AGLI Recortes de Prensa   Domingo 10  Noviembre 2013

The Walking Fred
PEDRO J RAMÍREZ El Mundo 10 Noviembre 2013

Ha sido una semana de conmociones y anonadamientos. El martes por la tarde Alberto Fabra -o sea, Fabra el bueno- rompió uno de los tabúes de nuestra vida política al anunciar el cierre de su televisión autonómica. Sin establecer, por supuesto, ningún paralelismo ni entre el efecto ni entre los afectados - que nadie diga que lo hago- fue algo similar al anuncio de la ilegalización de Herri Batasuna. Algo que creíamos que no verían nunca nuestros ojos, algo que dábamos por hecho que nadie se atrevería a hacer, algo que el sentido común dictaba pero el juego de los intereses creados inducía a descartar, algo que requería de unas dosis de audacia política a priori inimaginables en este presidente por carambola con aires de discreto director de sucursal bancaria.

Desde que fue promovido a la presidencia de la Comunidad Valenciana como el más pasable de los candidatos disponibles tras el despeñamiento de Camps, la experiencia vital de Alberto Fabra se ha parecido bastante a la de un desactivador de minas en los Balcanes. Nunca nadie recibió una herencia tan envenenada sin poder tan siquiera quejarse de la dimensión del desaguisado. El otrora campo de gules de la modernidad autonómica no era ya sino un solar en el que las bombas seguían estallando entre los escombros. Un día eran las revelaciones sobre alguno de los casos de corrupción que afectan a casi un tercio del grupo parlamentario popular, otro las secuelas de la financiación ilegal del partido en combinación con el «ami- guito del alma» del ex president, el de más allá el afloramiento de una nueva golfada en la tan politizada como corrupta gestión de la CAM o de Bancaja.

Comprendo que el listón está muy alto y la competencia es grande pero, si comparamos lo que recibió con lo que ha entregado, el esperpéntico Camps merece probablemente el título de peor presidente autonómico de la democracia. Con la comunidad quebrada, rodeado de intrigas y puñales y sin apoyos significativos ni en Génova ni en el Gobierno, Alberto Fabra está dando en cambio un inesperado ejemplo de consistencia personal y coraje político. ¿Cómo? Haciendo lo humanamente posible por acercarse a un presupuesto equilibrado, planteando ya algunas rebajas fiscales, manteniendo a raya e incluso mostrando la puerta de salida a los imputados por corrupción, renunciando a fastos inasumibles como los de la Fórmula 1 y haciendo ahora de la necesidad extrema, virtud, al responder a la sentencia que obligaba a readmitir a los mil afectados por el ERE con el cierre del canal.

Su inapelable razonamiento de que no está dispuesto a dejar caer colegios u hospitales para mantener una elefantiásica televisión pública ha tenido como respuesta la emisión de programas denigratorios con el soviet de obreros y campesinos de San Petersburgo sirviendo de telón de fondo a la atildada presentadora. Una imagen muy elocuente de cómo los sindicatos han terminado apoderándose de la coartada parroquial de los políticos para justificar sus dispendios en propaganda -en este caso la defensa y promoción de la lengua valenciana-, transformándola en un imaginario derecho a que los contribuyentes financien ruinosos canales en los que ellos puedan colocar a sus afiliados. El mismo día de autos vinieron dos televisiones a entrevistarme a la redacción de EL MUNDO: la primera, pública y quebrada, trajo -encargo a productora externa mediante- tres cámaras y múltiples focos con un equipo de siete personas; la segunda, privada y rentable, trajo una cámara con dos personas.

Tenga o no recompensa en las próximas elecciones, la conducta de Alberto Fabra demuestra que el PP continúa siendo un vivero de políticos que creen en las respuestas liberales a los problemas de la sociedad y están dispuestos a aplicar su programa en las grandes encrucijadas sin ceder a la cómoda tentación de dejarlo todo como está. Ese ha sido también el caso de José Ramón Bauzá al aguantar el pulso de la izquierda y los nacionalistas contra su razonable trilingüismo educativo, de Ignacio González al anunciar una bajada de impuestos que estimulará la recuperación en la Comunidad de Madrid o del propio Monago que, pese al condicionante de gobernar Extremadura con el apoyo de IU, está demostrando cintura y talento político.

Es en el seno del PP, con su mayoría absoluta en las Cortes y su rotunda hegemonía autonómica y municipal, donde va a seguir decidiéndose el futuro de España al menos durante lo que queda de legislatura. De ahí que resulte tan frustrante comprobar cómo el limitado impulso reformista del Gobierno de Rajoy va atenuándose aún más a medida que se acerca el nuevo ciclo electoral, mientras la infinita torpeza de Wert sigue destrozando las acertadas ideas que defiende y hasta personas habitualmente templadas como Guindos se dejan arrastrar por inquietantes brotes de autoritarismo en asuntos de menor cuantía.

El inaudito boicot al acto de presentación del libro de Aznar -no un libro cualquiera sino las memorias de los años en los que Rajoy era el segundo de a bordo y el todopoderoso dedazo se posó sobre su lomo- denota el nivel de intransigencia del actual Gobierno hacia cualquier crítica que brote de su entorno social por correcta y justificada que sea. Que personas que se lo deben todo a Aznar como Arenas o Ana Mato secundaran la consigna de Moncloa y Génova prueba hasta qué punto la vida interna de los partidos es una fuente inagotable de cobardías y mezquindades. Y por debajo de la mesa resbalan los puñales cachicuernos. «Ni durante el felipismo», lamenta con amargura el ex presi- dente, había detectado tanto «juego sucio» contra sus ideas y su persona.

Al mismo tiempo, el circo de Cospedal sigue produciendo las más estrafalarias criaturas: tras la «indemnización en diferido» en forma de salario «simulado» al tesorero que «ya no estaba en el partido» pero cobraba 20.000 euros mensuales en nómina y seguía teniendo firma en todas las cuentas bancarias, ahora descubrimos el recibí de quien no recibió nada. Un documento rubricado por el gerente de Castilla-La Mancha a raíz del tremendo poder de «intimidación» que ese Príncipe de las Tinieblas, el mayor criminal de la Historia de España, el único corrupto de la impoluta dirección de Génova, el hombre al que primero había que evitar la cárcel como fuera pero que ahora merece la prisión preventiva perpetua, ejercía a su alrededor. Total, 200.000 del ala.

Que, al margen de su limitado recorrido judicial camino del archivo, nada de esto tenga castigo político es algo que concierne al nivel de exigencia ética de la sociedad o si se quiere a la calidad de nuestra democracia. Pero que tampoco el Gobierno se sienta presionado por el riesgo de perder el poder para cumplir los compromisos de su programa electoral y, por ende, bajar los impuestos y plantar cara al separatismo,es ya una calamidad colectiva de efectos impredecibles.

Lo que el último sondeo del CIS pone de relieve es que, por primera vez en 35 años de democracia, un Gobierno ínfimamente valorado arrasa a una oposición todavía peor considerada. Esto significa que España no tiene hoy una alternativa política y que la mayoría absoluta del PP de Rajoy tendrá la sublime utilidad de garantizar la mayoría minoritaria del PP de Rajoy en las próximas elecciones. Como además la negativa en banda de Rosa Díez a considerar la alianza con Ciudadanos, tal y como le aconsejan tanto el sentido común como intelectuales muy cercanos, está topando la capacidad de crecimiento de UPyD -y esto no resta un ápice de mérito a su extraordinaria labor contracorriente-, todo nos encamina a un pacto entre el PP de Rajoy y CiU que incluya una consulta tolerada desde Madrid, a cambio de que lo que se dirima en ella no sea la secesión. El derecho a decidir de los catalanes quedaría así incrustado de facto en el sistema constitucional como bomba de relojería para las siguientes generaciones, Mas salvaría la cara con un buen acuerdo de financiación y el PP de Rajoy se perpetuaría sin necesidad de emprender ningún empeño regeneracionista.

Sólo un fulminante desbloqueo de la parálisis que atenaza al PSOE reabriría el juego político y obligaría al Gobierno a aparcar su soberbia y reconciliarse con sus electores para conservar el suficiente apoyo social por sus propios méritos, y no como consecuencia de la falta de contrincante. Toda España sabe que la egoísta obstinación de Alfredo Pérez Rubalcaba por aferrarse a su sillón y mantener un liderazgo sin horizonte, a la espera de que algún milagro corrija la distribución de dones de la madre naturaleza, es el nudo gordiano de la situación. Si se cumplen los pronósticos y la Conferencia Política del PSOE concluye hoy sin novedad alguna en ese frente, Rubalcaba habrá hecho un servicio impagable al PP de Rajoy pues es evidente que el ganador de unas primarias a finales de 2014 o principios de 2015 carecería del mínimo tiempo imprescindible para consolidar su liderazgo y perfilar su programa antes de las elecciones.

Si las consecuencias en cadena de este empecinamiento personal, fruto de un apego al mando rayano en la patología, no fueran tan potencialmente nefastas para España, lo que está ocurriendo en el PSOE sólo podría ser tomado a broma. De hecho eso es lo predominante en su propio entorno mediático por el que circulan chistes del estilo de que lo que debería hacer el partido con Rubalcaba es «abandonarlo en una gasolinera». Bien pensado casi es más cruel lo de Felipe González tildándole de «la mejor cabeza política que tenemos en España» pero «con un problema de liderazgo». Sólo le faltó añadir lo que en su día le dijo a Almunia: «Joaquín, date a conocer».

De aquel «váyase, señor González» del PP de Aznar, hemos pasado al «quédese, señor Rubalcaba» del PP de Rajoy. O sea a la repetición de la historia como farsa. De ahí que el otro día me pareciera tan atinada la alusión de un amigo tuitero a «The walking Fred», versión satírica de The walking dead. Se trata de la historia de un zombie patoso y desgarbado que va contagiando su condición a todo el que pilla alrededor hasta transformar su barrio en un mundo de muertos vivientes. Basta ver la ejecutoria de los actuales miembros de la dirección del PSOE para darse cuenta de que ese zombie -Alfredo tenía que llamarse- les ha debido morder ya a todos.

Hace unos años la revista Mad dedicó un capítulo de su desternillante serie de dibujos animados a «The walking Fred», con la particularidad de situar la acción en el Hollywood de las estrellas. La primera víctima era Justin Bieber, luego caían Tom Hanks, Tom Cruise, Bruce Willis... Las celebrities del show business iban siendo contagiadas a tal velocidad por el zombie metepatas que pronto aquello más que Los Angeles parecía la ciudad de los rinocerontes de Ionesco. Al final una angustiada Julia Roberts, rodeada ya de muertos vivientes por todas partes, exclamaba: «¿Este es el fin? ¡Mi carrera no puede acabar en una parodia!». Pues ya lo sabéis, compañeros y compañeras, miembros y miembras.

pedroj.ramirez@elmundo.es

Renovación del acuerdo oculto de las élites políticas y financieras
Juan Laborda www.vozpopuli.com 10 Noviembre 2013

Resulta curioso que el mismo día que publicábamos desde estas líneas un blog relativo a la política monetaria como fuente generadora de empobrecimiento, el Banco Central Europeo tomó varias decisiones inesperadas, no tanto por las acciones tomadas sino por el momento elegido para implementarlas.

Por un lado, bajó los tipos de interés oficiales al mínimo histórico, hasta el 0,25%. En segundo lugar, confirmó sus perspectivas de mantenerlos bajos durante un período de tiempo largo. Finalmente, anunció que prolongará las ventanas de financiación ilimitada para la banca hasta mediados del 2015.

Pero si la economía se está recuperando ¿por qué son necesarias estas medidas? La respuesta es muy sencilla. La actual recuperación económica tanto de la zona Euro como de los Estados Unidos, es absolutamente efímera. Después de una expansión monetaria excepcional por parte de occidente, apenas se recupera la actividad económica, y el paro sigue desbocado y maquillado por un descenso de la población activa.

En realidad la política monetaria ha acabado generando quizás la mayor de las burbujas financieras de la historia. Y en el momento en el que estalle, y estallará, se demostrará que no había nada detrás de la actual recuperación, salvo humo y fuego de artificio.

La ortodoxia erró en el diagnostico del enfermo
El diagnóstico que de la actual crisis económica sistémica hizo la ortodoxia fue erróneo. Como consecuencia, las recetas ofrecidas por las élites político-financieras para atajar el mal, no solo no han permitido salir de la crisis, sino que los problemas reales, deuda brutal e insolvencia bancaria, se han agrandado.

Los males de la economía occidental, que nos llevaron a la actual crisis sistémica, no tenían nada que ver con la ineficiencia del sector público o un problema de competitividad o de baja productividad del factor trabajo. El problema era otro, un crecimiento económico auspiciado por un proceso de endeudamiento masivo, fomentado por los Bancos Centrales, que en su momento era muy lucrativo para los bancos, pero que al final, como siempre sucede cuando se crece sólo por deuda, acabó colapsando.

Nos recetaron una mezcla de políticas económicas donde en vez de reformar y reestructurar el sistema bancario y la colosal deuda privada generada, diseñaron toda una serie de medidas encaminadas a trasladar renta de los bolsillos de los ciudadanos hacía estas élites quebradas. Se aumentaron indiscriminadamente los impuestos a las familias, se promovieron políticas tendentes a bajar los salarios, se recortaron fuertemente los gastos sociales que protegían a los más vulnerables, y todo ello para implementar rescates y avales bancarios a costa de los contribuyentes. En definitiva, un problema de deuda privada ha acabado transformándose también en un problema de deuda pública y soberana.

Las razones del Banco Central Europeo
La política monetaria ha fracasado de manera estrepitosa. Es absolutamente inefectiva en una recesión de balances o crisis de deuda como la actual. No vale para nada. De esto ya hemos hablado largo y tendido desde estas líneas. Lo más interesante del movimiento del Banco Central Europeo es tratar de entender el porqué del mismo.

Las decisiones adoptadas por el BCE obedecen a dos razones. Por un lado, el temor a la deflación por deuda, el peor de los males que puede experimentar una economía. Desde estas líneas venimos avisando largo y tendido de ello, pero la mayoría de los economistas mostraban no solo su escepticismo sino un profundo desconocimiento de lo que realmente implicaba. La política monetaria en deflación es inefectiva. Me remito a los datos.

La segunda razón, adentrándome en la mente de quienes componen el BCE, es tratar de mantener artificialmente altos los precios de los activos financieros e inmobiliarios para evitar nuevas quiebras bancarias. Y esta es sin duda la parte más delicada.

Las élites occidentales diseñaron un pacto tácito entre los Tesoros, Bancos Centrales y la banca, para mantener el statu-quo de esta última y ganar tiempo. Por un lado el Banco Central daba barra libre a los bancos privados, que a su vez financiaban a los diferentes Tesoros.

El objetivo era doble, primero refinanciar los monstruosos vencimientos de deuda del sistema bancario europeo. Por otro, permitirles recapitalizarse mediante la generación de unos beneficios extra que obtenían al llevarse la diferencia entre la rentabilidad de invertir en bonos soberanos y el coste irrisorio de financiarlos mediante los préstamos del Banco Central Europeo, y de paso financiar a los respectivos Tesoros. Los balances de la banca española, por ejemplo, son una bomba de relojería, cargados de deuda soberana patria.

El último elemento de este acuerdo oculto, con nocturnidad y alevosía, bajo la luz de las velas, es que los distintos Estados europeos, salvo honrosas excepciones, rescataban y avalaban la banca con dinero de los contribuyentes, contaminando así la deuda pública.

Si finalmente el muro de contención de la política monetaria cede, ya no habría herramienta alguna para hacer frente a la crisis que se nos avecinaría. Las élites ya han dilapidado tanto el tiempo como la munición para hacer frente a la misma. Las caídas de los mercados financieros contaminarían de nuevo los balances bancarios y la deuda pública hasta niveles inasumibles.

CARRERITAS
IGNACIO CAMACHO ABC  10 Noviembre 2013

Si esto no es la hoja de ruta del famoso Proceso de Paz alguien debería cuidarse de que no lo pareciese tanto

LA sociedad no lo entiende por una razón muy sencilla: no se puede entender. Cuando está por medio la dignidad de las víctimas y la memoria del sufrimiento de una nación entera resulta ininteligible un pulso judicial por ver quién es más garantista con los verdugos. Los criminales que no ahorraron un minuto de dolor ni un segundo de espanto no merecen estas prisas para ahorrarles unos días de condena. Y la Audiencia Nacional, que ha protagonizado y hasta simbolizado el compromiso de la justicia contra el terrorismo, tampoco merece malversarse a sí misma con el rigor urgente de unas excarcelaciones de sangrante ?en sentido literal?repercusión social y política.

El Estado en su conjunto ha quedado desarbolado por la dichosa sentencia de Estrasburgo. La descoordinación y las desavenencias entre poderes democráticos están sembrando el trastorno en unos ciudadanos que sólo alcanzan a sentirse perplejos ante la humillación de ver salir a los autores de carnicerías que han dejado una huella de dolor imborrable. Las altas instancias judiciales no logran ponerse de acuerdo sobre el criterio de aplicación del veredicto europeo. La Fiscalía permanece en actitud acrítica, pasiva o desconcertada. Y el Gobierno que prometió ?a las víctimas y a la nación entera? un plan de ingeniería jurídica para mitigar los efectos del fallo del Tribunal de Derechos Humanos se ha quedado inmóvil, exánime, sobrepasado por la celeridad proactiva de unos jueces que ejercen su independencia con sorprendente desapego hacia la sensibilidad social. El Supremo ha sido madrugado por una especie de golpe de mano de la Audiencia y no hay modo de entender que unas carreritas competenciales por el ejercicio de la jurisdicción arrojen como consecuencia la libertad improvisada de unos despiadados asesinos en serie.

Los magistrados que han decidido la liberación express de los sanguinarios matarifes de Hipercor quizá se sientan orgullosos defensores contra viento y marea del Estado de Derecho. Pero resulta imposible que no sean conscientes de las consecuencias dolorosas de su celo reglamentista. Menos comprensible aún parece la falta de iniciativa del Ejecutivo a través de la jerarquía del Ministerio fiscal y la ausencia de decisiones y movimientos competentes para organizar siquiera el protocolo de observancia de la sentencia del TDH. Al final, en este rigodón algo siniestro de absentismos y sobreactuaciones, lo único que la gente común observa con estupor y desengaño es el cumplimiento objetivo de la agenda de ETA. Primero fue la derogación de hecho de la Ley de Partidos y el paso libre a las instituciones del brazo político batasuno. Ahora la abolición de la doctrina Parot y la salida a la calle de los presos más crueles. Si esto no es la hoja de ruta del famoso Proceso de Paz alguien debería cuidarse de que no lo pareciese tanto.

LA sociedad no lo entiende por una razón muy sencilla: no se puede entender. Cuando está por medio la dignidad de las víctimas y la memoria del sufrimiento de una nación entera resulta ininteligible un pulso judicial por ver quién es más garantista con los verdugos. Los criminales que no ahorraron un minuto de dolor ni un segundo de espanto no merecen estas prisas para ahorrarles unos días de condena. Y la Audiencia Nacional, que ha protagonizado y hasta simbolizado el compromiso de la justicia contra el terrorismo, tampoco merece malversarse a sí misma con el rigor urgente de unas excarcelaciones de sangrante ?en sentido literal?repercusión social y política.

El Estado en su conjunto ha quedado desarbolado por la dichosa sentencia de Estrasburgo. La descoordinación y las desavenencias entre poderes democráticos están sembrando el trastorno en unos ciudadanos que sólo alcanzan a sentirse perplejos ante la humillación de ver salir a los autores de carnicerías que han dejado una huella de dolor imborrable. Las altas instancias judiciales no logran ponerse de acuerdo sobre el criterio de aplicación del veredicto europeo. La Fiscalía permanece en actitud acrítica, pasiva o desconcertada. Y el Gobierno que prometió ?a las víctimas y a la nación entera? un plan de ingeniería jurídica para mitigar los efectos del fallo del Tribunal de Derechos Humanos se ha quedado inmóvil, exánime, sobrepasado por la celeridad proactiva de unos jueces que ejercen su independencia con sorprendente desapego hacia la sensibilidad social. El Supremo ha sido madrugado por una especie de golpe de mano de la Audiencia y no hay modo de entender que unas carreritas competenciales por el ejercicio de la jurisdicción arrojen como consecuencia la libertad improvisada de unos despiadados asesinos en serie.

Los magistrados que han decidido la liberación express de los sanguinarios matarifes de Hipercor quizá se sientan orgullosos defensores contra viento y marea del Estado de Derecho. Pero resulta imposible que no sean conscientes de las consecuencias dolorosas de su celo reglamentista. Menos comprensible aún parece la falta de iniciativa del Ejecutivo a través de la jerarquía del Ministerio fiscal y la ausencia de decisiones y movimientos competentes para organizar siquiera el protocolo de observancia de la sentencia del TDH. Al final, en este rigodón algo siniestro de absentismos y sobreactuaciones, lo único que la gente común observa con estupor y desengaño es el cumplimiento objetivo de la agenda de ETA. Primero fue la derogación de hecho de la Ley de Partidos y el paso libre a las instituciones del brazo político batasuno. Ahora la abolición de la doctrina Parot y la salida a la calle de los presos más crueles. Si esto no es la hoja de ruta del famoso Proceso de Paz alguien debería cuidarse de que no lo pareciese tanto.

La estrategia de las lágrimas
J. M. RUIZ SOROA, EL CORREO   10 Noviembre 2013

Ahora se trata de recurrir a «todo el sufrimiento de todas las víctimas». El objetivo es el mismo: no hablar de lo que no se debe hablar.

Las palabras de nuestro parlanchín fiscal superior hace un par de semanas, cuando se metió donosamente en el jardín dialéctico de si la recién liberada Inés del Río era todavía una asesina, son altamente significativas del curso que está adoptando progresivamente el discurrir público (político) sobre el terrorismo nacionalista. Son un buen ejemplo del marco conceptual de comprensión en el que progresivamente se va metiendo con calzador el pasado o, si lo prefieren, utilizando los términos de moda entre nosotros, de qué concreta clase de ‘memoria’ se está forjando para que sea adoptada como modelo estándar por el ciudadano de a pie.

Es un marco conceptual o modelo de memoria que me atrevo a calificar de ‘personal’ o ‘privatizado’. O, mirado desde otro ángulo, un modelo ‘despolitizado’. Y me explico. Lo interesante en las palabras del fiscal no es aquello de lo que tratan, es decir, si la señora del Río merece o no ser calificada todavía de asesina, si el cumplimiento de la pena borra o no la calificación moral y jurídica del delincuente, si éste es o no una nueva persona cuando sale de la cárcel. Lo interesante es que la atención del fiscal se centre en la persona de la terrorista excarcelada y que nos proponga una reflexión/discusión sobre esa persona y sus cualificaciones morales concretas. Esta es una discusión en sí misma intrascendente y que sólo debiera interesar a la señora Del Río y a su psicólogo o terapeuta. ¡Allá ella con el manejo de sus sentimientos de culpa si es que los tiene! A la sociedad no le interesa nada esa cuestión personal, excepto como interesa al historiador puntillista saber si Hitler quería mucho a sus perros.

Pero el hecho de la focalización de la atención pública en el aspecto personal, eso sí que interesa, y mucho. Porque es toda una estrategia interesada la que hay detrás de ello, por mucho que el señor fiscal no sea consciente de ello: la de reconvertir el fenómeno terrorista en una cuestión interpersonal, en una cuestión que, al final, atañe a las personas de las víctimas y a las personas de los terroristas, y que les atañe como personas concretas, como seres humanos sintientes y dolientes. Y poco más.

Se trata de una estrategia que busca reducir el fenómeno terrorista a sus aspectos humanos, y dentro de ellos a su mínimo común denominador, que es el sufrimiento. Se focaliza la atención en el sufrimiento de las víctimas porque éste es un hecho universalizable y extensible incluso a los victimarios, a sus amigos y sus parientes. Si utilizamos el sufrimiento como guía, y a poco que sepamos manejarlo con habilidad, podremos construir todo un mundo de sufrimiento en la historia (llegando por lo menos hasta la Guerra Civil de 1936) y un universo de sufrimiento pluridireccional (descubriendo de continuo «otras víctimas» y «otras violencias»). No hay mejor camino para distraer la atención de lo particular y concreto que recurrir a la generalización. Al igual que los terroristas respondían a la acusación de violar los derechos humanos alegando que ellos defendían «todos los derechos de todas las personas», ahora se trata de recurrir a «todo el sufrimiento de todas las víctimas». El objetivo es el mismo: no hablar de lo que no se debe hablar.

En esta nueva estrategia las víctimas son (cariñosamente) desocializadas y despolitizadas: se trata de atenderlas como seres humanos sufrientes necesitados de terapia y sanación. Toda una batería de medidas propias de la clínica psiquiátrica se ponen en marcha para que las víctimas puedan hacer su duelo, puedan sublimar sus sentimientos de desquite y convertirlos en otros de reconciliación y perdón, puedan restablecer una relación humana con sus victimarios, puedan asomarse a las vivencias del otro lado de la pistola, puedan incluso ayudar a sus victimarios a regenerarse. Términos como ‘restauración’, ‘reconciliación’, ‘perdón’, ‘arrepentimiento’, ‘reconocimiento’ se convierten en los nuevos mantras. A las víctimas (y a los victimarios si se puede) hay que sanarlas, y se les anima insistentemente a emprender la terapia. Quien se opone a ello es un «rencoroso» que no quiere curarse.

Los propios victimarios administran sagazmente este proceso y sugieren que, en algún magnífico y lloroso futuro, llegarán a «reconocer» el daño humano causado. Y así todos seremos felices. Y todos esperando a que lo hagan, especulando sobre tan ansiado momento. ¡Como si tuviera alguna importancia o significado!

Por otro lado, la sociedad entera es tratada en esta estrategia como una persona, sólo que más grande. Lo que vale para las personas concretas vale también para la sociedad, también a ésta hay que reconciliarla y sanarla de la afección traumática que ha sufrido pero que ya ha terminado. Hay que ayudarle a pasar página y para ello nada mejor que construir una memoria ritual que incorpore, eso sí, el sufrimiento humano (el memorial de las lágrimas), pero que lo contextualice de manera tan amplia que todos (y todos es todos) podamos llorarlo juntos. La meta ideal de la política es conseguir un consenso (últimamente le llaman «un suelo») que permita a todos recordar el pasado juntos, es decir, olvidarlo juntos. El ideal es que no haya víctimas –salvo las ‘curadas’– ni presos sufrientes en las cárceles. Y así, que no haya conflicto, sino sólo paz.

La estrategia del sufrimiento es inteligente, sin lugar a dudas. Y además conecta muy bien con la sociedad actual, a la que le encanta chapotear en la sensiblería sentimental. A los de aquí nos permite olvidar con dignidad aquellos tiempos en que fuimos espectadores neutrales de la masacre. Y, sobre todo, permite que todas las ideas y todos los proyectos sean considerados igualmente defendibles y valiosos. Porque, al final, ninguno ha sido responsable de nada. Todos curados en una sociedad sana y nueva. ¡Para llorar de emoción!

González o Zapatero: el gran dilema del PSOE

Roberto L. Blanco Valdés La Voz 10 Noviembre 2013

La historia del PSOE desde que fue desalojado del Gobierno, tras la peor gestión de un presidente desde 1977, confirma la idea de Giulio Andreotti de que a los partidos los desgasta mucho más estar en la oposición que en el poder.

Sobre todo, claro, cuando han sufrido el infortunio de ser dirigidos durante su etapa gubernamental por quien, como Zapatero, era sencillamente un pobre hombre. Como ya algunos anunciamos antes de que el desastre llegara a producirse, su legado ha resultado catastrófico: y ello no solo porque el PSOE tenga menos electores y menos poder institucional que nunca antes desde la recuperación de la democracia, sino porque muchos españoles, incluidos bastantes antiguos votantes socialistas, lo hacen responsable, con toda la razón, de haber agravado, con su irresponsabilidad y su populismo, los efectos de la crisis económica; y de haber puesto patas arriba la organización territorial, con los efectos que están hoy bien a la vista.

Sin embargo, los graves desafíos del PSOE para iniciar su recuperación no residen solo -yo incluso me atrevería a decir que no residen tanto- en la forma disparatada en que ha decidido hacer frente a los dos problemas referidos: girando hacia la izquierda y no hacia el centro en su política económica, lo que no es más que pura demagogia (¡que se lo pregunten sino a Hollande!); y articulando una delirante propuesta federal para sacarnos del atolladero en que nos metió la cósmica ignorancia y confusión de Zapatero sobre la llamada cuestión territorial.

En realidad la inmensa tragedia del PSOE es que quienes pelean por ocupar el puesto de su líder -un político de gran capacidad, pero achicharrado sin remisión tras treinta años de dedicación exclusiva a la política-son meros clones de aquel Zapatero que se fue de la política del mismo modo que llegó: sin una sola idea en la cabeza. ¿Alguien le ha escuchado alguna vez un pensamiento original sobre alguno de los problemas del país a Madina, Tomás Gómez, Fernández Vara, Chacón o García Page? No, porque, en realidad el único programa que anima su actuación es el de quítate tu que me quiero poner yo.

La política democrática no solo se hace con ideas, como saben la legión de asesores que rodean a todos los líderes del mundo de forma permanente. Pero también tiene que hacerse con algunas ideas fuerza que son las que distinguen a un político de verdad de un mercachifle: González era lo primero, Zapatero lo segundo. Los socialistas tienen, pues, ante sí una decisión fundamental: la de si van a intentar salir del agujero echando mano del perfil de un hombre que hizo del PSOE uno de los dos grandes partidos españoles o del de otro que lo llevó a donde ahora está: en medio de un pantano de confusión, mediocridad y oportunismo. Esa, ni más ni menos, es la cosa.

TV al servicio de la propaganda
Josep María Francás www.gaceta.es 10 Noviembre 2013

Cuesta entender que sigan existiendo órganos de propaganda como son las TV públicas

El Gobierno de Valencia ha decidido cerrar Canal 9, su radiotelevisión autonómica, por motivos estrictamente económicos. La Generalidad valenciana realizó un ERE para hacer menos gravoso su ente audiovisual y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en sentencia le obliga a readmitir a todos los trabajadores. Si el Gobierno autonómico no rectifica, y no parece que vaya a hacerlo, puede desaparecer una de las televisiones autonómicas más significativas, más sobredimensionadas y más deficitarias de nuestro país, lo cual supondrá desgraciadamente un duro golpe para los profesionales y sus familias. Me solidarizo con ellos, al igual que con los millones de españoles que se hallan igual, mientras compruebo que, una vez más, unos deciden dilapidar y otros pagan el pato.

Cuesta entender que en un país que ha rozado la quiebra, que ha estado enviando al paro diariamente a miles de trabajadores, sigan existiendo esos órganos de propaganda política como, casi por definición, son los medios de comunicación públicos. Cuando desde el poder público y con el dinero de todos se crea un medio de comunicación dependiente de la autoridad política, ¿qué se pretende? Para conocer la respuesta bastan unas simples pesquisas. Se estudia quién los crea y cuándo los crea, se comprueba el baile de cargos cuando cambia el color del Gobierno de turno, se analizan los contenidos durante unos días o, simplemente, se pregunta a los responsables qué esperan de ellos; la conclusión es unánime: propaganda. No son un servicio público, son un servicio de propaganda del poder hacia el público sin más. Para dimensionar el problema bastará recordar que el déficit de estas televisiones alcanza en España anualmente más de 1.000 millones de euros y que los 34 macroentes de radiotelevisiones públicas, excluyo las cientos de emisoras municipales, cuestan año a año a cada familia española más de 150 euros por hogar.

Si en época de crisis bastarían las razones económicas para desprenderse o privatizar esos monstruos, hay razones más profundas para entender que sin ellas sin duda mejoraría nuestro índice de libertad. Cuando ni se nos pasa por la cabeza tener periódicos públicos del Gobierno central o de cualquier autonomía, ¿en razón de qué principio se considera normal mantener televisiones y radios de este jaez? Aunque fueran perfectamente rentables, ¿tendría sentido en una democracia real que el que debe ser controlado, el poder político, dirija al que debe actuar de controlador, al medio de comunicación? Sin libertad de prensa no hay democracia digna de este nombre y, ¿qué libertad tiene un medio que depende directamente y en todo del poder? El cierre de Radiotelevisión Valenciana sin duda es una mala noticia para los que en ella trabajaban, pero es muy buena noticia para la libertad de prensa tan necesaria en nuestro país.

Crisis o disolución
François Hollande: no se puede hacer peor
JOSÉ JAVIER ESPARZA www.gaceta.es 10 Noviembre 2013

Unanimidad en la prensa de izquierdas y de derechas sobre el fracaso del presidente galo. El 91% de los franceses insta a que cambie de política.

“Cómo la izquierda se asesinó a sí misma. Historia de un suicidio”. El titular es del semanario de centro-izquierda Marianne, que sintetiza así el descrédito en el que ha caído el Gobierno socialista francés. Lo más llamativo es que Marianne fue uno de los medios que más se distinguieron en el apoyo a Hollande en las últimas presidenciales. Hoy, sin embargo, las cañas se han vuelto lanzas.

“Cuando el mar se retira –se lee en sus páginas– es cuando se ve a los que se bañan desnudos. François Hollande está enteramente desnudo. No le queda nada, ni una mínima autoridad, ni un programa claro, ni amor propio”. Un juicio muy parecido se encuentra en el semanario Le Nouvel Observateur, que igualmente había pedido el voto para Hollande y que ahora constata la hecatombe.

Evaluando el caso Leonarda (esa niña rumana primero expulsada del país y después readmitida, pero sin sus padres), y la tardía y confusa explicación del presidente en la televisión pública, el semanario escribe: “Para ser fuerte hay que ser respetado, y primero por los propios amigos. El presidente no es ni lo uno ni lo otro […] A partir de ahora todo se concita contra él. Contra Hollande. Contra su persona y sus métodos. Contra una presidencia de papel. El caso Leonarda levanta la terrible revelación de un quinquenio malogrado apenas dieciocho meses después de haber comenzado. ¿Y si todo se hubiera jodido?” (sic).

Si éste es el estado de ánimo en la izquierda, se puede imaginar cuál es en la derecha: “Hollande, el presidente fantasma”, titula el semanario Valeurs Actuelles, que subraya que la popularidad y la credibilidad del primer mandatario francés se han reducido a cero incluso en su propio campo.

Un sondeo de Ifop-JDD publicado la semana pasada indica que un 91% –atención a la cifra– de los franceses insta a Hollande a cambiar de política, de método o de equipo gubernamental. “Hay fuertes dudas sobre su método de gobierno, y ello en la misma proporción, y esto es inédito, entre los simpatizantes de izquierda, de derecha y del Frente Nacional”, explica Frederic Dabi, director general adjunto del citado instituto de sondeos.

¿Más sondeos? El instituto demoscópico BVA publicaba hace una semana que la mayoría de los franceses –un 73%, concretamente- considera que Hollande es el peor y el menos valiente de todos los presidentes del país en los últimos treinta años.

No es la primera vez que Hollande se encuentra con encuestas adversas desde que llegó al Elíseo –de hecho, aún no ha disfrutado de ninguna positiva-, pero lo cierto es que los resultados son cada vez peores y, sobre todo, cada vez son más agrios entre el propio electorado de la izquierda.

Crisis o disolución El rotativo de cabecera de la izquierda parisina, Le Monde, es taxativo: “Nunca un jefe del Estado había tenido tan poco margen para responder a los problemas: su Gobierno es turbulento, la mayoría socialista es indisciplinada, su partido es inexistente, su campo está en desbandada”.

¿Cuáles son las razones del acelerado y masivo descrédito de Hollande? Ante todo, su incapacidad para adoptar medidas eficaces y, acto seguido, su escasa firmeza para mantenerlas. En el campo económico sus errores han sido de libro: primero decidió subir impuestos para no tener que hacer recortes sociales. Acto seguido ha tenido que dar marcha atrás en casi todas sus medidas de presión fiscal, desde el impuesto del 75% para los que ganen más de un millón de euros al año hasta la nueva tasa sobre el ahorro.

Lo último ha sido la ecotasa sobre el carburante de camioneros y agricultores, una medida introducida por Sarkozy, que Hollande quiso subrayar y que ha levantado una auténtica revolución en Bretaña, hasta el punto de que el presidente francés ha renunciado a la medida. Mientras tanto, el paro sigue en cifras desorbitadas para lo que en Francia es habitual y el empobrecimiento de las clases medias es galopante. Hollande prometió un programa de reindustrialización, pero se ha quedado en papel mojado. Añadamos a la lista de fracasos la movilización popular contra la ley del matrimonio homosexual y las protestas airadas entre el estamento militar. Realmente, no se puede hacer peor.

Ahora el panorama que se le abre por delante a Hollande, con una contestación social de un 91%, se limita a dos opciones: una, cambiar el Gobierno; la otra, disolver el Parlamento y convocar legislativas. Ninguna de las dos ofrece salidas tranquilizadoras. Precisamente algo que se le reprocha a Hollande es que dirige a los ministros sin pasar por el jefe de Gobierno, de manera que una crisis de gabinete no resolvería gran cosa. Sobre todo a cinco meses de unas elecciones municipales. La otra alternativa, la disolución de la Asamblea, daría inevitablemente la victoria a la derecha (se estima que el grupo socialista quedaría reducido a 50 diputados) y Hollande se vería obligado a “cohabitar” con una mayoría parlamentaria hostil. Hollande podrá salvar su puesto, pero a costa de hundir al partido. Aún así, en los mentideros se da por hecha la disolución. La única duda es la fecha: o antes de Navidad, o tras las elecciones europeas de mayo.

Nuevos tiempos, viejas mentiras
José Carlos Rodríguez www.gaceta.es 10 Noviembre 2013

Cae el castillo de naipes del llamado Estado de Bienestar, el gran oxímoron del siglo XX.

El partido socialista está embarcado en la cuadratura del círculo: la renovación de ideas de la izquierda. Tras la caída del muro está la erosión del castillo de naipes que se ha llamado Estado de Bienestar, el gran oxímoron del siglo XX. El diario El País se ofrece voluntariamente para llenar de humo el vacío socialista, en su sesuda sección de Opinión. Santiago Lago, economista, deja atrás las absurdas pretensiones de que todo paso hacia la gestión del Estado es una “conquista social”, como si fuese un mojón en el inexorable camino hacia el socialismo. Lo único inexorable con el socialismo es su fracaso. Y el futuro del socialismo pasa por lamerse las heridas y ocultar vergonzosamente sus huellas de miseria y opresión.

Lago reconoce que lo del Estado de Bienestar, es decir, la gestión por el Estado de los servicios públicos, es una circunstancia histórica. Es posible gracias a la prosperidad que ha traído el capitalismo, y sólo con ella se pueden cumplir sus espurias promesas.

Los socialistas comenzaron diciendo que ellos sustituían al renqueante capitalismo, moribundo ya, con una gestión más racional y que multiplicaría los bienes a un mayor ritmo que la economía libre. A partir de los años 50, y especialmente los 60, propios y extraños se iban cayendo del guindo. La guerra sorda fue fría sólo para el socialismo. Entonces el pensamiento de la izquierda, esa quimera, pasó a demonizar el crecimiento que antes apadrinaba. Ahora no nos liberaría de la pobreza, que es la misma condición del hombre, sino que ensuciaría la naturaleza y nos alienaría. Y eso lo decían los mismos que tenían a Marx por toda guía, un burgués barbudo que no trabajó jamás y que predijo que los trabajadores nunca se elevarían por encima de la mera subsistencia.

Ahora que los excesos del crédito nos obliga a levantarnos lenta y penosamente por el peso de la deuda, ahora que se ha generalizado, con el Estado de Bienestar, sus ineficiencias y corrupciones, ahora el crecimiento vuelve a ser positivo, necesario.

Santiago Lago dice, en ese lenguaje estereotipado de los expertos: “Las agendas a favor del crecimiento, el emprendimiento y el desarrollo empresarial”, como si fueran tres cosas distintas, “son un ingrediente indispensable también para la sostenibilidad del Estado de Bienestar”.
Pero eso sí, quiere limitar la competencia fiscal entre países, para poder subir los impuestos sin limitación. Y pretende que esos mayores impuestos no frenen el crecimiento. ¿Con qué ensalmo? El del engaño, que es el socialismo hecho palabra. Hay que “reforzar la moral fiscal que conmina al pago voluntario de los impuestos”. Es decir, que el Estado nos quite cantidades crecientes de nuestra renta y nuestra riqueza, pero que parezca un accidente. Eso es lo que busca: “nuevas estrategias legitimadoras”, nuevos modos de revestir viejas mentiras en los nuevos tiempos.

EXTRACTOS DEL ÚLTIMO LIBRO DE DANIEL LACALLE
"Mientras España siga intervenida por las subvenciones, los inversores irán a otro país"
Daniel Lacalle El Confidencial 10 Noviembre 2013

Viaje a la libertad económica. Por qué el gasto esclaviza y la austeridad libera, es el segundo libro publicado por el economista, gestor de fondos y colaborador de El Confidencial Daniel Lacalle, tras el éxito de Nosotros, los mercados. Lacalle propone en este ensayo un viaje alrededor de las principales ideologías que en materia económica y social pergeñan el mundo en el que vivimos. A continuación les adelantamos seis extractos destacados del libro, en el que se explica por qué desde la crisis las ideologías se han convertido en argumentos arrojadizos de los economistas.

Sobre el gasto público y privado
En nuestra vida cotidiana solemos criticar a las empresas privadas o a los individuos por sus gastos excesivos. Si vemos que nuestro vecino se endeuda para comprar cosas que no le sirven o que no puede permitirse, intentamos aconsejarle y alertarle de que va camino a la ruina. Sin embargo, no exigimos esa responsabilidad si los gastos inútiles o imposibles de financiar son del Estado. Siempre se le perdonan porque pensamos que es "por el bienestar social". Y porque suponemos que el dinero es gratis, no valoramos que esos gastos, ese déficit, lo pagamos nosotros. Siempre. Empobreciéndonos, devaluando e imprimiendo, creando inflación y subiendo impuestos. Es nuestro dinero y tenemos una mano depredadora en el bolsillo.

José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy (EFE)No sólo es nuestro dinero de hoy, sino de varias décadas. ¿Por qué lo aceptamos? Por el chantaje emocional inculcado durante décadas. ¿El Estado de bienestar? No. El bienestar del Estado.

Los gobiernos ineficientes conocen perfectamente ese resorte emocional, que no se les exige eficacia ni responsabilidad, y lo aprovechan. Muchas gracias por su dinero.

Sobre los impuestos: bajarlos ya
Solemos leer que España pierde 72.000 millones de recaudación al año por la economía sumergida, dando por sentado, erróneamente, que dicha actividad económica fuera del alcance de Hacienda seguiría funcionando normalmente si se regularizase. No es así. Primero, porque la cifra es cuando menos optimista; segundo, y sobre todo, porque no entiende la naturaleza de la economía sumergida. En un país como España, la recaudación tributaria no se ha desplomado por el fraude y la economía sumergida, se ha desplomado por la enorme dependencia del ladrillo, de la burbuja inmobiliaria y de obra civil que suponía casi el 16% del PIB, y que incluía ramificaciones de gasto en telefonía, servicios y energía, con enormes redes y capacidad de generación instalada para una demanda que nunca llegó.

La economía suele estar sumergida cuando la presión impositiva imposibilita la supervivencia de las empresas y negocios en el marco legalA finales de los años noventa tuve un bar. Nuestro negocio siempre declaraba absolutamente todo, teníamos a todos los empleados afiliados a la Seguridad Social, etc. Pero vi lo duro que es para muchos operadores en hostelería poder sobrevivir. Recuerdo algunos proveedores que apenas podían ahorrar tras pagar cuotas de autónomos, y lidiar con retrasos en pagos de los clientes, aumentos de impuestos indirectos y trabas burocráticas. Muchas veces, la economía sumergida es por necesidad, no por gusto.

Siempre digo que la economía no se sumerge, emerge. Es decir, que la decisión de mover una actividad económica fuera del control tributario no es una decisión tomada por gusto, ya que supone tremendas dificultades, riesgos y consecuencias negativas a medio plazo, no sólo por menores ventas -ya que desde la ilegalidad no se puede crecer adecuadamente-, sino también por otros factores, desde el acceso a crédito hasta la calificación de los negocios y empresas por parte de consumidores y agencias independientes. Y cuando se dan las condiciones medianamente adecuadas, los negocios optan por "emerger" tributariamente, no al revés.

La economía suele estar sumergida cuando la presión impositiva imposibilita la supervivencia de las empresas y negocios en el marco legal. Los márgenes son tan bajos y los costes de mantenerse en la legalidad tan onerosos que simplemente no pueden "emerger". Sin embargo, los negocios de bajos márgenes, muy estacionales o volátiles, siempre salen a la luz de la legalidad cuando la carga impositiva es baja y reconoce el carácter cíclico de sus actividades.

Sesión de control al gobierno en el pleno del senadoMuchas veces hablamos de la economía sumergida como un fraude, no como una necesidad. Y en una gran parte, lo es. Todos conocemos un caso u otro de trabajadores o negocios que simplemente no podrían existir dentro de un marco impositivo confiscatorio. No es casualidad que en un país donde las pymes generan el 70% del valor añadido, pero se mueven en sectores muy cíclicos y estacionales (turismo, servicios, construcción), siempre aflora la mayor parte de la base imponible -ingresos sujetos a tributación- cuando se bajan los impuestos a niveles no confiscatorios.

De igual manera, una menor tributación puede aumentar la recaudación porque incentiva la actividad, incluso de empresas extranjeras que podrían plantearse instalarse en el país. Sin esa ventaja, esta recaudación fiscal no se produciría. Además, atrae el consumo y, finalmente, reduce la economía sumergida y el fraude.

Sobre el aumento de la actividad económica con menores tasas
Siempre nos dicen que es imposible bajar impuestos, porque si no ¿quién construye los puentes y asfalta las carreteras? No deja de ser una excusa para contar con un presupuesto superior. Ninguno de los gastos esenciales del Estado está en peligro si el gobierno trabaja con un presupuesto base cero y con prioridades. Además, el crecimiento de la actividad económica aumenta los ingresos.

La ministra de Fomento, Ana Pastor (EFE)¿Por qué en la mayoría de los casos no se hace? Cuando se tiene una mentalidad funcionarial, lo que importa es el presupuesto. No cómo se financia ni el efecto en la economía, sino mantener o aumentar la cantidad de dinero que se gestiona. El poder lo da la firma de cheques. Y perder ese poder es diluir influencia. Por ello, los gobiernos locales, regionales, estatales, nunca piensan en el efecto sobre la economía. Simplemente porque sus incentivos no están en generar crecimiento, sino en aumentar sus "activos bajo gestión", el presupuesto que manejan y su círculo de influencia. Además, políticamente siempre se justifica el gasto, aunque se compruebe que la obra pública en España, por ejemplo, suele superar en un 29% la cantidad presupuestada, según el Tribunal de Cuentas, y en la Unión Europea sea entre un 5% y un 10%.

Desafortunadamente, esta mentalidad no es exclusiva del sector público, y se puede encontrar en muchas empresas semiprivadas. Les recomiendo la lectura del libro Bonjour, Paresse (Buenos días, pereza, Ediciones Península, 2004), de Corinne Maier, un análisis corrosivo, cínico y muy divertido de la cultura empresarial francesa, de la ineficiencia y burocracia, del gasto y el consumo de presupuesto como cáncer que se extiende cuando sabemos que el dinero no es nuestro, y la responsabilidad se pierde para entregarse al clientelismo.

Siempre han sido gobernantes con un sentido de Estado y responsabilidad extremos los que han llevado a cabo ajustes de verdadero calado y reducciones de impuestos. Además, con un coste político, porque suele ir acompañado de motines entre las filas de los consumidores de presupuestos.

Sobre la eliminación de las subvenciones
Casi todas las actividades económicas sufren la lacra de las subvenciones-primas-ayudas.

Nombres tenemos de sobra, que atacan al consumidor de forma doble: vía precio y vía impuestos. Mientras España siga siendo percibida como una economía intervenida por dichas subvenciones, los inversores seguirán buscando opciones en otros países, porque las economías en las que las ayudas gubernamentales sostienen a demasiados sectores están también sujetas a vaivenes regulatorios.

Es esencial cambiar pagos a costa del Estado por incentivos fiscales. Además de adecuar la demanda de inversión a la rentabilidad real, evitaría burbujas y "efectos llamada falsos".

El "efecto llamada" de las subvenciones es muy dañino: crea una burbuja y una percepción de demanda irreal; posteriormente, deja la sobrecapacidad y el coste de las operaciones de esos activos; y, finalmente, provoca la quiebra o la desaparición de las industrias que dependen de dichas ayudas y han crecido, en muchas ocasiones con una deuda desproporcionada, ante la idea de que el Boletín Oficial del Estado les garantiza el negocio. La misma mano que alimenta, el Estado, retira la comida y el efecto es similar al de las burbujas inmobiliarias. Saturación y pinchazo. Ni uno ni otro son positivos para la economía.

España gasta un poco más del equivalente del 5% del PIB anual en ayudas y subsidios corporativos, que durante la crisis han sido reducidos muy poco. La cultura de los subsidios presente en España desde hace décadas ha convertido a muchas empresas en estructuras pesadas, ya que al contar con ayudas constantes, también se endeudan demasiado, y les ha impedido convertirse en compañías ágiles e innovadoras. Las subvenciones suelen disfrazarse de innovación, y siempre se justifican, cuando suelen esconder modelos "constructor y promotor" que simplemente desaparecen cuando se acaba el cheque del Estado.

Además, las ayudas y subvenciones se convierten en parte del análisis de viabilidad del negocio, como un elemento más, y no debe ser así. En una gran empresa norteamericana una vez me comentaban que les sorprendía que en las valoraciones de ciertos proyectos que analizaban en nuestro país, se considerasen las subvenciones como inamovibles durante 20 o 25 años. "¡Pero si los gobiernos cambian las regulaciones siempre!", me decían.

Luis de Guindos y Mariano Rajoy (EFE)Tal vez a lo que más pánico le tienen los inversores internacionales es a las economías que se rigen por regulaciones a favor de los subsidios. Los inversores entienden que un entorno muy afectado por ayudas gubernamentales se traduce de inmediato en baja competitividad, en dependencia política y en productividad reducida. Obviamente, cualquiera que busque invertir su dinero en España va a querer hacer rendir sus inversiones al máximo, y mientras la economía española siga siendo percibida como una economía intervenida, los inversores internacionales dudarán ante opciones en otros países.

Es esencial cambiar la política de subvenciones -gasto directo y deuda- por incentivos fiscales para evitar burbujas y «efectos llamada», que luego cuestan al Estado muchos miles de millones por acumulación de gasto. Un sistema de créditos impositivos (tax credits) no sólo no cuesta al Estado, sino que adecúa la demanda de inversión de las empresas con el apetito de poner capital a trabajar.

Sobre la dación en pago
En España he tenido la oportunidad de escuchar en muchas ocasiones a Ada Colau, representante de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas defender la dación en pago y un sistema similar al norteamericano o británico. El error del que parte es pensar que la dación en pago es una solución y no un problema mayor. Sobre todo cuando las ejecuciones hipotecarias de primera vivienda son tan limitadas como comentaba antes.

Afectados por hipotecas entran en bankia en apoyo a un caso de santa polaLa dación en pago retroactiva supondría inmediatamente hundir el acceso a vivienda o nuevas hipotecas a familias jóvenes, al encarecerlas de manera muy relevante, haciendo que no puedan aprovecharse de una bajada del precio de los pisos porque las hipotecas se hacen inaceptables. Esto ha pasado entre 2007 y 2009 en Inglaterra, por ejemplo. Además, le costaría a la banca otros 25.000 o 35.000 millones de euros en provisiones, tirando a la baja.

La dación en pago no es retroactiva en ningún sistema pero, sobre todo, es un drama cuando se aplica. En Estados Unidos o Reino Unido, la dación en pago es extremadamente inusual y va acompañada de un informe de quiebra y la imposibilidad de acceder a ningún tipo de crédito -sea una tarjeta VISA, comprar un coche o un préstamo personal- durante años, entre siete y diez.

De las burbujas sólo podemos defendernos con sentido común y con análisis e información. Y, desde luego, no dependiendo de sectores interesados en mantenerla, aunque sea el gobierno o el banco que concede hipotecas mientras financia el suelo y a las promotoras.

Y desde los bancos, recuperar la cordura y evitar que lo que ya es un proceso difícil de limpieza de balances se convierta en una pesadilla de devoluciones de llaves y juicios interminables.

Stop desahucios pide de nuevo una solución para elisabeth sanlésEl coste de atajar los desahucios extremos hoy es muy pequeño comparado con el daño que genera al sistema completo y a generaciones futuras. Si escondemos la cabeza y esperamos que escampe, entonces será un problema enorme, que, en el peor caso, podría llegar a un 8% o 10% de las hipotecas vivas.

Debemos aprender a tomar las decisiones de inversión con nuestra información de manera independiente y, como en cualquier inversión, siempre desde la perspectiva de lo que podemos perder, nunca de lo que podemos ganar. En algún lugar, alguien está intentando crear otra burbuja. De nosotros depende evitarlo.

Sobre la creación de Europa y sus semejanzas con la URSS
La pesadilla planificadora cayó con el Muro de la Vergüenza en 1989. Entre los millones de alemanes que fueron testigos de esa caída había dos personas con un pasado ideológico colectivista y hasta marxista, Gerhard Schröder y Angela Merkel. Dos personas que sabían que el camino del gasto y la planificación centralizada sólo llevan a un final: la quiebra.

Hoy estamos creando una Unión Europea que obedece a principios muy similares a los de los satélites soviéticos: la planificación centralizada, un politburó todopoderoso que decide por todos dónde, cómo y cuándo se debe invertir, que no responde ante sus errores y reduce todas las singularidades y fortalezas de cada país a un mínimo común denominador que no es el principio de libertad y comercio que inspiró la Comunidad Económica Europea. Es una copia aterradora del modelo francés de economía dirigida, centralizada y planificada por una élite que sí disfruta de los privilegios de la libertad mientras llena la propaganda oficial con mensajes de «política social», «ciudadanía» y «colectivo».

Reunión del consejo europeo en bruselasUna élite que se ha servido, como la de la RDA, de recursos financieros casi ilimitados, y cuando tras décadas de despilfarro y mala inversión éstos se reducen, aprovecha la ocasión para culpar a su tercer brazo, la banca, y ponerles a ustedes, como solución, menos libertad, más intervención. Si esta comparación les parece exagerada, analicen la estructura de la Comisión Europea, el aparato de Bruselas y su estructura, y verán las similitudes entre la Unión Europea que se está creando y el politburó soviético.

La Unión Soviética estaba gobernada por 15 personas no elegidas democráticamente, que se nombraban unos a otros entre una élite, y que no respondían ante nadie de sus errores. La Unión Europea está gobernada por 2.000 personas que tampoco son elegidas, y pasan de unos puestos a otros sin responsabilidad sobre sus decisiones, que afectan a millones de personas. Como la Unión Soviética, se basa en eliminar todo trazo de individualidad, de idiosincrasia y de cultura al servicio de una idea que sospechosamente se parece a la economía teledirigida y planificada de los sistemas totalitarios.

Cada día, Bruselas emite 18 regulaciones nuevas. Supera al Politburó hasta en hiperregulación.

[Viaje a la libertad económica, Por qué el gasto esclaviza y la austeridad libera. Ed. Deusto, 392 páginas. A la venta el 12 de noviembre. 17,95 euros (9,99 en versión electrónica)]

El congreso de la nada
EDITORIAL Libertad Digital 10 Noviembre 2013

Por si alguien albergaba esperanzas de que la conferencia política celebrada este fin de semana iba a servir para regenerar a un PSOE hundido en la sima de la indefinición política y la traición nacional, ahí están las intervenciones de sus dirigentes más destacados para desechar toda esperanza de que el socialismo español vaya a convertirse, al menos a corto plazo, en una alternativa seria de gobierno.

El sentimentalismo vacuo de personajes supuestamente llamados a regenerar el PSOE, como la presidenta designada por Griñán para gestionar los estertores del corrupto socialismo andaluz, ha sido la nota característica de un congreso que, al menos hasta ayer, se ha limitado a insistir en una estrategia de concesiones constantes a su socio catalán, cuya sola presencia en las estructuras del socialismo español cancela irremisiblemente toda posibilidad de que los ciudadanos puedan contar con la existencia de una alternativa de izquierdas comprometida con los valores constitucionales.

El actual planteamiento político del PSC en relación con el programa soberanista catalán es incompatible con un proyecto nacional que garantice la igualdad de todos los españoles. Así lo han puesto de manifiesto numerosas voces muy cualificadas dentro del PSOE, a pesar de lo cual esta certeza elemental no ha hecho mella en los dirigentes socialistas, dispuestos a mantener el actual sistema de relaciones internas mientras su partido se desangra en las encuestas con toda razón, por la ausencia de un discurso inequívoco en defensa de la unidad de la nación española.

Pero es que cuando los actuales rectores del socialismo español han descendido al terreno de las propuestas concretas el resultado no ha hecho más que empeorar. Ahí está la intervención de Rubalcaba, cuya principal solución a los problemas de nuestra economía se reduce a un incremento salvaje de la presión fiscal, ya de por sí en niveles confiscatorios gracias al gobierno de Rajoy. Si esa es la alternativa que los socialistas proponen a los votantes españoles no resulta extraño que el PSOE siga desplomándose en todas las encuestas de intención de voto, como vienen acreditando los estudios demoscópicos más recientes.

Al final, un congreso que pretendía convertirse en el impulso regenerador del que tan necesitado se encuentra el partido socialista se ha convertido en un conciliábulo de figurones, cuya prioridad no es el interés de los españoles sino hacerse con las riendas de un partido socialista, condenado cada vez más acentuadamente a la marginalidad política que sus actuales dirigentes se están ganando a pulso.

Los partidos políticos tienen colocados a 145.000 españoles
Los partidos dan sueldos a 39.500 dirigentes, parlamentarios y alcaldes
Los mismos empleos que tienen Iberdrola, Endesa y Repsol
En total los partidos políticos gestionan más de 145.000 empleos

FRANCISCO NÚÑEZ
Madrid El Mundo
10 Noviembre 2013

Gracias a los ingresos públicos y a las subvenciones, los partidos políticos, y también los sindicatos, se han convertido en las empresas del país que más empleo gestionan.

Según las informaciones recabadas por MERCADOS, los partidos controlan el empleo de más de 145.000 personas, la mayor parte nóminas de sus cargos en las distintas administraciones mientras que en sus sedes sólo sostienen una estructura ínfima. Se trata de casi un tercio de los trabajadores que acumulan las 35 empresas del IBEX en España. Esta cifra supera, por ejemplo, las plantillas de que disponen los seis bancos que figuran en este índice selectivo (Santander, BBVA, Caixabank, Popular, Sabadell y Bankinter).

Los partidos dan más sueldos que los seis bancos más importantes
De aquí la importancia de ganar unas elecciones o de mantener una base electoral que les permita tener el poder de asignar empleo de no mercado, no competitivo ni procedente de una actividad generadora de PIB a sus correligionarios. Los partidos disponen de una cartera de empleo que puede representar al menos medio millón de votos directos, sumando al trabajador su entorno familiar y social.

Desde que comenzó la crisis hay 11.900 puestos más
Según datos de la EPA, en el tercer trimestre de 2013 existían 39.500 puestos de trabajo que desempeñaban las cúpulas del poder ejecutivo y los cuerpos legislativos. Esta plantilla equivale a la que disponen en su conjunto en España las compañías energéticas Iberdrola, Endesa y Repsol.

Se trata de los miembros de los gobiernos del Estado, autonomías y ayuntamientos, así como del conjunto de parlamentarios de las 19 cámaras existentes en España (Congreso, Senado y las 17 autonómicas) y los 8.116 alcaldes. Aunque no se aclara, también parecen figurar en este apartado los cuadros directivos de los partidos, los sindicatos y organizaciones empresariales. Curiosamente el Gobierno no facilita la información completa y detallada porque se trata de un secreto estadístico. Cuando empezó la crisis, este colectivo sólo alcanzaba a 27.600 personas frente a las 39.500 actuales.

En realidad, todos viven del dinero público. Incluso lo hace la mayor parte de la mitad de alcaldes que dicen no cobrar un sueldo fijo al mes, ya que la mayoría se han asignado dietas por la asistencia a plenos o comisiones que, curiosamente, no tributan a Hacienda, como también sucede con las de los miembros del conjunto de parlamentos nacionales.

El PP tiene sólo 435 empleos directos pero controla 33.000 nóminas

Y algo similar ocurre con los concejales, más de 60.000, el doble por ejemplo de los trabajadores que paga Acciona. El PP controla una nómina de 26.499 ediles (y más de 3.790 alcaldes), equivalentes a la plantilla de Telefónica, y el PSOE de 21.677 (y más 2.300 alcaldes), una cifra similar al número de empleados de Indra en España.

Los papeles del ex tesorero del PP Luis Bárcenas han revelado que el partido controla 33.000 nóminas. Fuentes del PP aseguraron que no se trata de empleos directos, sino de que el partido gestiona los sueldos de cargos públicos, como diputados, alcaldes o concejales. A ellos se les pueden aplicar complementos por su labor en el PP y también se les pueden aplicar retenciones, según las citadas fuentes, que indicaron que la cifra es inferior a la recogida en la documentación judicial.

Más de 20.000 asesores contratados a dedo
Aunque se trata de cifras conservadoras, a estos datos hay que sumar los más de 20.000 asesores contratados a dedo como personal de confianza en el conjunto de las administraciones e instituciones. Se trata de un número superior a la plantilla de IAG (Iberia). La mayor parte suelen ser familiares de políticos o compromisos de partido.

También hay que añadir los casi 1.500 asistentes y personal vario de los grupos parlamentarios en las diferentes cámaras (incluido el Parlamento Europeo). Su número supera la nómina de empleo de Enagás. Sólo en el Congreso de los Diputados hay 262 asistentes. Su sueldo se abona con el presupuesto de la Cámara y no con las subvenciones y asignaciones a los grupos. El PP dispone de 91 (para 185 diputados) y el PSOE de 73 (para 110 parlamentarios).

Esta fábrica de empleo político se extiende también a los trabajadores de las fundaciones de los partidos, que también reciben asignación pública, y al entramado de cargos de las empresas públicas, entes, organismos autónomos, agencias estatales, fundaciones, consorcios, sociedades mercantiles o universidades de todas las administraciones. En este puzzle de más de 4.000 entes entre el Estado y las autonomías, más otros 7.000 correspondientes a los ayuntamientos, hay más de 22.000 personas que los partidos han designado como consejeros y diversos cargos. Es una cifra similar al número de empleados de las constructoras Sacyr, OHL y Técnicas Reunidas.

Picos de contratación cuando se acercan campañas
Los partidos apenas generan empleo directo, aunque tienen picos de contratación cuando se acercan las campañas electorales. De las pocas cifras que existen de sus pagos de personal se extrae que los partidos han vivido ajenos a la crisis en los primeros años. Según los datos facilitados el jueves por el Tribunal de Cuentas en 2011, último año disponible, los partidos destinaron en ese año 91,3 millones a pagar la masa salarial de sus empleados frente a los 81,2 millones de 2008.

En los primeros años de recesión se gastaron un 12,5% más en nóminas

Es decir, en estos primeros años de recesión los grupos políticos se gastaron un 12,5% más en pagar nóminas. Aunque 2011 fue un año electoral, el PP aumentó su gasto un 19% (de 29,4 a 34,8 millones), mientras que el PSOE, sin incluir el PSC, elevó la cifra un 13% (de 28,7 a 32,4 millones) .

A partir de 2012, la crisis y el cambio del mapa electoral nacional y autonómico, han empezado a pasar facturar a las formaciones. En concreto, el PSOE, que ha visto reducidas las asignaciones públicas al perder las elecciones así como las subvenciones directas, ha metido la tijera y, tras la aplicación de un ERE en su plantilla en 2012, ahora está inmerso en un ERTE (suspensión del contrato de trabajo o reducción de la jornada) que afecta al 20% de sus trabajadores.

¿Cuántos empleados tienen los partidos? Es el secreto mejor guardado. De los partidos sólo se conocen esos exiguos datos de sus balances, pero no hay datos públicos de sus plantillas. De todas formas, según fuentes de los principales partidos, en marzo de 2013 el PP tenía en nómina a 435 personas y el PSOE algo más, 540 incluyendo el 20% de las nóminas sometidas al ERTE. Las cifras corresponden a toda la organización nivel nacional de ambos partidos. Todos ellos figuran con el mismo NIF de empleador.

Aunque no ha habido despidos ni se ha aplicado un ERE, el número de empleados del PP es inferior al del PSOE, porque gran parte del equipo de asesores de que disponía cuando estaba en la oposición ha sido trasvasado a las administraciones. De los 435 empleados directos, 235 trabajan en la sede de la calle Génova.

Aunque no se ha facilitado el dato del presupuesto para este año, con el gasto de 2012 (de 28,9 millones) se puede concluir que cada empleado, con inclusión de los complementos de gasto de representación de los altos niveles, percibe una media de unos 66.500 euros al año.

El PSOE ha pasado de 680 empleados en 2011, a 560 en 2012 y esos 540 en 2013. La mitad trabaja en la sede de Ferraz en el comité Federal con gasto de personal de 7,4 millones. No se incluye al PSC, que dispone de una cifra superior a los 100. Para 2014 el ajuste se va a extender a los territorios en que aún no se han aplicado los ERE.

Con estos más de 1.000 trabajadores de los principales partidos, el empleo total de la estructura de los grupos es de unos 1.800 en su totalidad, una cifra similar a los trabajadores de Red Eléctrica Española (REE).

Los sindicatos, otra gran fábrica de empleo
La otra gran fábrica de empleo, ligado en muchos casos al presupuesto público y a las subvenciones directa o indirectas (cursos de formación, por ejemplo), son los sindicatos.

CCOO ha anunciado que en diciembre publicará sus primeras cuentas. De UGT, no hay noticia alguna ni tampoco del resto de formaciones. En cualquier caso, las dos organizaciones más representativas se encuentran inmersas en un proceso de ajuste a través de jubilaciones anticipadas y ERE aprovechando las ventajas de la reforma laboral del PP, que ha afectado a más 1.500 trabajadores.

Ninguna organización ha querido facilitar dato alguno de su empleo directa o indirecto alegando la dificultad de obtener una cifra consolidada ya que cada federación nacional o uniones regionales o territoriales tienen un NIF distinto de empleador. En cualquier caso, fuentes del sector fijan las nóminas totales por encima de las 20.000 (no se trata de personal liberado) sin incluir los trabajadores de las empresas creadas para realizar cursos de formación. Por su parte, CEOE, sin incluir todo su aparato de organizaciones empresariales territoriales, dispone de 108 empleados en su sede corporativa.

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España y los 'vicios vergonzosos' de sus políticos
Carlos Sánchez El Confidencial 10 Noviembre 2013

Uno de los requisitos que se exigían a los candidatos en las viejas oposiciones a fiscal era que carecieran de ‘vicios vergonzosos’. Otra exigencia tenía que ver con la moral pública. Y en este sentido, se precisaba que nadie podía optar a una plaza de fiscal siempre que hubiera cometido ‘actos u omisiones que, aunque no penables, le hagan desmerecer en el concepto público’. O lo que es lo mismo, no sólo había que apartar de la función pública a quienes tuvieran algún reproche penal, sino también a quienes lo merecieran por su comportamiento anterior.

Parece evidente que si estos requisitos se hubieran mantenido plenamente en vigor para ocupar algún puesto en la función pública, incluyendo a los representantes políticos, muchos de quienes han llevado al país a la ruina estarían durmiendo a la luna de Valencia. No ha sido así y el resultado es que los parlamentos regionales, el Congreso y el Senado —y hasta el Consejo de Ministros— están plagados de borrones y máculas que ensombrecen la calidad de la democracia. Hasta el punto de que se puede decir que en España existe una irresponsabilidad política absoluta en el sentido más literal del término. En lo que sin duda tiene mucho que ver un sistema de partidos que ha hecho de la cooptación su mejor instrumento para perpetuarse en el poder.

Es como si los actos políticos (al contrario de lo que sucede en la mayoría de las empresas) no tuvieran consecuencias, lo que explica fenómenos incomprensibles desde el punto de vista democrático. Lo acredita de forma palmaria un mero repaso por la Comunidad Valenciana: 29.235 millones de deuda y un déficit presupuestario estimado para 2014 cercano a los 1.000 millones de euros. Veamos.

Un sistema político basado en el fulanismo conduce a la mediocridad. Francisco Camps sigue cobrando del erario público como diputado en las Cortes Valencianas. Como Vicente Rambla, vicepresidente en épocas del ‘pelotazo’, o Juan Cotino, presidente de las propias Cortes y que lo ha sido todo en la política valenciana (incluida su presencia en multitud de escándalos)Francisco Camps, presidente de la Generalitat entre 2003 y 2011, los años del ‘pelotazo’, sigue cobrando del erario público como diputado en las Cortes Valencianas. Como Vicente Rambla, vicepresidente en épocas de Camps, o Juan Cotino, presidente de las propias Cortes y que lo ha sido todo en la política valenciana (incluida su presencia en multitud de escándalos). No son los únicos, Ricardo Costa, imputado en el caso Gürtel, es también diputado, como Gerardo Camps, durante años consejero de Economía de la Generalitat, y que hoy disfruta de un escaño en el Congreso de los Diputados, como Belén Juste, Manuel Cervera o Mario Flores Lanuza, corresponsables del desastre de la Comunidad Valenciana en su calidad de exconsejeros de la Generalitat, también hoy bien abrigados al calorcito que proporciona la Cámara Baja.

Campeones de la política
Lo mismo que Angélica Suchs, Alejandro Font o Milagrosa Martínez, consejeros en tiempos de Camps y que hoy acreditan una acta de diputados en las Cortes Valencianas, sin duda merecida por su fértil trayectoria como corresponsables del desastre. Como el diputado Esteban González Pons, jerarca del PP, consejero de Camps y hasta portavoz en su día del PP en la cámara regional. Aunque el premio se lo lleva la exjudoca Miriam Blasco, que en su página web del Congreso luce como galones profesionales haber sido campeona olímpica y comentarista de televisión, lo que le ha bastado para ser primero senadora y ahora diputada. Si bien el auténtico campeón es José Luis Olivas, fugaz presidente de la Generalitat con mando en plaza en asuntos económicos durante muchos años y a quien como premio de tan brillante gestión se le dio la presidencia de Bancaja. Posteriormente, tras la fusión, fue canonizado como vicepresidente de Bankia. Como se ve, un auténtico corredor de fondo.

¿Y qué decir de José Montilla, Francesc Antich, José Antonio Griñán, o el exalcalde de Alcorcón Enrique Cascallana, que han dejado a sus respectivos territorios en la bancarrota y ahora gozan del privilegio de ser senadores del Reino de España sin que ningún ciudadano los haya elegido de forma directa (se ha hecho a través de los parlamentos regionales salvo en el caso de Cascallana)? O qué pensar de Tomás Gómez, una auténtica calamidad que ha llevado a su partido en Madrid a la ruina política (y económica) y que hoy se presenta como el futuro del socialismo desde su merecido y exigente escaño de senador (por supuesto con el ‘dedazo’ de la Asamblea regional). O de José María Barreda, diputado en Cortes, que se decía antes, y que ha dejado Castilla-La Mancha como un solar.

No hace falta ser muy exhaustivos para adivinar que un sistema político basado en el fulanismo conduce necesariamente a la mediocridad, toda vez que la exigencia de responsabilidad política —más allá de la censura electoral— forma parte de los instrumentos de control del poder. No basta con el control previo de legalidad. El control político del poder —mediante la separación de sus funciones— forma parte de la esencia del Estado liberal, y parece bastante evidente que no existe esa responsabilidad política cuando los legitimados para controlar al poder son, precisamente, quienes lo han ejercido inmediatamente antes. O dicho en otras palabras, el país se encuentra inmerso en un auténtico fraude al sistema de checks and balances (poderes y contrapoderes), consustancial a las democracias liberales.

Una cuestión de responsabilidad individual
Y de ahí que lo urgente sea recuperar de alguna manera la doctrina de responsabilidad individual de los ministros y altos cargos, ahora parapetados en un sistema colegiado que en realidad lo que hace es diluir su propia responsabilidad. Algo que explica que años después de dejar el poder, los ex sigan influyendo de forma decisiva en unas organizaciones de carácter fuertemente endogámico que tienden a protegerse para evitar escándalos. ¿O es que alguien cree que el PP valenciano va a airear sus miserias en público cuando eso le perjudica electoralmente? ¿No hay nadie políticamente responsable del desastre de la televisión pública (que en realidad era un cortijo privado)? Con razón la exconsejera de Turismo de la Comunidad Valenciana, Milagrosa Martínez, imputada en el ‘caso Gürtel’, dijo al juez en su día que los consellers eran como los faraones: “mueren y se llevan a todo su equipo detrás”, por supuesto, de manera bien retribuida.

¿Y qué decir de José Montilla, Francesc Antich, José Antonio Griñán o el exalcalde de Alcorcón Enrique Cascallana, que han dejado a sus respectivos territorios en la bancarrota y ahora gozan del privilegio de ser senadores del Reino de España?El filósofo Eugenio Trías lo llamaba ejercicio “cínico y avieso del poder”, toda vez que la irresponsabilidad política denigra el sistema democrático. Bajo la apariencia de una democracia formal se esconde, en realidad, un sistema arbitrario de relaciones políticas. Y ya se sabe, como decían los viejos filósofos, que todo hombre investido de autoridad propende a abusar de ella, y para que eso no pueda suceder, el poder debe contener al poder. El Estado carece de incentivos para poner límites, y de ahí la necesidad de un entramado institucional válido que en ningún caso puede estar en manos de quienes han ejercido el poder.

Y lo que sucede en la Conferencia Política del PSOE lo pone de manifiesto. Se habla de política, de primarias, de Estado de bienestar, de igualdad, de territorios, de salarios bajos, pero no se cuestiona un sistema político que excluye la responsabilidad individual de quienes participan en la cosa pública, lo cual es un auténtico despropósito.

¿Es razonable pensar que los mismos que han llevado al PSOE al desastre (Rubalcaba, Chacón o los dirigentes andaluces) van a ser capaces de regenerar el partido? La respuesta en las próximas elecciones. Pero antes no estaría mal aplicar lo que aclaraba también la vieja legislación decimonónica cuando ordenaba a todo funcionario al servicio de la Administración de tres maneras: de entrada, de ascenso y de término. La última etapa es lo que sigue sin cumplirse.

Reprobaciones
JON JUARISTI ABC  10 Noviembre 2013

Hoy como ayer, la estrategia abertzale busca expulsar a los constitucionalistas del espacio público vasco

QUE Bildu se niegue a reprobar el escrache contra la sede del PP en San Sebastián, del pasado 4 de octubre, tiene su lógica. En primer lugar, porque lo llevó a cabo su propia gente ?militantes o simpatizantes, me da igual?; en segundo, porque lo hicieron en San Sebastián y no en Almuñécar (como todo el mundo sabe, San Sebastián es la capital de Bildustán); en tercero, por eso mismo: porque San Sebastián es Guipúzcoa, y Guipúzcoa es Bildustán; en cuarto, porque tengo la convicción moral de que la iniciativa emanó de la propia dirección de Bildu mediante insinuación, sugerencia o recomendación espiritual, aunque nada pueda probarse y parezca un accidente; en quinto, porque la tradición de la izquierda abertzale es esa y no otra, la de la chulería y la intimidación, y en sexto, last but not least, porque el escrache está de moda en toda España, no sólo en Bildustán, desde el 12 de marzo de 2004. Últimamente se ha registrado incluso algún escrache a cargo de militantes o simpatizantes ?lo mismo me da? del PP, aunque la dirección de dicho partido lo haya reprobado.

No creo, por tanto, que pueda prosperar cualquier tentativa de ilegalización de Bildu que invoque, no ya la ausencia de condena de los hechos del 4 de octubre por parte de la formación abertzale, sino incluso su trivialización justificatoria. La estrategia desarmada del complejo organizativo etarra busca, hoy como siempre, la expulsión de los constitucionalistas del espacio público vasco. Si antes lo intentaban a base de asesinatos, ahora lo hacen de un modo limpio de sangre, porque, eso sí, la limpieza de sangre es un rasgo irrenunciable de la identidad vasca, que si hace cuatro siglos se obtenía por probanzas y ejecutorias, para verla reconocida en el Bildustán del presente basta con la profesión pública de nacionalismo, explícita o implícita, qué más da, pues la fatwa abertzale se dirige solamente contra los que públicamente se atreven a confesarse españoles.

Y como las perplejidades ante la continuidad de la guerra abertzale contra España por otros medios (que en parte son los mismos) ya aburren, me permito recomendar a los perplejos una excelente guía que acaba de publicar mi amigo Eduardo Teo Uriarte: Tiempo de canallas. La democracia ante el fin de ETA (Ikusager). Permítanme que reproduzca un párrafo del libro, que incluye una cita ajena. O sea, una cita en abismo, y nunca mejor dicho: «..sin la disolución de ETA, sin su condena social y, por el contrario, con el éxito electoral de Bildu, la política vasca volverá a padecer un impulso nacionalista. En este sentido lo expresa, en una seria y rotunda crítica al Tribunal Constitucional, por su sentencia de legalización de Sortu, Santos Juliá: ?Si ETA socializó el dolor, Bildu, Amaiur y, muy pronto, Sortu, construyen, difunden y socializan el discurso de legitimación del terror hasta convertirlo en memoria social por aquello de que quien controla el pasado controla el futuro, a la manera orwelliana?». ¿Qué reprobación de las cencerradas nacionalistas puede esperarse de Bildu en tal contexto? Ellos están a otra cosa, a la santificación de sus terroristas, las Del Río y los Troitiño, para cuyo ascenso a los altares resulta necesario el silencio de las víctimas y de los disconformes en general. Porque la religión abertzale, tan cercana al culto mejicano de la Santa Muerte, no admite nada parecido a esa figura indispensable en los procesos católicos de canonización: el abogado del diablo. A medida que las excarcelaciones de etarras aumenten, veremos incrementarse los acosos a todo atisbo de discrepancia. Y si esta afirmación parece exagerada, al tiempo.

QUE Bildu se niegue a reprobar el escrache contra la sede del PP en San Sebastián, del pasado 4 de octubre, tiene su lógica. En primer lugar, porque lo llevó a cabo su propia gente ?militantes o simpatizantes, me da igual?; en segundo, porque lo hicieron en San Sebastián y no en Almuñécar (como todo el mundo sabe, San Sebastián es la capital de Bildustán); en tercero, por eso mismo: porque San Sebastián es Guipúzcoa, y Guipúzcoa es Bildustán; en cuarto, porque tengo la convicción moral de que la iniciativa emanó de la propia dirección de Bildu mediante insinuación, sugerencia o recomendación espiritual, aunque nada pueda probarse y parezca un accidente; en quinto, porque la tradición de la izquierda abertzale es esa y no otra, la de la chulería y la intimidación, y en sexto, last but not least, porque el escrache está de moda en toda España, no sólo en Bildustán, desde el 12 de marzo de 2004. Últimamente se ha registrado incluso algún escrache a cargo de militantes o simpatizantes ?lo mismo me da? del PP, aunque la dirección de dicho partido lo haya reprobado.

No creo, por tanto, que pueda prosperar cualquier tentativa de ilegalización de Bildu que invoque, no ya la ausencia de condena de los hechos del 4 de octubre por parte de la formación abertzale, sino incluso su trivialización justificatoria. La estrategia desarmada del complejo organizativo etarra busca, hoy como siempre, la expulsión de los constitucionalistas del espacio público vasco. Si antes lo intentaban a base de asesinatos, ahora lo hacen de un modo limpio de sangre, porque, eso sí, la limpieza de sangre es un rasgo irrenunciable de la identidad vasca, que si hace cuatro siglos se obtenía por probanzas y ejecutorias, para verla reconocida en el Bildustán del presente basta con la profesión pública de nacionalismo, explícita o implícita, qué más da, pues la fatwa abertzale se dirige solamente contra los que públicamente se atreven a confesarse españoles.

Y como las perplejidades ante la continuidad de la guerra abertzale contra España por otros medios (que en parte son los mismos) ya aburren, me permito recomendar a los perplejos una excelente guía que acaba de publicar mi amigo Eduardo Teo Uriarte: Tiempo de canallas. La democracia ante el fin de ETA (Ikusager). Permítanme que reproduzca un párrafo del libro, que incluye una cita ajena. O sea, una cita en abismo, y nunca mejor dicho: «..sin la disolución de ETA, sin su condena social y, por el contrario, con el éxito electoral de Bildu, la política vasca volverá a padecer un impulso nacionalista. En este sentido lo expresa, en una seria y rotunda crítica al Tribunal Constitucional, por su sentencia de legalización de Sortu, Santos Juliá: ?Si ETA socializó el dolor, Bildu, Amaiur y, muy pronto, Sortu, construyen, difunden y socializan el discurso de legitimación del terror hasta convertirlo en memoria social por aquello de que quien controla el pasado controla el futuro, a la manera orwelliana?». ¿Qué reprobación de las cencerradas nacionalistas puede esperarse de Bildu en tal contexto? Ellos están a otra cosa, a la santificación de sus terroristas, las Del Río y los Troitiño, para cuyo ascenso a los altares resulta necesario el silencio de las víctimas y de los disconformes en general. Porque la religión abertzale, tan cercana al culto mejicano de la Santa Muerte, no admite nada parecido a esa figura indispensable en los procesos católicos de canonización: el abogado del diablo. A medida que las excarcelaciones de etarras aumenten, veremos incrementarse los acosos a todo atisbo de discrepancia. Y si esta afirmación parece exagerada, al tiempo.

Matar con tarifa plana
IÑAKI EZKERRA ABC  10 Noviembre 2013

Si ahora nos producen escándalo esas excarcelaciones de etarras es porque la España de hoy no es la de los ochenta
SE ha repetido mucho estos días que a Inés del Río sus veinticuatro asesinatos le han salido muy baratos ya que no ha pagado más de «un año y un mes» de cárcel por cada uno de ellos. Realmente, es así, pero la injusticia llega más lejos porque, de habérsele aplicado íntegramente la llamada doctrina Parot, cada uno de esos asesinatos le habría salido al módico precio de «un año y tres meses» exactamente. Como se observa, con un cumplimiento total de la condena, que era de un máximo de treinta años según el Código Penal del 73, el coste por quitar la vida a un ser humano todavía seguiría siendo una escandalosa ganga. Pero podemos hacer aún más cálculos hirientes. Si a Inés del Río se le llega a aplicar el Código Penal del aznarismo, cada uno de esos veinticuatro asesinatos no le habría costado más de «un año y ocho meses» porque la reforma introducida en 2003 fija una pena máxima de cuarenta años. Como puede apreciarse, seguimos asistiendo a unos cómputos estremecedores por los que la vida humana parece que vale muy poco. Asistimos, en fin, a una peculiar concepción de la Justicia que entiende la pena por asesinato como una «tarifa plana» semejante a las que nos ofrecen las compañías telefónicas y por las cuales pagamos lo mismo tanto si hacemos una llamada como si hacemos trescientas. Una prueba obvia de que nuestra sociedad en su conjunto ?periodistas, políticos, jueces?? ha tardado demasiado en mostrar indignación ante esas espectaculares rebajas en la penalización del crimen está en que dicha concepción de la Justicia sigue hoy vigente.

El caso de Inés del Río es parecido al de otros etarras que asoman estos días por la prensa. Es casi calcado al caso de Troitiño. Y creo, sinceramente, que desaprovecharíamos una gran ocasión para la autocrítica si limitamos nuestra indignación a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o ?peor aún? si nos ponemos a buscar interesadamente culpables en quienes hoy no pueden remediar lo que se hizo mal ayer. El abogado del Estado Isaac Salama hizo el 20 de marzo en Estrasburgo una defensa de «la Parot» que, precisamente por cabal, desvelaba «lo poco cabal» que había sido un sistema penal como el nuestro, que pasó de la inhumanidad del garrote vil a la inhumanidad del ultragarantista «lo mismo da ocho que ochenta». Nuestro escándalo debería serlo, en fin, no sólo ante el fallo de Estrasburgo sino ante una época demasiado cercana a nosotros como para no comprometernos.

No pienso hacer el discurso del «ha triunfado la democracia». Pero sí me parece sensato, realista y justo ver un aspecto positivo en torno a la dolorosa cuestión de esas excarcelaciones: si ahora nos producen escándalo es porque la España de hoy no es la de los ochenta y porque estamos recogiendo los frutos de un largo trabajo de sensibilización social que algunos iniciamos muy solos en aquel tiempo infame y oscuro. Es porque hoy se oye esa voz de esas víctimas que estuvieron amordazadas entonces.

Ensayo general para el referéndum catalán

Luis del Pino Libertad Digital 10 Noviembre 2013

¿Han oído Vds hablar de esa cosa llamada tercera vía que nos proponen, siempre sin demasiadas concreciones, desde distintas instancias de la política catalana?

Básicamente, de lo que se trata es de ver si cuela una reforma constitucional, que consagre el derecho de secesión que la actual Constitución no permite. Frente a un sector del separatismo que aboga por la convocatoria de un referéndum ilegal, la tercera vía por la que el PSOE, IU y Durán Lleida abogan consiste en tratar de dotar de cobertura legal a ese referéndum.

Rajoy ha contestado ya: dice que no habrá reformas constitucionales. Y, cosa sorprendente en él, ha contestado recurriendo a un argumento bastante sensato: sostiene que no tiene sentido realizar reformas constitucionales para contentar a quien nunca se va a dar por contento. Lo cual parece sugerir que no hay tercera vía que valga, ¿verdad?

Cuando escuché esas palabras de Rajoy pensé para mis adentros que algún gato encerrado tenía que haber. Tanta claridad y tan firme postura en alguien que ha sido incapaz de mover un dedo para evitar que los asesinos salgan a la calle, y que ha utilizado Estrasburgo como escudo para amnistiar a los etarras, me sonaba a impostura. Y ayer conseguí entender por fin cuál es la jugada que probablemente utilicen Rajoy y Mas para realizar el tan cacareado referéndum.

De hecho, hoy va a tener lugar en Guipúzcoa el ensayo general de lo que me supongo que deberíamos denominar la cuarta vía.

Comencemos por el principio, porque la historia tiene su miga.

El pasado mes de julio, la Diputación de Guipúzcoa, en manos de Bildu, dijo que quería celebrar un referéndum en Igueldo, un barrio de San Sebastián, para que el barrio se separe y se constituya como municipio independiente.

El artículo 71 de la Ley de Bases de Régimen Local dice que se pueden celebrar referendos entre la población de un municipio, pero impone dos condiciones: que lo tiene que aprobar por mayoría absoluta el ayuntamiento y que se requiere autorización del Estado. Además, aunque la Ley no lo dice expresamente, se sobrentiende que ese referendo se tiene que celebrar en todo el municipio, no en una parte de él.

Es decir: no habría nada que objetar a que se celebrara un referéndum para separar Igueldo de San Sebastián, pero lo tendría que decidir el Ayuntamiento de San Sebastián, lo tendría que autorizar el Gobierno de la Nación y tendrían que votar todos los habitantes de San Sebastián, no solo los de Igueldo.

Pues bien, el ayuntamiento de San Sebastián, donde Bildu no dispone de la mayoría absoluta, no quiere que el referéndum se celebre y el Estado no ha dado su autorización, entre otras cosas porque Bildu ha dicho que no pensaba pedirla. A pesar de lo cual, la Diputación de Guipúzcoa anunció el pasado 2 de octubre que quedaba convocado un referéndum consultivo en Igueldo hoy domingo, 10 de noviembre.

Se trata de un referéndum flagrantemente ilegal, que incumple de forma clara las condiciones marcadas en la Ley de Bases de Régimen Local. Y que se salta, de paso, la Constitución. Pero a Bildu, como es natural, eso no le preocupa.

Hace más de un mes, por tanto, que se sabía que Bildu pretendía saltarse la Ley. ¿Qué ha sucedido? Pues que la Delegación del Gobierno ha presentado recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la convocatoria de ese referéndum. Pero resulta que lo ha hecho solo el pasado jueves, 7 de noviembre, con lo que el tribunal se ha negado a suspender el referéndum ilegal, alegando dos razones:

-primero, que la Delegación de Gobierno podía haber recurrido antes y no lo ha hecho, con lo que solo le ha dado al Tribunal un día de plazo para estudiar el tema, lo cual ha impedido al Tribunal entrar en el fondo del asunto

-y segundo, que hasta que no se entre en el fondo del asunto, un análisis superficial indica que, al tratarse de un referéndum meramente consultivo, no hay violación "flagrante" de la Constitución, por lo que no procede suspender el referéndum.

Así que hoy se celebrará, sin que Rajoy lo impida, un referéndum ilegal de secesión (a nivel municipal, pero de secesión) en una parte de España.

Fíjense, además, en que la solución es perfecta, porque Bildu se salta la Ley y se sale con la suya, pero sin que nadie se responsabilice de dejarles que se salten la Ley y se salgan con la suya: el Tribunal puede decir que no es culpa de ellos, sino de la Delegación del Gobierno, que ha recurrido tarde. La Delegación del Gobierno puede echarle la culpa al Tribunal Superior de Justicia, que es quien no ha querido suspender el referéndum. Y Rajoy, como siempre, puede decir que no le gusta que se celebre una consulta ilegal, pero que no tiene más remedio que acatar lo que dicen los tribunales.

¿A qué les suena esto? Yo no sé si ustedes serán malpensados, pero yo lo soy mucho, y a mí esto me suena a simple ensayo general.

Porque, si lo piensan ustedes, es la solución perfecta para el tema del referéndum en Cataluña. ¿Que la Constitución no permite realizar un referéndum de secesión en una comunidad autónoma? Pues se utiliza la figura del referéndum consultivo. El Gobierno de Rajoy hace un poco el paripé de oponerse, utilizando la abogacía del Estado, pero se hace lo más chapuceramente posible y se consigue que un tribunal adecuado (por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) autorice ese referéndum consultivo. Así, todos pueden echarse un poco unos a otros las culpas de la chapuza y nadie es responsable de nada.

Después, Rajoy se lavará las manos, diciendo la consabida frase de 'No me gusta que se celebre ese referéndum, pero tengo que acatar lo que dicen los tribunales'. Y Artur Mas podrá apuntarse el tanto de celebrar el prometido referéndum ilegal.

Y encima, como será consultivo, se dispondrá de todo el margen de maniobra para que el gobierno central y el gobierno autónomo negocien los términos de la secesión durante el tiempo que haga falta. Y así podremos tener ceremonia de la confusión para otros cuantos años, con el nacionalismo convenientemente reforzado por el 'si' obtenido en ese referéndum.

Prepárense ustedes para el referéndum 'consultivo' de secesión en Cataluña al año que viene, porque esa es la vía que se va a utilizar: la única que permite cometer todas las ilegalidades, pero sin que nadie pague nunca por ello.

Qué entendemos por vencedores y vencidos
Santiago González http://santiagonzalez.wordpress.com  10 Noviembre 2013

Buenas tardes. Gracias a la Asociación por la Tolerancia por invitarme a esta charla, y gracias a todos vosotros por estar ahí, como si no hubiera actividades más placenteras a las que dedicarse un sábado por la tarde.

Bueno, habéis visto una película muy estimable, Cinco minutos de gloria, de Oliver Hirschbiegel. Cuenta una historia que es de extraordinaria actualidad en este tiempo nuestro. Las primeras imágenes muestran el asesinato de un joven católico por un terrorista de la Fuerza de Voluntarios del Ulster, un adolescente de 16 años, ante la presencia del hermano de la víctima, un niño de 11 que jugaba a la pelota. Dos décadas después, cuando el protagonista ha cumplido su pena y después del cese del terrorismo en el Ulster, una cadena de televisión lleva al asesino y al hermano de la víctima a un programa de televisión para fomentar la virtud del diálogo. Mientras el antiguo terrorista, encarnado por Liam Neeson, perfectamente vestido, ensaya un parlamento perfecto ante la cámara: “Para comprender el hombre que soy tienen que comprender el hombre que era…”, su antagonista, James Nesbitt, se muestra nervioso, suda y se pregunta en voz alta cuanto le pagan a Neeson “por contarle al Papa, al Dalai Lama, a la Reina de Inglaterra qué se siente al disparar tres tiros a la cabeza de un ser humano”. Eso es lo que ha estado pasando hasta ahora en esos encuentros que tienen lugar dentro de la Vía Nanclares.

Los periodistas de la película cometen el mismo error conceptual que muchos de nuestros políticos, bastantes de nuestros opinantes y algunos de nuestros jueces: considerar este asunto como una pendencia entre particulares, una querella por las lindes, una de esas reyertas familiares que tuvieron un momento apoteósico en la orgía de sangre en que una noche resolvieron en Puerto Hurraco los Pataspelás sus viejos agravios con los Amadeos. El asunto entre víctimas y verdugos no es una cuestión entre particulares, como trataré de argumentar en esta charla.

Hace hoy justamente diez días, las asociaciones de Víctimas del Terrorismo convocaron una concentración en la plaza Colón de Madrid, bajo el eslogan ‘Justicia para un final con vencedores y vencidos’. Hacía un año yo había titulado ‘Vencedores y Vencidos’ una conferencia que di invitado por Covite en San Sebastián.

Yo titulé así aquella conferencia, no sin provocación previa: En el Acuerdo de Gernika firmado el 25 de setiembre de 2010 por Batasuna y algunos tontos más o menos útiles, se establecía la necesidad de “una solución democrática, que se base en el respeto a todos los derechos de todas las personas y en el respeto al derecho a decidir de la sociedad vasca”. El mismo texto establece que tampoco debe haber

“vencedores y vencidos, porque una paz justa hace a todos vencedores, frente al conflicto armado, la imposición y la discriminación”.

Al leerlo me vino a la cabeza ‘Vencedores o vencidos’ la película que Stanley Kramer dirigió en 1961 sobre uno de los juicios de Nüremberg; más concretamente, el proceso a los altos magistrados que fueron cómplices del nazismo en la aplicación de leyes injustas e inmorales.

El problema del título en castellano es la confusión de la copulativa con la disyuntiva. ‘O’ por ‘y’. La cuestión no es en absoluto baladí. Confundir una conjunción con otra le ha costado al juez Garzón una condena por prevaricación y la expulsión de la carrera judicial. Donde el artículo 51.2 de la Ley General Penitenciaria dice que no se podrán interceptar las comunicaciones de los internos con sus abogados “salvo por orden judicial y en los casos de terrorismo”, Garzón quiso entender ‘o’ y claro, ahí vino el lío.

Puede ser que ‘o’ significara que los papeles de unos y otros eran intercambiables. En mi opinión se trataba de dar a entender que si bien los nazis que se sentaban en el banquillo habían sido derrotados militarmente, quizá en el plano moral la cuestión fuera mucho más discutible.

Sin embargo, allí quedaba claro quienes habían sido los vencedores, quienes los vencidos y que los papeles de unos y otros no eran intercambiables en modo alguno…

Aviso para caminantes, que consideró innecesario: nadie debe tomarse la analogía en términos estrictos. Dicho esto, en los últimos días parece abrirse camino la idea de que la solución pasa porque no haya vencedores ni vencidos, Este mismo sábado lo decía en una entrevista en el diario El País un portavoz cualificado de las víctimas, Isaac Díez, sacerdote, cuñado de José Antonio Ortega Lara y portavoz de la familia durante el larguísimo secuestro del funcionario de Prisiones: “No me gusta el lenguaje de vencedores y vencidos”.

Empecemos por el momento fundacional de este proceso: el 20 de octubre de 2011 ETA hizo público un comunicado en cuya parte mollar se decía:

“ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y, así, la superación de la confrontación armada. ETA con esta declaración histórica muestra su compromiso claro, firme y definitivo.”

No había razones para esperar una sintaxis depurada en esta gente, ni que ellos reparasen en la contradicción flagrante entre la expresión ‘cese definitivo’ y la intención de abrir un diálogo directo con los Gobiernos que comportara obligación alguna para estos. Lo que pasó a continuación fue algo sorprendente:

No se trataba de que los terroristas hubieran abandonado ‘definitivamente’ sus actividades terroristas, sosteniendo al mismo tiempo que para que ese cese fuera definitivo, definitivo de verdad, definitivo por la gloria de mi madre, había que iniciar un proceso de diálogo, de negociación de la banda terrorista con los gobiernos de España y Francia.

Lo más sorprendente fue que una buena parte de los nacionalistas asumieron como causa propia la defensa de que el cese de ETA era definitivo, otorgando a la palabra de los terroristas una credibilidad extraordinaria.

No se trata aquí de sostener otra vez la absurda polémica tan propia de tertulias que enfrentaba a quienes sostenían que ETA mataba, pero decía la verdad con quienes proponían una disyuntiva tonta: ¿A quién vas a creer, a un gobierno democrático o a una banda terrorista?

Pues depende. Si me preguntaran en qué manos prefiero estar, quién quiero que me gobierne y me cobre los impuestos, incluso a quién escogería para salir los sábados, diré sin duda que un Gobierno democrático, pero creer, creer, prefiero creer a quien diga la verdad. Un gobernante y un terrorista pueden tener excelentes razones para mentir. De hecho, ambos lo hacen.

Recientemente hemos oído un disparate XXL al fiscal superior de la Comunidad Autónoma Vasca; al hilo de la liberación de Inés del Río, dijo él se resiste «a llamarla terrorista o asesina, porque lo ha sido sin duda, pero ya no lo es (…) ha tenido 26 años de cumplimiento efectivo de condena y ya ha cumplido con la sociedad». Imagino que Calparsoro considerará que en el mismo acto de la puesta en libertad de Inés del Río, las 24 personas a las que asesinó, han pasado a la consideración de ex víctimas. Un asesino dejará de serlo cuando sus víctimas recuperen los cuerpos y almas que tuvieron.

Pero vayamos a un ejemplo que el fiscal superior pueda entender: ¿Aplicará Calparsoro este molde a Miguel Ricart, violador y asesino de las niñas de Alcàsser el día que sea excarcelado? ¿A Valentín Tejero, violador y asesino de Olga Sangrador? ¿Se me hace duro llamarles violadores o asesinos después de haber cumplido con la sociedad?

No se me oculta que este mismo ejemplo es una señal del estado en el que están las cosas: tener que recurrir al asesinato y violación de niñas para hacer entender que estamos hablando del mal absoluto. Una biografía como la de Inés del Río Prada, con sus 24 asesinatos consumados y otros 108 en grado de tentativa, es opinable, según. De hecho, los jueces de la Audiencia Nacional han tenido más diligencia para excarcelar a Txomin Troitiño que a Valentín Tejero.

En una sociedad como la vasca, bueno y como la española en general, se confunde el Código Penal y el cumplimiento de la pena por el delincuente con el sacramento de la penitencia y la gracia santificante para el pecador. Hay cualidades en el ser humano pasajeras, accidentes de conducta, y otras que devienen inmanentes, como pasaba en el chiste del borracho y la fea: lo del primero se pasa.

Matar a una persona debe de trazar un surco en el alma; ser un asesino múltiple, todo un sembrado. Cualquier sacerdote podría absolver a Inés del Río de sus pecados, pero aunque hubiese cumplido los 30 años de la doctrina Parot, ni Dios podría quitarle el estigma de Caín, no hay remiendavirgos que le devuelva la inocencia anterior al momento en que decidió cometer su primer asesinato.

Es preciso volver la mirada a Julio Camba: En España a los valores de la convivencia les pasa como a la cocina al decir del gran escritor gallego: Están demasiado influidos por el ajo y por las preocupaciones religiosas y aquí podríamos volver a planteamientos como los de la película que habéis visto y los encuentros de Nanclares: el arrepentimiento, el perdón, la confesión, etc.

Se hace necesario decir algo sobre la sentencia Parot, en virtud de la cual los terroristas y asesinos han empezado a salir de las cárceles. Contrariamente al criterio Calparsoro, yo seguiré considerando terroristas y asesinos a quienes no se han arrepentido de sus crímenes.

Vaya por delante que la formulación de la doctrina Parot obedece a la necesidad de poner un parche ante la falta de previsión legislativa, una chapuza, para arreglar una desidia de décadas. Vaya también que las sentencias son para acatarlas. La petición hecha por algunas asociaciones de víctimas al Gobierno para que desatendiera el fallo de Estrasburgo no estaba suficientemente meditada. La posibilidad de que España haga capirotes a una sentencia sobre el Convenio por ella suscrito en 1978 es un contradiós insuperable para cualquier Estado de Derecho.

Sentado lo anterior, cabe discrepar. Leí con atención el recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia de 2012, bien armado lógicamente y argumentado jurídicamente con solidez. Yo creo en los Principios del Derecho y en el nulla poena sine praevia lege del artículo 7º que Estrasburgo considera lesionado. ¿Con razón? Veamos lo que dice el citado artículo 7º cuya vulneración ha motivado el fallo de la Gran Sala de Estrasburgo:

ARTÍCULO 7
No hay pena sin ley

1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. [Parece que el asesinato de guardias civiles o cualesquiera otras personas figuraban en el Código Penal vigente en los años 80, cuando Inés del Río preparaba sus coches-bomba. Y si vamos al derecho penal internacional, en todos los códigos desde el de Hammurabi]. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. [La doctrina Parot no impuso una pena más grave que las que le impuso la Audiencia Nacional: 3.800 años de cárcel, que se quedaban en un máximo de 30 años. La aplicación de la doctrina Parot no aumentaba ni un solo día esos 30 años de cárcel].

2. El presente artículo no impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocido por las naciones civilizadas.

Hay que decir aquí que la Constitución española es más explícita al considerar la irretroactividad de normas penales desfavorables para el preso, según el artículo noveno.

9.3.- La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicas.

Es discutible, sin embargo, que los criterios con que se aplican los beneficios penitenciarios constituyan parte de la pena misma. A Inés del Río no se le ha impuesto «una pena más grave que la aplicable» en el momento de la comisión de sus delitos. Han cambiado los criterios de aplicación de beneficios penitenciarios por trabajos que no hizo y por estudios que no realizó y, esto sí que es verdad, el cambio se le aplicó retroactivamente. Durante su estancia en la cárcel, cursó estudios de Periodismo en la Universidad del País Vasco, matriculada en grupos presenciales y con falsedad en la documentación. En su matrícula constan dos números de DNI, y ninguno de ellos es el verdadero (Periodismo-2). Aunque reprochar esto a Inés del Río sería como afear a Hannibal Lecter que se mordiera los padrastros.

Estrasburgo podría haber fallado lo contrario. El mismo TEDH tenía en sus archivos jurisprudencia favorable: el caso Kafkaris, un sicario condenado a cadena perpetua que se le quedaba en 20 años. En 1996, cuando le faltaban seis para cumplir su pena, Chipre reformó su ley penitenciaria, se le aplicó retroactivamente y el Tribunal de Estrasburgo bendijo el cambio. Otro tanto pasó con Hogben y Uttley en el Reino Unido.

Puede que el Tribunal haya cambiado de criterio. El Derecho es una convención y hay que respetar lo que los tribunales decidan en cada caso. Por otra parte, como ya he dicho, la doctrina Parot fue un remiendo para tratar de arreglar un siete que los legisladores debieron haber previsto. Pasaron 18 años desde las primeras elecciones libres hasta que Belloch hizo el Código Penal de la democracia. Admitámoslo como chapuza, una muestra de esa negligencia tan nuestra. Hay otras. Ramón Jáuregui quiso poner remedio a la kale borroka en el 85, endosando a los padres la factura de los autobuses quemados por los niños. Pasaron 15 años hasta que en enero de 2000 Aznar lo incluyó en una nueva Ley del Menor (art. 61.3). En 2001, la Fiscalía de la AN inaugura una Sección del Menor. Mano de santo; en 2002, el número de acciones y la cifra de los daños cayeron en picado.

Si el PSOE de los 202 escaños hubiera puesto el mismo celo en cambiar el Código Penal del 73 que el procedimiento de elección de los jueces, habríamos tenido un nuevo C.P. 10 años antes y nos habríamos ahorrado una década en la que hubo tarifa plana para el asesinato, hecho que trató de corregir la doctrina Parot, probablemente mal. Mataran lo que mataran sólo pagaban por el primero: 20 años.

No repugna la sentencia, sino el resultado de su aplicación. No puede tener la misma pena un asesinato que los 132 de Inés del Río (24 consumados y 108 en grado de tentativa). La pena debe guardar alguna proporción a los delitos cometidos. Pongamos por caso el segundo excarcelado en aplicación de la sentencia de Estrasburgo, Juan Manuel Píriz. Píriz ha pasado en la cárcel 29 años y ocho meses. Estrasburgo le ha adelantado la salida cuatro meses. En aplicación de la doctrina Parot habría salido a principio de marzo de 2014. 29 años y ocho meses por un solo asesinato, el de Mikel Solaun. Inés del Río, 26 años por 24 asesinatos y más de cien tentativas. Aquí hay algo que no está bien.

El TEDH es un tribunal cuyos magistrados, que no jueces, son propuestos por los estados miembros, no sacan su plaza por concurso oposición. Es muy notable que el juez español, Luis López Guerra, socialista con trayectoria en cargos políticos de cuota, haya sido la punta de lanza (la puntita nada más) de la acusación y la condena de su país.

En Estrasburgo, López Guerra es el ‘juez nacional’ de España, como Mahoney es el juez nacional del Reino Unido.

Es otro problema que las sentencias del Supremo y el Constitucional hayan sido examinadas por sus votos particulares, como los editoriales de El País. Que el juez que representa a España haya hecho de fiscal para pedir la condena de España en un tribunal internacional es, cuando menos, curioso. Algunos opinantes han escrito que la apabullante mayoría de los 17 magistrados de la Gran Sala es suficientemente explícita.

Pensémoslo un poco. El juez nacional es determinante en asuntos como éste. Si el juez español batalla por la condena de su país, ¿qué puede pensar el juez lituano? El británico no. Mahoney, que se educó en escuela jurídica distinta a la de López Guerra, sostiene que la mayoría «parece haber estirado el concepto ‘pena’ más allá de su significado natural y legítimo». Los ingleses son así: no se apean del sistema métrico, ni de la libra, ni dejan de conducir por la izquierda. Se entiende, pues, que su Justicia carece de complejos y no ha tenido la misma prisa que la AN para soltar a Antonio Troitiño, que aún permanece en una cárcel británica.

Yo no creo que el Gobierno haya sido cómplice o anuente con la sentencia. Hay que recordar que el PP intentó reiteradamente la eliminación de los beneficios penitenciarios y el endurecimiento de las penas por terrorismo, lo que no pudo conseguir hasta 2003, cuando gobernaba con mayoría absoluta. Si hubiera querido que el TEDH revocara la doctrina Parot, no habría enviado a Isaac Salama a defender el recurso.

Se le ha reprochado negligencia, al no revocar a López Guerra, para dejar el Estado de la cuestión en el mismo punto en que estaba cuando Fernández de la Vega fulminó sin más a su antecesor, el razonable juez Borrego. Pero no está claro que pudiera mientras él formaba parte de las dos salas de Estrasburgo que han juzgado el asunto.

Claro que España es un país muy raro. ¿Cómo entender lo de López Guerra, si el diputado Alberto Garzón, joven promesa de Izquierda Unida, que es partidario de derogar la Ley de Amnistía, tradujera a comentario mínimo en Twitter un pensamiento que ya venía mínimo de serie:

«Buena noticia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reafirmado la condena a España por violar los derechos en la doctrina Parot».

¿Un miembro del Poder Legislativo considera buena noticia que España haya sido condenada por violar derechos humanos?

Una víctima colateral del estado de la cuestión es el lenguaje. Y un concepto importante que ha quedado tocado es el de la derrota de ETA, que empezó a popularizarse durante el llamado ‘proceso de paz’ de Zapatero. Creo que fue José Mª Calleja el primero en escribir un libro con ese título y tal vez deberíamos, para variar, empezar por definir los conceptos que manejamos, con el fin de saber de qué estamos hablando.

No tienen razón las víctimas que consideran que ETA ha ganado. Puede entenderse que en determinados momentos la humillación les lleve a eso, pero la organización terrorista ha perdido su lucha armada contra el Estado. Su derrota policial es evidente, su estructura operativa ha sido reducida al mínimo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y es poco probable que pueda volver a matar. Esto, quiero repetirlo otra vez, ha sido obra de los cuerpos de Seguridad, no de la determinación del pueblo vasco, como dice aún cada vez que tiene ocasión José Luis Rodríguez Zapatero. El abogado Txema Montero, antaño defensor de terroristas y hoy en esa agradable cámara de descompresión que es la Fundación Sabino Arana, lo dijo con claridad en una entrevista en Deia hace un par de años: “ETA ha sido derrotada por la Guardia Civil”.

Pero la cuestión no era sólo anular su capacidad operativa, sino muy principalmente, derrotar su estrategia política. Vayamos a los clásicos: El objetivo del Pacto Antiterrorista, firmado por Aznar y Zapatero en diciembre de 2000, era «hacer explícita ante el pueblo español nuestra firme resolución de derrotar la estrategia terrorista…», significara lo que significase ‘firme’ para uno de los firmantes.

La razón esencial que llevó al Supremo a ilegalizar Batasuna y marcas precedentes (EH y HB) en marzo de 2003 no era una presunta identidad entre ETA y sus expresiones políticas, que no se establecía en ningún considerando de la sentencia, sino la estrategia que compartían con la banda terrorista.

Derrotar la estrategia es impedir que alcancen sus objetivos y supone asentar una idea básica: que recurrir al asesinato fue una iniquidad y que abominan de su historia y de su pasado; es elaborar el relato que vaya a quedar de todo esto, supone que la renuncia al uso de la violencia en el futuro vaya acompañado de la petición de que se disuelva la banda que la practicaba, así como el rechazo a toda su trayectoria delictiva.

Es muy improbable que esto se produzca. Nunca había alcanzado la llamada Izquierda abertzale tanto poder en las instituciones. Nunca había presidido una Diputación Foral, ni una capital como San Sebastián, ni había tenido 1.138 concejales y 123 alcaldes. Y están ahí por el poder de ETA para amedrentar a los ciudadanos, ¡cómo se van a arrepentir de haber levantado la base en que se asienta su poder político! Se ha derrotado a ETA, pero su estrategia está dándole frutos, concretamente frutos secos: las famosas nueces de Arzalluz: más poder del que nunca tuvo en diputaciones y ayuntamientos. Mataban para conseguir el poder, no para satisfacer pulsiones raras. Mientras la estrategia les dé resultados, ¿para qué van a matar, o a intentarlo?

Recientemente, Rogelio Alonso planteaba el estado de la cuestión en una Tercera de ABC: ¿Es compatible la derrota policial del terrorismo con su victoria política? Pues sí, lo es y basta con que nos hagamos los distraídos para que la cosa vaya a más.

Es posible leer en estos tiempos esforzadas reflexiones sobre el gran momento que viven la democracia y la libertad desde que ETA no mata. Me apresuraré a decir mi propia perogrullada: yo también prefiero que ETA no asesine a que lo haga, faltaría más. Su derrota policial y su renuncia a asesinar es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Y qué circunstancias deberían integrar este conector lógico? A saber:

Disolución y entrega de las armas. Condena del pasado de la organización y muy específicamente de los 858 asesinatos perpetrados en sus 53 años de existencia. Cualquier medida a favor de los terroristas presos debería pasar por el reconocimiento de la culpa, reparación de daños y colaboración con las Fuerzas de Seguridad para prevenir posibles atentados en el futuro, así como contribuir a esclarecer los 326 asesinatos del pasado que permanecen en la impunidad, que suponen el 38% de los cometidos por la banda.

El Código Penal en su artículo 90.1 también exige la petición expresa de perdón a las víctimas de sus delitos. A mí me parece bien que se considere eso como un indicio más para un pronóstico favorable de reinserción, pero creo que no hay que sacralizar el perdón. En ningún caso la petición debe implicar ninguna obligación de respuesta favorable para las víctimas. Y ya que habíamos citado las preocupaciones religiosas vayamos con un ejemplo claro:

En 1983, el Papa Juan Pablo II visitó al terrorista turco Alí Agca en la cárcel en la que cumplía condena por el atentado cometido contra él dos años antes. Lo perdonó, pero no hizo la menor petición de que le fuera acortada ni siquiera un año la condena.

Hagan el ejercicio especulativo de ponerse a argumentar frente a alguien de la izquierda abertzale sobre la necesidad de que condenen el pasado de ETA, su práctica, sus asesinatos, la extorsión, los daños, el menoscabo de la libertad durante tantos años. Piensen, por ejemplo: es un requisito de la convivencia, ¡qué menos!

Observen la expresión de incredulidad de su hipotético antagonista. Y traten de hacer algo que siempre es interesante desde el punto de vista intelectual: meterse bajo su piel y tratar de razonar como él lo haría.

“Pero, hombre”, diría en primer lugar. “No nos echamos al monte para esto. Después de tanto trabajo y sufrimiento, no nos van a pedir que nos vayamos de vacío”.

Habría más argumentos de peso: Durante mucho tiempo luchamos solos, mientras el PNV aceptaba la reforma y la vía estatutaria que nosotros denunciamos desde el momento cero en solitario: el mismo referéndum del Estatuto. Y ahora, cuando hasta el primer lehendakari de la estrategia fallida está con nosotros en Bildu y Amaiur,-pobre Garaikoetxea,-cuando el PNV se ha dado cuenta de su error y ha denunciado el Estatuto para pasarse al campo del soberanismo; cuando el resultado de nuestra estrategia está a la vista en los Ayuntamientos que controlamos y en la diputación de Guipúzcoa. ¿Pretenden que nos demos golpes de pecho y reconozcamos algún error?

Mi amigo Teo Uriarte decía con razón en una entrevista reciente con motivo de su segundo libro de memorias que el proceso de paz de Zapatero condenó retrospectivamente el esfuerzo que había hecho Euskadiko Ezkerra por conseguir la disolución de los polimilis para reforzar, poner en valor, diríamos con uno de esos sintagmas tontos que se llevan tanto ahora, a la ETA que siguió empeñada durante 30 años más.

Esto era un don en Zapatero, la especialidad en derrotar al sector de ETA que ya se había rendido, como ocurrió con Pakito, Carlos Almorza, Iñaki de Lemona, Makario, Koldo Aparicio y Kepa Solana. Estos seis cualificados terroristas escribieron una carta a la organización en septiembre de 2004 en la que sostenían que más valía dejarlo: no es cuestión de cambiar el espejo retrovisor; es el motor, la lucha armada, lo que no funciona. Dentro de muy poco tiempo no habrá ningún gobierno que quiera negociar con nosotros.

Y en estas llega Zapatero. El 14 de noviembre Arnaldo Otegi hace el famoso discurso de Anoeta. Dos meses después, Zapatero le responde desde un mitin que él está dispuesto a hacer muchos esfuerzos por la paz. Pónganse en el lugar de Pakito y los cinco. Se le tiene que quedar a uno cara de gilipollas, después de haber abogado por la rendición saber que el Gobierno sí está dispuesto a negociar. Zapatero empezó su proceso derrotando a la parte de ETA que estaba dispuesta a rendirse.

Nunca, ni ellos ni nosotros, habíamos imaginado que en 2012 iban a tener tanto poder. Es muy difícil, por no decir imposible, que nadie condene el camino que le ha llevado al éxito. “¿Cómo hemos llegado a esto?” se preguntaban hace unos años dos grandes periodistas, José Luis Barbería y Patxo Unzueta en el título de un libro, cuando ‘esto’ estaba muy lejos de ser el ‘esto’ que tenemos ahora.

Bueno, pues a ‘esto’ de ahora hemos llegado anteponiendo nuestro miedo a nuestras ganas de libertad y esto ha sido posible asesinato a asesinato que han ido infiltrando en la sociedad vasca el desistimiento y las ganas de mirar a la pared.

Por eso suenan algo raros algunos argumentos que se repiten con alguna frecuencia: han abandonado el terrorismo sin haber conseguido ni uno sólo de sus objetivos.

Por una parte, y por caprichos del comportamiento humano, la sociedad vasca recompensa con votos las treguas etarras, algo que se aviene con la lógica de los terroristas: lo que no pudieron arrancar con la violencia lo exigen como premio por haber dejado de matar.

O sea, están consiguiendo poder. Pero es que ETA nunca llegó a plasmar en ningún texto reivindicaciones que fueran más allá de la autodeterminación y la territorialidad que ya reivindicó en la Alternativa KAS en 1976.

ALTERNATIVA KAS
1. Amnistía Total.
2. Legalización de todos los partidos políticos, incluidos los independentistas sin necesidad de rebajar sus estatutos.

3. Expulsión de Euskadi de la Guardia Civil, Policía Armada y Cuerpo General de Policía.
4. Adopción de medidas para mejorar las condiciones de vida y trabajo de las masas populares y especialmente de la clase obrera. Satisfacción de sus aspiraciones sociales y económicas inmediatas expresadas por sus organismos representativos.

5. Estatuto de Autonomía que cuando menos abarque los siguientes requisitos:
5.1. Reconocimiento de la Soberanía nacional de Euskadi. Derecho de autodeterminación, incluido el derecho a la creación de un estado propio.

5.2. El euskara lengua oficial, prioritaria de Euskadi.

5.3. Las fuerzas de defensa ciudadana que sustituyan a las actuales represivas serán creadas por el Gobierno vasco y dependientes únicamente de él.
5.4. Las fuerzas armadas acuarteladas en Euskadi, estarán bajo control del Gobierno Vasco.

5. 5. El pueblo vasco poseerá poderes suficientes como para dotarse de las estructuras económicas, sociales y políticas que considere más convenientes para su progreso y bienestar, así como para realizar cualquier transformación autónoma de las mismas».

Contra lo que se ha dicho tantas veces y desde hace tiempo, nunca reivindicó una sociedad comunista, una Albania en el Cantábrico.

Esto tiene su pequeña historia. Al comienzo de los años 80, el incipiente cine vasco hizo una película titulada ‘La conquista de Albania’, donde tres docenas de navarros conquistaban Albania en el siglo XIV. En realidad era una versión medieval de lo que en los años sesenta iba a ser la conquista de Garai por los Cabras… ¿Qué les voy a decir yo a ustedes sobre estas fantasías, si un barcelonés llamado Cristóbal Colón descubrió nada menos que América?

Preguntado unos años después en una entrevista Txema Montero por sus modelos, respondió: “Albania por su conciencia nacional y la RDA por su alto grado de desarrollo”. Era una frase de campaña en las elecciones europeas de 1987, en las que era candidato. Pero cuando Hans Magnus Enzsenberger preguntó a Iñaki Esnaola para ‘Cristales rotos de España’, éste matizó: “Nosotros nunca hemos querido establecer una Albania en el Golfo de Vizcaya. Nuestras miras se orientan más bien a alcanzar el modelo sueco.”

Los objetivos y la estrategia. Ardanza hizo una afirmación radical, rompedora el 26 de septiembre de 1987, durante el debate de Política General al decir que: «Lo que nos separa de ETA no son sólo los medios, sino también los fines, porque los fines están contaminados por los medios».

Dirán que es una afirmación muy razonable, un tópico coloquial, el fin no justifica los medios, pero a mí que estaba aquel día siguiendo el debate en el Parlamento vasco, Ardanza en aquel momento me pareció Max Weber. Nunca le había oído a un nacionalista hacer semejante afirmación en lugar público, y mucho menos, con solemnidad. Y lo que es peor, nunca se le ha oído después.

Entre vencedores y vencidos no debe caber la disyuntiva ni la ambigüedad en la que están empecinadas las almas bellas. Porque ésta no es una batalla que se esté librando entre las víctimas y los asesinos, no es un asunto entre particulares, como decía al principio, sino entre el Estado y los liberticidas.

¡Qué miserables resultan las opiniones que han estado llamando ‘venganza’ a la justicia que reivindican las víctimas! Entre 858 familiares de los asesinados y los miles de heridos que ha dejado ETA tras de sí, sólo una persona recurrió a la venganza, que fue el hijo del comandante Sáenz de Ynestrillas. La justicia es la abstracción de las venganzas particulares que hace el Estado en democracia.

¿Qué es una víctima, qué es lo que la define como tal? El lenguaje al uso siempre me ha sorprendido por su tendencia al pleonasmo cada vez que he leído la expresión ‘víctimas inocentes’, una redundancia que leemos en los periódicos y oímos en los discursos como la cosa más natural del mundo. Cambiemos uno de los elementos de la expresión. ¿Tendría sentido decir ‘víctimas culpables’ o ‘asesinos inocentes’?

No descuidemos la posibilidad. Hace cosa de diez años, el vicario de la diócesis de San Sebastián, José Antonio Pagola quiso dejar clara la posición de los obispos vascos sobre la violencia. “En las palabras de los obispos hay siempre una condena puntual a todos los atentados injustos.” Un periodista preguntó al vicario si en su opinión había atentados justos. Él respondió que sí, por ejemplo, cuando la policía, “en el ejercicio legítimo de su poder, detiene a una persona”.

Es evidente que las Fuerzas de Seguridad no pueden cometer atentados justos como no puede haber delitos legales, ni círculos cuadrados o pecados virtuosos. Lo que hacen al detener a un ciudadano en el ejercicio legítimo de su poder es aplicar la ley y poner en marcha el mecanismo de la Justicia.

Las víctimas, para serlo, no requieren especiales condiciones de idoneidad. Recuerdo que hace años, Natividad Rodríguez, la viuda de Fernando Buesa, expresó esto de manera muy precisa: “Mi marido no dio la vida por nada. Se la quitaron”.

A las víctimas las define su ser. Y el odio de sus asesinos, que ni siquiera tiene por qué ser personal. De hecho nunca lo es. ETA ha asesinado a 858 personas, las ha convertido en víctimas porque eran miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, o de la Policía Autonómica, o del Ejército, por ser funcionarios de Prisiones o jueces, o concejales de partidos no nacionalistas o periodistas. La sangre de las víctimas es un elemento litúrgico de la violencia terrorista, la comunión de los más fanáticos en la misa negra de la independencia de Euskadi. ‘Sangre simbólica’ la llamó con tino Juan Aranzadi en un memorable artículo escrito en 1985. También reflexionó con mucho provecho sobre ello Sanchez Ferlosio en una trilogía que publicó en El País en el 80.

La derrota de los pistoleros no debería ir acompañada del triunfo de su causa, que es la de quienes les excusaron, apoyaron, jalearon y justificaron en sus crímenes. ¿Cuál es entonces el papel y la situación de las víctimas ante “el nuevo escenario”, por decirlo con un sintagma que han acuñado ellos y que nos han contagiado? Es cierto que el futuro no está escrito y que tal vez pudiéramos confiar en su capacidad de gestión. Quizá lo que los donostiarras no han hecho por un principio moral lo hagan por la sensación de ridículo que les produzca la gestión municipal de las basuras por parte de Bildu, aunque me parece algo improbable.

Las víctimas saben que la paz sin derrota política de los terroristas, de sus ideas, de su trayectoria y de su proyecto es el empate de Azkoitia, que, según imagino, es el modelo de paz que persigue Eguiguren: la experiencia de Pilar Elías, viuda de Baglietto, de tener en los bajos de su casa la cristalería del asesino de su marido, cuya mujer se quejaba de la impertinencia de la víctima por sostenerle la mirada: “Es que esta señora no tiene ninguna humildad”

No son estos tiempos felices para las víctimas. Si uno se esfuerza mucho le puede llamar a eso ‘convivencia’.

¿Qué se puede hacer? No cabe un quid pro quo, como no cabía en el caso del nazismo. Está claro que no son buenos tiempos, pero tampoco tenemos margen de maniobra. No he creído nunca que sean las víctimas quienes deban dirigir la política antiterrorista, pero siempre he estado seguro de que cuando la política y la justicia no dan satisfacción a las víctimas, cuando se empeñan en hacer su fin primordial la reinserción de los delincuentes y no el pago por lo que han hecho y el resarcimiento a las víctimas, la justicia deja de ser Justicia. Las víctimas deben seguir en su reivindicación: verdad, memoria, dignidad y justicia. La paz es un concepto tramposo. El diccionario de la Real Academia tiene nueve acepciones del término y ninguno vale para el caso que nos ocupa.

Durante el llamado ‘proceso de paz’ de 2006, los partidarios contaban los meses: “Tres años sin muertos”, decían esperanzados al comienzo de aquel verano, lo que fue desarbolado por la gran Pilar Ruiz Albisu con la verdad íntima e incontestable de las víctimas: “Yo llevo tres años con uno”. Es la evidente asimetría en que incurría el fiscal jefe del País vasco, al considerar pasajera la condición del asesino. La de víctima es definitiva.

Queremos verdad, memoria, dignidad y justicia y no podemos relajar ni uno de esos conceptos. Queremos que se esclarezcan los 326 asesinatos no aclarados y criticaremos que el Gobierno conceda beneficios a los reclusos que no colaboren con las Fuerzas de Seguridad en ello. No queremos que los políticos caigan en la tentación que señalaba Joseba Arregi de gobernar, no ya como si ETA no existiera, sino como si nunca hubiera existido.

Esta es una historia inicua, de víctimas y asesinos, de culpables e inocentes y debe terminar como la película de Kramer y como la propia historia del nazismo, que he traído aquí a colación sólo a efectos analógicos y previa provocación: con vencedores y vencidos. La derrota de los terroristas debe ser la victoria del Estado de Derecho. Nunca puede resolverse la lucha contra el terrorismo en un empate, aporía que pretende una parte de la sociedad vasca. Sería la negación del propio Estado, su dimisión de sí mismo en los términos en que lo definió Max Weber hace ya casi cien años:

“El Estado es la organización humana que dentro de un determinado territorio reivindica para sí con éxito el monopolio jurídico de la violencia física legítima.”
Barcelona, 9 de noviembre de 2013

El paralelismo de los nacionalistas
Isidro Carpio www.cronicaglobal.com 10 Noviembre 2013

No hace mucho escribí un artículo de opinión, titulado: "En los próximos días cambiará la escenografía política", y así sucedió, aunque todavía a algún líder del PP le tiren más las fobias que la cordura o sencillamente no acudió a la ejecutiva de la calle Génova, y se perdió esta lección.

El PP ha cambiado porque sabe que no se puede presentar a unas futuras elecciones con un capazo de insultos, mentiras y casos judiciales por corrupción abiertos, e intenta que el tiempo borre su calamitosa gestión haciendo una cosa que sabe realizar muy bien: mentir. Tal es así que pretende transformar sus fracasos en éxitos.

Supongo que el señor Montoro, conocedor de la importancia de esta situación, porque tonto, tonto, lo que se dice tonto, no es, ha dicho ahora que debe de comenzar la segunda fase y pasar del "dejemos que el país se destruya" al ahora "lo reconstruiremos", y ha comenzado a lanzar mensajes de las mejoras financieras, que no de economía real, basándose en que la prima de riesgo ha bajado, en que la bolsa sube, en que los bancos y las Sicav cada día ganan más dinero. Sin embargo, los ciudadanos no tienen esa percepción, sino todo al contrario, cada día ven que son más pobres, que cada día se destruye más empleo, que cada día más jóvenes abandonan España para ir a buscar más allá de nuestras fronteras un empleo aunque sea de los denominados mini jobs.

En CiU defienden a capa y espada a su tesorero y califican su conducta de "irreprochable" negando las comisiones recibidas
Para este cambio de postura, se hace necesario que delfines y encausados retiren querellas y demandas criminales, algunos no llegaron a ponerlas, todas ellas puestas por difamación y contra el honor. Bárcenas se ha ganado una bien merecida fama de corrupto, por tanto es la tapadera perfecta, hay que ir contra él, olvidándose de que fue el tesorero sobre el cual llovían toda clase de halagos y parabienes, de ahí que el rumbo de las querellas como las de María Dolores de Cospedal se centren en este personaje y la ciudadanía se olvide de las responsabilidades políticas.

Claro, que, el paralelismo de sus colegas nacionalistas, con los que están enfrentados a causa de las lindes del territorio español, siguen sus pautas, Convergència Democràtica de Catalunya, con motivo del dictamen del caso Palau o Millet, como ustedes prefieran, hace lo propio al igual que el PP: defienden a capa y espada a su tesorero y califican su conducta de "irreprochable" negando las comisiones recibidas, a pesar de que el juez instructor del caso trata a estos como parte de una trama criminal. También estos pusieron las correspondientes querellas, solo hay que recordar las dirigidas contra el periódico El Mundo, por la información dada por este sobre cuentas en Suiza de Pujol, Mas y Puig.

Esta afirmación que hago de organización criminal está explicitada por el juez en su auto que literalmente dice:
"Los imputados Jaume Camps y Daniel Osácar Escrig, por parte de CDC, esta formación política recibió de Ferrovial Agroman, S.A bajo el encubrimiento de donaciones que por concepto de patrocinio dicha empresa hizo a la Fundación Privada Orfeo Catalá-Palau de la Música, sumas de dinero que no obedecían a la libertad del donante sino al pago de comisiones por obra pública adjudicada a dicha constructora por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña y por entidades públicas que adjudicaron la obra pública".

Supongo que ahora se entenderá mejor por qué los nacionalistas siguen vendiendo independentismo. Claro, que, visto su proceder desde la época de Banca Catalana, pasando por los Lluís Prenafeta, Joan Valvé, Joan Hortalà, Macià Alavedra, Cullell, Subirá, Xavier Crespo o el mismo hijo de Pujol -Oriol Pujol-, todos ellos imputados en distintas causas, próximos al Gobierno de Convergència, les sugiere una salida hacia delante o mejor dicho a ninguna parte, que evite nuevamente sus responsabilidades políticas. ¡Cualquiera les vuelve a dar la responsabilidad de gobernar, cuando realmente estos dirigentes políticos deberían estar en la cárcel!

Desagraciadamente, los dos partidos de gobierno, uno en el Gobierno del Estado (PP) y el otro en el Gobierno autonómico de Cataluña (CiU) son un exponente de la malversación, del cohecho, de la apropiación indebida y de la financiación ilegal. A diferencia de los dirigentes del PP, los de CiU en lugar de intentar cambiar han optado por más independentismo y anuncian un referéndum con su pregunta y todo, a sabiendas que nunca se hará.

Acabaran por declararse victimas del Gobierno español, muy posiblemente desde la cárcel, si se atreven finalmente a convocar el referéndum anticonstitucional y esta vez no por chorizos, esto quedaría muy mal para la historia, sino que acabarían como nuevos mártires en defensa de la Cataluña que se inventaron. Más le vale a unos y a otros que ejemplaricen la vida política, que apliquen esos código éticos, de los que tanto presumen pero que no llevan a efecto y se dediquen a la generación de empleo.

España / Cierre de RTVV
Las autonómicas han reducido sus ingresos un 60% desde 2008
Los canales dejan un saldo negativo de 1.500 millones al año en las cuentas regionales

A. Bartolomé. Madrid. La Razón 10 Noviembre 2013

El Gobierno valenciano anunció esta semana el cierre de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) tras haberse conocido el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que declaraba nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaba a más de un millar de los 1.800 trabajadores de una empresa pública con más de 1.000 millones de euros de deuda. Las imágenes de alegría de los empleados de la cadena por la mañana, ilusionados con su previsible vuelta al trabajo, mutaron pronto en desolación al conocerse la tajante decisión del presidente valenciano, Alberto Fabra: «Es innegociable».

El cierre de RTVV, el primero que se produce en España en una cadena regional –existe un único operador de televisión pública de titularidad del Estado: Corporación de Radio Televisión Española (CRTVE)–, es la punta del iceberg que ha puesto de actualidad la situación que atraviesan las cadenas autonómicas. Nacidas en 1983 como un servicio público, están presentes en trece comunidades –Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia–.

Vascos, catalanes y gallegos fueron de los primeros en crear sus propias radios y televisiones con el objetivo principal de preservar y fomentar la lengua vernácula. Navarra, Castilla y León, Cantabria y La Rioja son las cuatro únicas comunidades que no han desarrollado su propia televisión.

Y, vistos los resultados de las cadenas públicas, con un saldo negativo de 1.500 millones de euros al año en las respectivas cuentas autonómicas y un coste a cada hogar de más de 100 euros anuales, parece que fue una decisión acertada. Tras la quiebra por derribo de RTVV, los graves problemas que acucian al conjunto de cadenas públicas regionales tienen en este momento al borde del cierre a Telemadrid o, en el caso de Castilla-La Mancha TV, de la privatización. El presidente madrileño, Ignacio González, ha advertido de que «no tendrá otra alternativa» que cerrar la cadena si los sindicatos la hacen «inviable» y el canal «sigue siendo deficitario». Por su parte, María Dolores de Cospedal, es partidaria de privatizar la emisora de su región por la importante deuda que arrastra, de la que no se tienen datos.

Un estudio de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) indica que en los últimos años los ingresos «se han visto especialmente mermados por efecto de la fragmentación de la audiencia, debida a la aparición de nuevos operadores impulsados por la transición a la TDT», lo que se une a los efectos de la crisis, que afecta en gran parte a la inversión publicitaria.

Lejos están los tiempos de la bonanza económica, cuando las autonomías no entendían de ahorro en lo tocante a sus televisiones autonómicas. En 2008, los gobiernos regionales duplicaron las subvenciones a sus cadenas hasta sumar casi 700 millones de euros, más del doble de los 337 millones de fondos públicos que destinaron el ejercicio anterior. Y ello en un año marcado por el inicio de una profunda recesión económica que en el mercado audiovisual se tradujo en una reducción de ingresos publicitarios superior al 20%.

Un año después, en 2009, las cadenas autonómicas elevan sus pérdidas hasta los 2.134 millones, pese a dispararse un 26% sus subvenciones y las de TVE, una cifra récord, para compensar la caída de la publicidad. Es en 2011 cuando la necesidad de meter la tijera llega a las televisiones regionales en pleno debate sobre su viabilidad. Ese año, las cadenas manejan un presupuesto de 1.600 millones, que el año anterior había alcanzado los 1.860 millones. La reducción se debe tanto a la caída de la facturación publicitaria como a los ligeros recortes en las subvenciones. Los 1.500 millones de deuda que acumulan estos organismos y su escasa audiencia hacen peligrar tanto su titularidad pública como su propia existencia. Los casos más sangrantes son los de Cataluña, Valencia y Andalucía.

En abril de 2012, la modificación de la Ley Audiovisual va a permitir a las comunidades locales desde externalizar la gestión completa hasta liquidar las cadenas si consideran que son inviables. No es extraño que sea Valencia la que dé el primer paso, con una modificación legal que abre la puerta a externalizar parte de la parrilla a las empresas privadas. Poco después, en agosto de 2012, es el Gobierno de Murcia el que anuncia que privatiza totalmente la gestión del canal 7RM, creado en 2006. Lo hace creando una gestión plurianual de gestión privada, manteniendo la titularidad pública.

A lo largo del ejercicio, Madrid, Valencia y Baleares deben aprobar partidas extra por valor de 83,5 millones para evitar la quiebra de sus televisiones, que costaron casi 1.300 millones de euros a los contribuyentes.

Ya en este 2013, pese a la situación económica, el conjunto de cadenas regionales anuncian un gasto de al menos 951 millones de euros, lo que supone un ahorro de sólo unos 50 millones con respecto a 2012, cuando se realizó un ajuste de al menos 120 millones.

Situación crítica
La situación es crítica. El desplome de los ingresos publicitarios y la caída de la audiencia espanta a los posibles inversores y convierte en papel mojado la ley que abrió la puerta a los traspasos. Es un hecho que las comunidades autónomas están aparcando la privatización de sus canales. Los ingresos por publicidad de las trece televisiones alcanzaron 125 millones en 2012, un 60% menos que cinco años atrás. A esto hay que sumar la falta de voluntad política de las regiones para desprenderse de sus televisiones.

La audiencia es uno de los puntos flacos de estos colosos en manos del poder político. Las de Telemadrid y Canal Nou han caído por debajo del 5%, cuando en 2008 se situaban en torno al 10%.

En cuanto a pérdidas, después de TV3, Canal Sur es la cadena más costosa para los contribuyentes, con unas subvenciones acumuladas de 1.000 millones en los cinco últimos años y déficit en sus cuentas. Apenas ha externalizado sus servicios y no tiene planes a corto plazo. Telemadrid, que recibe aportaciones anuales de la Comunidad de Madrid superiores a los 70 millones de euros, perdió en 2012 casi 115 millones. La cadena regional ha optado por un traumático ERE para enjugar su déficit.

TV3 cuenta con el mayor presupuesto, con 225 millones al año en subvenciones, pero es líder de audiencia en Cataluña, con cuotas de pantalla superiores al 14%. Ha reducido dos canales y un 10% de su plantilla para ajustar sus costes.

La puntilla ha llegado para RTVV que, con las dimensiones que tenía antes del ERE, con una plantilla de 1.651 personas, una deuda superior a los 1.000 millones, un patrimonio neto negativo de 1.199 millones y unos elevados costes de funcionamiento, no podía sostenerse con las exangües arcas autonómicas. Así, Canal 9 y Radio 9 dejarán de salir al aire 24 años después.

La tele de Feijoo
Laureano López La Voz 10 Noviembre 2013

De aquellos desmanes de los Camps y los Zaplanas han llegado estos cierres. El más sonado, esta misma semana, con el carpetazo a la tele ¿pública? valenciana. Feijoo ha querido dejar claro que si la TVG estuviese en la misma situación, la cerraría igualmente. ¿Y si lo está, o si va camino de estarlo? El principio del fin de Canal 9 se explica por su politización (el partido, primero; después, ya veremos) y su desequilibrio. No hace falta extenderse demasiado sobre la línea editorial de la TVG, ahora y siempre. Basta echarle un vistazo. Centrémonos, entonces, en el supuesto equilibrio del canal, defendido por Feijoo: según los presupuestos del próximo año, de los 99,4 millones que costará mantenerlo, 90,3 los pondrá la Xunta. Aquí sí que podemos concluir que la TVG es, literalmente y por decreto, la tele de todos.

Lo de Resistencia Galega no era de broma
fernando gonzález macías La Opinion 10 Noviembre 2013

Por fin, en Madrid se lo están tomando en serio. Resistencia Galega (RG) se ha convertido en una de las prioridades del Ministerio del Interior, hasta tal punto que la Comisaría General de Información, lo que vendría a ser la antigua policía secreta, creó una sección específicamente dedicada al terrorismo gallego. Un pequeño grupo de agentes especializados ocupan buena parte de su trabajo en seguir de cerca la evolución de una organización violenta que, desde que dio sus primeros avisos en 2005 hasta hoy, viene perpetrando atentados cada vez más destructivos, aunque por ahora no haya que lamentar desgracias personales.

Interior dispone de datos que le permiten esbozar la actual estructura de RG, encabezada en la clandestinidad por Antón García Matos, Tonino, exdirigente del Exército Guerrilleiro, y por una mujer de armas tomar, su compañera sentimental Asunción Losada Camba, ambos en busca y captura por Interpol. Se les sitúa entre Portugal y Galicia, amparados por personas que a ambos lados de la raia les facilitan alojamiento, logística y dinero. La Policía estuvo a punto de echarles el guante en más de una ocasión y confía en que acabarán cayendo, más pronto que tarde, en cuanto el operativo de desarticulación vaya avanzando o cuando algún infiltrado o confidente, que los hay, pueda dar el oportuno chivatazo.

Las alarmas se dispararon cuando se supo que Tonino había comprado varias pistolas en Portugal. La filtración de la noticia en distintos medios pretende alertar a los posibles objetivos de los terroristas de que han de adoptar las oportunas precauciones y al mismo tiempo sensibilizar a la opinión pública gallega de que nos enfrentamos a un movimiento terrorista de verdad, que nunca ha matado, pero que está en condiciones de hacerlo, o al menos de intentarlo, en cualquier momento. Cargos institucionales, de aquí y de Madrid, y líderes políticos de distinto signo están advertidos, como los responsables de su seguridad, para que no se confíen. Y en algunos actos públicos ya se nota por más discretas que pretendan ser las reforzadas medidas de seguridad.

Entre los mandos policiales que supervisan el seguimiento de Resistencia Galega preocupa el debate político que se ha suscitado en los últimos meses en torno al grupo y en concreto a la condena por terrorismo impuesta a algunos de sus miembros por la Audiencia Nacional. A diferencia de ETA, en este caso RG no cuenta con la simpatía ni la complicidad de amplias capas sociales. Sin embargo, formaciones nacionalistas y de izquierda radical han mostrado reservas o discrepado abiertamente de las sentencias condenatorias, aunque no lleguen en ningún caso a justificar las acciones terroristas. Eso dio lugar a una ofensiva del Partido Popular con mociones en los ayuntamientos obligando a Benegá, AGE y PSOE a mojarse en este asunto.

Quienes más satisfechos pueden estar con el cambio de actitud de Interior frente a RG son los responsables policiales y de la Guardia Civil que llevaban años advirtiendo del grave error que se cometía al minusvalorar las primeras acciones del grupo, por considerarlas terrorismo de baja intensidad. En aquel momento nadie les hacía caso. Tuvieron que soportar la actitud irresponsable de ciertos jueces y fiscales gallegos que dejaron irse de rositas a algunos de los primeros detenidos, tal vez porque no creían que aquello pudiera acabar siendo el germen de la una auténtica ETA a la gallega
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