AGLI Recortes de Prensa   Lunes 18  Noviembre 2013

Salario público medio: 40.150 euros; privado: 24.071
R. Centeno El Confidencial 18 Noviembre 2013

En el año 1975 España tenía una de las mejores Administraciones Públicas de Europa. Los cuerpos de élite como abogados o economistas del Estado, catedráticos, médicos, notarios, etc., que serían gradualmente marginados por el primer Gobierno socialista, daban una solidez y una eficacia a nuestra Administración como jamás la había tenido con anterioridad. El desastre de la Transición lo cambiaría radicalmente. De 1975 a 2012 el crecimiento del empleo público en España sería el mayor del mundo con diferencia: un 260%, una cifra escandalosa que se compara con crecimientos inferiores al 10% en el mundo desarrollado, casi cero en la UE o el -20% en Italia.

En cifras absolutas, el aumento sería de 1,8 millones de empleados públicos, de los cuales 1,1 millones fueron nombrados a dedo y 580.000 con oposiciones a medida. Sólo en puestos duplicados hay más de 700.000 personas. La razón de la sinrazón de este disparate histórico no es otro que el modelo de Estado impuesto a los españoles, todo multiplicado por 17 y sin control alguno. La dimensión del sector público en España no ha sido el resultado de la preferencia social de los ciudadanos, sino del nepotismo y el sectarismo político más descarnado de la oligarquía política corrupta que se hizo con el control del país, robándonos la democracia y enchufando a parientes y amigos y correligionarios políticos a cientos de miles.

La consecuencia inevitable de tal dislate es que nunca antes habíamos tenido unas Administraciones tan incompetentes, porque jamás en España ni fuera de ella el 40% de los empleados públicos había sido designado a dedo sin la menor preparación para el puesto a desempeñar –68 asesores de Rajoy no tienen ni el título de graduado escolar–, ni jamás en España ni fuera de ella un 20% de empleados públicos había sido seleccionado con pruebas a medida. Sólo un 40% de los funcionarios españoles ha realizado oposiciones limpias y transparentes, que son los que mantienen y protegen el país. La Administración española es hoy la más costosa en términos de PIB y la de menor productividad de toda Europa.

Los salarios públicos, al contrario que en el mundo desarrollado, donde son inferiores a los privados, en España son casi el doble. En concreto, el salario medio en el sector público en 2012 era nada menos que de 40.150 eurosEn el caso de la enseñanza este desastre adquiere tintes absolutamente dramáticos. En la enseñanza primaria y secundaria, según la OCDE, “los profesores españoles son los que menos horas trabajan, los que más cobran y los que peores resultados obtienen”. Esto condena a aquellos jóvenes sin medios económicos a una enseñanza de tercera clase. Y en la Universidad es peor aún, desde que el trío infame Maravall, Solana y Rubalcaba eliminó las oposiciones como medio de seleccionar al profesorado y lo sustituyeron por el nepotismo y el carnet de izquierdas. El 85% de los profesores universitarios no está capacitado para enseñar las materias a su cargo y los rectores ya no son los mejores, sino los izquierdistas y más radicales. La consecuencia obvia: el nivel de paro entre los graduados en universidades públicas es un 50% mayor que en las privadas.

Y como guinda del pastel están los salarios públicos, que al contrario que el mundo desarrollado, donde son inferiores a los privados, en España son casi el doble. En concreto, el salario medio en el sector público en 2012 era nada menos que de 40.150 euros, frente a sólo 24.071 en el sector privado. Cuando el 60% de los trabajadores ocupados gana mil euros o menos, cuando desde que se inició la crisis la población en riesgo de pobreza o exclusión social ha subido en 5 puntos porcentuales hasta el 28,2% –diez veces más que la media de la UE–, esto es sencillamente un expolio inaceptable. El hecho de que el sueldo medio sea tan alto es debido a las decenas de miles de políticos y sus enchufados con sueldos de escándalo que llegan a los 60/80.000 euros, mientras el resto de empleados públicos tiene salarios casi mileuristas.

El disparate nacional: “En España hay pocos empleados públicos”
Una de las mayores estupideces, tanto porque es una burda falsificación de la realidad como porque es contrario a lo que vemos todos ante nuestros ojos, es la afirmación de que en España no sobran empleados públicos, sino que faltan. Se trata de un engaño urdido por los sindicatos y la casta política a los descerebrados habituales, donde en las comparaciones internacionales que emplean como argumentación utilizan las estadísticas del Registro Central de Personal del Ministerio de AAPP, que ni incluye a los empleados de las empresas públicas, que ascienden a más de 600.000, ni el personal de contratas de servicios públicos externalizados con varios cientos de miles, algo que demuestra el total desgobierno de lo público.

Los hospitales españoles son los que menor tiempo de atención regular dedican de toda Europa, sólo funcionan de mañanasEn todos los demás países sí están incluidos, lo que representa un cambio tan radical que, si las cifras que se comparan fueran homogéneas, ocuparíamos el número uno de Europa por este concepto. El país en el que la diferencia es mayor es Francia, donde la cifra de empleados públicos es de 5,4 millones, debido a que la mayoría de los grandes monopolios, al contrario que en el resto del mundo, continúan nacionalizados –el gas, la electricidad, el carbón, el tabaco, EADS (Airbus), Renault etc.–, lo que añade millón y medio de personas. Al no contabilizar empresas públicas, las comparaciones que circulan son un camelo total.

En segundo lugar, está lo que vemos con nuestros ojos todos los días. Cuando la sanidad y la educación fueron transferidas por Aznar a las autonomías, el número de empleados públicos en las mismas creció en más de 30.000, el gasto sanitario pasó de 38.000 millones de euros en 2002 a 95.000 en 2012, mientras el número de horas semanales trabajadas cayó de 34 a 31 hoy, una cifra vergonzosa cuando se compara con la media de los grandes países, que se encuentra en 39 horas semanales. En el área sanitaria, los hospitales españoles son los que menor tiempo de atención regular dedican de toda Europa, sólo funcionan de mañanas, por las tardes hay miles de millones de instrumental sin uso alguno y decenas de miles de metros cuadrados de consultas vacíos.

Dos ejemplos entre mil. Como faltan empleados públicos, en la Empresa Municipal de Transporte de Madrid, entre 2005 y 2012, de 4 directores se pasó a 9; de 5 jefes de división, a 23; de 5 “ayudante técnicos”, a 45, y el 80% a puro dedo. Como la EMT está quebrada, después de enchufar a más de 100 personas con un coste de 6 millones de euros, la inútil de la Sra. Botella dice que hay que reducir los salarios en un 7% para asegurar la viabilidad de la empresa. En el caso de la sanidad, el incremento de personal ha sido brutal desde el disparate de Aznar de transferirla a las CCAA, y fue aprovechado por la casta para colocar a miles de familiares y amigos sin cualificación alguna, ya que se trata de personal no médico. Un ejemplo, en el Hospital de la Fe, el mayor de Valencia, un despilfarro escandaloso de Zaplana, hay más de 600 enchufados, de ellos ¡147 telefonistas! Y así todo.

Un millón de empleos públicos menos crearía 3,5 millones de empleos privados
Como el Gobierno no está dispuesto a recortar drásticamente el empleo público –y antes de echar a uno solo de sus familiares, amigos y correligionarios– ha congelado por cuarto año consecutivo el sueldo a todos, excepto a los 20.000 asesores de lujo. Como consecuencia de la inflación, de las subidas de impuestos y de servicios esenciales como la electricidad y el gas, que han bajado en toda Europa menos en España, la pérdida de poder adquisitivo es de un 30%.

Que los salarios públicos sean un 67% superiores a los privados es algo que no ocurre en ningún lugar del planeta, sólo en la España de las autonomías corruptasDurante el pasado año, el total de sueldos de los empleados públicos de todas las AAPP fue de 116.453 millones. De esta cantidad, la parte del Estado ascendió a 19.200 millones, para un total de 566.000 funcionarios, lo que supone un salario medio de 33.922 euros/año. El resto, 97.253 millones, se lo repartieron los 2,26 millones de empleados públicos del resto de Administraciones, empresas autonómicas, municipales, fundaciones y chiringuitos varios, donde se concentra la casi totalidad de enchufados y demás mangantes con un sueldo medio de 43.032 euros año, un 26,9% superior a los funcionarios que han tenido que realizar una oposición de verdad, y un 79% más que los salarios del sector privado, lo que es un escándalo absoluto.

A efectos comparativos y para engañar a la gente, suele utilizarse la comparación entre los empleados públicos y la población total o bien la población activa. Aparte que estos ratios, siempre que se ponga el número de funcionarios de la EPA y no la cifra falsa del Ministerio de AAPP, demuestran que en España sobran funcionarios a cientos de miles. La verdadera comparación es la relación entre empleados públicos, los que cobran, y los ocupados no públicos, los que pagan, ya que ello nos permite ver con toda claridad por qué España no puede costear la salvajada de 116.453 millones en salarios públicos, que son ya el 25,6% de las rentas salariales totales (el 44,2% del PIB en 2012), tanto si sobran como si faltan.

Las cifras del cuadro ponen de manifiesto con toda claridad la desmesura y el coste inasumible que ha alcanzado en España el empleo público, 2,5 veces más en términos de masa salarial total que en EEUU, Alemania, Holanda, o más de cuatro veces el de Reino Unido. Que los salarios públicos sean un 67% superiores a los privados es algo que no ocurre en ningún lugar del planeta, sólo en la España de las autonomías corruptas hasta la médula, donde la casta política paga así a sus parientes y correligionarios con el dinero expoliado al resto de los españoles. El cuadro muestra también la absoluta falsedad de todas las comparaciones al uso, ya que por cada 4,8 trabajadores privados ocupados existe un empleado público, mientras que en el resto de países la media es de 8,7 ocupados por uno público. Dicho en corto: sobran la mitad de los empleados públicos.

Suele argüirse por la casta política y los indocumentados habituales que "pobrecitos los empleados públicos, no podemos echarlos porque, si no, habrá mas parados". Aparte de la desvergüenza de esta opinión, ya que los trabajadores privados sí pueden ir al paro (los que producen) pero no los públicos (los que no producen), ocurre que por cada trabajador público que se ponga en la calle, particularmente de los que son de CCAA y ayuntamientos, que cobran mucho más, se crearían 3,5 empleos en el sector privado. Es decir, que si echáramos a un millón de enchufados crearíamos 2,5 millones de empleos netos, y si los despedidos fueran 'asesores' se generarían 6 puestos de trabajo por cada uno de estos mangantes

 

 

Rajoy
El peor presidente
Emilio Campmany Libertad Digital 18 Noviembre 2013

Desde que llegó la democracia, ¿quién ha sido el peor presidente? Zapatero resolvió brillantemente el dilema. Nadie peor que él. Ni que se le acerque. Su grado de incompetencia fue tal que ni los socialistas, que nos lo impusieron, se atreven a defender su gestión. Lo mejor que puede decirse de él es que fue muy rojo, como la selección ahora. Nunca pareció posible que quien le sucedió, Mariano Rajoy, pudiera disputarle tan deshonroso título. Ni siquiera el PSOE parece capaz de encontrar a alguien que tenga más carencias que el circunflejo. Pero, sorprendentemente, la discusión está abierta. No somos todavía muchos, pero algunos sostenemos con vehemencia que Rajoy es peor que Zapatero.

¡Eso no puede ser! ¡Este tío no sabe lo que dice! ¿Peor que Zapatero? ¡Es metafísicamente imposible! ¡Nadie puede serlo! ¡Ni siquiera Mariano Rajoy! Pues se puede. Vaya si se puede. No hablo de capacidad en abstracto. Es obvio que el patriota de hojalata está mejor preparado que el bobo solemne y que el porcentaje de serrín que hay en el magín del gallego es algo inferior al que puede encontrarse en el del leonés de adopción. Ni me refiero a los resultados. Y eso que, en términos de eficacia, la ventaja de Rajoy es mínima. Es verdad que la economía va mejor y que alguna reforma, siquiera tímidamente, se va emprendiendo. Pero no hay que olvidar que la tremenda subida de impuestos con la que Mariano inauguró su llegada al Gobierno para mantener el despilfarro del sector público está entorpeciendo la salida de la crisis. Y prueba de la inanidad de su política económica es que, para reivindicarla, en la convención de Nuevas Generaciones ha tenido que presentar como un grandísimo logro el que se han pagado algunas facturas a proveedores. Ahora va a resultar que pagar los bienes y servicios que se adquieren es el fruto de una acertada política económica y no el cumplimiento de una obligación.

A lo que me refiero cuando digo que Rajoy es peor que Zapatero es al ámbito moral. Es verdad que fue Zapatero quien comenzó la negociación con ETA y que Rajoy se está limitando a ejecutar lo que el hoy consejero de Estado pactó. Pero al menos el socialista lo hizo más o menos a las claras y preocupándose de recabar previamente del Congreso de los Diputados una autorización. Rajoy, a pesar de haber votado en contra, ha ejecutado sin empacho lo que en su día pactó su predecesor. Con ser esto malo, no es lo peor. Lo grave es que lo hizo aparentando ir contra su deseo, cuando es bien claro que, si otra hubiera sido su voluntad, a lo sumo habría salido a la calle Inés del Río y ni siquiera ella. Por otro lado, Zapatero hizo lo que hizo con el respaldo más o menos vergonzante de su electorado. Rajoy lo ha hecho ciscándose en el suyo fingiéndose, que es cosa que clama al Cielo, el más ofendido de los militantes. Y ahora díganme, ¿quién es peor?

El invierno del patriarca
Marcello www.republica.com 18 Noviembre 2013

Detrás de las lluvias ha llegado la nieve y con ella el frío. Las hojas caducas inundan el suelo de Madrid por donde deambula una legión de barrenderos que ponen fin a la huelga de la basura y en los palacios y altos salones del poder se mantienen encendidas las luces hasta el amanecer entre tazas humeantes de café, copas y ceniceros llenos porque los ‘patriarcas’ del poder, acompañados de sabios y sus asesores no consiguen un diagnóstico certero de la situación. Hay seria preocupación con la economía, la unidad de España y con el Rey.

Rajoy está muy delgado y la sonrisa no le favorece -‘Leopoldo, tu no te rías’, le decía Sánchez Merlo a Calvo Sotelo, y con razón- y tiene el rostro como ajado y manchado de no se sabe qué y ahora luce un tinte de pelo color caoba como el decadente Berlusconi. Rajoy tiene el Gobierno y la cúpula del PP manga por hombro y se esfuerza en convencer a sus militantes de que ya se ve luz en el túnel de la crisis, pero los suyos que viven en la oscuridad no ven nada y solo escuchan con estupor los bramidos que emanan de la cueva de Aznar.

El Rey también ha perdido peso -Rosa Díez lo vio ‘muy guapo’-, pero no tiene mejor cara que Rajoy y se acerca el día y la hora de su regreso al quirófano, su taller, para recibir la prótesis definitiva de cadera. El patrón -como le llaman en familia- está tocado y el Príncipe está aprovechando su ausencia para conseguir un plus de televisión y de notoriedad personal y colectiva de la Familia Real. Aunque lo que don Felipe hila durante el día en telar de la realeza lo deshace por la noche -como Penélope- la infanta Cristina y su duque Urdangarin en laberinto procesal.

El monarca lleva casi dos años fuera de juego. Desde que se rompió la cadera en aquel safari de elefantes en Bostwana, su Mogambo particular en compañía de la pérfida Corinna (la dueña que fue de la mansión de La Angorilla en el monte del pardo, una lujosa ‘garçoniere, que le llevó a don Juan Carlos al quirófano una y otra vez y a la penosa escena, renqueante y con muletas, en la que le pidió perdón al pueblo español. Desde entonces la Corona ha sufrido un severo desgaste y se han abierto los debates sobre la abdicación del Rey y el estatuto de la Corona y el de los Príncipes de Asturias, mientras la causa republicana crece con sigilo y hace acto de presencia en la reciente Conferencia Política del PSOE.

El viejo galeón español está sin liderazgo, sin capitán y se apresta a entrar en el ecuador de la legislatura en plena incertidumbre de la economía, con las elecciones europeas -el gran test- a la vista y el desafío catalán dando tumbos de aquí para allá, como bandazos da la oposición en la sentina del buque donde Rubalcaba no logra organizar el motín, contra ese abúlico John Silver ‘El Largo, que parece interpretar Rajoy.

Nos adentramos en la zona blanca de la navidad, donde muchos de los comerciantes de España han puesto sus esperanzas para ver si algo está cambiando, o si no hay nada que hacer. Esta vez hasta en la lotería nacional el insaciable Montoro ha metido la mano y ve va a llevar el 20 % del gordo y de los demás premios, y puede que los Reyes Magos lleguen en enero cargando sacos de carbón. Pero hay algo en las estrellas que nos dice que en el año 2014 se va a producir una seria transformación del mapa institucional y político español. Por esto están encendidas las luces de los altos salones de los palacios y demás centros de poder hasta el final del día y primeras horas del amanecer. ‘El bipartidismo ha muerto’, sentencia muy campanudo un asesor. Y, entonces ¿qué? Pues esa es la cuestión.

En el palacio de la Zarzuela ya están preparando la propaganda para la próxima operación del Rey (el jueves 21) y otros están dedicados a la misión casi imposible de redactar el discurso de la Navidad. Y ¿qué pasaría si el Rey no sale bien parado de esta su enésima visita al ‘taller’? El Príncipe está listo para ocupar, si hiciera falta, su lugar, pero el Rey no se lo quiere ceder. El viejo patriarca está dispuesto a seguir y a dar la batalla hasta el final. Pero de un tiempo a esta parte todo ya no depende de él, hay otros factores e incidencias en juego, de ahí la preocupación y la inquietud creciente en las altas esferas del poder. El invierno del patriarca no será, esta vez, tan idílico, navideño y familiar como el de otros años. La crisis ha causado estragos en todas partes por lo que se ve.

Sindicalismo
Para una teoría no marxista de la organización de los trabajadores
Pedro de Tena Libertad Digital 18 Noviembre 2013

Conocida es la tesis marxista según la cual la sociedad está dividida en clases en lucha cuya solución pasa por la victoria de aquella que mejor se adecúa a la marcha de las tecnologías y las relaciones de producción en una sociedad en la que la esfera económica es determinante sobre cualquiera otra. En el caso del capitalismo, la clase trabajadora tiene unos intereses que representan genuinamente los partidos socialistas y comunistas –los únicos que conocen científicamente la marcha dialéctica de la historia–, pero que, como método de presión y resistencia, aceptan organizaciones sindicales que deben ser útiles como correas de transmisión de las consignas de los partidos y como carne de cañón en los conflictos. El movimiento obrero pasó, gracias a esta teoría, a ser el brazo musculoso pero acerebrado de unos doctrinarios ajenos al sufrimiento concreto de unas personas, millones, a las que sólo reconocen como "masas". De este modo, se inflaman o se apagan huelgas según los intereses de estos partidos e incluso, si es menester, se convierte a los sindicatos de esta clase en arietes revolucionarios. La historia de España no puede comprenderse sin esta teoría nefasta, sobre todo, para los trabajadores mismos.

Pero en realidad, los trabajadores son personas libres, ciudadanos nacidos, como cualesquiera otros, en condiciones familiares y sociales que no eligieron y susceptibles de promoción individual y colectiva en todos los ámbitos de la vida. Eso lo vieron muy bien las primitivas sociedades obreras en España, desde los tejedores de Barcelona, y lo defendieron incluso los anarquistas españoles, que siempre recelaron de las manipulaciones marxistas. De hecho, la Confederación Nacional del Trabajo, fundada en 1910, era la consecuencia de una idea de los trabajadores más rica y amplia que deseaba ejercer la presencia debida de los trabajadores en la sociedad. Lamentablemente, el anarquismo organizado, una especie de leninismo acratón cuyo emblema público fue la FAI, hizo lo mismo que socialistas y comunistas y al final convirtieron la CNT en carne de cañón y en correa de transmisión de su ideología, no pocas veces relacionada con la violencia. Sin embargo, y a pesar de ser la CNT la más importante organización obrera de toda la historia de España, no pudo recrearse en la transición democrática porque socialistas y comunistas, que no pudieron con ella durante la república, se aseguraron de que el sueño eterno fuera su "negra tormenta" final.

En la sociedad democrática hay poderes reales en juego de inmensa envergadura. El Estado y su organización es un poder que se extiende desde la política a lo judicial pasando por la organización de la fuerza siendo un raíz específica el control de la legalidad. Los empresarios, grandes y pequeños, son un poder fáctico que se sustenta en el capital, sea financiero o industrial, y la organización de técnicas y productos. Las Iglesias tienen un poder moral intenso y así sucesivamente podríamos ir repasando una serie de poderes que a lo largo de su vida fueron caracterizando Amando de Miguel y otros. Los trabajadores asalariados tienen también su poder real y efectivo cuya matriz es el trabajo y que tiene como consecuencia la masa salarial, algo que en un país suma una cifra muy importante, nada menos que, actualmente en plena crisis, entre un 60 y un 65 por ciento de la renta nacional. Al marxismo le interesó sólo su capacidad de suspender el trabajo para servir a sus partidos. Pero pueden pensarse las cosas de otra manera.

Las primitivas asociaciones de trabajadores organizaban la ayuda mutua en crédito, en salud, en consumo, de resistencia... Sin necesidad de ser instrumentada por partidos políticos, una organización genuina que supiera estructurar los recursos propios de que disponen los trabajadores, trabajo y masa salarial, podría dar a luz desde bancos o cajas de ahorro, a centros de salud, cultura, comunicación pasando por almacenes de consumo o empresas productivas e incluso electorales tejiendo una red nacional. Desde ese masa salarial organizada podrían ejercer la presión política a que tendrían derecho, como la tienen los demás poderes fácticos reales, para lograr decisiones favorables de un gobierno democrático. Una especie de lobby, sí, pero con arraigo en lo propio, con amor a la libertad y sin afán totalitario y expropiador de lo ajeno.

El misterio de la financiación sindical
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO El Mundo 18 Noviembre 2013

La financiación de los sindicatos es uno de los grandes secretos de nuestra democracia. Sólo sus dirigentes saben cuánto dinero ingresan sus organizaciones y cómo se lo gastan.

De forma injustificable, ni CCOO, ni UGT (por mencionar sólo a las dos principales centrales, que suponen casi el 80% de la representación sindical) están sometidos a la fiscalización del Tribunal de Cuentas.

El sector público tiene 15.000 liberados. CCOO y UGT cobran 9 millones de los presupuestos

El pasado mes de junio, Rodolfo Benito (CCOO) y Frederic Monell (UGT) acudieron al Congreso para «aceptar» someterse a la Ley de Transparencia. Pero Benito advirtió: "Más allá del control sobre los recursos públicos, la ley no puede ser en ningún caso limitadora del derecho de libertad sindical, que implica una completa autonomía organizativa y una prohibición de injerencia de los poderes públicos".

Los dos mayores sindicatos ingresan 180 millones de los ERE y otros 200 por formación

Durante los 35 años de democracia los sindicatos se han negado a hacer públicas sus cuentas, que tampoco han sido auditadas.

Ahora, con la Ley de Transparencia estarán obligados a publicar las subvenciones y ayudas públicas que reciben, así como a presentar informes de auditoría.

Sin embargo, no parece que esos requerimientos sean suficientes para forzarles a desentrañar sus finanzas, cuyas partidas principales seguirán siendo opacas.

En la citada comparecencia parlamentaria, Benito afirmó que "sólo un 2,81% del presupuesto de CCOO procede de financiación pública". Monell fue un poco más sincero y dijo que la financiación por vía de cuotas de la UGT "alcanza el 70% de su presupuesto". En privado, dirigentes de ambos sindicatos reconocen que esas cifras son irreales, ya que las cuotas de sus afiliados sólo cubren una pequeña parte de los gastos que generan la estructura y actividades de sus organizaciones.

Lo que ha puesto de manifiesto el escándalo de los ERE o de los cursos de formación es que los sindicatos cuentan con rentables vías de financiación al margen del dinero que reciben del Estado.

En el Presupuesto de 2014, hay dos partidas que contemplan transferencias directas a los sindicatos por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que suman 11.582.000 euros, de los que UGT y CCOO se quedan con el 80% aproximadamente, en función de su representatividad.

Si ésa fuera la única partida (seguramente Benito, cuando habló del 2,81%, se refería a los casi cinco millones que recibe CCOO directamente del Estado), efectivamente estaríamos hablando de una cantidad ridícula en relación a los ingresos de ambos sindicatos.

Sin embargo, hay otras partidas de financiación indirecta que figuran en los Presupuestos y de las que también se beneficia la CEOE: Consejo Económico y Social (7,3 millones de euros); Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (1,1 millones); Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (21,5 millones); Estatuto Básico del Empleado Público (618.650 euros) y, sobre todo, Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (30,8 millones). Es decir, que, de forma directa e indirecta, los sindicatos y la patronal recibirán del Estado en 2014 casi 73 millones de euros. Por no hablar de su abultado patrimonio, cedido por el Estado.

Al margen de ello, la Administración central del Estado paga los sueldos a unos 9.000 liberados. Las medidas de ajuste presupuestario aprobadas por el Gobierno han reducido esa cifra este año a unos 6.000.

Si tenemos en cuenta que sólo de la Comunidad de Madrid cobraban 1.000 liberados (ahora reducidos a 500), las estimaciones oficiales que elevan la cifra total en el sector público a 15.000 liberados parecen razonables. Eso significa que los sindicatos se ahorran todos los años los sueldos de 15.000 afiliados, que son abonados por el Estado o las comunidades autónomas.

Sin embargo, las dos principales vías de financiación sindical están en el cobro de un porcentaje sobre los ERE que negocian y que suele rondar el 3% de las indemnizaciones (cobrado a través de compañías de seguros, abogados, etcétera.) Sólo en 2009, los empresarios destinaron 10.000 millones a indemnizaciones. Esa cifra puede quedar reducida este año a unos 6.000 millones. Es decir, que, en un cálculo aproximado, los sindicatos ingresarán unos 180 millones.

La segunda fuente esencial de financiación sería la que proviene de los cursos de formación, financiados con fondos de las llamadas políticas activas de empleo, cuyo presupuesto para este año supone 1.600 millones de euros y cuya gestión está cedida a las comunidades autónomas.

Diversas fuentes consultadas estiman que por esa vía UGT y CCOO ingresan (directa e indirectamente a través de fundaciones o institutos) unos 200 millones.

En todo caso, lo que resulta inaudito es que, financiándose directa o indirectamente en una cuantía muy importante con fondos públicos, los sindicatos no tengan que rendir cuentas ante ningún organismo fiscalizador, ni ante el Congreso.

Los sindicatos contribuyeron al advenimiento de la democracia en España y durante 35 años han firmado acuerdos esenciales para modernizar el país y mantener la paz social. Eso es cierto, como también lo es que la alternativa de sindicatos pequeños y radicales sería mucho peor. ¿Justifica eso que su financiación sea opaca?

El PSOE ha mimado a las centrales sindicales (sobre todo, a UGT) porque son la base de su implantación entre los trabajadores. El PP ha planteado tímidamente un recorte de sus privilegios. Pero también los necesita.

Por eso es muy difícil cambiar su estatus.

Cuando se negociaba la reforma laboral, en los primeros días de septiembre de 2010, el ministro Corbacho y sus asesores transmitieron a la delegación de CEOE sus temores en relación a la huelga general del 29-S. Un representante de la patronal quiso transmitir tranquilidad: "No les va a seguir mucha gente". "Eso es lo que nos preocupa", dijo un miembro del Gobierno mostrando su carné de UGT: "Sería malo que la huelga triunfara, pero también que fracasara. Pensad que Méndez es uno de los grandes apoyo del presidente Zapatero, que también es militante de la UGT".

Twitter: @garcia_abadillo

Mario Vargas Llosa: "Artur Mas va a pagar cara su irresponsabilidad"
"El famoso seny catalán es una realidad que se impondrá, dejando atrás esta locura independentista"
Periodista Digital.  18 Noviembre 2013

Ha abierto la veda en Cataluña a construir un nuevo concepto de nación que ha supuesto reinventar y falsificar la historia

El ganador del premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, se ha adentrado en el espinoso conflicto de Cataluña con el Estado español.

"Lo que pasa en Cataluña a mí me preocupa muchísimo".
El escritor peruano explica que el encaje de la región catalana en España supone el mayor reto en la actualidad del país, aunque critica duramente la gestión del presidente de la Generalitat:

"Artur Mas va a pagar muy cara su irresponsabilidad, porque la primera perjudicada va a ser CiU".
En una entrevista con el diario ABC, el autor de La fiesta del chivo califica el deseo independentista catalán de "locura impráctica e impracticable".

"El famoso seny catalán es una realidad que se impondrá, dejando atrás esta locura independentista, peligrosísima para Cataluña, aún más que para España".

Reinventar una nación
El prestigioso escritor explica que el caldo de cultivo de la crisis económica ha abierto la veda en Cataluña a construir un nuevo concepto de nación que ha supuesto "reinventar y falsificar la historia".

Sin embargo, y a pesar del conflicto creado, Vargas Llosa considera que "el momento de mayor insensatez ha pasado ya", y se muestra optimista en el futuro.

Descarta totalmente un escenario en el que pueda darse una consulta secesionista y una consecución de la independencia catalana de España.
"Es absolutamente absurdo, es utópico. Sería absolutamente antihistórico y anómalo. No puede ocurrir".

Socialdemocracia
Miquel Porta Perales www.cronicaglobal.com 18 Noviembre 2013

La reciente Conferencia Política del PSOE brinda una excelente oportunidad para plantear, por enésima vez, el asunto de la substantividad y función del socialismo democrático. Algunos retos de la socialdemocracia en España: ¿Qué significa ser de izquierdas durante las primeras décadas del siglo XXI en un mundo globalizado en que el liberalismo es hegemónico? ¿Hay que seguir jugando el papel de catch all party -el partido que atrapa cualquier movimiento antiliberal- con el revoltijo ideológico que ello implica? ¿Es conveniente participar en el frentismo que propone el ex comunismo reconvertido en el magma de la llamada izquierda plural? ¿Cómo recuperar el voto joven sin incurrir en un juvenismo cándido y objetivamente prepolítico? Sobre el desafío planteado por el secesionismo catalán, ¿por qué no asumir sin complejos la legalidad constitucional?

En cualquier caso, la socialdemocracia debe rechazar determinadas ideas y propuestas -antirreformismo económico y laboral, democracia participativa, nuevo tiempo y nuevo mundo- que, en el mejor de los casos, no conducen a ninguna parte. Y -consecuencia de lo anterior- debe superar el estadio de la utopía negativa por el que hoy transita: el 'no' a la globalización liberalcapitalista, el 'no' a la reducción de impuestos para crear empresas y atraer inversiones, el 'no' a la unidad del mercado español, el 'no' a la gestión privada de servicios públicos por razones de eficiencia, el 'no' a la reforma laboral por sistema, el 'no' a la meritocracia en la escuela o el 'no' a la reforma del sistema energético, todos esos -y otros- noes, se traducen en una socialdemocracia en estado de promesa negativa permanente. La utopía negativa puede conducir -acepten el filosofema- a una izquierda solipsista que se aleja del mundo real al reducir la complejidad de lo existente a un yo político aislado. Lo peor que le puede ocurrir a la socialdemocracia es devenir una suerte de SFIO: aquella Sección Francesa de la Internacional Obrera que, de redefinición en redefinición, de refundación en refundación, llegó a la irrelevancia política.

La socialdemocracia solo tendrá presente y futuro si se mueve -cosa que ya ocurre, aunque de forma acomplejada- en el marco conceptual de la ideología liberal

Es cierto que la socialdemocracia ha abandonado la ilusión fáustico-prometeica que le hizo confiar en un sujeto privilegiado del cambio y en el progreso ilimitado de la Humanidad. Hoy sabemos que el proletariado, a pesar de todo, se ha integrado en la prosperity capitalista y que el progreso es reversible. Es cierto también que la socialdemocracia ya no habla de las leyes inexorables de la Historia -algún rebrote hay, conviene decirlo- que llevan a la destrucción del capitalismo y a la instauración del socialismo. Todo ello -esas renuncias: realidad obliga-, hay que celebrarlo. Un esfuerzo más. La socialdemocracia ha de asumir que la caída del Muro -además de hundir al comunismo- falsó un par de creencias socialistas: la posibilidad de alcanzar una sociedad reconciliada y no escindida; la bondad de lo colectivo frente a lo individual y del intervencionismo estatal frente a la iniciativa privada. La caída del Muro puso límites -no todo es posible ni deseable- a la ideología socialdemócrata.

Así las cosas, ¿qué hacer? La socialdemocracia solo tendrá presente y futuro si se mueve -cosa que ya ocurre, aunque de forma acomplejada- en el marco conceptual de la ideología liberal. Si, en buena medida, el liberalismo se ha acercado -política de redistribución de la riqueza- a la práctica socialdemócrata, ahora la socialdemocracia debe acercarse a un liberalismo que está ganando la batalla de las ideas. En este contexto, la retórica izquierdista -"más rojos", señalan algunos socialistas- se agota en sí misma y evidencia la debilidad de una alternativa que podría implicar un paso atrás hacia posiciones presocialdemócratas. Grave error. ¿Acercarse al liberalismo? Democracia formal y libertad de mercado. Y Constitución: en la democracia liberal -la única democracia realmente existente-, el llamado "derecho a decidir" se ejerce en el marco de la legalidad. El derecho a decidir, a la manera del nacionalismo catalán -¿hay que recordar, otra vez, que el sujeto de soberanía es el pueblo español?-, no existe. Una falacia. Una manifestación de populismo localista en beneficio de determinados intereses políticos, económicos y simbólicos. Demócrata es quien cumple y hace cumplir la ley.

Concluyo con lo que muchos de ustedes probablemente estarán preguntando. ¿Qué diferencia entre uno y otro? La diferencia entre la política de un partido socialdemócrata y un partido liberal viene dada -hay campo por recorrer- por las prioridades, acentos, matices, ritmo, audacia y capacidad de liderazgo y gestión del reformismo posible. Si la socialdemocracia no acepta la senda de la liberalización, puede transformarse en una preferencia cultural o en un toque de distinción. O -peor todavía- en una marca prêt-à-penser y prêt-à-porter de temporada. Si eso ocurre, todos perderemos.

Lecciones de la historia
Eduardo Valencia www.cronicaglobal.com 18 Noviembre 2013

"Nunca el Estado español había sido lo bastante fuerte para realizar una política descentralizadora y las regiones seguían conservando sus particularidades y características. Lo curioso es que en el siglo XIX los liberales fueron centralistas, mientras que sus contrarios, los carlistas, habían defendido, sobre todo en las Vascongadas y en Cataluña, los fueros locales. La Primera República había sido también centralista y se hundió, en gran parte, por la insurrección de los cantonales, que desde la izquierda introducían por primera vez el federalismo. Durante la Restauración, los industriales catalanes y vascos acrecentaron mucho su potencia económica, y exigían del Gobierno de Madrid una protección aduanera que les asegurase su mercado principal, que nunca fue otro que el resto de España, entrando así en conflicto con los agricultores y terratenientes de las otras regiones, que veían amenazadas sus clásicas exportaciones de productos del campo. Como Cataluña y el País Vasco incluían las más ricas provincias españolas, contribuían más con sus impuestos y luchaban por administrar ellas mismas esas fuentes tributarias para su propio beneficio. Este era el fondo económico de la disputa, aunque el problema se hubiera agriado, por la posición poco amigable de los gobiernos monárquicos ante las manifestaciones lingüísticas, culturales y folklóricas, que fueron muchas veces reprimidas, sobre todo durante la dictadura de Primo de Rivera. Esto lo demuestra el que el mayor enemigo de la autonomía del País Vasco fue una de sus provincias, Navarra, que no se había industrializado y donde predominaban los campesinos pequeños y medios. Asimismo, las regiones limítrofes a Cataluña, ligadas a ella históricamente, como Aragón y Valencia, pero de estructura económica distinta, asistieron con la mayor indiferencia a la lucha de aquella por el Estatuto, dando al traste con la idea de hacer resurgir la "Gran Cataluña". En cambio, la autonomía gallega se planteaba de un modo muy diferente, no había estridencias, no despertaba sospechas, no encontraba enemigos. Galicia, región poco desarrollada económicamente, no entraba en contradicción con las otras regiones, pedía simplemente respeto a su lengua, a su literatura, a sus costumbres y a su tradición".

A cualquiera que lea estos párrafos seguramente no le habrá sorprendido su contenido pensando que es otra interpretación del llamado "problema histórico" entre España y sus comunidades denominadas históricas. Lo sorprendente es que su autor dejó la vida terrenal hace más de 42 años (en 1971). Su nombre, Manuel Tagüeña, uno de tantos exiliados de la Guerra Civil española que con 25 años llegó a dirigir un Cuerpo de Ejército republicano en la Batalla del Ebro con más de 70.000 hombres bajo su responsabilidad.

La revolución cultural y social nos hace plantear seriamente si en realidad hemos de aceptar como cierta la paradoja de que contra más información recibimos, más felices y más libres nos sentimos

Como tantos otros ilustres personajes de nuestra historia contemporánea, pues no todos lo fueron de un bando, éste militante del Partido Comunista y doctorado en Matemáticas, seguramente, será recordado como un brillante militar con una carrera meteórica en tan corto espacio de tiempo; sin embargo, después de haber leído sus memorias, descubrí otra faceta interesante de su vida aunque no la más conocida, sobre todo cuando reflexiona sobre los grandes acontecimientos políticos que le tocó vivir.

Han pasado más de 70 años del último conflicto civil entre españoles y da la sensación de que otro ciclo histórico se va cerrando para volver de nuevo al origen. Sin duda, los tiempos no son los mismos; ahora gozamos de cierta libertad que muchos, los más progres, se atreven a catalogarla como "democrática" y nada comparable a tiempos pasados; aunque en el fondo intuyamos que seguimos siendo tutelados por los que actualmente ostentan el poder. En efecto, la revolución cultural y social que ha venido provocada por las nuevas herramientas de comunicación nos hace plantear seriamente si en realidad hemos de aceptar como cierta la paradoja de que contra más información recibimos, más felices y más libres nos sentimos.

El verano pasado aproveché junto a mi familia de unos días de vacaciones en la costa normanda, al noroeste del país galo. Todo resultaba relajante y enriquecedor deleitándonos del conocimiento histórico y cultural de esta parte del territorio francés que tanto influyó en nuestra historia más reciente, pues solamente tendríamos que recordar lo que supuso el día D sobre las libertades de las que nos vanagloriamos actualmente en nuestro entorno occidental. Pues bien, esa relajación momentánea a la que me refiero desapareció al instante cuando me conecté a través de internet con los medios de comunicación españoles. El efecto fue inmediato y a medida que me introducía en la lectura de artículo tras artículo, la tensión iba en aumento. Por fin, la desconexión en la red me devolvió a la realidad aunque luego llegó el periodo de reflexión sobre los mismos temas y cuestiones. ¿Tan mal nos encontramos en España? ¿Tanto desapego hay entre Cataluña y el resto del Estado? ¿Será todo mentira? ¿Cómo hemos podido llegar a esto? y ¿hasta cuándo dejarán la prensa y los medios de comunicación de transformar la realidad cotidiana en noticias fácilmente manipulables?

Lo curioso del caso es que ya hemos pasado por esto. Veamos uno de esos momentos históricos que podríamos tomar como ejemplo. ¿Recuerdan aquel conflicto entre España y los Estados Unidos, la llamada Guerra de Cuba, que acabó con la práctica desaparición del colonialismo español? No se preocupen, mi intención no es debatir entre culpables e inocentes, pero sí que podríamos llegar a la conclusión de que aquella prensa agresiva y sectaria dirigida por el magnate de la prensa norteamericana William Randolph Hearst, éste que posteriormente fue llamado en las pantallas cinematográficas Ciudadano Kane, contribuyó decisivamente al desastre humano generado por los intereses de una minoría, eso sí, muy influyente.

Más recientemente todavía recuerdo una breve conversación mantenida en los pasillos de un congreso político donde un aspirante electo para gobernar este país me confesaba con cierta amargura su fracaso al no tener el apoyo ni de Felipe González ni de El País. En fin, ejemplos como estos, podría contarles muchos.

¿Se imaginan una TV3 libre o una TVE donde se pudiera ejercer el libre ejercicio del periodismo aprendido en la calle y en las universidades?

Me pregunto, entonces, si algún día podremos disponer de esos medios de comunicación que nos merecemos y que pagamos. Que estén al servicio de la ciudadanía y no a costa de ella o del gobierno de turno. ¿Se imaginan una TV3 libre o una TVE donde se pudiera ejercer el libre ejercicio del periodismo aprendido en la calle y en las universidades? ¿El poder leer cualquier periódico en Cataluña o en el resto del Estado sin tener la sensación de que nos están manipulando? Sin duda, es un tema para reflexionar, sobre todo para aquellos que solo leen y escuchan lo que es afín a sus ideas e intereses. Esto me lleva a la siguiente reflexión sobre si debemos creer de verdad que el derecho a la información, tal como lo entendemos en este país, contribuye a hacernos más libres y solidarios.

Las últimas manifestaciones multitudinarias realizadas el pasado 11 de septiembre y el 12 de octubre alcanzaron un índice de participación popular no acorde con los datos presentados por la prensa nacional ni por los órganos gubernamentales dando la sensación de presentarnos por ambos lados una realidad virtual increíble por la ciudadanía. Mi percepción subjetiva es que en la Diada asistieron cientos de miles y en el día de la Hispanidad solo fueron decenas de miles. Sin embargo, lo que debemos cuestionar es por qué hay tanto interés en algunos medios de comunicación, sobre todo en Cataluña, en confrontar el número de asistentes en ambas manifestaciones. ¿Acaso se intenta demostrar con ello la hegemonía de unos sobre otros ciudadanos en Cataluña? ¿O que solo son unas decenas de miles los descontentos en Cataluña con la deriva soberanista escondida bajo el llamado derecho a decidir?

Créanme si les digo que el sentir general de los que no nos sentimos atraídos ni identificados con ese fervor identitario se basa en la prudencia, el respeto y la igualdad con las personas con las que convivimos en nuestro entorno aunque nos sintamos provocados por alguien que intenta demostrar su disconformidad mediante la imposición de una bandera en el balcón de al lado. Un símbolo que en el fondo nada tiene que ver con la igualdad sino que intenta marcar distancia entre unos y otros.

Tal como yo lo entiendo, el Gobierno autonómico de Cataluña y sus medios propagandísticos, influenciados excesivamente por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), están jugando con fuego intentando justificar su propia inoperancia y torpeza en el conocido agravio del pez grande que quiere comerse al chico utilizando un lenguaje provocador como que "España nos roba", o sea, que los españoles les robamos. Este término no busca sino el enfrentamiento social y por ende entre los propios ciudadanos catalanes.

La sociedad española no tiene sentido sin una parte de ella, por más que una minoría en su globalidad regional intente demostrar lo contrario

El señor Mas debe marcharse. Ya tuvo su oportunidad y la malgastó. Ahora es el momento de dar paso a otros dirigentes que sean leales y justos con quienes les votan, o no. Su tiempo ya pasó y la oportunidad de emular la misma hazaña que su antecesor Lluís Companys está ya fuera de lugar en nuestros tiempos. Nuestra historia más contemporánea ha de hacerle reflexionar que éste no es el camino para conseguir el bienestar de sus gobernados.

Nosotros somos lo que somos y no podemos cambiar unilateralmente las reglas del juego democrático por la decisión o las argucias de carácter sentimental o patriótico de una clase dirigente y retrógrada que se resiste a dejar su hegemonía sobre la clase media y trabajadora. Queremos vivir en paz respetando nuestra propia idiosincrasia como la de los demás y no necesitamos ser tutelados por nadie que priorice la diferencia, ignorando a su pesar lo que nos une como miembros de una sociedad avanzada y progresista.

En el contexto actual, Europa no tendría sentido sin la unión de toda su ciudadanía tanto si proceden de países ricos y poderosos o de otros en vías de desarrollo. De una misma forma, la sociedad española no tiene sentido sin una parte de ella, por más que una minoría en su globalidad regional intente demostrar lo contrario. Históricamente, las frustraciones y desencuentros entre parte de la sociedad catalana, prioritariamente la clase dirigente y acomodada, se han ido sucediendo cíclicamente durante más de 200 años y casualmente bajo los mismos argumentos desde su inicio. El resultado ya lo conocemos, por eso, no caigamos en la petulancia de que si los tiempos han cambiado nada de aquello volverá a ocurrir.

No hay que tener temor sino esperanza en el futuro; sin embargo, conviene para el bien común de todos los que convivimos en la misma tierra buscar otros objetivos consensuados entre todas las partes o sustituir los que hay si no sirven con la aquiescencia de todos. Todo lo contrario sería buscar el desánimo, la frustración y el desengaño. Intentemos romper el ciclo histórico que nos mostraba nuestro héroe de la Guerra Civil demostrándonos a nosotros mismos que somos mejores de lo que nos pensamos.

Sobre la Ley de No-Transparencia
Juan. J. Gutiérrez Alonso www.vozpopuli.com 18 Noviembre 2013

La semana pasada nos reunimos en la sede de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha, más de sesenta personas para participar en el Congreso «La transparencia como instrumento de innovación de la Administración Pública». Entre los presentes se encontraban acreditados estudiosos de la cuestión, profesores de Derecho público, altos funcionarios y también otros especialistas, además de numerosos estudiantes. La idea era reflexionar conjuntamente a la luz del Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, actualmente en tramitación parlamentaria hasta, esperemos, su final publicación en BOE.

En los respectivos análisis que hicieron los ponentes fueron surgiendo abundantes críticas. Hasta tal punto la crítica se convirtió en la nota dominante, que el director de las jornadas tuvo que preguntar en las conclusiones y cierre de las mismas, qué podíamos extraer de positivo del Proyecto de Ley de Transparencia. Lo cierto es que las críticas que se pusieron de manifiesto en el foro apuntaron fundamentalmente hacia la barrera formidable que supone la escasa voluntad de la Administración de ser transparente, ya que su personal no está precisamente diseñado para ello, para ser transparente; también en relación al silencio negativo que se recoge en el texto, algo que a juicio de muchos, por sí mismo, ya hace inútil todo lo demás; la duplicidad transparencia-buen gobierno, dos ámbitos que en realidad tienen razón de ser distinta y que consiguientemente necesitarían un tratamiento diferenciado con textos normativos diferenciados; y también se puso en entredicho la excesiva propaganda y expectativas creadas sobre una iniciativa que, en puridad, ni siquiera ofrece grandes novedades. A este respecto hemos de tener en cuenta que en nuestro ordenamiento existen múltiples disposiciones, tanto en normativa general como en reglas sectoriales, acerca del derecho de acceso.

Personalmente, fue bastante tranquilizador el hecho de que muchas otras personas compartieran mi visión al respecto, puesto que desde hace tiempo vengo dudando del supuesto avance que el proyecto de ley supone en general y también en ámbitos particulares. En materia de «información sensible» hay que decir que a pesar de las consignas, no se avanza prácticamente nada, máxime habida cuenta los límites introducidos en el artículo 14 del proyecto de ley, que en su última versión de 18 de septiembre de 2013, establece:

La seguridad nacional
La defensa
Las relaciones exteriores
La seguridad pública
La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios
La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva
Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control
Los intereses económicos y comerciales
La política económica y monetaria
El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial
La garantía de confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisiones
La protección del medio ambiente.

Es cierto que el precepto señala acto seguido que la aplicación de estos límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso, pero cualquiera que tenga un mínimo de experiencia en la Administración pública o contra la Administración pública, sabrá perfectamente que esto último tiene nula relevancia. La mayoría de los servidores públicos tienen ingenio, creatividad y voluntad de sumisión política suficiente, como para hacer uso de este marco jurídico que el proyecto de ley ofrece y denegar todo lo que haya que denegar y no responder adecuadamente a lo que no se desee responder adecuadamente.

Además, por otro lado, me interesé también por la influencia que el texto tendría finalmente en las sociedades mercantiles públicas (que se incluyen) e importantes organismos como el Banco de España o incluso en relación a las deliberaciones de otros órganos colegiados de carácter político o administrativo, porque hemos de tener en cuenta que si al ciudadano y a la opinión pública en general hay algo que le interesa especialmente, es el porqué último de la toma de decisiones, es decir, no tanto la decisión en sí misma, sino los motivos, argumentos y razones, así como las posiciones personales de quienes tienen la posibilidad de influir en un acuerdo. A este respecto, como se verá finalmente, me temo que poco o nada se avanzará a pesar de la propaganda.

El ejemplo del control parlamentario
Nuestro sistema representativo, directamente anudado a nuestro sistema de Administración pública (y viceversa), hay que tener en cuenta que dispone ya de un régimen que podríamos calificar de control y transparencia al interno de las cámaras. Es el regulado, por ejemplo, en el Reglamento del Congreso de los Diputados de 10 de febrero de 1982 y en el Reglamento del Senado de 3 de mayo de 1994, donde se contienen diferentes modalidades de control, como las preguntas y/o consultas de diputados y senadores al Gobierno. Se trata de una actividad curiosa, seguramente innecesaria para muchos, pero que por exigencias constitucionales y reglamentarias debe realizarse. En definitiva, un control que nos procura interesantes episodios y que facilita también momentos de gloria de algunas de sus señorías, a la vez que permite también a la prensa rellenar páginas de información con los sucesos e informaciones que provoca.

En la práctica, el control parlamentario no tiene nada que ver con lo que supuestamente se supone que es. Todos ustedes pueden imaginar perfectamente en qué se traduce, en una ingente actividad de escasa utilidad porque las cuestiones realmente importantes y sensibles que afectan al gobierno respectivo, lisa y llanamente no se responden, sin que se desate ninguna consecuencia importante, y en segundo término, porque las preguntas de menos trascendencia o aquellas que potencialmente puedan causar menos escándalo, se responden como realmente se considera oportuno sin que suceda tampoco absolutamente nada. Si el diputado o senador no se da por satisfecho con la respuesta que se le ofrece, puede volver a repetirla hasta que termine inaceptándose por la cámara respectiva o bien transformar la pregunta en oral y así salir en la televisión en la sesión de control respectiva y de paso criticar al Gobierno que no le haya respondido.

Con este ejemplo en la retina, el protagonizado por los jefes de la Administración, me temo que al margen de soportar soporíferas alabanzas al proyecto de ley de Transparencia, y con independencia de las mejoras parciales que en materia de acceso a información pública pueda procurar el nuevo texto, habrá que concluir que en caso de no concurrir un esfuerzo de verdadera voluntad política para hacer nuestras Administraciones más accesibles y transparentes a los ciudadanos, la iniciativa se convertirá en algo de corte lampedusiano y, como mucho, una norma de autoconsumo para curiosos, también algunos foros, profesores de Derecho público y poco más. En verdad, admitámoslo, es más que posible que de eso en realidad se trate.

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La Noche de los Poetas Asesinados
Luis del Pino Libertad Digital 18 Noviembre 2013


El Comité Judío Antifascista fue una organización creada por orden directa de Stalin en abril de 1942 y formada por intelectuales rusos de origen judío. La idea de Stalin era que ese Comité ayudara a movilizar a la opinión pública internacional en favor de la lucha de los soviéticos contra la Alemania nazi.

Miembros de ese comité hicieron una gira por diversos países occidentales, incluyendo Inglaterra y Estados Unidos, donde fueron recibidos por el propio Albert Einstein. En Nueva York, participaron en un multitudinario acto de apoyo a la Unión Soviética, que congregó a más de 50.000 personas y en el que habló también Charlie Chaplin. En aquella gira se logró recaudar más de 30 millones de dólares de la época en dinero contante y sonante, además de equipos médicos, ambulancias y medicinas.

El Comité Judío Antifascista desempeñó, por tanto, un importante papel, tanto de relaciones públicas como de recaudación de fondos, para la Rusia de Stalin durante la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, tras la guerra, el antisemistismo ruso, que había permanecido escondido mientras los judíos fueron útiles para enfrentarse a Hitler, volvió a aflorar rápidamente. Stalin prohibió que se documentaran las atrocidades de los nazis contra los judíos realizadas en territorio de la Unión Soviética, insistiendo en que esas atrocidades debían siempre presentarse como ataques al pueblo ruso, no específicamente a los judíos. Cuando miembros del Comité Judío Antifascista elaboraron el Libro Negro del Holocausto en 1946, las galeradas del libro fueron directamente destruidas, aunque la obra logró publicarse en los Estados Unidos.

La situación empeoró con la decisión de Naciones Unidas, en noviembre de 1947, de crear el Estado de Israel. El alineamiento de ese nuevo estado con Occidente hizo que Stalin prescindiera de todo disimulo.

Así, en enero de 1948, el presidente del Comité Judío Antifascista, el mismo que había logrado recaudar 30 millones de dólares para Stalin, fue asesinado por la policía secreta soviética, que disfrazó el crimen de accidente de tráfico. En noviembre de ese mismo año, el Comité Judío fue disuelto y sus principales miembros arrestados, acusados de conspiración contra la Unión Soviética. Dos meses después, los medios de comunicación soviéticos, al servicio del régimen, comenzaron una campaña de propaganda contra los que denominaban "cosmopolitas desarraigados", una forma eufemística de referirse a los judíos, a los que se pasó a pintar como enemigos del Estado. Entre los arrestados en aquella purga había periodistas, escritores, actores, muchos poetas...

Tres años y medio permanecieron en prisión los miembros del Comité Judío Antifascista antes de que se celebrara un simulacro de juicio. Tres años y medio de interrogatorios, palizas y torturas. Uno de los acusados, sindicalista e historiador, llegó a decirle al tribunal militar que, después de cada paliza, "estaba dispuesto a confesar que era el sobrino del Papa y que actuaba por órdenes directas suyas".

Finalmente, trece de los miembros del Comité fueron condenados a muerte y fusilados en la prisión de Lubyanka, en Moscú, el 12 de agosto de 1952, en la que se ha dado en llamar La Noche de los Poetas Asesinados.

¿Y qué influencia tuvo sobre la opinión pública nacional e internacional aquel asesinato disfrazado de juicio, se preguntarán ustedes? Al fin y al cabo, estamos hablando de un asesinato de intelectuales judíos muy poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo estaba aún en estado de shock, tras el descubrimiento de las cámaras de gas nazis. Estamos hablando, además, de intelectuales judíos a los que Stalin había encargado, precisamente, mantener el contacto con círculos de Occidente para recabar en ellos apoyo para la Unión Soviética. Estamos hablando, por tanto, de personajes conocidos y bien relacionados, dentro y fuera de Rusia.

La respuesta es que no tuvo ni el más mínimo impacto. Porque la detención, los interrogatorios, el juicio y la ejecución fueron ocultados cuidadosamente. Ningún medio de comunicación informó de ello, ni dentro, ni fuera de la Unión Soviética. Los familiares de los arrestados fueron enviados al exilio nada más producirse los arrestos, sin darles ninguna información. Algunos compañeros de los miembros del Comité fueron enviados a campos de trabajo en Siberia.

No fue hasta 1955, dos años después de la muerte de Stalin, que comenzaron a filtrarse los primeros datos de aquella purga, cuando el caso fue reabierto por el régimen de Kruschev y la condena, anulada. Pero para los trece miembros del Comité Judío Antifascista fusilados, ya era tarde, por supuesto.

En España llevamos viviendo, desde el 11-M, un proceso inmoral de rendición del Estado ante una banda terrorista. Proceso que jamás podría haberse llevado a cabo sin antes anestesiar a la opinión pública convenientemente, para lo cual era necesario silenciar a las víctimas.

A ello se dedicó con denuedo Zapatero: a neutralizar a aquellas víctimas del terrorismo que se negaban a aceptar que los asesinos salieran triunfantes. A eso se dedican también ahora Rajoy y la actual cúpula del PP. Y a ello han contribuido, con más o menos entusiasmo, casi todos los medios de comunicación: a invisibilizar a las víctimas que más protestaban, a asegurarse de que su voz se oyera lo menos posible, a proporcionar la cobertura informativa para la indignidad.

Muchos medios y periodistas se sumaron, incluso, a esas inevitables compañeras de las campañas de invisibilización, que son las campañas de desprestigio. En lugar de llamar "cosmopolitas desarraigados" a las víctimas que reclamaban Justicia, como hicieran los medios soviéticos con los judíos arrestados, los medios españoles las llamaban "derecha extrema" o "radicales", pero la técnica es la misma.

Sin el silencio informativo y sus campañas de desprestigio asociadas, aquella Noche de los Poetas Asesinados no hubiera sido posible en Rusia. Sin el silencio informativo y sus campañas de desprestigio asociadas, la salida en masa de asesinos, violadores y pederastas de las cárceles españolas no hubiera tenido nunca lugar.

Con el agravante de que el de Stalin era un régimen comunista dictatorial, en el que no había prensa libre. Aquí la hay, pero muchas veces se comporta como si no lo fuera. Y la censura autoimpuesta es, a veces, mucho más severa que la te imponen.

¡Gracias, compañeros de los medios de comunicación! Muchas gracias a todos aquellos que habéis ayudado, con vuestro silencio o vuestras consignas, a que lleguemos a este punto. Sin vuestra inestimable ayuda, sin vuestra sumisión a quienes querían llevar adelante sus indignidades sin testigos, el violador del portal, el etarra Kubati o el pederasta de Canarias aún seguirían en la cárcel.

Pero, afortunadamente, ahí estabais vosotros, para salir en defensa del poderoso frente al que no lo es. Para que ninguna indignidad se combata, ni ninguna buena acción quede sin su merecido castigo.

Podéis estar orgullosos de vuestro trabajo, compañeros. ¡Habéis triunfado!

Cataluña
¿Cuál es la nación del PSC?
José García Domínguez Libertad Digital 18 Noviembre 2013

Acuso recibo de que un consejo llamado nacional del PSC ha decidido que no renunciará al irrenunciable derecho a decidir salvo si el Estado renunciase a decidir que les autoriza a decidir, en cuyo caso no se decidirían a decidir hasta nueva decisión. Nada nuevo bajo el sol, por lo demás. Pues de antiguo es sabido que Marx y Engels siempre gozaron de mucho menor ascendiente doctrinal entre la dirección de los socialistas catalanes que Mario Moreno Cantinflas. Quizá la única nota de color reseñable sea ese pícnico 13% de votos cosechados por el sector que se presume más nacionalista dentro del partido. Estricta insignificancia interna, la de los ruidosos aberchales del PSC, que se corresponde con su paralela irrelevancia externa. Y es que, en términos electorales, representan mucho menos aún. De hecho, no representan nada. Y ello por una razón simple, a saber, que el voto catalanista, ése que rondaba una cuarta parte del total, ya ha migrado en masa a otras siglas; ora a CiU, ora a la Esquerra.

No se olvide que el PSC fue la resultante de una suerte de compromiso histórico entre la clase obrera de origen inmigrante y las capas medias autóctonas refractarias al neotradicionalismo montserratino que encarnara Pujol. Un pacto que se han encargado de romper entre el fin de la ambigüedad por un lado y la simple biología por otro. Porque los hijos de aquellos andaluces y gallegos arribados en los sesenta, al final, se han terminado decantando; los unos por la aculturación, los otros por el repudio abierto del nacionalismo, pero todos lejos de las melifluas medias tintas equidistantes de Navarro & Cía. Tan fulminante, la irrupción paralela de Ciudadanos y ERC no representa cosa distinta que el definitivo certificado de defunción de aquel viejo contrato de gananciales. Desde entonces, el PSC ya no es más que un cadáver en descomposición.

Unas siglas en las que solo procede reparar cuando se relee Lo que ignoran los que están muertos, aquel cuento inquietante de Amado Nervo, donde se dice:

Los muertos, señor mío, no saben que se han muerto. No lo saben hasta que pasa cierto tiempo, cuando un espíritu caritativo se lo dice, para despegarlos definitivamente de las miserias de este mundo (...) Generalmente se creen aún enfermos de la enfermedad de que murieron: se quejan, piden medicinas. Nos hablan, se interponen en nuestro camino, y desesperan al advertir que no los vemos ni les hacemos caso. Entonces se creen víctimas de una pesadilla y anhelan despertar.

Pero lo único que les pasa a los muertos es que, ¡ay!, están muertos. Así el PSC que en paz descanse. Amén.

La democracia según Francesc Homs
José Rosiñol Lorenzo. Periodista Digital 18 Noviembre 2013

El portavoz de la Generalitat y Consejero de Presidencia ha vuelto a dar lecciones de democracia a toda las clase política, lecciones basadas en la fiesta de la confusión a la que nos tiene acostumbrados, lecciones cuyo destinatario real es la ciudadanía catalana.

El argumentario de Francesc Homs suele estar preñado de adjetivos como democracia, voluntad o consulta, digo adjetivos porque no los utiliza como conceptos, los usa como bellos escaparates que anuncian una cosa pero en su interior hay otras, costumbre que podría ser el paradigma de la banalización de la democracia, de la perversión del lenguaje.

Lo preocupante es que un dirigente político degrade tan alegremente las pocas cosas que deberían ser sagradas en democracia, degradación que pretende contaminar el debate político llevándolo siempre y constantemente hacia el objetivo supremo: centrar el discurso en la construcción nacional, mantener desinformada a la población y empobrecer la cultura política de los catalanes.

El cinismo y la soberbia son unos de los rasgos más significativos del relato nacionalista, soberbia de quién se cree depositario de Verdades autoevidentes, cinismo de quién utiliza las normas de convivencia para sustentar su verdad fundamental, de quién niega hacer –sin rubor alguno- lo que en verdad practica, de quién invierte instrumentalmente los valores morales y democráticos.

Francesc Homs afirma que el Gobierno catalán rechaza “la confrontación y la confusión” y niega la fractura entre partidarios y detractores de la independencia, que “las discrepancias deben poder dirimirse votando…ese el mensaje más inclusivo y de suma…”. Estas declaraciones no solo niegan la mayor sino que, además pretenden manipular cínicamente el momento de fractura política y social impulsada por el Gobierno de la Generalitat y sus socios.

Esta fractura política, este tensionar la sociedad tiene un objetivo ideológico y pragmático, con ella se logra mantener la atención informativa en el foco independentista y que la población no sea consciente de ese foco artificialmente construido, como si el foco soberanista fuese la realidad social y política.

El voto es un elemento imprescindible de la democracia, pero el recurso al voto si lealtad institucional no es más que un atajo muy poco democrático y la democracia sin Imperio de la Ley no es más que populismo.

Los defensores del nacionalismo siempre aducen el “derecho a decidir” para vestirse de adalides de la democracia, pero se olvidan de explicar que dicho derecho no existe en el vacío existencial, que las formas y las esencias democráticas no parten de una especie de adanismo político que lo engendra todo, que anula lo existente, que obvia las normas previas.

Pero el paroxismo de ese derecho a decidir es que se reduce a que únicamente se debe decidir lo que el nacionalismo quiere, en la forma que quiere y el momento que quiere, ni si quiera se tolera que si se existe ese “derecho a decidir” pudiéramos llegar a decidir que no tenemos nada que decidir.

He dejado para el final el tema de la “inclusión y la suma” expresada por el ínclito Francesc Homs, básicamente porque es cinismo en estado puro, porque confunde y manipula a la población, haciendo creer que el voto es la política, pero el voto es el instrumento con el que los ciudadanos delegamos nuestra soberanía para que nuestros representantes consensuen la auténtica política, política que nunca debería ser un juego de suma cero.

¿Inclusión y suma?, ¿a qué se referirá Francesc Homs?, ¿a obligar a la ciudadanía a escoger entre dos identidades culturales –identidades que no son más que reduccionismo academicistas y politizados de una pluralidad desbordante-?, ¿a una inclusión en forma de uniformización obligatoria?, ¿a una suma del silencio de los disidentes?

Nunca Máis, Tinell, Parot
CARLOS CUESTA El Mundo  18 Noviembre 2013

Tres actos. Una misma obra. Tres nombres. Una misma estrategia.

Tres palabras que nada deberían tener que ver. Pero que lo tienen todo en común. Porque su origen es el deseo de impedir que una derecha ideológicamente fuerte gobierne en España.

Noviembre de 2002. Un petrolero de Liberia con bandera de Bahamas se hunde frente a Galicia. Provoca una marea de chapapote. Y la izquierda organiza el mayor movimiento ecologista con fines electorales visto hasta ese momento. Su objetivo: acabar con las expectativas de poder de un PP comandado entonces por Aznar.

La excarcelación de etarras contribuirá al debilitamiento y a la desunión del PP

Diciembre de 2003. CiU gana las elecciones catalanas, pero el Partido Socialista cierra un acuerdo con ERC e ICV que instaura el tripartito bajo un doble lema. Uno, extender la alfombra roja al nacionalismo bajo el principio de "Cataluña, una nación socialmente avanzada". Dos, cerrar una alianza inquebrantable entre socialistas y nacionalistas para impedir la gobernabilidad del Partido Popular a escala autonómica y nacional.

Octubre de 2013. Estrasburgo desautoriza la doctrina Parot y empieza la excarcelación de etarras. La Corte Europea materializa uno de los objetivos clave de la negociación entre Zapatero y los etarras: la salida de las cárceles de los peores asesinos. La influencia decisiva en el fallo de López Guerra (ex secretario de Estado de Zapatero) sienta las bases de la excarcelación. La inacción del Gobierno del PP cierra el espectáculo dantesco que hoy observamos. ¿Y cuál es el resultado de este tercer acto? Confirmar el compromiso socialista con el nacionalismo y, de nuevo, debilitar, ya no sólo las expectativas de poder del PP, sino también su propia cohesión interna. Factor, este último, que los dirigentes populares parecen no digerir con claridad.

Porque la hoja de ruta trazada entre Rodríguez Zapatero y los etarras dejó el plato más amargo para el PP. Los socialistas, de la mano del Constitucional, colaron a los proetarras en las instituciones. Pero ese trago no es tan difícil de justificar ante unas bases que últimamente todo lo admiten bajo el "derecho a decidir": si los vascos lo quieren, admitamos a Bildu.

Pero ése no es el caso del PP. Donde buena parte de sus votantes no tragan con el plato dejado a los populares: el de asistir a la excarcelación de etarras. Imágenes que quedarán marcadas en la historia y contribuirán a la desunión y debilitamiento del PP.

Ésa es la trampa. Diseñada hasta el final para hundir las expectativas de gobierno de la derecha. Y que puede cumplirse si no se rompe la maldita hoja de ruta.

El PSC no es de fiar
EDITORIAL Libertad Digital 18 Noviembre 2013

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) celebró este domingo un Consejo Nacional (sic) Extraordinario en el que se ha reafirmó en su idea de defender la convocatoria de un referéndum sobre el fantasmagórico derecho a decidir, siempre y cuando sea "legal" y "acordado" entre los Gobiernos central y autonómico. El primer secretario del partido, Pere Navarro, ha visto así reforzada su posición, pues los partidarios de celebrar la consulta con o sin acuerdo entre Administraciones –como, por cierto, también piden los secesionistas de ERC– sólo consiguieron cosechar un 13% de apoyos.

En su alocución, Pere Navarro afirmó que los socialistas catalanes quieren ejercer el derecho a decidir para "decidir federalismo". "No queremos seguir como estamos y tampoco queremos romper", dijo. "No queremos separar a Cataluña del resto de España. Al contrario, queremos tender puentes de diálogo y entendimiento".

Mera palabrería, que además no resiste el menor análisis. ¿Qué federalismo postula el PSC? ¿El que hizo célebre Pasqual Maragall y que era una sangrante negación del federalismo desde su mero enunciado, federalismo asimétrico, asombrosa contradicción en los términos? ¿Acaso exuda federalismo el estatuto catalán, del que tanto se ufanaron los socialistas –también en el resto de España– en tiempos de Zapatero, y que no representa sino la voladura del principio de igualdad entre los españoles? ¿Qué significa ese "No queremos seguir como estamos"? ¿Que se quieren conseguir más privilegios y beneficios para Cataluña en detrimento de las demás regiones del país?

En cuanto a sus proclamas en pro de la incardinación de Cataluña en España, sirva decir que en el referido Consejo Nacional exhibieron, además de la del propio PSC, la bandera de la Unión Europea y la autonómica catalana; pero no la de España. Evidentemente, no fue un descuido ni de hecho un suceso insólito, no en vano el PSC ha llegado a boicotear actos institucionales en las hipernacionalistizadas Diadas debido a la presencia en ellos de la enseña nacional.

Por último pero no en último lugar: en el PSC están tan seguros de lo que hacen, operan con la conciencia tan tranquila, que la votación para decidir sobre el derecho a decidir se hizo en secreto a petición de numerosos miembros del Consejo, al menos 43 de 209. Ni de ellos se fían. Como para fiarse de ellos.

Cataluña
Pregúntalo ya, pesado
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 18 Noviembre 2013

"Que incluye o tiene virtud y capacidad para incluir algo". He ahí la definición académica de la voz inclusivo, el atributo que Artur Mas exige ahora a la tan famosa como ignota pregunta de su consulta soberanista. O sea, que los catalanes tenemos derecho-a-decidir-algo-inclusivo. Hasta ahí sabemos por ahora.

Siendo España inclusiva, la pregunta bien podría rezar: "¿Quiere usted seguir dentro de España?". Aunque el sí y el no convencionales se intercambiarían, al menos el juego sería coherente. A fin de cuentas, sólo un planteamiento así de claro encaja con el ejercicio del derecho de autodeterminación, verdadero nombre del asunto hasta que el profesor Jaume López Hernández, nacionalista leído, comunicó a los suyos que nadie iba reconocer a Cataluña ese derecho.

Hay un formidable malentendido, deliberado, en el movimiento nacionalista-secesionista catalán. Los independentistas de toda la vida, más un segmento importante de los votantes convergentes, más el periodismo catalán, más los escolares de la cadena humana, entendieron el "Estado propio" de Artur Mas como un Estado soberano. Algo natural, teniendo en cuenta que el Parlamento catalán declaró a todo esto, con gran pompa, la soberanía jurídica y política del pueblo de Cataluña. Puede que "Estado" no signifique Estado, pero "soberanía" sí significa soberanía.

Por qué Unió se sumaba a este despliegue mientras su líder insistía en que ni él era independentista ni la independencia era posible resultará un misterio para el inadvertido. La clave que permite descifrarlo la hemos expuesto en estas páginas con anterioridad: el establishment barcelonés no desea la independencia sino el independentismo. Lo primero sería chunguísimo para ellos: salida de la Unión Europea, desinversión masiva, fuga de empresas, incalculable lucro cesante, la Caixa y el Banco Sabadell incapacitados para obtener liquidez en buenas condiciones del BCE, un país quebrado que no reconocería ni la ONU, etc. Lo segundo –el independentismo– era sin embargo un chollo; permitía reeditar una y otra vez el gran farol de un póquer político de transferencias sin cuento, bilateralidad fáctica con el Estado, abuso del artículo 150.2 de la Constitución, incumplimiento de leyes y sentencias lingüísticas con el Estado haciendo la vista gorda. En vez de ordenamiento, ordeñamiento jurídico.

Pero de repente a Artur Mas se le va la pinza y se juega el resto. Los sectores crédulos creen que lleva escalera de color y saltan de alegría. Mientras, a los constitucionalistas catalanes nos entran unas ganas irresistibles de verle las cartas. Igualo, ¿qué llevas?

Obviamente, no lleva nada, pero en el momento cumbre se rila y nos viene con la milonga de que las reglas han cambiado, que él nunca ha hablado de independencia y que el derecho a decidir se ejercita con una pregunta inclusiva. Tócate los testigos. Esa no consulta para la que ha dotado decenas de millones de euros ya no podrá interpretarse como el señor Junqueras y yo deseamos (sí o no a la secesión, mira tú qué simple), sino como a CiU mejor le parezca a fin de seguir explotando la farsa de la desafección, de la falta de encaje, del no nos respetan y del dale que te pego. ¡Qué pesadez!

And yet… por mucho que CiU no desee la independencia sino el independentismo, esta vez tienen un problema: el próximo presidente de la Generalidad, el hombre capaz de parar una semana la economía catalana, el sucesor de Macià y Companys, don Oriol Junqueras i Vies, no va de farol. Los constitucionalistas tampoco.

La seguridad del Estado
Xavier Pericay www.cronicaglobal.com 18 Noviembre 2013

Vaya por delante una confesión: siento debilidad por J. B. Culla y sus artículos. Esa debilidad no alcanza, por supuesto, la que pueda sentir Félix de Azúa por el mismo personaje y su producción periodística, pero les aseguro que la mía tiene también su recorrido. Lo que más me atrae de Culla, al margen de la españolidad de su prosa, es esa sensación de hombre permanentemente enojado que deja la lectura de cualquiera de sus piezas. Como si al escribirlas segregara una tal cantidad de bilis que esta no puede por menos de empapar, en mayor o menor grado, el producto de su ingenio. No creo que se dé ningún caso parecido en el periodismo catalán contemporáneo. E incluso, si me apuran, en el español. Y ni siquiera sirve la excusa de la edad; Culla es un hombre biológicamente bilioso. Escribe así desde el primer día, segregando que es gerundio.

El pasado viernes, por ejemplo, defendía a los Mossos d'Esquadra. Natural. Hasta diría que me sorprendió lo mucho que había tardado en hacerlo. Culla ha sido siempre un hombre del régimen, lo mismo con Pujol que con Mas. Y en el interregno, cuando no mandaba ni el uno ni el otro, y dado que el régimen continuaba vigente, él seguía en sus trece, fustigando a todo aquel que osara entrometerse en sus destinos. Como hizo en su última filípica. La tesis del artículo es la habitual. ¿Qué habría ocurrido si en vez de tratarse de los Mossos se hubiera tratado de la Guardia Civil -entiéndase, si en vez de tratarse de Cataluña se hubiera tratado de España-? ¿Se habría armado la que se ha armado? ¿No fue acaso mucho peor lo sucedido en el cuartel de Intxaurrondo, en San Sebastián, hace más de treinta años, que lo sucedido a comienzos de octubre en el barrio del Raval de Barcelona, por muy grave y lamentable que esto resulte? Siendo así las cosas, ¿por qué nadie puso entonces en cuestión la legitimidad de la Guardia Civil -o de la Policía Nacional- como sí se ha puesto ahora la de los Mossos d'Esquadra?

Ese nacionalismo debería comprender que la tan ansiada dignificación tiene un precio. Se llama lealtad. Lealtad al Estado y a su seguridad, que es la de todos los ciudadanos

Pues, a mi modo de ver, porque así como la existencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es percibida como algo de todo punto necesario e inherente a la propia existencia del Estado, la de un cuerpo autonómico de nuevo cuño que ha venido a sustituir a esos Cuerpos que ya ejercían mal que bien la misma función, no. De ahí que no les pasen una. Añadan a lo anterior que en los últimos tiempos, tanto tripartitos como convergentes, las actuaciones de los Mossos han dejado mucho que desear. Por exceso de bondad o de maldad, da igual. O, si lo prefieren, por bisoñez, por carecer de experiencia y, en cambio, andar sobrados. Y luego, claro, está el contexto. No me refiero ahora a los informes de Miquel Sellarès, el inspector catalán de alcantarillas. Pienso en algo bastante más serio: en la confianza que pueden generar las actuaciones de un cuerpo policial sujeto a las directrices de un gobierno que, aun formando parte del Estado -siendo Estado, en una palabra-, actúa como si no lo fuera y, lo que es peor, tratando de destruirlo.

Además, qué quieren, el pasado, ese pasado que el historiador Culla tan bien conoce, tampoco ayuda. En tiempos de la República, una de las grandes reivindicaciones del nacionalismo gobernante en Cataluña -o sea, de ERC- fueron las competencias de orden público. Cuando la Generalidad por fin dispuso de ellas, las empleó, ya con Companys de presidente, en perseguir el terrorismo anarquista -lo que acabaría costando la vida, en vísperas de la Guerra Civil, a los hermanos Badia, dirigentes de Estat Català y máximos responsables de la policía autonómica-. Pero también las empleó en preparar el golpe de Estado que Companys había de encabezar el 6 de octubre de 1934. Por desgracia para los golpistas, su plan contaba con los escamots de Estat Català que, a la hora de la verdad, no aparecieron por ningún sitio. La imagen que quedó fue, pues, la de los Mossos defendiendo el Palacio de la Generalidad ante el asedio de un par de unidades del Ejército que, al poco, lograban la rendición incondicional de los amotinados. Una triste imagen, ciertamente.

Yo comprendo -¡cómo no voy a comprenderlo!- que el nacionalismo que Culla profesa tenga interés en dignificar de una vez por todas la policía -su policía- autonómica. Pero ese nacionalismo debería comprender a su vez que la tan ansiada dignificación tiene un precio. Se llama lealtad. Lealtad al Estado y a su seguridad, que es la de todos los ciudadanos, residan o no en Cataluña.


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