|
La broma esta
Kiko Méndez-Monasterio www.gaceta.es 12 Noviembre 2013
La partitocracia ya ha durado demasiado, y en algún momento habrá de
irse a hacer puñetas
Es muy absurdo que los portavoces oficiales del PP se lancen a
criticar con tanta desmesura la Conferencia Política del PSOE. Por
pura coherencia histórica, más les valdría tomar buena nota de los
caminos ideológicos que marcan los socialistas, porque no tardarán
en transitar esas sendas entusiasmados, como lo han hecho siempre,
por mucho que lloviese. Así que aunque algunos –de cara a los
micrófonos– marquen tantas distancias, es muy probable que los más
avispados ya estén preparando los discursos federales, republicanos
y laicistas, no vaya a ser que todo se desencadene demasiado rápido.
Desde luego, lo de la confrontación ideológica y argumental queda
descartada, no vaya a ser que cualquiera les acuse de franquistas.
Ya sabemos que desde que a Felipe González le indicaron que debía
renunciar al marxismo en Suresnes, no ha existido PSOE más radical
que el de Zapatero, ese presidente autodenominado el rojo, que abrió
su legislatura poniendo el cadáver de su abuelo sobre la tribuna del
Congreso, como si en vez de un programa de Gobierno trajese bajo el
brazo una venganza gitana. Y, como bien saben los sorayos de este
Ejecutivo, el Partido Popular no ha modificado ni una sola de las
medidas ideológicas que impuso el zapaterismo, desde el aborto barra
libre hasta la ley de Memoria Histórica, pasando por la persecución
de la libertad lingüística en varias regiones o la continuidad
–todavía vigente– de la autorización parlamentaria para negociar con
ETA. Ya es una verdad a gritos –en las propias sedes del PP– que el
Gobierno tecnocrático de Rajoy parece conformarse con la gestión de
la crisis económica, cuyo primer resultado político será,
indefectiblemente, la continuidad de un sistema diseñado por la
izquierda y los nacionalistas. Es como si los chicos de Génova se
hubiesen convertido en consultores de Ferraz, encargados de
conseguir que la empresa familiar vuelva a ponerse en marcha.
Asumida esta realidad como se asumen las fases del duelo –negación,
negociación, depresión e ira– uno va aceptando que el tiempo
político que nos ha tocado vivir no va a resultar precisamente
esplendoroso. Siendo españoles de la modernidad, por pura
estadística era muy probable que así sucediese, así que el lamento
ha de ser breve. Pero incluso revistiéndose de una resignación
beatífica, por algún resquicio irracional a veces se cuelan vapores
optimistas, casi seguro que inmotivados, pero que dejan ver la
posibilidad de una reacción, mejor dicho, de un recambio. Quizá
porque la broma esta de la partitocracia ya ha durado demasiado, y
en algún momento habrá de irse a hacer puñetas.
El despilfarro justiciable
g.garcía-alcalde La Opinion 12 Noviembre 2013
Parece contradictorio que los tribunales condenen a los partidos
políticos por recibir donaciones privadas y sean indiferentes al
latrocinio de dineros del contribuyente que consuman casi todas las
televisiones autonómicas. No hay una sola norma legal que legitime
el despilfarro multiplicador de los presupuestos que aprueban los
parlamentos regionales, razón que ilegaliza por sí sola el gasto
sobrepasado y convierte a sus responsables en delincuentes
presuntos. Si es necesario llegar a la elefantiasis de la
radiotelevisión valenciana para romper el proceso y tomar conciencia
de su enormidad, es que el país y su democracia están más enfermos
de lo que vemos, que ya es mucho. Un gigantismo de crecimiento
canceroso, un ERE mal formulado y su anulación en tribunales,
seguidos del cierre "patronal" innegociable, son las fases de lo que
ahora desemboca en escandalosa catarsis, sin soluciones para la
víctima de siempre: un cuerpo profesional y laboral que no se coló
en el medio a la zorruna y con nocturnidad, sino que entró requerido
y contratado por el patrón.
Es más que una hipótesis el que, de no mediar la crisis económica,
no hubiéramos tenido noticia de ERE, ni de cierres. O sea que la
administración autonómica de Valencia seguiría malgastando a lo loco
el dinero de los contribuyentes, con su cortejo de presuntas
mordidas, favores, clientelismo y demás. Aunque demorado, el crac
final sería el mismo, lo que significa que las administraciones
públicas no son tan solo víctimas de la crisis llegada de afuera,
sino causantes en muy alta medida. Y lo más negro es que esos
derroches bufo-faraónicos no tienen justificación alguna. La RTVV
tenía un índice de audiencia miserable y había perdido todos los
argumentos justificatorios, desde el de servicio a una lengua
diferenciada, que otras alegan con mayor verosimilitud, hasta el de
entretener simple y llanamente. Por las razones que fuesen, ese
medio carísimo, capaz de reventar por sí solo la fiabilidad
económica de una de las principales autonomías del Estado, no
recibía sino desprecio por parte de quienes lo pagaban a su pesar.
Y ahí está la contradicción que criminaliza a sus autores o, por lo
menos, hace de ellos sujetos justiciables: gastar muy por encima de
lo que autorizan los órganos representativos, carecer de argumentos
para justificarlo y abolir de un plumazo, sin debates ni votaciones,
aquello que la torpeza ha hecho insoportable, conculcando derechos
laborales que están muy por encima de todas las discrecionalidades
políticas. ¿Es esto menos grave que aceptar donaciones en metálico
para una campaña, si no conllevan contraprestaciones? No lo parece,
y, sin embargo, ni otras autonomías, ni partidos distintos del
responsable de este caso concreto alzan la voz ni exigen
consecuencias. Todos aspiran a mandar y nadie está exento de error.
Hoy por ti mañana por mí: los fallos de gobierno no se pagan ni
siquiera en dimensiones como la valenciana, que no es exclusiva del
gobierno de Fabra sino que viene de los anteriores, demasiada tela
para un traje a rayas. Todos ellos han hecho lo mismo: arrimar sumas
ingentes devengadas por el pueblo a un instrumento de propaganda
unilateral que pasa de devolver un fruto proporcionado y solo
desprecio merece del pueblo que paga. Ahí están la raíz, el tronco y
las ramas de esta sordidez, esta vergüenza que debería mover a
reflexión a los demás tinglados televisuales. Pero no moverá nada, y
así hasta el siguiente crac.
Mercado español único
Manuel Molares do Val Periodista Digital 12 Noviembre 2013
Siguiendo una directriz de la UE el Parlamento dominado por Rajoy ha
elaborado una Ley de Unidad del Mercado para que todo bien o
servicio aprobado u homologado en una Comunidad Autónoma o por el
Gobierno sea legal en toda España.
La oposición se ha opuesto porque, dice, es una ley centralizadora y
deja a las CC.AA. sin autoridad en su territorio; sólo UPyD se ha
abstenido.
Hasta ahora un fabricante de carrocerías de autobús, de ascensores o
de herramientas de trabajo de una Comunidad podía tener problemas
para vender o usar su producto en las 16 CC.AA. restantes.
Algunas no aceptaban las homologaciones de otros territorios, e
imponían las normas dictadas por su propio Parlamento.
Miles y miles de horas en cada institución regional establecen el
sexo de los ángeles de un destornillador, por ejemplo, para legislar
cómo debe ser, aunque sólo en su territorio, pues los otros sexan
sus propias normas para igual objeto.
Cada parlamento legisla sobre el radio que deben tener las curvas de
las carreteras, el porcentaje de azúcar de los dulces o las
características técnicas de los calcetines o de los cinturones de
seguridad de un autobús.
Todo ello debería ser igual en toda España, como lo es en Europa,
pero los parlamentos regionales y demás centros políticos algo
tendrán que hacer porque, si no, ¿para qué sirven los 33 diputados
de La Rioja, que tiene 323.000 habitantes, por ejemplo?, o ¿cómo se
explica que 145.000 españoles vivan de la política?
Con la futura ley lo legislado por el Parlamento español o por el de
cualquier Comunidad deberá valer en toda España, y entonces, ¿sobre
qué sexo de los ángeles de los destornilladores legislarán los
diputados de cualquier autonomía si ya todo estará legalmente
atornillado?
Canal 9: mentalidad estatista
Almudena Negro www.gaceta.es 12 Noviembre 2013
Ignacio González debería cerrar Telemadrid, con o sin déficit, por
pura higiene democrática.
Que, en el caso de que el TSJV echase atrás el ERE de RTVV, el
Gobierno autonómico cerraría tanto la televisión como la radio
públicas era algo bien sabido. Lo había reconocido por escrito meses
atrás Fabra, empeñado en hacer caso a una directora del ente que le
aseguraba que los jueces les darían la razón y que ahora ha huido de
la quema. Sea como fuere, la chapuza jurídica, tan típica de la
burocracia, ha obligado al PP valenciano a tomar una buena medida.
Sí. Buena medida. Porque las televisiones públicas, manipuladas como
ahora aciertan a reconocer los mismos periodistas que durante
lustros callaban mientras vivían a costa del contribuyente, no son
un derecho sino que son un exceso. La democracia no se mide en
función del derroche o el número de medios de comunicación sometidos
al poder político, como se han empeñado en afirmar estos días
algunos. TV3, por ejemplo, no es ningún derecho de los catalanes. Es
una majadería hortera sostenida en plena crisis por una oligarquía
empeñada en “construir nación” a costa de farmacéuticos, hospitales
y colegios.
No son menos oligárquicas el resto de televisiones públicas,
incluida la aburrida TVE o la cursi Canal Sur. O la televisión “de
la Xunta” que es como los gallegos, siempre con su característica y
maravillosa retranca, denominan a la Televisión Gallega. Y es que a
nadie se le escapa que se trata de medios de comunicación al
servicio del Gobierno de turno pagados a costa del contribuyente.
Desde el gol-Vota PSOE de María Antonia Iglesias hasta el
“Ce-Ce-O-O” de Urdaci, lo único para lo que sirven es para hacer la
competencia a la empresa privada –¿les cuento a cuánto nos ha salido
cada capítulo de Águila Roja?– y tratar de manipular al personal.
Es la mentalidad estatista, esa que reza que el Estado, tu
padrecito, debe incluso de pensar por ti, la que estos días está
saliendo en defensa de lo ineficaz, propagandístico y parasitario.
Nada nuevo bajo el sol.
Ahora, la espada de Damocles del paro se cierne sobre los
periodistas y profesionales de Telemadrid, pendientes también de
recurso judicial interpuesto por los mismos sindicatos que no
esperaban que el PP valenciano cumpliera su palabra y acaso por ello
celebraban, nada más conocerse la sentencia, una victoria que supone
el paro para centenares de trabajadores. En este caso, además, han
sufrido una verdadera campaña de violencia, que obligó incluso a
intervenir a la APM, normalmente tan complaciente con la izquierda.
Ignacio González dice que lo tiene claro: si la televisión madrileña
resulta deficitaria, se cierra. Debería, empero, cerrarla con o sin
déficit. Por una cuestión de higiene democrática.
La renovación del CGPJ, en punto muerto
Editorial www.gaceta.es 12 Noviembre 2013
La historia se repite. Si la última renovación del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) se demoró dos años, ahora puede ocurrir
otro tanto. Hace algo más de un mes que expiró el mandato de cinco
años del CGPJ, pero la pelea entre el PP y el PSOE por repartirse el
control del nuevo y devaluado órgano de gobierno de los jueces sigue
paralizando la renovación de sus 20 miembros. Y la codicia de unos y
otros ha arrastrado las negociaciones a un punto muerto. La
politización de la justicia se mantiene en su punto más álgido y
tanto populares como socialistas han incumplido y prorrogado ya tres
veces el plazo para cerrar esas negociaciones.
Las razones son distintas, pero en ambos casos la unidad de criterio
es inexistente. El PP no tiene ninguna prisa porque cuenta con la
mayoría necesaria de tres quintos en el Senado para imponer a los 10
vocales que corresponde elegir a la Cámara Alta; y si persiste el
desacuerdo, bastaría con prolongar el mandato de los otros 10
vocales que el Congreso designó hace cinco años para asegurar un
control aplastante del nuevo CGPJ. Pero hay otra razón poderosa para
tratar de retrasar el relevo en el Consejo: una de las consecuencias
de la entrada en funcionamiento del nuevo Consejo sería que Miguel
Carmona, –vocal actual afín a los socialistas– aterrizaría como
titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, quedando al
frente de los casos Gürtel y Pescanova, y relegando a Pablo Ruz al
papel de sustituto.
El aterrizaje de Carmona provoca no poca preocupación ante el
desconocimiento de qué nuevos pasos podría dar, sobre todo en el
caso de los papeles de Bárcenas, en el que se investiga la presunta
contabilidad B de la formación. En estos momentos, en las filas
populares sólo el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,
parece ser el único que tiene prisa por que la renovación se realice
cuanto antes y poner fin a una reforma –la del poder judicial– que
ha sido muy contestada desde todos los frentes y sobre la que pesa
un recurso de inconstitucionalidad del PSOE.
Precisamente es el recurso de inconstitucionalidad el elemento de
disputa en la familia socialista, que en estos momentos se debate
entre seguir seguir adelante con las negociaciones y amarrar su
cuota de poder en la cúpula judicial, o negarse al relevo en el CGPJ
por criterios de estricta coherencia, ya que no verían razonable
consensuar unos nombramientos en un órgano que han recurrido. Entre
unos y otros han logrado que la separación de poderes brille por su
ausencia, precisamente en un momento en el que sería deseable
aparcar para siempre el mal llamado reparto de cuotas para erradicar
el sectarismo en las conductas en cuestiones tan relevantes como el
Poder Judicial.
Cataluña ibérica: inmersión en la secesión
(parte IV)
Enrique Calvet Chambon La Voz Libre 12 Noviembre 2013
Economista y miembro del Comité Económico y Social Europeo
Hemos visto que tenemos actualmente un problema de secesión, genuino
y muy puro en el Principado, y no otra cosa. (Por cierto, hay un
proyecto de lo mismo, en Las Vascongadas, lo que hace muy necesario
para el bien general acertar en la solución del primero).
Ni independencia, (conceptualmente imposible), ni chalaneo
económico, ni catalanismo ( valor cultural muy respetable que
comparto, pero nada político), ni nacionalismo, ni zarandajas: una
parte apreciable de españoles, concentrados mayoritariamente (pero
no todos) en las cuatro provincias administrativas del Nordeste de
España quieren dejar de ser españoles y quieren que dichas
provincias dejen de ser parte de la Nación Española, tras siglos o
milenios, según enfoques, para ser un nuevo Estado, ex-novo.
Añadamos que las cuatro provincias son una parte importante de donde
florece la cultura catalana, aunque no toda ni no sólo, y que son
una parte importante de lo que fue la marca hispánica (francesa) o
de lo que fue el Reino de Aragón, co-fundador de la Nación española
moderna. Esa es la realidad que hay que afrontar. Puede ser
reaccionaria, pre-ilustración, carca, tribalista, anti-democrática e
ilegal, pero es lo que hay.
Sostengo que es imposible resolver el problema y los gravísimos
daños a la convivencia ciudadana y democrática que ello entraña si
no entendemos nítidamente el porque de este problema, o más
exactamente, cómo hemos llegado a esto. Lo que no es frecuente
plantearse, porque, cual papamoscas, es lo más usual tragarse las
intoxicaciones y mentiras que, con sistematicidad goebbelsiana,
inoculan los únicos que ganarían con la secesión y sus cómplices en
poltrona.
En esencia, propongo, modestamente, que para comprender bien lo que
nos ha caído políticamente encima a los españoles se tome el enfoque
de contestar a dos preguntas claves:
a) ¿Por qué no existe este problema en la Cataluña francesa, tan
catalana como el que más, como la butifarra con monchetas?
b) ¿Por qué cuando se vota la Constitución, en 1978, prácticamente
nadie, salvo tres iluminados habituales, y, (ahora se sabe), unos
pocos ricos oligarcas taimados, considera ni imaginable la secesión
y, sin embargo, ahora, bastante gente sueña con ella? En aquel
momento no había más secesionistas en el Principado que hoy en día
en Baviera, en Borgoña o en Carintia.
Veamos el primer interrogante. Los catalanes franceses,
objetivamente, son más libres, aunque sólo sea porque llevan muchos
más decenios de democracia a sus espaldas y nadie obliga a los hijos
de los más pobres a no estudiar en la lengua común de su patria
republicana, por ejemplo. También son más prósperos y menos
desigualitarios. Conviene recordar que el Rosellón es francés desde
1659, es decir cuándo España es gobernada por los Austrias y Francia
por la monarquía absoluta, y que, tras unos primeros decenios, hasta
1720, de asimilación conflictiva por parte de las oligarquías de la
nueva situación nacional, no se vuelve a plantear la secesión de la
Cataluña francesa ni su reintegración en España. Y mucho menos
después de 1789, nacimiento de la Nación moderna. Recordemos que el
gran genio Dalí escogió Perpiñán como “centro del mundo”. Las
turbulencias de final del siglo XVII, por cierto, son absolutamente
europeas, derivadas de la paz de Westfalia y absolutamente
asimilables al proceso, siempre traumático, de construcción de las
naciones europeas modernas en cualquier otro rincón de Europa. No
tienen hecho diferencial catalán. Crear unidades políticas mayores y
plurales, basadas en ciudadanos en vez de etnias o tribus, siempre
es un largo proceso que ha de vencer resistencias interesadas
localistas y caciquiles.
Y es aquí dónde mi personal sugerencia de contestar a la primera
pregunta cobra, a mi juicio, trascendencia, porque nos lleva al
núcleo de los valores que están en juego, realmente, detrás de las
artimañas partitocráticas. A los ciudadanos del Rosellón no se les
pasa por la cabeza ninguna secesión porque son y se sienten,
precisamente, eso: ciudadanos de un amplio conjunto de otros muy
distintos (sus compatriotas), depositarios de los derechos
fundamentales a nivel individual y teniendo la responsabilidad
solidaria de un proyecto común, en el que muchos ciudadanos
anteriores han invertido muchísimo, y con sacrificios. Más allá de
culturas felizmente diversas y de apegos territoriales. Por mis
abundantes contactos personales no he conocido a ningún
franco-catalán que pueda concebir que los derechos de un territorio
se puedan sobreponer o enfrentar a los derechos de las personas. Y
ahí reside la gran decisión a la que nos enfrentamos los españoles
de hoy: ¿Queremos ser miembros de una sociedad de individuos,
ciudadanos, libres e iguales en derechos y obligaciones (como la
solidaridad, que es un derecho y obligación) en la línea de lo que
se ha construido conjuntamente durante siglos, o queremos ser, ante
todo, miembros de un pequeño territorio, cada uno el suyo, luchando
por los derechos del cacicato por encima de los derechos de nuestros
compatriotas? ¿Una Nación, histórica, de ciudadanos, o un revoltijo
de taifas con súbditos homogéneos? Ese es el gran momento histórico.
En perspectiva histórica suelen explicar los académicos,
someramente, la inexistencia del problema secesionista en la
Cataluña ulterior por la inexistencia, en España, de la revolución
del 89 y sus valores modernizantes. Antes al contrario, España
sufriría un bastante lamentable siglo XIX, no sólo por el retorno al
absolutismo sino por la entronización del deleznable cacicato como
modelo político (y, en eso, la Cataluña ibérica es paradigma).
También, y unido a lo anterior, se achaca el problema de la falta de
valores y visiones propias de un republicanismo patriótico y
democrático a los nada brillantes sistemas educativos que arrastra
la sufrida ciudadanía desde el XVIII.
Lo segundo parece bastante indiscutible, y lo recordaremos a la hora
de pensar en soluciones. Lo primero, a veces, aún sobre bases
ciertas, se nos antoja fácil excusa para la resignación. España sí
ha tenido sus guerras civiles, que obviamente no ha sabido rematar
nunca (a los USA les bastó una para acabar con el problema) y sus
ilustrados. Parece que le han fallado, en los últimos siglos, sus
oligarquías y gobernantes, y eso se puede cambiar hoy en día. Una
democracia genuina y honesta debería acabar con los cacicatos sin
demasiada dificultad….salvo que los caciques la perviertan.
En cualquier caso, quedémonos de la visión remota con el tema
esencial en juego : el establecimiento de una nación democrática de
individuos iguales, con valores propios del “patriotismo
republicano”, sin discriminaciones espurias, por ejemplo las
territoriales, y vayamos, la próxima vez a contestar la pregunta
fundamental para la actual praxis política y sus decisiones: ¿por
qué en 1978 los secesionistas cabían en un autobús, y España era un
país de ciudadanos iguales , y ahora son muchísimos más los
secesionistas en la Cataluña subpirenaica y los españoles
discriminados por territorio?
Puede que aún comprendiendo esto no haya soluciones, pero si no lo
entendemos, y sin trampas, seguro que no hay ninguna.
Salir de viaje
Juan Manuel López-Zafra El Confidencial 12 Noviembre 2013
“Si imprimir moneda y crear inflación creasen empleo, Zimbabwe sería
el país campeón del trabajo”.
Daniel Lacalle, Viaje a la libertad económica
Cruzar el mar desde el colectivismo hasta el liberalismo supone una
travesía complicada, y que muy pocos llegan a completar pues son
muchas las islas en las que cantan las sirenas y poderosos sus
moradores. Sin embargo, ese es el viaje que Daniel Lacalle comenzó
años atrás y que relata en su nuevo libro Viaje a la libertad
económica (Deusto), que se presenta hoy en Madrid aprovechando su
salida a la venta. Libro que ve la luz menos de un año después del
anterior bombazo editorial Nosotros, los mercados; quizá demasiado
pronto, pero eso es algo que tanto él mismo como su editor habrán
valorado mucho mejor que yo.
Las lecturas de autores socialistas eran comunes en su juventud; sin
embargo, fueron los economistas neoclásicos quienes marcaron su
primera etapa como profesional. Ellos y la intervención estatal, el
paradigma económico que nos ha acompañado desde que Keynes
convenciese al Gobierno británico primero, y a todos los demás
occidentales después, de que el mercado se equivoca, y de que es el
Estado quien debe recomponer la situación. Todas las economías
capitalistas, sin excepción, han aplicado en mayor o menor medida
las enseñanzas de Lord Keynes. Desde el Oeste hasta el Este; desde
los neoliberales y neocons norteamericanos (quizá algún día nos
explique qué significan esas etiquetas) hasta los tranquilos
japoneses de Shinzo Abe.
Lacalle es de esos raros economistas que circulan por el mundo con
experiencia en finanzas y sólidas bases teóricas. No es muy normal
encontrarse con alguien de su mundo con conocimientos que rivalizan
con los de muchos profesores de universidad. Sin duda proviene de su
afán de devorar libros e informes técnicos. A ello debemos añadirle
la experiencia, que comparte con sus lectores, reflejada en horas de
reuniones con clientes, competidores y economistas de primer nivel,
muchos como Greenspan o Bernanke, responsables de las decisiones de
política económica que han marcado los últimos años.
Lacalle propone un camino hacia la libertad devolviendo al individuo
su responsabilidad, su capacidad de decidir, su dinero. No es una
defensa de los ricos, no. Olviden los clichés al uso y lean el
libro. Observarán cómo de la reducción de impuestos resulta una
mejor redistribución de la renta De la mano de Lacalle recorremos
China, los EEUU, Venezuela, Argentina, Japón y la Unión Europea,
entre otros lugares apasionantes, y la charla con él que supone la
lectura nos permite comprender por qué más represión financiera y
menos libertad no pueden provocar más prosperidad. Muchos rebatirán
la afirmación anterior, recordando el crecimiento que el mundo ha
tenido especialmente en los últimos cuarenta años. Son estos
quienes, en primer lugar, deberían comprar billetes para este viaje,
pues así entenderán cómo un crecimiento basado en el crédito, en el
gasto, en la creación de burbujas y no en el ahorro no es sino una
mera ilusión; una pantalla gruesa que esconde una realidad tan
terrible como la que la actual crisis nos está recordando.
Resulta especialmente interesante, en ese tránsito, el análisis que
efectúa Lacalle del paradigma de la intervención pública en
economía, el New Deal de Roosevelt. Recuerda cómo la economía
norteamericana se recuperó a pesar de las medidas represoras; sí,
digo bien a pesar, y no gracias, pues diversos estudios que el autor
consigna muestran cómo los EEUU retrasaron su salida de la crisis un
buen número de años debido a las socializantes medidas del
presidente de los EEUU, y cómo fue el enorme gasto de una economía
militarizada en los albores de la Guerra Mundial el que tiró de la
recuperación.
No evita Lacalle los asuntos espinosos como los desahucios, y
también recuerda las posibles formas de salir de esta crisis: con
una quita enorme, con una devaluación monumental acompañada de altos
niveles de inflación (el impuesto silencioso, nos recuerda) o
“recortando gastos y bajando impuestos, atrayendo capital inversor y
recapitalizando el sistema con dinero extranjero”; resulta ocioso
descubrir cuál de las tres es su preferida, pues como bien señala el
autor, ni hay quitas con confianza ni se puede devaluar sin
empobrecer a los ciudadanos. Así pues, la única vía proviene del
saneamiento del sistema y la reducción de la intervención pública,
una ruta lenta, complicada, pero segura a medio y largo plazo.
En un momento en el que se debate la posibilidad de deflación en las
economías desarrolladas, son constantes a lo largo del libro las
referencias a la inflación y sus terribles efectos en los más
desfavorecidos; los continuos incrementos de impuestos “porque no
tenemos más remedio” (siempre a cambio de no recortar gasto
político) que recaen sobre los asalariados, la hiperregulación y
ultranormativización de la actividad individual, siempre trufadas de
efectos igualitaristas que sólo vertebran la desigualdad y mantienen
el statu quo político en niveles intolerables. El capítulo dedicado
a los unicornios resulta particularmente fascinante.
Frente a ello, y gracias a este viaje en el que recorre el mundo,
propone Lacalle un camino hacia la libertad devolviendo al individuo
su responsabilidad, su capacidad de decidir, su dinero. No es una
defensa de los ricos, no. Olviden los clichés al uso y lean el
libro. Observarán cómo de la reducción de impuestos propugnada por
Arthur Laffer, economista tan despreciado por la élites
neokeynesianas como acertado en sus planteamientos, resulta una
mejor redistribución de la renta derivada del incremento inmediato
de la actividad económica; muchos de Uds. leerán por vez primera
referencias a la escuela austriaca de economía (“me recordaba a
Sonrisas y lágrimas”, bromea el autor sobre su aproximación inicial
gracias a Schiff), y sólo por eso ya les habrá merecido la pena la
lectura, pues abrir la mente al disenso, plantearse la realidad
desde una perspectiva contraria a la corriente dominante, pensar que
no todo es como dicen los economistas multimedia es altamente
gratificante. Y, eso, de nuevo, Lacalle vuelve a lograrlo con este
libro entretenido, de lectura ágil, con multitud de capítulos breves
que ya son marca de la casa, en los que la opinión queda
perfectamente separada del rigor del planteamiento. Concédanse unas
vacaciones y salgan de viaje hacia la libertad.
El TC:salvavidas del poder.
Vicente A. C. M. Periodista Digitial 12 Noviembre 2013
Ya han encontrado la solución al tema de la Infanta Cristina. Tras
dejar sola a la acusación popular, el Tribunal Constitucional está
en el camino de dar un espaldarazo a la llamada "doctrina Botín",
por la que ninguna acusación popular será posible si la Fiscalía no
acusa, ni tampoco lo hacen alguno de los perjudicados. En este caso
es evidente que desde hace tiempo y siguiendo instrucciones del
Gobierno, la Fiscalía no va a acusar de nada a la hija del Rey.
Tampoco lo hará, y esto es más vergonzoso, la Hacienda pública que
en otros casos es capaz de llevar a cualquier ciudadano al banquillo
y a exigirle cuantiosas sanciones por la mínima falta fiscal. Así
que el blindaje del poder va a ser bendecido por el politizado y
servil Tribunal.
Por mucho que se empeñe el sindicato Manos Limpias y el juez Castro,
amparados en las cuantiosas pruebas que han aparecido y a las que ni
la Fiscalía ni Hacienda conceden importancia penal, el TC va a dar
un carpetazo definitivo a la posibilidad del enjuiciamiento de quien
esas pruebas apuntan que se ha aprovechado de los fondos públicos
para su beneficio personal, siendo plenamente consciente de todas
las actividades. Pero eso que debería aclararlo delante del juez se
va a abortar de raíz. No creo que nadie dudara de que el Rey no iba
a permitir en ningún caso que una de sus hijas y madre de sus nietos
se sentase como el populacho en el banquillo de los acusados.
Es evidente que este Gobierno está gravemente prevaricando
apoyándose en Instituciones como la Fiscalía y ahora en el Tribunal
Constitucional. Porque impedir que un juez pueda instruir la causa
en total libertad para esclarecer los hechos y realizar las
acusaciones penales que correspondan es prevaricar y despreciar la
independencia entre los poderes públicos. Podrán impedir que la
Infanta se siente a declarar. Podrán manipular todo lo que sus
sucias manos manchan con su injerencia. Pero lo que nunca podrán es
acallar al pueblo y la justicia popular que ya ha dictado sentencia
contra este Gobierno y la Monarquía.
Este sistema está corrompido hasta la médula y los ciudadanos
deberán decidir si siguen dejando que les roben su libertad y la
Justicia que se merecen, permitiendo que una casta dominante
corrupta y corruptora imponga su dictadura y su fuerza de coacción.
La libertad hay que ganársela porque el poder no la concederá. Si
quieres ser libre y aspirar a un mundo más justo, tendrás que hacer
algo. Muévete.
La corruptocracia y el triunfo del cinismo
Javier Benegas www.vozpopuli.com 12 Noviembre 2013
Decía Milan Kundera (Brno, 1929) allá por los años ochenta que «en
estos días sólo pueden ser optimistas los cínicos». Y es que el
escritor checo creía que si bien después del derrumbe del régimen
comunista florecería de nuevo la esperanza, la desmemoria y la
insoportable levedad del ser no tardarían mucho en aguarnos la
fiesta.
Kundera había acusado al comunismo de ser una utopía condenada a
transitar del paraíso al infierno (Toda utopía comienza siendo un
inmenso paraíso que tiene anejo un pequeño campo de concentración
para rebeldes a tanta felicidad; con el tiempo, el paraíso mengua en
bienaventurados y la prisión se abarrota de descontentos, hasta que
las magnitudes se invierten). Sin embargo, una de sus obsesiones más
turbadoras era que las sociedades occidentales, lejos de velar por
la virtud, se volvían cada vez más inconsistentes y frívolas. Sus
gobernantes no veían ya los más elevados principios como algo
sagrado, trascendente, sino como valores inmanentes que podían
someterse a sus intereses. Y no iba descaminado. Ambas actitudes, la
de los gobernantes y los gobernados, dejaron el camino expedito a la
política del corto plazo, la cual, a cambio de hipotecar el futuro,
ha satisfecho las demandas inmediatas de unas sociedades cada vez
más irresponsables, infantiles y nihilistas.
Infección y gangrena
Si esta visión utilitarista de la política, en la que el fin
justifica los medios y sólo preocupa lo inmediato, lo nuestro, ha
terminado por provocar enormes desperfectos en democracias
consolidadas y auténticas, en el caso de España, donde el poder
político carece de los más elementales controles, los daños tenían
que ser por fuerza devastadores.
Cuando en un Estado las reglas son arbitrarias y su aplicación
discrecional, termina imponiéndose la dictadura del oportunismo. No
hacen falta siglos sino unos pocos años para que lo formal (el
gobierno de los principios) se vea desplazado por lo informal (los
intereses del corto plazo). En poco tiempo la nueva cultura se
propaga de arriba abajo, afectando a una gran mayoría de individuos,
hasta que finalmente la sociedad acaba embarrancando en esa zona
gris, donde quien más y quien menos predica en público una cosa
mientras que en privado hace justamente la contraria. Es el triunfo
del cinismo.
Cuando el interés se traviste de principios
Especialmente ilustrativo es el reciente “motín” de la
Radiotelevisión Valenciana. Pues si bien es imprescindible hacer una
auditoría de la gestión de este ente público, que deja tras de sí
una deuda de 1.300 millones de euros, ¿no habría también que auditar
la conducta de sus trabajadores, por cooperar, aun de forma pasiva,
con este enésimo saqueo? De hecho, ellos mismos reconocen que
durante años traicionaron a su audiencia, acatando las consignas y
los silencios impuestos por los gerentes. Y sólo cuando su contrato
está a punto de extinguirse han decidido rebelarse.
Este proceso se ha repetido en innumerables ocasiones a lo largo de
estos años de zozobra, de tal suerte que hoy es habitual encontrar
políticos de dilatada carrera que, al ser privados de sus
privilegios por sus jefes de filas, ahora se aferran a los
principios traicionados para volver por sus fueros. Lo mismo ocurre
con no pocos periodistas de partido que, una vez engrosan las listas
del paro, transitan de la antes rentable servidumbre a la defensa
impostada de la Libertad y la Justicia.
En general, uno se maravilla del celo que súbitamente en estos
tiempos de crisis muchos están demostrando. Profesores y alumnos
manifestándose por la calidad de la enseñanza, enfermeros y médicos
que se echan a la calle para defender el derecho de los ciudadanos a
una salud de hierro, barrenderos inquietos por la falta de recursos
con los que mantener las ciudades limpias como patenas. En
definitiva, gremios de todo tipo y pelaje que andan muy preocupados;
torbellino de conciencias que despiertan para descubrir el valor de
la política como servicio público, el periodismo independiente como
salvaguarda de la democracia, el conocimiento como medio para la
liberación del pueblo y la atención médica universal como garantía
de progreso. ¡Cuánta virtud floreciendo de manera atropellada!
Lástima que España fuera una silenciosa catacumba cuando todo se
pudría.
Cada vez resulta más evidente que no discurrimos por un túnel sino
que estamos atrapados dentro de una caverna. Quizá para volver a ver
la luz del día debamos ser mucho más racionales y, de paso, no sólo
denunciar a los caciques sino también nuestras propias imposturas.
De lo contrario, Kundera tendrá razón: sólo podrán ser optimistas
los cínicos, es decir, los que mandan y manejan la pasta y, también,
quienes de una forma u otra están dispuestos a venderse por un plato
de lentejas.
El significado de la independencia
Ignacio Martín Cronicaglobal.com 12 Noviembre 2013
La principal cualidad del independentista de nuevo cuño es la
irresponsabilidad, en el sentido de que él no era de suyo
independentista, sino que le han obligado a serlo contra su
voluntad. Es cierto que en eso coincide con el independentista de
antes, sobre todo con el que se ha forjado en democracia y bajo un
extenso régimen de derechos y libertades individuales y profunda
descentralización política, pero que a pesar de ello justifica su
independentismo en que España es un Estado antidemocrático y
centralista. El independentismo, el viejo y el nuevo, parte de
premisas imaginarias, de ahí que resulte tan complicado rebatirlo
con argumentos racionales. Con todo, no hay que dejar de intentarlo.
Así, el supuesto paladín de ese independentismo de última hora, el
ex presidente autonómico Jordi Pujol -digo supuesto porque no tengo
claro que Pujol no haya sido siempre un independentista agazapado a
la espera del momento propicio-, no pierde ocasión de proclamar que
se ha convertido al independentismo porque no le ha quedado otro
remedio, ya que "España nos quiere destruir" (sic). Curiosamente, es
él quien se expresa en esos términos a todas luces desmedidos, pero
luego el discurso del miedo lo hacen otros. Lo hacen, claro está,
quienes advierten de los costes políticos, comerciales y
sentimentales asociados a la independencia, esa palabra mágica que
ahora no es nada, que es lo que paradójicamente da alas a sus
partidarios para seguir pregonando libremente que lo significa todo.
Poco les importa el hecho de que el control de constitucionalidad de
las leyes, incluso de aquellas que hayan sido aprobadas en
referéndum por el pueblo, sea uno de los pilares de cualquier Estado
democrático de derecho
Sorprende que a Pujol no le haya quedado otro remedio que hacerse
independentista justo ahora que Cataluña ha alcanzado las mayores
cotas de autogobierno de su historia, y no bajo la dictadura
franquista cuando, por la iniquidad congénita del régimen, más
justificada parecía estar la adhesión a cualquier causa disolvente.
Sin embargo, después de tres décadas de democracia y de
extraordinario progreso económico y social, es precisamente ahora
que las cosas en España han empezado a ir francamente mal por culpa
de la crisis global cuando Pujol ha decidido volver las espaldas al
resto de España y decirle adiós, muy buenas. Él y otros ilustres
independentistas supuestamente sobrevenidos, como el ex presidente
del Parlamento autonómico Joan Rigol o el alcalde de Barcelona,
Xavier Trias, que se ha llevado la palma de la irresponsabilidad
afirmando que aún hoy no es independentista, pero que en un
referéndum secesionista votaría 'sí'. ¡Vaya con el alcalde!
La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto y,
más recientemente, la ley Wert son algunos de los productos
propagandísticos que, debidamente entremezclados con otros más
añejos, los nuevos independentistas traen siempre en la boca para
justificar su conversión. Por un lado, se afanan en presentar la
sentencia del TC como una anomalía que demuestra la escasa calidad
de la democracia española y repiten hasta la saciedad aquello de que
"esto en un país democrático no ocurre". Poco les importa el hecho
de que el control de constitucionalidad de las leyes, incluso de
aquellas que hayan sido aprobadas en referéndum por el pueblo, sea
uno de los pilares de cualquier Estado democrático de derecho que se
precie. En los Estados Unidos el hecho de que las constituciones
estatales sean aprobadas en referéndum no obsta al control de
constitucionalidad tanto por los tribunales estatales como por los
federales. Véase, por ejemplo, la reciente decisión de la Corte
Suprema federal de declarar inconstitucional la reforma de la
Constitución californiana que suponía de hecho la prohibición del
matrimonio gay, una reforma que en el año 2008 había sido aprobada
en referéndum por el pueblo de California. Supongo que Estados
Unidos tampoco debe de ser un país democrático.
¡A ver si va a resultar que Canadá tampoco es un país democrático
según la teoría de los independentistas catalanes!
Por otro lado, sostienen que la ley Wert trata de instituir un
derecho a recibir la enseñanza exclusivamente en castellano, sin
duda porque saben que, si reconocieran lo que realmente dice la ley,
correrían el riesgo de que la mayoría de los catalanes lo
considerara cuando menos razonable. Lo que pretende la ley es exigir
a los poderes públicos catalanes que reconozcan de una vez el
castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto
con el catalán, tal y como establece el TC. ¡Otra vez el TC
interfiriendo en las decisiones del Parlamento autonómico de
Cataluña! Sin embargo, una vez más encontramos un caso parecido,
esta vez en Canadá, donde la Corte Suprema federal declaró
inconstitucional, en el año 2009, la ley 104 de Québec, que
pretendía limitar sobremanera el derecho de los padres quebequenses
a matricular a sus hijos en escuelas públicas en inglés -que allí sí
existe cierta libertad de elección en este aspecto-. ¡A ver si va a
resultar que Canadá tampoco es un país democrático según la teoría
de los independentistas catalanes! ¿Habrá en todo el mundo algún
país auténticamente democrático a la luz de tan acabada teoría? ¿No
será que su teoría no se ajusta a la realidad? ¡Bah!, pues si es
así, ¡tanto peor para la realidad!, dirán parafraseando a Hegel.
Independencia, repito, es una palabra mágica que ahora mismo no es
nada y eso es precisamente lo que permite a sus partidarios insistir
en que lo significa todo: democracia, libertad, igualdad... ¡Todo!
En realidad, no creo que a los independentistas, que hasta ahora han
vivido muy bien achacando todos los males de la sociedad catalana al
Estado español, les interese en absoluto lanzarse a la
independencia, porque se exponen a conseguirla y perder su pretexto
de siempre. Corren el riesgo de que su palabra mágica llegue a ser
algo, y así comprobar que no significa absolutamente nada.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Deprisa, deprisa
Isabel San Sebastián ABC 12 Noviembre 2013
Dice Rajoy que «esta batalla van a ganarla la Justicia y las
personas de bien». La verdad es que, a día de hoy, ambas pierden por
goleada
NO podía esperar hasta hoy la Audiencia Nacional para conocer la
valoración que hace el Tribunal Supremo de la sentencia de
Estrasburgo antes de pronunciarse. Tenía que soltar a esas nueve
carroñas terroristas el mismo viernes, a todo correr, como si se
tratara de inocentes injustamente encerrados y no de criminales sin
conciencia ayunos de arrepentimiento. Debían darse prisa sus
señorías en cumplir lo que sea que haya que cumplir en nombre de la
«paz» y beneficio de asesinos de la calaña de Troitiño, pese a ser
algo tan discutible como para que ocho magistrados se opusieran a
otros ocho. De ahí que Fernando Grande Marlaska se viera obligado a
desempatar inclinando la balanza del lado de la ignominia. Alguien
se lo premiará y a otros tendrá que dar cuentas. El tiempo pone a
todo el mundo en su lugar.
El factor tiempo era y sigue siendo clave. Cuanto antes pase este
trago amargo antes se olvidará. Ése es el razonamiento que se baraja
en estos momentos en los despachos del poder donde se ha fraguado
esta infamia. Una vez asumida como algo aceptable la libertad de
Bolinaga, le presencia institucional de Sortu/Bildu/ETA y la
liquidación de la doctrina Parot, con el argumento esgrimido por
Rajoy en 2008 de que «la paz (negociada por Zapatero con ETA) no ha
tenido precio político», lo mejor es que todos los terroristas
incluidos en la lista de la claudicación sean excarcelados de
inmediato. Claro que se habría podido pelear políticamente en
Estrasburgo o al menos aplazar todo lo posible el cumplimiento de la
sentencia, como subrayan las víctimas en una durísima carta dirigida
al Ejecutivo. Eso fue, de hecho, lo que prometió hacer el Gobierno
cuando conoció el fallo. La realidad es que no ha hecho nada. Ni lo
hará.
Aquí lo único realmente importante desde el punto de vista de los
partidos políticos implicados en el enjuague es la repercusión
electoral de esta humillación. El PSOE, que aspiraba a cubrirse de
gloria poniéndose la medalla del «final del terrorismo», sufrió en
las últimas generales la peor derrota de su historia. Un golpe del
que todavía no se ha recuperado. El PP anda calculando hoy cuántos
votos puede costarle agachar la cabeza ante el pacto y cumplir, en
los plazos previstos, la correspondiente hoja de ruta. Entre los
asesores favoritos del presidente, empezando por el favorito de los
asesores, no se habla de justicia ni de decencia. No se piensa en el
dolor que están soportando las víctimas traicionadas o en la
inmoralidad inherente a permitir, sin oponer una resistencia
numantina, la consumación de tamaña afrenta al honor de los
españoles. Se cuentan papeletas por circunscripciones. Ahí no hay
honor o decencia que valgan. Lo que vale es el poder. Y algunos
creen que para alcanzarlo y/o conservarlo el coraje o la coherencia
son lastres. Yo estoy segura de que se equivocan.
Ya nos hemos tragado a Del Río, Troitiño y «Mamarru». Nos tragaremos
igualmente a Parot y todos los malnacidos que vayan desfilando
triunfantes, camino de una colocación pagada con nuestros impuestos.
Al tiempo… Antes mejor que después. Lo más lejos posible de una
convocatoria a las urnas susceptible de dar rienda suelta a la
venganza de los estafados. Nos dirán que no hay alternativa, pero
será otra mentira. Lo que hay es un precio acordado. Ya se encargará
la banda de agradecer ese pago con un gesto que el Gobierno pueda
vender como un éxito.
Dice Rajoy que «esta batalla van a ganarla la Justicia y las
personas de bien». La verdad es que, a día de hoy, ambas pierden por
goleada.
Ambigüedad socialista sobre la estructura
del Estado
José Antonio Yturriaga www.vozpopuli.com 12 Noviembre 2013
El pasado día 7 el expresidente de la Generalitat José Montilla
advirtió en el Senado de que, si el Gobierno central seguía con su
inmovilismo, podría encontrarse con una declaración unilateral de
independencia de Cataluña y preguntó a Mariano Rajoy qué iba a hacer
el Gobierno al respecto. La interpelación contenía una considerable
dosis de cinismo ya que su partido, el PSC, ha sido uno de los
principales responsables de la situación actual, pues fue su
predecesor al frente del funesto Gobierno tripartito, Pasqual
Maragall, quien levantó la liebre –hasta entonces escondida en la
campiña de CIU-, al reclamar una reforma a fondo del Estatuto de
Sau, que no había sido requerida por la mayoría del pueblo catalán.
El nefasto compromiso de José Luis Rodríguez Zapatero de aceptar
cualquier propuesta que presentara el Parlament fue el detonante que
desencadenó un proceso demencial: adopción en 2005 de un Estatuto
contrario a la Constitución, rebaja insuficiente de su texto por las
Cortes tras un vergonzante acuerdo entre Zapatero y Artur Mas,
aprobación en 2006 del Estatuto en referéndum y sentencia del
Tribunal Constitucional (TC) de 2010 que declaró inconstitucionales
algunas de sus disposiciones básicas. La situación se agravó con la
“huida hacia delante” de CIU y ERC, la connivencia de IU y la
complacencia del PSC, que apoyó el “derecho a decidir”.
La ola provocada por el “aprendiz de brujo” Mas creció hasta el
punto de escapar a su control: explotación de un sentimiento hostil
hacia España por sus agravios a Cataluña, exaltación soberanista en
la “Diada” de 2012, adelanto de las elecciones autonómicas con la
victoria pírrica de CIU y el reforzamiento de ERC –que pasó a
controlar de facto el Govern y a imponer la celebración de un
referéndum de autodeterminación-, “cadena humana” pro-independencia
en la “Diada” de 2013 y abierta insumisión de la Generalitat frente
al Gobierno de la Nación. UPyD puso de manifiesto las ambigüedades e
incoherencias del socialismo al presentar el 29 de octubre en las
Cortes una moción contra del derecho de Cataluña a decidir sobre su
futuro de forma unilateral. Muy a su pesar, el PSOE tuvo que votar a
favor, pero el PSC se abstuvo, revelando sus discrepancias con su
“hermano mayor”.
Desafortunadas declaraciones de Ramón Jáuregui
En vísperas de la Conferencia Política del PSOE –de la que sus
dirigentes excluyeron cuestiones de la estructuración del Estado y
del secesionismo catalán-, su experto en temas constitucionales,
Ramón Jáuregui, hizo unas disparatadas declaraciones que han
mostrado la desorientación de su partido, que ha perdido el norte
como fuerza política con proyección nacional. Así, mantuvo que había
que reformar la Constitución para acomodar a Cataluña y al País
Vasco en España, que se desconocía la diferencia entre
“nacionalidad” y “nación” –noción de la que se había hecho “una
montaña”-, que las singularidades de algunas CCAA justificaba que se
les concedieran distintos grados de competencia, que en las
Comunidades con lengua propia las competencias en materia de
educación deberían ser exclusivas –en estas cuestiones, señaló,
“Cataluña es la que manda”, y reconocerlo solucionaría su “ser y
estar” en España-, y que había que recuperar el Estatut tal y como
fue votado en referéndum por el pueblo catalán.
Las Constituciones no son intocables y la española –que obtuvo en
1978 un considerable respaldo social, especialmente en Cataluña-
puede que necesite la reforma de su título VIII. La solución federal
es tan legítima como la autonómica, la unitaria o la confederal,
pero la difusa propuesta socialista parece poco viable tanto por
razones de forma como de fondo. De un lado, carece del requerido
apoyo para sustituir a un texto que fue adoptado casi por consenso y
el PSOE ni siquiera ha tratado de negociar su eventual modificación
con el partido del Gobierno, como lo hizo con el artículo 135 para
introducir el principio de estabilidad financiera. De otro, no ha
explicitado el contenido de su mágica fórmula federal, que, si
tuviera el carácter igualitario propio de este sistema respecto a
las competencias de los Estados federados y a los derechos de los
ciudadanos, sería rechazada por los nacionalismos por insuficiente.
Como Rajoy ha afirmado –por una vez- con claridad y contundencia,
reformar la Constitución para satisfacer las demandas del
independentismo catalán sería un enorme error en el que no pensaba
incurrir, pues no se podían modificar sus artículos 1 y 2, que
consagran la unidad indivisible de la nación y la residencia de la
soberanía nacional en el conjunto del pueblo español.
Trivialización del concepto de “nación”
Siguiendo la tesis de Rodríguez Zapatero –que en 2004 pontificó que
el término nación era “discutible y discutido en la teoría
política”-, Jáuregui ha preguntado si hay alguien que sepa la
diferencia entre “nación” y “nacionalidad” y la respuesta es
afirmativa. Cualquier persona medianamente informada sabe que el
término “nacionalidades” fue introducido por CIU para distinguir a
las CCAA históricas de las demás regiones que integran la “nación”
española. Según el TC, la Constitución sólo reconoce a la Nación
española y semejante término no puede referirse a otro conjunto que
no sea el pueblo español, por lo que no cabe equiparar las
nacionalidades con la Nación, “patria común e indivisible de todos
los españoles” –incluidos los catalanes-, cuya unidad es
indisoluble.
Cataluña está perfectamente acomodada en España gracias a la Carta
Magna, que reconoce los “hechos diferenciales” de las CCAA y les
concede competencias especiales en las materias en las que existe
una auténtica singularidad, que para el Tribunal son las que tienen
relación con el derecho civil, la lengua y la cultura, la proyección
de éstas en el ámbito de la educación y los sistemas institucionales
propios.
Concederles competencia exclusiva en materia de educación y política
lingüística no está justificado, porque el abuso de ésta –como
ocurre en Cataluña- priva a los altres españoles de derechos
fundamentales como el de la escolarización en castellano. Pese a que
la Ley Orgánica de Educación de 2006 establece que el Estado deberá
velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen
la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos
en materia educativa y lingüística, y de las reiteradas sentencias
del Tribunal Supremo y del TC, la Generalitat se ha declarado
insumisa al cumplimiento de las leyes de España y de las decisiones
de sus tribunales en la materia. Aún menos sentido tendría otorgar a
unas CCAA sí y a otras no competencias exclusivas en materias como
finanzas, fiscalidad, aduanas, justicia, seguridad social u orden
público.
Necesidad de defender la unidad de España
También se equivoca Jáuregui cuando defiende que se debe recuperar
el Estatut que fue votado por los catalanes, porque el TC marcó unas
“líneas rojas” que no pueden ser traspasadas. Dicho Estatuto no es
compatible con la solución federal propuesta por el PSOE, pues parte
de la premisa de que Cataluña es una nación que ejerce su derecho
inalienable al autogobierno por medio de instituciones propias, y
goza de competencias exclusivas basadas en los derechos históricos
del pueblo catalán, en el que reside la soberanía.
Semejante texto llevaría, en el mejor de los casos, a una
confederación de naciones en la que España y Cataluña estarían
situadas en pie de igualdad. De forma bien distinta se ha expresado
la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, al afirmar que
los socialistas defienden la unidad de España, que “nadie nos echará
de la defensa de la Constitución”, y que “no nos podemos permitir
que el PSOE cree desconcierto”. ¡Así sea! El partido debe
recapacitar, abandonar su ambigüedad y sus veleidades nacionalistas,
volver a ser la gran fuerza de centro-izquierda que contribuya a una
ordenada alternancia de poder en España -libre de las hipotecas y
los chantajes de los nacionalismos disgregadores-, y actuar de
consuno con el Gobierno para hacer frente al reto del secesionismo.
Asimismo convendría que tuviera en cuenta la sabia máxima ignaciana
que recomienda, “en tiempos de adversidad, no hacer mudanza”
Una misión
ARCADI ESPADA El Mundo 12 Noviembre 2013
«Gallardón debe destinar tiempo y dinero para esclarecer los
crímenes de ETA no resueltos»
Hay un hombre en el gobierno que tiene por hacer un trabajo ejemplar
desde el punto de vista de las exigencias del Estado de Derecho. Es
el ministro de Justicia y su trabajo consiste en detallar hasta qué
punto va a extenderse la impunidad sobre los asesinatos de ETA. Hace
un tiempo la Fundación Víctimas del Terrorismo elaboró un
escalofriante informe sobre los crímenes sin resolver del
terrorismo: unos 300, cerca del 40% del total. Se apreciará la
primera afrenta, que es la de los números redondos. La primera
obligación de un Estado es contar bien: el fundamento de toda moral.
Algunas personas que participaron en la elaboración de ese informe y
que luego se personaron con él en la Audiencia para acabar con los
números redondos quedaron sobrecogidas ante la magnitud del
desorden. Puede resumirla esta evidencia: los jueces no sabían
cuántos crímenes tenían autor conocido. La impresión subsiguiente
fue aún más devastadora: con los medios de que disponían era
imposible que hicieran ese trabajo. Así pues la primera obligación
del ministro Gallardón es destinar hombres y dinero. El trabajo no
deben hacerlo las víctimas ni los periodistas ni los contables. Es
un trabajo de Estado. El porcentaje de crímenes etarras no resueltos
es abusivo.
Este es un momento idóneo para el trabajo. El arrepentimiento se
demuestra andando y todavía hay bastantes etarras por arrepentir.
Sería magnífico que exprimieran ¡su memoria histórica! y ayudasen al
ministro a drenar la laguna del dolor. ETA ha sido derrotada; pero
hay decenas de asesinos que han obtenido tremendas victorias
parciales. El ministro debe impulsar un plan por las mismas razones
que debe acatarse la sentencia de Estrasburgo. Y debe hacerlo sin
miedo a que su trabajo acabe señalando la hosca verdad: que algunos,
acaso muchos, de esos crímenes no podrán resolverse. Más que
arreglos vergonzantes vinculados con el posterrorismo yo percibo en
la inacción ministerial el temor a que el Estado deba asumir que no
solo no pudo impedir la muerte sino que ni siquiera pudo ponerle
nombre. Lo comprendo. Pero ese no sería el reflejo correcto de un
gobernante democrático.
En España hay una gran afición a abrir las tumbas. La única causa
seria y real es que nunca fueron bien cerradas.
Crece la tensión catalana
Pablo Sebastián www.republica.com 12 Noviembre 2013
Los modales exhibidos en la comisión de investigación que en el
Parlamento catalán estudia lo ocurrido en la crisis de las Cajas de
Ahorro catalanas durante la reciente crisis financiera dan una idea
del nivel y los modales políticos que algunos están exhibiendo en
Cataluña, desde que se inició el proceso secesionista que lidera
Artur Mas. Ayer a Rodrigo Rato los diputados de CUP e ICV, David
Fernández y Josep Vendrell, lo llamaron gánster y carroñero, entre
otras descalificaciones que son inaceptables en un parlamento y
nunca debieron ser consentidas por la presidencia de ese debate. Por
otra parte el Consejo Asesor para la Transición Nacional, un ente
extraño que asesora a Artur Mas en su proceso para la independencia
de Cataluña ha decidido el solicitar del Estado español que le ceda
su competencia sobre la capacidad de convocar referéndums o
consultas en pos de avanzar en el proceso soberanista y a sabiendas
que la respuesta del Estado será ‘no’.
Parece cierto que Rato tiene responsabilidades por acción o por
omisión en el fallido caso de Bankia, su salida a Bolsa y puede que
también en el caso de las preferentes aunque no fue el quien las
puso en marcha, pero eso está ahora en los tribunales y de ello se
ocuparan los jueces y las autoridades competentes de la
Administración. Rato también compareció en el Congreso de los
Diputados y ahora se ha prestado a hacerlo en la cámara catalana,
pero los insultos intolerables de los diputados de CUP e ICV
debieron haber provocado la suspensión del debate y dan una idea de
los modales fascistoides y antidemocráticos que practican algunos
partidos. Formaciones en los que se adivina una agresividad
incontrolada que a buen seguro o no lucieron o no lucirán ante un
banquero más cercano a Cataluña como es el ex alcalde de Barcelona y
ex vicepresidente del Gobierno de España, Narcís Serra, también ex
presidente de Caixacatalunya, y ahora imputado por la quiebra y
despilfarros de esa entidad.
Todo esto, y los desafíos contra la nada del citado Consejo Asesor
de Mas, pidiendo la luna al Estado español, solo busca calentar el
ambiente e invitar al enfrentamiento y a la provocación. Con el solo
objetivo de conseguir que el Gobierno de España empiece a ceder a
sus pretensiones y se disponga a negociar bajo amenazas y la
continua provocación. Y todo ello, también, para a la vez crear
tensión en vísperas de la presentación de la famosa pregunta sobre
el ‘derecho a decidir’ que Artur Mas espera consensuar antes de
finales de este año con CiU, ERC, ICV, CUP y PSC. Algo difícil de
imaginar en lo que al pleno de los apoyos se refiere si los de Unió
mantienen sus posiciones de tercera vía, y el PSC no se presta a
seguir colaborando con la autodeterminación, lo que de ocurrir
volvería a abrir la crisis interna del PSOE.
Todos estos escenarios, a los que el presidente Rajoy y el PP les
suelen quitar ‘hierro’ para no tensar mas desde Madrid la cuerda que
va camino de la ruptura, anuncian un fin de año caliente y un 2014
mucho peor a medida que se vaya acercando la fecha de la Diada
catalana del día 11 de septiembre en la que Mas y Junqueras
pretenden celebrar su referéndum por las buenas, lo que es
imposible, o por las malas, lo que también será imposible.
¿Cuáles son las estrategias y las respuestas políticas y también de
opinión pública que están preparando el gobierno de Rajoy y el
primer partido de la oposición el PSOE ante todo esto? No se sabe,
pero ya es hora de que se lo empiecen a tomar en serio y que no
desdeñen tanto el desafío institucional, legal y político como la
batalla de la opinión pública en Cataluña y en el resto de España.
Sobre todo porque esa batalla ya la están perdiendo los españolistas
en el territorio catalán por no haber dado respuestas claras y
contundentes a los ataques del nacionalismo secesionista, y a los
modales intolerables con los que tiene tanta condescendencia el
presidente catalán, Artur Mas.
www.pablosebastian.com
Cataluña
El Holocausto catalán
Pablo Planas Libertad Digitial 12 Noviembre 2013
No ha habido en la historia de la humanidad una tragedia equiparable
a la del pueblo catalán. Miles de años de barbaridades, genocidios,
exterminios y masacres, pero nada supera en dramatismo, crueldad y
dolor la travesía histórica del catalanismo, el sufrimiento de un
pueblo sometido desde 1714 a la tiránica dominación española. La
cosa es tan grande que hasta en Israel se quedan maravillados ante
la resistencia, pervivencia y subsistencia de una Cataluña, cuna de
las libertades y escenario de leyenda, cercada por fuerzas de una
envergadura colosal, a medio camino entre una aldea gala y el gueto
de Varsovia.
No es precisamente recomendable hablar en balde sobre asuntos como
el Holocausto ni hacer comparaciones con los atentados de las Torres
Gemelas; pero al nacionalismo catalán le está permitido tanto lo
primero como lo segundo. Por ejemplo, el Museo del Borne, que fuera
mercado central de verdudas y hortalizas, es propagado por los
publicistas de la Generalidad como la "zona cero" de Cataluña en
virtud de unas supuestas ruinas que se corresponderían
hipotéticamente al escenario de la última carga de Antonio de
Villarroel. Tremendo aquello. Lo del 11-S, una parida al lado del
Onze de Setembre de hace 299 años.
La banalización de la historia y la victimización son dos de los
rasgos esenciales del nacionalismo catalán. A partir de ahí, de la
seguridad de ser el pueblo elegido, la superioridad moral es una
gracia divina e incontestable que asiste al catalán consciente, al
nacionalista propiamente dicho. En CiU, por ejemplo, se jactan de
tener unas magníficas relaciones con Israel precisamente porque el
pueblo judío estaría a cierta altura del catalán en materia de
supervivencia en condiciones hostiles, tanto en el pasado como en la
actualidad.
La prepotencia catalanista llega a cotas insólitas. Jordi Pujol, en
sus memorias, editadas en 2009, relata la discusión que protagonizó
con una guía del Museo del Holocausto en su primera visita a Israel.
Corría 1987. "Yo ya hacía tiempo que era consciente de lo que el
Holocausto significó y es una de las razones de mi filojudaísmo. De
todos modos, no me gustan algunas utilizaciones que los judíos en
general y los sionistas en particular a veces hacen de esa tragedia.
Considero que tienen toda la razón del mundo, pero hay momentos en
que me veo obligado a poner freno a algunas conclusiones que extraen
del genocidio ejercido contra su pueblo", escribe el patriarca
respecto al episodio.
No es de extrañar, por tanto, que Artur Mas se desenvuelva en su
visita a Tierra Santa como Messi por Japón, una especie de santón
carismático encarnación de las sobresalientes virtudes de una
estirpe que ya en lo de Caín fue Abel y David contra Goliat. De ahí
que no tuviera empacho alguno en comparar la situación política
catalana del momento con lo de Israel antes y ahora, grosso modo.
Según la crónica del enviado especial de La Vanguardia,
la conferencia en la Universidad de Tel Aviv tuvo también un
trasfondo históricopolítico (sic) con el que el president establecía
una cierta complicidad entre Catalunya e Israel en relación al
proceso soberanista. Primero recordó la frase de Bill Clinton: "El
mundo será talibán o catalán" y concluyó: "Ahora Catalunya se
encuentra en una encrucijada. Es verdaderamente excitante para una
nación con varios siglos de historia construir un Estado a pesar de
las enormes dificultades y obstáculos que hay que superar, es un
desafío que ustedes conocen bien".
A Moisés van a enseñarle a pastorear rebaños...
Olvidadizos y 'olvidadores'
ALFONSO PINILLA GARCÍA El Mundo 12 Noviembre 2013
Desde que el Tribunal de Estrasburgo derogó la doctrina Parot, casi
todos los viernes se escenifica en España la palmaria demostración
de nuestro craso error. El pasado 8 de noviembre, la Audiencia
Nacional decidió, por exigua mayoría, excarcelar a nueve etarras, a
nueve asesinos múltiples cuya sola presencia en la calle asquea
tanto como asusta.
Con Zapatero en el gobierno comenzó el proceso y con Rajoy continúa,
lo cual nos corrobora que este bipartidismo restauracional y
canovasagasista discute en el escenario mientras se abraza entre
bambalinas.
El gran error del anterior ejecutivo socialista fue apostar por la
integración de ETA en el sistema sin haber exigido, previamente, su
disolución. Cualquier democracia con mayúsculas, cualquier Estado de
Derecho con verdaderos galones, habría optado por el camino inverso:
primero disolución y, sólo después, posible apertura de un diálogo
tan cauto como sereno con quienes desprecien en público y en privado
la violencia. Pero no, afectado de la posmodernidad que alumbra ese
pensamiento débil donde valen lo mismo ocho que 80, el gobierno
socialista se invistió de aprendiz de brujo y quiso trazar atajos
-esta vez, afortunadamente, sin el desvarío ético y antidemocrático
de los GAL- en vez de apostar por el camino más directo, diáfano y
eficaz: ante los delincuentes la ley, sólo la ley, nada más que la
ley.
Y es que cualquier negociación política es imposible sin la
disolución evidente, y confirmada, de la banda terrorista. Sólo
cuando ésta se hubiera confirmado, aquella podría haberse explorado,
pues si las ideas empiezan a apoyarse en argumentos y palabras en
vez de en pistolas y bombas, el delicado andamiaje de la convivencia
puede surgir de las cenizas del horror.
Es evidente que hay un conflicto político-identitario en el País
Vasco, como es evidente que existe en Cataluña, pero la regulación
civilizada de los conflictos políticos sólo cabe en la tribuna de
las Cortes. Si no, nada hay que hablar con quien esgrime la sangre
de otros como argumento arrojadizo. Cuando ETA prefirió el camino de
las armas quedó deslegitimada como interlocutor político. Por eso se
han confundido todos los gobiernos que, con la mejor de las
intenciones quizá, pero cometiendo el mayor de los errores también,
han visto bajo una chapela y una capucha al representante de un
pueblo con quien podía intercambiarse cromos de autogobierno y otros
«encajes periféricos». No, bajo estos ropajes anacrónicos sólo hay
un delincuente que mata y, como tal, hay que tratarlo.
Al burlar este axioma empezamos a perder la batalla de la
legitimidad, de la credibilidad de un relato que ya empiezan a
escribir otros, aquellos que sólo se han quitado la capucha para
guardarla, por si acaso, en el bolsillo del terno de alcalde,
diputado o concejal.
El gobierno de Rajoy ha asumido el proceso, permitiendo la
integración de ETA en el sistema sin que la banda se haya disuelto
aún. Y mientras la memoria de las víctimas se va perdiendo, sólo
cabe luchar por la escritura veraz y rigurosa de una historia que
muchos quieren silenciar. Hay fuentes para desarrollar ese relato.
Ahí está el libro de Ángeles Escrivá, con las oprobiosas actas de la
banda, para indagar en la historia reciente, y creciente, de esta
ignominia.
Sólo hay que tirar del hilo y denunciar a los olvidadores, aquellos
que desde algunos medios de comunicación y algunas tribunas
políticas imponen silencio sobre lo ocurrido y miran hacia otro
lado. Mario Benedetti escribió que los «olvidadizos» son simpáticos
y nada peligrosos. Son despistados, olvidan sin querer, lo hacen sin
intención. Pero ¡qué peligrosos son los olvidadores!, los que llenan
de hueco y vacío el mosaico de la memoria. Son aquellos que eliminan
parcelas del ayer con plena consciencia de su sistemático borrado,
los que mueven el poliedro de la memoria colectiva con la mano de la
actualidad, enseñando aquella cara que más interesa en cada momento.
Son, en fin, los protagonistas del 1984 orwelliano, donde «el que
controla el pasado controla el futuro, y el que controla el presente
controla el pasado».
Esos olvidadores falsean la historia, ofreciendo parciales versiones
y visiones de la misma, construyendo ad hoc relatos
auto-legitimadores. Pero, aunque peligrosos, tienen un talón de
Aquiles. Benedetti vuelve a resumírnoslo con una frase: «cuando por
la mañana me levanto y me digo quiero olvidarte, lo único que estoy
haciendo es acordarme de ti».
Aquellos medios de comunicación y poderes fácticos que aplican el
olvido sistemático sobre las víctimas fracasan, porque el olvido,
cuando es consciente e impuesto, está lleno de memoria. Quieren
pasar por olvidadizos, pero no son más que aviesos olvidadores. Y en
esa contradicción se halla, quizá, la única esperanza que le queda a
quien se atreva a escribir esta historia.
Alfonso Pinilla García es profesor de Historia Contemporánea en la
Universidad de Extremadura.
Será la Audiencia la que decida
El Supremo asume la sentencia de
Estrasburgo y entierra la doctrina Parot
Tras el fallo de Estrasburgo, el Tribunal Supremo sostiene que no se
podrá aplicar más la doctrina Parot de forma retroactiva.
ÁNGELA MARTIALAY Libertad Digitial 12 Noviembre 2013
El Pleno del Tribunal Supremo acata el fallo de Estrasburgo y
entierra la jurisprudencia que este propio órgano creó en 2006
cuando decidió alargar la estancia en prisión del sanguinario etarra
Henri Parot.
Los 16 magistrados de la Sala de lo Penal han acordado este viernes
–tras tres horas de deliberaciones- que la ‘doctrina Parot’ no podrá
aplicarse de forma retroactiva en nuestro país para aquellos presos
que fueron condenados con arreglo al Código Penal de 1973, tal y
como sentenció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el
caso Inés del Río.
La Sala, por doce votos a favor y cuatro en contra, ha dictaminado
que la ‘doctrina Parot’ no podrá seguir aplicándose para quienes
siendo condenados con anterioridad del 28 de febrero de 2006 –fecha
en la que el Alto Tribunal sentó la jurisprudencia- tenían como
límite máximo de estancia en prisión el periodo de 30 años sobre los
que se descuentan las redenciones ordinarias y extraordinarias
obtenidas durante el tiempo de encarcelamiento.
El Alto Tribunal explica que a partir de ahora se aplicará la
jurisprudencia anterior al 28 de febrero de 2006 cuando no existía
la doctrina Parot. Para ello, el Pleno da vía a libre a la Audiencia
Nacional y al resto de tribunales sentenciadores para que resuelvan
caso por caso, escuchando previamente a las partes, y sabiendo
siempre que las decisiones serán recurribles en casación ante el
propio Supremo.
Igualmente, el Tribunal envía un claro mensaje a las Cortes. Los 16
magistrados consideran necesario "que el Poder Legislativo regule
con la necesaria claridad y precisión el cauce procesal adecuado en
relación con la efectividad de las resoluciones del TEDH".
La reunión se produce después de que el pasado viernes el Pleno de
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordara no esperar al
criterio del alto tribunal, que era lo que le había solicitado la
Fiscalía y solicitó una buena parte de los magistrados de este
órgano, y excarcelara a nueve etarras, entre ellos Domingo Troitiño,
que habían visto alargada su estancia en prisión después de que les
aplicaran la doctrina Parot. A partir de hoy, las imágenes de presos
de ETA y delincuentes reincidentes saliendo de prisión se repetirán
día tras día. El goteo de excarcelaciones es ya imparable.
"Ser más rojo"
El PSOE renuncia al centro ideológico
GUILLERMO MORENO www.gaceta.es 12 Noviembre 2013
Los socialistas se traicionan y radicalizan sus objetivos. Hipotecan
su futuro con posturas más próximas a IU para frenar la huida de
votos hacia las filas comunistas.
Dos años después de sufrir el mayor varapalo electoral de su
historia, el PSOE organizó durante el pasado fin de semana una
Conferencia Política en Madrid para olvidarse de los postulados más
centristas y retomar de lleno al socialismo más duro y radical,
sabedor que su electorado se desangra por la izquierda y está
engordando los votos de Izquierda Unida.
Alfredo Pérez Rubalcaba, el cuestionado secretario general, cerró la
Conferencia hablando de la vuelta de un PSOE “fuerte, unido y con
ideas”, un PSOE renovado y dispuesto a hacer de nuevo políticas de
izquierda, pero alejado de la socialdemocracia de los últimos
Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.
Este giro inesperado de posiciones de centro izquierda hacia
posturas más agresivas deja el centro político huérfano de un
partido que lo represente. El PSOE ha decidido apostar por captar
votos entre los jóvenes más radicales e insatisfechos que huían
hacia IU a costa de perder a esos socialistas más centrados que no
quieren saber nada de posiciones radicales. José Bono, ex ministro
socialista fue claro al respecto al afirmar que “en cuestiones de
Estado prefiero sentarme en una mesa con el PP que con Cayo Lara”.
El líder de los socialistas expuso como colofón de la Conferencia
una serie de medidas muy manidas que confirman el viraje a la
izquierda más extrema. Quiso dejar bien claro que cuando vuelvan al
poder los más ricos pagarán más impuestos y habrá rebajas para los
más pobres; también lanzó su píldora anticlerical al afirmar que la
Iglesia no tendrá las ventajas que tiene ahora y se denunciarán los
acuerdos con la Santa Sede; declaró sin rubor que el PSOE es un
partido claramente republicano, aunque mostró, entre silbidos de los
asistentes, su “máximo respeto” hacia la Monarquía; anunció que en
cuanto lleguen al poder derogarán la reforma laboral, la Ley del
Aborto y volverán a garantizar para todos los españoles una Sanidad
y una Educación pública y gratuita. En suma, vino a decir que van a
volver a hacer todo lo que no ha hecho “una derecha desalmada”, como
manifestó durante su incendiario discurso ante las máximas
autoridades del partido.
Estas son las conclusiones de una Conferencia Política que ha
pretendido mostrar a un Alfredo Pérez Rubalcaba firme y con mando en
plaza pero que, según lo visto, se ha quedado en un ejercicio
político vacío donde no se ha hablado de los problemas que de verdad
interesan a los sufridos votantes socialistas: fijar una fecha para
celebrar unas primarias que definan cuanto antes un candidato a la
Presidencia del Gobierno para que tenga tiempo para preparar la
vuelta a la Moncloa y, por otro lado, solucionar las relaciones
entre el PSOE y el PSC, prácticamente inexistentes después de la
insalvable distancia entre ambos respecto al derecho a decidir
impulsado por la Generalitat de Cataluña.
“Más rojos”El PSOE que sale de su Conferencia Política reniega
frontalmente de las medias liberales que tomó el Gobierno de
Zapatero en mayo de 2010 para afrontar algunos de los momentos más
duros de la crisis económica. El nuevo PSOE quiere, como dijo Elena
Valenciano “ser más rojo”, alejarse de postulados centristas y
captar votos entre los ciudadanos más de izquierdas.
El laicismo de los socialistas, que en realidad es un puro
anticlericalismo, choca contra la realidad, ya que el 78% de los
votantes del PSOE se consideran católicos y una parte de ellos son
también practicantes. El PSOE, según las últimas encuestas, tiene
más margen de captar votos entre los católicos que incluso el propio
Partido Popular.
Otras medidas populistas que le acercan a posiciones más cercanas al
comunismo son la limitación de salarios en las empresas, el aumento
del IVA para artículos de lujo, donde pretenden incluir la educación
y la sanidad privadas.
El PSOE, dentro de las medidas de futuro que ha presentado durante
el fin de semana, no ha hablado de ninguna que se centre en reducir
gastos, ya sea a nivel estatal o autonómico, sino que su principal
objetivo se centra en subir impuestos con un agresivo programa
recaudatorio que, según tienen previsto, espera recaudar 50.000
millones de euros.
España
La Generalitat rechaza los medios del
Estado para sofocar un incendio fuera de control en Gerona
pablo muñoz / madrid ABC 12 Noviembre 2013
El Gobierno había ofrecido enviar a la Unidad Militar de Emergencias
y medios de Protección Civil
La Consejería de Interior de la Generalitat den Cataluña ha
rechazado la ayuda del Gobierno para colaborar en los trabajos de
extinción de un incendio forestal que afecta las localidades
gerundenses de Vilopriu y Camallera, que ha arrasado ya 400
hectáreas y que ha obligado a desalojar a un centenar de personas.
Segun ha podido saber ABC, el Ejecutivo ofreció los servicios de la
Unidad Militar de Emergencias (UME), que cuenta con una acreditada
trayectoria en este tipo de incidentes. Al no ser aceptada por la
administración autonómica, desde la Delegación del Gobierno se puso
a disposición del Ejecutivo de Artur Mas medios de Protección Civil,
pero el ofrecimiento igualmente declinado.
Pese a ese nuevo rechazo, el Gobierno ha insistido en su
colaboración y ha puesto a disposición de la Generalitat medios
aéreos, que al parecer sí podrían ser finalmente aceptados por los
responsables de la Consejería de Interior.
Los Bomberos de la Generalitat han trabajado durante la madrugada
con unas sesenta de dotaciones para estabilizar el perímetro del
incendio, sobre todo en el flanco derecho y la cabeza del fuego, que
continúa activo. Medios aéreos -tres helicópteros bombarderos y dos
aviones de vigilancia y ataque- se encuentran disponibles para
trabajar en el incendio, pero están a la espera de la velocidad del
viento para poder despegar.
El incendio ha afectado a unas 400 hectáreas de vegetación agrícola
y forestal y, aunque no constan daños personales, se han evacuado
unas 100 personas, 50 trasladadas a Sant Jordi Desvalls y otras 50
que han decidido irse de casa, informa Ep.
El fuego, que se declaró a las 18.22 horas del lunes, fue atizado
por las fuertes rachas de viento de tramuntana, que en algún momento
alcanzaron los 60 kilómetros por hora, y que amainó ligeramente por
noche, pero que avanzaba a cuatro kilómetros por hora. La Consejería
de Interior ha activado el nivel 3 del Plan Alfa, el más elevado, en
las comarcas gerundenses de Alt Empordà, Selva y Gironès, y ha
decidido suspender el transporte escolar en el Alt Empordà de
acuerdo con el Consejo Comarcal.
Con este plan, prohíben el acceso a los macizos de Gavarres y
Cadiretes, además de que este plan también se ha decretado en su
nivel máximo en las comarcas de Tarragona -Conca de Barberà, Alt
Camp, Baix Camp, Baix Ebre, Terra Alta, Montsià, Ribera d'Ebre y
Priorat-, donde también se han prohibido realizar quemas y el acceso
a algunos macizos. El Servei Català de Trànsit (SCT) mantiene
cortadas la mañana de este martes la C-66 en Pera y Celrà, la
GIV-6232 en Vilopriu, la GI-634 en Colomers y la GI-642 en Pera a
consecuencia del incendio forestal.
Recortes
de Prensa Página
Inicial
|