cuyo traslado a Francia se permitió, según opinión muy generalizada, como gesto de buena voluntad por parte del Gobierno en el marco de una negociación política, sirvió para financiar las andanzas criminales de una banda terrorista que aún cometió algunos asesinatos antes de anunciar su tregua unilateral indefinida.

De confirmarse esta sentencia, tendríamos un nuevo ejemplo del “España es diferente” que el ministro Fraga Iribarren acuñó hace muchos años. Nos habrían mentido descaradamente desde el Gobierno negando una conducta delictiva. Los señores X o X’ habrían sido los últimos en enterarse de que sus subordinados informaban a los etarras de las operaciones policiales en curso, por lo que hace al caso Faisán, a semejanza de lo que sucedió con los asesinatos y enterramientos de cadáveres en cal viva por obra de los GAL. Y una vez enterados de los crímenes o delitos que les colocan a ellos mismos en muy difícil situación, los políticos de turno no les harán el menor reproche, aunque ahora no se llegue a la vergüenza extrema de jalear a los condenados a las puertas mismas de la prisión y llamar descerebrados a los jueces.

Quede constancia por último de que, hagan lo que hagan los tribunales o dejen de hacerlo, el autor de este artículo no puede aceptar, ni siquiera como hipótesis de trabajo, que en el chivatazo del bar Faisán, como en los asesinatos del GAL, haya policías que actúen en solitario y a espaldas de sus superiores. Tomar por tontos a los ciudadanos es bastante feo. Acierta el profesor Gimbernat cuando escribe que “mantener, como hace la Audiencia Nacional, que una colaboración con banda armada no es una colaboración con banda armada es simplemente un contradios”.

España: terroristas en libertad por culpa de los políticos, no de la Justicia europea
Francisco Rubiales Periodista Digital 22 Octubre 2013

Esta mujer ha asesinado a 24 personas y va a salir en libertad. Dicen que es por culpa de la Justicia europea, pero, aunque los medios y algunos políticos pretendan engañarnos culpando a los jueces de Estrasburgo, se trata de una chapuza mas de los políticos españoles. La gente, indignada al ver que los peores asesinos salen en libertad, está siendo engañada y culpa a los jueces ignorando que los culpables del desastre, una vez mas, son los políticos españoles.

Inés del Rio, asesina de 24 personas, saldrá en libertad muy pronto. Los políticos y la prensa le echarán la culpa al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero los verdaderos culpables son los políticos españoles, que una vez mas hicieron las cosas mal y aplicaron una medida de castigo a los criminales con efectos retroactivos, toda una aberración en el mundo del derecho y de las libertades. Debieron haber endurecido las leyes contra los delitos de terrorismo, pero solo supieron hacer una chapuza.

Lo grave del asunto es que detrás de Inés del Rio tendrán que salir decenas de malvados encarcelados, a los que los políticos españoles, con su torpeza, han abierto las puertas de la cárcel.

Inés del Río fue miembro del comando Madrid de ETA y fue condenada a 3.828 años por asesinar a 24 ciudadanos inocentes. Hoy el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que el Gobierno español tiene que liberarla e indemnizarla por haberle aplicado la doctrina Parot, que permitía a la Justicia mantenerla en prisión.

Este martes, a las 9.15 de la mañana, el pleno extraordinario de la Audiencia Nacional se reúne para decidir si la pone en libertad. Sobre la mesa de los jueces, la sentencia de Estrasburgo. Y sobre la conciencia de Martiano Rajoy, la posibilidad de impedir que los terroristas se conviertan en los vencedores de la lucha antiterrorista.

El próximo viernes los jueces volverán a reunirse para decidir si liberan otra asesina, Jofesa Mercedes Enaga, miembro del comando Barcelona, una de las criminales del atentado de Hipercor (21 muertos). Y en las próximas semanas la Audiencia Nacional tendrá que revisar otros 30 casos de asesinos etarras que podrían quedar en libertad.

Miles de españoles indignados están culpando del desastre a los jueces y diciendo al gobierno que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es de obligado cumplimiento para España. Es cierto que algunos países, entre ellos Gran Bretaña, han rechazado sus sentencias, pero es mas que probable que España la cumpla porque, aunque lo disimulen y oculten con la complicidad de sus amigos de la prensa sometida, los políticos socialistas y de derechas saben que la doctrina Parot, al aplicarse con efectos retroactivos, viola la esencia de la justicia y uno de los derechos humanos básicos, el de ser juzgado según la ley vigente en el momento del delito.

Según la sentencia, España ha violado los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que respectivamente establecen que "no hay pena sin ley" que la avale y "el derecho a la libertad y la seguridad" en el caso de la etarra y le he instado a liberarla "a la mayor brevedad" y le obliga a indemnizarla con 30.000 euros por daños morales en un plazo de tres meses, tal y como dictó su Tercera Sección en su sentencia del 10 de julio de 2012. También obliga a España a pagarle 1.500 euros en concepto de costas judiciales.

El mismo tribunal europeo muestra a los políticos españoles cual es el camino correcto al reconocer el derecho del gobierno de España a endurecer las penas para algunos delitos de especial gravedad, pero tiene que aplicar esas nuevas condenas a partir del momento en que sean aprobadas y entren en vigor, nunca con efectos retroactivos sobre delitos del pasado.

Los políticos españoles esconden su culpa detrás de sus lamentos y lágrimas ante las víctimas del terrorismo, pero una vez mas la culpa del nuevo drama es suya, como ocurre casi siempre en España, donde si las empresas cierran es porque están acribilladas por los impuestos y la burocracia, donde si los ciudadanos se suicidan es porque los políticos se niegan a reformar las sucias leyes que regulan los desahucios, si decenas de miles de españoles han sido saqueados y robados es porque los políticos han permitido a los bancos estafar con las participaciones preferentes, si hay miles de políticos que se han enriquecido ilegalmente sin ser perseguidos ni obligados a devolver lo robado es porque los políticos se han labrado un entorno de impunidad práctica que está reñido con la democracia y la ética... y un largo etcétera de errores, maldades y abusos que demuestran que detrás de cada desgracia, drama o abuso ocurrido en España durante las tres últimas décadas siempre está una clase política sin altura ni grandeza, sin ética ni sentido democrático, una de las peores castas políticas del planeta.

Voto en Blanco

Estrasburgo: No sirve llorar sobre la leche derramada
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 22 Octubre 2013

Lo temido, y esperado, se ha producido. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dado la razón a la asesina etarra Inés del Río y hecho naufragar el conjunto de la llamada Doctrina Parot, que suponía aplicar la reducción de pena al monto global por el que eran condenados asesinos múltiples de toda calaña en vez de a los 30 años de pena máxima que nuestra ley permite. Para que se entienda sin anestesia leguleya alguna, que se pague y pene lo mismo por matar a una persona que a 20.

La sentencia, que subleva la razón y las entrañas, no tiene recurso posible y hay que aplicarla. Lo peor, además, es que ello supone que a muchos otros, etarras, violadores, asesinos siempre, que se encuentran en parecida circunstancia, se les abren las puertas de la cárcel y es la sociedad española la que habrá de verlos libres, incluso exultantes y satisfechos, en la calle. Donde las posibilidades de reincidencia, particularmente en el caso de asesinos en serie o violadores múltiples, son muy elevadas.

El actual Gobierno no puede hacer otra cosa que acatar el dictado de Estrasburgo. Ha expresado, eso si, que no habrá liberación masiva, sino que se revisará caso por caso, pero hay pocos portillos para el optimismo. Habrá de ser la Audiencia Nacional quien dictamine. Como irrelevante consuelo queda que no habrá que abonar la indemnización de 30.000 euros a Inés del Rio, que era ya befa y escarnio añadido a la memoria de las victimas y al corazón de todos, pues su debito monetario fijado como indemnización, se declaró insolvente como casi todos, supera en mucho ese montante.

Pero de nada sirve llorar sobre la leche derramada. Si quizás para que meditemos la forma en que no se nos vuelva romper la cántara. Se han perdido muchos, muchos años, en hacer algo que resulta imprescindible y necesario. Modificar nuestra ley y adaptarla, como es el caso de países con toda la solera democrática como Francia, y establecer el mecanismo legal por el cual estos individuos paguen más por sus crímenes y la sociedad se dote de los instrumentos necesarios para protegerse de ellos y no estar obligada a liberarlos si no existen mínimas garantías de que no son un peligro cierto al ser excarcelados.

La reinserción es pieza clave de nuestro ordenamiento jurídico. Y debe seguir siéndolo. Pero con una condición esencial, que exista tal voluntad por ellos y vaya unida al arrepentimiento. No se da el caso en la lista de criminales que celebra hoy esta sentencia. Pero , además, previa a la reinserción está el cumplimiento del castigo por el crimen cometido. Eso es lo que algunos parecen querer olvidar y en tantas ocasiones para desdicha de todos se olvida y se aplica.

Durante más de 30 años podíamos haber dado ese paso. Y ahora, ni en frío ni en caliente, sino como necesidad imperiosa que debió de cubrirse hace muchos lustros, hay que darlo. La formula de prisión permanente revisable, o sea, una cadena perpetua sometida a la posibilidad de que el reo, si cumple los requisitos establecidos de mínima reinserción, pueda alcanzar la libertad y si no los cumple siga encerrado, parece una formula eficaz y aceptable.

Contra ello, algo razonable, sin tacha judicial alguna y en innumerables lugares aplicado, y amplísimamente compartido por la sociedad española, se alzarán voces, muy clamoreadas y repicadas mediáticamente. Voces en muchas ocasiones basadas en principios ideológicos que se anteponen a la realidad, los hechos y las necesidades. Pues es hora de decir que griten cuanto quieran y no permitir que sigan imponiendo sus postulados. Prefiero aguantar sus voces que las de dolor e impotencia de las víctimas.

El voto desesperado y la sentencia de Estrasburgo
Pedro de Hoyos Periodista Digital 22 Octubre 2013

Cuando los políticos no cumplen sus deberes sufrimos los ciudadanos, nos arruinamos y terminamos perdiendo nuestra libertad, nuestros derechos o nuestros dineros. O todo a la vez, como ocurre en estos momentos. Pero nadie les pasa factura, a nadie rinden cuentas.

Zapatero acaba de reconocer en la Sexta que no se enteró de la crisis, que la minimizó y que la ninguneó. Que no supo hacer su trabajo, vaya. ¿Qué nos pasa a nosotros, ciudadanos indefensos, como consecuencia de su ineptitud? Sí, sí, lo sé. No es el único culpable, lo son todos los políticos en general (excepto, pongamos, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Joaquín Almunia, de su propio partido, que le avisaron suficiente y repetidamente de cómo iban las cosas) que dejaron que las cosas fueran así, cada uno en su medida, no es lo mismo estar presidiendo el gobierno, o asistiendo silenciosa y mansamente a todos los consejos de ministros, que estar en la oposición. Y sí, el sistema capitalista, avaricia y codicia, también es responsable, pero no tenemos otro mejor, al menos no conocemos otro mejor hasta ahora. ¿Qué nos pasa a nosotros, ciudadanos indefensos, como consecuencia de su ineptitud generalizada?

Cuando escribo la Justicia europea está a punto de exigir la liberación de decena de etarras sanguinarios condenados a decenas de años de prisión por sus crímenes intolerables. Y sin embargo es muy probable que salgan a la calle en unos pocos días, a no ser que retorzamos la interpretación de la sentencia del alto tribunal, como consecuencia de unas leyes permisivas, generosas hasta la ignominia con los asesinos, violadores de niños y otras alimañas. Porque nuestro Parlamento no supo en su momento prever la maldad de estos crueles ¿seres humanos? y castigarla convenientemente. Y porque posteriormente se quiso solucionar tal desafuero con un apaño legítimo pero probablemente ilegal, y cuya previsible consecuencia sea la derrota de la doctrina Parot en la Justicia Europea.

Nuestros políticos no saben o no pueden hacer bien su trabajo, su profesión es una de las más desprestigiadas, y reciben el rechazo de los ciudadanos. Pero nada podemos hacer contra ellos. Para defendernos de ellos, quiero decir. En una empresa privada serían despedidos y obligados a indemnizar a la empresa por los daños y perjuicios que ocasionaron con sus reiteradas torpezas. ¿Por qué no pasa cuando la dañada es toda una nación? ¿Por qué los estafados no podemos presentar una denuncia y que los tribunales ordinarios hagan su trabajo?

No obstante la sociedad trata de regenerarse, aún tragándose estos sapos indeseables, y surgen nuevas iniciativas políticas y sociales que tratan de auparnos en este océano de miseria. Nuevos partidos de todos los colores nacen en busca de arreglar el estrepitoso fracaso generado por las grandes instituciones. Se prevé que alcancen un 10 o un 15% de cuota electoral. ¡Y hay quien habla de su gran éxito! Válgame la Macarena de los políticos, válgame la Macarena de los partidos que después del destrozo social -paro, corrupción, desahucios, empobrecimiento, pérdida de derechos consolidados, jubilaciones injustas- siguen concitando el veinticinco por ciento de voto ciudadanos. ¿Es que no votan los desesperados?

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Por la noche, cansado, harto, enfadado: Si como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo numerosos delincuentes, peligrosos y sanguinarios, invaden nuestros calles e incluso son homenajeados al llegar a su pueblo, con la consecuente humillación al resto de los mortales, será porque nuestros políticos no supieron en su momento redactar un código penal suficientemente seguro para salvaguadar la sociedad, no supieron desarrollar el cometido para el que se ofrecieron, para el que fueron elegidos y por lo que fueron remunerados. ¿Qué sería de ellos en una empresa privada, cuál sería su futuro, qué nueva empresa les contrataría después de un éxito de tal calibre? ¿Por qué no pasa esto con los políticos?
PD: ¿A que al final el champán que van a descorchar lo pagaremos con nuestros impuestos?

ETA es una organización terrorista
Vicente A. C. M. Periodista Digital 22 Octubre 2013

A ver si dejamos de un lado la hipocresía y nos centramos en la realidad. ETA es una organización terrorista así declarada y reconocida por la ONU, la UE y otros Organismos internacionales. Tan terrorista como El Grapo, Al Qaeda, Al Fatah y otras. No he visto a nadie reclamar por los derechos humanos de los prisioneros de Al Qaeda en Guantánamo, ni protestar por el asalto, detención y muerte del máximo lider de Al Qaeda Ben laden. Ningún tribunal se ha pronunciado a pesar de que los USA son también firmantes de los Derechos Humanos.

Así que la primera cuestión de fondo es la de haber admitido el recurso de la asesina etarra Inés del Río, culpable de la muerte de más de 28 personas y condenada a una pena de más del millar de años. Un terrorista no puede tener los mismos beneficios penitenciarios que cualquier preso común. La reinserción no existe ni tampoco el arrepentimiento de sus actos ni haber pedido perdón a los familiares de sus víctimas. Al contrario, es total su convencimiento de haber realizado una acción de justicia en defensa de la"liberación" del pueblo vasco de la "opresión" del Estado español. Una forma de actuar refrendada por una parte importante de los vascos que votan a la rama política de ETA y por partidos que se dicen democráticos.

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha sentenciado sobre una cuestión de la que ni conoce ni entiende. Que se sepa, ninguno de sus miembros ha vivido de cerca el problema de este terrorismo de España, ni comprende las raíces de su génesis ni el enquistamiento de la vía de la violencia como medio para la reclamación de la independencia de El País Vasco. Su razonamiento ha sido exclusiva y friamente jurídico, interpretando la máxima de "in dubio pro reo", en este caso la de aplicar los beneficios más benevolentes con los condenados y olvidando los derechos humanos de las víctimas inocentes salvaje e indiscriminadamente asesinadas y heridas como los del coche bomba en la plaza de la República Dominicana de Madrid en el que participó esta sanguinaria etarra.

No es admisible el que en el caso de estos terroristas se aproveche la laxitud del legislador para revertir una situación anómala de beneficios generales de redención de pena, para forzar una excarcelación que en otros Estados nunca se llegaría a dar. Esta actitud ha creado una inmediata alarma social y un profundo rechazo y estupor, además de dar alas y alborozo indisimulado a los que apoyan al terrorismo de ETA, que aprovecharán esta vergonzosa sentencia para reforzar su postura sobre la "opresión" del Estado y reclamar pasos hacia la independencia. El inexplicable respaldo dado a los terroristas etarras por el Tribunal de Derechos Humanos ha conseguido doblegar a la razón y al Estado de Derecho, puesto en ridículo y sin posibilidad real de defenderse, ya que esta sentencia no admite recurso ante ningún otro Tribunal.

Existen numerosos antecedentes del incumplimiento de sentencias de altos tribunales tanto por parte de Estados como Gran Bretaña o los USA,como por Gobiernos de CCAA de España como el de Cataluña o El País Vasco, que legitiman al Gobierno de España a no aceptar esta sentencia por la "gran alarma social" que conlleva y la desconfianza en una Justicia incapaz de ser tal. El Tribunal Constitucional ya sentenció como válida la "doctrina Parot", con lo que estamos ante la supeditación de nuestro máximo Tribunal de Justicia ante otro que no tiene jurisdicción efectiva.No se puede admitir que los derechos de los terroristas y asesinos estén por encima de los derechos de sus víctimas. Cualquier interpretación contraria es una aberración y no puede ni debe ser admitida.

Contra la hipócrita resolución, insumisión. Desde aquí me uno al dolor de las víctimas y como siempre acudiré a la defensa de sus derechos.

El periodista de Onda Cero critica la benevolencia del Código Penal español
Carlos Herrera contra Estrasburgo: "ETA está de enhorabuena, la tarifa plana por matar es un hecho"
"Y esto pasa con el aplauso de los de siempre, Esquerra Republicana, y la comprensión benévola de Izquierda Unida"
J.F. Lamata. Periodista Digital 22 Octubre 2013

De todas las víctimas del terrorismo de ETA, hay una que cuenta con un altavoz potente para poner las cosas claras. Se trata de Carlos Herrera, que dirige y presenta el programa 'Herrera en la Onda' en Onda Cero, uno de los espacios de mayor difusión radiofónica de toda España.

Horas antes de que se conociera la sentencia, Herrera ya mostraba estar muy preocupado con lo que pudiera pasar: "Si se desmonta la doctrina Parot quiere decir que da lo mismo matar a una persona que a 200. ¡Esta se ha llevado por delante la vida de 23 personas!".

Justo un día después, el 22 de octubre de 2013, el locutor, al que ETA quiso volar con una bomba en 2000 manifestó su indignación: "Ayer supimos una cosa que ya nos temíamos desde ha ce varios días, que la legalidad y la justicia no siempre son lo mismo, no coinciden necesariamente en el mismo carril de la autopista de la vida. A veces tienen direcciones contrarias".

A partir de ese momento Carlos Herrera comenzó a dar nombres y número de crímenes de los posibles beneficiados si se amplia a la totalidad de afectados por la 'Doctrina Parot': Zubieta (11 asesinatos), Paterra (14), Kubati (13), Santi Potros, Troitiño (Hipercor), Txikierdi (6). Herrera no se limitó a recitar los nombres de asesinos etarras incluyó a violadores y delincuentes comunes beneficiados por la misma doctrina, García Ribalgo (74 violaciones), Valentín Tejero (asesino de una niña), Miguel Ricart (asesino de Alcasser) y, claro, Henri Parot, el hombre que llegaba a Sevilla a volar jefaturas, colegios y el Corte Inglés. "Lo evitó, por cierto, un Guardia Civil, Infante Ballesteros, al que desde aquí le recordamos con agrado y gratitud", agregó Herrera en un inciso.

LA RESPONSABILIDAD DEL CÓDIGO PENAL QUE NO CAMBIÓ UCD
Herrera fue el primer locutor que recordó la gran responsabilidad del Gobierno de Suárez y Calvo Sotelo de no querer cambiar el Código Penal. Aunque Herrera añadió que, a su parecer, el Código Penal que aprobó el Gobierno de Felipe González también era demasiado benigno.

El Código Penal de España de 1973 fue especialmente blando con los reos porque la dictadura franquista quería reducir la población carcelaria (en un código que aún incluía la pena de muerte). El Gobierno Suárez suprimió la pena capital, pero no endureció ningún tipo de pena carcelaria. Con el Gobierno de Felipe González se decidió delimitar los beneficios de refundición de penas en 1995 para asegurarse que cumplieran 30 años íntegros y el Gobierno Aznar elevó el máximo de permanencia de 30 a 40 años. Pero eso sólo afectaba a los detenidos a partir de ese momento.

REPLICAS A LÓPEZ GUERRA Y A GÓMEZ BENITEZ (EL PAÍS)
Carlos Herrera también se acordó de los dos más señalados como responsables de la doctrina Parot, el que fuera secretario de Estado con el PSOE, López Guerra y el que es aún hoy vocal del CGPJ a propuesta del PSOE, Gómez Benitez.

A López Guerra el locutor de Onda Cero le calificó como alguien "brillante, pero tentado por la política". Y recordó que el catedrático nunca fue partidario de la solución policial o penal con el terrorismo, "algo habrá que agradecerle a López Guerra". El periodista andaluz aseguró que López Guerra quería ser ministro de Justicia y que al ser descartado (en favor de Mariano Fernández Bermejo), se le compensó con un puesto en Estrasburgo.

También recordó a Gómez Benítez, y a su artículo en El País congratulándose por la liberación de asesinos: "Ahora aplauden algunos como el inefable Gómez Benitez, que fue el que se encargó de decirle a ETA durante las negociaciones con Zapatero que el Gobierno haría todo lo posible por retirar la doctrina Parot. ¡Dicho y Hecho!

Para Herrera, la derogación de la Doctrina se producía por una ecuación: Gómez Benitez lo negocia y López Guerra lo promueve. "¡Inyección moral a ETA!!"

TARIFA PLANA PARA MATAR
En la conclusión de su alocución, Carlos Herrera encontró la mejor forma de resumir lo que había pasado. "Con el aplauso de los de siempre, Esquerra Republicana..., la comprensión benévola de Izquierda Unida. ETA puede estar de enhorabuena, las víctimas no. ¡La tarifa plana por matar es un hecho!".

Dura sentencia, ‘sed lex’

Pablo Sebastián www.republica.com 22 Octubre 2013

No hubiera estado mal que el presidente Rajoy hubiera dado la cara ante la opinión pública y las víctimas del terrorismo a la hora de comentar la dura sentencia de la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo que anula la ‘Doctrina Parot’, con la que la Justicia española aplicó con efecto retroactivo la suspensión de beneficios de penas a terroristas y grandes delincuentes desde 1995. Ahora muchos de estos terroristas y delincuentes saldrán a la calle, por más que hayan aumentado en los últimos años sus días de cárcel, y ninguno de ellos recibirá indemnización alguna porque están en deuda con sus víctimas.

La sentencia se tiene que cumplir porque España es un Estado de Derecho comprometido con la Corte de Estrasburgo de Derechos Humanos, y porque si no lo hiciera nuestro país perdería toda su credibilidad a la hora de exigir a otros, como los independentistas de Cataluña, que respeten y cumplan la ley. Por todo ello no cabe imaginar, como solicitan algunos emocionalmente afectados, que el Gobierno o la Justicia española -que es la que tiene que aplicar la sentencia- no acaten la decisión de Estrasburgo.

Pero la sentencia ha producido consternación nacional en todo el país y ha supuesto un duro tormento añadido para las víctimas del terror, sus amigos y familiares ante la salida de la cárcel de más de cien etarras y otros grandes delincuentes. Etarras que van ser acogidos con festejos en su entorno político y familiar, por más que el ministro de Interior haya advertido que tomará medidas en contra de todo lo que se interprete como apología del terrorismo.

La condena a España, la liberación de etarras y otros delincuentes, el dolor de la víctimas y la natural indignación de la sociedad son malas noticias que ha caído sobre las dolidas espaldas de la gran mayoría de los ciudadanos, víctimas de la crisis económica y del paro, y sufridores de los malos gobernantes y de la corrupción y en muchos casos con graves problemas personales y familiares. Y encima de todo esto nos llega esta dura sentencia -que dicho sea de paso era esperada en las altas instancias judiciales y políticas en los términos en que se ha producido- que incluye un dramático impacto y nos tiene más salida que su acatamiento, por más que la Audiencia Nacional, encargada de su aplicación, vaya espaciando los recursos de cuantos se acogerán a ella a partir de los próximos días y semanas.

Desde su torre de marfil, donde permanece refugiado a resguardo de los problemas reales del país, el presidente Rajoy no quiso salir a dar la cara en este dramático momento, como no la da frente al desafío secesionista catalán, ni se acerca a los lares de la pobreza a comprobar directamente la penosa situación de los españoles. El Presidente no pierde la oportunidad de hacerse fotos fuera del país en viajes tan inútiles como el de la fallida Cumbre Iberoamericana, o el de Japón. Mientras tanto su Gobierno no cesa de enviar tibias señales de humo que anuncian la lenta salida de la crisis que nadie sabe cuándo llegará al conjunto de los españoles.

Por eso hoy más que nunca hace falta liderazgo político y algo de empatía con el conjunto de la población. Como urgen acuerdos y pactos entre las primeras fuerzas políticas del país, encasilladas en inútiles enfrentamientos ideológicos y casi pre electorales que sin duda serán castigados por los ciudadanos en las urnas. Hace falta algo nuevo, que no sea pedir paciencia y resignación, hay que hacer algo en este país antes de que sea demasiado tarde y de que la caldera de la indignación social, hoy apaciguada por miedo y preocupación, entre en ebullición camino de una incontrolable explosión que no hay que descartar.
www.pablosebastian.com

El desolador fracaso del Estado: 'Summa ley, summa iniuria'
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 22 Octubre 2013

La sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que, a través de la aplicación del Convenio de Derechos Humanos de 1950, ratificado por España en octubre de 1979, deroga la doctrina Parot aplicada a la etarra Inés del Río Prada, es un fracaso en toda regla del Estado español. Y un fracaso desolador –por las víctimas del terrorismo y de delitos gravísimos de otra naturaleza– y también hiriente, porque ha puesto en solfa el sistema de administración de justicia en España y al órgano de garantías constitucionales. Pero se trata de un fracaso global, también de la política española.

De una tacada, el TEDH desautoriza la interpretación sobre la irretroactividad de la ley penal –pero que moduló la forma de cumplimiento de las penas– que realizó en 2008 el Tribunal Supremo (“órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes” según el artículo 123.1 de la CE) y que fue avalada por el Tribunal Constitucional –máximo intérprete de la Carta Magna– con ligeras variantes al aplicar la doctrina Parot a 24 etarras. En función de este nuevo criterio, los beneficios sobre la pena impuesta no se aplicarían sobre el tiempo máximo de cumplimiento (30 años), sino sobre cada una de las penas impuestas, con lo cual se retrasaba la salida de prisión inmediata de más de sesenta terroristas de ETA con condenas por terribles crímenes y varios condenados más por delitos graves no terroristas (violaciones y asesinatos) perpetrados antes de 1995.

Además de dejar en evidencia al Tribunal Supremo y al Constitucional, el de Estrasburgo obliga a la opinión pública española a plantearse cómo es posible que desde 1973 a 1995 el Código Penal no fuese modificado para exigir el cumplimiento íntegro de las penas en determinados supuestos (con el máximo de 40 años). ¿En qué estaban pensando los sucesivos Gobiernos, especialmente los socialistas desde 1982, para obviar la modificación del código cuando España estaba siendo azotada por la peor ofensiva que un país europeo ha sufrido de una banda terrorista?, ¿en qué cabeza cabe que el Código Penal de 1995 se denomine “de la democracia” y que esa misma democracia funcionase hasta ese año con un texto legal de 1973 notoriamente obsoleto? ¿Creían algunos –como nos recuerda José Amedo en su espeluznante libro Cal Viva– que era más práctico poner en marcha los GAL en los años ochenta que adecuar nuestra normativa penal a la gravedad de lo que estaba sucediendo en España?

Nada hay peor ni más injusto que la aplicación de la ley sin alma, al pie de la letra, de una forma autista e inmisericordeFracaso de la instancia superior del poder jurisdiccional español, fracaso del órgano de garantías constitucionales y fracaso de la gestión normativa de los Gobiernos que entre la aprobación de la Constitución (1979) y la reforma del Código Penal (1995) dejaron un espacio temporal de dieciséis años, exactamente los tres lustros en los que la banda terrorista ETA golpeó con más saña y crueldad a la sociedad española. Mucho más que durante el franquismo. ETA engrosa su trayectoria de asesinatos durante los años ochenta y noventa. Precisamente cuando la ley penal resultaba estúpidamente más benigna. Y de aquellos polvos, estos lodos.

El juez español en el TEDH de Estrasburgo, Luis López Guerra, que fue secretario de Estado de Justicia con el primer Gobierno de Zapatero y que ayer votó a favor de la demanda de Inés del Río Prada, declaró la semana pasada en Valencia que España debería acatar la sentencia de la Gran Sala por el “principio de buena fe” por haber suscrito en 1979 el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Los efectos de las sentencias de esta instancia internacional sobre la administración de la Justicia en España son declarativos y no hay norma jurídica directa que imponga su cumplimiento, aunque el Tribunal Constitucional ha establecido criterios para trasponer sus resoluciones y la futura ley de Enjuiciamiento Criminal o Código Procesal Penal las considera –si entran en contradicción con sentencias dictadas por los tribunales españoles– como causa suficiente para interponer recursos de revisión.

El Gobierno parece haber obviado por completo esta cuestión y con seguridad la Audiencia Nacional –hoy lo veremos, convocada con una celeridad excesiva y nerviosa a un pleno extraordinario por su presidente– procederá a la excarcelación de Inés del Río Prada y establecerá los criterios con los que debe aplicarse la resolución de Estrasburgo en otros casos similares. La lógica petición de las víctimas de que la sentencia “no se acate” encuentra su razonabilidad en el garantismo de la Gran Sala, bastante menos escrupulosa en el caso Hogben en los años ochenta, cuando el Gobierno británico alteró a posteriori de un delito el régimen de libertad provisional, o en el caso Kafkaris, al que los tribunales chipriotas aumentaron la duración de la pena, sin que en ninguno de los dos supuestos el TEDH se pronunciase como lo ha hecho en el caso de la etarra Del Río (24 asesinatos sobre sobre sus espaldas).

Las victorias de ETA no tienen ningún mérito porque son errores de los gestores del Estado. Hubo guerra sucia –los GAL– de la que los terroristas extrajeron una supuesta legitimidad para equipararse a gudaris en guerra contra un aparato opresor que les liquidó durante un tiempo de la misma manera que ellos asesinaban a sus víctimas. Ahora, de nuevo el Estado fracasa en una instancia internacional y lo hace con auténtico estrépito, sin que, al parecer, quepa otra cosa que el aquietamiento a una sentencia que es materialmente injusta porque la relevancia de la previsión de Inés del Río y otros etarras sobre su salida de la cárcel es ínfima –lo es también su derecho– ante la importancia sustancial de que las penas se cumplan conforme a la dimensión extraordinaria de la gravedad de sus delitos. Ahora sólo falta que se permita que el relato etarra sea épico, como pretende la banda, y no criminal, como demanda la historia.

Y recordemos al Cicerón que en Estrasburgo han olvidado: “Summa ley, summa iniuria”. Nada hay peor ni más injusto que la aplicación de la ley sin alma, al pie de la letra, de una forma autista e inmisericorde.

No habrá paz para las víctimas
Javier Caraballo El Confidencial 22 Octubre 2013

Sencillamente, tienen razón. El dolor de las víctimas del terrorismo que otra vez se ve burlado por la altanería insoportable de los etarras; que de nuevo se ve mancillado por las carcajadas babosas de los asesinos sentados en el banquillo de un tribunal de Justicia; que en una ocasión más se ve frustrado al verlos escaparse como culebras por los resquicios de un Estado de Derecho. Ante esa evidencia, no cabe otra que admitir que, sencillamente, tienen las razón las víctimas en su indignación de ahora, tras la anulación de la ‘doctrina Parot’ en el Tribunal de Estrasburgo que, para colmo, se llama de Derechos Humanos.

Padres e hijos asesinados, mujeres y niños masacrados, parientes y amigos destrozados. Vivieron el hachazo terrible de la primera noticia, la llamada de teléfono, la explosión que se oye a lo lejos, las noticias frías del boletín de radio. Luego sintieron el alivio pasajero de la detención de los asesinos, de su condena, y, aunque se revolvían ante su chulería en el juicio, se consolaron pensando que se pudrirían en la cárcel. Pero no, los miles de años de condena no eran más que una ficción. No hay paz para las víctimas de terrorismo, no. Para las de los violadores o asesinos en serie, para qué hablar. Por eso, sencillamente, tienen razón.

Lo que ocurre es que, a partir de esa premisa inicial de impotencia generalizada, de indignación, lo peor que podemos hacer ahora es pensar que todo esto nos ocurre porque un grupo de burócratas con puñetas, chupatintas europeos, se ha puesto de parte de los etarras sin la menor consideración al dolor de las víctimas; gente insensible ante el fenómeno terrorista en España que, desde Estrasburgo, dictan sentencia sobre lo que no entienden ni comprenden. No, aunque puede parecer una contradicción, la culpa de esta bochornosa excarcelación de presos no la tiene el tribunal europeo que ha derogado la ‘doctrina Parot’; la responsabilidad de lo que va a ocurrir tenemos que buscarla en España, de puertas para adentro de muchos despachos políticos y judiciales.

Desde antes incluso de que la abominable asesina Inés del Río iniciara el litigio que ahora resuelve el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en España numerosos juristas y también dirigentes políticos admitían en privado que con la ‘doctrina Parot’ se estaba forzando al máximo la legalidad y que, con toda probabilidad, llegaría un día, como el de ayer, en el que un Tribunal Superior la derogaría. La ‘doctrina Parot’ ha ido sorteando los principales tribunales españoles y ahora, cuando el de Estrasburgo la ha anulado por una amplísima mayoría, pocos son los que se muestran sorprendidos.

Lo que tenemos que preguntarnos es qué diablos ha ocurrido aquí durante tantos años para que esos asesinos, hayan acumulado beneficios penitenciarios sin que nadie lo impidieraSe sabía que podía ocurrir, que este día iba a llegar porque lo que no se puede hacer en un Estado de Derecho es aplicar una legislación con carácter retroactivo. A todos esos presos que ahora saldrán de la cárcel se les estuvieron concediendo durante años reducciones de pena, por diversos trabajos o estudios, y lo que no se puede hacer ahora es derogar esas redenciones de condena. No es posible, es ilegal. Dicho de otra forma, ahora ya no es posible, es demasiado tarde; lo que tenemos que preguntarnos, para no mentirnos a nosotros mismos, es qué diablos ha ocurrido aquí durante tantos años para que esos etarras, esos asesinos, hayan acumulado beneficios penitenciarios sin que nadie lo impidiera.

La ‘doctrina Parot’, si la contemplamos con alguna perspectiva, no es más que la culminación de una chapuza generalizada; años y años de dejación, improvisación y políticas equivocadas que se intentan resolver a última hora con esa ‘ingeniería jurídica’ efectiva pero improvisada. Quiere decirse que lo que no tiene explicación lógica alguna es que el Código Penal de 1973, que les concedía las redenciones de pena, no haya sido derogado en España hasta 1995. Y fue en 2003, ¡treinta años después!, cuando el límite efectivo de cumplimiento de la pena se elevó hasta los 40 años y se suprimió la posibilidad de reducir la condena con trabajos. ¿Por qué?

Hacer responsable ahora al Tribunal Europeo de Estrasburgo del final de la ‘doctrina Parot’ puede servir como desahogo, pero nada más. Porque lo que no tiene explicación es la política penitenciaria de España, durante tantos años, con respecto a los presos etarras. Si no era dejación, estrategia política; si todo eso, como suele argüirse, se justifica por el interés superior de los sucesivos Gobiernos españoles de alcanzar una tregua con ETA, ya vemos que la política estaba equivocada. Y las consecuencias son estas.

En el mismo saco de la inexplicable política penitenciaria de España, también convendría ahora mirar a algunos despachos judiciales y universitarios. Cuando salga a la calle Inés del Río o cualquier de sus miserables compañeros, lo que habría que hacer es repasar qué beneficios penitenciarios se le concedieron, por qué motivos y quiénes lo hicieron. ¿Cuántos cursos universitarios se han amañado o inventado para que esa gentuza consiguiera menos años de cárcel?

Universidades y catedráticos cómplices, fiscales que miran para otro lado, jueces displicentes a los que no les importa el daño social que producen las redenciones de pena. ¿Cuántos han actuado así?Lo que pasamos por alto es que cada vez que un juez de vigilancia penitenciaria daba por bueno un curso universitario, su resolución se convertía en un derecho firme del preso, si es que ningún fiscal o ningún abogado de parte lo recurría. Si ahora un tribunal europeo afirma que hay que aplicar esas redenciones de pena, el problema no es del órgano judicial europeo que señala el problema, sino de la legislación española. Universidades y catedráticos cómplices, fiscales que miran para otro lado, jueces displicentes a los que no les importa el daño social que producen las redenciones de pena. ¿Cuántos han actuado así? En la suma está el desastre al que asistimos.

En cualquier caso, sentado todo lo anterior, tampoco conviene ahora prestar demasiada atención a quienes, siempre dispuestos a aventar cualquier incendio, pretenden extender la sensación de que las puertas de las cárceles van a abrirse de par en par para que salgan en tropel todos los asesinos, como si sólo hubieran estado unos días en la cárcel. No es así, cada cosa en su sitio, que no hay nada peor que aquellos que se aprovechan del dolor de los demás para fomentar sus algaradas.

Lo mejor de la ‘doctrina Parot’ es que, por lo menos, ha solventado la chapuza española durante siete años. Parot, por ejemplo, lleva en la cárcel desde 1990, cuando fue detenido en Sevilla. Había cometido 80 asesinatos y fue condenado a cerca de 5.000 años de cárcel. Pero de esos años, con ‘doctrina Parot’ o sin ella, sólo habría cumplido el máximo establecido, 30 años. Si sale de la cárcel en los próximos meses, no habrá cumplido los 30 años pero, gracias a la doctrina que lleva su nombre, se ha pasado siete años más en la cárcel. Cuando salga, habrá cumplido la mayor parte de la pena. Como él, todos los demás.

No hay Justicia que consuele a las víctimas porque ese dolor no tiene compensación alguna. No existe porque ningún hombre va a satisfacer jamás con una condena, larga que sea, el dolor que provoca con un solo asesinato. La barbarie jamás se olvida, se arrastra siempre. A lo máximo que podemos aspirar es que, al menos, las víctimas tengan paz, que su memoria no sea manoseada por el oportunismo, por la chapuza, por la insensibilidad. Miramos la ‘doctrina Parot’ con alguna perspectiva, se le ponen oídos al debate político que hierve de nuevo, entre insensatos e insensibles, se mira alrededor, y parece que no, que ni eso, que en España no habrá paz para las víctimas.

Justicia
La Doctrina Parot como explicación
José Luis Requero Libertad Digital 22 Octubre 2013

El nacimiento y muerte de la Doctrina Parot ayuda a explicar por qué España lleva sufriendo cuarenta años de terrorismo etarra. ETA se ha beneficiado de dos circunstancias: su objetivo y su ideología. El objetivo era y es segregar el País Vasco por la violencia. Para ese fin ha contado con la comprensión del nacionalismo vasco, lo que explica que criticase toda reforma legal que perjudicara a los terroristas, o que criticase o viese desde la sospecha toda acción policial.

La segunda baza de ETA ha sido su ideología: el marxismo. Esto explica que cierta izquierda haya mirado durante años a otro lado mientras ETA atentaba, y ahora que no asesina –pero no se disuelve– no se oculte ya esa sintonía con sus segundas, terceras o cuartas marcas. Desde el pensamiento único propio de esa izquierda y desde lo que hace pasar como su pretendida superioridad moral –más de la cobardía de tantos Gobiernos–, ETA se ha beneficiado de esos tópicos que ven en toda reforma penal, en todo endurecimiento, un ejercicio de autoritarismo, de represión.

El primer crimen etarra es de 1969. En España, uno de los países más azotados por el terrorismo, se tardó años en descubrir algo obvio: que el preso sale de la cárcel. La gran noticia fue la detención del terrorista: el ministro de turno comparece feliz en rueda de prensa, se aplaude la eficacia policial y el terrorista es juzgado y condenado. Y olvidado. Pero los años vuelan y la opinión pública se escandaliza cuando cae en la cuenta de que el terrorista ha cumplido su condena y que, gracias a los beneficios legales, va a salir en libertad.

Ante el escándalo de una excarcelación, fruto de un sistema penal benigno, surge la Doctrina Parot: el reo con varias condenas las cumple de forma sucesiva, empezando por la más grave, hasta llegar al límite máximo, y los beneficios penitenciarios del anterior Código se le van descontando de cada una de las penas y no de los 30 años máximos que al final son efectivamente cumplidos. Con esta doctrina los tribunales han hecho un trabajo que el legislador, en su debido momento, no asumió o no quiso asumir.

Durante años se ha juzgado a los peores terroristas con el Código Penal de 1973, un texto pensado para una España ajena a la criminalidad organizada; era heredero de la España de los crímenes de la calle Fuencarral, del Jaro o de Jarabo. Ese Código de 1973 se quedó corto ante el terrorismo o el crimen organizado y el legislador tardó en reaccionar, incluso no lo hizo en el vigente de 1995. El poder político –el legislador– no se ha mojado durante décadas y dejó a los tribunales el papelón de una interpretación de sentido común –cierto– pero que forzaba la ley, lo que no es menos cierto.

Es verdad que la situación cambió tras la reforma de 2003 y, en otro aspecto, tras la de 2010: a partir de ese momento es cuando se instauran reglas para el cumplimiento efectivo de penas –algo ahora criticado también desde sectores de izquierdas–, pero el daño ya estaba hecho: se llegaba tarde. Los autores de los peores atentados ya habían sido condenados por hechos y en sentencias anteriores a esas reformas legales, y hay un principio básico, elemental: que las normas restrictivas no deben aplicarse retroactivamente, sólo cabe hacerlo para los hechos posteriores a su promulgación.

Ahora el poder político queda al margen del gran escándalo ciudadano –no jurídico– que serán las excarcelaciones; es más, ese efecto siempre podrá imputarlo a Estrasburgo. Además, el Gobierno podrá decir que la sentencia de Estrasburgo sólo se refiere a un caso, fácil escapatoria dicha desde la tranquilidad de quien no tiene que aplicarla: serán los tribunales quienes, de nuevo, tengan que hacer ante los ciudadanos otro trabajo sucio, ahora el de excarcelar. A diferencia del político, de no hacerlo prevaricarían.

Doctrina Parot
Acatar no es ejecutar
Carlos Ruiz Miguel Libertad Digital 22 Octubre 2013

La sentencia del Tribunal de Estrasburgo (Tribunal Europeo de Derechos Humanos o TEDH) condenando a España en el caso de Inés del Río (el asunto sobre la Doctrina Parot) plantea, de nuevo, el problema de la ejecución de las sentencias del TEDH, que son obligatorias pero no ejecutivas. ¿Qué significa esto? En síntesis, lo siguiente: que España está obligada a hacer todo lo que su ordenamiento le permita hacer para dar cumplimiento a la sentencia del TEDH, pero no a lo que el ordenamiento jurídico español no le permite.

No se trata aquí de la crítica que se pueda hacer a la fundamentación de la sentencia del TEDH. La cuestión pertinente aquí es la relativa a la ejecución del fallo, que contiene varios pronunciamientos. Básicamente, para lo que aquí interesa, tres: a) el pago en el plazo de tres meses de una cantidad de 30.000 euros por "daño moral" a la etarra Del Río; b) el pago en el plazo de tres meses de 1.500 euros por los "gastos" tenidos en el procedimiento; y c) que "incumbe al Estado demandado asegurar la puesta en libertad de la demandante a la mayor brevedad".

El artículo 46.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) dispone: "Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes". Por tanto, de entrada, queda claro que España debe "acatar" la sentencia. Ahora bien, acatar no es ejecutar. Acatar es hacer, de buena fe, todo lo posible para dar cumplimiento a la sentencia. Es verdad que el artículo 46.2 del CEDH dice que "la sentencia definitiva del Tribunal se transmitirá al Comité de Ministros, que velará por su ejecución". Sin embargo, el artículo 41 dispone:

Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio (…) y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa.

O dicho de otro modo. El CEDH contempla como lícito que un Estado parte no pueda dar "perfecto" cumplimiento a una sentencia del TEDH, si bien ello no exime al Estado parte de comunicar al Comité de Ministros lo que ha hecho para dar cumplimiento a la sentencia en la medida de lo posible y justificar por qué no puede dar un cumplimiento "perfecto".

España debe acatar la sentencia y hacer lo que, de buena fe, el ordenamiento jurídico español permita para dar cumplimiento a la misma. Ahora bien, un examen del ordenamiento jurídico español revela, claramente, que las sentencias del TEDH no son ejecutivas en nuestro ordenamiento. Por cierto, conviene saber que no son ejecutivas en casi ningún ordenamiento de los Estados miembros del Consejo de Europa. El CEDH fue ratificado por España el 26 de septiembre de 1979 mediante el procedimiento previsto en el artículo 94.1 de la Constitución. No se utilizó el procedimiento previsto en el artículo 93 de la Constitución que permite transferir a una organización internacional (el Consejo de Europa) "el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución". En consecuencia, no se transfirió ninguna competencia de las que la Constitución establece para anular sentencias o leyes.

Por tanto, el Gobierno español deberá comunicar al Comité de Ministros del Consejo de Europa que procede a pagar a Inés del Río las cantidades establecidas por el TEDH (31.500 euros). Igualmente, dirá que comunicará a los jueces y fiscales esta sentencia. Pero también que no puede "asegurar la puesta en libertad de la demandante a la mayor brevedad".

Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional en Santiago de Compostela.

ESTRASBURGO DA UN BALÓN DE OXÍGENO A LA BANDA
ETA consigue la victoria que buscaba antes de iniciar su desarme
José María Olmo El Confidencial 22 Octubre 2013

El resultado de las deliberaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la doctrina Parot generó este lunes un gran revuelo, pero el fallo en contra de la ley española se daba por descontado. El Gobierno presentó un recurso en marzo contra un fallo anterior de Estrasburgo que ya tumbó la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero la Gran Sala del tribunal europeo ha confirmado ahora su primer dictamen utilizando los mismos argumentos: que el cómputo de las penas acuñado por el Supremo en 2006 que ha permitido prolongar la estancia en prisión de decenas de terroristas, violadores y otros asesinos en serie es contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos porque implica una revisión retroactiva de sus penas.

Fuentes gubernamentales consultadas por este diario aseguran que el Ejecutivo hará todo lo posible, especialmente a través del Ministerio Público, para retrasar la ejecución de este veredicto y tratar de evitar que se produzca una excarcelación en grupo de todos los criminales que encajan en el supuesto de la etarra Inés del Río, la autora de la denuncia que dio origen a este procedimiento. No obstante, las mismas fuentes admiten que la sentencia concede poco margen de maniobra a los tribunales españoles y reconocen que hay preocupación en Moncloa por el efecto que este proceso tan doloroso puede tener en la opinión pública.

La izquierda abertzale, extasiada por el veredicto
El fallo de Estrasburgo da un balón de oxígeno a ETA. Representantes de la izquierda abertzale comparecieron este lunes pocos minutos después de trascender el veredicto del tribunal para exigir la derogación automática de la doctrina Parot y que se libere inmediatamente a "todos los presos que han cumplido sus condenas". En varias concentraciones programadas por la mañana para esperar la sentencia, sus asistentes recibieron el resultado con gritos de "etxera euskal presoak", “los presos vascos a casa” en castellano. Rufi Etxeberria, el dirigente que asumió el liderazgo de la izquierda abertzale tras la encarcelación de Arnaldo Otegi, tampoco escondió que la resolución le ha hecho sentirse “muy contento”.

Lo cierto es que el triunfo para ETA y su entorno no tiene paliativos. Por un lado, la organización terrorista consigue que sus reivindicaciones resuenen con intensidad en la esfera internacional, una de sus aspiraciones tradicionales. Y por otro, logra lo más parecido a una amnistía que se haya producido nunca desde la ley de 1977, cumpliendo así otra de sus grandes metas históricas. La última decisión corresponde a los tribunales, pero el Ejecutivo asume que la revisión individual de cada uno de los casos (hasta 136 etarras podrían verse beneficiados, según cálculos del Ministerio del Interior) será un mero trámite. Conscientes de ello, los abogados de 56 reclusos de la banda ya han anunciado que presentarán en las próximas horas los recursos de revisión correspondientes ante la Audiencia Nacional para que sus clientes sean excarcelados cuanto antes.

El triunfo que buscaba ETA
La decisión del Alto Tribunal europeo también va a tener consecuencias en el proceso de disolución de ETA. Desde que la organización terrorista anunció en octubre de 2011 el cese definitivo de su actividad, el Ministerio del Interior y la mayoría de actores políticos han presionado a la cúpula de la banda para que desmantele todas sus estructuras y abandone las armas. Sin embargo, ETA se ha negado porque quería abordar esas cuestiones mediante una interlocución directa con el Gobierno, que no se ha producido. Fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por este diario afirmaban antes de este lunes que no manejaban ningún dato que hiciera presagiar una inminente entrega de armas. Pero el veredicto de Estrasburgo cambia el escenario, porque aunque ETA no ha arrancado ninguna concesión a Moncloa, sí ha conseguido el triunfo que necesitaba para pavonearse ante su militancia y plantearse nuevos pasos.

La otra consecuencia de la derogación de la doctrina Parot en el final de la organización terrorista afecta a su colectivo más numeroso. La verdadera ETA se encuentra en las cárceles, unos 600 militantes frente a la treintena que según las Fuerzas de Seguridad permanece aún en la clandestinidad. El llamado frente de makos (colectivo de reclusos) demandaba desde hacía tiempo a la cúpula de la organización un acuerdo urgente que facilitara su salida de la cárcel o su acercamiento a prisiones del País Vasco. Estrasburgo alivia ahora esa tensión acordando la excarcelación de decenas de históricos dirigentes etarras que protagonizaron la época de mayor actividad de la banda.

Los abogados Amaia Izko (i), Ainhoa Baglietto (c) y Alfonso Zenón (d), entre otros abogados de la etarra Inés del Río. (EFE)El éxtasis por el triunfo en Estrasburgo también sellará las grietas que se han abierto entre la banda y su brazo político. Desde que aterrizó en las instituciones vascas en mayo de 2011, Bildu se ha distanciado ligeramente de la ortodoxia abertzale para abrazar la vía posibilista, un movimiento tectónico que ha generado profundas discrepancias en la galaxia asociativa de la izquierda radical sobre el epitafio de ETA. Esas tensiones pasan ahora a un segundo lugar. Sin duda, la cúpula de la banda se siente más reforzada para continuar avanzando sin tener la sensación de que está perdiendo la iniciativa en el relato, el campo donde ahora se libra la guerra.

El Ejecutivo cede la responsabilidad a los tribunales
El Gobierno ha optado por acatar la sentencia y dejar toda la responsabilidad en manos de los tribunales. Estará con las víctimas del terrorismo y del resto de crímenes comunes castigados por la resolución de Estrasburgo para tratar de mitigar el efecto que la aplicación del dictamen puede tener entre su electorado. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, les ha prometido contundencia en la aplicación de la ley y, en el caso de ETA, que las Fuerzas de Seguridad del Estado actuarán para evitar actos de “enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas”. “El Gobierno de España ha estado y estará siempre a su lado. Sabemos lo que sienten. Y lo que sienten ellos lo sentimos también nosotros”, afirmó este lunes Fernández Díaz en presencia de la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), Mari Mar Blanco, y la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza.

Para Blanco, no hay ninguna duda de que “la sentencia de Estrasburgo es el coste del mal llamado proceso de paz”, el resultado del trabajo realizado por el juez que representa a España en el TEDH, Luis López Guerra, para tratar de convencer a sus colegas de que era necesario acabar con la doctrina Parot. “Pedimos altura de miras a los jueces y a todas las personas implicadas para que no se produzca una salida masiva de etarras. Es difícil de digerir. Es un disparate jurídico, político, ético y moral”, declaró la presidenta de la FVT.

Por su parte, Pedraza reclamó al Gobierno que no acate el fallo de Estrasburgo y le exigió que, en todo caso, evite la “imagen de un autobús de etarras” abandonando la cárcel. “Esperamos que dentro del marco legal se evite la salida masiva de etarras”, concluyó la presidenta de la AVT, que también dejó abierta la puerta a la convocatoria de manifestaciones para solicitar que todos los criminales afectados por el pronunciamiento continúen en prisión.

Inés del Río, su historia y el fallo de Estrasburgo
José Oneto www.republica.com 22 Octubre 2013

Cuando a las cinco y media de la madrugada del 15 al 16 de diciembre de 1987, un comando de los Geos (Grupo Especial de Operaciones) al mando del comandante Holgado, se disponía a entrar en el cuarto piso letra A, de la calle Río Ulla 8, en la zona de Ventas de Madrid, todos los mandos que seguían por teléfonos especiales, la operación montada después de meses de seguimiento, estaban convencidos de que detendrían al Comando Madrid, el más sanguinario de todos los de ETA, al completo.

Los servicios de información y vigilancia sabían que en ese piso estaban Cristina Arrizabalaga, María Teresa Rojo Paniego, Troitiño, Esteban Esteban Nieto, Inmaculada Noble Goicoechea, De Juana Chaos, e Inés del Rio Prada, alias “Pequeña “y “Nieves”. Cayó el comando completo pero no cayó, Inés del Río, una de las activistas más sanguinarias de la organización terrorista que, entre otros atentados, se sentía orgullosa de haber participado en la masacre de guardias civiles jóvenes de la Plaza República Argentina en Madrid

Para el comandante Holgado y para el comisario Juan Bautista Felices, el hombre que llevó a cabo la mayor parte de la investigación hasta encontrar el piso de Rio Ulla, y comprobar que, efectivamente el “gato ya estaba en la lata” (era la consigna para la intervención de los Geos ), fue una sorpresa no encontrar allí a Inés del Rio. La etarra que había huido días antes de Madrid, caería meses más tarde en una operación policial en Zaragoza, con una caravana de varias toneladas del explosivo amonal.

Condenada en España a 3.828 años de prisión por un total de 24 asesinatos, cometidos durante su participación en atentados tan cruentos como el de la plaza de República Dominicana de Madrid en el que fallecieron 12 guardias civiles, se le aplicó la llamada doctrina Parot, según la cual los beneficios penitenciarios se los aplicaron a cada una de las condenas y no a la pena máxima que, entonces según el Código Penal de 1973, eran de treinta años. De esta forma, Inés del Rio que debería haber salido hace cinco años de la prisión se le condenaba a estar encarcelada hasta 2017. Tras recurrir al Tribunal de Estrasburgo, los 17 magistrados, por unanimidad han considerado, este martes, para escándalo de un sector de la opinión pública española y, sobre todo para las víctimas del terrorismo, que esa resolución de los tribunales españoles vulneran el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a la libertad y a la igualdad). El tribunal de Estrasburgo confirma así, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo se aplicó de forma retroactiva y la Constitución española, en su artículo 9, prohíbe la retroactividad de las normas y, tal como ha sentenciado Estrasburgo, la Doctrina Parot atenta claramente contra ella.

“El tribunal estima que la demandante no podía prever que el Tribunal Supremo modificaría su jurisprudencia en febrero de 2005 ni que tal modificación le sería aplicada y supondría aplazar en casi nueve años la fecha de su puesta en libertad, del 2 de julio de 2008 al 27 de julio de 2017. Por lo tanto, la demandante ha cumplido una pena de prisión superior a la que tendría que haber cumplido según el sistema jurídico español en vigor en el momento de su condena. Por consiguiente, corresponde a las autoridades españolas garantizar su puesta en liberta en el plazo más breve posible”, señala la sentencia hecha pública este lunes en Estrasburgo.

Un auténtico insulto a las víctimas que no pueden entender como ha prevalecido el principio de la retroactividad, frente al criterio defendido por el abogado del Estado de España, de que no es lo mismo ser autor de un asesinato que de una veintena, algo que no puede comprender un Tribunal Internacional que no entiende el sufrimiento que ha supuesto para el país las matanzas terroristas a lo largo de más de medio siglo, ni tiene conocimiento del daño que el terrorismo ha hecho a la normalización democrática del país.

Con esa sentencia de Estrasburgo, se abre la puerta a la salida de más de medio centenar de dirigentes de ETA, muchos históricos y varios de ellos los más sanguinarios de la banda, así como a presos comunes a los que también se les ha aplicado la doctrina Parot.

España / Doctrina Parot
López Guerra consuma su traición
F. V. / C. C.. ESTRASBURGO/MADRID.LR 22 Octubre 2013

A favor de liberar a la etarra Inés del Río y, además, de indemnizar con 30.000 euros a la terrorista del «comando Madrid» por «daño moral». Ése fue el sentido del voto que ayer emitió Luis López Guerra, el único juez español de los 17 que componen la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. No fue una sorpresa. Todo lo contrario. Era la culminación de una traición a las víctimas del terrorismo que tuvo su primer episodio en julio de 2012, cuando el magistrado vinculado al PSOE ya votó a favor de la derogación de la «doctrina Parot». Pero en 2006, como informó LA RAZÓN en su edición de ayer, las actas de ETA ya reflejaban que el Gobierno socialista prometió a la banda «cambios en la Política-penitenciaria-Parot». Y un año después, el Ejecutivo socialista elegía de entre tres candidatos a López Guerra para el TEDH, que empezó a ejercer en febrero de 2008.

Junto a López Guerra, ayer votaron en el mismo sentido otros 14 magistrados. Y es que la votación principal, la que dirimía si se vulneró el artículo 7

del Convenio Europeo de Derecho Humanos de la sanguinaria pistolera, acabó con un rotundo 15-2, a favor de dar la razón a la terrorista.

Sólo dos magistrados, el británico Paul Mahoney y el bosnio Faris Vehahovic se oponen a la derogación de la medida penitenciaria. «No podemos compartir la opinión mayoritaria de la Gran Sala», comienza diciendo su voto particular, en el que entienden que se trata de un «caso extraordinario que puede preocupar por el trato dado al prisionero», pero en el que no consideran que la «sanción a la demandante se haya hecho más pesada por la impugnación», a pesar del «impacto muy significativo en el tiempo que tiene pasar en la cárcel» ante de que expire la sentencia. Además, señalan estos dos magistrados, «no estamos convencidos de que la diferencia entre el derecho automático a la reducción de la pena (por trabajos realizados en la cárcel) y la liberación condicional por buena conducta sea decisiva».

Además, pese a la condena a España, sobre la que no cabe recurso posible, otros siete magistrados se opusieron a que se indemnice a la etarra con 30.000 euros. A Paul Mahoney y Faris Vehahovic se sumaron Mark Villiger (Liechtenstein), Elisabeth Steiner (Austria), Ann Power-Forde (Irlanda), Paul Lemmens (Bélgica) y Valeriu Grito (Moldavia), que ponen de manifiesto en su voto particular que Del Río ha cometido asesinatos, tentativas de asesinato y lesiones de gravedad y «ha provocado numerosas víctimas». «Debido a las particularidades del caso y del contexto en el que se inscribe consideramos que no ha lugar a conceder a la interesada una suma económica a título de perjuicios morales», indican los cinco jueces.

Tertulia especial en 'Es la Mañana'
Portero: "El Gobierno quiere lavarse las manos como Pilatos"
El presidente de Dignidad y Justicia ha estado en una tertulia especial de Es la Mañana sobre las consecuencias de la sentencia de Estrasburgo.
esradio libertad digital 22 Octubre 2013

Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, ha participado en una tertulia especial de Es la Mañana de Federico, en esRadio, dedicada a la situación de ETA y a las consecuencias de la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. Junto a Federico Jiménez Losantos, Portero ha cargado contra la argumentación del Gobierno de que la responsabilidad ahora pasa en exclusiva a los jueces, tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En primer lugar, Portero ha recordado que hay treinta casos similares al de Inés del Río pendientes de resolución en Estrasburgo y, en su opinión, "hay que seguir el mismo proceso". "Hay que poner ahí a abogados del Estado" y "las víctimas tenemos que estar personadas", porque "es muy importante la clave emocional".

En segundo lugar, el presidente de Dignidad y Justicia ha apuntado que es "incierto" que Interior, como dijo este lunes Jorge Fernández Díaz, no tenga capacidad de maniobra. "Cuando ahora se recurra la prisión de los etarras" afectados por la doctrina Parot, "obligatoriamente la Audiencia Nacional y la Fiscalía tienen que pedir informes sobre el grado de cumplimiento de las condenas" e "Instituciones Penitenciarias lo tiene muy fácil, pues tendrá que decir si han redimido la pena o no".

"Tendrán que interpretar la sentencia de Inés del Río, pero cada caso es diferente", ha añadido Portero, para quien no hay duda de que "Interior se puede pringar". "Dicen que son los tribunales porque quiere lavarse las manos como Pilatos y decir 'el muerto es para ti'", ha reflexionado.

Portero, además, ha criticado duramente a los integrantes del tribunal de Estrasburgo tras recalcar que "no forma parte del ordenamiento jurídico español". "Hay que llamarle como se debe: es un tribunal de derechos inhumanos para algunos de nosotros", ha dicho Portero, antes de recalcar que "no es humano sacar a una sinvergüenza como ésta a la calle". El presidente de Dignidad y Justicia ha subrayado el papel del español López Guerra en el tribunal y se ha preguntado "por qué el Gobierno no lo recusó en su momento", si éste ya se había manifestado en contra de la doctrina Parot.

El presidente de Dignidad y Justicia ha reiterado que lo ocurrido es "una vergüenza" y "una ignominia" y ha dicho que quien quiera salir a la calle tendrá todo su apoyo. "Sí pediría que la manifestación se organizara de forma unida. Lo que puede pasar hoy es gravísimo", ha dicho en alusión a la puesta en libertad de Inés del Río. "Hoy la Audiencia Nacional se puede postular con los etarras".

En cuanto a los términos jurídicos del fallo y la obligatoriedad o no de cumplirla, Portero ha esgrimido los mismos argumentos que en LD expone el catedrático Carlos Ruiz Miguel: "No es lo mismo la pena que la ejecución de la condena". Su asociación, por su parte, seguirá luchando en los tribunales, ha prometido.

Con él, ha estado en la tertulia de Es la Mañana el periodista de El Mundo especializado en ETA Fernando Lázaro, para quien el fallo "nos va a llevar a reescribir toda la historia de ETA". "Hemos perdido dos veces la batalla. Vamos a ver cómo salen de la cárcel y cómo reescriben la historia", ha lamentado.

'Doctrina Parot'
Mari Mar Blanco: 'La sentencia es el coste del mal llamado proceso de paz'
Pide "altura de miras" a la Audiencia Nacional para evitar una salida masiva de presos
Europa Press www.lavozlibre.com 22 Octubre 2013

Madrid.- La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, ha denunciado este lunes que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contraria a la 'doctrina Parot' es "el coste del mal llamado proceso de paz" puesto en marcha durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

Blanco, junto a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, se ha reunido esta tarde con los ministros de Interior y Justicia, Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz Gallardón, para analizar las consecuencias de la decisión de Estrasburgo avalando la sentencia que condena a España por la aplicación de la 'doctrina Parot' a la etarra Inés del Río. La hermana del concejal del PP Miguel Ángel Blanco asesinado por ETA en 1997 ha arremetido contra la negociación con ETA emprendida por el Ejecutivo de Zapatero y ha asegurado que la derogación de la 'doctrina Parot' estaba en la "hoja de ruta" de ese proceso de paz.

En este marco, tanto Blanco como Pedraza han coincidido en que el magistrado español en el TEDH, José Luis López Guerra, "ha cumplido perfectamente su papel". López Guerra fue secretario de Estado de Justicia entre 2004 y 2007 y ha votado a favor de la derogación de la 'doctrina Parot' en Estrasburgo. Ambas han trasladado a los ministros de Interior y Justicia su malestar por la presencia del ex secretario de Estado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero el Gobierno les ha trasladado que no es posible su relevo porque aún le queda "un año y medio" de mandato.

"Yo ya sólo espero que a partir de hoy, él y todos los que han participado en esta decisión no puedan dormir tranquilos. Han hecho tanto daño que no lo pagarán en toda su vida", ha afirmado Pedraza. En este punto, han celebrado que la sentencia no sea "generalizada" y cada preso que quiera acogerse a ella deba presentar su recurso uno a uno. Así, han pedido "altura de miras" a la Audiencia Nacional para evitar una salida masiva de presos. "No podemos ver un autobús de salida de presos", ha dejado claro Pedraza.

DISPARATE POLÍTICO, JURÍDICO, ÉTICO Y MORAL
Blanco, que ha calificado la decisión de Estrasburgo de "disparate político, jurídico, ético y moral", ha reconocido que es un día "muy complicado" para las víctimas, a quienes sólo queda la esperanza de la justicia después de "enterrar" a sus familiares. Mientras, la presidenta de la AVT ha trasladado a los ministros su petición de que el Gobierno no acate la sentencia, pero los miembros del Ejecutivo le han transmitido que los pasos a seguir están ahora en manos de la Audiencia Nacional.

Lo que sí depende del Gobierno es la "agilización" de la implantación de la prisión permanente revisable, algo que Gallardón ha asegurado que se hará. Según han reconocido, en el encuentro no han abordado la posibilidad de "ingeniería jurídica", como Fernández Díaz llamó a los mecanismos para dilatar su aplicación, pero sí han insistido en que, dentro del marco legal existente, se evite una salida masiva de presos. Además, el Gobierno les ha asegurado que ya existen órdenes para actuar contra cualquier caso de enaltecimiento del terrorismo que pudiera darse, aunque han advertido que estarán "vigilantes" para que todas estas acciones sean prohibidas y recurridas.

Terrorismo
El 'proceso de paz' de Zapatero... y Rajoy
Cayetano González Libertad Digital 22 Octubre 2013

La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo de cargarse la conocida como Doctrina Parot hay que analizarla y enmarcarla dentro de un contexto más amplio que el de una simple resolución judicial. Ese contexto no es otro que el del mal llamado "proceso de paz" que puso en marcha Zapatero nada más llegar a La Moncloa en el 2004 y que Rajoy no solo heredó en el 2011, sino que no ha hecho nada para modificar la hoja de ruta pactada con ETA por su antecesor. Porque en esta materia, no hacer nada es de hecho hacer mucho.

Ese "proceso de paz", por mucho que se empeñen unos y otros –es decir, el PSOE y los palmeros del actual Gobierno del PP–, está más vivo que nunca. Un día, el Tribunal Constitucional legaliza a Sortu; otro, el Gobierno del PP pone en libertad al torturador/secuestrador de Ortega Lara Josu Uribetxeberria Bolinaga; el de mas allá se conceden permisos penitenciarios a etarras tan sanguinarios como Valentín Lasarte; el de más acá nos desayunamos con la sentencia del caso Faisán, en la que se consagra la sólida doctrina jurídica de que el hecho de que dos policías, siguiendo instrucciones de sus mandos políticos, den un chivatazo a unos terroristas de ETA para que huyan porque van a ser detenidos no es un delito de colaboración con banda armada sino sólo de revelación de secretos oficiales. Y ahora la derogación de la Doctrina Parot, con la consiguiente puesta en libertad de hasta casi 140 miembros de ETA.

Ayer, en esa entrevista tan agresiva a la que le sometió la periodista Ana Pastor –pareja del íntimo amigo del entrevistado Antonio García Ferreras, que es a su vez director de la cadena donde se llevó a cabo el interrogatorio, es decir, que todo queda en casa y en familia–, Zapatero dijo: "La democracia derrotó a ETA con la autoridad de la democracia". Esto, aparte de ser una solemne memez, es sobre todo una gran falsedad.

La ETA de los comandos ha sido derrotada por el trabajo abnegado durante muchos años de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. La ETA política está más fuerte que nunca, y quien niegue esta realidad es un ciego o un mentiroso. ETA es la segunda fuerza política en el Parlamento vasco, gobierna la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de San Sebastián y un buen número de consistorios en el País Vasco y en Navarra. Y en el Congreso de los Diputados, a través de la coalición Amaiur, tiene siete escaños.
Fernández Díaz y el raca-raca zapateril

El melifluo ministro del Interior, y amigo de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, en un día tan triste para todos los españoles que siempre han estado junto a las víctimas del terrorismo y luchando por la libertad, no ha tenido otra idea mejor que insistir, en su lacrimosa comparecencia junto al ministro de Justicia, en ese raca-raca zapateril de que "ETA fue derrotada por el Estado de Derecho y por los demócratas". El mismo Fernández Díaz que hace quince meses impulsó –¿de acuerdo con la opinión y el consejo de algún conocido obispo vasco?– la liberación de Bolinaga bajo el argumento de que si no lo hacía estaría prevaricando, ya que el etarra tenía un cáncer terminal y el pobrecito no podía ser tratado del mismo en la cárcel. Han pasado, insisto, quince meses, y Bolinaga sigue vivito, coleando y tomando potes en Mondragón.

Muchos de los males que asuelan España tienen su origen en las políticas suicidas de Zapatero, tanto con su apoyo a la reforma del estatuto de Cataluña como con la negociación política que llevó a cabo con ETA. Cuestiones, por cierto, que están mucho mas interrelacionadas entre sí de lo que nuestros dirigentes políticos creen. ¿O es que alguien piensa que el pacto de ETA con Carod Rovira en Perpignan en enero de 2004 fue a beneficio de inventario?

Pero, siendo cierto que de esos polvos vienen estos lodos, el actual Gobierno del PP y especialmente su presidente no han hecho nada por variar, por modificar ese estado de cosas. Por lo tanto, y en lo que se refiere a los efectos que va a tener la derogación de la Doctrina Parot, sobran muchos rasgamientos de vestiduras en el Ejecutivo.
Liberar a Otegi

Si el Gobierno de Rajoy quiere ser firme, como dice el ministro del Interior, en la lucha antiterrorista y respetar la Memoria y la Dignidad de las víctimas del terrorismo, tiene dos bancos de pruebas para demostrarlo: que active el mecanismo para que Bolinaga vuelva a la cárcel y que eche a ETA de las instituciones, iniciando el proceso para, de acuerdo con la todavía vigente Ley de Partidos, ilegalizar las diferentes marcas de la banda terrorista. Motivos más que sobrados han dado para ello. Mientras no hagan eso, absténganse, señores del Gobierno, de aparentar algo que no sienten y, sobre todo, de hacer como que hacen algo.

Todavía veremos cosas que, como le dijo en su momento Pilar Ruiz Albizu, la madre de los Pagazaurtundua, a Patxi López, "nos helarán la sangre". Veremos cómo este Gobierno o el siguiente libera al líder natural de la denominada "izquierda abertzale", Arnaldo Otegi, actualmente en prisión, para que sea el próximo lehendakari, en un Gobierno con el PNV o, como ya ha planteado el negociador Eguiguren, con el propio PSE.

En definitiva, el "proceso de paz" está muy vivo y cada vez más fuerte. Enhorabuena a José Luis Rodríguez Zapatero y, por la parte que le toca, a Mariano Rajoy Brey. Y mi más sincero pésame y solidaridad a todas las víctimas del terrorismo y a todos los españoles que en un día como hoy sienten –sentimos– asco y rabia ante tanta indignidad.

Un compromiso con ETA que Rajoy no debe asumir
EDITORIAL Libertad Digital 22 Octubre 2013

Que la derogación de la encomiable Doctrina Parot fue uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Zapatero con ETA es algo que en Libertad Digital hemos venido denunciando desde que en 2006 la obediente Fiscalía General del Estado se alineó públicamente con la defensa de ese sanguinario etarra y el PSOE lanzó una campaña sin precedentes contra el entonces presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, por asentarla.

La publicación, años después, de unas actas de ETA incautadas en Francia no vino sino a confirmar en su literalidad el repugnante grado de colaboracionismo al que llegaron los representantes del Gobierno ante la banda terrorista, entre los que estaba el actual vocal del Consejo General del Poder Judicial Manuel Gómez Benítez, al que se atribuye esta frase terrible: "No tenéis ni idea de la pelea que tenemos para modificar esa doctrina (...) si no hubiera más remedio habría que cambiar las leyes".

Que el Gobierno de Zapatero creyó poder encontrar en Estrasburgo un medio de acabar con la Parot sin tener que asumir el coste político de "cambiar las leyes" en beneficio de los etarras también fue público y notorio desde que en 2007 decidió proponer al hasta entonces secretario de Estado de Justicia, el socialista Luis López Guerra, como magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. López Guerra, que había sido uno de los agitadores de la campaña contra el presidente del Supremo, logró convencer a muchos de sus compañeros en Estrasburgo de que la Doctrina Parot suponía la aplicación retroactiva de un cambio legislativo en perjuicio de presos condenados con anterioridad al mismo.

Por el contrario, en Libertad Digital siempre hemos considerado, tal y como el Tribunal Constitucional vino a ratificar tiempo después, que lo que hizo el Supremo en 2006 no fue modificar sino aclarar cómo debía aplicarse la reducción de penas por beneficios penitenciarios (trabajo, estudios, etc.) a la luz del Código Penal de 1973, informando -que no instaurando- de que las redenciones por beneficios penitenciarios que se aplicasen a un penado se debían realizar sobre el total de las condenas y no sobre el límite máximo de cumplimiento, de 30 años.

El caso es que la labor de López Guerra resultó fructífera y logró la condena de España por la aplicación de la Doctrina Parot en el caso de la sanguinaria etarra Inés del Río en 2011, fallo que el Tribunal de Estrasburgo acaba de ratificar.

Salvo que haya esperado a saber hoy por La Razón que el PSOE de Zapatero colocó a López Guerra tras pactar con ETA la derogación la Doctrina Parot, no se entiende que el Ejecutivo no haya hecho más por poner fin a este compromiso con ETA, esta clamorosa injusticia y esta ofensa a las víctimas de los más salvajes criminales.

No queremos criticar a los compañeros de La Razón por su recordatorio, ni cuestionar el sólido recurso jurídico en defensa de la Doctrina Parot presentado por la Abogacía del Estado. Pero es evidente que hacer realidad el compromiso con ETA y convencer de la justicia de algo tan injusto como que un asesinato tenga el mismo reproche penal que veinte constituía una conocida campaña política dirigida a magistrados designados políticamente por los Estados europeos que el PSOE había iniciado hacía muchos años. Y el Gobierno de Rajoy podía y debía haberla contrarrestado políticamente y no sólo desde la juridicidad de un recurso.

De todas formas, y salvo que Rajoy haga suyos, también en esto, los compromisos de la paz sucia de Zapatero, la injusta sentencia del Tribunal de Estrasburgo no tiene por qué traducirse en una masiva excarcelación de etarras y demás asesinos múltiples: al margen de la controversia sobre la obligación de acatar esta sentencia en el caso de la etarra Inés de Rio, nada en nuestro ordenamiento jurídico, ni en la propia sentencia del Tribunal de Estrasburgo, obliga a una aplicación automática de la misma a otros casos.

Esperemos que sea verdad lo que han afirmado al alimón los ministros de Justicia y de Interior acerca de que cada caso será visto de "manera individualizada" por los tribunales. En caso contrario, habremos asistido a otro hipócrita homenaje que el vicio rinde a la virtud tan falso como aquel que los mismos personajes protagonizaron al afirmar que la excarcelación de Bolinaga era un "imperativo legal", o como el que protagonizó Rajoy al considerar que la permanencia de los proetarras en las instituciones no constituye una concesión a la banda terrorista.


Tal cual. Tan brutal

Kiko Méndez-Monasterio www.gaceta.es 22 Octubre 2013

Un atentado de Inés del Río fue aplaudido en la sede del Partido Socialista de Barcelona

Consumada la infamia de Estrasburgo, queda todavía el penoso recorrido de su aplicación, contemplar la euforia bestial de los criminales y las reacciones pacatas de lo gubernamental, que toda su contundencia y determinación la guardan para la Agencia Tributaria. Qué coincidencia que la anulación de esa doctrina judicial fuera una de las exigencias de ETA en sus negociaciones con Rodríguez Zapatero, y qué equivocados –o malévolos– todos los que hacen una lectura jurídica y técnica de la sentencia, que refugiarse en el principio de irretroactividad de las leyes penales es tirarle piedras al proceso de Núremberg. La analogía es adecuada, porque en aquel juicio había vencedores y vencidos, y es exactamente lo que quieren evitar aquellos que han diseñado un fin político para ETA, una amnistía –real y moral– que les capacite luego para sumarles a la enésima edición del Frente Popular.

Juan Carlos Girauta fue testigo directo de cómo un atentado de los que cometió Inés del Río –asesinando a tres militares– fue aplaudido en la sede del Partido Socialista de Barcelona, es decir, en la sede del partido de quien entonces era el ministro de Defensa. Tal cual. Tan brutal. Pero son verdades que no se repiten mucho, y no porque moleste a los socialistas, sino porque la derecha política no quiere ni acordarse de aquello, llevan treinta años convenciéndose de que en el fondo están enamorados del violador, hasta ese punto les ha contaminado el síndrome de Estocolmo. Ahora se toman relaxing cup of café con leche junto a los de Bildu, y dicen que allí también hay demócratas con una ilusión pueril, muy degradante. A la vez, dos ministros tratan de contar a los electores que si por ellos fuera los etarras se pudrirían en la cárcel, en lo que puede ser una astuta estratagema para matar de risa a Bolinaga.

Por lo demás, hoy hace un día estupendo. Por la tarde juega el Barça y mañana el Madrid; hay que ver si los de Ancelotti consiguen despertar por fin, y esperan en el Bernabéu que Bale –ese jugador tan parecido al novio de Barbie– esté del todo recuperado; el viernes regresó Belén Esteban a la tele –me han dicho que está un poco gruesa–, y la Bolsa sigue luchando por mantener los diez mil. Todo marcha. Opinar sobre actualidad política es una forma absurda de flagelarse. Estoy pensando en actividades más provechosas, como escribir cartas a mi banco. Querido Emilio: me pregunto si es posible que me hagas llegar algo de todo ese dinero que está entrando a España, que ya te debe faltar sitio donde guardarlo, y a mí me sobra. Un abrazo.

CUANDO MATAR SALE BARATO
La otra sentencia de Estrasburgo
José Javaloyes www.republica.com 22 Octubre 2013

Como si el nazi-sovietismo de fondo que bullía en los asesinos etarras beneficiados por el desguace en el Tribunal de Estrasburgo de la Doctrina Parot – en cuya virtud permanecen aun en prisión los más conspicuos en inhumanidad y barbarie, y con ellos las cumbres de la más extraordinaria delincuencia común en España – no pareciera premiado por esta sentencia que tiene a España poco menos que anonadada, y en vilo a las víctimas de ese yihadismo nacionalista; como si valiera una cosa para compensar la otra, los mismos magistrados de ese tribunal se han dejado caer con otra sentencia contra las autoridades rusas de ahora por el suceso genocida soviético de hace 73 años en los bosques de Katin, dónde fueron pasados por los armas en unidad de acto, como dicen los notarios, los componentes de las élites militar y civil de la nación polaca.

Con ello, sin quererlo, esos jueces de Estrasburgo se han puesto en evidencia por su capacidad de saltar por encima de las circunstancias históricas y políticas correspondientes a cada uno de los casos. Como si el tema de la no retroactividad de la ley – con la que el Tribunal de Estrasburgo ha palanqueado contra la justicia debida a las víctimas del terrorismo etarra, y a las de la delincuencia común de rango excepcional – no fuera una categoría jurídica medularmente afectada por el cambio en el devenir de las propias circunstancias sociales, políticas e históricas.

Al igual que para los compromisos – internacionales o no – rige el principio, la obligación, de que deben ser observados, cumplidos (“pacta sunt servanda”), en ese mismo orden de cosas opera la claúsula condicional referida al imperio del cambio, de la permanencia o no permanencia de las realidades (“rebus sic stantibus”) que dieron sentido en su momento a que se contrajera tal compromiso.

Los jueces de Estrasburgo han sido doblemente ajenos a la realidad y pulsión histórica de lo equitativo y justo en las dos resoluciones a que se refiere esta nota. El largo y cruel episodio del “yihadismo” nacionalista en España, los 40 años de crímenes etarras, ha sido una realidad – materialmente reducida por el Estado pero formalmente aún en curso, porque no se ha producido la entrega de su bagaje instrumental para la muerte y la extorsión – atípica y al margen de las condiciones en las que cursa el garantismo extremo propio de los derechos humanos en la entera gama de su ejercicio y reconocimiento.

Desde el limbo de Estrasburgo, el mismo Tribunal que ha pasado como una apisonadora sobre la “Doctrina Parot” ha viajado procesalmente con la máquina del tiempo para resucitar el genocidio estaliniano de los bosques de Katyn, que el régimen soviético atribuyó mientras se tuvo en pie al régimen hitleriano. Y lo ha hecho con ignorancia sistemática de la circunstancia política española de 45 años marcada a fuego por el terrorismo nacionalista de Eta (con su sucedáneo catalanista de Terra Lliure) y de los 73 años transcurridos desde el genocidio soviético de Katyn. El muy humano derecho del pueblo español a disponer de su paz democrática votada en la Constitución de 1978, defendido con la ley en la mano por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, ha sido despreciado y ofendido por esos jueces de Estrasburgo, adornados, entre otros atributos, por una competencia profesional y una sensibilidad histórica manifiestamente mejorables.

No es obligatorio cumplir el fallo de Estrasburgo
Jose Javier Esparza www.gaceta.es 22 Octubre 2013

España no está obligada a cumplir la sentencia su su ordenamiento jurídico no se lo permite.

El convenio que regula la sujeción española al tribunal europeo de derechos humanos no consagra a este último como instancia judicial suprema. El convenio dice expresamente –artículo 41- que “si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa”. Esto supone que el convenio acepta, de entrada, que los fallos de Estrasburgo no sean aplicados por contradicción con el derecho de cada país. Carlos Ruiz Miguel lo ha explicado muy bien: “España está obligada a hacer todo lo que su ordenamiento le permita hacer para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero no a lo que el ordenamiento jurídico español no le permite”.

Otros países europeos, en circunstancias semejantes, han optado por no cumplir todos los fallos. Es el caso del Reino Unido, que argumentó en su día que eludía el cumplimiento de ciertas sentencias estrasburguesas en nombre del interés general de la nación. Cierto que ese interés general puede prestarse a controversias, pero no debe ser así cuando estamos hablando de estados de derecho consagrados por muchos años de imperio de la ley, como es el caso de España.

Si a pesar de todo esto el Gobierno español insiste en aceptar a pies juntillas la emanación de Estrasburgo, no habrá más remedio que pensar que el ejecutivo de Rajoy contaba de antemano con hacerlo, que esa precisamente es su política –no sólo la de Zapatero- y que la excarcelación de etarras forma parte de los compromisos contraídos por Rajoy y nunca revelados a sus votantes.

El Ejecutivo tiene una escapatoria digna para no acatar la sentencia
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com 22 Octubre 2013

La doctrina Parot cubría una necesidad jurídica en España. Si se acepta sin más la sentencia europea a favor de una asesina de ETA se dará un paso hacia la victoria política de la banda.

El Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, tiene en sus manos todas las decisiones sobre la cuestión política del momento. Porque la Gran Sala del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos no es un órgano jurisdiccional puro sino una institución internacional creada por un tratado diplomático, y nadie puede esconderse hoy detrás de la palabrería del "respeto a la independencia de los jueces". Tras una sentencia política, que ha suscitado comentarios políticos, España ha de dejar políticamente clara su decisión. Y el Gobierno ha de explicarla.

El TEDH de Estrasburgo ha sancionado a España por aplicar la doctrina Parot a la etarra Inés del Río Prada, condenada en España a 3.828 años de prisión por un total de 24 asesinatos que incluyen el del comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas y atentados como el de la plaza de República Dominicana de Madrid, en el que fallecieron otros 12 guardias civiles. Si se conceden a la asesina todos los beneficios penales imaginables –los que desde Henri Parot no se aplican a los criminales más peligrosos-, terminará cumpliendo menos de 25 años de cárcel por dos docenas de muertos y muchas más víctimas, y encima le pagarán un dinerito con fondos públicos. Ni tan mal.

Peor aún, si el Estado acepta esta imposición exterior, el mismo criterio aplicado a todos los terroristas, asesinos y violadores cumpliendo pena en España pondrá de inmediato en la calle a más de una cuarta parte de los mismos. En todos los casos, la pena cumplida será completamente ridícula en proporción a la pena impuesta y más considerando la muerte y el dolor causados. Más aún si tenemos presente que hablamos de miembros de una banda terrorista que sigue existiendo, que no se ha disuelto, que sigue armada y pidiendo la independencia y que ellos ni se han arrepentido de sus delitos ni de pertenecer a ETA.

Que la aplicación por el tribunal de Dean Spielmann del Convenio Europeo de Derechos Humanos es política nos lo demuestran los nombres de quienes quieren que la resolución se acepte sin más como si fuese una sentencia. De entre los comunistas de IU, Gaspar Llamazares quiere aplicar la resolución "sin subterfugios" y el diputado Alberto Garzón la llamó en Twitter "buena noticia". En el PNV el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, valoró "positivamente" la cosa y colocó los Derechos Humanos "por encima de lo demás". Tampoco explicó dónde deja los derechos de las víctimas, pero no suele hacerlo. Y esos derechos no importan nada, y nunca han importado nada, a los más felices de todos, a los que se sienten triunfadores con esta resolución. Bildu, Sortu, su ahora líder Hasier Arraiz, Pernando Barrena, Pello Urizar, la secretaria general de LAB Ainhoa Etxaide y el grupo habitual ya están por las calles coreando "Euskal presoak, etxera". Faltaría, para terminar, su no menos clásico "Gora ETA militarra" .

Los ministros de Interior y de Justicia, Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz-Gallardón, han dicho que el Gobierno "velará de manera muy especial por que no se produzcan ni enaltecimiento del terrorismo ni humillación de las víctimas". No ha quedado claro qué quieren decir. Les falta recordar en público un hecho jurídicamente irrebatible: la asesina Inés del Río fue condenada en todas las instancias por los tribunales de un Estado soberano, el español; aceptar o no una decisión exterior es rasgo propio de esa soberanía. No es una fatalidad inevitable, sino una decisión. Hay precedentes en los que un país, en ejercicio y defensa de su soberanía, recuerda que ésta está por encima de sus tratados con otros países.

Se equivoca de punta a cabo la socialista vasca Idoia Mendia diciendo que "son las reglas del juego que nos dimos y tenemos en la democracia". No es así: en democracia lo que se afirma es que el pueblo español es el sujeto soberano, que no lo son ni sus partes ni los políticos ni las instituciones internacionales a las que pertenezca. Por eso se puede hacer, y es una salida posible tanto legal como políticamente, lo que pide el presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz: Mariano Rajoy, en ejercicio del poder ejecutivo de esta democracia, y si quiere con el respaldo absoluto del legislativo, puede no cumplir esta resolución de Estrasburgo en nombre de la soberanía nacional de España. Si por el contrario se acata y se cumple será también signo de una decisión política del Gobierno, en la dirección contraria. Lo que no es, diga lo que quiera el ministro del Interior, es un mal inevitable.

Terrorismo y nacionalismo
De la Doctrina Parot a la Doctrina Carod
Pablo Planas Libertad Digital 22 Octubre 2013

A los efectos de encajar el fallo del Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH) sobre la denominada Doctrina Parot, el nacionalismo catalán carece de un discurso propio y se ciñe a lo que digan y dispongan el PNV y la "izquierda abertzale". Siempre ha sido así, ni CiU ni ERC se han apartado nunca un centímetro de la ortodoxia de sus homólogos en el País Vasco. No es que el terrorismo les fuera ajeno o un fenómeno identitario extraño a la agenda catalana. Para nada. En Barcelona, precisamente, se cometió el atentado de Hipercor, hace poco más de 25 años, con 21 muertos y más de cuerenta heridos. Poco antes, en una asamblea de la banda se había decidido que lo del tiro en la nuca estaba muy visto y que había que "socializar" el sufrimiento, o alguna cosa por el estilo. El primer test lo hicieron en la capital catalana y les salió tan bien que se establecieron en Cataluña. Les gustó la zona, vaya.

En Vic, por ejemplo, Eta soltó un coche bomba en la casa cuartel de la Guardia Civil que mató a diez personas, cinco de ellas niños. En Sabadell, la misma banda y con el mismo procedimiento del coche bomba activado a distancia asesinó a seis policías de una tacada. Y a otros dos en Barcelona. Y a dos músicos militares en las cercanías del cuartel de la parte alta de la Diagonal. Y a dos concejales del PP (Ruiz Casado y Consuegra Cano se apellidaban). Y a Ernest Lluch, al que los terroristas mataron en el garaje de su casa de Barcelona. Lluch, que pensaba que se podía razonar hasta con ellos. Y a un mosso d'Esquadra, Santos Santamaría, que pasaba por allí en Figueras, como al guarda urbano Gervilla, que dio el alto al coche inadecuado en Barcelona. Y a muchos más.

Fueron los tiempos del comando Barcelona, una sucesión de células criminales que llegó a contar con exmiembros de Terra Lliure, con pacíficos okupas que daban cobijo a los gudaris en una ciudad que no tenía nada que ver ni con Rentería ni mucho menos con Madrid. ¡Por favor! Y hasta el hijo de un comisario de la Policía Nacional se metió en eso. Eta disponía de algunas complicidades en Cataluña y, por lo demás, al terrorismo etarra siempre se le dieron mejor los partidos fuera de casa, en Madrid, en Santander, en Valencia, en Andalucía o en Cataluña. En el caso catalán no sólo se podría hacer una ruta con las huellas de lo que fue aquello. Al último comando Barcelona se le incautó documentación sobre sus próximos objetivos; tan abundante que se ahorraba tiempo diciendo a quién no incluía, sobre todo en el sector de los políticos no nacionalistas.

Eso pasaba, lo de los marcajes, hasta cuando Josep Lluís Carod-Rovira pactó con Eta una tregua sólo para Cataluña. ¿Se acuerdan? No hacía ni un par de meses que se había formado el primer Tripartito, a caballo entre 2003 y 2004. ERC había entrado en el Gobierno catalán y un fin de semana que Maragall estaba fuera Carod-Rovira se vio como molt honorable en funciones y se largó a Perpiñán en coche oficial a parlamentar con los terroristas; en plan: escolta nen, que nosotros tampoco somos españoles. Josu (Ternera) se rascó la cabeza y debió de decir algo así como: "¿Qué me estás diciendo? Haber empezado por ahí". Hay una foto que lo resume todo, dos encapuchados con boina y una estelada sobre la mesa. Sí, la misma bandera que ahora está tan de moda. Aquello se entendió como todo un logro, a pesar de que Eta aclaró al poco que la pax catalana no incluía a los funcionarios, políticos y españolazos en general residentes en Cataluña. Temían que se convirtiera en un refugio y se les pudiera ir de rositas algún enemigo del pueblo vasco.

¡Cómo pasa el tiempo! Diez años después de todo aquello, ERC vuelve a gobernar en Cataluña (porque gobierna en lugar de Artur Mas) y los nacionalistas vascos envidian el proceso catalán hasta el punto de que la Esquerra marca la agenda separatista en el País Vasco. Pero como todo tiene unos límites, el terrorismo es cosa de los socios vascos y se está a la espera de lo que diga Otegi. El caso es que, mientras que la Doctrina Parot ha sido derogada, la Doctrina Carod sigue vigente.

SAL EN LAS HERIDAS
La izquierda levanta ampollas con su defensa de los derechos etarras
El Semanal Digital 22 Octubre 2013

La decisión europea de dar la razón a la terrorista Del Río contra de la Doctrina Parot ha desatado un río de indignación en parte de la sociedad mientras otra aplaudía la polémica sentencia

Escasos minutos después de conocerse que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) daba la razón a la etarra Inés del Río en contra la Doctrina Parot, la sociedad española era un hervidero de indignación. Mientras las asociaciones de víctimas de terrorismo se apresuraban a pedir insumisión al Gobierno y muchos ciudadanos alzaban la voz contra la decisión europea que puede dejar en la calle no solo a terroristas, sino también a violadores, la izquierda aplaudía la decisión levantando ampollas y no poca incredulidad a su alrededor.

Liderados por el diputado de IU Alberto Garzón, que no tardó en tildar a través de Twitter de "buena noticia" que el TEDH reafirmara la condena a España "por violar los derechos en la Doctrina Parot" muchos internautas se mostraron a favor de los derechos humanos de etarras y violadores despertando las iras de no pocos tuiteros. De hecho, lo de Garzón fue tan lejos que incluso llegó a denunciar insultos y amenazas de muerte en su contra por parte de otros internautas.

Su compañero de filas y portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, fue aún más lejos y consideró que la decisión del Tribunal de Estrasburgo de "echar por tierra" la Doctrina Parot es un "varapalo" que "avergüenza" a las instituciones democráticas españolas y da argumentos "victimistas" a los terroristas y sus "amigos", por lo que pidió aplicar la sentencias "sin subterfugios". Así lo aseguró en rueda de prensa en el Congreso Llamazares tras conocerse el fallo del TEDH, que ratificado la condena a España por aplicar la Parot a la etarra Inés del Río, condenada en España a 3.828 años de prisión por un total de 24 asesinatos y su participación en atentados como el de la plaza de República Dominicana de Madrid en el que fallecieron 12 guardias civiles.

Algo más tibia pero en la misma línea se mostró la portavoz del PSEE-EE, Idoia Mendia, que aunque reconoció que la posible excarcelación de Inés del Río y de otros presos a los que pueda afectar la sentencia puede generar "alarma social" y "causar dolor" en las víctimas y sus familiares, añadió que "son las reglas del juego que nos dimos y tenemos en la democracia".

Por su parte, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, valoró "positivamente" la sentencia por la que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ratifica que la Doctrina Parot vulnera la Convención de Derechos Humanos en la aplicación retroactiva de esa interpretación del Código Penal. En una rueda de prensa en Vitoria, el también consejero vasco de Justicia elogió la sentencia porque ensalza los derechos humanos "por encima de lo demás", incluso de "cualquier conveniencia política", y porque respalda la postura del Ejecutivo autonómico, crítica con esta interpretación de la ley.

El Gobierno trata de calmar a las víctimas
En cuanto a la reacción del Gobierno, tras conocer la sentencia ha señalado que corresponde a la Audiencia Nacional decidir el alcance de ese fallo y si afecta a otros etarras que continúan en prisión por la aplicación de esa doctrina.

En cualquier caso, ha advertido de que las posibles excarcelaciones de terroristas que se vayan a producir como consecuencia de ello "en ningún caso" van a suponer "impunidad", por lo que el Ejecutivo "velará de manera muy especial por que no se produzcan ni enaltecimiento del terrorismo ni humillación de las víctimas".

Así lo han declarado en rueda de prensa los ministros de Interior y de Justicia, Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz-Gallardón, respectivamente, en rueda de prensa para valorar la sentencia del tribunal europeo.

Ruiz-Gallardón ha subrayado que "es al tribunal sentenciador a quien corresponde establecer cómo aplicará la sentencia", si bien ha recalcado que en cada caso la Fiscalía realizará un "estudio profundo sobre la conveniencia de la aplicación de la sentencia".

Por su parte, Fernández Díaz ha subrayado que si el fallo del Tribunal de Estrasburgo conllevara "eventuales excarcelaciones", el Gobierno "velará por el cumplimiento de la ley", y especialmente para que "no se produzcan ni enaltecimiento del terrorismo ni humillación de las víctimas". "En ningún caso va a suponer impunidad", ha afirmado.

España / Doctrina Parot
«Se ha quebrado el Estado de Derecho»
Rodrigo Pinedo. La Razón 22 Octubre 2013

«Esta asesina estará en libertad. Inés del Río Prada. Asesinó a 23 personas, entre ellas 12 guardias civiles. Condenada a 3.826 años de prisión. Le quedaban varios años en la cárcel». Éste es cartel que ayer portaban algunas de sus víctimas en la rueda de prensa convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo con motivo de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la «doctrina Parot». Compartían escenario con las víctimas de otros etarras como Troitiño o el propio Henri Parot y, sobre todo, compartían la indignación por una resolución que, en palabras de la presidenta de la asociación, Ángeles Pedraza, supone la quiebra del Estado de Derecho. «Para nosotros, hoy –por ayer– en España se ha quebrado el Estado de Derecho. Creemos que la democracia ha sido derrotada y ha sido derrotada por culpa de políticos que han cedido ante los terroristas, que han antepuesto ese mal llamado plan de paz a la vida de los asesinados de ETA», explicó Pedraza.

En esta línea, denunció que no se habría llegado a esta situación «si los políticos hubieran hecho bien los deberes», ya que Estrasburgo «habría entendido que ETA no son separatistas, sino que son asesinos». «Que no hubieran enviado a Estrasburgo a un juez que estaba de acuerdo con la derogación de la "doctrina Parot"; que no hubieran dejado que fuera ETA, como ha ido tantas veces a Bruselas, a decir que son separatistas; que no hubieran permitido que estuvieran en las instituciones, y que no hubieran permitido tanta humillación a las víctimas», recalcó, antes de reconocer que, si bien hace extensible esta denuncia a todos los políticos, colocaría «como cabeza» al ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que «fue el que inició este camino de rosas para los terroristas».

Ahora, esperan que el Gobierno «no acate la sentencia de Estrasburgo» porque «España se quedaría sin Derechos Humanos». Según explicó Pedraza, la resolución «es declarativa y no ejecutiva, con lo cual, al no existir una legislación que desarrolle la forma de ejecutar las sentencias del Tribunal Europeo, corresponde a la libertad de España decidir cómo cumplir la obligación derivada de la sentencia». Además, detalló que existen precedentes de no ejecución de sentencias del TEDH por «razones de seguridad nacional», como el caso de John Venables y Robert Thompson, dos niños de 10 años que asesinaron a un tercero de dos años en Reino Unido y fueron juzgados como adultos. Estrasburgo pidió la celebración de un nuevo juicio pero el Gobierno británico no lo tuvo en cuenta. Por todo ello, prosiguió, «no hay plazo para poner en libertad» a los criminales sujetos a la «doctrina Parot» y «hay que dejar claro que ahora tiene que resolverse caso por caso». «No hay por qué abrir las puertas de las cárceles de par en par», aseveró.

En términos muy parecidos, otros colectivos de víctimas se sumaron ayer a las críticas. Dando voz a la mayoría de asociaciones, la Fundación de Víctimas del Terrorismo lamentó que el pronunciamiento contrario a la «doctrina Parot» supone «un retroceso en la defensa del derecho de las víctimas del terrorismo a ser resarcidas mediante el cumplimiento íntegro de las penas de quienes fueron condenados por cometer atentados terroristas». Por su parte, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) calificó la resolución como el «mayor revés que los familiares de asesinados por grupos terroristas han sufrido en la historia de la democracia» y censuró que «la diplomacia y el Gobierno no se han volcado con las víctimas».

Al mismo tiempo, la Asociación-plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo advirtió de que «si todos estos criminales quedan en libertad, se generará un estado de alarma social lógico y aumentará la desconfianza». Además, en declaraciones a LA RAZÓN, Rubén Múgica incidió en que la sentencia es «consecuencia del proceso que puso en marcha Rodríguez Zapatero». «Cuando el combate contra el terrorismo y el crimen organizado se convierte tramposamente en la búsqueda de una paz vacía de contenido, al final son los criminales los que acaban obteniendo la ventaja», subrayó el hijo del dirigente socialista asesinado por ETA Fernando Múgica.

JOSÉ MARÍA PINO, VÍCTIMA DE HENRI PAROT
Atentado de la casa cuartel de Zaragoza

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) no sólo mostró ayer su rechazo a la sentencia contra la «doctrina Parot» como colectivo, sino que también quiso dar voz a personas a las que alguno de los etarras que ahora podrían volver a la calle les partieron la vida. «Hoy tenemos aquí a muchas víctimas del terrorismo, a víctimas que quedaron heridas por Inés del Río, por Parot, por Troitiño, por muchísima gentuza. Que les miren los políticos a la cara y les digan que esto es justo», explicó la presidenta de la asociación, Ángeles Pedraza, antes de darles paso.

Así, reiteraron su sentimiento de «indignación, asco, rabia, ira...» los guardias civiles retirados Alfonso Sánchez, Enrique González y Raimundo Plata, que resultaron heridos el 9 de septiembre de 1985, cuando ETA hizo explotar un coche bomba en la Plaza de la República Argentina al paso de su autobús. Sufrieron heridas 16 agentes y murió el estadounidense Eugene Kenneth Brown, que hacía «footing» en la zona. La desgracia podría haber sido mucho mayor si el conductor del vehículo no hubiese acelerado al ver el coche aparcado.

También intervinieron en la rueda de prensa el ex guardia civil Pascual Grasa y José María Pino, ambos heridos en el atentado de la banda terrorista contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987. La explosión del coche bomba colocado por los etarras, que contenía 250 kilos de amonal, mató a once personas, seis de ellas menores, e hirió a otras 73. Entre los fallecidos estaban los padres y la hermana pequeña de Pino. «Asesinaron a mi padre –el guardia civil José Julián Pino–, a mi madre y a mi hermana de siete años. Yo tenía 13 años y mi hermano –que también resultó herido– tenía once», recordó ayer a LA RAZÓN, antes de incidir en que la sentencia de Estrasburgo le deja «muy mala sensación». «Vemos que la memoria de nuestras víctimas está pisoteada», aseveró visiblemente emocionado.

Pino, que agradeció enormemente el apoyo que le da la AVT, pidió «que la gente que salga a la calle, que ha hecho estas cosas, recapacite sobre lo que ha hecho, que nosotros ya lo hemos sufrido bastante».

JESÚS FAUCHA, VÍCTIMA DE TROITIÑO Y DEL RÍO
Atentado de la calle Juan Bravo

En la rueda de prensa de ayer también se pudo escuchar el testimonio de Jesús Faucha, que conducía el Land Rover contra el que ETA atentó en la calle Juan Bravo. En la mañana del 25 de abril de 1986, un coche bomba explotó al paso del vehículo, en el que viajaban nueve guardias civiles. La explosión causó la muerte de cinco de ellos e hirió al resto gravemente. El encargado de detonar el artefacto fue Antonio Troitiño, que ahora podría quedar libre, aunque también participaron en la comisión la propia Inés del Río y el fugado Iñaki de Juana Chaos.

En declaraciones a este periódico, Faucha explicó que la sentencia de Estrasburgo «genera una sensación de frustración total». «Veo que la política ha ganado a la razón», aseveró.

En su opinión, los jueces del TEDH no deberían haberse dejado influenciar por López Guerra y los políticos abertzales y tendrían que haber mandado «un emisario» a España para conocer la situación. Respecto a Del Río, fue claro: «Una persona que me quiere matar a mí y mató a mis compañeros, que encima tenga derecho a recurrir, no lo entiendo. No digo que se la lleve a la horca, ni nada de eso, pero si la han condenado a 3.800 años, que cumpla los treinta años y luego haga los recursos que tenga que hacer».

Una victoria de ETA
Cayetano González Estrella Digital 22 Octubre 2013

La decisión de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hecha pública este lunes por la que se procede a tumbar la conocida como "doctrina Parot", que permitía mediante una determinada interpretación de la redención de penas alargar la estancia en prisión de presos de ETA y de otros delincuentes, supone una clara victoria de la banda terrorista y una derrota de los demócratas españoles y especialmente de las víctimas del terrorismo.

Estas y con ellas la inmensa mayoría de la sociedad española están hoy un punto mas desoladas que ayer, ya que en los próximos días empezarán a salir de la cárcel terroristas de ETA tan sanguinarios como Inés del Río -que es quien ha ganado el recurso presentado ante Estrasburgo- los hermanos Troitiño, Henri Parot, Santiago Arrospide Sarasola "Santi Potros", Iñaki Arakama Mendía "Makario", Antonio López Ruiz "Kubati" y así hasta un total de 61 miembros de ETA en una primera tacada, porque luego vendrá un segundo grupo de otros 70 etarras. Además, la derogación de la "doctrina Parot" también permitirá la salida de prisión de violadores en serie y asesinos múltiples.

En el mal llamado "proceso de paz" que llevó a cabo Zapatero desde la Moncloa, la cuestión de la derogación de la "doctrina Parot" fue una de las promesas que los enviados del Gobierno hicieron a los miembros de ETA con los que se reunieron en Oslo. Han tardado siete años, pero al final lo han conseguido, siendo una pieza importante para lograrlo el jurista José Luis López Guerra al que Zapatero consiguió colocar como miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿Qué mas tendremos que ver? Ya se lo digo yo: la pronta liberación de Otegui

Pero la derogación de la "doctrina Parot" es un capítulo mas en la serie de concesiones o acuerdos implícitos o explícitos alcanzados en la negociación política llevada a cabo por Zapatero con ETA y cuya "hoja de ruta", el actual Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha limitado a seguir o si se prefiere, a dejar hacer. Primero, fue la decisión del Tribunal Constitucional, contraviniendo el criterio del Tribunal Supremo, de permitir que las diferentes marcas de ETA se presentaran a las elecciones además de legalizar a Sortu. Después han sido los permisos penitenciarios a miembros de ETA como Valentín Lasarte. O la sentencia de la pasada semana sobre el caso "Faisán" en la que se consagra el principio de que dar un "chivatazo" por parte de dos policías a los terroristas para que huyan, si se hace para no entorpecer un "proceso de paz" no es un delito de colaboración con banda armada. Y ahora, la decisión sobre la doctrina "Parot". ¿Qué mas tendremos que ver? Ya se lo digo yo: la pronta liberación de Otegui para que sea el líder que la izquierda abertzale necesita para ganar al PNV y ser lehendakari de Euskadi.


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