AGLI Recortes de Prensa   Sábado 26 Octubre 2013

El sector público lastra el empleo y acapara el crédito
EDITORIAL Libertad Digital 26 Octubre 2013

El número de parados bajó en 72.800 personas en el tercer trimestre y acumula una caída de casi 61.000 en lo que va de año gracias al leve repunte que está experimentando el sector privado, único y auténtico artífice de la creación de riqueza y empleo. De hecho, entre marzo y septiembre, empresas y autónomos han logrado generar cerca de 200.000 nuevos puestos de trabajo, algo inédito en este mismo período desde 2007, cuando se generaron casi 442.000. Pese a ello, España sigue registrando una tasa de paro próxima al 26%, con más de 5,9 millones de desempleados, una cifra estratosférica, impropia de un país desarrollado, que refleja la dramática situación que sufren numerosas familias.

Así pues, urge alcanzar un crecimiento firme y sostenido capaz de crear empleo neto de forma intensa para reabsorber en el menor tiempo posible el ingente número de parados que sigue existiendo en la actualidad. Para ello, es imprescindible que surjan nuevas empresas, que las ya operativas cuenten con un amplio margen de actuación para poder invertir y adaptarse rápidamente a los cambios y que el sector privado goce de la financiación necesaria para poder desarrollar sus proyectos El problema, sin embargo, es que el sector público supone un gran lastre para la consecución de tales objetivos, ya que vampiriza la economía mediante impuestos elevados y una ingente deuda cuya financiación monopoliza el escaso crédito disponible.

Por un lado, la estructura estatal sigue sobredimensionada, despilfarrando valiosos recursos en el funcionamiento de entes y organismos completamente inútiles y prescindibles, al tiempo que el gasto público, lejos de reducirse, se mantiene en máximos históricos. Su mantenimiento durante estos años de crisis se ha materializado en numerosas e inéditas subidas de impuestos que, por desgracia, han terminado por configurar una de las cargas fiscales más pesadas de toda Europa, una histórica losa tributaria que resta capacidad de consumo, ahorro e inversión a familias y empresas.

Pero como el pago de impuestos ni siquiera alcanza para cubrir la totalidad del gasto, el sector público ha incurrido en abultados déficits para poder mantener su edificio en pie. España lleva cuatro años consecutivos registrando un agujero fiscal superior a los 100.000 millones de euros. Sin ir más lejos, el déficit de 2012 se situó en el 10,6% del PIB -incluyendo ayudas bancarias-, el más elevado de la UE. Como resultado, la deuda pública se ha disparado en más de 500.000 millones de euros desde el estallido de la crisis. Esta inmensa factura explica, en parte, la sequía de préstamos que sufre el sector privado, ya que las inmensas necesidades financieras del Estado acaparan el escaso crédito existente, expulsando así del circuito a proyectos empresariales solventes y viables. El PP se queja ahora amargamente de que los bancos no dan crédito, requisito básico para impulsar la recuperación, y, sin embargo, miente, demostrando, además, una gran hipocresía. Crédito hay, sin duda, pero son los políticos quienes lo acaparan por negarse a equilibrar sus cuentas, eliminando por completo un déficit que resta capacidad a la economía productiva para crear riqueza y empleo.

El silencio culpable
José Utrera Molina www.gaceta.es 26 Octubre 2013

Me preocupa que esta Constitución pueda ser instrumento liquidador de nuestra identidad nacional.

Hay silencios limpios, serenos, honorables. Y hay, por el contrario, mutismos envilecedores, oscuros y serviles. Hay silencios claros, como el que Maragall ponía en el alma de los pastores. Silencios respetuosos, emocionados, pero hay también silencios sombríos y culpables, silencios del alma, silencios escandalosos, capaces de arruinar por sí solos el sentido de toda una vida y de desmentir la autenticidad de muchas de las lealtades que ayer se proclamaban estentóreamente, con risueña comodidad, sin la presencia de adversarios amenazantes.

Callar en esta hora significa no solamente desentenderse por completo de un pasado que, de alguna forma, honrosamente nos obliga, sino también una huida de las exigencias del presente y un volver la espalda al reto del futuro. Se atribuye al viejo filósofo Lao Tse la propiedad de una sentencia tan significativa como sobrecogedora: “Los más graves padecimientos –escribía– que gravitan sobre el corazón del hombre, los constituyen el dolor de la indiferencia y el silencio de la cobardía”.

Creo que somos muchos los españoles que, sin tener el ánimo propicio a pronosticar catástrofe, coincidimos en considerar los momentos que vive hoy nuestra patria como graves y decisivos.

La Constitución española se está elaborando en estos días. En el seno de la Comisión Parlamentaria, constituida al efecto, han pasado por sus preceptos en medio de silencios estruendosos, hurtados, contra todo pronóstico y esperanza, al gran debate nacional. La consecuencia es que la Constitución no sólo no despierta ningún entusiasmo –lo que sería, acaso, bueno, superada felizmente la época romántica del constitucionalismo–, sino que está sumiendo a nuestro pueblo en la confusión y en la perplejidad al ofrecerle ambigüedades sospechosas que, a cambio de oportunistas consensos de hoy, anuncian larvados enfrentamientos de mañana.

Son muchas las cuestiones graves que han quedado así aplazadas a una interpretación más o menos audaz de los Gobiernos y los legisladores venideros. No voy a referirme a temas como el divorcio, la libertad de enseñanza, la estructura del poder judicial y otros que han sido enunciados. Hay uno, sin embargo, que es el que, en estos momentos, como español, más me duele y me preocupa, más me indigna y desasosiega: la sospecha de que esta Constitución pueda ser instrumento liquidador de algo tan sustantivo como nuestra propia identidad nacional. Atentar contra ella supone un crimen sin remisión posible y una traición a nuestra propia naturaleza histórica. Pienso, pues, que la esencialidad española debe quedar siempre al margen de cualquier alternativa y fuera, por tanto, de diferencias ideológicas.

Una Constitución sólo se justifica en el intento de articular la concordia de un pueblo y no propiciar antagonismos y enfrentamientos. Una Constitución ha de estar dotada de un verdadero sincronismo y no acierto a ver en su articulado actual una auténtica confluencia conciliadora; la normativa existente nada tiene que ver con el consenso, porque mientras aquélla se asienta en los principios –acaso pocos, pero imprescindibles– que deben configurar el ser nacional y la voluntad de un proyecto común de futuro, más allá de las opiniones de los partidos, éste se establece sobre la ambigüedad y el travestismo político de las palabra aptas para acoger, bajo su equívoco ropaje, los más escandalosos cambios de sexo. No se pretende la exaltación de la diversidad, sino el puzle. No se busca la necesaria descentralización, sino el mosaico gratuito. Estamos asistiendo a una malversación de fondos históricos.

Tal es el caso del término nacionalidades, auténtica bomba de relojería, situada, consciente o inconscientemente, por los muñidores del consenso, bajo la línea de flotación de la unidad nacional.

No pretendo entrar en disquisiciones semánticas o históricas que, por otra parte, se han hecho ya y se harán –así lo espero– con mucha mayor autoridad. Como político o como simple español de a pie no puedo ver en este término otra cosa que la enquistada pretensión de una explotación futura amparada en su reconocimiento constitucional.

El que afirma que el problema de aceptar o no la voz nacionalidades se reduce a una cuestión terminológica, o no tiene sentido de la política, ni de la Historia, o no obra de buena fe. En política no hay palabras inocuas cuando se pretende con ellas movilizar sentimientos. El término nacionalidad remite a nación o Estado. Cuando alguien dice recientemente que Cataluña es la nación europea, sin Estado, que ha sabido mantener mejor su identidad, resulta muy difícil no ver, por no decir imposible, que se está denunciando una “privación del ser”, que tiende “a ser colmado para alcanzar su perfección”, y preparando una sutil concienciación para reclamar un día ese Estado independiente que la imparable dinámica del concepto de nacionalidad habrá de conducir hábilmente manejada. El propuesto cantonalismo generará la hostilidad entre vecinos, la rencilla aldeana y el despilfarro del común patrimonio. Se está haciendo la artificial desunión de España y, además, sin explicarle al pueblo lo que le van a costar las taifas. Se quiere parcelar lo que está agrupado, malbaratando siglos de Historia. Cuando otros se esfuerzan en aglutinar lo distinto, aquí se pretende desguazar lo aglutinado y cuando se sueña con una Europa unida aquí parece como si persiguiera el establecimiento de pasaportes interiores que habría que mostrar una vez que cruzáramos una región.

Frente a esta peligrosa ambigüedad hay que afirmar, una y mil veces, que la nación española es una y no admite, por tanto, subdividirse en nacionalidades. España creó hace siglos una nueva forma de comunidad humana, basada en una realidad geográfica, cultural e histórica. Fue un hallazgo moderno, con sentido de universalidad. Cambiar el curso de la Historia, incorporando a la nueva Constitución estímulos fragmentadores, es mucho más que un disparate colosal, es alentar hoy la traición de mañana, y me anticipo a negar mi acto de fe con una Constitución que se inicia con esta amenaza.

Creo que hay que robustecer el hecho regional, que hay que descentralizar a ultranza, que hay que armonizar la unidad y la diversidad, pero creo que nadie puede romper la unidad nacional porque eso representaría el secuestro de la libertad de España y la dolorosa hipoteca de su destino.

Pienso, finalmente, que hay quienes tienen derecho a su silencio; hay quienes no pueden, en modo alguno, ser ofendidos por su mutismo; hay quienes pueden callar con humildad y compostura, y hay, también, quienes ya tienen helados sus silencios porque la muerte les acogió sin que conocieran esta posible y próxima desventura; pero creo que los que ayer repitieron hasta la afonía, desde tribunas públicas notorias, la invocación de España una, los que hicieron la fácil retórica de la unidad, los que nos explicaron sus valentías a los que, por razón de edad, no conocimos contiendas ni trincheras, no tienen derecho al silencio. Podrán, tal vez, padecer el dolor de la indiferencia, en cuyo caso son dignos de compasión y de lástima, pero si se callan hoy por miedo o se esconden por utilidad y conveniencia, no encontrarán en los demás justificación posible y, por supuesto, ellos mismos no podrán redimirse del drama íntimo de su autodesprecio.

Callar cuando la unidad de España está en peligro es la peor de las cobardías. Yo, al menos, no quiero dejar de sumar mi voz a las que, con escándalo y alarma, se levantan frente al riesgo clarísimo de perderla. Quiero que se sepa que no todos los españoles estuvimos de acuerdo en quedarnos sin Patria.

*José Utrera Molina es abogado.

Se terminó la fiesta soberanista
Rafael López-Diéguez www.gaceta.es 26 Octubre 2013

Empresarios de prestigio ya le han dicho a Mas que Cataluña no puede ser independiente.

Como muchos pensábamos la fiesta del independentismo se ha terminado y quienes les dejaron el precioso y prestigioso local se ven obligados a recoger los confetis, las banderolas y pagar a los proveedores. Entre ellos a los payasos, que han ofrecido un magnífico espectáculo, aunque la fiesta era de mayores y casi sobraban. El problema de toda fiesta larga, donde la gente se embriaga, es que cuando termina siempre hay quien se enfada y se le tiene que invitar a abandonar el local, lo que origina el follón. Pero en este caso, si así fuera, para ello está el Estado de derecho.

Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es ponerse a trabajar para que el local recupere su esplendor. El cartel de reservado el derecho de admisión, que preside todo local nos permitirá, en esta nueva etapa, saber a quién no invitar frenándolo en la puerta. Además, como la fiesta es de mayores, la próxima vez no dejaremos que inviten a payasos sino a gentes de prestigio que aporten valor y nos ayuden a darle al local la categoría que estaba a punto de perder.

En Cataluña ya se está poniendo orden. Ha tardado, pero ha llegado. Empresarios de reconocido prestigio –me consta que más de un banquero de los más importantes– ya se han manifestado, bien en público o en privado, ante el señor Mas. Le han dicho, con toda claridad, que Cataluña no puede ser independiente. Si lo es, nos marchamos. El presidente de la patronal más importante de Cataluña ya habla de “unidad” y de “puentes”; no asiste a los actos y comisiones donde se trabaja en la agenda y en el proceso de independencia. El presidente de la Cámara de Comercio de EE UU ha asegurado que desde su país se ve con preocupación este proceso, que las consecuencias serán la deslocalización de las empresas americanas; junto con él nuevos y grandes inversores extranjeros advierten sobre lo mismo. El FMI y la Unión Europea ya lo han dicho: una Cataluña independiente no cabe en Europa. Por lo tanto, la mayoría de los agentes económicos y sociales ya han tomado la decisión: la fiesta se ha terminado.

Las razones de los daños que ha sufrido el local las conocemos y sería imperdonable que no tomáramos medidas. Sabemos que tardaremos años, decenas de años, en superar todo el mal que la inmersión independentista ha provocado en los jóvenes catalanes. Es por ello que ahora toca con perseverancia, humildad y grandes dotes de pedagogía, explicarles que tan importantes son para España como España para ellos. Expliquémosles que, desde la rica diversidad de lenguas, tradiciones y costumbres, son parte de un proyecto común que se llama España. Un proyecto que no puede quebrarse por el capricho de unos y los perversos intereses de otros.

Rica diversidad de lenguas
Nota del Editor 26 Octubre 2013

No debemos olvidar que cuando hablan de rica diversidad de lenguas se refieren a la maquiavélica situación en la que los hijos de los demás se ven sometidos al rodillo de las lenguas regionales.

Caminando por mi barrio, a la salida de los colegios se pueden escuchar decenas de lenguas, unas más importantes que otras, ninguna regional denominada propia por un anticonstitucional y antiinhumano estatuto y nadie se preocupa por esa riqueza ni diversidad. En los colegios, sólo se escucha el español, algo de inglés en los impropiamente denominados bilingües y nadie se preocupa de la diversidad de lenguas que los alumnos escuchan de sus padres al salir del colegio.

Aquí de lo que se trata es de que unos pocos sigan aprovechándose de otros muchos y para ello no les importa aplicar la inmersión limgüística, que consiste a obligar a los hijos de los demas a aprender la lengua regional.

Manifestación contra la injusticia
ABC  26 Octubre 2013

Lo que importa es que, al final de esta larga lucha, la derrota sea la de ETA y de todo cuanto ETA ha representado en la historia de España. Si aun matando no doblegaron a los españoles, menos aún lo conseguirán por dejar de matar

EL goteo de excarcelaciones de terroristas y delincuentes peligrosos por aplicación de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo empieza a dar la medida de esta resolución, y también de la responsabilidad que han asumido los jueces europeos. A Inés del Río ya le ha seguido Juan Manuel Píriz, otro etarra sanguinario, quien, al menos, ha cumplido 29 de los 30 años que, como máximo, iba a permanecer en prisión. Pero el problema no está sólo en la liberación de etarras. También ha sido puesto en libertad un violador en serie, sin pronóstico favorable de reinserción. El carácter vinculante y general de la sentencia de Estrasburgo es motivo de polémica entre juristas. En todo caso, el planteamiento con el que debe ser tratada su ejecución no es sólo jurídico. Entra en juego también el concepto de soberanía nacional y la defensa de los intereses generales.

España ha aceptado la jurisdicción del TEDH, en efecto, pero si el Gobierno tiene la convicción de que la «doctrina Parot» era respetuosa con los derechos humanos, debe evitar que la sentencia de Estrasburgo se transforme en una especie de amnistía. Y aunque el resultado de las excarcelaciones fuera legalmente inevitable, sí es posible administrar los tiempos de aplicación de una injusta sentencia dictada por unos jueces que han cambiado la jurisprudencia anterior del TEDH, con la que España habría conservado la «doctrina Parot». Por eso, el Ministerio Fiscal tiene un papel determinante ante la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que, después de la fulminante y precipitada excarcelación de Inés del Río, ha decidido que se reunirá los viernes y que no resolverá sobre presos que tienen recursos pendientes ante los tribunales Supremo y Constitucional. Si ningún tribunal español puede eludir la sentencia de Estrasburgo ?lo que debe ser puesto a prueba por la Fiscalía?, tampoco ningún tribunal español puede ni debe imponerse prisas que corresponden a los abogados de los terroristas, violadores o asesinos.

A este duro momento se ha llegado, en efecto, por la decisión del TEDH. Pero la culpa no es sólo de los jueces europeos. Si los socialistas hubieran querido, en 1986 se habrían suprimido los beneficios penitenciarios a los terroristas. Por eso, las víctimas tienen razón cuando dicen sentirse nuevamente humilladas y agredidas. Y por eso, apoyarlas en la manifestación de mañana, convocada en la plaza de Colón de Madrid, es un deber cívico al que debería responder todo ciudadano, al margen de su ideología. Lo que importa es que la derrota al final de esta larga lucha sea la de ETA y de todo cuanto ETA ha representado en la historia de España. Si aun matando no doblegaron a los españoles. menos aún lo conseguirán por dejar de matar.

El estado tiene margen de maniobra
LUIS Y DANIEL PORTERO ABC  26 Octubre 2013

 Hijos de Luis Portero García, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asesinado por ETA.

«Es necesaria una respuesta jurídica y política a este escarnio. Pero nada se hará porque las víctimas estorban en el proceso de «resolución del conflicto»

RAS la rápida excarcelación de la terrorista Del Río Prada, acordada por la Audiencia Nacional tras la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 21.10.2013 (STEDH), el Gobierno ha declarado que el Estado ha hecho todo lo que podía y que los efectos de la sentencia es cosa de los jueces. No es verdad. El Estado tiene margen de maniobra para eludir o demorar el cumplimiento de la STEDH.

Primero. La STEDH está cogida con pinzas y no es técnicamente impecable. Inspirada por el socialista López Guerra, la sentencia olvida que la Doctrina Parot no es una ley, sino un criterio jurisprudencial para aplicar los beneficios penitenciarios que no constituyen parte de la pena misma. La liquidación de la condena de Del Río no le impone una pena más grave que la aplicable en el momento de comisión de sus delitos: 30 años. El TEDH prioriza la opinión minoritaria del voto particular de tres magistrados a la STS de 28.02.2006 que sentó la Doctrina Parot, dando un brusco giro a la tendencia que hasta entonces consideraba que las medidas de ejecución de las penas corresponden a las autoridades internas de cada Estado (casos Kafkaris en Chipre o

Hogben y Uttley en el Reino Unido). La sentencia es producto del uso alternativo del Derecho que defienden sectores progresistas y parte del «precio político por la paz» acordado por Zapatero. Desilusiona saber que el Gobierno Rajoy no ha hecho lo suficiente para evitarlo, pese a ser conscientes del problema.

Segundo. El balance del trabajo hecho hasta la primera STEDH de 10.07.2012 arroja luces y sombras. El Gobierno no hizo nada antes de la misma y después, ya con el paso cambiado, intentó darle la vuelta a la situación con un recurso, sólidamente armado por los abogados del Estado. Mientras tanto la izquierda abertzale llevaba meses instalada en Estrasburgo, organizando seminarios, convocando ruedas de prensa cuyos resúmenes llegaban a los jueces, reuniéndose con periodistas y políticos influyentes receptivos a la idea de que «si la Doctrina Parot no es anulada, quedará arruinado el proceso de paz en el País Vasco». Algunos advertimos de todo ello al Gobierno pero éste no hizo nada. Les dijimos que había que constituir un equipo de trabajo para tomar decisiones en lo jurídico y desarrollar una fuerte ofensiva diplomática y un lobby con las víctimas para contrarrestar la propaganda abertzale. Nada.

Tercero. El Estado tiene margen para no aplicar el fallo o, cuando menos, demorarse en cumplirlo. El Gobierno debe solicitar un informe a la Abogacía del Es-

Ttado sobre los efectos de la sentencia, pues con el actual marco jurídico no se puede ejecutar. En este sentido, el auto de la Audiencia Nacional (AN) que acuerda la liberación de Del Río Prada es nulo por varias razones. Incurre en un exceso competencial pues la AN solo puede ejecutar las sentencias penales de tribunales extranjeros –no confundir con Tribunales internacionales (artículo 65.2 LOPJ). Ignora la propia STC 245/1991 citada en su FJ 3º, que establece que corresponde al Tribunal Constitucional (pero no al tribunal sentenciador) anular excepcionalmente resoluciones judiciales cuando la violación de un derecho fundamental se haya producido en el orden penal, siempre que ésta permanezca actual y afecte a la libertad del individuo.

El auto se atribuye competencias legislativas al considerar que sujeción a la ley significa vinculación al Convenio en virtud de los artículos 96.1 y 10.2 CE, cuando el TC ha señalado que el artículo 10.2 CE es un principio general de interpretación de la Constitución que no atribuye el ejercicio de una potestad para ejecutar fallos del TEDH. El auto ignora el valor de cosa juzgada de la resolución del TC que inadmitió a trámite el amparo solicitado por Del Río. El TEDH es un órgano jurisdiccional internacional pero no supranacional, porque a diferencia del Tratado de las Comunidades europeas el Convenio se ratificó por la vía del artículo 94 CE y no por el artículo 93 CE, lo que significa que sus sentencias solo tienen efectos declarativos que precisan para su efectividad del concurso del Derecho y tribunales españoles. Pero la ejecución de la STEDH no puede producirse porque en España no existe aún ley orgánica que incluya el cumplimiento de las SSTEDH entre los motivos legales de revisión de resoluciones judiciales firmes.

Cuarto. Todo esto debe ser tenido en cuenta por el TS en el Pleno del 12.11.2013 que fijará criterio sobre la aplicación del fallo. Mientras tanto, el fiscal general del Estado puede instruir al fiscal jefe de la AN para que solicite la nulidad del auto de la AN y acuerde la remisión de la cuestión al Tribunal Constitucional, con oposición a la libertad que han solicitado otros reclusos. Y el Gobierno debe comunicar a Estrasburgo la necesaria supervisión de la sentencia por el Comité de Ministros (artículo 46, apartados 3 a 5), pues no es posibe su ejecución interna hasta que se apruebe la reforma del Código Penal que incluye la revisión de resoluciones firmes en cumplimiento de las SSTEH.

En España hay muchas SSTEDH que no se han cumplido (casos RieraBlume, PerotePellón o FuentesBobo que cita el propio Auto de la AN, o caso RuízMateos, entre otros). Y en Alemania, Francia o el Reino Unido también hay precedentes de incumplimiento o demoras en la ejecución (véanse los casos en los que el Reino Unido incumplió extraditando a los USA a un asesino, o cuando demoró durante años el cumplimiento hasta que aprobó la ley que permite votar a sus presos –casos Hirst y GreensyM.T.).

Es necesaria una respuesta jurídica y política a este escarnio. Pero nada se hará porque las víctimas estorban en el proceso de «resolución del conflicto».

Luz de domingo
DAVID GISTAU ABC  26 Octubre 2013

Rajoy dejó a los convocantes llenos de dudas acerca de contra quién van a manifestarse

HAY una tristeza errática en la idea de manifestarse sin saber muy bien contra quién. Es como exigir explicaciones a un fenómeno meteorológico. Éste parece ser el problema de la convocatoria del domingo. Por más que las víctimas vayan a sentirse arropadas las unas por las otras, por más que puedan hacer de contrapeso moral a la sonrisa de los excarcelados, no acaba de concretarse el ser físico o institucional sobre el cual volcar la ira. Sería impropio de asociaciones integradas en el sistema democrático hacerlo sobre un tribunal internacional de derechos humanos. Tampoco sirven los magistrados españoles que ejecutan ese fallo, más allá de la premura, porque no les queda más remedio. Zapatero está demasiado diluido en su propia inanidad y en las prisas que hubo por olvidarlo como para darle categoría de personaje vigente, desencadenante todavía de los acontecimientos. Protestar contra el código penal de 1973, o contra Felipe González por no haberlo cambiado, sería aún más anacrónico y estéril. Así las cosas, los únicos candidatos contra los cuales manifestarse de que disponemos son el gobierno y su partido político. Y sin embargo...

Imaginemos que la reacción de Rajoy hubiera quedado limitada a la insensible y boba frase de «Llueve mucho». Esto habría potenciado las conjeturas acerca de una desgana del Estado en Estrasburgo, tribunal que vendría a resolverle sin desgaste propio una parte del problema de los presos, y del pavor del gobierno a arruinar los avances del «proceso» de Zapatero, que ya habría sido insinuado con concesiones como la de Bolinaga. El domingo podría haberse producido la ruptura definitiva, de la que Rajoy habría salido retratado como un intrigante sin escrúpulos que, mientras le convino para hacer oposición, se apropió de las víctimas, pero que las engañó en cuanto comprendió, llegado a Moncloa, que Zapatero había dejado tantos hechos consumados que no era posible volver atrás. No sin arriesgarse a quedar como el presidente con el que regresó la violencia.

Sin embargo, Rajoy actuó bien después de la cagada del «Llueve mucho». Se reunió con representantes de víctimas a las que dio explicaciones convincentes. Hizo contra el fallo declaraciones tan contundentes, que incluso un periodista extranjero le confesó su extrañeza de que un jefe de gobierno de la UE se refiriera en un tono de tanto antagonismo a una magistratura de derechos humanos. Rajoy dejó a los convocantes llenos de dudas acerca de contra quién van a manifestarse. Por añadidura, desactivó en parte el peligro político que podía surgirle este domingo, muy costoso en términos morales, pues el repudio de las víctimas es lo único que le falta al PP para que parezca que en el poder desertó de todo cuanto antaño consideraba un principio vertebral.

Bastan algunas prospecciones en el ambiente para intuir que sobre la manifestación gravitará una indignación que podría derivar espontáneamente contra Rajoy. Al menos, en algunas asociaciones. Se daría entonces la paradoja de que enviados del oficialismo de Génova quedaran atrapados en una manifestación anti-gubermanental. Otra posibilidad es que las víctimas hagan un uso selectivo del enfado y diferencien entre militantes flojos o auténticos del PP, como si ya hubiera habido una escisión entre marianistas y aznaristas. En el PP vasco, esto ahondaría la distinción entre los que están y los que estuvieron que ya caracterizó la visita de Aznar a San Sebastián, con notables ausencias pop.

Las víctimas llaman a la puerta
LUCÍA MÉNDEZ El Mundo 26 Octubre 2013

EL 10 de marzo de 2007, Mariano Rajoy se dio el mayor baño de masas de su vida. Centenares de miles de personas –dos millones dijo Esperanza Aguirre– le aclamaron en la Plaza de Colón. Subido al escenario, el presidente del PP se dirigió emocionado a un mar de banderas españolas. Fue, dijo, el «día más bonito» de su vida política. Culminó con el himno y un grito de ‘¡Viva España!’ que le puso la carne de gallina. La multitud clamaba contra Zapatero, el presidente traidor que había rendido la bandera española a ETA excarcelando a De Juana Chaos. Mariano Rajoy firmó aquel día en la calle un pacto de sangre con las víctimas del terrorismo. Nunca traicionaría a los muertos, como le echó en cara a Zapatero. Por eso, cuando los muertos se revuelven en sus tumbas porque los asesinos salen riéndose de la cárcel, las víctimas llaman a su puerta para pedirle que cumpla su parte del acuerdo. Ha sucedido esta semana, después de la anulación de la doctrina Parot. Rajoy hizo como que no oía el timbre porque estaba lloviendo mucho, pero los golpes de la puerta no le dejaron dormir. Tuvo que abrir, dejarlas pasar, escuchar sus lamentos y mandar a Esteban González Pons, un hombre con empatía y sensibilidad, a acompañarlas el domingo en la calle.

La perspectiva del líder del PP ha cambiado, pero la de las víctimas sigue siendo la misma: su dolor. Rajoy no puede sacar las banderas españolas contra Zapatero. Ahora el presidente del Gobierno es él, la bandera es él y la política antiterrorista también. Las víctimas tienen sobre Rajoy el poder que él mismo les otorgó en aquel día tan bonito de su vida política. El presidente las teme mucho más que a Bárcenas o a cualquiera de los peligros que puedan acechar en su camino porque alborotan la adormecida conciencia de su partido

La sempiterna y equívoca huelga de educación
Editorial www.gaceta.es 26 Octubre 2013

Las huelgas en educación son tan fáciles de hacer como difíciles de justificar. No cabe duda de que la situación económica que se vive en España favorece el descontento social, y eso afecta, muy especialmente, a sectores como la educación y la sanidad. Pero los profesores, en particular, deberían pensar un poco más en lo que hay en juego y ser algo más exigentes con las responsabilidades que les tocan en el estado lamentable de la educación española. Nadie puede dudar que invertimos más que otros países y obtenemos menos, como lo demuestran diversos informes internacionales, y eso ha de tener algo que ver, necesariamente, con la calidad del trabajo de los profesionales de la enseñanza.

Es cierto que la responsabilidad mayor de ese disparate está en la política educativa, que no está precisamente en manos de los profesores, sino de los partidos y, muy especialmente, ha estado en manos del partido socialista que es el auténtico autor del modelo educativo que padecemos. Por eso resulta especialmente llamativo que los profesores se quejen cuando se trata de corregir, aunque sea tímidamente y como sin querer, algunos de los defectos de un sistema que no ha cuidado la calidad, que ha menospreciado la exigencia y que ha confundido la educación con la superación voluntarista de etapas absolutamente artificiales, aunque no se sepa hacer la o con un canuto.

En particular, que la huelga haya sido, al parecer, más seguida entre los profesores universitarios, es bastante llamativo porque es en ese sector en el que la fuerza de los profesores ha sido mayor, hasta el punto de que los distintos ministerios se han limitado a dejar hacer a los rectores. Pero mientras los rectores sigan gastando a su gusto, manteniendo contabilidades escandalosas y reduciendo la autonomía universitaria a un extraño gueto en el que cuentan mucho más los dirigentes sindicales o el personal no docente que los buenos profesores e investigadores, poco se podrá hacer. Pues bien, son algunos de estos profesores que nunca podrán salir de su pequeño cortijo de ignorancia los que capitanean la oposición a una reforma que, de manera insuficiente y tímida, trata de cambiar algunas de las reglas de juego que nos han traído hasta aquí.

Tampoco es reconfortante que los estudiantes pretendan mantener un modelo que es la causa de la inutilidad de sus estudios y del enorme subempleo que padecen los titulados españoles, pero en realidad no son los estudiantes quienes lo pretenden sino los alevines de políticos de izquierda que se hacen pasar por ellos y usan la universidad para aprender a colocar barricadas mientras escalan en la sección juvenil del partido o del sindicato. Eso ha sido la huelga.

Una España proletaria y pesimista
J. A. Zarzalejos El Confidencial 26 Octubre 2013

Cuando el pasado martes le preguntaron a Mariano Rajoy por la sentencia del caso Inés del Río Prada, el presidente, a la carrerilla, contestó “llueve mucho”. El jueves, ya demasiado tarde y forzado, criticó la sentencia por “injusta y equivocada”. Alguien debió advertirle de que a veces el silencio es manifiestamente mejorable y que no se puede hablar del tiempo cuando en España se produce un colapso generalizado de autoestima nacional. Sería deseable suponer –sin embargo– que el jefe del Gobierno se expresó en primera instancia no por torpeza sino por agobio. Es preferible especular que esa salida por la tangente no respondía a otra razón que a la conmoción y desasosiego que le afligen por el desagüe de tantos y tantos errores de una transición idealizada y por un itinerario democrático que está dejando a España a un precio de saldo en lo político, en lo social, en lo económico y, ahora también, en lo judicial. Y que él ni sabe, ni puede, ni quiere abordar. Una España abaratada y proletarizada porque sus clases medias se volatilizan como acaba de constatar George Plassat, presidente de Carrefour, que conoce bien la composición del carro de la compra de nuestras familias.

A veces, la magnitud de la crisis moral –resumen de todas las que atañen a España– lleva a la paralización y el ensimismamiento que son las actitudes en las que está el Gobierno. Pendiente sólo de la crisis económica, se embosca tras de ella para evitarse la terapia de los errores políticos y de gestión que, como la porquería sobre aguas embalsadas, salen a flote después de años de ocultamiento y autocomplacencia. Le ha tocado al Gobierno del PP darse de bruces con uno de esos apagones históricos de España y no estaba preparado –y sigue sin estarlo– para arreglar el cortocircuito.

El pasado mes de febrero, Guillermo de la Dehesa, probablemente una de las cabezas mejor amuebladas en las clases dirigentes actuales, escribió en el diario El País un lúcido artículo titulado ¿Una segunda transición? Formulaba una pregunta, pero contenía al final del texto una afirmación: “Para cambiar cuanto antes el rumbo de estas graves y nocivas tendencias, la débil sociedad española deber reorganizarse y los dos grandes partidos deben promover, conjuntamente, cambios legislativos y constitucionales”.

De la Dehesa señalaba cinco graves problemas –insolubles con los instrumentos jurídico-políticos actuales– que afectan a España: 1) Un sector público demasiado grande que no puede ser financiado con los ingresos fiscales de ciudadanos y empresas y que exigiría una lucha permanente contra la economía sumergida y las actividades económicas delictivas; 2) Corrupción política; 3) Solapamiento de las Administraciones Públicas en cuatro niveles diferentes, lo que remite a un grave problema de modelo territorial; 4) Prevalencia en los partidos políticos de los intereses sectarios sobre los generales y 5) Interés corporativo, opacidad y sobredimensión de las entidades sindicales.

España está barata y proletarizada por la enorme devaluación de sus activos y de las rentas de sus ciudadanos y por la gran crisis política Como poco de lo que sugería De la Dehesa se ha hecho ni se hará más en esta legislatura, y como no se ha asumido que la breada de la transición –su ilusión, su gran perfil histórico– agoniza, España se ha convertido en una ganga, en una baratura material y moral en la que abundan impostados optimismos públicos y reservados desánimos privados. España está barata y proletarizada por la enorme devaluación de sus activos y de las rentas de sus ciudadanos y por la gran crisis política sobre cuyos “espasmos institucionales” que “están totalmente fuera de lugar en la Europa actual” advertía en el diario citado el 4 de noviembre de 2012 Alain Minc, ensayista, economista y empresario.

La conmoción de la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, los errores que la han hecho posible, la amenaza de que sean ETA y sus epígonos los que relaten la historia de sus crímenes y no lo hagan la sociedad española y las víctimas, el proceso soberanista de Cataluña cada vez más inverosímil pero tozudamente real, el feudalismo de los partidos llamados nacionales en sus respectivas comunidades autónomas, el dispendio del gasto político, la corrupción consecuencia de un entramado administrativo opaco y clientelar, la desregulación de la Corona en convalecencia de continuo, la financiación pública y laberíntica de partidos y sindicatos, la insufrible politización del Tribunal Constitucional y la burocratización de la Justicia, entre otros males que no se han encarado, extienden un certificado de defunción sobre las inercias positivas de la transición, marcando un fin de época.

Regresa así el provincianismo español de vuelo raso con una clase política atornillada al estatus quo, aferrada a sus pautas de décadas, reactiva a cualquier reforma auténticamente de fondo mientras se produce lo que Helena Béjar –en un estudio sociológico de 2008 que adquiere nueva actualidad– denominó La dejación de España. Salvando las distancias, estamos como en los años finales de la Restauración, aquellos últimos veinte del siglo pasado durante los cuales el régimen constitucional de 1876 se caía a pedazos sobre la testa coronada y sobre el legado, ya pervertido, de Cánovas y Sagasta. El gran elemento diferencial favorable en esta desolación es la internacionalización de nuestras grandes empresas que como estamos viendo estos días salvan sus resultados en los mercados extranjeros para compensar la atonía del nacional.

Como bien ha escrito el historiador Rafael Núñez Florencio (interesantísimo El peso del pesimismo. Del 98 al desencanto. Marcial Pons. 2010) en España hay una seducción por el pesimismo. La cuestión que ni este autor ni otros han llegado a determinar es si el pesimismo goza en nuestro país de buena reputación con razón o sin ella. A la vista de lo que ocurre –y sobre todo, de lo que pudo hacerse en su momento y no se hizo– la increencia ciudadana en las potencialidades de España se enraíza en la profunda desconfianza hacia nuestras clases dirigentes, y no sólo hacia las políticas.

Ahora, en perspectiva histórica vemos lo mucho ganado, pero también lo mucho que se ha perdido, y, sobre todo, observamos la indecisión y la cobardía políticas para, además de asumir que hemos entrado en un ciclo nuevo y peor de nuestra historia, inyectar renovadas energía y abrir otros horizontes. Nos faltan estadistas que, según Churchill, son la transformación de los políticos que se convierten en tales “cuando comienzan a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”.

Terrorismo
El PP continúa el proceso de rendición
Juan de Dios Dávila Libertad Digital 26 Octubre 2013

Mucho se ha discutido sobre si el proceso de rendición iniciado por Zapatero continuaba o si por el contrario se había extinguido. Este proceso es como un puzle, en el que cada pieza solo tiene sentido cuando se junta con las otras, de manera que finalmente se distingue una dramática imagen de la victoria de la organización terrorista ETA y del proyecto de ruptura de España.

Todo comenzó cuando se dio patente de corso a los nacionalismos, mostrándolos como víctimas, sin explicar que su verdadero objetivo era la ruptura de España y de la convivencia entre los españoles, anulando toda diversidad, verdad, justicia y solidaridad. Continuó con una conquista del poder político por parte del nacionalismo a base del miedo que impuso ETA. Desde el poder ejerció un férreo control de la educación, la sociedad y la actividad económica. Todo ello fue coronado con el mal llamado "proceso de paz" iniciado por Zapatero; proceso que, una vez desencadenado desde el Gobierno de España, está llevando indefectiblemente a la victoria de ETA, salvo que el actual Gobierno se esfuerce en pararlo.

¿Por qué lleva indefectiblemente a la victoria de ETA? En primer lugar, porque sigue manteniendo la impunidad de aquellos que imponen su criterio mediante el miedo. En segundo lugar, porque ha supuesto que el Gobierno reconociera a ETA como interlocutor político, y en consecuencia la ha blanqueado. En tercer lugar, porque Madrid se ha desarmado judicialmente, al no obligar a los Gobiernos nacionalistas a cumplir con las sentencias de los tribunales y al incorporar a ETA a las instituciones. En cuarto lugar, porque se ha desarrollado un estatuto de Cataluña que permite la ruptura de facto de España. Y en quinto lugar, porque el Gobierno ha permitido la injerencia internacional.

En la actual fase, Rajoy solo tiene que dejar que el proceso desencadenado por Zapatero y Rubalcaba siga su curso. De hecho, casi no tiene ni que mojarse, basta con que alegue que respeta las decisiones judiciales. Eso sí, se requiere que no haga ningún esfuerzo por hacer cumplir la ley en tierras vascas o catalanas. Es decir, Rajoy deja que la hoja de ruta diseñada por Zapatero-ETA siga su curso. En resumen, solo se ejecutan las sentencias que favorecen a ETA, y se incumplen con total impunidad las leyes que persiguen el terrorismo, como la Ley de Partidos.

Las claves de este proceso están en la estructura política que Zapatero diseñó conjuntamente con la banda terrorista ETA, y que tiene como eje principal "la superación del marco político" establecido por la Constitución, como quedó plasmado en el estatuto de Cataluña, y el conjunto de acciones judiciales encaminadas a la liberación de asesinos y a la incorporación de ETA a las instituciones.

Resulta curioso cómo Rajoy asume decisiones judiciales que no son vinculantes (como la del TEDH), y sin embargo incumple su programa electoral. Esto supongo que es porque realmente no tiene ya ningún vínculo con su electorado.

Pero, como dice mi hermano Ramón, es mejor dejar hablar al programa electoral del Partido Popular, que en el apartado de terrorismo dice, entre otras cosas, lo siguiente:

Exigirá seguir impulsando políticas de Estado, hacer aun más estrecha la cooperación internacional y reafirmar la fortaleza del Estado de Derecho.

La sentencia del TEDH, ¿es una muestra de cooperación antiterrorista? La decisión política de excarcelar a Bolinaga, ¿es un ejemplo de esfuerzo en fortalecer el Estado de Derecho? El incumplimiento sistemático en Cataluña del uso del español como lengua vehicular de enseñanza, ¿es una clara muestra del compromiso del Partido Popular con el fortalecimiento del Estado de Derech

Se requiere firmeza en nuestro compromiso con el Estado de Derecho y sus medios para impedir que el terrorismo y sus instrumentos políticos eludan las exigencias de la ley. No aceptaremos vincular ningún cambio jurídico-político con la estrategia de una banda terrorista.

¿No acaban de aceptar Rajoy y el Partido Popular un cambio juridico-politico que va en la línea de un fortalecimiento de ETA?

Fortaleceremos la colaboración internacional, bilateral y multilateral, y los instrumentos europeos de cooperación policial y judicial.

Tras la sentencia del TEDH, ¿podemos decir que Rajoy y el Gobierno del Partido Popular han fortalecido los instrumentos europeos de cooperación policial y judicial?

Impulsaremos la aplicación de la Ley de Partidos y de la ley electoral a las organizaciones políticas vinculadas a ETA. Instaremos las actuaciones oportunas en tanto esta banda terrorista continúe existiendo y existan organizaciones políticas que quieran legitimar, continuar, gestionar, justificar o defender el terrorismo perpetrado o el proyecto incompatible con un régimen democrático de libertades que ETA ha pretendido imponer.

¿Acaso no está ETA gobernando en casi el 50% de los municipios vascos? ¿Qué acción han realizado Rajoy y el Gobierno del Partido Popular para ilegalizar los partidos políticos dirigidos por ETA?

España merece la pena, es la garantía de convivencia, justicia, verdad, libertad y solidaridad. Bien saben esto los nacionalistas que buscan el poder absoluto.

ETA es enemiga de todos nosotros, pero el problema es que dentro tenemos a los traidores, a Rajoy y a todos los políticos del Partido Popular y del PSOE que callan, cuando la urgencia histórica reclama de ellos que hablen y actúen por lealtad al pueblo español y no a su mediocre poltrona.

Para todos los traidores, la vergüenza que quedará escrita en el libro de sus vidas; para el resto, la alegría de luchar por algo que merece la pena y, puesto que el espíritu español se crece en la adversidad, la esperanza de recobrar la unidad perdida, que se aviva ante la necesidad de una España que ayude a Europa a recuperar el sentido de justicia.

Juan de Dios Dávila, exconcejal del PP en Hernani, es hermano del teniente coronel Fidel Dávila, asesinado por ETA en 1993. Actualmente preside la Fundación Unidad + Diversidad.

Los intereses creados.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 26 Octubre 2013

No me refiero a la comedia que bajo ese título escribió el genial D. Jacinto Benavente, pero sí que de pícaros va la cosa y de política. Me refiero al caso de los falsos ERE's de Andalucía y toda la trama de corrupción al por mayor enquistada en la Junta de Andalucía y que la juez Alaya solo está ligeramente descubriendo. Pero la verdad es que tras más de tres décadas de imperio socialista en Andalucía, la corrupción ha alcanzado a muchos niveles no solo de la propia Junta, sino de capas de la sociedad andaluza en una madeja que poco a poco se va devanando a pesar de toda la oposición de las Instituciones, incluída la de los Órganos de Justicia.

Desde un principio han sido incesantes la injerencias y presiones sobre la juez Alaya, instructora de esta macrocausa ya inabarcable. Las descalificaciones que sufre y las obstrucciones a la Instrucción, son el fiel reflejo de la voluntad de querer cerrar en falso este caso con la delimitación de responsabilidades al más bajo nivel de mandos imputados, blindando las responsabilidades políticas y presumiblemente penales de personajes como Chaves y Griñán entre otros. La petición de la Audiencia de Sevilla de terminar con la Instrucción y cuestionar las responsabilidades de ex altos cargos como la exMinistra Magadalena Álvarez, es una desvergonzada forma de querer llevar este caso de absoluta corrupción a las aguas más tranquilas del Tribunal Supremo de Andalucía.

Los intereses creados radican precisamente en querer dar por supuesta la imputación de personas aforadas, cuando aún la juez Alaya no ha concretado estas imputaciones. Es decir, le exigen a la juez que pase al Tribunal Supremo la causa por la presencia de esos aforados. Esta decarada intromisión solo puede calificarse de indisumalado intento de apartar de una vez a la juez de este escandadoloso caso de corrupción, que es el mayor dado en toda España durante la era de la democracia. Le acusan a la juez de lentitud en la instrucción, sin tener en cuenta las trabas constantes a la misma por parte de quienes deberían haber sido diligentes colaboradores con la Justicia. Esta hipocresía sigue manteniéndose por la nueva Presidenta de la Junta, Susana Díaz, que permite la permanencia en el cargo de personas imputadas en esta causa. ¿Dónde está su lucha contra la corrupción que le repugnaba?

Como en la cancíon del compositor fallecido Gianni Ferrio, son solo palabras, palabras vacías que esconden una profunda hipocresía de una casta política pillada robando con las manos en la caja de todos los españoles. Mi único consejo a la juez Alaya es que no dé excusas a sus enemigos e intente trocear esta inmensa tarta de corrupción, diferenciando entre los ideólogos, los ejecutores, los cómplices y los beneficiados. La inmensidad de esta trama y sus innumerables ramificaciones a nivel regional y estatal hacen que este caso sea ya inabordable por una sola persona y un solo equipo judicial, máxime si además se cuenta con la frontal oposición de la potente maquinaria del poder y de las Instituciones salpicadas por esta corrupción.

Desde mi humilde blog en Periodista Digital solo puedo expresar mi total apoyo a la juez Alaya en su independencia y voluntad de cumplir con su deber de juez por encima de cualquier obstáculo de sus declarados enemigos. Es doblemente despreciable la falta de apoyo del poder judicial y la impunidad con que se permite el acoso personal a la juez en su sede judicial. Basta ya de intromisiones.

Libros
¿Qué pasa en Cataluña?
Santiago Navajas Libertad Digital 26 Octubre 2013

La estrategia del "apaciguamiento" hacia los catalanistas no fue un invento de Zapatero, sino que al menos desde Azaña ha sido una constante en ciertos políticos, tanto de izquierda como de derecha: acomplejados ante cualquier manifestación de fuerza y violencia, han sacrificado la libertad y los derechos fundamentales en aras de la "paz social". Veamos un ejemplo.

La editorial Almuzara está realizando una meritoria tarea publicando diversas recopilaciones de artículos del periodista Manuel Chaves Nogales, un demócrata liberal, lúcido y honesto, de los que no abundaron en la II República. En estas páginas reseñamos hace tiempo Andalucía roja y "la Blanca Paloma" así como Bajo el signo de la esvástica. No ha podido ser más oportuna ahora la publicación de ¿Qué pasa en Cataluña?, un grupo de ocho reportajes que empezaron a aparecer el 26 de febrero de 1936 bajo el mismo título.

Chaves Nogales se mezcla entre la multitud, habla con próceres catalanes y tiene un vis a vis con el mismísimo Companys recién salido de la cárcel, tras el golpe de Estado independentista que perpetó contra la República española desde la Generalitat. Pero del mismo modo que había minusvalorado la amenaza revolucionaria, como señalamos a propósito de Andalucía roja..., se niega a ver el alcance del desafío nacionalista contra España. Chaves Nogales, como gran parte de la élite política e intelectual española, muestra una especie de síndrome del seny, la versión española del síndrome de Estocolmo, por el cual se termina por justificar a los propios secuestradores. Así, el periodista andaluz se niega a creer que un pueblo con tanto seny (el español común confunde hablar bajito y pausado con sensatez y sentido común) se pueda plantear en serio la secesión de Cataluña.

Con el fondo del terrorismo de extrema izquierda, fundamentalmente del sindicalismo revolucionario y anarquista de la CNT y su brazo armado, la FAI, la clave del mensaje de Chaves Nogales a sus lectores centristas de Ahora es que en Cataluña, a pesar de las apariencias, no pasará nada de lo que se teme en el resto de España: una nueva explosión secesionista como la que amagó Macià, primero, y perpretró Companys, después. Con el resquemor de que a la tercera irá la vencida…

Para convencer a su público de que el secesionismo está domesticado, Chaves Nogales cree sinceramente dos cosas. En primer lugar, que con la instauración de la República los nacionalistas catalanes recularán desde el independentismo hacia el autonomismo, aunque reconoce que en los más poderosos electoralmente, los secesionistas de Companys en Esquerra, tienen como vocación y como temperamento la independencia. En segundo lugar, que el fiasco de octubre del 34 les servirá como recordatorio de que la demagogia que lleva a la rebeldía tiene como consecuencias el fracaso y la cárcel. Sin embargo, fue justo lo contrario y octubre del 34 ejerció en el 36 de modelo revolucionario.

Es divertido, por patético, cómo el eterno retorno del chantaje catalanista a los españoles se perpetúa como uno de los arquetipos que configuran el ser español desde el siglo XVII. Del mismo modo que se convirtió en tradición sueca no darle el Nobel a Jorge Luis Borges, han venido a ser las amenazas de independencia por parte de Cataluña una de las señas identitarias de lo español más arraigadas.

Habría que declarar al independentismo catalán bien de interés cultural español. Ni lo adivinaba Chaves Nogales, pero incluso en su inconsciencia mostraba brillantemente la estrategia catalanista del mosso bueno y el mosso malo. Si nosotros tenemos como mosso bueno a Duran i Lleida, Chaves Nogales se encontró con Nicolau D’Olwer, que en pleno febrero de 1936, con el terrorismo anarquista a toda marcha y los separatistas en la Generalitat, proclamaba, ante la cuestión de si había algún problema para Cataluña: "Ninguno". Como mosso malo, en lugar del ínclito Artur Mas, Chaves entrevistó al mismísimo Companys, ya digo que recién salido de la cárcel: "Empieza a ser otro hombre sustancialmente distinto del que fue", dice Chaves, en lo que es una constante de sus artículos catalanes: tranquilizar a la opinión pública española mostrando que los catalanes en general son angelicales, los anarquistas están controlados y los separatistas son sólo unos pocos "perturbados" a los que nadie hace caso.

El inocentón optimismo antropológico de Chaves Nogales, su dicharachera esperanza en la buena voluntad de la mayor parte de los catalanes, como antes le pasó con los andaluces, le llevaron a falsear la realidad, a no querer ver el desastre que se avecinaba más pronto que tarde, a oír a todos pero no escuchar a nadie y a no entender el carácter sinuoso, tortuoso y manipulador de los separatistas, que le hicieron comerse de una tacada su plato más característico: el sapo del seny.

cineypolitica.blogspot.com.es

Está lloviendo. Mucho
J. de Mendizábal www.vozpopuli.com 26 Octubre 2013

A la salida de Downing Street, inmediatamente después de haberse conocido una sentencia parcial del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que va en contra de los intereses del Reino Unido y de los británicos, el Premier se ha detenido ante los periodistas y ha anunciado que va a dirigirse al pueblo a través de la BBC para hacer un statement. Por rigurosa cortesía parlamentaria, leerá el mismo comunicado en breve en la Cámara de los Comunes: "Hoy, hemos conocido una sentencia del TEDH, que va en contra de los legítimos derechos y deberes del pueblo británico. El Reino Unido acata y aplicará esa sentencia en función de los intereses de nuestro pueblo y, sobre todo, en función de lo que consideramos que es justo. El concepto de Justicia para nuestro pueblo es y seguirá siendo, sagrado". ¿Le extrañaría a alguien que pasase algo así?

Obama, presidente de los Estados Unidos de América, se dirige a la nación: "Hoy, hemos hecho Justicia; hoy, hemos acabado con uno de los más terribles enemigos que nunca haya tenido nuestra nación; hoy, hemos acabado con Bin Laden; hoy sigue siendo un día triste porque seguimos recordando a nuestros caídos, vilmente asesinados, pero les ofrecemos lo mínimo que podíamos darles: justicia".

¿Alguien duda de la calidad democrática del Reino Unido o de los Estados Unidos? ¿Alguien podría decir que la democracia española es superior a cualquiera de esos dos pueblos en cuanto a garante de las libertades individuales, los derechos humanos o la seguridad de sus habitantes? Algún comunista, de júbilo y fiesta desde el martes, seguro que sí. Los demás, no.

Desafortunadamente, en España, hemos confundido los términos. Sí estábamos -estamos- inmersos en un proceso de paz, debe ser que había una guerra. Guerra y paz. Correcto. Pues bien, las guerras se ganan, se empatan (Corea) o se pierden. Lo que es absolutamente novedoso es que los vencidos rían y, los supuestos ganadores, lloren. Somos únicos, sin duda.

Esto se ha hecho mal. Desde hace muchos años. Mal, rematadamente mal. Y debería haber responsables. Es obvio que los hay, fundamentalmente gobiernos socialistas que han jugado al "sería peor si", "ofrezcamos al pueblo la paz, la alianza de civilizaciones, pueblos y lo que haga falta", pero también populares por ese nefasto complejo que perdura de poder ser acusados de franquistas en un momento dado. Lo peor que le puedes llegar a decir a un dirigente del PP: franquista. Por el contrario, el diputado de IU, Alberto Garzón, puede tuitear alegremente: "Buenas noticias. Inés del Río a la calle". Es bastante posible, muy probable, que se alegre mucho porque, en el fondo, Inés del Río estaba luchando por uno de sus ideales clave: la dictadura del proletariado. Si bien con métodos un tanto más violentos -en el fondo- el ideario es el ideario: la Internacional Comunista.

Y, a todo esto, el líder (es un decir) de los socialistas, preguntado al respecto de la sentencia, sale corriendo. No dice nada hasta al día siguiente de la sentencia Parot. Nada. Porque tiene que discutirlo internamente con esa guardia de corps de la que se ha rodeado y porque él sabe que ha contribuido -personalmente- a que haya pasado esto. Al fin y al cabo, el magistrado -no juez de carrera- más ardorosamente en contra de la Doctrina Parot en el TEDH ha sido un exdiputado socialista, un exsecretario de Estado de Justicia de Zapatero. López-Guerra, ese hombre. Uno de los nuestros. ¿Qué coño podría decir Rubalcaba? A los dos días: "Es una sentencia dolorosa, pero hay que cumplirla". A los dos días. ¿Dolorosa? Farsante.

¿Y qué podríamos esperar en el otro lado? Pues lo de siempre. Las leyes hay que cumplirlas, las sentencias se acatan y se cumplen y tralalarala, tralaralarita... Cuando todos sabemos que las leyes estatales no se cumplen en determinadas CCAA, las sentencias tampoco, los españoles no somos iguales ante la ley, los votos valen diferente, la seguridad jurídica para individuos y empresas no existe -como tampoco existe la unidad de mercado- ni nadie ejecuta una ley en vigor como el copago (o como quieran llamarlo), ni serán capaces de que nadie cumpla la Lomce ni la Ley de Reforma de las Administraciones Locales.

Y, en este caso, que afecta a la seguridad nacional, a la memoria y dignidad de las víctimas y a los caídos por España, ¿qué tenemos que decir, así, a bote pronto? Pues que... esta tarde, llueve.

Ahí le dio. Eso es cierto. En España, llueve. Llueve mucho. Jarrea.

Tertulia Sin Complejos
Luis del Pino Libertad Digital 26 Octubre 2013

Francisco José Alcaraz, Presidente de la Asociación Voces contra el Terrorismo ha visitado el programa de esRadio Sin Complejos para hablar sobre su presencia en la manifestación de mañana para pedir justicia por las víctimas del terrorismo. Una concentración que no supone el final, "mañana es sólo el principio, que el Gobierno no se quede tranquilo".

Insistía Alcaraz en que "Nos manifestamos contra la política antiterrorista del Gobierno de Rajoy como principal responsable". Alcaraz prefiere no generalizar al hablar de culpables, "hay que poner nombre y apellidos a los tribunales y a los políticos que han consumado esta traición". La erradicación de la Doctrina Parot es algo "no afecta sólo a ETA, también a violadores y otro tipo de asesinos" por tanto es "el pueblo el que va pagar". A partir de ahora "ellos no van a parar de soltar a delincuentes y terroristas y nosotros vamos a empezar a hacer oposición a esta traición y a esta amnistía encubierta que está llevando el gobierno". Según el presidente de Voces contra el Terrorsimo, la banda terrorista está dispuesta a entregar sus armas en el mes de diciembre, algo que considera una maniobra para "intentar engañar a ciudadano" y para lo que el Gobierno "está preparando un operativo muy importante".

"Justicia para un final con vencedores y vencidos", es el lema elegido para la manifestación, unas palabras "que tenemos que defender todos los españoles, porque no puede haber un final sin vencedores y vencidos, y ahora quien está venciendo es la banda terrorista ETA".

El Partido Popular ha decidido acudir finalmente a la manifestación, algo que Francisco José Alcaraz no entiende ya que "nunca han estado con las víctimas" aunque rompe una lanza en favor de Esperanza Aguirre, Ana Botella e Ignacio González que "sin conocer el lema se sumaron a la manifestación" lo que confirma que "hay dos PP". Fue el propio Partido Popular el que anunció el lema elegido "porque no iba contra el Gobierno, ni contra la política del Gobierno".

Apoyemos a las víctimas del terrorismo
Convivencia Civica Catalana  26 Octubre 2013

Apreciado amigo,
Desde su creación, Convivencia Cívica Catalana se ha caracterizado por estar siempre al lado de las víctimas del terrorismo.

Hemos participado en sus actos y les hemos acompañado en su dolor, mientras buena parte de la sociedad española –y especialmente en Cataluña- miraba para otro lado.

Hemos escuchado sus historias personales desgarradoras: la de esos funerales casi a escondidas de policías y guardia civiles asesinados en el País Vasco durante los años de plomo: la de esas esposas que despedían a su marido por la mañana y por la tarde les entregaban un ataúd o la de esos niños de pocos años que cuando preguntaban dónde estaba papá, su madre respondía que estaba de “viaje”.

Y estos días no son fáciles para las víctimas del terrorismo, tras la sentencia sobre la doctrina Parot que acabamos de conocer. Es evidente que algo no cuadra cuando todos hemos visto la sonrisa de los asesinos y la desolación de las víctimas.

Convivencia Cívica Catalana te invita a solidarizarte con aquellos que han sufrido en sus carnes el terrorismo para defendernos a todos. Este fin de semana puedes participar en dos actos, en Valencia y en Madrid.

Acto benéfico a favor de las víctimas del terrorismo en Valencia
Este sábado 26 de octubre tendrá lugar a las 11:00 horas en el Estadio de Mestalla de Valencia un acto en beneficio de las víctimas de terrorismo organizado por los amigos de la Asociación Benéfica Virgen del Pilar de la Guardia Civil de Paiporta.

Destacados deportistas apoyan el evento como David Villa, Álvaro Negredo, Jesús Navas, Gonzalo Higuaín, Raúl Albiol, el tenista David Ferrero o el piloto Héctor Barberá. Socios y simpatizantes de Convivencia Cívica Catalana también estarán en el acto.

Tendrán lugar diversos homenajes, eventos musicales, una suelta de palomas así como un partido de futbol triangular. La entrada costará 5 euros y la recaudación será donada a las víctimas del terrorismo.

Puedes ver el video promocional (Preview) del evento así como los accesos y localización del Estadio de Mestalla en la ciudad de Valencia.

Para aquellos que no puedan ir a Valencia pero quieran colaborar, se ha habilitado una cuenta corriente de la Asociación Benéfica Virgen del Pilar de la Guardia Civil a la cual se pueden efectuar transferencias:

3159 - 0029 - 33 – 2312458629 (CAIXA POPULAR)
Concentración para pedir Justicia para las víctimas del terrorismo en Madrid

Por otra parte, este domingo 27 de octubre a las 13:00 horas la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha convocado una concentración en la Plaza de Colón de Madrid.
Más información en la web de la AVT.
Se están organizando autobuses desde diferentes ciudades de España. Concretamente en Barcelona, saldrán desde la Estación de Sants (calle Viriato). Para apuntarse puede llamarse al teléfono 672 013 049.
Las víctimas del terrorismo merecen nuestro apoyo. Este fin de semana tenemos una buena oportunidad para expresar nuestra solidaridad con ellas.

Atentamente,
CONVIVENCIA CIVICA CATALANA
Defendemos tus derechos
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El TEDH, la venganza y la justicia.
lacomunidadelvino.blogspot.com.es 26 Octubre 2013

El famoso, y nunca bien ponderado, código babilonio de Hammurabi es uno de los primeros compendios legislativos de la historia. El ojo por ojo y diente por diente trata de poner orden en la inacabable espiral de venganza en la que se veían envueltos víctimas y victimarios.
Mediante un "pacto social", en palabras de Rousseau, el hombre en sociedad cede a una instancia superior legitimada el "Ius Puniendi" como forma de control frente a la razón de la fuerza.
Nuestro Cid Campeador "descarta la venganza, sustituyéndola por una reparación legal, fallada juridídicamente en la corte del rey" según recoge Menéndez Pidal. Al héroe no le guía la pasión de la venganza por la afrenta recibida en Corpes sino que se acoge a la justicia real.

Nosotros descansamos en el Poder Punitivo del Estado que constituye la potestad constitucionalmente legitimada de crear leyes e instituciones represivas que garanticen la protección de los derechos y bienes más importantes de nuestra Nación y de cada uno de sus ciudadanos. El individuo abandona la reparación, por cuenta propia, del daño que le han causado a cambio de una justicia que garantize un mejor resultado que la mera represalia particular, que más que compensar convertiría la vida en sociedad en una peligrosa selva.

Pero ¿qué es lo que pasa cuando el agraviado no ve colmada su sed de justicia? ¿Qué sucede cuando se retuerce la ley en aras de una negociación política?
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos supone una estación más del calvario al que son sometidas las víctima de ETA. Si volvemos la vista no muy atrás veremos como los asesinos han sido arropados por sus amigos mientras que las víctimas han estado mucho menos acompañadas. Algunas han tenido que sufrir la indiferencia cuando no el escarnio de los que se sienten más cómodos con los que ponen las pistolas que con los que ponen la cabezas receptoras de sus balas.

Aguantamos a sus representantes en nuestras instituciones democráticas. En esas instituciones por las que han muerto o han quedado mutilados ciudadanos españoles; precisamente por eso: por ser españoles. Víctimas que tienen nombre y apellidos que son los suyos pero que podían haber sido los tuyos o los míos. Porque no han sido objetivo de la metralla o de las balas por llamarse de una forma determinada sino porque el objetivo de los asesinos es generar el terror necesario para que esas instituciones se tambaleen y hagan realidad su traidor sueño separatista.

En Atenas honraban a sus ciudadanos muertos a manos de los enemigos de la polis.
Tucídides pone en boca de Pericles, en su Historia de la Guerra del Peloponeso, una oración fúnebre que no podemos pretender en España porque no tenemos un Pericles, ni tan siquiera tenemos un Alcibíades. Nuestras víctimas han derramado su sangre y no solo no les hemos procurado una oración fúnebre sino que hemos mirado para otro lado y hemos permitido que el TEDH los escupa en la cara siguiendo los consejos de López Guerra y la voz de su amo ZP.

No buscaron venganza porque creyeron en la justicia y confiaron en las bonitas palabras: abandonaos en manos del Estado de Derecho que ejercerá su capacidad punitiva sobre los transgresores que tendrán que soportar todo el peso de la Ley.
Pero no leyeron la letra pequeña: siempre y cuando no se entre en contraposición con la oportunidad política y con la estulticia patogena de la cobarde casta que nos conduce por la cañada hacia los verdes pastos y, una vez llegada la tarde, de nuevo al corral.

En la antigüedad griega llamaban idiota al que no participaba en los asuntos públicos obsesionado por sus pequeñeces particulares y que resultaba, a fin de cuentas, manipulado por todos. En la modernidad española hay mucho idiota, sin memoria sin dignidad y sin conocer la virtud de la justicia . . . y un Presidente que la otra tarde vió llover.

P.D.: Si te has quedado con mal sabor de boca, amable lector, pincha el siguiente enlace
http://lacomunidadelvino.blogspot.com.es/2011/10/por-mis-cojones.html

"El declive económico de Cataluña"
Convivencia Civica Catalana  26 Octubre 2013

Apreciado amigo,

La tensión política y las incertidumbres no suelen ser buenas para la economía. Y la economía catalana no es ninguna excepción.

Convivencia Cívica Catalana acaba de presentar a los medios de comunicación su informe, “El declive económico de Cataluña”, en que se señala cómo la economía catalana está perdiendo posiciones dentro de España.

El estudio analiza la evolución de 10 variables económicas comúnmente utilizadas: empleo, PIB, consumo, vivienda, comercio exterior, inversiones extranjeras, deuda pública, creación de empresas, precios y nivel de vida.

Su análisis conjunto permite constatar una pérdida progresiva de posiciones de Cataluña respecto al resto de España desde el año 2005, año en que se inició con la reforma del estatuto de autonomía un periodo de dosis crecientes de tensión en la política catalana.

Así, por ejemplo, el estudio subraya que en este periodo el PIB per cápita de los ciudadanos catalanes ha caído respecto al resto de españoles. Y en Cataluña se han destruido el 24% de todos los empleos perdidos en España en estos años cuando solo representa el 16% de la población.

De la misma forma, Cataluña ha dejado de ser la autonomía más emprendedora de España, papel que tradicionalmente había ocupado hasta la fecha.

Cabe subrayar también que la pobreza se ha incrementado desde 2005 en Cataluña en un 40%, más del doble que el incremento constatado en el conjunto de España (15%).

El estudio apunta que la creación de incertidumbres políticas suele tener un elevado coste económico. Difícilmente empresas alemanas o francesas instalarán su filial española en un territorio cuyos políticos amenazan con irse de España. Y de la misma manera, industrias internacionales difícilmente visualizarán a Cataluña como una plataforma logística atractiva para introducir sus productos en la Unión Europea cuando Cataluña podría quedar excluida de ella.

Convivencia Cívica Catalana considera que los políticos catalanes priorizan de forma poco reflexiva y desde hace demasiados años la cuestión identitaria a la resolución de los problemas reales de los ciudadanos y, en particular, de la economía. Y ello acaba pasando factura.

En fichero anexo a este correo se adjunta “El declive económico de Cataluña”, un estudio que esperamos sea de tu interés.

Atentamente

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Bolinaga, Faisán, ‘doctrina Parot’, y ahora... Otegui
Editorial www.gaceta.es 26 Octubre 2013

Las últimas excarcelaciones de presos no son el fruto de la estricta aplicación del programa electoral del Partido Popular en materia antiterrorista. Para una inmensa mayoría de las víctimas, también de votantes e incluso militantes del PP, el Gobierno se está plegando a la senda marcada por el Ejecutivo anterior, asumiendo el discurso que tanto le criticaron a Rubalcaba, cuando ante la libertad de un terrorista afirmaba estar simplemente “aplicando la ley”. Después del escándalo de Bolinaga, la decepción de la sentencia sobre el caso Faisán o, más recientemente, la anulación de la doctrina Parot en Estrasburgo, los mismos argumentos del socialista son repetidos hasta la saciedad por los ministros de Rajoy, como si de verdad ni la ley ni la política dejasen otra alternativa.

También es cierto que algunos destacados miembros del PP no han cambiado de discurso. Es el caso de Alejo Vidal-Quadras, Santiago Abascal, María San Gil o Jaime Mayor Oreja. Entre todos ellos, hay que prestar una atención especial a las advertencias que desde hace mucho viene haciendo este último, que no ha parado de denunciar que la actual política es continuadora del llamado proceso de paz de Zapatero, y que con ello se está dando alas al proyecto etarra.

Sólo un necio puede dudar del conocimiento de Jaime Mayor sobre la cuestión terrorista, en todos sus aspectos. Y más aún al comprobar cómo el político vasco no ha errado en ningún pronóstico sobre el tema, desde aquella tregua trampa que engañó a casi todos menos a él. En las últimas horas, muy poco después de que el ex ministro anunciase que la siguiente pieza era la libertad de Otegui, el Parlamento Vasco ha aprobado una moción para exigir la excarcelación del líder terrorista.

El hacha y la serpiente del anagrama de ETA representan las dos caras de la lucha que hace décadas emprendieron los terroristas. Por un lado el golpe seco y atroz del hacha, que no necesita explicación porque está en las pesadillas de todas las víctimas y, por otro, la astucia sinuosa de la serpiente, es decir, la actividad puramente política. El lema que acompaña a ese escudo de horror es el de “Bietan Jarrai”, que en español significa “seguir en las dos”, y no cabe duda que son palabras que desde su inicio marcan el camino de la banda. Sin que ni siquiera se les haya exigido que entreguen el hacha ensangrentada, la serpiente etarra ya está ocupando instituciones, se sienta en parlamentos y consigue victorias judiciales. Tal y como avisaba Esperanza Aguirre, si no se ilegaliza Bildu puede que veamos a Otegui convertido en lehendakari. Ese también sería un final con vencedores y vencidos.

CONTRA ETA, SIN CONCESIONES
Las víctimas tienen razón, y quien no se la dé ayudará a ETA
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com 26 Octubre 2013

La manifestación del domingo 27 contra la liberación de etarras tiene un apoyo social masivo. IU, PSOE y los que traten de proteger supuestos derechos de los asesinos se equivocan.

Decir que en España hay malestar es decir muy poco. Que el Tribunal de Estrasburgo ampare la liberación de decenas de terroristas, anteponiendo sus supuestos derechos y una ley franquista a la justicia y al dolor de las víctimas, dice mucho sobre qué tipo de jueces hay en la institución. Pero que haya políticos, magistrados y periodistas españoles aplaudiendo y aplicando casi con entusiasmo la sentencia de Inés del Río es muy revelador sobre cómo son muchos de nuestros representantes, de nuestros tribunos y de nuestros comunicadores.

No hay que perder de vista el origen y el centro del problema: en España sale a la calle la asesina de 24 personas, condenada a 3.828 años y habiendo cumplido 25. Detrás de ella ya han salido personajes tan manchados de sangre como Antonio Troitiño o Juan Manuel Piriz, y los que vendrán. La aplicación de la sentencia, dejando aparte la cuestión de su acatamiento, corresponde a las autoridades españolas.

No es coherente por parte de los miembros de IU, que han pasado décadas de sus vidas aclamando un régimen basado en la negación de los Derechos Humanos como el de Cuba o antes el de Rusia, que ahora se pongan exquisitos con un grupo de asesinos condenados y no arrepentidos. Menos coherente aún que el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba, que al dar la razón el mismo Tribunal Europeo de los Derechos Humanos a José María Ruiz Mateos se negó simplemente a cumplir lo indicado por Estrasburgo. Y no era un asesino en serie, ni una banda de enemigos del Estado aún en pie, con sus armas, sus redes y sus objetivos de siempre. ETA sí lo es: y por eso el problema es grave.

Quizá por esa gravedad hay una sensación colectiva de repulsa contra Estrasburgo y contra la aplicación de beneficios a estos terroristas. Y por eso el primero que acertó fue Francisco José Alcaraz, que anunció una concentración de repulsa de Voces Contra el Terrorismo en cuanto se previó que Estrasburgo decidiría a favor de los asesinos. En esto VCT, Libertad Ya o el Foro de Ermua se adelantaron a la AVT de Ángeles Pedraza. Al final, como era razonable, todos estarán juntos en Madrid, junto a mucha gente que llegará de toda España, para unirse a las víctimas y para sacar los colores a los políticos responsables de esta claudicación y a los que hoy la aplauden de un modo u otro.

El caramelo amargo del Estatuto de las Víctimas, permitiendo a éstas recurrir la libertad condicional, los permisos y los beneficios penitenciarios de los criminales ¡pero no su excarcelación! no basta. Si los asesinos salen sin cumplir su pena ni reconocer su derrota ETA se sentirá vencedora y lo dejará claro. A esta cuestión no se puede contestar "como quien oye llover" ni responder en términos de cálculo electoral o constitucional como hace el PSOE. Si ETA no es manifiestamente derrotada, y para eso no basta que deje de matar, sino que ha de ser extirpada de la sociedad española, ETA habrá vencido. Y no hace falta hacer muchas encuestas para entender que la mayoría de los españoles quieren que España derrote a ETA.

José Luis Rodríguez Zapatero tenía un proyecto de paz con ETA, que incluía el "fin de la violencia" con contrapartidas. Por esa idea de Zapatero millones de españoles se han manifestado durante años contra el PSOE, acusándolo de traición. Por eso es en cierto modo lógico que IU, separatistas y PSOE no estén el domingo 27 en Colón. Pero aquello no era un capricho de un débil mental, sino una decisión política cuya maldad señalaron, unidos, el PP, las víctimas y grandes partes de la sociedad civil. Por eso mismo es bueno que el PP esté en Colón, no para tener coartadas sino por coherencia consigo mismo.

A continuación, eso debe tener consecuencias en la política del PP y del Gobierno de Mariano Rajoy, consecuencias fáciles de imaginar si uno piensa en qué propuestas han tenido sobre el terrorismo y ETA, desde hace décadas, AP y PP. Ahora, ante la necesidad y con mayoría absoluta, para dejar claro que no se sigue la línea de Zapatero y Estrasburgo, es el momento.

Las víctimas hablan de dolor y de justicia. Además, aquí hay política. ETA no es inaceptable sólo porque mata, sino que en un Estado nacional español no puede haber espacio (y menos espacios de poder, como ya los hay en algunas provincias) para "una fuerza política rabiosamente independentista, potencialmente violenta y edificada sobre el odio a España y al sistema democrático". Por encima de los intereses de los políticos y de los partidos están los intereses de la nación. O si no están, necesitamos que los políticos nos lo digan, empezando por Rubalcaba pero no sólo él, y actuaremos en consecuencia.

No se trata de hacer materialmente más cómoda la vida de las víctimas o de sus familias, ni de darles una palmadita en la espalda. Seguramente muchos no la aprecien demasiado si viene de Iñaki Oyarzábal. Se trata de que las víctimas, y con ellas España, ganen la batalla contra ETA. Y de que ETA sea derrotada, sus asesinos cumplan sus penas y quede claro que su proyecto está para siempre fuera de cualquier legalidad. Cuando, echando la mirada atrás, pienso en el inspector Imaz, en el coronel Prieto, en Alfredo Aguirre, en el general Juan Atarés, en tantos otros militares, guardias civiles o paisanos en cuyos funerales he estado en aquellos años, o cuando me encuentro con Salvador Ulayar, con José Antonio Ortega Lara o con los amigos Silvestre Zubitur y Pello Urquiola, no creo que merezcan un insulto así. Contra ETA, sin concesiones; cualquier concesión es traición.

VENCEDORES Y VENCIDOS
El Gobierno busca más culpables en la Parot: otro juez en la picota
Benjamín López www.elsemanaldigital.com 26 Octubre 2013

El Ejecutivo está dolido y molesto por el trato injusto, así lo consideran en La Moncloa, que se le está dando a raíz de la sentencia. Dolido sobre todo con la prensa y los magistrados.

Mariano Rajoy no es dado a coger el toro por los cuernos, a afrontar de cara los problemas. Prefiere la táctica del avestruz, meter la cabeza bajo el ala y esperar a que escampe. Algunas veces le sale bien pero otras sale trasquilado. Eso le ha pasado con la sentencia del Tribunal de Estrasburgo contra la doctrina Parot. Silencio ante la sociedad indignada y ante las víctimas heridas en lo más profundo de sus almas. Sólo tras comprobar ese previsible malestar se ha dignado a llamar a los representantes de las víctimas y citarles a La Moncloa. Bien, pero tarde, tan tarde que parece un gesto artificial forzado por las críticas. Y seguramente no es así, pero lo parece.

El Gobierno está dolido y molesto por el trato injusto, así lo consideran en La Moncloa, que se le está dando a raíz de la sentencia. Dolido con los medios que le acusan de no impedir las excarcelaciones porque no puede y no debe interferir, y dolido con que las víctimas descarguen sobre el Ejecutivo su indignación. Y está molesto con los jueces que se han dado una prisa inusitada e innecesaria en excarcelar a la sanguinaria Inés del Río y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que implícitamente ha dejado al Supremo y al Constitucional como violadores de derechos humanos y, de paso, a España en entredicho ante el mundo.

Por supuesto que el Ejecutivo podría haberse mostrado insumiso ante el TEDH ¿Pero cuáles hubieran sido las consecuencias para nuestra imagen y nuestra credibilidad internacional como país? Y lo que es peor, ¿con qué legitimidad moral podría entonces el Gobierno exigir a los demás el cumplimiento de la ley y de las sentencias de los tribunales? Esa vía, a mi juicio, es imposible de llevar a la práctica.

Aquí quienes tienen mucho que decir son los jueces, especialmente el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlasca. Espoleado no se sabe bien por qué o quién, no tardó ni cinco minutos en convocar a sus compañeros para tomar la decisión de excarcelar a la terrorista. ¡Ojalá mostrarán siempre la misma urgencia y la misma disposición para todos los casos! ¿No se quejan siempre de que están saturados? Pues no lo parece.

Tanta prisa es sospechosa, la verdad. Da la impresión de que los mismos juristas y políticos ´progres´ que decían eso de que los jueces y los fiscales deben ser sensibles con la situación política y manchar sus togas con el polvo del camino, se han vuelto de un plumazo los más rígidos legalistas. Ahora que el viento sopla a su favor, son los máximos defensores de la ortodoxia judicial.

Porque, no nos engañemos, muchos de los que dicen que lamentan el fallo y que comprenden a las víctimas pero que no queda otra que cumplir la ley, lo hacen con la boca pequeña. En realidad estaban deseando en su fuero interno esta sentencia porque creen que hay que pasar página con ETA para "superar el conflicto", para "abrir un nuevo tiempo" y otra serie de eufemismos que esconden cierta claudicación. Subyace la tesis zapateril de premiar a los terroristas porque han dejado de matar. Y eso, en el fondo, equivale a firmar una paz sin vencedores ni vencidos.

Muchos no estamos dispuestos a pasar por ahí. Queremos que haya, de forma clara y constatable, vencedores y vencidos para que, entre otras cosas, los casi mil muertos del terror etarra no hayan sido en balde.

Doctrina Parot
La izquierda, de pronto, ama el Derecho
Pedro Fernández Barbadillo Libertad Digital 26 Octubre 2013

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre la etarra Inés del Río ha supuesto la transformación de la izquierda española, la más bruta de Europa Occidental, de turba gritona en cónclave de Cicerones y Justinianos. De considerar el Derecho un instrumento al servicio de sus objetivos políticos, como era el lenguaje para ese gran pensador llamado José Luis Rodríguez Zapatero ("Las palabras deben estar al servicio de la política y no la política al servicio de las palabras"), a venerarlo como medio imprescindible para la vida civilizada.

La izquierda española siempre tratado el Derecho como si fueran unas botas de fútbol: le sirve para llegar al poder y hasta para dar patadas, y cuando ha metido el balón en la portería y ha ganado el partido se lo quita de encima.

El gran combate ideológico que ha desencadenado la izquierda desde el PSOE, muy controlado por ideas y consignas de extrema izquierda desde que Zapatero llegó a su secretaría general, es la memoria histórica, plasmada en una ley que el PP no se ha atrevido a derogar, sólo a retirar su financiación.

A través de la memoria histórica, el PSOE y toda la izquierda, incluyendo a ERC y a Bildu, pretenden fijar el canon de interpretación del pasado reciente de España, para de esta manera controlar el presente, y dividir a los españoles en buenos y malos. Los buenos lo son aunque fueran descendientes de jerarcas del franquismo o beneficiados de él (Juan Luis Cebrián, Cristina Almeida, José Bono, Juan Moscoso…), porque basta con colgarse la escarapela.

En este combate, los principios generales del Derecho son un estorbo, un obstáculo pequeñoburgués. Se puede aplicar a la ley lo que dijo Salvador Allende de los periodistas.

Por ello, las tropas de choque del Imperio Progre están empeñadas en atacar la Ley de Amnistía de 1977, aprobada con el voto a favor de todos los diputados y senadores del PSOE y del PCE que inmediatamente después elaboraron la Constitución, incluidos Felipe González, Santiago Carrillo, Alfonso Guerra, Rafael Alberti, Dolores Ibárruri y Marcelino Camacho; más, entre otros, Javier Arzallus (PNV) y Jordi Pujol (CiU).

Cebrián exigía "mutuo perdón humano"
En esa época, Juan Luis Cebrián, ya director de El País, pidió en su periódico una amnistía completa (9-1-1977), junto con un "total olvido" y "el mutuo perdón humano":

Es imposible construir una democracia pacífica basada en el rencor, la revancha, o la prepotencia. (...) Sólo con un total olvido objetivo de los temas que nos dividieron sangrientamente podrán los españoles construir su nueva paz civil. No se trata de reparar hipotéticos errores de la justicia, sino de ejercitar el mutuo perdón humano. Hoy toca enterrar definitivamente nuestras diferencias.

Pero en esta nueva fase política (y de sustitución de generaciones en los partidos y la universidad) ya no es útil la amnistía a la izquierda, en su proyecto de seguir moldeando España a su imagen y excluyendo de ella toda idea y todo hecho que contradigan la superioridad moral que se atribuyen. Por eso proponen su derogación expresa por otra ley de las Cortes o por la jurisprudencia.

El domingo 6 de octubre El País publicó un reportaje, titulado "España se resiste a juzgar el franquismo", en el que su autora, Natalia Junquera, propone la derogación de la Ley de Amnistía. Pero en esta cruzada ideológica participan supuestos expertos juristas, como el magistrado Juan Alberto Belloch, ministro de Interior y Justicia de Felipe González (El Mundo, 12-10-2013):

Me da dolor de tripa sólo mirar al [policía] Billy el Niño éste. Si el delito no ha prescrito, hay que derogar la Ley de Amnistía y juzgarle. Ojalá no esté prescrito. La Ley de Amnistía es muy parecida a la del Punto Final. Se hizo en un momento que precisaba un pacto, pero, como la Constitución, se nos ha hecho mayor. Ya no encaja.

Unos pocos días después del reportaje revisonista, el 17 de octubre, El País publicó un editorial sobre la sentencia del caso Faisán en que abjuraba de sus deseos de hacer justicia aunque pereciesen el mundo y el derecho. Así concluía:
Concentrarse ahora en el desarme de ETA es más importante que sostener la duda sobre viejas intenciones y responsabilidades [la colaboración con ETA mediante el chivatazo].

Silencio en las víctimas del terrorismo
La cosa juzgada, la irretroactividad de las leyes penales, la prescripción de los delitos, la aplicación de la ley penal más favorable, la seguridad jurídica… todos estos principios caen cuando se trata de hacer justicia, según dicen, a las víctimas del franquismo, pero se arrojan a otras víctimas políticamente incorrectas, como las del terrorismo (casi todo de izquierdas), como piedras a mujeres adúlteras. No es que el dolor de todas las víctimas se convierta en un remolino que absorba todo el Estado, sino el dolor de sólo unas víctimas. Este principio estratégico es inseparable de la facultad de elegir las víctimas que se emplean como ariete.

Ahora, la izquierda española, la misma que no condena las manifestaciones insultantes de UGT ante el juzgado de Mercedes Alaya, va más allá del respeto formal por las decisiones de los tribunales y, en el caso de la sentencia del TEDH, exige su cumplimiento irrestricto incluso cuando no obliga al Reino de España, como ha explicado el catedrático Carlos Ruiz Miguel. Y todo para no ser cavernícolas.

El jurista José Manuel Gómez Benítez, que participó en las negociaciones con ETA por encargo de Rodríguez Zapatero, donde se hablaba de modificar las leyes vigentes, de traslados de jueces y fiscales molestos y de manipulación de tribunales, se alegraba esta semana de la sentencia con argumentos sobre la preeminencia de la ley y otros principios ilustrados vigente en el Derecho Penal (compasión, reinserción, laicismo…):

Cualquier opinión crítica es respetable, especialmente si procede de víctimas del terrorismo, pero frente a quienes desde la caverna [sic] promueven el desacato a la sentencia del TEDH y nos sitúan, así, al margen de Europa (…) hay que decir que esta es nuestra cultura y nuestra civilización y que, en su defensa, merece la pena seguir siempre reivindicando el imperio de la ley y la seguridad jurídica.

El escritor Rafael Reig, colaborador de ABC, ha pasado de tener repulsión por la Ley de Amnistía como ejemplo de impunidad en agosto a burlarse de las víctimas del terrorismo escandalizadas por la puesta en libertad de Inés del Río en octubre:

Las víctimas no suelen entender que la ley no les reviente la cabeza de inmediato a los asesinos. (…) Que las víctimas sean partidarias de la venganza y del encarnizamiento contra los asesinos es lo que cabe esperar. Alejamiento de presos, aplicación retroactiva de leyes, trabajos forzados, palinodia pública, uniformes de rayas… si yo fuera víctima, sin duda pediría lo mismo o directamente la horca, por qué no, pero confío en que el ministro de Justicia no me haría ni caso o, como mucho, me daría una palmadita en la espalda y me mandaría a casa diciendo: "Dura lex sed lex".

(Aquí se ve que esta hermana de un guardia civil asesinado por Iñaki de Juana e Inés del Río no dice nada de lo que le atribuye Reig).

Y Miguel Ángel Aguilar publicó en el periódico que justificó al exjuez por querer levantar una causa general contra el franquismo:

Ni siquiera contra ETA y sus asesinos vale transgredir la irretroactividad de las normas penales.

¿Cuánto tiempo tardarán los izquierdistas que nos han atosigado con sus doctrinas y sus doctas opiniones en quitarse las togas y birretes de puntillosos juristas para regresar a su condición de estranguladores de leyes pasadas? ¿Una semana?

@pfbarbadillo

Plataforma Muévete
Apostillas a un manifiesto "buenista"
José Bastida Libertad Digital 26 Octubre 2013

El manifiesto que presentó hace unos días la plataforma nacional Muévete causó grata sorpresa en muchos ciudadanos y también gran decepción en otros por su falta de concreción política, empaque histórico y solemnidad intelectual, además de estar impregnado de un estilo "buenista" propio de juegos florales o discursos borbónicos.

La arenga a los ciudadanos de España empieza por diagnosticar cuatro crisis: la ética (un asunto personal) mezclada con el territorio, la economía (una disciplina poco precisa) y las instituciones (no hace referencia a ninguna en concreto). Evidentemente con cuatro crisis los "grandes segmentos sociales" (jerga universitaria) desarrollan una "preocupante" desconfianza en el sistema democrático, según coligen los autores. La diagnosis es imprecisa y, sobre todo, errónea en cuanto afirma que los efectos de la crisis provocan un descreimiento en la democracia. La sociedad española está indignada y cabreada por el funcionamiento ruin, rapaz y patrañero del sistema pero no pone en duda su legitimidad. El problema han sido las políticas frívolas y corruptas que ha sufrido la nación durante los últimos treinta años, no ha sido el inmovilismo (el Estado no puede estar más troceado en taifas) ni la decadencia (un término culto y difuso) como indica el manifiesto del Movimiento Ciudadano. Bien es verdad que, tras el planteamiento, se arranca ya con la declaración de la necesidad de una reforma profunda de la nación a través del refuerzo de los valores civiles. Concluye este prefacio, desordenado en ideas, con un aserto ("los problemas de la democracia se resuelven con más democracia") que merece una apostilla: la democracia no es un fin en sí misma sino un mecanismo para crear, preservar y aumentar la libertad de los ciudadanos, fuente de todo progreso material y espiritual.

Así discurre el texto entre vaguedades y proclamas tan axiomáticas como "España será lo que queramos los españoles" para después invocar, en un inquietante tono rusoniano, "la voluntad de la mayoría" como la única que puede lograr los cambios. Otra apostilla: las voluntades sólo pueden ser individuales; el derecho a la vida y la propiedad privada junto con los derechos de culto, pensamiento y opinión son inalienables y nunca una mayoría los puede arrebatar porque cuando los arrebata surgen totalitarismos colectivistas tan terribles como las dictaduras comunistas, muy del agrado de la izquierda española.

En lo que respecta a las reformas urgentes que propone destacan la de la ley electoral con listas abiertas, aunque falta una definición precisa de la proporcionalidad territorial para crear el distrito único en las elecciones generales, y la de las administraciones públicas "suprimiendo burocracias y duplicidades". Todo muy vago e inconcreto ya que no hay una referencia explícita al puzle de taifas en que se ha convertido España, haciéndola ingobernable, con múltiples tensiones territoriales que lastran el progreso y las libertades. Por otra parte, los nacionalismos excluyentes, liberticidas y totalitarios que sufre la nación no merecen en este compendio una sola línea…

Pero donde el buenismo de los muñidores del texto se hace angélico es en la propuesta, transcripta en versales, de un "Pacto Nacional por la Educación" para formar bondadosos ciudadanos. El asunto educativo es la piedra de toque de nuestra aciaga sociedad y debe encararse con toda seriedad y firmeza. Mientras no se quiebre el monopolio público de la educación, donde campan y se atrincheran todas las izquierdas y el tosco nacionalismo, no habrá recuperación de valores cívicos ni prosperidad en España. Es imposible avanzar con un sistema educativo funcionarial dominado por doctrinarios que buscan acólitos en las aulas para preservar con futuros votos los privilegios de que gozan en la función pública. Los resultados educativos de las últimas décadas son estremecedores: puestos vergonzosos en las clasificaciones europeas y un fracaso escolar que debería hacer reflexionar a la ciudadanía y preguntarse en qué gasta tanto dinero el Estado. Ninguna formación política ni movimiento se atreve a fomentar la escuela independiente y el cheque escolar. Mientras esto no ocurra, y tengamos un sistema monopolístico público donde la izquierda tiene su baluarte, las nuevas generaciones de españoles tendrán cerrada la puerta al conocimiento, eso sí, su nivel de marxismo-leninismo y zafiedad social está asegurado.

Después de esta dsigresión, motivada por la pobreza de ideas del comunicado en un asunto vital para la nación como es la educación, el manifiesto proclama su constitucionalismo setentayochero con un críptico "lo legítimo es lo legal". A continuación, los autores del vademécum se proponen, con pasmosa ingenuidad, "cerrar y enterrar las dos Españas". Y lo dicen en un momento en que la asilvestrada y socializante izquierda, junto con el nacionalismo liberticida, se ha conjurado para aplicar el frentepopulismo mientras que la llamada derecha, es decir el patético PP, se debate entre la cobardía y la inutilidad de sus políticas.

Por cierto, en todo el discurso, no hay una sola referencia a los cercenados derechos lingüísticos de los hablantes en español en comunidades bilingües, la lengua común y mayoritaria garantiza la comunicación libre, afectiva y cultural entre todos los ciudadanos; tampoco se dice nada del terrorismo etarra y su mafiosa penetración en las instituciones civiles e incluso su exportación "fría" a otras comunidades con casta nacionalista…

Finaliza este decepcionante manifiesto con un "cumbayá": todos juntos.

España
La Plaza de Colón será un clamor en defensa de la dignidad de las víctimas
j. pagola / E. VILLAREJO / madrid ABC 26 Octubre 2013

Los promotores creen que la movilización de este domingo sirve para que la banda terrorista ETA no logre nuevos beneficios

Contra la sentencia de Estrasburgo
Víctimas del terrorismo, aquellas que sufrieron en sus propias carnes la metralla del coche bomba, y aquellas otras a las que el amosal o el tiro en la nuca arrebató un ser querido, piden a los ciudadanos, al margen de ideologías, que asistan este domingo a la concentración convocada en la Plaza Colón, de Madrid, para mostrar su abierta discrepancia con la decisión del Tribunal de Estrasburgo de liquidar la doctrina Parot. Un fallo que permite, ya ha permitido, la excarcelación de etarras, pero también de presos condenados por delitos de extrema gravedad.

Las víctimas consideran que se ha perdido una batalla, la de Estrasburgo, pero no la lucha que desde hace muchos años mantienen por la justicia, la dignidad y la memoria. No quieren arrojar la toalla porque, confían, se pueden paliar los efectos, en principio devastadores, que ha provocado con su veredicto la Corte europea. Por ello, la concentración quiere convertirse también en un clamor que exija al Gobierno, legisladores y poder judicial la aplicación de todos los instrumentos para impedir nuevos coladeros por los que los asesinos y violadores logren una libertad prematura.

El PSOE, con su ausencia, da la espalda a sus víctimas
«Algo hemos hecho mal cuando los terroristas ríen y las víctimas lloramos», advierte Cristina Cuesta, directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco. Algo que duele más si cabe, con una ETA moribunda a la que se le ha dado un balón de oxígeno. La concentración ha conseguido el apoyo de las principales asociaciones de víctimas del terrorismos, de formaciones como PP, UPyD, sindicatos de policías, asociaciones de guardias civiles. El PSOE, con su ausencia, da la espalda a quienes han sufrido el zarpazo de ETA por defender la libertad. Entre ellos, Casas, Buesa, Múgica, Elespe... He aquí algunos de los testimonios de las víctimas de ETA que acudirán o apoyan la manifestación de mañana.

esta mujer ha asesinado a 24 personas y va a salir en libertad
VECINOS DE PAZ  26 Octubre 2013

Dile a Mariano Rajoy que mantenga la doctrina Parot porque los asesinos no pueden convertirse en vencedores
Inés del Río fue miembro del comando Madrid de ETA y fue condenada a 3.828 años de cárcel por asesinar a 24 ciudadanos inocentes. Hoy el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que el Gobierno español tiene que indemnizarla por haberle aplicado la doctrina Parot, que permitía a la Justicia mantenerla en prisión.

Este martes, a las 9.15 de la mañana, el pleno extraordinario de la Audiencia Nacional se reúne para decidir si la pone en libertad. Sobre la mesa de los jueces, la sentencia de Estrasburgo. Y sobre la conciencia de Martiano Rajoy, la posibilidad de impedir que los terroristas se conviertan en los vencedores de la lucha antiterrorista.

El próximo viernes los jueces volverán a reunirse para decidir si liberan otra asesina, Jofesa Mercedes Enaga, miembro del comando Barcelona, una de las criminales del atentado de Hipercor (21 muertos). Y en las próximas semanas, la Audiencia Nacional tendrá que revisar otros 30 casos de asesinos etarras que podrían quedar en libertad.

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es de obligado cumplimiento para España. Muchos países democráticos (por ejemplo, Gran Bretaña) han rechazado sus sentencias. El presidente del Gobierno tiene el poder de decidir que España no acatará esta barbaridad jurídica. Pero si no se lo exigimos todos de manera inmediata y contundente, los asesinos de los últimos 50 años quedarán en libertad.

Te pido que me ayudes: envía tu mensaje a Moncloa, exige a Mariano Rajoy que mantenga en la cárcel a quienes intentaron acabar con la libertad de todos, y para ello asesinaron a tantos:
http://www.hazteoir.org/alerta/54207-diga-s-doctrina-parot

¡Muchas gracias por defender al memoria de las víctimas y por luchar por una democracia limpia de asesinos!
Francisco José Alcaraz, presidente de Voces contra el Terrorismo
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Acoso separatista
"Kale borroka" a la catalana: la ley del silencio
Desde las pasadas autonómicas se han multiplicado los ataques a las sedes del PP y  Periodista Digitaladans y los insultos a políticos y militantes no nacionalistas.
Pablo Planas Libertad Digital 26 Octubre 2013

El movimiento separatista catalán insiste siempre en el carácter "cívico" y "familiar" de sus actos, unas fiestas caracterizadas por las masas ingentes de participantes y el orden en su desarrollo. Tan distinguidas exhibiciones del espíritu catalanista suelen ir de la mano de severas recomendaciones para no caer en las "provocaciones fascistas". Así, entre la última Diada y el pasado Doce de Octubre, el discurso político y policial de la Generalidad consistió en alertar por activa y por pasiva de una hipotética invasión de ultraderechistas que no llegó a producirse. La única excepción de un día señalado en rojo por la consejería de Interior fue la manifestación convocada en plaza de Cataluña por la entidad "Som Catalunya, somos España", que llenó de banderas de España y catalanas sin estrella la plaza de Cataluña y sus alrededores. No hubo incidentes dignos de mención, salvo una pequeña agresión de un grupo de "antifascistas" a un provocador que portaba de forma visible una bandera española.

CiU y ERC, ya sea como partidos o desde la Generalidad, insisten en la teoría del "pacifismo" separatista y en el carácter integrador de sus actos, en las actitudes dialogantes de los partidos que forman su "frente nacional" ante el discurso del miedo de los partidos que califican de "unionistas", es decir: PP, Ciutadans y ahora ya hasta el PSC, dadas sus reticencias no tanto sobre el "derecho al decidir" sino sobre la conveniencia de que Cataluña se separe de España. Las formas políticas e institucionales en Cataluña son de una urbanidad exquisita, sostienen los dirigentes nacionalistas.

Sin embargo, el día a día de los militanes y trabajadores de los partidos "unionistas" suele verse alterado cada vez con más frecuencia por "expresiones" del separatismo catalán que no parecen avalar las tesis sobre el carácter abierto y dialogante del movimiento popular hacia la indepedencia. Por ejemplo, sólo desde las pasadas elecciones, en noviembre de 2012, las sedes del Partido Popular en Cataluña han registrado más de cuarenta ataques. Desde pintadas a lanzamientos de huevos; desde pedradas y destrozos en el interior de los locales a "escraches", desde amenazas de muerte a recomendaciones para que hagan las maletas.

Ciutadans es una fuerza con menor implantación territorial, pero también objeto frecuente del otro "discurso" del independentismo. Sólo el año pasado, su sede de Girona fue atacada cuatro veces. El 10 de junio, día de su inauguración, el 16 del mismo mes, el 26 de noviembre, justo después de las elecciones autonómicas y el 22 de diciembre. En Barcelona, los militantes de Ciutadans ya están acostumbrados. Atacaban su sede cuando la tenían en el Paseo de Gracia y también la actual, mucho menos céntrica, al lado de la plaza de toros Monumental. Incluso en el PSC notan ya algunas consecuencias desagradables por la renuncia de su dirección a formar parte del movimiento separatista. Hay sectores del socialismo catalán que no tienen ninguna duda, ex dirigentes que ya han dado el paso de integrarse en las "mesas por el derecho a decidir", como Joaquim Nadal o la exalcaldesa de Badalona, Mayte Arqué; pero la dirección encabezada por Pere Navarro prefiere explorar una reforma constitucional o incluso la tercera vía de Josep Duran antes que sumarse a la "gran coalición" de Oriol Junqueras, Carme Forcadell, la líder de la ACN (Assemblea Nacional Catalana ) y Artur Mas.

En la noche del 12 al 13 de octubre, unos militantes de las juventudes del partido socialista fueron atacados por otros jóvenes que provocaron destrozos en un local socialista del distrito barcelonés de "Les Corts" mientras proferían gritos a favor de la independencia. Unos días antes, poco después de la Diada, la sede del PSC en Sant Adrián del Besós, amanecía con la pintada "Fora de Catalunya!" firmada por "Arran", las juventudes de las Candidatures d'Unitat Popular (CUP), uno de cuyos diputados desencadenó el incidente que acabó con el abandono del hemiciclo del parlamento catalán de los diputados de Ciutadans primero y el PP a continuación.

El fenómeno de los ataques a las sedes de los partidos no nacionalistas no ha suscitado nunca la más mínima atención mediática, ni dentro ni fuera de Cataluña. A diferencia de lo que ocurrió con el asalto ultraderechista a la sede de la librería Blanquera en Madrid durante el pasado 11 de septiembre, los ataques y agresiones sufridos por militantes o dirigentes de los partidos no nacionalistas, que se remontan, por cierto, a los años del Tripartito, pasan inadvertidos.

Nunca se ha producido una condena oficial o un acto de solidaridad por parte de las formaciones nacionalistas y eso que los ataques no han sido sólo en forma de pintadas o proyectiles contra una fachada o una persiana metálica. También se han registrado ya algunos casos de insultos y agresiones físicas, como la de los jóvenes socialistas. En Rubí (Barcelona), el pasado 12 de febrero, un concejal del PP sufrió lesiones en el codo derecho tras ser zarandeado por unos "desconocidos". Otra concejala del mismo partido, en Subirats (Lérida), sufrió una variante en la práctica de las amenazas: las pintadas contra ella se hicieron en su centro de trabajo, una entidad financiera. En Ciutadans también pueden contar sin parar insultos, empujones y amenazas, sobre todo amenazas: vía correo ordinario contra su principal dirigente, Albert Rivera; vía twitter contra sus simpatizantes o sus cabezas visibles. E insultar a Alicia Sánchez Camacho por la calle ya no es una anécdota. Le ha pasado también a Pere Navarro, a Albert Rivera y a los rostros más conocidos entre los contrarios a la independencia.

Sin embargo, ERC y CiU insisten en que la "fractura social" es una hipótesis insultante, que los incidentes son hechos aislados, que no merecen condena, que no se debe caer en las provocaciones y que el peligro está en la resurrección de la extrema derecha, siempre con el asalto a la librería de Madrid como argumento incontestable y definitivo. Si en las puertas de los no nacionalistas menudean las amenazas de muerte o la recomendación de hacer las maletas, en el parlamento catalán también se percibe un ambiente bronco. Alicia Sánchez Camacho fue increpada en sede parlamentaria por denunciar el intento de la Generalidad de criminalizar de la manifestación del Doce de Octubre unos días antes de que los diputados de Ciutadans y el PP fueran conminados por la presidenta de la institución, la democristiana Núria de Gispert a callarse o a abandonar el pleno tras ser tachados de "fascistas" y "nazis" por un diputado de las ya citadas CUP. Al término de la sesión, algunos diputados convergentes oyeron perfectamente como Pere Navarro le dijo al "president" Artur Mas "això se'n va a la merda", en lo que interpretaron como una alusión nada velada a las consecuencias del giro radical y separatista de CiU.

Después del Doce de Octubre, entre la agresión a un ciudadano por exhibir una bandera de España y la aparición de más pintadas en alguna sede del PP, el diputado de Ciutadans Matías Alonso parafraseó a Churchill en el Parlamento autonómico: "Algún día los fascistas se llamarán a sí mismos antifascistas".

La consejería de Interior, mientras tanto, sigue restando importancia al goteo de amenazas, coacciones, ataques e insultos. El consejero del ramo y el gobierno autonómico en pleno piden, en cambio, el cese fulminante de la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, por denunciar a los ayuntamientos que retiran las banderas de España, destinan fondos públicos a los actos independentistas y promueven campañas de insumisión fiscal.

Defendamos el derecho a decidir
Víctor Francisco Bermúdez www.cronicaglobal.com 26 Octubre 2013

Propongo defender el derecho a decidir y un referéndum. Un derecho a decidir cuyas consecuencias prácticas son concretas y cuyos beneficios son claros y necesarios, están al alcance de nuestra sociedad y no dependen ni de la Unión Europea, ni de duras negociaciones entre estados. Ni pasan por saltarse las leyes. Además no produciría ningún enfrentamiento con el Gobierno central que no creo que tuviera inconveniente en darle el visto bueno. Este derecho a decidir sí sería un ejemplo de proyecto de futuro, libertad, democracia, y entendimiento cordial entre instituciones.

Propongamos un referéndum sobre el trilingüismo escolar. Con una pregunta clara y sencilla: "¿Quiere usted un modelo educativo trilingüe?". O, si se prefiere, sin pregunta, con dos papeletas: "A favor de la inmersión lingüística obligatoria: enseñar sólo en catalán" o "A favor del trilingüismo: enseñar en catalán, español e inglés". Escoja la que mejor le parezca para el futuro de sus hijos, estimado ciudadano catalán.

Quien se lo puede permitir decide llevar a sus hijos al Liceo Francés, a la Escuela Alemana, al Aula o a otro colegio privado

El multilingüismo es hoy un lujo limitado a una minoría, regido tristemente por la desigualdad social. Puesto que sólo depende del dinero. Quien se lo puede permitir puede decidir llevar a sus hijos al Liceo Francés, a la Escuela Alemana, al Aula o a cualquier otro colegio privado donde los alumnos aprenden en un idioma extranjero o en varios idiomas. Quien no tiene ese dinero no tiene acceso a ello. Un argumento más a su favor es que destacados defensores de la inmersión (para los hijos de los otros) han apostado ya por una educación multilingüe para lo suyos: por ejemplo Artur Mas, cuyos hijos se ahorraron la inmersión.

Defender este referéndum tendría varias consecuencias posibles:
a) Pongamos que lo conseguimos. Pongamos que los catalanes pueden ejercer su derecho a decidir. Tendríamos todas las de ganar. Nos bastaría con señalar los beneficios del trilingüismo. De sus valores: de su pluralidad, de su importancia en el reconocimiento de la realidad social catalana e internacional. De su práctica y consecuencias: la mejor capacitación de los alumnos para enfrentarse al mundo de hoy. Y para colmo, podríamos poner como ejemplo a parte de los que estarían en contra, como el señalado Mas.

b) Imaginemos pues que gana el sí. Sería la mejor noticia a nivel educativo habida nunca en Cataluña. La victoria del sí no implicaría el trilingüismo en las aulas desde el día después, pero sí el trabajar en esa dirección. Faltan, por ejemplo, profesores con un nivel de inglés adecuado. Pero esa sería también una oportunidad para potenciarlo entre el profesorado. Y de ahí a las aulas. Alumnos educados por y para la pluralidad lingüística. Una verdadera educación en valores. Un sistema educativo más capacitado para estimular su desarrollo intelectual y de agrandar drásticamente sus posibilidades de éxito en la vida. La oportunidad que hasta ahora sólo ha tenido una minoría, por fin al alcance de todos.

Consecuencias indirectas:
c) El independentismo reaccionaría posicionándose en contra del nuevo derecho a decidir. No podemos esperar otra cosa ni de CiU, ni de la CUP, ni de ERC (de ICV-EUiA y el PSC... seguramente tampoco). La inmersión es para ellos una consecuencia de una esencia, de "la llengua de la terra", de "a Catalunya en català", "un sol poble" y de "Catalunya és una nació". Y punto. Recuerden cuántas veces nos han dicho que los que estábamos en contra de la inmersión queríamos "dividir a los catalanes". Ese era su tradicional gran argumento. Y era un argumento falso: hoy están dividiendo a la sociedad entre los del sí y los del no a la secesión y lo han hecho cuando tan solo unas pocas encuestas colocaban el apoyo social a la secesión en apenas un 50%. Una división potencialmente mucho más peligrosa para la convivencia en una sociedad cuya mayor riqueza y causa de paz social ha sido y todavía es la relativización y mezcla de las identidades española y catalana, compartidas por una mayoría de catalanes.

Defendamos nuestro derecho a decidir pidiendo un referéndum sobre el trilingüismo en el sistema educativo
Tal negativa al derecho a decidir, tendría un efecto automático: quedaría de golpe desactivada la campaña de márqueting independentista que dice promover el derecho a decidir como un ideal democrático, como un ejemplo impecable de democracia, modernidad y libertad, cuando lo único que se quiere es un referéndum de separación. Mejor dicho; como campaña comercial lo que de verdad busca no es un referéndum sino la separación a secas. Por eso los actos en defensa del derecho a decidir son todo lo contrario de neutrales, son actos totalmente politizados y pro independentistas.

d) Así, se pondría punto y final al chantaje emocional continuo al que estamos siendo sometidos los catalanes y el resto de españoles con el tema del derecho a decidir secesionista. En artículos, tertulias, debates por internet y en la calle se nos echa en cara lo mismo: "¿Por qué no nos dejan decidir?", "¿es que no sois demócratas?", "¡Me queréis quitar mi derecho a decidir, fascistas!". Se está manipulando a una parte de la gente con la publicidad del derecho a decidir. Derecho a decidir es, para ellos, un eufemismo generalista de referéndum de separación. Pero se les oye más hablar del derecho a decidir que de lo que es en realidad. Necesitamos darle la vuelta al argumento, nosotros sí estamos a favor del derecho a decidir, pero vamos a empezar a utilizarlo de verdad, en temas concretos y prácticos, como en Suiza. Aplicado a un fin claramente positivo para el futuro de los catalanes y no a un tema identitario que sólo puede dividir a la sociedad. Ya nadie vería en el separatismo superioridad moral-democrática alguna. Su negativa dejaría meridianamente claro que el derecho a decidir separatista no es tal, sino un intento de manipulación social masiva que busca colocar al Gobierno español, a la Constitución, y a los que tenemos otras prioridades, como los malos, los que impiden la libertad, lo cual es una estrategia para a su vez reforzar el independentismo.

e) Al quedar anulada esta campaña de márqueting se reducirían dos de sus grandes objetivos: la distracción social y la búsqueda de legitimidad moral con la que Mas y los suyos están tapando sus escándalos de corrupción y la gestión de la crisis.

Por todo ello: defendamos nuestro derecho a decidir pidiendo un referéndum sobre el trilingüismo en el sistema educativo.


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