AGLI Recortes de Prensa   Jueves 14  Noviembre 2013

El problema básico de las autonomías
Juan VelardeLibertad Digitial 14 Noviembre 2013

En la decimocuarta edición de la Encyclopaedia Britannica, en el volumen 4, página 796, en el artículo "Capital", firmado por el gran economista Allyn Young, se podía leer: "Y también la manufactura y el empleo de instrumentos significa una extensión del principio de la división del trabajo, y la división del trabajo, como observó Adam Smith, depende sobre todo de la extensión del mercado". Unamos esto al artículo de Carlos Rivero publicado el pasado día 9 en Expansión, bajo el título de "El Gobierno detecta 2.700 normas contrarias a la unidad del mercado. El 70% de las trabas, en las Comunidades Autónomas".

Al parecer, según ese artículo de Carlos Rivero, dentro del conjunto de medidas de cambio estructural, precisas para superar la actual situación de freno a la producción española, el Consejo de Ministros del 8 de noviembre de 2013 decidió suprimir "la mayor parte de estas leyes para reducir la burocracia y facilitar la apertura de nuevos negocios", a lo que hay que añadir para mejorar la productividad, de acuerdo con el mensaje de Allyn Young.

Pero es que, además, esta política autonómica aumenta un problema detectado por Carlos Sebastián en su excelente ensayo La mejora de la productividad de la economía española: las reformas necesarias (Fundación Cajamar, diciembre de 2009):

Históricamente los grupos que detentan el poder político de facto han bloqueado las reformas institucionales cuando han percibido que esas reformas podían suponer una merma efectiva de su poder.

Evidentemente, con las autonomías, los grupos que controlan el poder político han proliferado, y por ello, cargado de lógica, Carlos Sebastián concluye que resultará escasa la posibilidad de que se produzcan las reformas que generan eficacia, transparencia e independencia en la regulación económica y en la provisión de bienes públicos y reformas que vayan en contra de los intereses de los afines o que mermen la capacidad de ejercer el clientelismo desde los diversos niveles de la Administración.

A la ruptura de la unidad del mercado español se agrega el abandono de la economía libre de mercado, lo que automáticamente genera pérdida de la facilidad de hacer negocios. El puesto de España en el Doing Business muestra el freno que todo esto significa para nuestro desarrollo económico.

Amenazados por la propaganda
Manuel Muela www.vozpopuli.com 14 Noviembre 2013

Los dos partidos dinásticos, el PP y el PSOE, versión hispánica del PRI mejicano, velan armas ante la cercanía de las consultas electorales y lo hacen cada uno a su manera, con el denominador común de la propaganda como ingrediente principal. Los primeros, que gobiernan ahora, afirman, de manera poco prudente, que vamos mejor y que cuando llegue el 2015 esto va a ser poco menos que Hollywood. Los segundos se conforman con afirmar que han superado la depresión de su derrota electoral de 2011 y que disponen ahora de unas medicinas paliativas para que los millones de españoles que sufren se sientan más animados a confiar en ellos. Ni los unos ni los otros plantean cambiar el modelo español y mucho menos proponen alternativas a las políticas europeas que están en el corazón de muchos de los males que nos afligen. Repitiendo una frase utilizada recientemente por Jesús Cacho, “con éstos bueyes hay que arar”, me parece que en España se seguirá administrando la pobreza, utilizando paliativos para que ésta no provoque convulsiones inmanejables.

La solidaridad entre PP y PSOE para mantener el statu quo
En los primeros meses del año pasado, una vez que el PSOE celebró su congreso de Cádiz en el que logró mantener a Rubalcaba en la Secretaría General, me referí a la entrevista de éste con el señor Rajoy, recién llegado a la presidencia del Consejo de Ministros, para constatar el grado de solidaridad entre ambos y el compromiso por mantener el statu quo, y decía:

“Pero los problemas económicos y el mal gobierno han puesto en solfa la mayoría de los principios y creencias con los que hemos convivido durante décadas. Y entre esos está el de que teníamos un régimen político que era la envidia de muchos, algo parecido a cuando se presumía, en medio de la tormenta financiera, de tener un sistema crediticio granítico. Los falsos ídolos han ido cayendo y se va haciendo verosímil que los fundamentos del sistema político están aquejados de aluminosis. La primera víctima, o por lo menos la más relevante, ha sido el PSOE. La alarma ha saltado por la deriva que podía tomar; y es por eso que, una vez aclarado que la organización ha quedado “en buenas manos”, el gobierno del PP se apresta a su auxilio para reforzar el búnker amenazado. Lógicamente habrá discrepancias, pero dentro de un orden. Ni por asomo, ninguno de los dos socios planteará la revisión del statu quo. Seguirán gobernando a golpe de Decreto-Ley, siguiendo los mandatos de Alemania. Pero no tienen garantías de conseguirlo: la persistencia de los males dará aires a otros partidos y organizaciones, que socavarán los muros. Ya ha aparecido alguno, todavía modesto y desdeñado por el establishment. Llegarán otros, porque la exclusión social ira in crescendo”.

En aquel momento pensaba en otras opciones políticas de nuevo cuño y no sospechaba que la amenaza a los muros del bunker iba a llegar desde Cataluña donde la crisis ha actuado como catalizador del descontento y ha sido utilizada inteligentemente por los nacionalistas para pedir la secesión. En otros países europeos han surgido o se han fortalecido fuerzas políticas rupturistas, Le Pen en Francia, Movimiento 5 Estrellas en Italia, etc. Aquí se dice que no tenemos nada de eso y todo son alabanzas a la estabilidad y el conservadurismo del electorado español, ignorando que la hipotética ruptura territorial de España es el fenómeno político capital que se va a producir en la Unión Europea en el futuro cercano; fenómeno cuyos componentes populistas son innegables y debidos en gran medida a la ejecución de las políticas de recortes demasiado agresivas para la población. Sobre esa ruptura territorial de España, no sólo no se manifiestan las potencias centrales de la UE, sino que tampoco lo hacen, o lo hacen de forma vergonzante, los responsables de los dos partidos dinásticos: los del PP, negando la verosimilitud de la secesión, y los del PSOE, recurriendo al concepto del federalismo cuyo contenido desconocemos.

Inquietudes en las bases de los dos partidos
En realidad, las reuniones de ambos partidos han tenido mucho de autocomplacencia y poco de alternativas al estado de cosas actual. Ello no impide reconocer que debajo de las proclamas y de la propaganda existe un magma de inquietud entre la militancia, especialmente en la del PSOE, que pretende buscar salidas al corsé impuesto por sus dirigentes, porque saben que no hacerlo supone a medio plazo la ruina de su proyecto político y, en determinados casos, de su modo de vida. Militantes socialistas y populares empiezan a sentir el aliento y la hostilidad de los electores que, por causa de las políticas practicadas y las mil y una corrupciones, van abandonando la centralidad política que ha sido el soporte de los dos partidos dinásticos. Y es lógico que sea así como consecuencia del empobrecimiento o proletarización de las clases medias españolas.

La estrategia del ganar tiempo y fiarlo casi todo a la propaganda no parece que sea lo más adecuado en ésta realidad convulsa, porque la paciencia de los maltratados y la falta real de esperanzas en el porvenir requiere proyectos verosímiles de cambios y no inmovilismos complacientes, caso del PP, o medicinas paliativas y respaldos institucionales vergonzantes, caso del PSOE. Es necesario que recapaciten y que, conscientes de su importancia en el juego político español, intenten encauzar el descontento para evitar ser desbordados, como de hecho ya está ocurriendo en el caso de Cataluña.

Acerca de la Sentencia del TEDH contra la Doctrina Parot
Javier Borrego Borrego Foro de Ermua 14 Noviembre 201

La sentencia Del Río Prada se aparta absolutamente de la unánime jurisprudencia de Estrasburgo. Y por su muy concreto contenido, muy difícilmente será un giro jurisprudencial en el futuro del TEDH, sino una sentencia de aplicación exclusiva al caso español. Los votos disidentes son muy ilustrativos de la realidad.

Me sigo preguntando el porqué de la diferencia de trato entre Del Río Prada y otros demandantes ante el TEDH, como Hogben, Hosein, Uttley, (británicos), Kafkaris (chipriota, a cuya sentencia tuve que hacer un aislado voto disidente), etcétera. "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos", así lo creo..

Pienso que algunos estaban mal informados, y se equivocaron cuando creyeron que esta sentencia sería aceptada sin apenas crítica, incluso creían que sería aplaudida, por la sociedad española: sin sospechar la indignación que ha producido. La justicia es un concepto que la gente tiene muy dentro, y si alguna vez no la entiende, algo está funcionando mal.

Algunos puntos de la sentencia son un ejemplo de detestable "encarnizamiento", que me resulta llamativo y confieso que me indigna también, al referirse a un Estado como España, una Alta Parte Contratante del Convenio que se caracteriza por su legislación garantista en los Derechos Humanos. Así, " la puesta en libertad en los más breves plazos posibles", criticada fundadamente en los votos disidentes, y que coloca a España al mismo nivel que Georgia, Rusia y Arzebaijan.

O la indemnización por daño moral en este caso, a la que se llegaron a oponer siete de los jueces de la Gran Sala en razonada opinión, y que los diez jueces de la mayoría, entre ellos el juez elegido a título de España, decidieron conceder.

Sobre el modo y la forma de ejecutar la sentencia Del Río Prada, y su aplicación a otros casos, personalmente estoy perplejo, vistos la naturaleza de Tratado Internacional del CEDH y su articulado, la naturaleza de las sentencias del TEDH, el Reglamento del Tribunal, la vigilancia en la ejecución, que corresponde al Comité de Ministros (los embajadores) del Consejo de Europa, los antecedentes y la realidad jurídica española, etcétera.

Y muchos juristas, incluso en Estrasburgo, también están perplejos y algunos lo han manifestado públicamente. Desde el respeto, y también desde la discrepancia jurídica, a las decisiones mayoritarias de los tribunales españoles, pienso que se ha tratado al TEDH como un super-Tribunal Supremo de España, y que, por lo visto, existe un Derecho Internacional Público y un Derecho Procesal novísimos, que muchos desconocíamos. Puede ser que se haya abierto así una caja de Pandora, de consecuencias imprevisibles en la vida jurídica española, y ya están surgiendo algunos "demonios" que la apertura, no suficientemente meditada y tan rápida, de esa caja está propiciando.

Los leones del Congreso, regresan a su pedestal
Marcello www.republica.com 14 Noviembre 2013

Ya están donde solían, con el bronce brillante y reluciente, los dos leones que hacen guardia desafiantes en la puerta del Congreso de los Diputados, ahora que parece que se acaban las obras para la rehabilitación de la Cámara. Las que tanto han dado que hablar por la escalada en su frontispicio de los jóvenes de Greenpeace, o por las goteras en el techo del hemiciclo y la eliminación de una parte del rastro que dejaron los disparos de los golpistas del 23-F. Parece, por fin, que todo vuelve poco a poco a la normalidad en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo de Madrid, una vez que los leones están al acecho y montan la guardia con aires desafiantes.

Los fieros felinos se llaman Daoiz y Velarde, en recuerdo de los héroes del 2 de Mayo en Madrid, aunque antes lucieron nombres de divinidades griegas, Hipoménedes y Atalanta, de ahí la notoria diferencia de sexo entre ambos que se aprecia en las esculturas. Las que puede que un día de estos abandonen sus pedestales y entren rugiendo en el hemiciclo para comerse, sin piedad, a más de uno de los políticos que se sientan en los primeros bancos, el azul del Gobierno -Wert como aperitivo no estaría nada mal, y Sorayita sería como una perita en dulce-, y de la oposición -ahí se llevan la palma Rubalcaba y Valenciano-, a ver si la Cámara despierta y se dedica a lo que se tiene que dedicar, que es a debatir, sin trampas, la enorme crisis nacional española.

No en vano el Congreso se ha convertido en una maquina casi automática para la convalidación de los decretos ley del Gobierno de Rajoy, que se fabrican como churros desde el Palacio de La Moncloa. De comisiones de investigación de la corrupción nada de nada, de la crisis de la Corona nada, del desafío catalán nada de nada, de la crisis institucional menos, de reforma a fondo de la Constitución, ni tocarla. El Congreso parece vivir al margen de los grandes debates nacionales y en este tiempo de dificultades no ha abordado grandes reformas y menos aún las que tienen que ver con el gasto político o la clase política.

Las cuestiones de fondo o de calado discurren en secreto y van de las sedes de los grandes partidos de Génova y Ferraz, a los más notorios palacios, como Moncloa y Zarzuela, o pasan discretas por otros salones del alto poder financiero, ciertas embajadas, etc.

Y el argumento de esta discreción siempre es el mismo: la razón de Estado. La ‘chica para todo’ que sirve de gran excusa para no discutir ni acordar en público lo que los grandes del poder pactan y se reparten en privado -lo decíamos ayer en ‘Los pasadizos del poder’-, no vaya a ser que se le vea la peana al santo.

Si el Congreso -el Senado ‘multilingüe’ no sirve para nada al no tener capacidad legislativa- no se convierte en caja de resonancia del país y la libertad de palabra y de debate improvisado -debería prohibirse el uso de papeles en la tribuna, durante las sesiones de control al Gobierno- y de la máxima actualidad no funciona, entonces el Parlamento se nos presenta como un simple trámite. O como un apéndice más de la Administración, y por supuesto al servicio del poder Ejecutivo, porque en España la pretendida separación de poderes no existe como tal, aunque aparentemente estén separadas las funciones.

Basta asomarse un rato a la Asamblea francesa, a la Cámara de los Comunes británica o darse una vuelta por el Capitolio de Washington para entender lo que es un Parlamento y lo que no lo es. Fieros y relucientes están, otra vez, Daoiz y Velarde, los dos leones del Congreso de los Diputados que, dicho está, un día de estos deberían de entrar en el hemiciclo para animar el debate e inquietar a esa clase política, que tan alejada está de la sociedad y de los grandes discursos políticos que el Congreso guarda en sus archivos cuando en sus escaños se sentaban filósofos, escritores, artistas, profesionales del primer nivel y políticos de gran altura, los que pronunciaban importantes discursos políticos. Por ejemplo sobre España, algo sobre lo que al día de hoy nadie es capaz de hablar con todas sus consecuencias y diciendo la verdad.

La violencia de la izquierda incompetente
Editorial www.gaceta.es 14 Noviembre 2013 10

Todo lo que aconteció el pasado lunes en el Parlamento catalán fue bochornoso. No se recuerda un acto tan humillante y con tanta violencia en el parlamentarismo español, como el que allí se vivió en el marco de la comisión que investiga las responsabilidades por abusos bancarios. La comparecencia del ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato fue de alta tensión. Los representantes de ERC, ICV y CUP la emprendieron contra Rato en un linchamiento verbal sin precedentes, hasta el punto de que se utilizaron contra él calificativos como “gánster”, “ladrón” o “carroñero”, y lo que es peor, con la anuencia de la mesa y de todos los allí presentes. ¿Adónde hemos llegado, para que el Parlamento en lugar de ser un foro de debate se convierta en un campo de linchamiento y nadie, absolutamente nadie reaccione y ponga fin a semejante dislate?

El ex banquero aguantó el chaparrón con aparente impasibilidad y se mantuvo imperturbable cuando Josep Vendrell, de ICV, le espetó que “pertenece a la élite carroñera”. Pero los insultos subieron de tono en el turno del representante y portavoz de CUP, David Fernández, quién tildó a Rato de “gánster” y “mafioso” mientras esgrimía amenazante un zapato. Ni el mismo Lenin lo habría hecho mejor. Sólo faltó la guinda de la agresión física, pero por fortuna el zapato se quedó en la mano del violento y lenguaraz parlamentario.

Los hechos son absolutamente lamentables. Una cosa es criticar la gestión del ex banquero en Bankia y otra muy distinta el uso de la violencia. Es inadmisible que en un Parlamento que se dice democrático se insulte a un compareciente que, por no tener, no tenía ni la obligación de acudir. La presidenta de la Comisión debería haber llamado al orden a los diputados. Pero esto no ocurrió, en una actitud que, desgraciadamente, empieza a ser cotidiana en nuestras instituciones. La izquierda radical no se ha conformado con tomar la calle y ha decidido tomar el Parlamento de forma violenta que es de la la única manera que saben hacerlo los incompetentes.

Parece como si los españoles estuviéramos resignados a aceptar estos comportamientos como si fuera algo normal. El todo vale campa a sus anchas, y no, no todo vale. No se puede intimidar a la gente en sus casas, ni se pueden asaltar impunemente los supermercados, ni convertir las sedes parlamentarias en campos de linchamiento, ni esparcir las basuras por las calles y hacer astillas con el mobiliario urbano. A estos cafres alguien debería pararles los pies y colocarlos en su sitio, que no es precisamente el parlamento –como así ocurre– sino entre rejas. Pero no hay valor para hacerlo, aunque esa es otra cuestión.

Radical, o sea independiente
Román Cendoya www.gaceta.es 14 Noviembre 2013

Tener criterio y pensamiento propio está estigmatizado con la etiqueta de radical.

La democracia, ese sistema que dicen que tenemos y que ha sido sustituido por la partitocracia, se sustenta sobre los principios de la pluralidad ideológica y la diferencia de modelos para vertebrar y aportar soluciones a la sociedad. Me indigna con qué facilidad los líderes políticos hacen uso del término “radical” para descalificar al discrepante. La descalificación de las ideas legítimas del que no piensa igual, situando al discrepante en la marginalidad del radicalismo, tiene un tic terriblemente totalitario. Lógico de una casta donde no existe democracia interna y sólo tiene sitio el culto, la admiración y la obediencia al líder. O sea, cualquier partido político español. Porque los progresistas actúan así y porque los supuestamente liberales o centro progresistas –o sea, la derecha– hace exactamente lo mismo.

Todos sabemos que en España según el PSOE están ellos, los progresistas, a su izquierda está la izquierda progresista, además se puede ser nacionalista, que tanta fascinación provoca a los socialistas, y la extrema derecha. No hay centro ni derecha. O eres “progre” o de derecha radical o extrema. Lo malo es que también el PP oficial trata a los discrepantes con la misma descalificación que la izquierda. Si no eres un devoto de las políticas del Gobierno, un aplaudidor de todo lo que haga y diga el PP de Rajoy y Cospedal pasas a ser un radical.

Aznar que lo que hace es reclamar a Rajoy que cumpla el programa electoral con el que se presentó a las elecciones ha pasado de ser el mejor presidente de la democracia, el que servía a Rajoy de modelo para ganarse la confianza de los españoles para salir de la crisis, a ser un radical de derechas. Lo mismo que todos esos cargos del PP que van a los actos del ex presidente y los millones de votantes que están de acuerdo con lo que dice Aznar. Lo mismo les sucede a las víctimas del terrorismo que en pleno ejercicio de sus libertades abuchearon a los vicesecretarios del PP en la concentración de la Plaza Colón. Inmediatamente pasaron a ser según Cospedal “ignorantes” y “radicales”. El pensamiento único y oficial es lo que prima en la partitocracia. Los dirigentes políticos son los que deciden qué tiene que pensar el pueblo, los seguidores y los votantes. En caso de que a alguien se le ocurra tener criterio y pensamiento propio tiene que saber que será estigmatizado con la etiqueta de radical.

Por eso, “radical”, como acusación vertida por un político, comienza a ser la forma de saber quién es independiente, o sea, libre. Alguien que se permite el lujo de ser ciudadano y no vasallo. Un radical libre es ser profundamente reaccionario. Es no ser un sujeto sometido y humillado por la partitocracia.

De la capacidad autodestructiva del PP

Javier Caraballo El Confidencial14 Noviembre 2013

Que sucede, nadie lo discute; lo complicado es explicar por qué. Eso es lo difícil, intentar razonar por qué le resulta tan complicado a la derecha española retener el poder sin grandes alteraciones. Como ahora, por ejemplo, estos días. Después de un inicio de otoño en el que todos los organismos internacionales han celebrado con sus previsiones el fin de la recesión en España y el principio de un nuevo ciclo de mejoras económicas, aunque el fin de la crisis como tal esté aún lejano; después de esas noticias que llevan años esperándose en España, se contempla al Gobierno en su conjunto, y al partido que lo sustenta, y nadie diría que esos tipos son artífices de nada. Más bien lo contrario, todo el mundo pensaría que las mejoras suceden a pesar de que ellos están en el Gobierno. Y que, por eso, todo el que pasa por al lado alarga el brazo para sacudirles un tortazo en el cogote.

Ahí están los durísimos editoriales en la prensa europea por la huelga de basura de Madrid, que han ido mucho más allá de la torpeza de una alcaldesa o del salvajismo de unos sindicatos; no, directamente se ha colocado la penosa estampa de estos días de la capital española como la imagen de un país endeudado que no tiene ni para pagar la basura después de que se hayan esfumado todos los sueños, como los Juegos Olímpicos o Eurovegas. O el comunicado inaudito del portavoz de la UE contra el ministro de Educación, el no menos insólito José Ignacio Wert. Es casi imposible recordar un episodio igual porque nunca nadie de la Comisión Europea se había despachado con tanta soltura contra un país miembro, y mucho menos se lo había permitido un alto cargo europeo de tercera o cuarta fila. Pero ha sucedido: el Gobierno español ha sido vapuleado, y todo se ha resuelto luego con la simple excusa de "ha sido un malentendido".

Le ha ocurrido a Wert, que es ministro más polémico y controvertido del Gobierno, pero cualquiera deduce, en la lógica de las relaciones europeas, que si el Gobierno español tuviera una imagen distinta en Bruselas, más sólida, más aguerrida, nadie hubiera osado tratarlo de esa forma. ¿Se concibe un episodio así con un ministro alemán, francés o inglés? Pues la respuesta a esa pregunta es la que nos lleva a pensar que el problema de imagen es de todo el Gobierno.

De modo que esa es la cuestión. ¿Cómo se puede explicar que un Gobierno como el de Rajoy, y su partido, tenga esa imagen de debilidad, mediocridad y chapuza, y que, sin embargo, pase inadvertido, a efectos de imagen pública, algo tan incontestable como haber evitado la quiebra del país, que era inminente hace dos años? ¿Por qué sucede eso y por qué le sucede sobre todo a la derecha? La respuesta no es simple, desde luego, y daría para unas interesantes jornadas sobre ‘la capacidad autodestructiva de la derecha española’.

La derecha tropieza siempre en los mismos errores de comunicación, de expresión, de empatía. En esos campos, sencillamente, el PSOE alcanza una maestría desconocida en el Partido PopularSabemos, por ejemplo, que la crisis de las ideologías con lo que no ha acabado ha sido con una aureola de tópicos en torno a la idea de la derecha y de la izquierda, de la manera que la primera siempre se verá relacionada en el subconsciente colectivo con las minorías, los ricos y los privilegios, mientras que a la segunda se la asocia con el pueblo, las clases más desfavorecidas y la solidaridad. Aun a pesar de que a la derecha se le reconoce siempre un plus de eficacia en la gestión, la balanza nunca se llega a compensar. En el caso de España, además, tras cuarenta años de dictadura fascista, la distorsión es aún mayor de la que pueda existir en cualquier otra democracia avanzada que no haya sufrido esa lacra.

Desde ese punto de vista, la cuestión digna de análisis, cuando un Gobierno como el de Mariano Rajoy atraviesa unos días como estos, de alpargatazo limpio, es si todo esto sucedería igualmente con un Gobierno de un signo político distinto. Admito que no sé responder a la pregunta porque, de la misma forma que me parece irrebatible que PSOE y PP parten de un ambiente de aceptación sociológica muy distinto, también es indiscutible que la derecha tropieza siempre en los mismos errores de comunicación, de expresión, de empatía. En esos campos, sencillamente, el PSOE alcanza una maestría desconocida en el Partido Popular por mucho que los ‘populares’, sin historia como partido, hayan acabado imitando las formas de actuar del aparato socialista.

Las operaciones de imagen nunca han sido el fuerte del PP. Y de eso no debe ser ajeno el hecho de que no haya ni un solo ministro en el Gobierno del que se pueda decir que ofrece una imagen de cercanía a la población, que pueda contrastar con los de un perfil más duro. No, la imagen del Gobierno, de empatía, de cordialidad, es tan demoledora como lo demuestran los últimos barómetros del CIS, en los que ninguno de los miembros del Gobierno alcanzaba el aprobado. Los mejores valorados, Soraya Sáenz de Santamaría o Miguel Arias Cañete, se quedaban por debajo incluso de dirigentes como el portavoz de ERC, Alfred Bosch, o el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara. ¿Tiene algo que ver en todo esto la lejanía persistente del presidente Mariano Rajoy, sus largas ausencias del debate político? Pues parece que no cabe la menor duda.

Pero, ya digo, que las respuestas no son simples ni sencillas. Un último ejemplo, en este sentido; el más pintoresco, quizá, y también uno de los más simbólicos. Esta semana ha volado por las redes sociales y por todos los portales de la red el desplante de un espectador en el programa de las tardes de Televisión Española. La presentadora, Toñi Moreno, estaba en una de sus habituales llamadas del público para recaudar fondos para alguna mujer que se ha quedado parada o que no tiene para pagar el alquiler de su casa, cuando un espectador le ha reprendido, a ella y al Gobierno, que se dediquen a la caridad.

El tipo cogió el teléfono y dijo en directo: “Este programa lo que está haciendo es fomentar la caridad y es el Estado de bienestar quien debe cubrir estas necesidades. Ustedes están jugando con los sentimientos de las personas. Y eso no se debe hacer. El Estado debe intervenir y no recurrir a la caridad. Muchas gracias”. Y colgó, sin más. La cara de la presentadora lo decía todo. Pero no por el momento, quizá lo que esa periodista no entendía es que durante años y años ha estado haciendo el mismo programa en Canal Sur y nadie, jamás, censuró por lo más mínimo al Gobierno socialista de Andalucía. Todo ha sido ficharla TVE, con un Gobierno del PP a sus espaldas, y lo que antes era solidaridad se ha convertido en caridad. Esa es la duda. ¿Por qué sucede?

Marchamos francamente, y el PSOE el primero, por la senda del Frente Popular

LUIS MARÍA ANSON El Mundo 14 Noviembre 2013

Como decía Winston Churchill, primera cabeza del siglo XX, las encuestas son como los trajes de baño femeninos: es interesante lo que descubren pero mucho más lo que ocultan. Frente al regocijo y a la algarabía del PP, vencedor en unas generales según todas las encuestas, se oculta que los populares no permanecerían en Moncloa sino que serían sustituidos por la alianza del PSOE, del Partido Comunista enmascarado en Izquierda Unida, del ERC catalán y del BNG gallego, con la colaboración directa o indirecta del resto de las formaciones. Todos contra el Partido Popular.

En los centros de decisión del PP se afirma como un dogma que el partido que gane las generales es el que gobernará, como ha ocurrido siempre desde 1977. Eso es una estupidez. Es voluntarismo iluso y mendaz. Lo que ha pasado en destacadas Comunidades Autónomas es lo que ocurrirá en las próximas elecciones generales, si una alianza de los partidos de izquierda alcanzase mayoría para instalarse en Moncloa. Javier Arenas puede explicarlo muy bien. Encabezó el partido que venció holgadamente en las elecciones andaluzas pero gobierna la coyunda de socialistas y comunistas. Aparte Andalucía, lo mismo ha ocurrido en su día en Galicia, en Cantabria, en Baleares, en Cataluña, en Aragón, incluso en Madrid...

El líder del PSOE rubalmaquina en este sentido. Sabe que tal y como están las cosas los socialistas solo retornarán al poder articulando un Frente Popular ampliado, en el que probablemente, para chasco de Rubalcaba, se alzaría con el santo y la limosna el Partido Comunista. Marchamos francamente, y el PSOE el primero, por la senda del Frente Popular. Eso es lo que revelan las encuestas.

Y no, no se trata de regocijarse en la denuncia de las torpezas políticas de Mariano Rajoy, que ha acertado, sin embargo, en la estrategia económica y en el tratamiento de la crisis. Para la estabilidad de España sería una catástrofe que gobierne el Frente Popular. Por eso, desde posiciones independientes, algunos insistimos en que es necesario potenciar al PSOE y devolverle a una posición sólida de alternativa real. Lo que conviene a España es un Partido Socialista robusto que pueda gobernar sin problemas de alianzas coyunturales. Un PSOE que se mueva en el centenar de diputados quebrantaría la estabilidad política de España. Junto a un Partido Socialista recuperado, conviene que se mantenga de forma sólida el Partido Popular, reconociendo sus aciertos y denunciando sus errores, pero sin hacer sangre porque en política algunas heridas cicatrizan con extrema dificultad.

El Frente Popular ampliado, que se perfila en el horizonte de la vida política española, contaría en el Congreso de los Diputados con el apoyo del PNV y de CiU si plantea una reforma constitucional que favorezca a los partidos nacionalistas. Y que no se haga ilusión el entorno del Rey y del Príncipe de Asturias. La forma de Estado de un teórico cambio constitucional impulsado por el Frente Popular sería la República confederal.

Luis María Anson es miembro de la Real Academia Española.

El 'Prestige' y el contaminante agitprop de la izquierda
EDITORIAL Libertad Digitial 14 Noviembre 2013

Por fin la Audiencia Provincial de La Coruña ha emitido sentencia en el caso Prestige. Sólo ha resultado condenado uno de los tres acusados, el capitán del buque: nueve meses de prisión por un delito de desobediencia a la autoridad; en cambio se ha absuelto al jefe de máquinas y al ex director general de la Marina Mercante, a los que se pedía responsabilidades por delitos contra el medio ambiente y daños provocados por el hundimiento del petrolero, en noviembre de 2002.

Puede llamar la atención que el tribunal considere probado un fallo estructural en el petrolero "cuyo origen nadie puede precisar", así como un "mantenimiento deficiente" del mismo, pero que sólo condene al capitán por desoír las órdenes de las autoridades españolas a la hora de facilitar el remolque del barco desde que se produjo la primera avería y la fuga del fuel. Sin embargo, esa contradicción sólo lo es en apariencia, habida cuenta de que un fallo estructural de origen indetectable o un mantenimiento deficiente no siempre se traduce en una responsabilidad penal, que, en cualquier caso, sería del armador, en ningún caso del capitán, del jefe de máquinas y, menos aún, del director general de la Marina Mercante española.

Dado que ninguna acusación se dirigió contra las empresas propietarias, fletadoras y clasificadoras del barco, la única objeción seria que se puede hacer a esta sentencia es que haya demorado más de once años. Sin embargo, no es por la injusticia que anida en toda justicia lenta por lo que la izquierda se rasga las vestiduras, sino por su empeño en seguir haciendo de aquel accidente una causa política contra el PP.

A pesar de una inmensa campaña de agitación y propaganda, que contaminó a la práctica totalidad de los medios de comunicación y que venía casi a presentar a Fraga como el responsable del hundimiento y a Aznar como el autor de la dispersión del chapapote, lo que ha quedado demostrado en estos años es el acierto de las autoridades españolas al ordenar el alejamiento del Prestige y al acordar la extracción del combustible mediante un sistema de lanzaderas que permitió recuperar más de 13.500 toneladas de petróleo del buque, hundido a casi 4.000 metros de profundidad; la celeridad con la que se concedieron las ayudas a los pescadores y marisqueros afectados; la buena coordinación y efectividad en las labores de limpieza y el logro de la entonces comisaria europea Loyola de Palacio de conseguir la prohibición en toda la UE de los petroleros monocasco.

Pocas veces un partido político ha merecido tanto el respaldo de los electores como el PP en las zonas afectadas por el hundimiento del Prestige. De hecho, frente al panorama desolador que denunciaba la izquierda y que nos presentaba al Finisterre gallego como barrido por un tsunami y a sus habitantes como condenados por décadas al hambre o la emigración, lo cierto es que, tal y como recuerda Jorge Alcalde en estas paginas, la costa gallega ya se había prácticamente recuperado, tanto desde el punto económico como desde el medioambiental, de todas sus secuelas muy pocos años después del siniestro.

El único chapapote que persiste es la falaz propaganda de una izquierda –ya sea nacionalista o no– dispuesta a todo con tal de desbancar a su adversario político.

Prestige: un fallo judicial sin culpables ni responsables
Editorial El Mundo 14 Noviembre 2013

No hay culpables ni responsables en el desastre ecológico provocado por el Prestige, que se hundió en la costa gallega en noviembre de 2002. La sentencia de la Audiencia de La Coruña exonera al capitán y al jefe de máquinas del petrolero y al ex director general de la Marina Mercante de cualquier responsabilidad penal en los hechos.

El fallo determina igualmente que no se pueden exigir responsabilidades civiles por unos daños cuantificados en 4.300 millones de euros por la Fiscalía. La única condena impuesta por la Audiencia es la de nueve meses de cárcel al capitán Mangouras por desobediencia civil, ya que se negó durante tres horas a que el Prestige fuera remolcado. Pero ello no tuvo ninguna incidencia en la catástrofe por lo que se trata de una pena ajena al litigio principal.

La sentencia asegura que «no hay ningún dato concreto que permita establecer con seguridad las causas de la repentina e irreparable avería que sufrió la nave» y pone el énfasis en que el Prestige, que transportaba 77.000 toneladas de crudo, había pasado las inspecciones de la American Bureau of Shipping y tenía todos los certificados de navegabilidad. Por tanto, aunque reconoce que había elementos subsidiarios en el buque que no funcionaban bien, concluye que estaba habilitado para navegar sin impedimento legal.

La Audiencia señala que «el estado de conservación era deficiente y que eso hizo que no soportase los esfuerzos del temporal». Pero precisa que es imposible concretar «el fallo estructural» que se produjo, dado que existen diversas teorías de los expertos.

Otro aspecto muy importante de la sentencia es que considera que la decisión de alejar el barco fue justificada en una situación donde no existían protocolos de actuación y había una clara emergencia. Por tanto, el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, no cometió ningún delito. No sólo no hubo dolo alguno en su conducta sino el deseo de evitar un desastre, al igual que en la tripulación.

No cabe duda de que esta sentencia decepcionará a las acusaciones y a millones de ciudadanos que deseaban que la naviera o la aseguradora se hicieran cargo de los daños causados. Pero ello no ha sido posible porque los magistrados vienen a decir en su sentencia que el desastre se produjo por una concatenación de causas imprevisibles y que, por tanto, no hay culpables ni responsables.

La única vía que queda abierta es la del recurso de casación ante el Supremo, ya que un tribunal de Nueva York desestimó una demanda civil del Gobierno español contra la American Bureau Shipping en la que pedía 1.000 millones de indemnización por no haber detectado los fallos del Prestige.

Resulta, por ello, comprensible la frustración que ha generado la sentencia de la Audiencia - IU habló de «día negro para la Justicia»-, pero los jueces deciden sobre hechos y no sobre hipótesis que no han quedado acreditadas. La gran paradoja de esta resolución es que la factura recaerá sobre unos contribuyentes que van a tener que asumir unos cuantiosos daños provocados por nadie y por nada.

'Prestige', una sentencia tardía y discutida
Editorial www.gaceta.es 14 Noviembre 201

Once años después de ocurridos los hechos, se ha dado a conocer la sentencia del juicio contra los tres acusados con ocasión del hundimiento del petrolero "Prestige" y los daños medioambientales subsiguientes al vertido de casi setenta mil toneladas de fuel oil al mar, cerca de las costas de Galicia, en la que se ha considerado (al menos en los medios de comunicación) la mayor catástrofe ecológica de la historia de España.

Los dos acusados de delito ecológico, el capitán del barco y el jefe de máquinas, han sido absueltos de este delito, y Mangouras ha sido condenado a nueve meses -que no cumplirá en prisión- por desobediencia a la autoridad al haberse negado a que el barco fuese remolcado en los primeros momentos. El tercer acusado, José Luis López Sors, director general de la Marina Mercante a la sazón, y único representante del Estado en el banquillo, también ha sido absuelto del cargo de imprudencia grave que se le imputaba. La sentencia, finalmente, no determina responsables de los daños económicos, como no fuera la entidad American Bureau of Shipping (ABS) que certificó a la ligera -siempre según la sentencia- que el "Prestige" estaba en buenas condiciones para navegar. Pero ocurre que un tribunal norteamericano ya falló a favor de ABS en el pleito que el Reino de España promovió para que se hiciera cargo de mil millones de dólares, que finalmente se van a quedar en los 22 que fueron en su día depositados en el Juzgado español.

Una sentencia de este tenor, sobre todo teniendo en cuenta el colosal griterío mediático que se organizó en 2002, estaba destinada a recibir toda suerte de reproches, como en efecto ha ocurrido. La plataforma "Nunca Mais", que muchos creíamos disuelta desde hace tiempo, he aquí que ha resurgido de sus cenizas y un portavoz la calificado el fallo judicial de injusto y lamentable; organizaciones dedicadas al activismo ecologista también han mostrado su disgusto y han anunciado que no descartan recurrir la sentencia; y los partidos de izquierda que entonces híper-politizaron la catástrofe tampoco han dejado pasar la ocasión sin volver a las andadas. Nada nuevo, pues.
Hay dos puntos centrales en este asunto: uno de ellos es la discutible decisión de alejar el "Prestige" de la costa; el otro es el coste económico que el accidente costará, según todo apunta, a los contribuyentes españoles. Respecto a lo primero, la sentencia sostiene que fue prudente el preferir extender el impacto medioambiental si la alternativa era concentrarlo gravísimamente en unos pocos kilómetros de costa. El tiempo parece haber dado la razón a los jueces, pero este debate continuará de seguro mucho tiempo, aunque el fallo hubiera sido el contrario. En cuanto a lo segundo, es probable que la lentitud de la Justicia no haya sido irrelevante en la dilución de las responsabilidades pecuniarias. Y probablemente esta lentitud sea lo más lamentable de este ya de por sí lamentable episodio.

El cariño de Rajoy
ANA VELASCO VIDAL-ABARCA. EL MUNDO  14 Noviembre 2013

El presidente del Gobierno ha realizado unas declaraciones en las que transmite a las víctimas del terrorismo su afecto, cariño y solidaridad. Un afecto, cariño y solidaridad que sitúan a las víctimas como objeto de compasión, como seres merecedores de lástima y conmiseración, pero desprovistos de la simbología esencial que representan: la sociedad española atacada brutalmente durante décadas para imponer un proyecto político que pretende separar el País Vasco del resto de España, aniquilando o sometiendo al discrepante.

Todas y cada una de las víctimas de ETA han sido asesinadas para lograr ese propósito. Por eso, el afecto, el cariño y la solidaridad suenan a desistimiento, a arrinconamiento, a renuncia, a abandono de las reivindicaciones y de la concepción de las víctimas como referente ético y de resistencia colectiva de los españoles ante la intimidación del terrorismo. Los muertos ya no son patrimonio de todos, sólo lo son de sus familias, a las que el presidente les pasa la mano por el lomo y les da el abrazo del oso, tratando de asfixiar esa molesta exigencia de justicia y de derrota moral y política del terrorismo que no está dispuesto a garantizar. Ese cariño es una claudicación, una declaración de intenciones –o de no intenciones–; es la constatación del pago del precio por una paz incierta e indigna.

Sólo el cariño no es suficiente, es incluso ofensivo. Tras su inacción en Estrasburgo para evitar la derogación de la doctrina Parot, el presidente puede y debe ofrecer a las víctimas y a toda la sociedad otras iniciativas ineludibles y mucho más reconfortantes, además de eficaces y necesarias. Por ejemplo, puede promover la aplicación efectiva de la Ley de Partidos que contempla la ilegalización de las formaciones que no condenan el terrorismo; puede instar la investigación diligente de los casi 400 casos de asesinatos cometidos por ETA que aún están sin resolver; puede trabajar para contrarrestar el vergonzoso plan de paz y convivencia del Gobierno vasco, que equipara a víctimas y asesinos; puede aprobar esa iniciativa legislativa que elaboró su grupo parlamentario para permitir el voto de los exiliados del País Vasco por la presión terrorista, y que por razones misteriosas guarda celosamente en un cajón, o puede revocar la autorización aún vigente del Congreso a la negociación con ETA.

También puede desactivar el plan Nanclares, ideado para sacar de la cárcel antes de tiempo a terroristas que no colaboran con las autoridades, como exige la ley, y puede, simplemente, tener la voluntad de cumplir sus promesas y su programa electoral, o proponerse ser sincero y explicar lo que está haciendo, por qué y a dónde quiere llegar. Puede decirnos cuál cree que debe ser el fin –que no la derrota– de ETA, porque nos encaminamos a toda velocidad a un escenario de exculpación, olvido, legitimación y toma del poder. Quizás eso explica la mala conciencia y el intento de eludir responsabilidades con esas muestras de cariño tan culpables como estériles.

Ana Velasco Vidal-Abarca es directiva de Covite e hija de Jesús Velasco, asesinado por ETA, y de Ana María Vidal-Abarca, fundadora de la AVT.

Aquí yace un español
JESÚS LAÍNZ.  EL DIARIO MONTAÑES   14 Noviembre 2013

Hoy, 14 de noviembre, se cumplen dos siglos del fallecimiento de Antonio Capmany y de Montapalau, figura eminente de la historiografía española del siglo XVIII y diputado por Cataluña en las cortes de Cádiz.

Nacido en Barcelona en 1742, ya durante su juventud militar empezó a ser conocido por su afición al estudio: le llamaban 'el alférez de los libros'. Desempeñó muchos cargos en la diplomacia, la archivística y la administración con Carlos III y Carlos IV, entre ellos el de secretario perpetuo de la Academia de la Historia. Entusiasta partidario de la dinastía borbónica a pesar de su estirpe austracista, consideró un acierto la unificación jurídica de los antiguos reinos de España, como la eliminación de los peajes interiores y la liberalización del comercio con América, por considerar que había facilitado el desarrollo de la incipiente industria nacional.

Aunque su lengua materna fue la catalana, Capmany siempre empleó la castellana, tanto para hablar como para escribir. Como casi todos sus contemporáneos, consideraba que la lengua entonces conocida como lemosina, a pesar de su pasada grandeza, había quedado arrinconada e inútil para la creación literaria. En varios de sus escritos explicó su opinión sobre una lengua «que pocos leen y muchos menos entienden» y a la que calificó como un «idioma antiguo provincial, muerto hoy para la república de las letras». Habría de pasar aún medio siglo desde su muerte para que la Renaixença rescatase la lengua catalana para un cultivo literario que acabaría alcanzando las cimas de Maragall y Verdaguer.

A partir de la Revolución Francesa, que le provocó gran repugnancia, desarrolló una virulenta francofobia que vertió en varios de sus libros dedicados a denunciar el paulatino afrancesamiento de la lengua y costumbres españolas introducido por «esos señoritos lengüeteros que estropean su idioma patrio con jerigonzas afrancesadas».

El 2 de mayo le sorprendió con sesenta y cinco años en Madrid, ciudad en la que residía desde hacía tres décadas. Al día siguiente de la entrada de Napoleón, negándose a reconocer la autoridad francesa, huyó a pie hacia Andalucía. En Sevilla la Junta Suprema le encargó la dirección de la Gaceta, diario oficial del Gobierno.

Fue uno de los organizadores de las Cortes de 1812, en las cuales participó activamente como diputado de la mayoría liberal. A petición suya se decretó denominar Plaza de la Constitución todas las plazas importantes de las ciudades españolas. En una de sus últimas intervenciones explicó su concepción de la representación de los diputados como un mandato de la nación en su conjunto, no fragmentable por territorios, pues «nos llamamos diputados de la Nación y no de tal o tal provincia; hay diputados por Cataluña, por Galicia, etc., mas no de Cataluña, de Galicia, etc.». Se distinguió también como incansable orador popular, dedicándose a recorrer Andalucía organizando asambleas en las que, con sus ardientes discursos patrióticos, exaltaba la moral combativa de los congregados.

El último libro salido de la pluma de Capmany, 'Centinela contra franceses', es la más contundente exaltación de España que se haya escrito jamás.

Lamentando su avanzada edad, que le impedía empuñar las armas, arengó a sus compatriotas para que todos participaran en la lucha común por la independencia de España. Y lo concluyó con estas palabras dedicadas a los soldados españoles: «Adonde quiera que os lleve la fortuna, lleváis la patria con vosotros. Cuando perecierais todos, iremos los viejos, los niños y las mujeres a enterrarnos con vosotros, y las naciones que trasladen a esta desolada región sus hogares y su servidumbre, leerán atónitas: Aquí yace España libre. Y yo doy aquí fin a este escrito por no morirme antes de tiempo».

Pero no le mató su ardor patriótico, sino la fiebre amarilla que afectó en 1813 a la capital constitucional. Con motivo del traslado de sus restos mortales en 1857 a su ciudad natal, el alcalde, Ramón Figueras, pidió a los barceloneses que «seamos, como él, tan buenos españoles como buenos catalanes: no nos encastillemos en un angosto provincialismo, que no pocas veces descansa más en rencores tradicionales y añejas preocupaciones que en un verdadero amor al país. Estrechemos los lazos de la nacionalidad española sin aflojar los que nos ligan a nuestra querida Cataluña». Y el eminente jurista y político Manuel Durán y Bas explicó así el orgullo que para Barcelona representaba haberlo tenido entre sus hijos: «Por su cuna pertenece a Cataluña; por su ferviente amor patrio pertenece a la nación entera. ¡Bien por ti, Cataluña, que has dado tales hijos a España!».

De su bicentenario no se ha acordado nadie, ni en la Cataluña 'orwellizada' ni en la España sin pulso. Y menos que nadie, los representantes de una soberanía nacional de la cual Capmany fue uno de los padres. Un ejemplo más de cómo el ocultamiento de la Cataluña real hará inevitable el triunfo de la farsa catalanista

Cataluña y la pasión por la causa
Cuando la historia se pone al servicio del nacionalismo, pierde credibilidad
Guillermo Pérez Sarrión El Pais  14 Noviembre 2013

Decía Ranke, creo recordar, que el objeto de la investigación histórica es llegar a conocer los hechos tal como fueron. Ya sabemos que eso es, en su literalidad, imposible: pero el trabajo del historiador consiste en acercarse el máximo y además colocar los hechos en un contexto que permita entender lo que realmente pasó.

El artículo de Gabriel Tortella sobre el nacionalismo catalán de octubre de 2013 ha tenido una algo airada respuesta de Joaquim Albareda y Borja de Riquer en la que los segundos en algunos asuntos dicen cosas razonables, pero en general es difícil que convenzan a nadie que no sea nacionalista. El interés del artículo de Tortella está en que refleja un estado de opinión muy difundido que quienes le responden creo que no han sabido captar.

Tortella argumenta que el nacionalismo catalán ha crecido como resultado de un plan de adoctrinamiento de la Generalitat, y que en ese plan la interpretación sesgada de la historia de Cataluña ha tenido un papel importante. Creo que tiene toda la razón, pero no entraré a polemizar sobre la primera parte, ese plan cuya obviedad es indiscutible, para centrarme en la segunda parte, la interpretación sesgada de la historia por los historiadores nacionalistas. Y lo hago con propósito cívico, en la convicción, tan ingenua como importante: si los historiadores no son capaces de discutir entre sí sobre el pasado con argumentos no pueden exigir a la clase política que lo haga, como sucede.

La historiografía nacionalista catalana que yo alcanzo a conocer y leer adolece de algunos defectos de credibilidad, de los cuales el primero y más importante es el vaciado metodológico, que, aplicado a Cataluña, consiste en defender la idea de que los hechos del pasado catalán solo son explicables en virtud de factores que operan desde dentro de su comunidad política, y que acaban en ella misma, prescindiendo de todo lo demás. Si como sencillo ejemplo aplicamos esto a uno de los mitos nacionalistas: la derrota de 1714 y la pérdida de los fueros, encontramos que el propio Joaquim Albareda titula un reciente (e interesante) libro suyo La Guerra de Sucesión, como si realmente lo que contiene fuera la guerra, y solo eso. Todos saben, y el autor también, que fue una guerra internacional, una guerra dinástica, y una guerra civil, pero en el libro la guerra se presenta como un enfrentamiento entre Cataluña y el resto de España. Y visto así, sin más, esto simplemente no es cierto: el contexto es fundamental para entender los hechos narrados, y si se prescinde del contexto, estos no se entienden.

Los historiadores nacionalistas han de decidir si quieren convencer
La aplicación, con frecuencia (pero no siempre) inconsciente, del vaciado metodológico, tiene otra consecuencia, la imposibilidad de comprender los hechos económicos. El mercado nacional se creó en el siglo XIX y para ello ya en el siglo XVIII se estuvieron creando regiones económicas, cuyo ámbito territorial no coincidía con los reinos y principados históricos, lo que origina el problema de que o se deja de hacer historia exclusivamente regional o no se puede dar cuenta cabal de todo esto.

En el siglo XVIII en Cataluña se estaba creando una región económica que se fue extendiendo por Aragón y a finales de siglo llegaba a Navarra; además las redes mercantiles de catalanes se extendieron imparables por todo el interior peninsular. Aquí, o se hace historia de España, o nada cuadra. Tortella, refiriéndose al siglo XVIII, menciona el “impresionante despegue económico del Principado (…) que lo colocó a la cabeza del resto de España en el palmarés económico (…)”, sin embargo, el nacionalismo historiográfico catalán da por sentado definitivamente que los Borbones perjudicaron a Cataluña. Pero entonces, ¿por qué les fue tan bien en lo económico? Eso se pregunta Tortella y me pregunto yo también...

La respuesta es simple: por un lado la expansión económica catalana en el siglo XVIII no puede explicarse solo teniendo en cuenta las transformaciones económicas del interior del Principado; y por otro, en realidad los catalanes resultaron privilegiados por la nueva monarquía. El rey suprimió casi totalmente las aduanas interiores (lo que permitió colocar los productos catalanes en el interior peninsular con menos costes), creó en Cataluña un impuesto directo y moderno, el catastro, que por su forma de recaudación resultó en una baja presión fiscal, menor que en el resto de España, que además disminuyó con el tiempo, y que encima, por el fraude, fue menor aún en las áreas y sectores que más crecían: la protoindustria y el comercio. Esto lo demostró Emiliano Fernández de Pinedo hace años en un artículo que, en lo poco que sé, la historiografía nacionalista no ha tenido en cuenta para seguir sosteniendo lo contrario.

El rey además contribuyó decisivamente al aumento de la productividad laboral en Cataluña (y no en la de otras regiones) interviniendo ante el Papa para reducir el gran número de días festivos existente, como atestiguan ilustrados como Rodríguez Campomanes. Hay otros factores a favor, que no detallo para no alargar el texto. Estas ideas han sido muy poco resaltadas, cuando no ignoradas. El mito de la opresión de los Borbones hacia Cataluña, como un mantra eterno, subsiste.

Si esta idea, que el nacionalismo historiográfico daba por cierta, hoy ya no puede sostenerse, cabe preguntarse si no hay otras que también se deben cuestionar. Puede que los fueros no se vieran solo como libertades, sino también y sobre todo como privilegios estamentales, y que el rey pensara que los catalanes, que le habían jurado fidelidad en cortes de 1702, le habían sido desleales en 1705, el peor pecado de los súbditos hacia su rey. No estaba contra los fueros porque sí: los del País Vasco y Navarra no se suprimieron.

Cuando la profesión se pone al servicio de una causa, en este caso el nacionalismo catalán, se pierde credibilidad. Los historiadores que así proceden tendrán que pensar que los otros, los que no lo son, no tienen los prejuicios asociados a tal posición política, y no se dejarán convencer fácilmente por una historiografía militante que sigue sosteniendo ideas que hoy la historiografía general considera parciales, mal contextualizadas o simplemente erróneas. Los historiadores nacionalistas deben decidir si quieren escribir para los convencidos o por el contrario convencer a los que les lean, sean quienes sean. Y para ello deberían empezar por negarse a colaborar en congresos pretendidamente profesionales como el próximo titulado España contra Cataluña: una mirada histórica (1714-2014), en el cual, según el folleto convocante, se “analizarán las condiciones de opresión nacional que ha padecido el pueblo catalán a lo largo de estos siglos, las cuales han impedido el pleno desarrollo político, social, cultural y económico”.

Un congreso compuesto solo por historiadores catalanes, cuyos resultados están predeterminados siguiendo la peor práctica profesional posible, y que pone la investigación histórica al servicio de la actual estrategia política de CiU y el sector nacionalista del PSC. Desde esas premisas no se pueden analizar los hechos tal como fueron, como pedía Leopold von Ranke; ni siquiera se pretende tal cosa. Tortella en general tiene razón y su opinión es compartida por muchos otros historiadores que ven que en la historia de Cataluña, al menos en estos casos, sobra vaciado metodológico y pasión por la causa.

Guillermo Pérez Sarrión es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Zaragoza y autor de La península comercial (Marcial Pons, Madrid 2012). Es además premio Jaume Vicens Vives de la Asociación Española de Historia Económica, 2013.

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Justicia decepcionante
Pablo Sebastián www.republica.com 14 Noviembre 2013

La sentencia absolutoria sobre el desastre ecológico del Prestige, sin ninguna condena importante, ni siquiera para ¡los armadores o los aseguradores! del buque, se une ahora al malestar natural que ha provocado la celeridad con la que la Audiencia Nacional -tan lenta en otros casos- comenzó a excarcelar etarras -antes incluso que otro tipo de delincuentes afectados- al aplicar con urgencia la sentencia de Estrasburgo sobre el caso Parot.

Si añadimos la lentitud y falta de medios de algunos jueces en los casos más emblemáticos de la corrupción, como Bárcenas, ERE, Gürtel, Urdangarin, Palau, etc. A lo que se les añade la falta de interés o de presunta complicidad de la Fiscalía en el caso de la infanta Cristina, o de sus actuaciones discutibles en los ERE, o con su silencio y pasividad ante los ahora nuevos escándalos de los sindicatos, o frente a las continuas violaciones de la legalidad en Cataluña, veremos que hay motivos suficientes para incorporar a la Justicia a la lista de instituciones que hoy están en entredicho.

El vigente espectáculo político sobre el reparto de sillones en el seno del Consejo General del Poder Judicial, que previamente ha apañado el ministro Gallardón con sus ‘injustas’ reformas de la Justicia y de su legislación, constituye un ejemplo más de lo mal que están las cosas en el conjunto del ámbito judicial.

En el caso del Prestige la sentencia reconoce que el barco roto y hundido tenía serios problemas estructurales. Y si eso es así ¿por qué los fiscales y los jueces no se lanzaron a fondo contra los armadores y la aseguradora del barco? No se sabe, o por ahora no está claro, y cabe esperar que el recurso al Tribunal Supremo que se ha anunciado permita abordar esta cuestión.

En relación con la responsabilidad política de aquel Gobierno de Aznar, la y del propio capitán del barco, sobre si se hizo bien o no lo de alejar el buque de las costas en vez de llevarlo a puerto ahí no cabe exigir responsabilidad penal alguna, porque la decisión que se tomó fue de buena fe y considerada la mejor. Y, además, se desconoce que es lo que hubiera pasado si el buque se rompe cerca o llegando a puerto, lo que a lo mejor habría sido mucho peor.

En todo caso, el desastre le costó a España más de 4.000 millones de euros y provocó ingentes daños ecológicos y económicos en Galicia, donde nadie olvidará semejante episodio. El que por lo menos nos ofreció un espectáculo encomiable de solidaridad y el trabajo en contra del famoso chapapote, gallegos y ciudadanos de otras partes de España que fueron a esas costas a ayudar.
www.pablosebastian.com

¿Qué es democracia real? / Poco cristiana e-cristians
 Pío Moa www.gaceta.es 14 Noviembre 2013
Es preciso emprender un movimiento de rebelión cívica en pro de una regeneración democrática. Un pequeño fraude de e-cristians
Blog II: La ignorancia como fundamento de la libertad / Gimnasia española / Reseña entusiasta:
http://www.piomoa.es/?p=1869
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¿Qué es una democracia real?

Desde luego, nada que ver con la confusa demagogia izquierdista del movimiento perroflauta. Se trata de algo muy simple: independencia judicial, división real entre ejecutivo y legislativo, prensa independiente, libertades comunes efectivas y elecciones libres. Estos requisitos se cumplen cada vez peor. La democracia española ya empezó mal cuando, como he expuesto en La Transición de cristal, Suárez se sacudió la tutela de Torcuato Fernández Miranda y echó sobre el proceso político todo el peso de su oportunismo, incultura histórica y general, y vaciedad ideológica. De ahí fue tomando cuerpo una derecha sin otro norte que la economía y el afincamiento en el poder., dejando a izquierdas y separatistas el monopolio de las ideas. Se identificó así antifranquismo y democracia, resultando los demócratas más ejemplares los terroristas y los comunistas, únicos que habían hecho verdadera oposición a Franco. En realidad, la democracia ha venido del franquismo y todas las amenazas a ella (terrorismo, corrupción masiva, “muerte de Montesquieu”, separatismos...) vienen precisamente de los sedicentes antifranquistas.

Los fallos de la transición, muchos de ellos lógicos dada la novedad del proceso, no se han corregido, sino que se han acentuado hasta llegar a la actual podredumbre del sistema. En un ambiente de frivolidad, ignorancia o tergiversación histórica y sustitución del análisis y el debate por cuatro estereotipos simples convertidos en simplezas, se ha llegadoa la triple crisis actual: política, nacional y económica. No existe verdadera división de poderes, y la degradación de la justicia es más que evidente. Las elecciones son técnicamente libres, aunque la ley electoral y la disposición de los medios de masa hacen muy difícil –no imposible—la salida del actual reparto del poder entre PSOE, PP y separatistas. Hay libertad de expresión, aunque mermada, con gran parte de la prensa condicionada por subvenciones o favores especiales, particularmente en regiones como Cataluña (sin olvidar la significativa participación de muchos grandes medios en el negocio de la prostitución) . Se intentan imponer leyes totalitarias o antijurídicas, como la LMH o la de violencia de “género”, se condena a muerte civil a quienes discrepen de la llamada corrección política, y los gobiernos, tanto el del PSOE como el del actual PP no vacilan en echar abajo el estado de derecho en aras de los acuerdos con los asesinos etarras.

¿Qué se puede hacer? Cuando Zapatero comenzó su colaboración con la ETA para rescatarla del pozo en que se hallaba, se produjo un vasto movimiento popular de repulsa, una rebelión cívica, como la llamó Alcara. La iniciativa espontánea fue liquidada eficazmente por Rajoy y su grupo, conduciéndola a la nada. Este es uno de los caminos a seguir. Eso pudo hacerlo Rajoy porque todavía gozaba de la confianza de una gran masa de población, como ocurría también con el PSOE. Hoy, esa confianza ha disminuido enormemente, lo que crea condiciones para reimpulsar un movimiento de este género.

Al mismo tiempo, la crisis de los grandes partidos permite ir saliendo a flote a partidos hasta ahora insignificantes. Sería bueno que se pusieran de acuerdo en algunos puntos básicos de regneración nacional y democrática. Ello permitiría debilitar o acabar con una casta política cuyo balance no puede ser más nefasto. Porque el estado de derecho ha sido destruido, y, o la democracia acaba con la casta o esta acaba con la democracia, y de paso con España.
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e-cristians no es muy cristiana.
Recientemente AES, asesorada por Adolfo Prego, ha logrado una importante victoria judicial haciendo que la escandalosa absolución del doctor Morín, auténtico carnicero abortista, sea revisada y abierto nuevo proceso. Un tanto que ha intentado adjudicárselo el movimiento cristiano-separatista catalán e-cristians, como así ha aparecido en El País, El Mundo y otros órganos de prensa. La realidad es que cuando Morín fue absuelto, e-cristians renunció a pedir la revisión del caso. Solo cuando AES, apoyada por el centro de estudios Tomás Moro, puso en marcha el recurso, e-cristians presentó a su vez el suyo de forma independiente, para distanciarse de un grupo como AES, que tiene el nombre de “español” en sus siglas. Pero el recurso de e-cristians, no muy bien dfndamentado, fue rechazado por el Supremo, que en cambio aceptó el de AES y Tomás Moro. En fin, una autoadjudicación fraudulenta y poco cristiana por parte de e-cristians, una organización antiespañola y sectaria bajo su nombre cristiano.


“Aceptaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña”
Cataluña: 10º aniversario de la felonía ZP
José Rosiñol Lorenzo. Periodista Digitial 14 Noviembre 2013

Hay aniversarios que no son para celebrar, pero sí hay actos y declaraciones que no hay que olvidar, como es el caso de las que pronunció José Luis Rodríguez Zapatero el 13 de noviembre de 2003, quizás a sabiendas y convencido de la más que improbable posibilidad de ganar las elecciones Generales del año 2004 lanzó la soflama que titula este artículo convirtiéndose en el punto de partida de la espiral independentista que sufrimos en la actualidad.

Estas manifestaciones podrían ser el paradigma de una forma de entender la política desde una izquierda posfranquista huérfana de ideas y penosa en análisis, una política basada en el cortoplacismo, en el simulacro y el concepto vacío en forma de imagen redentora.

Una política del corto plazo a la que no parecía importarle hipotecar la futura acción de gobierno a un socialismo catalán rendido a las prácticas e ideologías nacionalistas –no hay que olvidar que el núcleo duro del maragallismo se ha pasado sin rubor al independentismo y alguno de ellos está bajo el paraguas de las generosas soldadas públicas con la que se recibe a todo converso-, todo ello en pos de los posibles réditos y apoyos electorales al PSC (ZP pronunció esas palabras en un mitin pocos días antes de las elecciones autonómicas) y de paso atraer las simpatías de los catalanes para las Generales del año siguiente.

Este tacticismo político y analítico no sopesaba las consecuencias de las acciones más allá de las elecciones, esto lo podemos ver en cómo ZP ignoró la auténtica naturaleza rupturista del nacionalismo incrustado en el PSC en forma de quinta columna, ignoró (o le daba igual) que el nacionalismo únicamente cuestionase y cuestiona una nación: la española, que cualquier concesión era un paso más hacia el objetivo, y finalmente, que la validación de las tesis nacionalistas-socialistas vía aprobación del Estatuto legitimaba el núcleo fundamental del que parte la ideología nacionalista: Cataluña es una ente nacional atemporal y por tanto tiene derecho a exigir –en un momento en el tiempo- su soberanía.

Naturalmente Zapatero uso y abusó de la política del simulacro, de la forma sin fondo, del fenómeno sin nóumeno, creó un gobierno en el que sus miembros parecían responder más a un casting sociológico para Gran Hermano que a un grupo de expertos en áreas de gestión determinadas, y mientras gobernaba a ritmo de titulares y tensionamientos varios, el nacionalismo hacía una labor de zapa que él conscientemente ignoraba.

Esta política del simulacro, del corto plazo, esta deuda electoral con el socialismo catalán, esta dejación de la obligaciones de un buen gobernante, derivaron en omisiones como que a pesar de saber que en la escuelas catalanas se discriminaba el castellano al tratarlo como una lengua extranjera, pesaran más los cálculos partidistas que la defensa de los derechos de los ciudadanos catalanes.

Quisiera finalizar este artículo con una reflexión que creo es de mayor calado que lo expresado hasta aquí, opino que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido la constatación, el cénit, de una política de dejación del Gobierno de la Nación respecto a los asuntos públicos en Cataluña, Zapatero ha encarnado y repetido dicha política, con la diferencia que gracias a su total carencia de aptitudes ha emergido dicho comportamiento, ha envalentonado e hipertrofiado al soberanismo y ha constatado lo que toda la clase política sabía pero nadie decía (en voz alta, esto es, ante la ciudadanía): que los distintos gobiernos de la democracia han permitido –por acción u omisión- una escalada soberanista a la Generalitat en la que actúa como si de un país (casi) independiente se tratara.

 


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