AGLI Recortes de Prensa   Martes 5  Noviembre 2013

Administraciones Públicas: una reforma desilusionante
Editorial www.gaceta.es 5 Noviembre 2013

Hacer más con menos y evitar duplicidades competenciales son los dos principios básicos que presuntamente guían la reforma de la Administración planteada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. En teoría, un buen punto de partida al que habría que añadir un tercer principio: no gastar ni un euro más de lo que se ingresa. No vale decir que el problema no es de gastar mucho sino de ingresar poco. Lo que no se puede hacer es gastar más de lo que se ingresa. A este enfermo que es España le sobra mucha grasa y hay que meterle el bisturí con decisión.

Por eso, la comparecencia de ayer de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, resultó desilusionante. Santamaría aseguró que la Administración General del Estado está ahorrando ya 44 millones de euros con las primeras medidas que ha tomado de racionalización de alquileres de edi~cios y que ha logrado unos ingresos además de 105 millones con la enajenación de inmuebles. Ése es, según dijo, el resultado de aplicar la primera parte del plan de actuación sobre gestión de los inmuebles, que seguirá avanzando. Además, alabó el esfuerzo de las Comunidades autónomas, que han eliminado ya 554 entidades públicas de las 734 previstas, tres de ellas han suprimido sus tribunales de defensa de la competencia, otras cinco han extinguido sus defensores del pueblo,.... En suma: el chocolate del loro.

Hace tiempo que se tenía que haber abordado una reforma radical de las Administraciones en sus tres niveles porque su sobredimensionamiento es la causa de todos nuestros males. Por tanto, si no se ataja el gasto público y no se reforma el Estado de las Autonomías será poco menos que imposible la recuperación necesaria y sostenible para acabar con el drama del paro. Que España siga contando hoy prácticamente con los mismos empleados públicos que al comienzo de la crisis es una señal de irresponsabilidad política. Los números cantan: tres millones de empleados con una masa salarial de 90.000 millones, que fue precisamente el desfase presupuestario español en 2012.

Los ahorros en alquileres presentados ayer por la vicepresidenta son una broma de mal gusto. Lo que España necesita es acometer una profunda reforma de la

estructura estatal y, por ende, de la función pública. Someter el elefantiásico Estado español a una severa cura de adelgazamiento y hacerlo más dinámico, e~ciente y ~exible, porque si en las épocas de prosperidad no tenía ningún sentido que se despilfarraran los recursos, en tiempos de crisis resulta suicida mantener unas estructuras tan costosas como ine~caces, por lo que la reforma del Estado autonómico es hoy más necesaria e imprescindible que nunca.

Trampas en el haciendario
Fernando Díaz Villanueva www.gaceta.es 5 Noviembre 2013

Hoy el Estado gasta más que hace dos años, más incluso que en 2009, año orgiástico del gran despilfarro.

El Gobierno no sabe cómo atajar el déficit público. En no sé cuántos siglos de historia no se conoce caso igual. Llevan dos años dando la paliza con el déficit y nada, ahí sigue por encima del 6% sin que haya visos de que algún ejercicio, aunque sea por pura casualidad, baje hasta el 3%, que es el holgadísimo límite fijado en el tratado de Maastricht. Cuando Rajoy llegó al poder el descuadre en las cuentas del Estado era propio del presupuesto doméstico de un ludópata. Cuando empezó la crisis la recaudación fiscal se desplomó. La actividad económica fue poco a poco paralizándose. La gente consumía menos, las empresas cerraban y muchos, millones de personas, pasaron a engrosar las listas del Inem, por lo que dejaron de aportar y pasaron a recibir.

Ante semejante cuadro –caída de ingresos y subida de gastos ordinarios– a Zapatero no se le ocurrió mejor idea que ponerse a gastar como un poseso. Nachojcolar, el Vinatero Gangas, Vicenç Navarro y demás monstruos del inframundo recomendaban ardorosamente disparar el gasto público para sortear la crisis y empalmar así con el siguiente ciclo expansivo. Una teoría falaz que nunca ha funcionado pero que sigue teniendo adeptos, básicamente los políticos y todos sus amigastros del sablazo. Seamos sinceros, ¿qué burócrata en su sano juicio iba a resistirse a los aterciopelados cánticos de las ninfas nachojcolarócratas?

Por esa misma época Rajoy, Montoro y los Nadal Brothers estaban en la oposición haciendo méritos para llegar al Gobierno cuanto antes. Se les solía ver por esas cadenas de televisión de las que ahora abjuran repitiendo como loros el mantra de la consolidación fiscal. Aseguraban conocer la receta para cuadrar el círculo y las cuentas públicas. Luego pasó que ganaron y seguimos en las mismas. En las cosas del gasto Rajoy se ha revelado como el mejor discípulo de su zapatérica majestad. Hoy el Estado gasta más que hace dos años, más incluso que en 2009, aquel año orgiástico del gran despilfarro. Así cómo demonios van a poner coto al déficit.

Empeñados en mantener el invento (su invento) funcionando han desarrollado un ingenio contable fuera de lo común. La última que se le ha ocurrido a Montoro es segregar Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, en dos empresas separadas. Con esto pretende escamotear la gigantesca deuda de esta sociedad cuyo principal y casi único cometido es construir y mantener ruinosas líneas de AVE. Tendremos dos operadores de infraestructura, un caso único en Europa. Uno saneado y otro con deuda para alicatar diez cuartos de baño. Ambos estatales y enchufados a su riñón. Sumémosle a esto la última partición en Renfe –que se ha convertido en cuatro empresas distintas– y los ferrocarriles autonómicos y nos encontraremos con que España es uno de los países con más operadores ferroviarios del mundo. Operadores estatales, nada de competencia, esos cosmopolitismos los dejamos para otros. Lo nuestro es el Estado y las trampas… las trampas en el haciendario.

La importancia de las víctimas
ROGELIO ALONSO, EL CORREO  5 Noviembre 2013

Javier Gómez Segura, guardia civil y víctima de uno de los atentados perpetrados por Inés del Río, escribía en 2012: «Para el terrorista la deshumanización de la víctima es una condición necesaria para lograr sus objetivos de desestabilización social. Por esta razón, el propio apoyo que la sociedad ofrezca a sus víctimas es en sí una parte importante de la estrategia antiterrorista. Es necesario proteger a las víctimas de todas las fuentes de victimización secundaria y terciaria. La sociedad tiene la obligación de reparar y esta reparación empieza por acoger a la víctima, velar por sus necesidades y agradecer el sufrimiento, evitando su estigmatización o su utilización política». Advertía asimismo sobre la neutralización de las víctimas perseguida desde el entorno terrorista y otros sectores y, en consecuencia, acerca de la necesidad de contrarrestar esos intentos de desactivación. La propia ETA, consciente de la influencia que las víctimas del terrorismo han ejercido en la política antiterrorista en algunos periodos, ha exigido «desarmar el ámbito de las víctimas».

Todo ello explica la frustración de gran parte del colectivo de víctimas tras la sentencia de Estrasburgo y sus críticas a la inacción de un Gobierno que ha llegado a declararse «impotente». No es esta asunción de debilidad la mejor imagen frente a una ETA jubilosa por su triunfo ante el Estado. La posibilidad de que ese éxito se materializara obligaba a demostrar mayor voluntad de combatir el desafío planteado, pues es evidente que el Estado no ha utilizado todos los recursos legales y políticos a su alcance para defenderse. También lo es que el necesario respeto al dictamen no era incompatible con una respuesta que sin desprestigiar a la institución demostrara una convincente defensa de los intereses estatales. En cambio se ha renunciado a una intensa acción diplomática y comunicativa como la que sí se desplegó cuando se buscó activamente el aval internacional para la ilegalización de Batasuna y de otros eficaces instrumentos contra ETA. También es reveladora la renuncia a recusar al magistrado español sobre el que, evidentemente, surgen legítimas dudas acerca de su independencia e imparcialidad, criterio, entre otros, que el reglamento del tribunal contempla al justificar la recusación y la inhibición. Esa falta de determinación debilita la credibilidad del Gobierno y alimenta la desconfianza de muchas víctimas, pues no ha logrado impedir que hoy ETA pueda afirmar que dos de sus exigencias en las negociaciones con el Estado han sido satisfechas.

La experiencia contra el terrorismo demuestra que los gobiernos no deben ignorar la importancia humana y estratégica de las víctimas en la política antiterrorista. Por un lado constituyen un relevante agente de contención frente a las exigencias de ETA y su entorno aportando argumentos al Estado para rechazar las demandas terroristas. Son asimismo un imprescindible factor de prevención de la radicalización violenta y de legitimación de las instituciones democráticas que el terrorismo desea subvertir. Además, como recogía el programa electoral del PP, «han sido el espejo moral y cívico en el que la sociedad española se ha mirado para conocer la inhumana realidad de su sufrimiento y reaccionar contra la injusticia radical de la violencia». De ahí su valiosa contribución al contrarrestar la impunidad política, penal, moral e histórica que ha reforzado social y electoralmente a aquellos que legitiman el terrorismo.

Por ello es absolutamente legítimo que las víctimas quieran hacerse oír como también lo intentan otros grupos de interés en democracia. A veces quienes injustamente les niegan ese derecho se lo otorgan en cambio a otros grupos de interés que propugnan la impunidad de partidos políticos legitimadores del terrorismo. Las reivindicaciones de las víctimas, con independencia de que se compartan o rechacen, surgen de su indudable derecho a intentar influenciar la elaboración de políticas públicas mediante iniciativas democráticas como las que adoptan. Es precisamente la evidencia de que sus intereses han sido desatendidos, recibiendo incluso presiones de las elites políticas, la que justifica su unión con el fin de actuar sobre las instituciones. Las víctimas se asocian después de años de dolorosa soledad porque entienden que deben defender unos intereses comunes insuficientemente protegidos por la Administración. Deben refutarse las manipulaciones que desde algunos ámbitos distorsionan algunas de sus reclamaciones. Por ejemplo aquellas tergiversaciones con las que se intentan desprestigiar las reivindicaciones de justicia y verdad que las víctimas reclaman y que, sin embargo, son con frecuencia presentadas de forma negativa. No buscan venganza, sino la justicia necesaria desde el plano personal, pero también imprescindible para evitar la reproducción del terrorismo que puede producirse si éste queda impune.

Yerran quienes descalifican lógicas pretensiones de las víctimas del terrorismo solo por el hecho de que estas se muestren críticas con decisiones de ciertos partidos políticos. La imagen de las víctimas se verá dañada si son identificadas como acríticas con formaciones políticas y dispuestas a acomodar sus agendas a las de algunos partidos. Si las víctimas se sometieran a directrices partidistas, esa actitud tendría negativas consecuencias sobre la causa que promueven al afectar directamente a su independencia para intervenir en el terreno de la política. La autonomía de cualquier grupo de interés respecto de los poderes públicos es uno de los requisitos para la correcta articulación y organización de las asociaciones de intereses en sistemas democráticos. En esa independencia y en su coherencia radica parte de la fortaleza de las asociaciones de víctimas que algunos actores intentan desactivar.

Carta al PSOE
Garzón, Carrillo y la viuda del difunto
Cristina Losada Libertad Digital 5 Noviembre 2013

En 1946 George Orwell publicó el ensayo La política y el idioma inglés. Analizaba varios pasajes y encontraba, además de una "fealdad evitable", imágenes trilladas –"un basurero de metáforas gastadas"– y una falta de precisión. "Esta mezcla de vaguedad y clara incompetencia es la característica de la prensa inglesa moderna y en particular de toda clase de escritos políticos". De cuanto descubría Orwell en los textos de su tiempo hay mucho y más, en promiscua confusión, en un escrito de pretensiones políticas que firman el exjuez Garzón, el rector Carrillo, la viuda del Nobel Saramago y otros doce apóstoles de una izquierda en busca del tiempo perdido, pero sin madalena, sin brújula y sin gramática.

La "Carta abierta a la Conferencia Política del PSOE" tiene más de un problema con los verbos. Quiere, por ejemplo, "elaborar los cambios" y responder "a los nuevos retos y desafíos que nos demanda la ciudadanía". ¿Desde cuándo se demandan los retos? ¿Se elaboran los cambios como se elabora la cerveza? Otros prodigios hay, como ése de que muchos “están sufriendo con crueldad la devastación del gobierno de Rajoy”, que encadena, al modo de la escritura automática, un par de desafíos al sentido. Leyendo tales cosas, uno se hace más consciente de que la reforma educativa, si llega, llega muy tarde.

La incompetencia, claro, no se manifiesta sólo en el lenguaje, sino también necesariamente en las ideas. La cofradía de Garzón, que el exjuez ha de ser el líder espiritual, pues hay indicios de que ambiciona sitio en alguna lista, se ofrece al PSOE para echar al PP del Gobierno. Bien, es el propósito de cualquier oposición que se precie. Nada hay ahí de extraordinario, salvo por esto:

Nuestro objetivo es la derrota de la derecha que está aprovechando la crisis para empujar al desempleo y a la marginación a amplias capas de la sociedad.

Entonces, queridos, no hace falta que hagáis nada. La derecha, con ese afán por empujar a la gente al paro, se estará cavando su propia tumba. Es difícil que un gobierno salga reelegido con un desempleo masivo en su cuenta de resultados. De ahí que los gobiernos traten de que aumente el empleo y disminuya el paro. Tan es así que la derecha, con Aznar al mando, en lugar de echar a todo quisque al paro y al subsidio, logró que se crearan cinco millones de puestos de trabajo. Qué rara es esta derecha. De pronto le conviene que haya trabajadores, cotizantes y consumidores, y de pronto le interesa tener un ejército de parados.

Por lo demás, el manifiesto garzonita propone abrir una etapa nueva, un nuevo tiempo, una nueva política, una nueva forma de hacerla, un nuevo modelo. Estas grandes y ruidosas novedades surcan la carta cual cascarones vacíos. ¡Igual se les ocurre algo más adelante! Si el PSOE tiene que arar con estos bueyes, yo no le arriendo la ganancia.

¿Por qué se frena la bajada de impuestos?
IGNACIO DEL RÍO www.republica.com 5 Noviembre 2013

El mapa fiscal de España refleja la disparidad de políticas que se sigue en las distintas Comunidades Autónomas y que no es simétrica con la división PP-PSOE.
Realmente hay dos bloques: los que defienden el incremento y mantenimiento de la presión fiscal y los que creen que es el momento de bajar los impuestos, no solo porque el dinero donde está mejor y produce más en el bolsillo de los ciudadanos, sino también porque para nuestra recuperación económica es imprescindible estimular la demanda interna que está en estado de coma.

Los datos últimamente publicados denotan atonía y síntomas de deflación, por mucho que De Guindos aventure de manera optimista que es una anomalía pasajera. Veremos en los próximos meses si estamos en una economía anoréxica sometida a una dieta tan intensa que se ha instalado en una secuencia perversa que se retroalimenta: menor actividad-menor consumo-menor actividad –menor financiación y vuelta a empezar.

La reducción del endeudamiento de las familias en este año en algo más de un 4%, refleja no solo el esfuerzo para reducir el sobreendeudamiento sino el letargo de la financiación bancaria a familias y empresas.

Con estos datos en la mano, el Gobierno Rajoy se embarca en una reforma fiscal en el segundo tramo de la legislatura en la que propone dos objetivos contradictorios: bajar los impuestos e incrementar las figuras impositivas, el Impuesto sobre el patrimonio, en el nuevo sistema fiscal que vendrá.

Además que la promesa electoral de modernización del sistema tributario que estaba en el programa electoral del PP se ha demorado conscientemente, el puzle de competencias articulado sobre las distintas Administraciones Públicas exigía, desde hace mucho tiempo, una simplificación, sistematización y racionalización de los distintos tributos y demás figuras impositivas. Algún día habrá que poner orden en el caos de impuestos estatales, autonómicos y municipales.

Lo que es sorprendente es la respuesta dado por el ministro de Hacienda, Montoro, a la iniciativa de la Comunidad de Madrid de rebajar el IRPF en 2014 en todos los tramos autonómicos en un 0,4 por ciento. Primero, porque la tesis de que si una Comunidad baja los impuestos es porque le sobra dinero, es una simplicidad sin ninguna base científica y mas próxima a una “boutade” propia de un dirigente de la izquierda poco evolucionada.

En segundo lugar, porque penaliza a toda una Comunidad, Madrid, a todos sus ciudadanos, al modificar, al hilo el sistema de compensaciones, anticipos derivados de la recaudación del Impuesto sobre el Patrimonio, de modo que las CCAA que han percibido más de lo que han recaudado se quedan con el exceso y no se integra en su cuenta global con la Hacienda del Estado. Puro trilerismo contable de más que dudosa legalidad que perjudica directamente a los madrileños ya afectados por el cómputo poblacional.

Si al escenario sumamos el propósito publicado de dar carácter obligatorio al Impuesto sobre el Patrimonio , resulta que lo que se sabe de la reforma fiscal del Gobierno de Rajoy coincide con…las primeras propuestas de la conferencia del PSOE.

Por el contrario, nada se dice del Impuesto de sucesiones que sí que refleja una desigualdad real entre los ciudadanos españoles según cual sea el lugar de su última residencia y que, en las CCAA en que se mantiene el Impuesto sobre el Patrimonio, constituye una triple imposición a los mismos hechos imponibles.

El efecto de bajada de la tarifa autonómica del IRPF para 2014 no va a tener efecto inmediato en la nomina de los contribuyentes ya que la tabla de retenciones es única para toda España, por lo que aplicada sobre los rendimientos de 2014,tendrá efectos en la declaración que se efectuará en 2015 ,es decir ,después de las elecciones municipales y autonómicas que s e celebraran en mayo de 2015. Es decir que los contribuyentes llegaran a las elecciones sin dinero en sus bolsillos.

El Instituto de Empresa Familiar que reúne a compañías con una larga tradición e historia ha celebrado en Jerez de la Frontera su Congreso y su presidente, José Manuel Entrecanales, le ha recordado al Gobierno que en 2012 han cerrado en España 400.000 empresas y que el Gobierno ha realizado medio centenar de modificaciones normativas fiscales, básicamente para incrementar la presión fiscal y las obligaciones formales de los contribuyentes. Les ha faltado sumar las realizadas por las CCAA y la repercusión en los municipales.

Rajoy mandó a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y le hubiera venido bien pasarse por Jerez-qué poco va por Andaluciá- y oír a empresarios que tienen muchos años dehistoria y que han optado por creer en el futuro y dejar aun lado el pesimismo y el arte de no hacer nada.

Partido Popular
El poder y las víctimas del terrorismo
Cayetano González Libertad Digital 5 Noviembre 2013

En el proceso de negociación política con ETA que Zapatero llevó a cabo y que comenzó incluso antes de llegar a La Moncloa en el 2004, hubo un elemento que no había evaluado suficientemente y que por tanto no controló: la oposición de las víctimas del terrorismo y con ellas de muchísimos españoles a aquella negociación infame con la banda terrorista. Fue la famosa "rebelión cívica" que encabezó José Alcaraz desde la AVT, apoyada por escasos medios de comunicación y también por el PP, aunque, en este caso, con muy poco entusiasmo por parte de Rajoy, al que le enojaba profundamente que la AVT le hiciera la agenda de las manifestaciones.

Cuando el PP llegó de nuevo al poder, hace dos años, y con esa lección bien aprendida de la etapa de Zapatero, uno de sus objetivos inmediatos fue controlar en algunos casos y neutralizar en otros a las víctimas del terrorismo. Para ello, la primera decisión que adoptó fue descabalgar de la presidencia de la Fundación Víctimas del Terrorismo a Maite Pagazaurtundua y poner al frente de ella a María del Mar Blanco, en la seguridad de que esta última iba a ser más dócil, más manejable a los intereses del Ejecutivo y del partido en el poder, y en el que milita la propia interesada. Por cierto, que en este cambio tuvo mucho arte y parte el secretario general del PP vasco, y secretario nacional del Área de Justicia y de Libertades Públicas del PP, Iñaki Oyarzabal, lo cual ya es todo un síntoma.

La segunda maniobra del Gobierno y del PP fue orillar a todas las asociaciones de víctimas que se suponía podían ser críticas con la política antiterrorista que iba a seguir Rajoy. Para ello centraron todas sus atenciones en la AVT -que para entonces ya no estaba presidida por José Alcaraz sino por Ángeles Pedraza- con el argumento de que era la asociación mayoritaria. Ni para el ministro del Interior, ni para la directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo ni para las terminales mediáticas del Gobierno y del PP han existido en todo este tiempo otras asociaciones de víctimas que la AVT. Lo de "el que se mueve no sale en la foto" de Alfonso Guerra ha sido una broma al lado de lo que ha pasado con asociaciones de víctimas críticas con el Ejecutivo de Rajoy, como Voces contra el Terrorismo, que preside Alcaraz; Covite, que lidera Consuelo Ordóñez, por poner los tres casos más paradigmáticos, y Dignidad y Justicia, que dirige Daniel Portero.

Por todo ello, se entiende la reacción –mitad rabia, mitad prepotencia– que ha habido desde la actual dirección del PP a raíz de los abucheos recibidos por los tres vicesecretarios generales –Pons, Arenas y Floriano– y por el propio Oyarzábal en la concentración convocada por la AVT hace ocho días en la Plaza de Colón de Madrid. Reacción que, en vista de las declaraciones o comentarios que han seguido haciéndose desde entonces, pone de manifiesto que no han digerido bien lo que allí pasó. Por ejemplo, cuando Oyarzabal dice que "Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez estarían hoy en este PP", aparte del mal gusto que supone apropiarse del pensamiento y la voluntad de los muertos, lo único que demuestra es el nerviosismo que les invade, a él y a sus compañeros de dirección del PP vasco, porque son conscientes de que caminan de forma irremisible hacia la práctica desaparición, electoral y socialmente hablando, de la vida política vasca.

La inmensa mayoría de los españoles tiene muy claro que el PSOE siempre ha sido partidario de los atajos para luchar contra ETA. Atajo fue el GAL y atajo fue el mal llamado "proceso de paz" de Zapatero, cuyas consecuencias más dramáticas están bien a las claras: legalización de todas las marcas de ETA, para que la banda pudiera volver a las instituciones, y suelta de presos tras el magnífico trabajo llevado a cabo por el jurista Luis López Guerra, que colocó Zapatero en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que este organismo derogara la Doctrina Parot.

Pero lo que esos mismos ciudadanos no esperaban, cuando muchos de ellos le dieron su voto hace dos años, es que el PP de Rajoy fuera a seguir esa hoja de ruta pactada por Zapatero con ETA. Y aunque los marianistas de carnet no quieran aceptarlo, hay evidencias más que sobradas para asegurar que esto ha sido y sigue siendo así. El secuestrador de Ortega Lara Josu Bolinaga fue puesto en libertad por este Gobierno y después de un año sigue en la calle; el Ejecutivo no mueve un dedo para ilegalizar a las diferentes marcas de ETA; se mantiene la denominada vía Nanclares puesta en marcha por Rubalcaba; no se recusó en su momento a López Guerra para intentar cambiar el sentido del voto en Estrasburgo y el PP vasco se ha dejado en manos de un grupo de inmaduros y mediocres dirigentes que se pasan el día inventándose supuestos enemigos internos para justificar su clamorosa incompetencia.

Todo eso lo saben, lo padecen y lo sufren las víctimas del terrorismo, que en otros momentos de nuestra historia reciente –los años de los Gobiernos de Aznar, fundamentalmente– comprobaron cómo había voluntad de acabar con ETA sin hacer ninguna concesión política a cambio y, sobre todo, sin ofender la Memoria, la Dignidad y la Justicia reclamadas por las propias víctimas. O cómo el PP vasco era entonces un referente moral y ético para el resto de España en la lucha por la libertad y la democracia en esa parte del territorio nacional. De ahí el enorme enfado y malestar manifestado en la Plaza de Colón, no tanto en el discurso de la presidenta de la AVT como en los reproches a algunos dirigentes del PP presentes, que no a todos, porque la gente sabe distinguir perfectamente. Cabe recordar que Esperanza Aguirre, Jaime Mayor Oreja, Ignacio González o incluso Ana Botella fueron aplaudidos tanto a su llegada como a su marcha. ¿Molestó esto en Génova? ¿Por qué en lugar de ser tan tiquismiquis no reflexionan sobre las razones de ese enfado y de esa distinción entre dirigentes?

Los tejemanejes que se traigan desde el poder con algunas asociaciones de víctimas del terrorismo tienen un muy corto recorrido, y sólo hablan mal de quienes los llevan a cabo, aunque tampoco salen indemnes quienes entran a ese juego dejándose utilizar. Algunas escenas de sofá de dirigentes institucionales con Mari Mar Blanco y Ángeles Pedraza de estos últimos días producen auténtica vergüenza. La fortaleza de las víctimas del terrorismo, de sus asociaciones, no está tanto en el apoyo que reciban del poder, que a la vista está será interesado y con el que hay que mantener distancia, como en el que pueda darles una ciudadanía que siempre ha querido y sabido estar junto a las víctimas del terrorismo. Algo que nadie debería olvidar.

Todo lo que España y Europa perdieron en el siglo XX
Pascual Tamburri El Semanal Digital 5 Noviembre 2013

Hace un cuarto de siglo se hundió el bloque soviético. Terminó así el siglo XX, con su sangre, su horror y su decadencia. Pero ¿lo hacemos mejor en este siglo XXI?
El historiador marxista Eric Hobsbawm definió el siglo XX PERO EUROPA DECAE como "el siglo breve", y en efecto lo fue en cierto sentido. Aunque para todos los que seguimos a Dionisio el Exiguo el siglo empezó al terminar 1900 y terminó al empezar 2001, el siglo en términos políticos, sociales, culturales y económicos arrancó en 1914 y se cerró en 1989. Nada es igual después de empezar la Primera Guerra Mundial, y nada pudo ser igual después de caer el Muro de Berlín. Otra cosa es que esos cambios totales y en todos los frentes hayan sido especialmente buenos para España, para Europa y para eso que antes llamaban, pobres ilusos, la civilización cristiana.

Muy pronto vamos a conmemorar el centenario del comienzo de ese siglo XX y los 25 años de su fin. En julio de 1914 (más de 99 años ya) la crisis de Sarajevo liquidó el sistema de poder que había garantizado la extensión del régimen industrial burgués conservando a la vez partes de las formas y del fondo de la vieja Europa. La Europa de Jorge V, Guillermo II, Francisco José y Nicolás II era aún,
en gran medida –o creía y quería serlo- la Europa de Metternich, y desde luego la de Bismarck. La Europa de Lenin fue otra cosa, la misma Europa de los benéficos Stalin, Kruschev, Breznev y Gorbachov, y de sus admiradores y aliados impunes. Una Europa encasillada entre el socialismo real, el capitalismo total y sus fallidas alternativas. Una Europa que empezó el siglo como emperatriz del mundo y lo terminó como decrépita decadente.

Lo que empezó a hundirse en Sarajevo en 1914, expresó su primera forma ideológica en Versalles en 1919, con la extensión universal de la democracia y del derecho de
autodeterminación de los pueblos, con tan magníficas consecuencias. A eso se añadió, poco a poco, todo lo que ha definido el siglo XX. La imposición del capitalismo con centro en Estados Unidos en medio mundo, y por extensión del comunismo en el otro medio, se concreta en Bretton Woods en 1944. La división del mundo entre dos potencias y dos sistemas, con exclusión y humillación de Europa, en Yalta en 1945, que lleva luego al fin de los imperios europeos y la extensión al mundo de los problemas occidentales. No sin razón

Andreas Hillgruber llamó a ese proceso que marcó el siglo "La destrucción de Europa" .
Estamos también a casi 24 años del 9 de noviembre de 1989 en Berlin, el fin simbólico del sistema soviético. Francis Fukuyama creyó que con eso en el mundo quedaba como siempre y para siempre el capitalismo sin alternativa, confundiendo el fin del comunismo con el fin de la historia. En estos años hemos visto cómo, efectivamente, el siglo XX terminó, pero con él no terminó la historia. En el curso 2013-2014 tendremos que explicar –en la medida en que la nefasta Logse de 1990 y sus secuelas lo permitan- la razón que tenía don Ángel Martín Duque en sus inolvidables clases de los viernes de aquel año, al explicarnos cómo la historia continuaba y Europa seguía viviendo, aunque fuese cambiando. No sabemos si el siglo XXI será breve o no, pero eso seguirá siendo verdad y veremos cosas que habrían sorprendido a nuestros pobres abuelos.

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¿Cómo paliar las consecuencias de la sentencia del TEDH?

José Antonio Yturriaga www.vozpopuli.com 5 Noviembre 2013

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha propinado a España un injusto varapalo, aunque no injustificado a causa de las insuficiencias del Código Penal de 1973 y de la absurda práctica de aplicar los descuentos en las reducciones penitenciarias a una pena única de 30 años en los casos de multiplicidad de condenas, avalada por una sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 1994 y corregida por otra de 2006, por la que la redención se aplicaría en lo sucesivo a cada una de las penas impuestas (“Doctrina Parot”).

Inconsistencias en la jurisprudencia del TEDH
Este criterio fue respaldado por otras sentencias del TS y del Tribunal Constitucional (TC), basadas precisamente en la jurisprudencia del TEDH. Se ha acusado sin fundamento al TS de cambiar su jurisprudencia, cuando quien la ha cambiado ha sido el TEDH, cuya decisión en el “caso Parot” ha contradicho las sentencias de los asuntos Hogben (1986), Uttley (2005) y Kafkaris (2008), en las que sentó el principio de que la irretroactividad se refería únicamente al delito y a las penas y no a los beneficios penitenciarios, y afirmó que, “cuando la naturaleza y la finalidad de la medida se refieren a la redención de una condena o al cambio del régimen de excarcelación anticipada no forman parte de la pena”. Las bases jurídicas de la condena a España han sido la irretroactividad de la ley penal y las expectativas de Inés del Río a ser liberada antes de cumplir la pena máxima de 30 años. Respecto a la primera, Julián Sánchez Melgar –magistrado que participó en la sentencia de 2006- ha observado que el TS no introdujo cambio alguno en la ley, ya que su interpretación se refería al artículo 70 del Código Penal de 1973 y, al no existir dicho cambio, no se pudo producir infracción del principio de irretroactividad. Respecto a la segunda, la expectativa de la irredenta asesina del Río –a la que, a diferencia del Fiscal Jefe del País Vasco, Juan Calparsoro, no tengo escrúpulos en aplicarle semejante calificativo- no tenía apoyo en la jurisprudencia del TS, pues no había línea jurisprudencial alguna que justificara la conversión de miles de años en una nueva pena de 30, distinta de las condenas anteriores. El Tribunal se limitó a interpretar la ley y a justificar en derecho su decisión, sin que tal operación jurídica pudiera frustrar expectativa alguna de la criminal. ”También sus víctimas –concluía el magistrado- tenían expectativas de vivir”.

Consecuencias perniciosas de la sentencia del TEDH
No se trata de una contienda teórica de tesis jurídicas en la que se enfrentan interpretaciones de distintos tribunales, sino de la imposición de la interpretación del TEDH, que tiene consecuencias concretas que afectan adversamente a las víctimas del terrorismo y benefician a sus asesinos. No parece que el Tribunal sea sensible a las nefastas secuelas de su desafortunada decisión, que ha puesto en evidencia a las máximas instancias judiciales españolas, consagrando una situación de injusticia, herido en lo más íntimo a las víctimas y satisfecho a los asesinos de ETA y a sus aliados. Éstos se sienten crecidos y envalentonados por un fallo, que –como ha comentado con desvergüenza el dirigente batasuno Pernando Barrena- ha sido acogido con entusiasmo por los que, como ellos, son partidarios de los derechos humanos. Los proetarras han ganado la batalla de la opinión pública, tras años de intensas y continuas campañas de “lobby” en Estrasburgo, en las que se han presentado como víctimas, denunciado la implacable persecución de la justicia española a los patriotas vascos y mantenido que el abandono de la lucha armada por parte de ETA dejaban sin sentido la actitud vindicativa del Estado español y de sus tribunales.

Los Gobiernos españoles han hecho bien poco para contrarrestar estas campañas que, como el “sirimiri”, han ido calando la conciencia jurídica de unos jueces sensibles a la tesis de que la intencionalidad política de los altruistas asesinos justificaba sus acciones armadas contra el Estado opresor. El Gobierno ni siquiera ha sido capaz de neutralizar la labor de zapa de “su” juez, Luis López Guerra, que -durante su período como miembro del Consejo General del Poder Judicial- se opuso al cumplimiento íntegro de las penas de los etarras so pretexto de que el “conflicto” en el País Vasco no era jurídico sino político, y que ya había dado un aviso al votar en primera instancia a favor de la condena de España. Este estado de opinión se ha visto reflejado en las páginas de prestigiosos periódicos, como el New York Times, que ha calificado a la multi-asesina del Río de “militante nacionalista”.

Pese a lo que a diario se dice en los medios de comunicación, el TEDH no ha condenado la “doctrina Parot”, sino que se ha limitado a señalar que no resulta aplicable a Inés del Río. El TS ha de pronunciarse en breve plazo sobre las consecuencias de la sentencia y sobre la aplicación de la citada doctrina, y los tribunales españoles deberán examinar la eventual aplicación de la sentencia a otros reclusos, caso por caso, a instancia de los interesados y no ex oficio. La Audiencia Nacional (AN) ha actuado correctamente al decidir la liberación inmediata de la etarra, pero se ha extralimitado al afirmar –sin esperar siquiera a conocer la opinión del TS- que los argumentos expuestos en el fallo transcendían claramente a la demandante y eran de aplicación a todos los casos en que se dieran circunstancias semejantes, y que separarse de ella suponía no sólo una infracción de obligaciones jurídicas internacionales, sino también “distanciarse de Europa y del sentido de su civilización”, con lo que ha hecho un pronunciamiento político ajeno al contenido jurídico del auto. También ha actuado con precipitación y ligereza la Audiencia de Barcelona, al decidir la liberación urgente del reincidente Antonio García Carbonell, condenado por 7 violaciones a 228 años de cárcel, de los que sólo ha cumplido 18. Decisiones de este tenor provocan el desconcierto y la indignación de los ciudadanos.

El TS ha de poner un poco de orden en este caos y reiterar los principios de la doctrina establecida en su sentencia de 2006, y dar instrucciones a los tribunales sobre la aplicación del fallo del TEDH a los distintos supuestos, que deberán realizar, caso por caso, en los recursos que presenten los reclusos. Como declaró en su día su primer ministro, Gran Bretaña acataría y aplicaría las sentencias del Tribunal en función de los intereses del pueblo británico y, sobre todo, “en función de lo que consideremos que es justo”. La ejecución de los fallos del TEDH puede provocar situaciones de manifiesta injusticia y, en tales casos, el Gobierno debería oponerse a la misma, en virtud del principio legal de orden público y la defensa de su interés nacional.

Medidas que debe tomar el Gobierno para paliar la situación
El Gobierno debe aplicar la “doctrina Parot”, introducir la condena permanente revisable y adoptar una estricta política penitenciaria, que no haga concesiones a los terroristas que –como Uribetxeberría- no se han arrepentido, y exija a los que sí lo hayan hecho el cumplimiento de otro requisito sine qua non: colaborar con la justicia para que se puedan enjuiciar los delitos de terrorismo de autoría irresuelta. Ha de luchar no sólo contra el terrorismo de ETA, sino también contra sus “marcas blancas” de partidos y movimientos indebidamente legitimados para la acción política democrática. Ha de velar por que se cumplan a rajatabla las condiciones requeridas por el TC para la legalización de BILDU y de SORTU, basándose también en la sentencia del TEDH que respaldó la ilegalización de los partidos derivados de Batasuna, y no consentir la realización de actos de enaltecimiento del terrorismo y menosprecio de sus víctimas con motivos de la liberación –anticipada o no- de los terroristas. Como le ha recordado la Presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, “no hacer lo que debe es tan malo como hacer lo que no debe”. Tiene, por último, que intensificar la tarea de explicar con rigor y convicción la situación del terrorismo en España y la pertinencia de sus normas y de las decisiones de sus tribunales. Para ello, es imprescindible que cuente con el apoyo de la sociedad y de los partidos políticos, y mucho me temo que el PSOE no esté por la labor.

Los excesos de la Audiencia Nacional
EDITORIAL Libertad Digital 5 Noviembre 2013

La propuesta anunciada por el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional pone de manifiesto los excesos ya cometidos en la aplicación del reciente fallo de Estrasburgo sobre la Doctrina Parot. Grande Marlaska decidió este lunes someter al pleno de la Audiencia la necesidad de esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la manera de dar cumplimiento al fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el fin de ajustar a ese criterio las decisiones sobre el medio centenar de recursos presentados por los presos etarras afectados por el fallo de Estrasburgo.

La iniciativa del presidente de la Sala de lo Penal no puede ser más juiciosa, puesto que es el Tribunal Supremo, no la Audiencia Nacional, el órgano que adoptó el criterio conocido como Doctrina Parot sobre redención de penas, posteriormente ratificado por el Tribunal Constitucional. Además de lo anterior, el Tribunal Supremo, como órgano supremo jurisdiccional en todos los órdenes, según establece la Constitución, sienta jurisprudencia con sus decisiones, de manera que el resto de órganos judiciales ha de someterse a su criterio en la aplicación de la ley. Nada más lógico, por tanto, que esperar a un pronunciamiento formal del Supremo sobre todos los extremos que habrán de ser tenidos en cuenta antes de llevar a cabo una excarcelación prematura de asesinos etarras como las dos ya decretadas por la Audiencia Nacional sin observar esa elemental cautela.

El Tribunal Supremo se va a reunir el próximo día 12 para estudiar precisamente este asunto, lo que convierte la premura con que la Audiencia Nacional ha comenzado a actuar en un exceso que sólo puede obedecer a determinadas inercias políticas ajenas a su estricto deber jurisdiccional. Como máximo garante de la aplicación de la ley en España, el Supremo tiene la facultad de interpretar el fallo de Estrasburgo y determinar en qué forma y con qué prevenciones ha de ser aplicado para no menoscabar la independencia judicial de un Estado soberano como España.

Por un elemental decoro jurídico, es necesario que se cumplan los requisitos necesarios antes de dar carta de naturaleza a una excarcelación masiva de etarras como la que ya había iniciado por su cuenta la Audiencia Nacional. Sin embargo, con una justicia politizada como la española, no cabe albergar muchas esperanzas de que el Supremo ponga cordura en un asunto que va a seguir causado un tremendo escándalo público.

Cataluña
Los Mossos y la porra de medir
Pablo Planas Libertad Digital 5 Noviembre 2013

Casi un mes ha tardado el consejero catalán de Interior en apartar del servicio a los ocho agentes, ocho, de los Mossos d'Esquadra implicados en la detención de Juan Andrés Benítez. Fue en la madrugada del 6 de octubre y Benítez, más que detenido, se fue a morir en brazos de los agentes de la policía autonómica. Pero eso no ha sido noticia hasta que una juez ha decidido imputar a los agentes tras el análisis de las decenas de vídeos y fotografías que los vecinos registraron del incidente y de los que se deduce, como mínimo, que los mossos que rodeaban a este ciudadano no le estaban practicando tareas de reanimación. Más bien, todo lo contrario. Aquello era en realidad más parecido a una partida de robocops apaleando a un vagabundo negro en un suburbio de Detroit.

Durante todo este tiempo, el consejero del ramo de los mossos, un tal Espadaler, democristiano del sector moderado de Duran, no había tenido la más mínima necesidad de justificar el asunto, ni se le había planteado la ocasión de abrir investigación interna de ninguna clase. Sólo la aparición de un informe elaborado por la Policía Nacional a petición de la juez del caso motivó que Espadaler saliera la víspera del Día de Difuntos, hace tres días mal contados, a quemarse la mano por sus muchachos ante las calumnias de los grises. En rueda de prensa, y asistido o vigilado por dos maderos autonómicos, se dedicó el consejero a teorizar sobre la falta de credibilidad de la "policía estatal", y más ahora, en plena fase de liberación nacional catalana. Calumnias. Mientras sus agentes se habían atenido en todo momento a las "buenas prácticas" policiales, en el Matrix catalán la Policía Nacional y la Guardia Civil son los herederos directos de los autores del Crimen de Cuenca.

Tampoco es que el asunto preocupara lo más mínimo a sus señorías del bloque del "derecho a decidir" y, desde luego, no eclipsó el debate sobre las consecuencias y el alcance de un editorial de La Vanguardia. No obstante, hay pocas dudas sobre lo que habría pasado si el incidente hubiera corrido a cuenta de las fuerzas represoras del Estado. Lo que ahora parece un extraño caso de "exceso de celo" sería una prueba irrefutable de la brutalidad española, policial en ese caso. Más que de la vara, se trata de la porra de medir, lo que traducido al sistema mediático catalán consiste en quince artículos contra el maltrato animal y los toreros tuertos por dos sobre la paliza a Benítez, y uno de ellos más dedicado a sugerir costumbres extrañas y dedicaciones sombrías del difunto (del que dicen que era "empresario del Gay Eixample", el barrio rosa de Barcelona), que a lo de que estaba vivo y luego ya no.

Ha tenido que mediar la imputación judicial de los ocho agentes identificados en la melé para que, además de ser una noticia imposible de camuflar por más tiempo, estos individuos hayan sido suspendidos de sus funciones, una medida cautelar que Espadaler, ya sin la escolta policíal, justificaba ante los medios por la gravedad de los delitos que podrían haber cometido los mossos, contra la vida, la integridad moral, de coacciones y, como propina, el de obstrucción a la justicia, puesto que trataron de requisar los móviles de algunos vecinos y borrar las huellas de sangre del pavimento. Con semejantes cargos sobre sus subordinados, Espadaler ha corrido a desentenderse del marrón, no fuera caso que acabe también imputado. Por listo, por ciego, por encubridor o por los delitos contra la inteligencia que perpetra cada vez que abre la boca para referirse a este asunto.

En el caso de los Mossos d'Esquadra, llueve sobre mojado, hasta el punto de que no se sabe si es Mas quien controla a los policías o son los policías quienes tienen pillados hasta las trancas a los políticos. En ambos casos, se oscila entre lo malo y lo peor, entre el Estado policial -propio, eso sí- y la policía política, lo que también es un instrumento de Estado, sí señor. Aún se niega en Convergència y en Unió (con el apoyo de ERC, por cierto) que Esther Quintana perdiera un ojo de un pelotazo lanzado por un mosso, desgracia en la que median informes forenses, de balística, vídeos, fotografías, testimonios presenciales e incluso la lógica. O sea, lo de ver una colilla en el suelo y decir: "Aquí han fumado". Pues no. Según Espadaler y según su antecesor, el más conocido Felip Puig, no está claro que el pelotazo fuera autonómico. ¿Y si fue una pedrada?, alegan.

Todo es más extraño, si cabe, cuando se tiene a los Mossos d'Esquadra por una policía modélica, capaz de pastorear grandes manifestaciones sin el más leve incidente, lo más parecido a la Guardia Suiza en espardeñas. Sin embargo, y puestos a elegir, lo mismo el infortunado Benítez hubiera decidido que en vez de las camisas azul claro de los mossos se le hubieran echado encima un par de tipos con tricornio. A lo mejor hasta podría contarlo.

Carrascal, en defensa de Rajoy: "Independentistas y víctimas del terrorismo son tan fáciles de soliviantar como difíciles de convencer"

El Periódico de Catalunya equipara a Marine Le Pen, Rosa Díez y Albert Rivera como "sembradores del caos"
Antonio José Chinchetru. Periodista Digital 5 Noviembre 2013

El 2 de noviembre de 2013, nada más levantarnos, emprendimos nuestro ritual de todos los sábados: salir a la calle, acercarnos al quiosco para comprar la prensa y acto seguido a la pastelería a comprar dos cruasanes. Nos llevamos una triste sorpresa. Al entrar en la pastelería nos encontramos con el escenario de un cierre, los propietarios de ese local que nos proveía de una excelente bollería artesanal a buen precio cada semana desde hacía cerca de dos años no tuvieron más remedio que rendirse. La crisis, sumada a los altos impuestos y la burocracia, les había derrotado. No volveremos a pisar el Horno Sweet Heart, uno de esos pequeños comercios de calidad regentado por unas excelentes personas, y es algo que nos apena.

Pero nos mantendremos fieles a otras tradiciones, como la de tocar cada día laboral nuestra armónica de afilador y dejar constancia de lo más destacado de los espacios de opinión de la prensa de papel española. El 5 de noviembre de 2013 vienen surtidos de una amplia variedad de temas.

En la prensa subvencionada catalana se notan los nervios ante las buenas perspectivas electorales de UPyD y de Albert Rivera si, como todo apunta, su Movimiento Ciudadano termina convirtiéndose en un partido político de ámbito nacional. Son especialmente evidentes en el auto proclamado 'diario de la Catalunya Real'. Uno de los directores adjuntos de El Periódico, Alberto Sáenz, titula Un mundo caótico, y retrata a Rosa Díez y Rivera como los equivalentes españoles al neofascismo del Frente Nacional francés:

Vemos cabalgar en las encuestas a lomos de la crisis a Marine Le Pen, Rosa Díez o Albert Rivera. Todos ellos unidos por el común denominador de construirse sobre los restos de las respectivas socialdemocracias locales. Nacidos de la propaganda de la prensa de derechas que empieza quejándose de los abusos del Estado, sigue denunciando la corrupción y acaba proclamando que todos los políticos son iguales.

Rosa Díez.
Al margen de que hay que ser muy retorcido para ver a los líderes de UPyD y Ciudadanos como los iguales de una dirigente neofascista, es absurdo eso de que "nacen de la propaganda de la prensa de derechas que empieza quejándose de los abusos del Estado". Sin entran en materia gala, ver en un partido socialdemócrata como UPyD impulsos ante los abusos del Estado es forzar mucho la máquina. También resulta llamativo que se lance el reproche de que esa prensa "de derechas" denuncie la corrupción. Es cierto que ni El Periódico no La Vanguardia han destacado en ese terreno de denuncia, de hecho han criticado a todo periodista y medio de comunicación que ha informado sobre las corruptelas de los Pujol y otros dirigentes nacionalistas.

Concluye:
Los partidos tradicionales se quejan de este ascenso. Pero deberían ser más autocríticos. Especialmente porque la demagogia de los sembradores del caos descansa sobre su incapacidad de corregir los errores del sistema. Amedrentarse ante el corporativismo de los servidores públicos acaba por poner en riesgo la autoridad de la policía.

Pues nada, no pongamos en duda nunca la autoridad de la policía. Sobre todo si esta es el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, que en los últimos años ha protagonizado varios escándalos por torturas y palizas, llegando a su punto culminante con el asesinato a golpes de un empresario del 'Gayxample'. Esto último sí es muy parecido al fascino.
En el periódico del conde de Godó y Grande de España metido a independentista catalán nos encontramos con un artículo de María Dolores García titulada Guardianes de las esencias. La columnista de

La Vanguardia dice:
El debate independentista está dinamitando la tranquilidad interna de la mayoría de los partidos catalanes. Salvo Esquerra y Ciutadans, el resto lo vive con zozobra.

Albert Rivera.
Tras repasar de forma breve la situación en CiU dice:
El PP alberga desde hace tiempo un sector de acentuado liberalismo que discute el liderazgo de Rajoy, pero que además ejerce de guardián de las esencias patrias. Es un tea party en toda regla.
¿Acentuado liberalismo en el PP? ¿Pero dónde? Este humilde lector de columnas cree que eso es una leyenda urbana, y más desde que mandan el registrador de la propiedad que creíamos metido a gobernante y el ministro con aspecto de sentir adveración al ajo y cargado de ansias de chupar la sangre de nuestras cuentas corrientes. Nos referimos, claro está, a Montoro.

Añade:
Mientras, los barones del PP promueven su propia versión del nacionalismo victimista (basado en el anticatalanismo) para lograr réditos en casa. El PSOE sufrió de ese mal cuando gobernaba y no se ha deshecho del vicio. La nueva líder andaluza, única socialista que de verdad toca poder, echa mano de las mismas artes.
El liderazgo de Susana Díaz está tierno. Aún debe pasar por el trance de ganar unas elecciones. Pero ella ya apunta maneras y ha decidido que, para forjarse el carisma, la mejor estrategia es evitar el choque frontal con el rival, el PP, y practicar el tiro al plato con Zapatero y con Catalunya.

Continúa:
Cuando el liderazgo es débil -y en los últimos tiempos no se conoce ninguno fuerte-, la demagogia es el mejor flotador. Ello disculparía a la presidenta andaluza, pero es que al PSOE le está creciendo también su particular tea party al calor del debate independentista. Como en el PP, los Guerra, Benegas, Chaves... se erigen en custodios de la patria.

Y, dado que estamos con el PSOE, este afilador de columnas informa al amable lector que el ladrillo político del día, especialmente espeso y falto de contenido real en este caso, nos lo vuelve a ofrecer El País. Lo firma el coordinador de la Conferencia Política del PSOE, Ramón Jáuregui, y se titula Una izquierda con vocación de mayoría. Como en otras ocasiones advertimos que si alguien quiere perder su valioso tiempo leyendo esto debe hacerlo bajo su propia responsabilidad. Desde aquí ya les decimos que no merece la pena.

Y sobre la conferencia política que van a celebrar los socialistas escribe en el periódico de la 'disciPPlina' Javier González Ferrari. Su artículo en La Razón se titula Conferencia con demora.
Se demoran los dos grandes asuntos que de verdad interesan a la mayoría de los militantes y simpatizantes del partido. Para cuando unas primarias que garanticen un liderazgo para afrontar los próximos procesos electorales y, sobre todo, cual es la postura de la actual dirección respecto al desafío soberanista en que sigue enrocado Artur Mas.

Concluye:
Saldrán hermosas propuestas para un futuro de felicidad de los españoles si vuelven a darle el gobierno al PSOE aunque, para que eso ocurra, tengan que pactar hasta con el mismo Diablo. Y si digo Diablo es porque estoy pensado en Bildu-Amaiur, o como coño se llame en las próximas generales las formación de los proetarras. Seguramente es por esto que los socialistas se han negado a apoyar las mociones contra los asesino excarcelados por la sentencia del Tribunal de Estrasbugo. No vaya a ser que en 2015 los necesiten para volver a La Moncloa.

Pasamos ahora a ABC, donde José María Carrascal se plantea en el titular de una 'tercera' ¿Y si Rajoy tuviera razón?. Al margen de la ironía de que Rajoy estuvo en La Razón unas horas antes de la publicación de ese artículo, ya les adelantamos que el hombre que lució las corbatas más llamativas de la historia de la televisión en España sí parece creer que el hombre que se paseaba con un puro por las calles de Nueva York sí que está haciendo las cosas bien.

Lo más fácil hubiera sido seguir poniendo parches, como hacía Zapatero, o acogerse al rescate, como aconsejaban muchos expertos, y dejar que nos llevaran. Pero tras el error inicial de esperar a las elecciones andaluzas, Rajoy se trazó un plan que ha seguido a rajatabla, sin importarle las críticas que cosechaba: sanear la economía y olvidarse de todo lo demás. De las próximas elecciones. De lo que ETA pudiera hacer. De lo que el independentismo catalán pudiese tramar. De lo que las voces dentro de su partido le pudieran pedir. Sin decirlo, Rajoy ha puesto en práctica lo que Clinton gritó a uno de sus ayudantes que le venía con la política: «¡Es la economía, idiota!», convencido, al parecer, de que si se resuelve el problema económico, todo lo demás se resolverá por añadidura.

Incluye lo que es una evidente crítica a las víctimas del terrorismo por protestar por la sentencia contra la doctrina Parot y las falta de sensibilidad del Gobierno de Rajoy hacia ellas:
Tras asegurarse que ETA ha dejado de matar -aunque no haya entregado las armas-, Rajoy no ha querido ir más lejos, sin preocuparse demasiado de los presos etarras o de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que les libera, lo que ha causado, como podría imaginarse, indignación entre las víctimas del terrorismo, que vienen a ser algo así como la reserva espiritual del PP. Y el «yo no les vuelvo a votar» empieza a oírse demasiadas veces en ese santuario como para no resultar alarmante en Génova. Se trata de dos colectivos, el independentista y el de las víctimas del terrorismo, tan fáciles de soliviantar como difíciles de convencer.

Ahí es nada. En una misma frase se equipara a los independentistas (entre los que, en el caso vasco, se encuentran los etarras) con las víctimas del terrorismo y se muestra a unos y otros como radicales. Que triste es esta jugada por parte de alguien que hasta ahora había sido sensible con quienes han sufrido de cerca el azote de ETA.

Añade:
Rajoy sabe que tiene sólo un año para que su plan surta efecto. El 2015 será ya año de elecciones, en el que poco podrá hacerse, convirtiendo 2014 en el año clave de su mandato o mandatos, pues una victoria parcial no le vale, como no le valió la de Andalucía. Tiene que volver a obtener la mayoría absoluta, algo que sólo podrá obtener si la recuperación está claramente en marcha. ¿Lo logrará?
Según mi opinión, sí. No por lo que haga Rajoy, que va a seguir haciendo lo mismo, sino por lo que no van a hacer sus enemigos: el PSOE está roto, los nacionalistas empiezan a recoger velas y los rivales dentro del PP serán los primeros en callarse por la cuenta que les tiene. Y, en último término, porque la historia discurre más rápida que nunca.

Concluye:
Puedo, naturalmente, equivocarme. Puedo incluso confundir deseos con realidades. Pues la realidad que emerge tras una derrota de Rajoy, aunque logre más votos, sería la que impera hoy en Cataluña y en Andalucía. Y hasta ese punto no creo que estemos tan confundidos la inmensa mayoría de los españoles.
Menudo cierre esa apelación al voto del miedo.

Terminanos este repaso a los espacios de opinión en el diario de Unidad Editorial. El antaño director de periódicos destila azucar y miel en honor de Pedrojota Ramírez. Luis María Anson titula El Mundo se instala en el periodismo del futuro:
Pedro J. Ramírez ha entendido muy bien el desafío digital y ha sabido cambiar de piel y adentrarse en el intrincado camino del mundo electrónico. La composición caliente, la rotativa convencional, el offset, el periódico impreso y la multimpresión son ya prehistoria. Los periodistas marchamos francamente, y El Mundo el primero, por la senda digital.

El vehículo de la información ha cambiado y hoy, como ha escrito Pedro J. Ramírez, hay que adentrarse en la terra incognita de la llamada digital. Pero la esencia del periodismo permanece idéntica.
Carga contra quienes no lanzan, desde otros medios, loas a la nueva gran apuesta de Pedrojota:
Los cicateros de turno acogerán el éxito y la visión anticipadora de El Mundo con el silencio o con el desdén. La objetividad, sin embargo, exige reconocer que los periodistas españoles estamos de enhorabuena porque, por fin, un periódico impreso se ha decidido a fracturar de forma completa el hielo digital, despejando los horizontes para que el periodismo recupere o consolide su fuerza en la sociedad y los profesionales encuentren trabajo serio y estable.

Concluye:
Pedro J. Ramírez quiere que las nuevas generaciones tomen el relevo del periodismo y que se vuelquen en la excelencia informativa, permaneciendo indiferentes al número de ministros que acudan a sus conmemoraciones. Las campanas digitales doblan ya por los periódicos alfombra y también por los periódicos sectarios y excluyentes.
Este final es un puro ataque de celos, con esa referencia al número de ministros que acuden a conmemoraciones. Mientras que El Mundo presentaba su criatura sin la presencia de los primeros espadas de la política, una buena parte del Gobierno acudía a la fiesta del 15 aniversario de La Razón --La Razón tira la casa por la ventana: "¡Cuántas bandejas de jamón, parece un congreso de la UGT!"--.

Antonio Lucas.
Pero hay otros temas en El Mundo. Antonio Lucas escribe sobre las corruptelas sindicales andaluzas. Lo hace con el título de El rebujito:
El sindicalismo andaluz de UGT ha hecho del rebujito la máxima evidencia de su corrupción. Al final los trincarán por la catarsis del fino con Seven Up. Un hombre que falsea una factura para mamarse de algo así está pidiendo que le enjuicien. Uno cree aún en la izquierda por cosas opuestas a este festival de estiércol. Y uno descree de la izquierda cuando algún heraldo exclama que denunciar algo así allana el camino a la caverna. Pero es que la caverna sois unos y otros, desbordados de delitos.

Compara los sindicalistas pasados y presentes:
Hubo gente como Nicolás Redondo. Seres nobles como Marcelino Camacho. Conseguidores en lo peor de la tormenta. Pero ahora es el turno de tipos que no valen el aire que aspiran. No sólo el tal Mestre, sino los cómplices del abuso. Los centinelas de la hormigonera. Los que no saben decir una verdad sin apoyarse en la mentira. Los silenciosos. Los Cándido Méndez. Los avalistas del caudillismo aldeano, del rebujito, del trapicheo autonómico. Los Luis Candelas de caseta.

Concluye:
Seis millones de parados no les deben ya nada a los sindicatos. Otros tantos millones de currelas, tampoco. Pero ellos se apuntan como trabajado el día del rebujito. Lo mejor es que hubo un pringao que en medio de la conga pidió agua, según la comanda pagada con factura falsa. Eso les delató. Y ahora buscan al abstemio, vivo o muerto.

El PSC como síntoma y como causa
José Rosiñol Lorenzo Periodista Digital 5 Noviembre 2013

Por mucho que nos pese, los partidos políticos son un reflejo de nuestra sociedad, no solo porque deberían cumplir una función –casi olvidada- de representatividad sino porque muchas veces encarnan y son causa las contradicciones tanto del sistema político como de la sociedad en sí.

Los partidos deberían ser el puente entre la política y las aspiraciones de la ciudadanía, aunque en verdad los partidos tradicionales y nuestros representantes parecen responder más ante una especie de mandato imperativo de los cuadros del partido –aquellos de los que depende estar o no en las listas electorales- que de las necesidades de la sociedad.

Pues bien, Cataluña, como alumno destacado y modelo para otras comunidades autónomas, es el adalid de las contradicciones democráticas de nuestro país, y el PSC ha sido y es síntoma y parte activa de las causas que han derivado en la degeneración democrática y la desafección política que sufrimos todos los españoles.

Las contradicciones que ejemplifican la situación que pretendo describir podrían resumirse en dos, por un lado vemos cómo el principio del gobierno de la mayoría con respeto a la minoría (Sartori) se corrompe degenerándose hacia una especie tiranía implícita de una minoría ideologizada, y por otro observar cómo se han creado una serie de centros de poder cuya existencia trasciende el ciclo electoral y sobre el que pivota tanto la dinámica interna de muchos partidos como su relación con la sociedad.

Tenemos un PSC, partido que –según dicen- representa al PSOE en Cataluña, con solo un 20% o 30% de militancia que podría considerarse nacionalista y un 70/80% que no es nacionalista, pero los programas políticos del PSC, sus propuestas electorales y suv ideología visible son marcadamente nacionalistas, parece que no importe que una gran masa de su electorado y de su militancia no sea nacionalista.

Un PSC que prefiere ir por libre en el Congreso, que apoya sin rubor las tesis del nacionalismo, que vota en contra de las posiciones del PSOE, sabedor -como es- de que en las elecciones Generales o votas al PSC o no puedes votar al PSOE, dejando huérfanos a todos aquellos catalanes que ingenuamente a un PSC creyendo que votaban a PSOE, que las siglas PSC-PSOE eran algo más que un mero electoral, un PSC convertido en una especie de Caballo de Troya del soberanismo, todo ello para parecer simpático y cercano al econosistema nacionalista, para poder aparecer, de vez en
cuando, en la parrilla mediática del Órgano de Propaganda.

Como ocurre en la arena sociopolítica catalana y en nuestras instituciones, un treinta por ciento de la población puede llegar a imponer su ideología haciéndola pasar como transversal, como propia, como evidente, como si de sentido común se tratase, una política identitaria –y una moral- que condiciona y acogota a toda la población, nacionalista y no nacionalista.

De igual forma, el entramado de centros de poder político y mediático creado por el nacionalismo durante los últimos treinta años hace que el PSC sea sumiso a las posiciones de la oficialidad orgánica, entrando en una dinámica político e ideológica tan errática como confusa, parece que no sabe –o no quiere- hacer frente a esos centros de poder que le han tolerado existir siempre y cuando se adaptase a la última reivindicación y chantaje al Estado, ya sea la exigencia de competencias, más financiación o la convocatoria de un referéndum de autodeterminación.

Los catalanes progresistas alejados de las veleidades nacionalistas –antes de la aparición de formaciones políticas como Ciutadans- no podían votar a ningún partido político de izquierdas que no fuera nacionalista (¿de ahí provendría la bajada en los índices de participación electoral entre las elecciones Generales y Autonómicas?), ya que solo podía escoger entre partidos marcadamente independentistas como ERC, partidos nacionalistas (o al menos subyugados por el anacrónico concepto de “autodeterminación de los pueblos”) o un PSC nominalmente socialista pero de una praxis política (los infaustos Tripartitos) claramente nacionalista.


Tasio Erkizia ha pagado 3.977 euros a la asociación Dignidad y Justicia en concepto de costas judiciales
La asociación ha explicado en una nota que con el dinero podrá sufragar "gastos de investigación y acusación popular" para evitar la "impunidad terrorista" en el País Vasco y Navarra
VASCO PRESS El Correo 5 Noviembre 2013

El dirigente de la izquierda abertzale Tasio Erkizia ha pagado 3.977 euros a la asociación Dignidad y Justicia en concepto de costas judiciales por el juicio en el que fue condenado por enaltecimiento
del terrorismo por un homenaje al dirigente de ETA 'Argala'. La asociación ha explicado en una nota que con el dinero podrá sufragar "gastos de investigación y acusación popular" para evitar la
"impunidad terrorista" en el País Vasco y Navarra de la "comisión continuada del delito de enaltecimiento del terrorismo".

Además, ha esperado que Erkizia, que "alardea de ser defensor del homenaje a miembros de ETA o condenados por terrorismo" no vuelva a "cometer el mismo delito", cuestión ante la que Dignidad y
Justicia "siempre estará pendiente de evitarlo".

POLÍTICA LINGüÍSTICA
Urkullu avala crear un registro de personal sanitario y de pacientes que hablan euskera
M. J. Carrero | BILBAO El Correo 5 Noviembre 2013

«¿Qué hay de malo, de excluyente, en preguntar a los ciudadanos en qué idioma quieren ser atendidos?». El lehendakari, Iñigo Urkullu, lanzó ayer esta pregunta al ser preguntado por el proyecto de Osakidetza de crear un registro de profesionales sanitarios y de pacientes que hablan euskera.

Esta iniciativa figura en el borrador del II Plan de Normalización del Uso del Euskera en Osakidetza para el sexenio 2013-2019. El documento contempla, entre otras medidas, la puesta en marcha de una base de datos con los profesionales capaces de atender pacientes en lengua vasca y, de forma paralela, conocer los gustos idiomáticos de los usuarios de la Sanidad pública. La finalidad es intentar, en la medida que sea posible, facilitar la asistencia en la lengua elegida por los enfermos.

En la actualidad, el 25% de la plantilla de Osakidetza ha acreditado el perfil de euskera que corresponde a su puesto de trabajo. La utilización real de la lengua vasca en el día a día. Por tanto, el nuevo plan de euskaldunización -previsiblemente se aprobará a final de este año- pretende incrementar su uso por un doble motivo. En primer lugar, «porque atender a los pacientes en su lengua materna es un elemento más de calidad asistencial y porque se trata de sacar un rendimiento al esfuerzo de euskaldunización que se está haciendo», señaló una portavoz autorizada del consejero de Salud, Jon Darpón.

Al mismo tiempo que Urkullu recordaba que el euskera y el castellano son lenguas oficiales del País Vasco y, por tanto, pedía «respeto» para los derechos lingüísticos, el PP y UPyD emitían sendos comunicados criticando la iniciativa de Osakidetza. La portavoz parlamentaria de los populares vascos en temas de Sanidad, Laura Garrido, consideró que la propuesta supone «marcar y etiquetar a los ciudadanos». El representante de UPyD en la Cámara vasca, Gorka Maneiro, tachó el planteamiento de «aberración. Es una nueva vuelta de tuerca en la imposición del euskera».
 

Kutxabank vuelve a ponerse al servicio de las tesis socio-económicas de Bildu
Redacción Tribuna. San Sebastián. www.latribunadelpaisvasco.com  5 Noviembre 2013

Kutxabank, a través de la Caja de Ahorros Guipúzcoa San Sebastián, Kutxa, es, junto a la Diputación de Martin Garitano, la única institución del País Vasco que financia el Observatorio Gaindegia, un proyecto de corte independentista que, en esencia, se alinea, ya desde su presentación, con las tesis teóricas y los planteamientos más extremistas e integristas defendidos por los proetarras de Bildu y el nacionalismo vasco de corte más radical.

El Observatorio Gaindegia está presidido por Markel Arizmendi, activo destacado de Batasuna que ya formó parte de la ilegalizada ANV y que también es uno de los principales dinamizadoras de Udalbiltza, plataforma independentista de municipios vascos tutelada por la banda terrorista ETA. En este sentido, Gaindegia, la iniciativa que con tanto mimo promociona la Kutxabank de Mario Fernández, basa toda su actuación en una quimera mítica, carente de cualquier estatus político-administrativo, como es la noción de “Euskal Herria”, y construye su actuación sobre el convencimiento de que “los cambios que se están sucediendo en el amplio medio socio-económico de Euskal Herria nos afectan directamente y es por ello que queremos ejercer de protagonistas en ese proceso.”

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