AGLI Recortes de Prensa   Martes 12  Noviembre 2013

La broma esta
Kiko Méndez-Monasterio www.gaceta.es 12 Noviembre 2013

La partitocracia ya ha durado demasiado, y en algún momento habrá de irse a hacer puñetas

Es muy absurdo que los portavoces oficiales del PP se lancen a criticar con tanta desmesura la Conferencia Política del PSOE. Por pura coherencia histórica, más les valdría tomar buena nota de los caminos ideológicos que marcan los socialistas, porque no tardarán en transitar esas sendas entusiasmados, como lo han hecho siempre, por mucho que lloviese. Así que aunque algunos –de cara a los micrófonos– marquen tantas distancias, es muy probable que los más avispados ya estén preparando los discursos federales, republicanos y laicistas, no vaya a ser que todo se desencadene demasiado rápido. Desde luego, lo de la confrontación ideológica y argumental queda descartada, no vaya a ser que cualquiera les acuse de franquistas.

Ya sabemos que desde que a Felipe González le indicaron que debía renunciar al marxismo en Suresnes, no ha existido PSOE más radical que el de Zapatero, ese presidente autodenominado el rojo, que abrió su legislatura poniendo el cadáver de su abuelo sobre la tribuna del Congreso, como si en vez de un programa de Gobierno trajese bajo el brazo una venganza gitana. Y, como bien saben los sorayos de este Ejecutivo, el Partido Popular no ha modificado ni una sola de las medidas ideológicas que impuso el zapaterismo, desde el aborto barra libre hasta la ley de Memoria Histórica, pasando por la persecución de la libertad lingüística en varias regiones o la continuidad –todavía vigente– de la autorización parlamentaria para negociar con ETA. Ya es una verdad a gritos –en las propias sedes del PP– que el Gobierno tecnocrático de Rajoy parece conformarse con la gestión de la crisis económica, cuyo primer resultado político será, indefectiblemente, la continuidad de un sistema diseñado por la izquierda y los nacionalistas. Es como si los chicos de Génova se hubiesen convertido en consultores de Ferraz, encargados de conseguir que la empresa familiar vuelva a ponerse en marcha.

Asumida esta realidad como se asumen las fases del duelo –negación, negociación, depresión e ira– uno va aceptando que el tiempo político que nos ha tocado vivir no va a resultar precisamente esplendoroso. Siendo españoles de la modernidad, por pura estadística era muy probable que así sucediese, así que el lamento ha de ser breve. Pero incluso revistiéndose de una resignación beatífica, por algún resquicio irracional a veces se cuelan vapores optimistas, casi seguro que inmotivados, pero que dejan ver la posibilidad de una reacción, mejor dicho, de un recambio. Quizá porque la broma esta de la partitocracia ya ha durado demasiado, y en algún momento habrá de irse a hacer puñetas.

El despilfarro justiciable
g.garcía-alcalde La Opinion  12 Noviembre 2013

Parece contradictorio que los tribunales condenen a los partidos políticos por recibir donaciones privadas y sean indiferentes al latrocinio de dineros del contribuyente que consuman casi todas las televisiones autonómicas. No hay una sola norma legal que legitime el despilfarro multiplicador de los presupuestos que aprueban los parlamentos regionales, razón que ilegaliza por sí sola el gasto sobrepasado y convierte a sus responsables en delincuentes presuntos. Si es necesario llegar a la elefantiasis de la radiotelevisión valenciana para romper el proceso y tomar conciencia de su enormidad, es que el país y su democracia están más enfermos de lo que vemos, que ya es mucho. Un gigantismo de crecimiento canceroso, un ERE mal formulado y su anulación en tribunales, seguidos del cierre "patronal" innegociable, son las fases de lo que ahora desemboca en escandalosa catarsis, sin soluciones para la víctima de siempre: un cuerpo profesional y laboral que no se coló en el medio a la zorruna y con nocturnidad, sino que entró requerido y contratado por el patrón.

Es más que una hipótesis el que, de no mediar la crisis económica, no hubiéramos tenido noticia de ERE, ni de cierres. O sea que la administración autonómica de Valencia seguiría malgastando a lo loco el dinero de los contribuyentes, con su cortejo de presuntas mordidas, favores, clientelismo y demás. Aunque demorado, el crac final sería el mismo, lo que significa que las administraciones públicas no son tan solo víctimas de la crisis llegada de afuera, sino causantes en muy alta medida. Y lo más negro es que esos derroches bufo-faraónicos no tienen justificación alguna. La RTVV tenía un índice de audiencia miserable y había perdido todos los argumentos justificatorios, desde el de servicio a una lengua diferenciada, que otras alegan con mayor verosimilitud, hasta el de entretener simple y llanamente. Por las razones que fuesen, ese medio carísimo, capaz de reventar por sí solo la fiabilidad económica de una de las principales autonomías del Estado, no recibía sino desprecio por parte de quienes lo pagaban a su pesar.

Y ahí está la contradicción que criminaliza a sus autores o, por lo menos, hace de ellos sujetos justiciables: gastar muy por encima de lo que autorizan los órganos representativos, carecer de argumentos para justificarlo y abolir de un plumazo, sin debates ni votaciones, aquello que la torpeza ha hecho insoportable, conculcando derechos laborales que están muy por encima de todas las discrecionalidades políticas. ¿Es esto menos grave que aceptar donaciones en metálico para una campaña, si no conllevan contraprestaciones? No lo parece, y, sin embargo, ni otras autonomías, ni partidos distintos del responsable de este caso concreto alzan la voz ni exigen consecuencias. Todos aspiran a mandar y nadie está exento de error. Hoy por ti mañana por mí: los fallos de gobierno no se pagan ni siquiera en dimensiones como la valenciana, que no es exclusiva del gobierno de Fabra sino que viene de los anteriores, demasiada tela para un traje a rayas. Todos ellos han hecho lo mismo: arrimar sumas ingentes devengadas por el pueblo a un instrumento de propaganda unilateral que pasa de devolver un fruto proporcionado y solo desprecio merece del pueblo que paga. Ahí están la raíz, el tronco y las ramas de esta sordidez, esta vergüenza que debería mover a reflexión a los demás tinglados televisuales. Pero no moverá nada, y así hasta el siguiente crac.

Mercado español único
Manuel Molares do Val Periodista Digital  12 Noviembre 2013

Siguiendo una directriz de la UE el Parlamento dominado por Rajoy ha elaborado una Ley de Unidad del Mercado para que todo bien o servicio aprobado u homologado en una Comunidad Autónoma o por el Gobierno sea legal en toda España.

La oposición se ha opuesto porque, dice, es una ley centralizadora y deja a las CC.AA. sin autoridad en su territorio; sólo UPyD se ha abstenido.

Hasta ahora un fabricante de carrocerías de autobús, de ascensores o de herramientas de trabajo de una Comunidad podía tener problemas para vender o usar su producto en las 16 CC.AA. restantes.

Algunas no aceptaban las homologaciones de otros territorios, e imponían las normas dictadas por su propio Parlamento.

Miles y miles de horas en cada institución regional establecen el sexo de los ángeles de un destornillador, por ejemplo, para legislar cómo debe ser, aunque sólo en su territorio, pues los otros sexan sus propias normas para igual objeto.

Cada parlamento legisla sobre el radio que deben tener las curvas de las carreteras, el porcentaje de azúcar de los dulces o las características técnicas de los calcetines o de los cinturones de seguridad de un autobús.

Todo ello debería ser igual en toda España, como lo es en Europa, pero los parlamentos regionales y demás centros políticos algo tendrán que hacer porque, si no, ¿para qué sirven los 33 diputados de La Rioja, que tiene 323.000 habitantes, por ejemplo?, o ¿cómo se explica que 145.000 españoles vivan de la política?

Con la futura ley lo legislado por el Parlamento español o por el de cualquier Comunidad deberá valer en toda España, y entonces, ¿sobre qué sexo de los ángeles de los destornilladores legislarán los diputados de cualquier autonomía si ya todo estará legalmente atornillado?

Canal 9: mentalidad estatista
Almudena Negro www.gaceta.es 12 Noviembre 2013

Ignacio González debería cerrar Telemadrid, con o sin déficit, por pura higiene democrática.

Que, en el caso de que el TSJV echase atrás el ERE de RTVV, el Gobierno autonómico cerraría tanto la televisión como la radio públicas era algo bien sabido. Lo había reconocido por escrito meses atrás Fabra, empeñado en hacer caso a una directora del ente que le aseguraba que los jueces les darían la razón y que ahora ha huido de la quema. Sea como fuere, la chapuza jurídica, tan típica de la burocracia, ha obligado al PP valenciano a tomar una buena medida. Sí. Buena medida. Porque las televisiones públicas, manipuladas como ahora aciertan a reconocer los mismos periodistas que durante lustros callaban mientras vivían a costa del contribuyente, no son un derecho sino que son un exceso. La democracia no se mide en función del derroche o el número de medios de comunicación sometidos al poder político, como se han empeñado en afirmar estos días algunos. TV3, por ejemplo, no es ningún derecho de los catalanes. Es una majadería hortera sostenida en plena crisis por una oligarquía empeñada en “construir nación” a costa de farmacéuticos, hospitales y colegios.

No son menos oligárquicas el resto de televisiones públicas, incluida la aburrida TVE o la cursi Canal Sur. O la televisión “de la Xunta” que es como los gallegos, siempre con su característica y maravillosa retranca, denominan a la Televisión Gallega. Y es que a nadie se le escapa que se trata de medios de comunicación al servicio del Gobierno de turno pagados a costa del contribuyente. Desde el gol-Vota PSOE de María Antonia Iglesias hasta el “Ce-Ce-O-O” de Urdaci, lo único para lo que sirven es para hacer la competencia a la empresa privada –¿les cuento a cuánto nos ha salido cada capítulo de Águila Roja?– y tratar de manipular al personal.

Es la mentalidad estatista, esa que reza que el Estado, tu padrecito, debe incluso de pensar por ti, la que estos días está saliendo en defensa de lo ineficaz, propagandístico y parasitario. Nada nuevo bajo el sol.

Ahora, la espada de Damocles del paro se cierne sobre los periodistas y profesionales de Telemadrid, pendientes también de recurso judicial interpuesto por los mismos sindicatos que no esperaban que el PP valenciano cumpliera su palabra y acaso por ello celebraban, nada más conocerse la sentencia, una victoria que supone el paro para centenares de trabajadores. En este caso, además, han sufrido una verdadera campaña de violencia, que obligó incluso a intervenir a la APM, normalmente tan complaciente con la izquierda.

Ignacio González dice que lo tiene claro: si la televisión madrileña resulta deficitaria, se cierra. Debería, empero, cerrarla con o sin déficit. Por una cuestión de higiene democrática.

La renovación del CGPJ, en punto muerto
Editorial www.gaceta.es 12 Noviembre 2013

La historia se repite. Si la última renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se demoró dos años, ahora puede ocurrir otro tanto. Hace algo más de un mes que expiró el mandato de cinco años del CGPJ, pero la pelea entre el PP y el PSOE por repartirse el control del nuevo y devaluado órgano de gobierno de los jueces sigue paralizando la renovación de sus 20 miembros. Y la codicia de unos y otros ha arrastrado las negociaciones a un punto muerto. La politización de la justicia se mantiene en su punto más álgido y tanto populares como socialistas han incumplido y prorrogado ya tres veces el plazo para cerrar esas negociaciones.

Las razones son distintas, pero en ambos casos la unidad de criterio es inexistente. El PP no tiene ninguna prisa porque cuenta con la mayoría necesaria de tres quintos en el Senado para imponer a los 10 vocales que corresponde elegir a la Cámara Alta; y si persiste el desacuerdo, bastaría con prolongar el mandato de los otros 10 vocales que el Congreso designó hace cinco años para asegurar un control aplastante del nuevo CGPJ. Pero hay otra razón poderosa para tratar de retrasar el relevo en el Consejo: una de las consecuencias de la entrada en funcionamiento del nuevo Consejo sería que Miguel Carmona, –vocal actual afín a los socialistas– aterrizaría como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, quedando al frente de los casos Gürtel y Pescanova, y relegando a Pablo Ruz al papel de sustituto.

El aterrizaje de Carmona provoca no poca preocupación ante el desconocimiento de qué nuevos pasos podría dar, sobre todo en el caso de los papeles de Bárcenas, en el que se investiga la presunta contabilidad B de la formación. En estos momentos, en las filas populares sólo el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, parece ser el único que tiene prisa por que la renovación se realice cuanto antes y poner fin a una reforma –la del poder judicial– que ha sido muy contestada desde todos los frentes y sobre la que pesa un recurso de inconstitucionalidad del PSOE.

Precisamente es el recurso de inconstitucionalidad el elemento de disputa en la familia socialista, que en estos momentos se debate entre seguir seguir adelante con las negociaciones y amarrar su cuota de poder en la cúpula judicial, o negarse al relevo en el CGPJ por criterios de estricta coherencia, ya que no verían razonable consensuar unos nombramientos en un órgano que han recurrido. Entre unos y otros han logrado que la separación de poderes brille por su ausencia, precisamente en un momento en el que sería deseable aparcar para siempre el mal llamado reparto de cuotas para erradicar el sectarismo en las conductas en cuestiones tan relevantes como el Poder Judicial.

Cataluña ibérica: inmersión en la secesión (parte IV)
Enrique Calvet Chambon La Voz Libre 12 Noviembre 2013

Economista y miembro del Comité Económico y Social Europeo

Hemos visto que tenemos actualmente un problema de secesión, genuino y muy puro en el Principado, y no otra cosa. (Por cierto, hay un proyecto de lo mismo, en Las Vascongadas, lo que hace muy necesario para el bien general acertar en la solución del primero).

Ni independencia, (conceptualmente imposible), ni chalaneo económico, ni catalanismo ( valor cultural muy respetable que comparto, pero nada político), ni nacionalismo, ni zarandajas: una parte apreciable de españoles, concentrados mayoritariamente (pero no todos) en las cuatro provincias administrativas del Nordeste de España quieren dejar de ser españoles y quieren que dichas provincias dejen de ser parte de la Nación Española, tras siglos o milenios, según enfoques, para ser un nuevo Estado, ex-novo. Añadamos que las cuatro provincias son una parte importante de donde florece la cultura catalana, aunque no toda ni no sólo, y que son una parte importante de lo que fue la marca hispánica (francesa) o de lo que fue el Reino de Aragón, co-fundador de la Nación española moderna. Esa es la realidad que hay que afrontar. Puede ser reaccionaria, pre-ilustración, carca, tribalista, anti-democrática e ilegal, pero es lo que hay.

Sostengo que es imposible resolver el problema y los gravísimos daños a la convivencia ciudadana y democrática que ello entraña si no entendemos nítidamente el porque de este problema, o más exactamente, cómo hemos llegado a esto. Lo que no es frecuente plantearse, porque, cual papamoscas, es lo más usual tragarse las intoxicaciones y mentiras que, con sistematicidad goebbelsiana, inoculan los únicos que ganarían con la secesión y sus cómplices en poltrona.

En esencia, propongo, modestamente, que para comprender bien lo que nos ha caído políticamente encima a los españoles se tome el enfoque de contestar a dos preguntas claves:

a) ¿Por qué no existe este problema en la Cataluña francesa, tan catalana como el que más, como la butifarra con monchetas?

b) ¿Por qué cuando se vota la Constitución, en 1978, prácticamente nadie, salvo tres iluminados habituales, y, (ahora se sabe), unos pocos ricos oligarcas taimados, considera ni imaginable la secesión y, sin embargo, ahora, bastante gente sueña con ella? En aquel momento no había más secesionistas en el Principado que hoy en día en Baviera, en Borgoña o en Carintia.

Veamos el primer interrogante. Los catalanes franceses, objetivamente, son más libres, aunque sólo sea porque llevan muchos más decenios de democracia a sus espaldas y nadie obliga a los hijos de los más pobres a no estudiar en la lengua común de su patria republicana, por ejemplo. También son más prósperos y menos desigualitarios. Conviene recordar que el Rosellón es francés desde 1659, es decir cuándo España es gobernada por los Austrias y Francia por la monarquía absoluta, y que, tras unos primeros decenios, hasta 1720, de asimilación conflictiva por parte de las oligarquías de la nueva situación nacional, no se vuelve a plantear la secesión de la Cataluña francesa ni su reintegración en España. Y mucho menos después de 1789, nacimiento de la Nación moderna. Recordemos que el gran genio Dalí escogió Perpiñán como “centro del mundo”. Las turbulencias de final del siglo XVII, por cierto, son absolutamente europeas, derivadas de la paz de Westfalia y absolutamente asimilables al proceso, siempre traumático, de construcción de las naciones europeas modernas en cualquier otro rincón de Europa. No tienen hecho diferencial catalán. Crear unidades políticas mayores y plurales, basadas en ciudadanos en vez de etnias o tribus, siempre es un largo proceso que ha de vencer resistencias interesadas localistas y caciquiles.

Y es aquí dónde mi personal sugerencia de contestar a la primera pregunta cobra, a mi juicio, trascendencia, porque nos lleva al núcleo de los valores que están en juego, realmente, detrás de las artimañas partitocráticas. A los ciudadanos del Rosellón no se les pasa por la cabeza ninguna secesión porque son y se sienten, precisamente, eso: ciudadanos de un amplio conjunto de otros muy distintos (sus compatriotas), depositarios de los derechos fundamentales a nivel individual y teniendo la responsabilidad solidaria de un proyecto común, en el que muchos ciudadanos anteriores han invertido muchísimo, y con sacrificios. Más allá de culturas felizmente diversas y de apegos territoriales. Por mis abundantes contactos personales no he conocido a ningún franco-catalán que pueda concebir que los derechos de un territorio se puedan sobreponer o enfrentar a los derechos de las personas. Y ahí reside la gran decisión a la que nos enfrentamos los españoles de hoy: ¿Queremos ser miembros de una sociedad de individuos, ciudadanos, libres e iguales en derechos y obligaciones (como la solidaridad, que es un derecho y obligación) en la línea de lo que se ha construido conjuntamente durante siglos, o queremos ser, ante todo, miembros de un pequeño territorio, cada uno el suyo, luchando por los derechos del cacicato por encima de los derechos de nuestros compatriotas? ¿Una Nación, histórica, de ciudadanos, o un revoltijo de taifas con súbditos homogéneos? Ese es el gran momento histórico.

En perspectiva histórica suelen explicar los académicos, someramente, la inexistencia del problema secesionista en la Cataluña ulterior por la inexistencia, en España, de la revolución del 89 y sus valores modernizantes. Antes al contrario, España sufriría un bastante lamentable siglo XIX, no sólo por el retorno al absolutismo sino por la entronización del deleznable cacicato como modelo político (y, en eso, la Cataluña ibérica es paradigma). También, y unido a lo anterior, se achaca el problema de la falta de valores y visiones propias de un republicanismo patriótico y democrático a los nada brillantes sistemas educativos que arrastra la sufrida ciudadanía desde el XVIII.

Lo segundo parece bastante indiscutible, y lo recordaremos a la hora de pensar en soluciones. Lo primero, a veces, aún sobre bases ciertas, se nos antoja fácil excusa para la resignación. España sí ha tenido sus guerras civiles, que obviamente no ha sabido rematar nunca (a los USA les bastó una para acabar con el problema) y sus ilustrados. Parece que le han fallado, en los últimos siglos, sus oligarquías y gobernantes, y eso se puede cambiar hoy en día. Una democracia genuina y honesta debería acabar con los cacicatos sin demasiada dificultad….salvo que los caciques la perviertan.

En cualquier caso, quedémonos de la visión remota con el tema esencial en juego : el establecimiento de una nación democrática de individuos iguales, con valores propios del “patriotismo republicano”, sin discriminaciones espurias, por ejemplo las territoriales, y vayamos, la próxima vez a contestar la pregunta fundamental para la actual praxis política y sus decisiones: ¿por qué en 1978 los secesionistas cabían en un autobús, y España era un país de ciudadanos iguales , y ahora son muchísimos más los secesionistas en la Cataluña subpirenaica y los españoles discriminados por territorio?

Puede que aún comprendiendo esto no haya soluciones, pero si no lo entendemos, y sin trampas, seguro que no hay ninguna.

Salir de viaje
Juan Manuel López-Zafra  El Confidencial  12 Noviembre 2013

“Si imprimir moneda y crear inflación creasen empleo, Zimbabwe sería el país campeón del trabajo”.

Daniel Lacalle, Viaje a la libertad económica

Cruzar el mar desde el colectivismo hasta el liberalismo supone una travesía complicada, y que muy pocos llegan a completar pues son muchas las islas en las que cantan las sirenas y poderosos sus moradores. Sin embargo, ese es el viaje que Daniel Lacalle comenzó años atrás y que relata en su nuevo libro Viaje a la libertad económica (Deusto), que se presenta hoy en Madrid aprovechando su salida a la venta. Libro que ve la luz menos de un año después del anterior bombazo editorial Nosotros, los mercados; quizá demasiado pronto, pero eso es algo que tanto él mismo como su editor habrán valorado mucho mejor que yo.

Las lecturas de autores socialistas eran comunes en su juventud; sin embargo, fueron los economistas neoclásicos quienes marcaron su primera etapa como profesional. Ellos y la intervención estatal, el paradigma económico que nos ha acompañado desde que Keynes convenciese al Gobierno británico primero, y a todos los demás occidentales después, de que el mercado se equivoca, y de que es el Estado quien debe recomponer la situación. Todas las economías capitalistas, sin excepción, han aplicado en mayor o menor medida las enseñanzas de Lord Keynes. Desde el Oeste hasta el Este; desde los neoliberales y neocons norteamericanos (quizá algún día nos explique qué significan esas etiquetas) hasta los tranquilos japoneses de Shinzo Abe.

Lacalle es de esos raros economistas que circulan por el mundo con experiencia en finanzas y sólidas bases teóricas. No es muy normal encontrarse con alguien de su mundo con conocimientos que rivalizan con los de muchos profesores de universidad. Sin duda proviene de su afán de devorar libros e informes técnicos. A ello debemos añadirle la experiencia, que comparte con sus lectores, reflejada en horas de reuniones con clientes, competidores y economistas de primer nivel, muchos como Greenspan o Bernanke, responsables de las decisiones de política económica que han marcado los últimos años.

Lacalle propone un camino hacia la libertad devolviendo al individuo su responsabilidad, su capacidad de decidir, su dinero. No es una defensa de los ricos, no. Olviden los clichés al uso y lean el libro. Observarán cómo de la reducción de impuestos resulta una mejor redistribución de la renta De la mano de Lacalle recorremos China, los EEUU, Venezuela, Argentina, Japón y la Unión Europea, entre otros lugares apasionantes, y la charla con él que supone la lectura nos permite comprender por qué más represión financiera y menos libertad no pueden provocar más prosperidad. Muchos rebatirán la afirmación anterior, recordando el crecimiento que el mundo ha tenido especialmente en los últimos cuarenta años. Son estos quienes, en primer lugar, deberían comprar billetes para este viaje, pues así entenderán cómo un crecimiento basado en el crédito, en el gasto, en la creación de burbujas y no en el ahorro no es sino una mera ilusión; una pantalla gruesa que esconde una realidad tan terrible como la que la actual crisis nos está recordando.

Resulta especialmente interesante, en ese tránsito, el análisis que efectúa Lacalle del paradigma de la intervención pública en economía, el New Deal de Roosevelt. Recuerda cómo la economía norteamericana se recuperó a pesar de las medidas represoras; sí, digo bien a pesar, y no gracias, pues diversos estudios que el autor consigna muestran cómo los EEUU retrasaron su salida de la crisis un buen número de años debido a las socializantes medidas del presidente de los EEUU, y cómo fue el enorme gasto de una economía militarizada en los albores de la Guerra Mundial el que tiró de la recuperación.

No evita Lacalle los asuntos espinosos como los desahucios, y también recuerda las posibles formas de salir de esta crisis: con una quita enorme, con una devaluación monumental acompañada de altos niveles de inflación (el impuesto silencioso, nos recuerda) o “recortando gastos y bajando impuestos, atrayendo capital inversor y recapitalizando el sistema con dinero extranjero”; resulta ocioso descubrir cuál de las tres es su preferida, pues como bien señala el autor, ni hay quitas con confianza ni se puede devaluar sin empobrecer a los ciudadanos. Así pues, la única vía proviene del saneamiento del sistema y la reducción de la intervención pública, una ruta lenta, complicada, pero segura a medio y largo plazo.

En un momento en el que se debate la posibilidad de deflación en las economías desarrolladas, son constantes a lo largo del libro las referencias a la inflación y sus terribles efectos en los más desfavorecidos; los continuos incrementos de impuestos “porque no tenemos más remedio” (siempre a cambio de no recortar gasto político) que recaen sobre los asalariados, la hiperregulación y ultranormativización de la actividad individual, siempre trufadas de efectos igualitaristas que sólo vertebran la desigualdad y mantienen el statu quo político en niveles intolerables. El capítulo dedicado a los unicornios resulta particularmente fascinante.

Frente a ello, y gracias a este viaje en el que recorre el mundo, propone Lacalle un camino hacia la libertad devolviendo al individuo su responsabilidad, su capacidad de decidir, su dinero. No es una defensa de los ricos, no. Olviden los clichés al uso y lean el libro. Observarán cómo de la reducción de impuestos propugnada por Arthur Laffer, economista tan despreciado por la élites neokeynesianas como acertado en sus planteamientos, resulta una mejor redistribución de la renta derivada del incremento inmediato de la actividad económica; muchos de Uds. leerán por vez primera referencias a la escuela austriaca de economía (“me recordaba a Sonrisas y lágrimas”, bromea el autor sobre su aproximación inicial gracias a Schiff), y sólo por eso ya les habrá merecido la pena la lectura, pues abrir la mente al disenso, plantearse la realidad desde una perspectiva contraria a la corriente dominante, pensar que no todo es como dicen los economistas multimedia es altamente gratificante. Y, eso, de nuevo, Lacalle vuelve a lograrlo con este libro entretenido, de lectura ágil, con multitud de capítulos breves que ya son marca de la casa, en los que la opinión queda perfectamente separada del rigor del planteamiento. Concédanse unas vacaciones y salgan de viaje hacia la libertad.

El TC:salvavidas del poder.
Vicente A. C. M. Periodista Digitial  12 Noviembre 2013

Ya han encontrado la solución al tema de la Infanta Cristina. Tras dejar sola a la acusación popular, el Tribunal Constitucional está en el camino de dar un espaldarazo a la llamada "doctrina Botín", por la que ninguna acusación popular será posible si la Fiscalía no acusa, ni tampoco lo hacen alguno de los perjudicados. En este caso es evidente que desde hace tiempo y siguiendo instrucciones del Gobierno, la Fiscalía no va a acusar de nada a la hija del Rey. Tampoco lo hará, y esto es más vergonzoso, la Hacienda pública que en otros casos es capaz de llevar a cualquier ciudadano al banquillo y a exigirle cuantiosas sanciones por la mínima falta fiscal. Así que el blindaje del poder va a ser bendecido por el politizado y servil Tribunal.

Por mucho que se empeñe el sindicato Manos Limpias y el juez Castro, amparados en las cuantiosas pruebas que han aparecido y a las que ni la Fiscalía ni Hacienda conceden importancia penal, el TC va a dar un carpetazo definitivo a la posibilidad del enjuiciamiento de quien esas pruebas apuntan que se ha aprovechado de los fondos públicos para su beneficio personal, siendo plenamente consciente de todas las actividades. Pero eso que debería aclararlo delante del juez se va a abortar de raíz. No creo que nadie dudara de que el Rey no iba a permitir en ningún caso que una de sus hijas y madre de sus nietos se sentase como el populacho en el banquillo de los acusados.

Es evidente que este Gobierno está gravemente prevaricando apoyándose en Instituciones como la Fiscalía y ahora en el Tribunal Constitucional. Porque impedir que un juez pueda instruir la causa en total libertad para esclarecer los hechos y realizar las acusaciones penales que correspondan es prevaricar y despreciar la independencia entre los poderes públicos. Podrán impedir que la Infanta se siente a declarar. Podrán manipular todo lo que sus sucias manos manchan con su injerencia. Pero lo que nunca podrán es acallar al pueblo y la justicia popular que ya ha dictado sentencia contra este Gobierno y la Monarquía.

Este sistema está corrompido hasta la médula y los ciudadanos deberán decidir si siguen dejando que les roben su libertad y la Justicia que se merecen, permitiendo que una casta dominante corrupta y corruptora imponga su dictadura y su fuerza de coacción. La libertad hay que ganársela porque el poder no la concederá. Si quieres ser libre y aspirar a un mundo más justo, tendrás que hacer algo. Muévete.

La corruptocracia y el triunfo del cinismo
Javier Benegas www.vozpopuli.com 12 Noviembre 2013

Decía Milan Kundera (Brno, 1929) allá por los años ochenta que «en estos días sólo pueden ser optimistas los cínicos». Y es que el escritor checo creía que si bien después del derrumbe del régimen comunista florecería de nuevo la esperanza, la desmemoria y la insoportable levedad del ser no tardarían mucho en aguarnos la fiesta.

Kundera había acusado al comunismo de ser una utopía condenada a transitar del paraíso al infierno (Toda utopía comienza siendo un inmenso paraíso que tiene anejo un pequeño campo de concentración para rebeldes a tanta felicidad; con el tiempo, el paraíso mengua en bienaventurados y la prisión se abarrota de descontentos, hasta que las magnitudes se invierten). Sin embargo, una de sus obsesiones más turbadoras era que las sociedades occidentales, lejos de velar por la virtud, se volvían cada vez más inconsistentes y frívolas. Sus gobernantes no veían ya los más elevados principios como algo sagrado, trascendente, sino como valores inmanentes que podían someterse a sus intereses. Y no iba descaminado. Ambas actitudes, la de los gobernantes y los gobernados, dejaron el camino expedito a la política del corto plazo, la cual, a cambio de hipotecar el futuro, ha satisfecho las demandas inmediatas de unas sociedades cada vez más irresponsables, infantiles y nihilistas.

Infección y gangrena
Si esta visión utilitarista de la política, en la que el fin justifica los medios y sólo preocupa lo inmediato, lo nuestro, ha terminado por provocar enormes desperfectos en democracias consolidadas y auténticas, en el caso de España, donde el poder político carece de los más elementales controles, los daños tenían que ser por fuerza devastadores.

Cuando en un Estado las reglas son arbitrarias y su aplicación discrecional, termina imponiéndose la dictadura del oportunismo. No hacen falta siglos sino unos pocos años para que lo formal (el gobierno de los principios) se vea desplazado por lo informal (los intereses del corto plazo). En poco tiempo la nueva cultura se propaga de arriba abajo, afectando a una gran mayoría de individuos, hasta que finalmente la sociedad acaba embarrancando en esa zona gris, donde quien más y quien menos predica en público una cosa mientras que en privado hace justamente la contraria. Es el triunfo del cinismo.

Cuando el interés se traviste de principios
Especialmente ilustrativo es el reciente “motín” de la Radiotelevisión Valenciana. Pues si bien es imprescindible hacer una auditoría de la gestión de este ente público, que deja tras de sí una deuda de 1.300 millones de euros, ¿no habría también que auditar la conducta de sus trabajadores, por cooperar, aun de forma pasiva, con este enésimo saqueo? De hecho, ellos mismos reconocen que durante años traicionaron a su audiencia, acatando las consignas y los silencios impuestos por los gerentes. Y sólo cuando su contrato está a punto de extinguirse han decidido rebelarse.

Este proceso se ha repetido en innumerables ocasiones a lo largo de estos años de zozobra, de tal suerte que hoy es habitual encontrar políticos de dilatada carrera que, al ser privados de sus privilegios por sus jefes de filas, ahora se aferran a los principios traicionados para volver por sus fueros. Lo mismo ocurre con no pocos periodistas de partido que, una vez engrosan las listas del paro, transitan de la antes rentable servidumbre a la defensa impostada de la Libertad y la Justicia.

En general, uno se maravilla del celo que súbitamente en estos tiempos de crisis muchos están demostrando. Profesores y alumnos manifestándose por la calidad de la enseñanza, enfermeros y médicos que se echan a la calle para defender el derecho de los ciudadanos a una salud de hierro, barrenderos inquietos por la falta de recursos con los que mantener las ciudades limpias como patenas. En definitiva, gremios de todo tipo y pelaje que andan muy preocupados; torbellino de conciencias que despiertan para descubrir el valor de la política como servicio público, el periodismo independiente como salvaguarda de la democracia, el conocimiento como medio para la liberación del pueblo y la atención médica universal como garantía de progreso. ¡Cuánta virtud floreciendo de manera atropellada! Lástima que España fuera una silenciosa catacumba cuando todo se pudría.

Cada vez resulta más evidente que no discurrimos por un túnel sino que estamos atrapados dentro de una caverna. Quizá para volver a ver la luz del día debamos ser mucho más racionales y, de paso, no sólo denunciar a los caciques sino también nuestras propias imposturas. De lo contrario, Kundera tendrá razón: sólo podrán ser optimistas los cínicos, es decir, los que mandan y manejan la pasta y, también, quienes de una forma u otra están dispuestos a venderse por un plato de lentejas.

El significado de la independencia
Ignacio Martín Cronicaglobal.com 12 Noviembre 2013

La principal cualidad del independentista de nuevo cuño es la irresponsabilidad, en el sentido de que él no era de suyo independentista, sino que le han obligado a serlo contra su voluntad. Es cierto que en eso coincide con el independentista de antes, sobre todo con el que se ha forjado en democracia y bajo un extenso régimen de derechos y libertades individuales y profunda descentralización política, pero que a pesar de ello justifica su independentismo en que España es un Estado antidemocrático y centralista. El independentismo, el viejo y el nuevo, parte de premisas imaginarias, de ahí que resulte tan complicado rebatirlo con argumentos racionales. Con todo, no hay que dejar de intentarlo.

Así, el supuesto paladín de ese independentismo de última hora, el ex presidente autonómico Jordi Pujol -digo supuesto porque no tengo claro que Pujol no haya sido siempre un independentista agazapado a la espera del momento propicio-, no pierde ocasión de proclamar que se ha convertido al independentismo porque no le ha quedado otro remedio, ya que "España nos quiere destruir" (sic). Curiosamente, es él quien se expresa en esos términos a todas luces desmedidos, pero luego el discurso del miedo lo hacen otros. Lo hacen, claro está, quienes advierten de los costes políticos, comerciales y sentimentales asociados a la independencia, esa palabra mágica que ahora no es nada, que es lo que paradójicamente da alas a sus partidarios para seguir pregonando libremente que lo significa todo.

Poco les importa el hecho de que el control de constitucionalidad de las leyes, incluso de aquellas que hayan sido aprobadas en referéndum por el pueblo, sea uno de los pilares de cualquier Estado democrático de derecho

Sorprende que a Pujol no le haya quedado otro remedio que hacerse independentista justo ahora que Cataluña ha alcanzado las mayores cotas de autogobierno de su historia, y no bajo la dictadura franquista cuando, por la iniquidad congénita del régimen, más justificada parecía estar la adhesión a cualquier causa disolvente. Sin embargo, después de tres décadas de democracia y de extraordinario progreso económico y social, es precisamente ahora que las cosas en España han empezado a ir francamente mal por culpa de la crisis global cuando Pujol ha decidido volver las espaldas al resto de España y decirle adiós, muy buenas. Él y otros ilustres independentistas supuestamente sobrevenidos, como el ex presidente del Parlamento autonómico Joan Rigol o el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que se ha llevado la palma de la irresponsabilidad afirmando que aún hoy no es independentista, pero que en un referéndum secesionista votaría 'sí'. ¡Vaya con el alcalde!

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto y, más recientemente, la ley Wert son algunos de los productos propagandísticos que, debidamente entremezclados con otros más añejos, los nuevos independentistas traen siempre en la boca para justificar su conversión. Por un lado, se afanan en presentar la sentencia del TC como una anomalía que demuestra la escasa calidad de la democracia española y repiten hasta la saciedad aquello de que "esto en un país democrático no ocurre". Poco les importa el hecho de que el control de constitucionalidad de las leyes, incluso de aquellas que hayan sido aprobadas en referéndum por el pueblo, sea uno de los pilares de cualquier Estado democrático de derecho que se precie. En los Estados Unidos el hecho de que las constituciones estatales sean aprobadas en referéndum no obsta al control de constitucionalidad tanto por los tribunales estatales como por los federales. Véase, por ejemplo, la reciente decisión de la Corte Suprema federal de declarar inconstitucional la reforma de la Constitución californiana que suponía de hecho la prohibición del matrimonio gay, una reforma que en el año 2008 había sido aprobada en referéndum por el pueblo de California. Supongo que Estados Unidos tampoco debe de ser un país democrático.

¡A ver si va a resultar que Canadá tampoco es un país democrático según la teoría de los independentistas catalanes!

Por otro lado, sostienen que la ley Wert trata de instituir un derecho a recibir la enseñanza exclusivamente en castellano, sin duda porque saben que, si reconocieran lo que realmente dice la ley, correrían el riesgo de que la mayoría de los catalanes lo considerara cuando menos razonable. Lo que pretende la ley es exigir a los poderes públicos catalanes que reconozcan de una vez el castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán, tal y como establece el TC. ¡Otra vez el TC interfiriendo en las decisiones del Parlamento autonómico de Cataluña! Sin embargo, una vez más encontramos un caso parecido, esta vez en Canadá, donde la Corte Suprema federal declaró inconstitucional, en el año 2009, la ley 104 de Québec, que pretendía limitar sobremanera el derecho de los padres quebequenses a matricular a sus hijos en escuelas públicas en inglés -que allí sí existe cierta libertad de elección en este aspecto-. ¡A ver si va a resultar que Canadá tampoco es un país democrático según la teoría de los independentistas catalanes! ¿Habrá en todo el mundo algún país auténticamente democrático a la luz de tan acabada teoría? ¿No será que su teoría no se ajusta a la realidad? ¡Bah!, pues si es así, ¡tanto peor para la realidad!, dirán parafraseando a Hegel.

Independencia, repito, es una palabra mágica que ahora mismo no es nada y eso es precisamente lo que permite a sus partidarios insistir en que lo significa todo: democracia, libertad, igualdad... ¡Todo! En realidad, no creo que a los independentistas, que hasta ahora han vivido muy bien achacando todos los males de la sociedad catalana al Estado español, les interese en absoluto lanzarse a la independencia, porque se exponen a conseguirla y perder su pretexto de siempre. Corren el riesgo de que su palabra mágica llegue a ser algo, y así comprobar que no significa absolutamente nada.


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Deprisa, deprisa
Isabel San Sebastián ABC 12 Noviembre 2013

Dice Rajoy que «esta batalla van a ganarla la Justicia y las personas de bien». La verdad es que, a día de hoy, ambas pierden por goleada

NO podía esperar hasta hoy la Audiencia Nacional para conocer la valoración que hace el Tribunal Supremo de la sentencia de Estrasburgo antes de pronunciarse. Tenía que soltar a esas nueve carroñas terroristas el mismo viernes, a todo correr, como si se tratara de inocentes injustamente encerrados y no de criminales sin conciencia ayunos de arrepentimiento. Debían darse prisa sus señorías en cumplir lo que sea que haya que cumplir en nombre de la «paz» y beneficio de asesinos de la calaña de Troitiño, pese a ser algo tan discutible como para que ocho magistrados se opusieran a otros ocho. De ahí que Fernando Grande Marlaska se viera obligado a desempatar inclinando la balanza del lado de la ignominia. Alguien se lo premiará y a otros tendrá que dar cuentas. El tiempo pone a todo el mundo en su lugar.

El factor tiempo era y sigue siendo clave. Cuanto antes pase este trago amargo antes se olvidará. Ése es el razonamiento que se baraja en estos momentos en los despachos del poder donde se ha fraguado esta infamia. Una vez asumida como algo aceptable la libertad de Bolinaga, le presencia institucional de Sortu/Bildu/ETA y la liquidación de la doctrina Parot, con el argumento esgrimido por Rajoy en 2008 de que «la paz (negociada por Zapatero con ETA) no ha tenido precio político», lo mejor es que todos los terroristas incluidos en la lista de la claudicación sean excarcelados de inmediato. Claro que se habría podido pelear políticamente en Estrasburgo o al menos aplazar todo lo posible el cumplimiento de la sentencia, como subrayan las víctimas en una durísima carta dirigida al Ejecutivo. Eso fue, de hecho, lo que prometió hacer el Gobierno cuando conoció el fallo. La realidad es que no ha hecho nada. Ni lo hará.

Aquí lo único realmente importante desde el punto de vista de los partidos políticos implicados en el enjuague es la repercusión electoral de esta humillación. El PSOE, que aspiraba a cubrirse de gloria poniéndose la medalla del «final del terrorismo», sufrió en las últimas generales la peor derrota de su historia. Un golpe del que todavía no se ha recuperado. El PP anda calculando hoy cuántos votos puede costarle agachar la cabeza ante el pacto y cumplir, en los plazos previstos, la correspondiente hoja de ruta. Entre los asesores favoritos del presidente, empezando por el favorito de los asesores, no se habla de justicia ni de decencia. No se piensa en el dolor que están soportando las víctimas traicionadas o en la inmoralidad inherente a permitir, sin oponer una resistencia numantina, la consumación de tamaña afrenta al honor de los españoles. Se cuentan papeletas por circunscripciones. Ahí no hay honor o decencia que valgan. Lo que vale es el poder. Y algunos creen que para alcanzarlo y/o conservarlo el coraje o la coherencia son lastres. Yo estoy segura de que se equivocan.

Ya nos hemos tragado a Del Río, Troitiño y «Mamarru». Nos tragaremos igualmente a Parot y todos los malnacidos que vayan desfilando triunfantes, camino de una colocación pagada con nuestros impuestos. Al tiempo… Antes mejor que después. Lo más lejos posible de una convocatoria a las urnas susceptible de dar rienda suelta a la venganza de los estafados. Nos dirán que no hay alternativa, pero será otra mentira. Lo que hay es un precio acordado. Ya se encargará la banda de agradecer ese pago con un gesto que el Gobierno pueda vender como un éxito.

Dice Rajoy que «esta batalla van a ganarla la Justicia y las personas de bien». La verdad es que, a día de hoy, ambas pierden por goleada.

Ambigüedad socialista sobre la estructura del Estado
José Antonio Yturriaga www.vozpopuli.com 12 Noviembre 2013

El pasado día 7 el expresidente de la Generalitat José Montilla advirtió en el Senado de que, si el Gobierno central seguía con su inmovilismo, podría encontrarse con una declaración unilateral de independencia de Cataluña y preguntó a Mariano Rajoy qué iba a hacer el Gobierno al respecto. La interpelación contenía una considerable dosis de cinismo ya que su partido, el PSC, ha sido uno de los principales responsables de la situación actual, pues fue su predecesor al frente del funesto Gobierno tripartito, Pasqual Maragall, quien levantó la liebre –hasta entonces escondida en la campiña de CIU-, al reclamar una reforma a fondo del Estatuto de Sau, que no había sido requerida por la mayoría del pueblo catalán.

El nefasto compromiso de José Luis Rodríguez Zapatero de aceptar cualquier propuesta que presentara el Parlament fue el detonante que desencadenó un proceso demencial: adopción en 2005 de un Estatuto contrario a la Constitución, rebaja insuficiente de su texto por las Cortes tras un vergonzante acuerdo entre Zapatero y Artur Mas, aprobación en 2006 del Estatuto en referéndum y sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 2010 que declaró inconstitucionales algunas de sus disposiciones básicas. La situación se agravó con la “huida hacia delante” de CIU y ERC, la connivencia de IU y la complacencia del PSC, que apoyó el “derecho a decidir”.

La ola provocada por el “aprendiz de brujo” Mas creció hasta el punto de escapar a su control: explotación de un sentimiento hostil hacia España por sus agravios a Cataluña, exaltación soberanista en la “Diada” de 2012, adelanto de las elecciones autonómicas con la victoria pírrica de CIU y el reforzamiento de ERC –que pasó a controlar de facto el Govern y a imponer la celebración de un referéndum de autodeterminación-, “cadena humana” pro-independencia en la “Diada” de 2013 y abierta insumisión de la Generalitat frente al Gobierno de la Nación. UPyD puso de manifiesto las ambigüedades e incoherencias del socialismo al presentar el 29 de octubre en las Cortes una moción contra del derecho de Cataluña a decidir sobre su futuro de forma unilateral. Muy a su pesar, el PSOE tuvo que votar a favor, pero el PSC se abstuvo, revelando sus discrepancias con su “hermano mayor”.

Desafortunadas declaraciones de Ramón Jáuregui
En vísperas de la Conferencia Política del PSOE –de la que sus dirigentes excluyeron cuestiones de la estructuración del Estado y del secesionismo catalán-, su experto en temas constitucionales, Ramón Jáuregui, hizo unas disparatadas declaraciones que han mostrado la desorientación de su partido, que ha perdido el norte como fuerza política con proyección nacional. Así, mantuvo que había que reformar la Constitución para acomodar a Cataluña y al País Vasco en España, que se desconocía la diferencia entre “nacionalidad” y “nación” –noción de la que se había hecho “una montaña”-, que las singularidades de algunas CCAA justificaba que se les concedieran distintos grados de competencia, que en las Comunidades con lengua propia las competencias en materia de educación deberían ser exclusivas –en estas cuestiones, señaló, “Cataluña es la que manda”, y reconocerlo solucionaría su “ser y estar” en España-, y que había que recuperar el Estatut tal y como fue votado en referéndum por el pueblo catalán.

Las Constituciones no son intocables y la española –que obtuvo en 1978 un considerable respaldo social, especialmente en Cataluña- puede que necesite la reforma de su título VIII. La solución federal es tan legítima como la autonómica, la unitaria o la confederal, pero la difusa propuesta socialista parece poco viable tanto por razones de forma como de fondo. De un lado, carece del requerido apoyo para sustituir a un texto que fue adoptado casi por consenso y el PSOE ni siquiera ha tratado de negociar su eventual modificación con el partido del Gobierno, como lo hizo con el artículo 135 para introducir el principio de estabilidad financiera. De otro, no ha explicitado el contenido de su mágica fórmula federal, que, si tuviera el carácter igualitario propio de este sistema respecto a las competencias de los Estados federados y a los derechos de los ciudadanos, sería rechazada por los nacionalismos por insuficiente.

Como Rajoy ha afirmado –por una vez- con claridad y contundencia, reformar la Constitución para satisfacer las demandas del independentismo catalán sería un enorme error en el que no pensaba incurrir, pues no se podían modificar sus artículos 1 y 2, que consagran la unidad indivisible de la nación y la residencia de la soberanía nacional en el conjunto del pueblo español.

Trivialización del concepto de “nación”
Siguiendo la tesis de Rodríguez Zapatero –que en 2004 pontificó que el término nación era “discutible y discutido en la teoría política”-, Jáuregui ha preguntado si hay alguien que sepa la diferencia entre “nación” y “nacionalidad” y la respuesta es afirmativa. Cualquier persona medianamente informada sabe que el término “nacionalidades” fue introducido por CIU para distinguir a las CCAA históricas de las demás regiones que integran la “nación” española. Según el TC, la Constitución sólo reconoce a la Nación española y semejante término no puede referirse a otro conjunto que no sea el pueblo español, por lo que no cabe equiparar las nacionalidades con la Nación, “patria común e indivisible de todos los españoles” –incluidos los catalanes-, cuya unidad es indisoluble.

Cataluña está perfectamente acomodada en España gracias a la Carta Magna, que reconoce los “hechos diferenciales” de las CCAA y les concede competencias especiales en las materias en las que existe una auténtica singularidad, que para el Tribunal son las que tienen relación con el derecho civil, la lengua y la cultura, la proyección de éstas en el ámbito de la educación y los sistemas institucionales propios.

Concederles competencia exclusiva en materia de educación y política lingüística no está justificado, porque el abuso de ésta –como ocurre en Cataluña- priva a los altres españoles de derechos fundamentales como el de la escolarización en castellano. Pese a que la Ley Orgánica de Educación de 2006 establece que el Estado deberá velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos en materia educativa y lingüística, y de las reiteradas sentencias del Tribunal Supremo y del TC, la Generalitat se ha declarado insumisa al cumplimiento de las leyes de España y de las decisiones de sus tribunales en la materia. Aún menos sentido tendría otorgar a unas CCAA sí y a otras no competencias exclusivas en materias como finanzas, fiscalidad, aduanas, justicia, seguridad social u orden público.

Necesidad de defender la unidad de España
También se equivoca Jáuregui cuando defiende que se debe recuperar el Estatut que fue votado por los catalanes, porque el TC marcó unas “líneas rojas” que no pueden ser traspasadas. Dicho Estatuto no es compatible con la solución federal propuesta por el PSOE, pues parte de la premisa de que Cataluña es una nación que ejerce su derecho inalienable al autogobierno por medio de instituciones propias, y goza de competencias exclusivas basadas en los derechos históricos del pueblo catalán, en el que reside la soberanía.

Semejante texto llevaría, en el mejor de los casos, a una confederación de naciones en la que España y Cataluña estarían situadas en pie de igualdad. De forma bien distinta se ha expresado la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, al afirmar que los socialistas defienden la unidad de España, que “nadie nos echará de la defensa de la Constitución”, y que “no nos podemos permitir que el PSOE cree desconcierto”. ¡Así sea! El partido debe recapacitar, abandonar su ambigüedad y sus veleidades nacionalistas, volver a ser la gran fuerza de centro-izquierda que contribuya a una ordenada alternancia de poder en España -libre de las hipotecas y los chantajes de los nacionalismos disgregadores-, y actuar de consuno con el Gobierno para hacer frente al reto del secesionismo. Asimismo convendría que tuviera en cuenta la sabia máxima ignaciana que recomienda, “en tiempos de adversidad, no hacer mudanza”

Una misión
ARCADI ESPADA El Mundo 12 Noviembre 2013

«Gallardón debe destinar tiempo y dinero para esclarecer los crímenes de ETA no resueltos»

Hay un hombre en el gobierno que tiene por hacer un trabajo ejemplar desde el punto de vista de las exigencias del Estado de Derecho. Es el ministro de Justicia y su trabajo consiste en detallar hasta qué punto va a extenderse la impunidad sobre los asesinatos de ETA. Hace un tiempo la Fundación Víctimas del Terrorismo elaboró un escalofriante informe sobre los crímenes sin resolver del terrorismo: unos 300, cerca del 40% del total. Se apreciará la primera afrenta, que es la de los números redondos. La primera obligación de un Estado es contar bien: el fundamento de toda moral. Algunas personas que participaron en la elaboración de ese informe y que luego se personaron con él en la Audiencia para acabar con los números redondos quedaron sobrecogidas ante la magnitud del desorden. Puede resumirla esta evidencia: los jueces no sabían cuántos crímenes tenían autor conocido. La impresión subsiguiente fue aún más devastadora: con los medios de que disponían era imposible que hicieran ese trabajo. Así pues la primera obligación del ministro Gallardón es destinar hombres y dinero. El trabajo no deben hacerlo las víctimas ni los periodistas ni los contables. Es un trabajo de Estado. El porcentaje de crímenes etarras no resueltos es abusivo.

Este es un momento idóneo para el trabajo. El arrepentimiento se demuestra andando y todavía hay bastantes etarras por arrepentir. Sería magnífico que exprimieran ¡su memoria histórica! y ayudasen al ministro a drenar la laguna del dolor. ETA ha sido derrotada; pero hay decenas de asesinos que han obtenido tremendas victorias parciales. El ministro debe impulsar un plan por las mismas razones que debe acatarse la sentencia de Estrasburgo. Y debe hacerlo sin miedo a que su trabajo acabe señalando la hosca verdad: que algunos, acaso muchos, de esos crímenes no podrán resolverse. Más que arreglos vergonzantes vinculados con el posterrorismo yo percibo en la inacción ministerial el temor a que el Estado deba asumir que no solo no pudo impedir la muerte sino que ni siquiera pudo ponerle nombre. Lo comprendo. Pero ese no sería el reflejo correcto de un gobernante democrático.

En España hay una gran afición a abrir las tumbas. La única causa seria y real es que nunca fueron bien cerradas.

Crece la tensión catalana
Pablo Sebastián www.republica.com 12 Noviembre 2013

Los modales exhibidos en la comisión de investigación que en el Parlamento catalán estudia lo ocurrido en la crisis de las Cajas de Ahorro catalanas durante la reciente crisis financiera dan una idea del nivel y los modales políticos que algunos están exhibiendo en Cataluña, desde que se inició el proceso secesionista que lidera Artur Mas. Ayer a Rodrigo Rato los diputados de CUP e ICV, David Fernández y Josep Vendrell, lo llamaron gánster y carroñero, entre otras descalificaciones que son inaceptables en un parlamento y nunca debieron ser consentidas por la presidencia de ese debate. Por otra parte el Consejo Asesor para la Transición Nacional, un ente extraño que asesora a Artur Mas en su proceso para la independencia de Cataluña ha decidido el solicitar del Estado español que le ceda su competencia sobre la capacidad de convocar referéndums o consultas en pos de avanzar en el proceso soberanista y a sabiendas que la respuesta del Estado será ‘no’.

Parece cierto que Rato tiene responsabilidades por acción o por omisión en el fallido caso de Bankia, su salida a Bolsa y puede que también en el caso de las preferentes aunque no fue el quien las puso en marcha, pero eso está ahora en los tribunales y de ello se ocuparan los jueces y las autoridades competentes de la Administración. Rato también compareció en el Congreso de los Diputados y ahora se ha prestado a hacerlo en la cámara catalana, pero los insultos intolerables de los diputados de CUP e ICV debieron haber provocado la suspensión del debate y dan una idea de los modales fascistoides y antidemocráticos que practican algunos partidos. Formaciones en los que se adivina una agresividad incontrolada que a buen seguro o no lucieron o no lucirán ante un banquero más cercano a Cataluña como es el ex alcalde de Barcelona y ex vicepresidente del Gobierno de España, Narcís Serra, también ex presidente de Caixacatalunya, y ahora imputado por la quiebra y despilfarros de esa entidad.

Todo esto, y los desafíos contra la nada del citado Consejo Asesor de Mas, pidiendo la luna al Estado español, solo busca calentar el ambiente e invitar al enfrentamiento y a la provocación. Con el solo objetivo de conseguir que el Gobierno de España empiece a ceder a sus pretensiones y se disponga a negociar bajo amenazas y la continua provocación. Y todo ello, también, para a la vez crear tensión en vísperas de la presentación de la famosa pregunta sobre el ‘derecho a decidir’ que Artur Mas espera consensuar antes de finales de este año con CiU, ERC, ICV, CUP y PSC. Algo difícil de imaginar en lo que al pleno de los apoyos se refiere si los de Unió mantienen sus posiciones de tercera vía, y el PSC no se presta a seguir colaborando con la autodeterminación, lo que de ocurrir volvería a abrir la crisis interna del PSOE.

Todos estos escenarios, a los que el presidente Rajoy y el PP les suelen quitar ‘hierro’ para no tensar mas desde Madrid la cuerda que va camino de la ruptura, anuncian un fin de año caliente y un 2014 mucho peor a medida que se vaya acercando la fecha de la Diada catalana del día 11 de septiembre en la que Mas y Junqueras pretenden celebrar su referéndum por las buenas, lo que es imposible, o por las malas, lo que también será imposible.

¿Cuáles son las estrategias y las respuestas políticas y también de opinión pública que están preparando el gobierno de Rajoy y el primer partido de la oposición el PSOE ante todo esto? No se sabe, pero ya es hora de que se lo empiecen a tomar en serio y que no desdeñen tanto el desafío institucional, legal y político como la batalla de la opinión pública en Cataluña y en el resto de España. Sobre todo porque esa batalla ya la están perdiendo los españolistas en el territorio catalán por no haber dado respuestas claras y contundentes a los ataques del nacionalismo secesionista, y a los modales intolerables con los que tiene tanta condescendencia el presidente catalán, Artur Mas.
www.pablosebastian.com

Cataluña
El Holocausto catalán
Pablo Planas Libertad Digitial 12 Noviembre 2013

No ha habido en la historia de la humanidad una tragedia equiparable a la del pueblo catalán. Miles de años de barbaridades, genocidios, exterminios y masacres, pero nada supera en dramatismo, crueldad y dolor la travesía histórica del catalanismo, el sufrimiento de un pueblo sometido desde 1714 a la tiránica dominación española. La cosa es tan grande que hasta en Israel se quedan maravillados ante la resistencia, pervivencia y subsistencia de una Cataluña, cuna de las libertades y escenario de leyenda, cercada por fuerzas de una envergadura colosal, a medio camino entre una aldea gala y el gueto de Varsovia.

No es precisamente recomendable hablar en balde sobre asuntos como el Holocausto ni hacer comparaciones con los atentados de las Torres Gemelas; pero al nacionalismo catalán le está permitido tanto lo primero como lo segundo. Por ejemplo, el Museo del Borne, que fuera mercado central de verdudas y hortalizas, es propagado por los publicistas de la Generalidad como la "zona cero" de Cataluña en virtud de unas supuestas ruinas que se corresponderían hipotéticamente al escenario de la última carga de Antonio de Villarroel. Tremendo aquello. Lo del 11-S, una parida al lado del Onze de Setembre de hace 299 años.

La banalización de la historia y la victimización son dos de los rasgos esenciales del nacionalismo catalán. A partir de ahí, de la seguridad de ser el pueblo elegido, la superioridad moral es una gracia divina e incontestable que asiste al catalán consciente, al nacionalista propiamente dicho. En CiU, por ejemplo, se jactan de tener unas magníficas relaciones con Israel precisamente porque el pueblo judío estaría a cierta altura del catalán en materia de supervivencia en condiciones hostiles, tanto en el pasado como en la actualidad.

La prepotencia catalanista llega a cotas insólitas. Jordi Pujol, en sus memorias, editadas en 2009, relata la discusión que protagonizó con una guía del Museo del Holocausto en su primera visita a Israel. Corría 1987. "Yo ya hacía tiempo que era consciente de lo que el Holocausto significó y es una de las razones de mi filojudaísmo. De todos modos, no me gustan algunas utilizaciones que los judíos en general y los sionistas en particular a veces hacen de esa tragedia. Considero que tienen toda la razón del mundo, pero hay momentos en que me veo obligado a poner freno a algunas conclusiones que extraen del genocidio ejercido contra su pueblo", escribe el patriarca respecto al episodio.

No es de extrañar, por tanto, que Artur Mas se desenvuelva en su visita a Tierra Santa como Messi por Japón, una especie de santón carismático encarnación de las sobresalientes virtudes de una estirpe que ya en lo de Caín fue Abel y David contra Goliat. De ahí que no tuviera empacho alguno en comparar la situación política catalana del momento con lo de Israel antes y ahora, grosso modo. Según la crónica del enviado especial de La Vanguardia,

la conferencia en la Universidad de Tel Aviv tuvo también un trasfondo históricopolítico (sic) con el que el president establecía una cierta complicidad entre Catalunya e Israel en relación al proceso soberanista. Primero recordó la frase de Bill Clinton: "El mundo será talibán o catalán" y concluyó: "Ahora Catalunya se encuentra en una encrucijada. Es verdaderamente excitante para una nación con varios siglos de historia construir un Estado a pesar de las enormes dificultades y obstáculos que hay que superar, es un desafío que ustedes conocen bien".

A Moisés van a enseñarle a pastorear rebaños...

Olvidadizos y 'olvidadores'
ALFONSO PINILLA GARCÍA El Mundo  12 Noviembre 2013

Desde que el Tribunal de Estrasburgo derogó la doctrina Parot, casi todos los viernes se escenifica en España la palmaria demostración de nuestro craso error. El pasado 8 de noviembre, la Audiencia Nacional decidió, por exigua mayoría, excarcelar a nueve etarras, a nueve asesinos múltiples cuya sola presencia en la calle asquea tanto como asusta.

Con Zapatero en el gobierno comenzó el proceso y con Rajoy continúa, lo cual nos corrobora que este bipartidismo restauracional y canovasagasista discute en el escenario mientras se abraza entre bambalinas.

El gran error del anterior ejecutivo socialista fue apostar por la integración de ETA en el sistema sin haber exigido, previamente, su disolución. Cualquier democracia con mayúsculas, cualquier Estado de Derecho con verdaderos galones, habría optado por el camino inverso: primero disolución y, sólo después, posible apertura de un diálogo tan cauto como sereno con quienes desprecien en público y en privado la violencia. Pero no, afectado de la posmodernidad que alumbra ese pensamiento débil donde valen lo mismo ocho que 80, el gobierno socialista se invistió de aprendiz de brujo y quiso trazar atajos -esta vez, afortunadamente, sin el desvarío ético y antidemocrático de los GAL- en vez de apostar por el camino más directo, diáfano y eficaz: ante los delincuentes la ley, sólo la ley, nada más que la ley.

Y es que cualquier negociación política es imposible sin la disolución evidente, y confirmada, de la banda terrorista. Sólo cuando ésta se hubiera confirmado, aquella podría haberse explorado, pues si las ideas empiezan a apoyarse en argumentos y palabras en vez de en pistolas y bombas, el delicado andamiaje de la convivencia puede surgir de las cenizas del horror.

Es evidente que hay un conflicto político-identitario en el País Vasco, como es evidente que existe en Cataluña, pero la regulación civilizada de los conflictos políticos sólo cabe en la tribuna de las Cortes. Si no, nada hay que hablar con quien esgrime la sangre de otros como argumento arrojadizo. Cuando ETA prefirió el camino de las armas quedó deslegitimada como interlocutor político. Por eso se han confundido todos los gobiernos que, con la mejor de las intenciones quizá, pero cometiendo el mayor de los errores también, han visto bajo una chapela y una capucha al representante de un pueblo con quien podía intercambiarse cromos de autogobierno y otros «encajes periféricos». No, bajo estos ropajes anacrónicos sólo hay un delincuente que mata y, como tal, hay que tratarlo.

Al burlar este axioma empezamos a perder la batalla de la legitimidad, de la credibilidad de un relato que ya empiezan a escribir otros, aquellos que sólo se han quitado la capucha para guardarla, por si acaso, en el bolsillo del terno de alcalde, diputado o concejal.

El gobierno de Rajoy ha asumido el proceso, permitiendo la integración de ETA en el sistema sin que la banda se haya disuelto aún. Y mientras la memoria de las víctimas se va perdiendo, sólo cabe luchar por la escritura veraz y rigurosa de una historia que muchos quieren silenciar. Hay fuentes para desarrollar ese relato. Ahí está el libro de Ángeles Escrivá, con las oprobiosas actas de la banda, para indagar en la historia reciente, y creciente, de esta ignominia.

Sólo hay que tirar del hilo y denunciar a los olvidadores, aquellos que desde algunos medios de comunicación y algunas tribunas políticas imponen silencio sobre lo ocurrido y miran hacia otro lado. Mario Benedetti escribió que los «olvidadizos» son simpáticos y nada peligrosos. Son despistados, olvidan sin querer, lo hacen sin intención. Pero ¡qué peligrosos son los olvidadores!, los que llenan de hueco y vacío el mosaico de la memoria. Son aquellos que eliminan parcelas del ayer con plena consciencia de su sistemático borrado, los que mueven el poliedro de la memoria colectiva con la mano de la actualidad, enseñando aquella cara que más interesa en cada momento. Son, en fin, los protagonistas del 1984 orwelliano, donde «el que controla el pasado controla el futuro, y el que controla el presente controla el pasado».

Esos olvidadores falsean la historia, ofreciendo parciales versiones y visiones de la misma, construyendo ad hoc relatos auto-legitimadores. Pero, aunque peligrosos, tienen un talón de Aquiles. Benedetti vuelve a resumírnoslo con una frase: «cuando por la mañana me levanto y me digo quiero olvidarte, lo único que estoy haciendo es acordarme de ti».

Aquellos medios de comunicación y poderes fácticos que aplican el olvido sistemático sobre las víctimas fracasan, porque el olvido, cuando es consciente e impuesto, está lleno de memoria. Quieren pasar por olvidadizos, pero no son más que aviesos olvidadores. Y en esa contradicción se halla, quizá, la única esperanza que le queda a quien se atreva a escribir esta historia.

Alfonso Pinilla García es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura.

Será la Audiencia la que decida
El Supremo asume la sentencia de Estrasburgo y entierra la doctrina Parot
Tras el fallo de Estrasburgo, el Tribunal Supremo sostiene que no se podrá aplicar más la doctrina Parot de forma retroactiva.
ÁNGELA MARTIALAY Libertad Digitial 12 Noviembre 2013

El Pleno del Tribunal Supremo acata el fallo de Estrasburgo y entierra la jurisprudencia que este propio órgano creó en 2006 cuando decidió alargar la estancia en prisión del sanguinario etarra Henri Parot.

Los 16 magistrados de la Sala de lo Penal han acordado este viernes –tras tres horas de deliberaciones- que la ‘doctrina Parot’ no podrá aplicarse de forma retroactiva en nuestro país para aquellos presos que fueron condenados con arreglo al Código Penal de 1973, tal y como sentenció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso Inés del Río.

La Sala, por doce votos a favor y cuatro en contra, ha dictaminado que la ‘doctrina Parot’ no podrá seguir aplicándose para quienes siendo condenados con anterioridad del 28 de febrero de 2006 –fecha en la que el Alto Tribunal sentó la jurisprudencia- tenían como límite máximo de estancia en prisión el periodo de 30 años sobre los que se descuentan las redenciones ordinarias y extraordinarias obtenidas durante el tiempo de encarcelamiento.

El Alto Tribunal explica que a partir de ahora se aplicará la jurisprudencia anterior al 28 de febrero de 2006 cuando no existía la doctrina Parot. Para ello, el Pleno da vía a libre a la Audiencia Nacional y al resto de tribunales sentenciadores para que resuelvan caso por caso, escuchando previamente a las partes, y sabiendo siempre que las decisiones serán recurribles en casación ante el propio Supremo.

Igualmente, el Tribunal envía un claro mensaje a las Cortes. Los 16 magistrados consideran necesario "que el Poder Legislativo regule con la necesaria claridad y precisión el cauce procesal adecuado en relación con la efectividad de las resoluciones del TEDH".

La reunión se produce después de que el pasado viernes el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordara no esperar al criterio del alto tribunal, que era lo que le había solicitado la Fiscalía y solicitó una buena parte de los magistrados de este órgano, y excarcelara a nueve etarras, entre ellos Domingo Troitiño, que habían visto alargada su estancia en prisión después de que les aplicaran la doctrina Parot. A partir de hoy, las imágenes de presos de ETA y delincuentes reincidentes saliendo de prisión se repetirán día tras día. El goteo de excarcelaciones es ya imparable.

"Ser más rojo"
El PSOE renuncia al centro ideológico
GUILLERMO MORENO www.gaceta.es 12 Noviembre 2013

Los socialistas se traicionan y radicalizan sus objetivos. Hipotecan su futuro con posturas más próximas a IU para frenar la huida de votos hacia las filas comunistas.

Dos años después de sufrir el mayor varapalo electoral de su historia, el PSOE organizó durante el pasado fin de semana una Conferencia Política en Madrid para olvidarse de los postulados más centristas y retomar de lleno al socialismo más duro y radical, sabedor que su electorado se desangra por la izquierda y está engordando los votos de Izquierda Unida.

Alfredo Pérez Rubalcaba, el cuestionado secretario general, cerró la Conferencia hablando de la vuelta de un PSOE “fuerte, unido y con ideas”, un PSOE renovado y dispuesto a hacer de nuevo políticas de izquierda, pero alejado de la socialdemocracia de los últimos Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.

Este giro inesperado de posiciones de centro izquierda hacia posturas más agresivas deja el centro político huérfano de un partido que lo represente. El PSOE ha decidido apostar por captar votos entre los jóvenes más radicales e insatisfechos que huían hacia IU a costa de perder a esos socialistas más centrados que no quieren saber nada de posiciones radicales. José Bono, ex ministro socialista fue claro al respecto al afirmar que “en cuestiones de Estado prefiero sentarme en una mesa con el PP que con Cayo Lara”.

El líder de los socialistas expuso como colofón de la Conferencia una serie de medidas muy manidas que confirman el viraje a la izquierda más extrema. Quiso dejar bien claro que cuando vuelvan al poder los más ricos pagarán más impuestos y habrá rebajas para los más pobres; también lanzó su píldora anticlerical al afirmar que la Iglesia no tendrá las ventajas que tiene ahora y se denunciarán los acuerdos con la Santa Sede; declaró sin rubor que el PSOE es un partido claramente republicano, aunque mostró, entre silbidos de los asistentes, su “máximo respeto” hacia la Monarquía; anunció que en cuanto lleguen al poder derogarán la reforma laboral, la Ley del Aborto y volverán a garantizar para todos los españoles una Sanidad y una Educación pública y gratuita. En suma, vino a decir que van a volver a hacer todo lo que no ha hecho “una derecha desalmada”, como manifestó durante su incendiario discurso ante las máximas autoridades del partido.

Estas son las conclusiones de una Conferencia Política que ha pretendido mostrar a un Alfredo Pérez Rubalcaba firme y con mando en plaza pero que, según lo visto, se ha quedado en un ejercicio político vacío donde no se ha hablado de los problemas que de verdad interesan a los sufridos votantes socialistas: fijar una fecha para celebrar unas primarias que definan cuanto antes un candidato a la Presidencia del Gobierno para que tenga tiempo para preparar la vuelta a la Moncloa y, por otro lado, solucionar las relaciones entre el PSOE y el PSC, prácticamente inexistentes después de la insalvable distancia entre ambos respecto al derecho a decidir impulsado por la Generalitat de Cataluña.

“Más rojos”El PSOE que sale de su Conferencia Política reniega frontalmente de las medias liberales que tomó el Gobierno de Zapatero en mayo de 2010 para afrontar algunos de los momentos más duros de la crisis económica. El nuevo PSOE quiere, como dijo Elena Valenciano “ser más rojo”, alejarse de postulados centristas y captar votos entre los ciudadanos más de izquierdas.

El laicismo de los socialistas, que en realidad es un puro anticlericalismo, choca contra la realidad, ya que el 78% de los votantes del PSOE se consideran católicos y una parte de ellos son también practicantes. El PSOE, según las últimas encuestas, tiene más margen de captar votos entre los católicos que incluso el propio Partido Popular.

Otras medidas populistas que le acercan a posiciones más cercanas al comunismo son la limitación de salarios en las empresas, el aumento del IVA para artículos de lujo, donde pretenden incluir la educación y la sanidad privadas.

El PSOE, dentro de las medidas de futuro que ha presentado durante el fin de semana, no ha hablado de ninguna que se centre en reducir gastos, ya sea a nivel estatal o autonómico, sino que su principal objetivo se centra en subir impuestos con un agresivo programa recaudatorio que, según tienen previsto, espera recaudar 50.000 millones de euros.

España
La Generalitat rechaza los medios del Estado para sofocar un incendio fuera de control en Gerona
pablo muñoz / madrid ABC 12 Noviembre 2013

El Gobierno había ofrecido enviar a la Unidad Militar de Emergencias y medios de Protección Civil

La Consejería de Interior de la Generalitat den Cataluña ha rechazado la ayuda del Gobierno para colaborar en los trabajos de extinción de un incendio forestal que afecta las localidades gerundenses de Vilopriu y Camallera, que ha arrasado ya 400 hectáreas y que ha obligado a desalojar a un centenar de personas.

Segun ha podido saber ABC, el Ejecutivo ofreció los servicios de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que cuenta con una acreditada trayectoria en este tipo de incidentes. Al no ser aceptada por la administración autonómica, desde la Delegación del Gobierno se puso a disposición del Ejecutivo de Artur Mas medios de Protección Civil, pero el ofrecimiento igualmente declinado.

Pese a ese nuevo rechazo, el Gobierno ha insistido en su colaboración y ha puesto a disposición de la Generalitat medios aéreos, que al parecer sí podrían ser finalmente aceptados por los responsables de la Consejería de Interior.

Los Bomberos de la Generalitat han trabajado durante la madrugada con unas sesenta de dotaciones para estabilizar el perímetro del incendio, sobre todo en el flanco derecho y la cabeza del fuego, que continúa activo. Medios aéreos -tres helicópteros bombarderos y dos aviones de vigilancia y ataque- se encuentran disponibles para trabajar en el incendio, pero están a la espera de la velocidad del viento para poder despegar.

El incendio ha afectado a unas 400 hectáreas de vegetación agrícola y forestal y, aunque no constan daños personales, se han evacuado unas 100 personas, 50 trasladadas a Sant Jordi Desvalls y otras 50 que han decidido irse de casa, informa Ep.

El fuego, que se declaró a las 18.22 horas del lunes, fue atizado por las fuertes rachas de viento de tramuntana, que en algún momento alcanzaron los 60 kilómetros por hora, y que amainó ligeramente por noche, pero que avanzaba a cuatro kilómetros por hora. La Consejería de Interior ha activado el nivel 3 del Plan Alfa, el más elevado, en las comarcas gerundenses de Alt Empordà, Selva y Gironès, y ha decidido suspender el transporte escolar en el Alt Empordà de acuerdo con el Consejo Comarcal.

Con este plan, prohíben el acceso a los macizos de Gavarres y Cadiretes, además de que este plan también se ha decretado en su nivel máximo en las comarcas de Tarragona -Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp, Baix Ebre, Terra Alta, Montsià, Ribera d'Ebre y Priorat-, donde también se han prohibido realizar quemas y el acceso a algunos macizos. El Servei Català de Trànsit (SCT) mantiene cortadas la mañana de este martes la C-66 en Pera y Celrà, la GIV-6232 en Vilopriu, la GI-634 en Colomers y la GI-642 en Pera a consecuencia del incendio forestal.

 


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