AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 20  Noviembre 2013

Balance
La legislatura ha terminado, la crisis continúa
Juan Ramón Rallo Libertad Digital 20 Noviembre 2013

No voy a ser yo quien minimice la extrema gravedad de la situación económica que se encontró el PP cuando llegó al poder, hace hoy justo dos años. Nuestro país parecía irremisiblemente condenado a quebrar e incluso a salir del euro debido a la explosiva combinación de tres burbujas cuya hinchazón se había venido gestando dese 2001 y cuya explosión se había retrasado en gran medida hasta 2012.

La primera de esas tres burbujas era la financiera: durante largos años nuestros bancos y cajas sobreexpandieron el crédito hacia nuestra economía, gracias a la financiación barata que les proporcionaba el BCE. La segunda era la productiva: el crédito barato de la banca distorsionó por entero nuestro modelo productivo, escorándolo hacia el infladísimo ladrillo. Y la tercera fue la estatal: los ingresos extraordinarios del Fisco engordaron tanto durante los años de falsa bonanza que nuestros políticos se permitieron consolidar unos niveles disparatados de gasto público.

Todos los problemas de la economía española se reconducen a estos tres desequilibrios: banca descapitalizada, desempleo y quiebras en masa, déficit público desbocado. Tres problemas que tanto dentro (votantes) como fuera (votantes financieros: inversores) se esperaba el Partido Popular resolviera tan pronto como desplazara a Zapatero, devolviendo así España a la senda de la estabilidad. La tarea no era sencilla, pero sí política y éticamente exigible: recapitalizar la banca a costa de sus acreedores y no del contribuyente, liberalizar completamente la economía (en especial, el mercado de trabajo y el energético) y acelerar la reducción del déficit público mediante un recorte del gasto centrado en la reforma en profundidad del mal llamado Estado de Bienestar.

Pero, para sorpresa de muchos, y no tanto para la de otros, el PP apenas movió ficha durante sus primeros meses en el Gobierno: De Guindos impuso diversas provisiones a los bancos que no explicó cómo iban a poder cubrir; la reforma laboral se quedó a medio camino y el resto de vitales reformas (como la energética) ni se llegaron a plantear; y los presupuestos de 2012 no sólo se retrasaron por razones electoralistas hasta pasadas las autonómicas andaluzas, sino que apenas contuvieron recortes del gasto; sí incluían, en cambio, salvajes subidas de impuestos.

Fiasco gubernamental que se plasmó en decepción interna y externa: los votantes no pudieron retirar a posteriori su confianza a Rajoy, pero los inversores en deuda española sí pudieron hacerlo… y lo hicieron. Pocos meses después de que el PP llegara al poder, la desbandada no tuvo precedentes: convencidos de que, por culpa de la inepcia socialdemócrata del PP, España iba inexorablemente a quebrar –déficit público por las nubes, banca insolvente y paro avanzando hacia los seis millones–, nadie deseaba estar expuesto a nuestra ruina: los mercados financieros se secaron y el coste de nuestra financiación estalló.

Pero a mediados de 2012 a Rajoy se le aparecieron dos ángeles: uno en forma de crédito extraordinario de Bruselas para poder recapitalizar los bancos españoles a costa de todos los contribuyentes; el otro, y verdaderamente decisivo, exhalado por Mario Draghi al anunciar urbi et orbi que haría "todo lo necesario" para evitar que el euro se descompusiera por los eslabones español e italiano. En el fondo, pues, el banquero central mutualizó la deuda española e italiana con la alemana, permitiendo aplazar el día de autos. Insisto: quien aplazó la bancarrota fue Draghi, no Rajoy y su equipo.

Desde entonces, los sustos mortales han desaparecido de la economía española: la prima de riesgo ha caído a la mitad; el crédito vuelve a fluir hacia nuestros bancos; la inversión extranjera, que había huido en 2012, regresa algo más confiada en 2013; el sector privado ha dejado de destruir empleo abriéndose hacia el exterior, incluso puede que se expanda tímidamente. Brotes verdes por doquier. Salir del atolladero ya es sólo cuestión de tiempo, pues todas las bases para la recuperación están sembradas gracias a la diligente política económica del Gobierno. ¿O no?
Fragilidad

Partamos de un hecho tan deplorable como incontestable: la legislatura popular ya ha terminado. Todo aquello que tenían que ofrecer –bueno, malo, peor y pésimo– ya ha sido desplegado. A unos meses de las europeas, a año y medio de las autonómicas y municipales y a dos años de las generales, ningún político va a sacrificar su poltrona en aras del bien común. Sólo queda aguantar y ver. Por desgracia, para poder ver algo sustancialmente distinto a lo que vimos (y padecimos) en el pasado, nuestros desequilibrios fundamentales deberían haberse corregido y no lo han hecho.

¿La burbuja financiera? A pesar de las varias decenas de miles de millones de euros que los contribuyentes españoles hemos insuflado, coaccionados, en las cajas, el problema está lejos de haberse solventado: la morosidad sigue en aumento (ya no solo se concentra en la construcción) y el precio de la vivienda continúa en caída libre, erosionando el valor de los colaterales en disposición de la banca. Ciertamente, las entidades financieras están hoy mucho mejor que hace un año, pero dentro de dos o tres años puede estar peor que antes del rescate.

¿La burbuja productiva? Es cierto que nuestro aparato productivo se está readaptando lenta pero adecuadamente: estamos abandonando un modelo insostenible basado en el endeudamiento externo para alimentar el consumo interno y virando hacia otro basado en la exportación para amortizar nuestras deudas exteriores. El problema es que esta reestructuración, que por necesidad debía tomar bastante tiempo, se está prolongado exasperantemente: el sector privado continúa muy endeudado (aunque cada vez menos) y constituye un clamor generalizado la ausencia de financiación para sufragar nuevas inversiones en nuevos productos y en nuevos mercados. Falta libertad y ahorro (que no crédito) para acelerar este imprescindible proceso, pero el PP se ha limitado a consolidar o reforzar la mayoría de regulaciones y a saquear tributariamente al sector privado para evitar pinchar la burbuja estatal.

¿Y la burbuja estatal? Pese a los timoratos recortes del gasto y a las sangrantes subidas de impuestos, continúa tan adiposa como siempre. Si Zapatero redujo el déficit del 11 al 9%, Rajoy lo ha bajado del 9 y al 7. Ahí queda todo. Pírrica proeza que nos condena a terminar 2014 con una deuda pública por encima del 100% del PIB y, lo que es peor, con un déficit que continuará disparado por culpa de un sector público sobredimensionado que, paradójicamente, todos los partidos tachan de raquítico y se afanan en prometer incrementar.

Combinen el estancamiento con el sobreendeudamiento y obtendrán una imagen atinada de la situación: fragilidad. Según las previsiones del propio Gobierno, al terminar la legislatura el PIB y el empleo serán más bajos que al comenzar; la atonía de la recuperación broteverdista habla por sí sola. Esto es lo que tenemos: deudas que siguen acumulándose (sobre todo en el sector público) y riqueza que no llega a crearse para poder reembolsar aquéllas con holgura. Hemos salido (o mejor, nos han sacado) una vez de la suspensión de pagos, pero no hay nada que nos impida regresar a ella; máxime, con dos años electorales y electoralistas por delante, en los que las bancadas liberticidas que pueblan nuestro Congreso (todas) se pelearán por ver quién sube más el gasto y los impuestos, es decir, por ver quién machaca más al sector privado para seguir cebando al público.

La irresponsabilidad broteverdista
Llegados a este punto, toca hacer balance: ¿ha tenido éxito el PP? Si medimos el éxito por haber evitado hasta el momento la bancarrota del país, sin duda alguna lo ha tenido. El mismo éxito que podría haber tenido Zapatero de haber continuado en el poder y de haber recibido el espaldarazo de Draghi. Si, en cambio, medimos el éxito de la política económica del PP por cómo ha contribuido a apuntalar una recuperación saludable, resistente y duradera, su fracaso ha sido rotundo. Hasta la fecha, su política económica se ha centrado en rescatar a la banca y a las Administraciones Públicas a costa de familias y empresas, pero ni banca ni, sobre todo, Administraciones Públicas han completo su saneamiento: al contrario, siguen exhibiendo preocupantes y, en algunos casos, crecientes desequilibrios.

Como sucede con los parásitos, todas las esperanzas del PP están puestas en que el sector privado experimente una recuperación tan vigorosa que le permita seguir sangrándolo para tapar los agujeros presentes y futuros de los sectores público y financiero. Mas el sector privado lo tiene muy complicado para crecer en un contexto de impuestos desproporcionados, regulaciones multiplicadas y ahorro escaso. Si no opera el milagro, las cuentas de la lechera no le saldrán al Gobierno, y, si no le salen, la fragilidad actual se disolverá en dudas y pánico… a menos que se tomen adicionales medidas mucho más impopulares que las adoptadas hasta la fecha y que vayan más allá de lo meramente cosmético y propagandístico (reducción nominal de las pensiones, parálisis de toda obra pública, despido más amplio de empleados públicos y nueva rebaja de sus salarios).

¿Estará el PP en posición de hacerlo? Aunque quisiera (que no quiere), no lo haría a estas alturas de la legislatura. ¿Estará en posición de hacerlo el siguiente Gobierno? Si continúa el PP, ni querrá ni podrá (carecerá de mayoría absoluta); si no gobierna el PP, la coalición bolivariana PSOE-IU hará más bien todo lo contrario… caiga quien caiga.

El panorama es descorazonador, pero lo es por un motivo fundamental: el PP no tomó las duras pero necesarias medidas cuando debía. Ahora ya es políticamente demasiado tarde. Los desequilibrios económicos siguen ahí, pendientes de nuevos ajustes y reformas que nadie traerá. Eso es la irresponsabilidad broteverdista: mantenerte deliberadamente en una posición de debilidad esperando que el viento sople a tu favor y te arrastre hasta la costa. Pero el viento sopla sin fuerza y la balsa continúa llena de agujeros, por mucho que alguno de ellos haya sido chapuceramente taponado.

Por desgracia para todos, estos dos años que concluyen toda la legislatura del PP pueden resumirse en unas frustrantes líneas: traspaso de los muertos de las cajas y del Estado al sector privado para, con la imprescindible cooperación de Draghi, aplazar –que no evitar– la posibilidad de un desastre final. Más Estado y menos mercado, justo lo contrario de lo que necesitábamos.

Dos años de crisis y pragmatismo
Editorial www.gaceta.es 20 Noviembre 2013

Mariano Rajoy llegó a La Moncloa tras una resonante victoria por mayoría absoluta con un solo discurso: a la gente sólo le importan las cuestiones económicas, traducidas en términos de empleo, de disfrute de recursos públicos y de nivel de vida. Como la crisis, en 2011, ya se había hecho presente en la sociedad española, y era evidente que el socialismo hasta entonces gobernante había ocultado la gravedad de la situación, el electorado hizo lo que suele: confiar a la derecha la gestión de las vacas flacas de manera que, una vez superada la crisis, la izquierda derramase los caudales públicos sobre una sociedad ansiosa de vivir subvencionada.

Pero sea por mera carencia de principios liberales o siquiera conservadores (en el último mitin de Valencia ya gritó que los liberales y los conservadores se buscasen otro partido, porque el PP no era el suyo), sea por los consejos de algún derechista muy acomplejado, el caso es que Rajoy ha seguido en estos dos años el camino más largo y más costoso para superar la crisis, de la que acabaremos sin duda saliendo, pero después de haber pagado el altísimo precio del desmoronamiento de las otrora sólidas clases medias. En otras palabras, no saldremos de la crisis gracias al Gobierno, sino a pesar de él: más pobres, y más tarde. El desempleo sigue en cotas insoportables, el crédito sigue sin fluir y también crece la morosidad bancaria, signo de que la crisis muerde ya a las familias que aún disponían de algunos ahorros, que se les están agotando a marchas forzadas.

No ha sorprendido a nadie, en estas condiciones, que en los últimos sondeos el PP haya perdido un tercio de sus votantes; y sólo la convicción de que bajo la batuta del PSOE aún sería peor explica que, a pesar de todo, el Partido Popular todavía aventaje en las encuestas a un PSOE que, además, vaga sumido en una desorientación profunda sobre su identidad, su programa y su mismo liderazgo.

Pero no sólo de economía vive una sociedad. Este Gobierno se ha tenido que enfrentar a un serio desafío separatista en Cataluña, que Mariano Rajoy ha sabido hasta ahora gestionar con sangre fría y la prudencia admirable de un silencio que no ha dado un solo motivo de intercambios verbales con los independentistas que a nada conducirían. Esta política pragmática ha irritado a algunos sectores más impacientes de su electorado, pero hay que decir que ha sido un acierto, pues ha conducido al nacionalismo catalán a meterse solo en su propio laberinto.

Lamentablemente, no podemos decir lo mismo en lo tocante al terrorismo de ETA y la irrupción de su brazo político en las instituciones vascas y navarras. Nos hemos referido a esto repetida y recientemente en este mismo lugar: ETA no ha sido derrotada: ha dejado de matar porque ya no necesita hacerlo. No es de recibo pretender convencer a los ciudadanos que si quisiera cometer un atentado no podría hacerlo, porque conserva sus armas y sus explosivos, los asesinos excarcelados no se han arrepentido de nada, y porque en materia terrorista hace falta muy poca causa para producir grandes efectos. Por alguna razón que un día –téngase por seguro– se sabrá, Rajoy ha seguido al pie de la letra la misma política de su antecesor, el que pidió y obtuvo el permiso del Congreso para negociar con los criminales, y él sabrá por qué.

La vida sigue igual
Kiko Méndez-Monasterio www.gaceta.es 20 Noviembre 2013

La duda de los votantes del PP es si convertirse en la franquicia del PSOE era inevitable.

Tampoco le pega nada a Mariano Rajoy hacer de la política una canción de Julio Iglesias, pero aquí lo tenemos, como si estuviera tarareando el tema que triunfó en el Festival de Benidorm –la vida sigue igual, demasiado igual– y fumándose un puro. La imagen del Julio Iglesias de aquella época es más cercana a la del periodista Gonzalo Bans, pero sí es cierto que el espíritu de la letra podría convertirse en el himno del Gobierno de don Mariano, quizá por comunión gallega: “Pocos amigos que son de verdad, las obras quedan las gentes se van, unos que ríen otros llorarán, unos que nacen otros morirán..” y en fin, toda esa rima asonante que parece una apología del perogrullismo, tan querido en Moncloa.

“Pediré el rescate si es necesario para España, y si no, no lo pediré”, con estas reflexiones y otros hallazgos del tipo “no somos Uganda”, han pasado dos años de Gobierno igual que pasan los aviones comerciales, sin muchas curvas. Del programa se ha incumplido casi todo, y casi parece que el único compromiso que este Ejecutivo ha observado con diligencia es el de los acuerdos que el anterior Gobierno contrajera respecto al proceso de paz, o sea la amnistía tipo Gotham. Esa es una herencia que no rechazan. Tampoco le han hecho ascos al legado de ingeniería social del zapaterismo, de las bodas gays a la barra libre de aborto, pasando por esa ley de Memoria Histórica que deslegitima la Monarquía, y nos convierte en una república graciosamente coronada, sólo hasta el día que a alguien le dé la gana de volver a echar a los borbones a patadas –porque eso es exactamente lo que bendice esa norma–. La libertad lingüística en algunas regiones ni está ni se la espera. Entre tanto rollo del derecho a decidir, todavía no hay una norma estatal que consagre el derecho de que los padres decidan sobre la educación de sus hijos, o que un señor de Gerona pueda poner una panadería y llamarla así, “panadería”, y no como le obligue el cacique de zona.

Respecto a lo de que el dinero estaba mejor en el bolsillo del ciudadano, es una broma con la que ya nos hemos reído bastante, y que además tiene la gracia justita, porque cuando en España desaparecen las clases medias el ambiente que se genera no es como para contar chistes.

Y en fin, que muy ufanos nos van a contar en este aniversario que han evitado el rescate. Y eso es cierto. La duda que tienen los votantes del Partido Popular, es si convertirse en la franquicia del PSOE era inevitable, o si de verdad merece la pena sacar al sistema de la crisis, y dejar dentro de ella a los españoles.

Rematar a Montesquieu
EDITORIAL Libertad Digital 20 Noviembre 2013

Alfredo Pérez Rubalcaba se habrá recuperado de la gripe que impidió la semana pasada la renovación del Consejo General del Poder Judicial; pero lo que está claro es que la Justicia no se va a recuperar de su lamentable estado mientras los componentes del máximo órgano de gobierno de los jueces y de nuestros más altos tribunales sean designados, en su totalidad, por el Poder Legislativo.

El hecho de que IU se haya incorporado al acuerdo que PP, PSOE, CiU y PNV han cerrado al límite del plazo establecido no borra sino que consolida el obsceno reparto de cromos que, desde 1985, y al grito guerrista de "Montesquieu ha muerto", vulnera la independencia judicial y hace del Judicial una mera correa de transmisión de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

La misma sentencia del Tribunal Constitucional que avaló la vergonzosa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, por la que las Cortes Generales nombrarían no ocho sino los veinte miembros del CGPJ, advirtió, aunque fuese de forma hipócrita, que "ese cambio conlleva el riesgo de que las Cámaras atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyan los puestos entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos". Ese riesgo ha sido desde entonces una lamentable y previsible realidad; y el hecho de que los dos grandes partidos y los nacionalistas hayan concedido una parte del pastel a IU solo prueba que esta formación forma parte de la casta política que obstaculiza la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. La Justicia en un sistema democrático no tiene por qué ser plural, sino independiente de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Así las cosas, y a la espera de conocer todos los nombres de los nuevos miembros del CGPJ, a nadie debería sorprender el marcado perfil político de algunos de los que ya conocemos, como es el caso del exdiputado socialista Álvaro Cuesta o de la exdiputada de CiU Mercé Pigem.

Con la honrosa excepción de UPyD, ya no queda en el Parlamento ninguna formación partidaria de la recuperación de la separación de poderes mediante el restablecimiento de un sistema de elección en el que sean los propios jueces y magistrados, y no los partidos políticos, los que nombren a los miembros de su máximo órgano de gobierno y de los altos tribunales.

En Libertad Digital no tuvimos empacho en dedicar dos editoriales seguidos en enero de 2012 a elogiar los proyectos de reforma anunciados por Alberto Ruiz Gallardón, entre los que se encontraba, de forma muy destacada, su promesa de restablecer el sistema de elección del CGPJ que operaba hasta 1985. Esa promesa, como tantas otras del Gobierno de Rajoy, se la ha llevado el viento. Nueva traición gravísima, imperdonable.

¡Infeliz cumpleaños!
F. JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 20 Noviembre 2013
Actualizado: 19/11/2013 21:38 horas

«Anoche, volvimos a contemplar el fúnebre espectáculo del entierro de Montesquieu»

NO ERA fácil hacer bueno a Zapatero, pero con sólo dos años en el poder ya podemos asegurar que será difícil hacer bueno a Rajoy. Si el 20-N de 2011 nos hubieran dicho que el Gobierno del PP festejaría la efemérides ofreciendo a la desdentada voracidad de la prensa el sórdido espectáculo del reparto de magistrados del CGPJ, ese que Rajoy dijo que liquidaría y que Gallardón aseguró que no veríamos más, pocos lo hubieran creído. Sin embargo, anoche, en el tiempo añadido que los políticos se conceden para la doma de jueces y magistrados contemplamos el fúnebre espectáculo del entierro de Montesquieu. PP, PSOE, CiU y PNV se repartieron los despojos del Poder Judicial, más sometido que nunca al Legislativo y pastoreado como siempre por el Ejecutivo. La peor lacra de nuestro sistema político, la corrupción, tiene su base en la corrupción de la Justicia, garantizada por los partidos que nombran a los jueces que deben juzgarlos si les pillan robando. Ya pueden pillarlos los periodistas -Fiscalía y Policía los pillan poco- que no faltará quien los absuelva, con argumentos tan brillantes como del benefactor togado de Pepiño, que admitió que el ministro de Fomento se dedicó al tráfico de influencias, como tal vez pruebe que le erigieran a precio de chabola un casoplón, pero que había presionado poco, o sea, bastante, pero no demasiado, y lo absolvió del todo. Por supuesto, Blanco o la hija del Rey, de profesión sin-ánimo-de-lucro, no han tenido ningún trato de favor judicial. ¿Quién puede siquiera imaginarlo? La víspera de echar la enésima llave al sepulcro de Montesquieu, el ministro del Interior, émulo en aciertos del de Justicia, resumió brillantemente el sentido de esta facturación de jueces por los políticos, cuya efectividad demuestra la mayor suelta de criminales de nuestra historia. La prueba de la derrota de los terroristas de ETA -dijo- es que salen a la calle con los violadores. Las víctimas de terroristas y violadores tienen, pues, el consuelo, de que la risa de sus verdugos es la expresión de su dolor. Si los sueltan los jueces y se felicita el Gobierno, ¿quién dudará de lo bien que estamos? ¿Las víctimas del terrorismo? Que las insulte Oyarzábal, que para eso está el PP vasco. ¡Infeliz cumpleaños!

Un pacto obsceno para controlar el poder judicial
OPINION El Mundo 20 Noviembre 2013

¿SE IMAGINA alguien que la canciller Angela Merkel se reuniera con Sigmar Gabriel, el jefe del SPD, para pactar la composición de los órganos de gobierno de la Justicia y el presidente del Tribunal Supremo? Sería sencillamente imposible, pero esto es lo que ha sucedido en nuestro país, donde Rajoy y Rubalcaba han negociado la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ni siquiera se han molestado en guardar las formas. Han pactado las cuotas por partido, han designado los componentes del CGPJ en base a sus intereses políticos y se han puesto de acuerdo en el nombre del futuro presidente. En definitiva, se han repartido el órgano de gobierno de la Justicia como si fuera un consejo de administración.

No sorprende demasiado que el PSOE se haya comportado de esta manera porque siempre ha defendido que los miembros del CGPJ debían ser nombrados a dedo por los partidos. Pero el PP llevaba en su programa electoral la reforma del sistema para que los jueces eligieran directamente a sus 12 representantes. Este compromiso se ha incumplido y no cabe argumentar razones sobrevenidas o de carácter presupuestario. El PP ha optado por mantener el statu quo que le garantiza el control del aparato judicial a través de los nombramientos que realiza el CGPJ.

Ello se ha hecho desde un descarado pragmatismo que justifica el nombramiento de personas como Álvaro Cuesta, que fue diputado durante casi 30 años y ex miembro de la dirección del PSOE, o Mercè Pigem, actual diputada de CiU. ¿Con qué autonomía pueden decidir estas personas?

Al actuar así, el PPy el PSOE están demostrando que carecen del menor interés en una Justicia independiente y que sus palabras sobre la regeneración ética y la lucha contra la corrupción son una simple cortina de humo. ¿Cómo no va a quebrar la confianza en el actual modelo bipartidista con estas prácticas?

Tampoco está contribuyendo a prestigiar la imagen de la Justicia el comportamiento del fiscal general del Estado, que declaró que imputar a la Infanta Cristina sería «un trato de desfavor» pese a los muchos indicios que existen en el procedimiento judicial que demuestran que era algo más que una figura decorativa en Nóos y en Aizoon. Ayer mismo, la Agencia Tributaria emitía un informe en el que se reconoce que Aizoon ha defraudado a Hacienda 281.000 euros en cuatro años por el Impuesto de Sociedades, cantidad que no llega al delito. El mismo informe reconoce que Aizoon era una sociedad sin actividad alguna, con el único fin de blanquear el dinero captado en patrocinios y regalías.

Resulta obvio, como decía el juez decano de Zaragoza, que cualquier otra española que no fuera Doña Cristina habría sido imputada pese a lo que afirma Torres-Dulce, que tendrá ocasión de demostrar su independencia en el informe que le ha pedido a la Fiscalía la Audiencia Nacional sobre la posible financiación irregular de UGT. Será imposible que los ciudadanos crean en la Justicia mientras los altos tribunales y el fiscal general del Estado no demuestren que existe el mismo rasero para todos.

¿Montesquieu?
VICTORIA PREGO El Mundo 20 Noviembre 2013

No hay remedio. La regeneración de la democracia española no se va a producir nunca porque quienes tendrían que liderar ese proceso en condiciones de normalidad no están dispuestos a hacerlo. Los grandes partidos políticos españoles han cogido la postura desde hace muchos años y no van a cambiar.

Quieren controlarlo todo y van a seguir haciéndolo porque en ellos les va su propio interés aunque ello suponga mantener al sistema en los niveles de baja calidad que los ciudadanos padecemos cada día.

El Partido Popular llevaba años y años clamando contra el sistema de elección del CGPJ que el Partido Socialista en 1985, en plena mayoría absoluta, había modificado para poder controlar al Consejo. Desde entonces han estado los populares diciendo que cuando llegaran al poder volveríamos al sistema que estaba previsto en la Constitución, de modo que doce de los miembros del Consejo fueran elegidos por los propios jueces.

Gobernó Aznar y el sistema no se modificó. Pero ahora, con la victoria de Rajoy, parecía que por fin los partidos iban a quitar sus manos del órgano de gobierno del poder judicial. Eso fue anunciado a los cuatro vientos por los candidatos populares a las elecciones. Era, de hecho, una de las medidas estrella que demostraban la voluntad regeneradora del PP en cuanto accediera al poder.

Mentira. Lo sucedido en los últimos meses, y culminado ayer, ha sido una de las mayores estafas al electorado, porque es la consolidación de la intromisión y del control descarado del poder político sobre el poder judicial por parte de los partidos. Es la asunción pública y a cara descubierta de que la reforma de Felipe González es la que en realidad conviene al PP en la misma medida que al PSOE.

De ese modos, diputados, ex diputados y gentes afines a cada formación se sentarán en el Consejo y, que a nadie le quepa la menor duda, serán la correa de transmisión de lo que a sus respectivos partidos les convenga.

No se han respetado, como de costumbre, ni las mínimas normas de decoro. Y así como Zapatero acordó en su día directamente con Rajoy que Carlos Dívar sería el presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, así ahora han negociado y acordado Rajoy y Rubalcaba. No es posible en estas condiciones que la opinión pública no considere que la justicia está politizada en España y que eso de la separación de poderes es una broma en nuestro país.

Al final resulta que el PP ha dado la razón a Alfonso Guerra cuando, en pleno uso de su poder absoluto dijo aquello que tanto escandalizó entonces y que se le ha reprochado durante años: «Montesquieu ha muerto». Sí, y el PP ha venido a enterrarlo.

PP-PSOE o el pacto a la griega
Jaime Berenguer www.vozppuli.com 20 Noviembre 2013

Si bien es imposible establecer el resultado exacto, todas las encuestas electorales que se vienen publicando señalan sin lugar a dudas que en las próximas elecciones se producirá un resultado político de importancia vital para la democracia española, el fin del bipartidismo.

Por primera vez desde 1982 ni el PP ni el PSOE podrán formar gobierno en solitario, ni siquiera contando con los que han sido sus "socios preferentes", los nacionalistas contrarios a la nación española de CiU y PNV. En este "nuevo" contexto, las encuestas avanzan la importancia que van a tener para formar gobiernos y mayorías los dos partidos que expresan la necesidad de cambio que demanda la sociedad española. Una, la opción reformista defendida por UPyD, que se afianza con fuerza en el electorado de centro. Y otra, la rupturista, liderada por IU que se escora por la banda del antiguo partido comunista, llevándose los descontentos del PSOE más pegados a la izquierda. Ante este nuevo panorama ya no valen los nacionalismos para formar gobierno, y los analistas han comenzado a hacer cuentas sobre las posibles coaliciones incluyendo la posibilidad de que PP y PSOE lleven a cabo un gran pacto nacional, una suerte de pacto de estado, al ejemplo -dicen estos analistas- de Alemania donde los grandes partidos de derecha e izquierda acostumbran a formar gobierno para garantizar la "estabilidad" del país.

No obstante, ese pacto a la alemana en el caso de España no es posible por las propias características del mismo. Así, mientras que Alemania es un país avanzado y próspero como consecuencia de una democracia de alta calidad, España es resultado justo de todo lo contrario, es decir, de una partitocracia corrupta que ha parasitado y corroído las instituciones para hacer uso ilegítimo de las mismas. En contraposición a Alemania, no contamos con una separación efectiva de poderes, ya que aquí PP y PSOE han patrimonializado las instituciones repartiendose alegremente el poder judicial, los órganos reguladores y de control, los puestos en los consejos de administración de las entidades públicas -que manipulan a su antojo-, consecuencia de todo lo cual se ha llegado a la quiebra institucional, social y económica del Estado. Por hacerlo elegantemente, digamos que la "cultura organizacional" de ambos países es completamente distinta. De sus elites políticas mejor ni hablamos.

Por otra parte, Alemania es un país donde prima la unidad de la nación y del proyecto común entre alemanes, mientras que la España diseñada, alentada y favorecida por el PP y el PSOE es exactamente lo contrario, un mosaico de caciques regionales que sólo miran por su corralito político y electoral. Una suerte de taifas enfrentadas unas a otras por ver quien saca más tajada y donde el Estado, lo que nos une, es sistemáticamente atacado hasta haberlo reducido a un mero administrador de fincas. Una España descabezada, esquizofrénica y completamente perdida donde son los territorios, las lenguas y la tribu las que tienen los derechos y no los ciudadanos libres e iguales. En definitiva, una no-nación enfrascada en un profundo cainismo y en constante revisionismo histórico. ¿Imaginan en Alemania algo parecido?

Nada nuevo
Así que no, por mucho que nos lo quieran ahora vender o disfrazar de alemán, el gran pacto de Estado bipartidista que nos espera en España no llegará nunca a ser la solución de los problemas patrios, al menos con estos mimbres. Nada vendrá de esa coalición PP-PSOE que no esté ya inventado y que no conozcamos perfectamente puesto que dicho pacto, de hecho, ya existe para lo fundamental, es decir, que el status quo no varíe (una ley electoral injusta que les beneficia y les garantiza la alternancia en el poder), que blinde sus privilegios (connivencia con del poder económico y desigualdad positiva ante la ley), que mantiene el reparto de las instituciones por cuota (saqueo del Estado) y que nadie -de los suyos- responda de manera efectiva ante la justicia (impunidad ante la corrupción). De PP y PSOE no podemos esperar nada nuevo, no lo harán, como nada han hecho en los ya seis años de crisis salvo para empeorar las cosas y acordar una vergonzosa omertá.

Por eso, la gran coalición entre PP y PSOE que algunos ven como la solución a los problemas de España será más bien una coalición a la griega. Una coalición salida del desastre social y económico sin precedentes, de la corrupción, el hartazgo social y el declive institucional como ha ocurrido en Grecia. Una coalición nacida no de la responsabilidad política y la democracia avanzada, sino para blindar que nada cambie salvo pequeñas modificaciones estéticas, tramposas y profundamente torticeras como la actual reforma local o supuestas reformas electorales que blinden aún más su salida del poder.

Que nadie lo dude, el gobierno de coalición PP-PSOE que empiezan a vislumbrar los analistas políticos nacerá como consecuencia del estertor del régimen del 78 y sólo agravará la situación de España porque su fin último será el de someter, aún más, a todo un país a las necesidades del cluster de intereses al que pertenecen. Por eso, es más necesario que nunca que los españoles comprendamos que la única salida al caos al que nos han llevado PP y PSOE pasa, precisamente, porque ellos no estén al mando.

La casta se reparte el CGPJ.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 20 Noviembre 2013

Si querían una confirmación de que el PP no tenía ninguna intención de cambiar nada y vuelve a romper una promesa electoral, ahí tienen el contubernio de toda la casta política, con la excepción de UPyD, que ha participado en el reparto de poder en la designación de los magisrados del CGPJ. Cada quien ha obtenido su cuota de influencia colocando a los suyos como vocales.Es verdad que el PP al disponer de mayoría absoluta es el que ha repartido el pastel y siempre se cumple que "el que parte y reparte se queda la mejor parte". No voy a incidir en lo ya manido de "Montesquieu ha muerto",porque hace tiempo que está enterrado y bien enterrado y con él la esperanza de una indepedenncia entre los poderes del Estado.

Algunos dirán que con esta forma de proceder se evita el que el poder Judicial se convierta en una organización gremial donde los jueces formaran una fuerza con capacidad de tumbar al poder Legislativo y al Ejecutivo. Es cierto que el TS y el TC son los máximos Órganos Judiciales de España con capacidad para declarar leyes inconstitucionales y hasta anular Estatutos autonómicos. Por eso este sistema de libre designación por el poder legislativo, se justifica porque marca un equilibrio de poder al garantizarse, dentro de lo que cabe, la comunión de ideas del designado con las tesis del partido que le coloca en el cargo.

Lo malo de este proceder es que la alternancia en el poder de los dos grandes partidos nacionales antagónicos, PSOE y PP, crea una inseguridad jurídica en el sentido de que lo que hoy es válido y constitucional, mañana no puede serlo al cambiar los miembros del Tribunal que juzga. Un tanto igual ocurre con el legislativo con la derogación de leyes tan pronto como el que estaba en la oposición alcanza el poder y la mayoría parlamentaria. Esa es una característica más de la deficiente democracia que padecemos, en la que prima el sectarismo y la ideología de partido sobre el interés general. La Ley del aborto, es solo uno más de los vaivenes legales que instauran PSOE y PP, a veces con la colaboración necesaria y mercenaria de otros partidos del arco parlamentario.

Por eso también es habitual el comportamiento de insumisión a las sentencias de esos Tribunales. Ya hemos visto a representantes de los Parlamentos Vasco y Catalán negarse a acatar y aplicar las sentencias del tribunal Supremo. Porque lo natural es que alguien que no reconoce la autoridad de la Ley más importante, la Constitución de España, no es deconsideran que están por debajo jerárquicamente. Así que las soflamas del tipo de aplicar la Constitución, solo pueden causar risa a quien es consciente de que nadie se va a atrever a llevarlo a cabo. El Gobierno de España amenaza,amaga, pero es cobarde al pensar en hacer uso de los medios que la Ley pone a su disposición.

No hay por qué preocuparse, la lealtad de los jueces está garantizada y la casta respira tranquila al saberse impune. Nosotros, a ver este vergonzoso espectáculo con la seguridad de que si intentamos impedirlo seremos callados por esos mismos jueces.

Justicia
Misericordina
José Luis Roldán Libertad Digital 20 Noviembre 2013

Refiriéndose a la Justicia, acuñó Píndaro un bello adagio, tan acertado que mereció que Aristóteles lo citara en su famosa Ética a Nicómaco: "La salida y la puesta de sol no son tan dignas de admiración". En efecto, nada más sublime. Pero, por contra, ningún espectáculo más horrible que el de la injusticia.

Este otoño disfrazado de invierno ha venido a helarnos los corazones. Sobrecogidos, otra vez, como tantas otras antes, por el terrible tronar de la justicia. Sí, así, con minúsculas, que aquí nunca fue grande la justicia. Nunca dejó una página memorable; nunca fue acreedora del mármol, ni siquiera de las hojas de los árboles, en las que la Sabina de Cumas registraba sus augurios y sentencias, a la postre arrastradas por el viento; aquí lo suyo ha sido el papel higiénico, destinado a la porquería y la cloaca. No es que aspiremos a que, como las de Salomón, nos conmuevan las sentencias de nuestros tribunales -a estas alturas, ya no hay nadie tan ingenuo-, es que la historia de esta justicia minúscula es, como la contenida en los manuscritos de la biblioteca de Alejandría, una historia de infamias.

¿Qué justicia es esa que desuella y humilla a las víctimas? ¿Hasta cuándo hemos de padecer a los Bacigalupos, a los López Guerra, a los Conde-Pumpido, a los Gómez Bermúdez y a todos esos, dizque jueces, que deben sus carreras, sus privilegios, sus medallas pensionadas y, lo que es peor, su fidelidad al partido; que, por complacer a sus señores, no sólo manchan las togas con el polvo del camino -mala gente que camina y va apestando la tierra- sino que las arrastran por el lodo?

Nos bastaría con no tener que decir, como Tácito, que ahora padecemos a los jueces igual que antes sufrimos a los canallas. Porque ya estamos un poco hartos de que, ante ciertos delitos, las víctimas sean triplemente agraviadas. Primero por los delincuentes, después por la deleznable casta con anhelos de grandeza y, por último, para colmo, por aquellos cuyo afán debiera consistir, precisamente, en protegerlas.

La injusticia de la justicia y las mezquinas estrategias de la casta política agravian tanto como el delito. Por culpa de ellos, las lágrimas de las víctimas riegan hoy la tierra que antes regó la sangre de los suyos. Jueces y políticos han instituido en este país el doctorado horroris causa en sufrimiento. Y lo otorgan pródigamente. Bien lo sabe quien perdió a su hija en un horrendo crimen: "No sabemos de leyes, pero sí de sufrimiento".

Hemos de soportar, en estos días oscuros y fríos, la sonrisa de hiena de los criminales excarcelados, y nos llena de dolor y de rabia; pero más nos indignan las estúpidas y sectarias declaraciones del ministro del Interior, y las crueles reflexiones de algún mandamás de la judicatura: "Espero que esto no cause alarma". ¡Claro que no, hombre! ¿Acaso hay motivo?

Horribles lapsus, que revelan un páramo moral y el abismo que se abre entre ellos y nosotros. Quiero decir entre la ciudadanía y esa casta desalmada y distante, con mentalidad y actitud de casta. Habría que recetarles el nuevo fármaco del laboratorio del papa Francisco: misericordina, un gran chute en vena.

Del contacto de lenguas
Manuel I. Cabezas González latribunadelpaisvasco.com 20 Noviembre 2013

[Img #2290]· En la literatura sobre el contacto de lenguas o las lenguas en contacto, se utiliza el término “bilingüismo” para referirse al empleo de dos lenguas por un mismo individuo (v.g., muchos de los ciudadanos de Cataluña) o en el seno de una misma comunidad humana (por ejemplo, español y catalán, en Cataluña). Sin embargo, no es nada excepcional, ni raro, que el empleo de varias lenguas concierna a más de dos. Para referirse a esta situación, los lingüistas utilizamos distintas denominaciones: “políglota”, “poliglosia” (que etimológicamente designan la misma realidad) y otros términos. Ahora bien, a partir del vocablo latino “bilingüismo”, el lingüista André Martinet homogeneiza la terminología y distingue, según el número de lenguas implicadas, “monolingüismo”, “bilingüismo”, trilingüismo”, “cuadrilingüismo”, “plurilingüismo” y “multilingüismo”.

· Hasta principios de los 70, el contacto entre lenguas fue considerado un fenómeno marginal. Y, por lo tanto, no fue objeto de estudio de las ciencias especializadas como la sociología, la psicología y la lingüística (Miquel Siguán). Por otro lado, para los profanos, el contacto de lenguas era un fenómeno excepcional o incluso anormal y malo, que sólo concernía a algunos países en el mundo o a algunos individuos en determinadas comunidades humanas. Este punto de vista podría tener su fundamento en el mito de la Torre de Babel, según el cual la diversidad lingüística es un castigo divino y, por lo tanto, profundamente mala.

· Ahora bien, lejos de ser un fenómeno excepcional, marginal, anormal y malo, el contacto de lenguas es, más bien, algo general, normal, enriquecedor y positivo, y concierne, en realidad, a la mayoría de la población del planeta. Prácticamente no hay país, ni en Europa ni en el resto del mundo, donde se hable sólo una lengua. Además, a causa de las frecuentes migraciones humanas, nuevas lenguas forman parte del paisaje multilingüístico de los países desarrollados. Por otro lado, como consecuencia del aprendizaje escolar (Manuel I. Cabezas), son cada vez más numerosos los locutores capaces de comunicar en varias lenguas, dependiendo de las situaciones de comunicación en las que interactúan (familia, trabajo, ocio, viajes, vacaciones, etc.).

· Por eso, en un mundo cada vez más globalizado, las situaciones y los individuos multilingües aumentan sin cesar. Y lo que resultará singular, sorprendente, marginal, excepcional y anormal, incluso ya hoy, es que alguien sea monolingüe. Por lo tanto, se podría afirmar que, en el futuro, el multilingüismo no será la excepción sino, más bien, la regla. Y aquellos locutores que no sean multilingües serán los neoanalfabetos del siglo XXI.

· Lo que acabamos de exponer no son juicios de valor. Son, más bien, datos incontestables y verificables. Sin embargo, todo esto y la dinámica imparable del contacto de lenguas, contrasta con la gestión de la política lingüística implantada en el sistema educativo de las CC.AA. españolas con dos lenguas oficiales; y, en particular, en el de Cataluña. En todas ellas, se ha pasado de un monolingüismo en español, que caracterizó la época franquista, a un bilingüismo progresivo “lengua autóctona-español”, fruto de la Transición, que presagiaba un oasis lingüístico en España.

· Ahora bien, con la política de “inmersión lingüística precoz y total”, implantada principalmente en Cataluña por los sucesivos gobiernos de la Generalitat, se está pretendiendo volver, si no se ha llegado ya, a un monolingüismo de signo contrario (sólo el catalán y todo en catalán). Y, con esta política de marginación del español, se ha conseguido ya eliminarlo no sólo de las situaciones más formales de comunicación (administración autonómica, enseñanza, justicia, sanidad, medios de comunicación de la Generalitat, etc.), sino de la paleta de competencias lingüísticas de muchos de los niños-adolescentes-jóvenes de Cataluña. Y esto transformará a los ciudadanos de Cataluña en los neoanalfabetos lingüísticos de España (cf. ci-dessus). Como tituló y tildó ABC, el 12 de septiembre de 1993, en primera página y bajo una foto a toda plana de Jordi Pujol: “Igual que Franco pero al revés: persecución del castellano en Cataluña”.

· Fruto de una venganza provinciana y mezquina contra la lengua común de todos los españoles, esta vuelta atrás es la consecuencia del triunfo de “lo políticamente correcto”, representado por las tesis de la asociación Omnium Cultural. Desde su fundación en 1961, esta asociación siempre ha defendido, únicamente con argumentos políticos y nacionalistas, una escuela sólo en catalán, desde el primer día de clase y para todos los alumnos, sea cual sea la lengua materna o propia de cada alumno. Es lo que se ha denominado la “normalización radical por inmersión precoz y total”.

· Ahora bien, esta victoria de la política del “café lingüístico catalán para todos” se forjó sobre el desprecio y la derrota de “lo psicopedagógicamente correcto”, defendido por la Associació de Mestres Rosa Sensat y por el psicopedagogo Miquel Siguán, que impulsó y dirigió, en los años 70, en el ICE de la Universidad de Barcelona, una investigación-acción sobre “la posibilidad y la eficacia de una enseñanza bilingüe”. Las propuestas de Rosa Sensat y de Miquel Siguán fueron coincidentes y marcaron la primera política lingüística de la Generalitat, que puede ser tildada de “normalización flexible, racional y razonable” del sistema educativo de Cataluña.

· En efecto, según Rosa Sensat y Miquel Siguán, en Cataluña, se debe impartir una enseñanza de y en las lenguas oficiales (catalán y español). Sin embargo, ponen el acento en la necesidad imperativa de que las primeras enseñanzas sean aseguradas en la lengua materna o propia del alumno, para introducirle progresivamente en la otra lengua. Y, en caso de que, en una misma zona, hubiera escuelas con distintos modelos lingüísticos, se debería respetar la opción lingüística elegida por los padres. El objetivo final y prioritario debería ser, según ellos, el “bilingüismo equilibrado” español/catalán, que suma, que enriquece, que es positivo y que debería ser lo normal y lógico en el caso de lenguas en contacto y con estatus de lenguas oficiales. Poner puertas al campo, como ha intentado e intenta la Generalitat, es remar “contra los elementos”, “contra natura”, contra la lógica, contra el sentido común y contra las aportaciones de la ciencias constituidas (la lingüística, la sociológica y la psicología).

Coda: « Je ne demande pas à être approuvé, mais à être examiné et, si l’on me condamne, qu’on m’éclaire » (Ch. Nodier).

¿Se puede ser catalán y no ser nacionalista?
José Rosiñol Lorenzo Periodista Digital 20 Noviembre 2013

Quizás haya quién se sorprenda, pero este blog no versa sobre nacionalismo, ni siquiera su autor se siente parte de ninguna tipo de proyecto histórico/cultural, se llame como se llame, proyectos erigidos –siempre y necesariamente- sobre construcciones como mínimo anacrónicas.

Aquí se trata -y se denuncia- la falta de libertad, la perversión de la democracia, el acoso a lo individual y la exacerbación de lo colectivo, el resurgir del hombre-masa y su utilización política de quién se cree vanguardia de la sociedad, aquí se denuncia la manipulación y la asfixia informativa que corrompe las esencias democráticas.

Aquí intento mostrar cómo desde la instituciones se exalta irresponsablemente a una sociedad que ya está suficientemente hastiada, cómo se excita políticamente a la población, cómo se pretende usar –usar en la peor de sus acepciones- a la ciudadanía encuadrándolos en función de su utilidad, creando actos de masas supuestamente reivindicativos pero que son en verdad actos de adhesión al poder.

De lo que se trata, de lo que trató, no es del anacrónico estado-nación como forma, ni de unas delimitaciones administrativas u otras, ni siquiera esa tendencia a entender la democracia como un mero intentó de racionalizar el problema sucesorio sin tener en cuenta al ciudadano y sus derechos (problema al que ya se enfrentaron unos artífices de la República Romana muy poco sensibles al bienestar del ciudadano de a pie).

Aquí hablo de la concepción instrumental de la democracia, de esta pendiente hacia un despotismo blando de la mano de un catalanismo –que se presumía torticeramente inclusivo- rendido al radicalismo independentista, de la reducción de los espacios de libertad, no únicamente espacios mediáticos y de la arena sociopolítica, hablo de la invasión sistemática y organizada de la sagrada esfera privada del individuo, de esa individualidad engendradora de diversidad, de una diversidad esencial para el futuro de una democracia tan perfectible como corruptible.

Esta diversidad que debería traducirse en lo político, es la única y posiblemente verdadera conexión entre lo privado y lo público, entre el ciudadano y la política, entre lo ético y lo moral.

Por ello, este ataque sistemático, esta incursión constante sobre nuestras libertades negativas, esta obsesión por la imposición y reducción identitaria, esta obcecación -política e ideológica- por la uniformización del individuo es lo que daña la democracia y a sus ciudadanos.

El problema en Cataluña y en el resto de Europa es el auge del identatitarismo como fuente de conformación política y, lo que es peor, como horizonte de reconocimiento válido para miles de personas, horizonte, expresado siempre bajo políticas y discursos excluyentes, auge materializado en Cataluña bajo la forma de un independentismo organicista.

La respuesta a la pregunta planteada en el título del artículo es sí, se puede se catalán y no ser nacionalista, se puede tener una concepción no esencialista de la nación, se puede tener y sentir una identidad múltiple, se puede defender la democracia y la libertad desde la única forma verdadera: defendiendo sociedades abiertas y verdaderamente inclusivas.

No es un 13%, sino un 17%: así se esconde la morosidad en España
El Confidencial 20 Noviembre 2013

El Banco de España publicó el martes los datos de morosidad de bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito que operan en nuestro país correspondientes al mes de septiembre de 2013. La cifra agregada ascendió al 12,68% sobre el total de financiación crediticia concedida, esto es, 187.830 millones de euros, el volumen más alto desde que el supervisor compila estos datos. Un número, en cualquier caso, sabido toda vez que llega con posterioridad a que la gran mayoría de las instituciones financieras españolas hayan hecho públicas sus cuentas anuales a cierre del tercer trimestre. Para los que hicieron en su momento los deberes, no deberían suponer sorpresa alguna. Al contrario.

Porque, si se estudian con detenimiento los balances depositados en la CNMV, no es difícil concluir que este porcentaje oficial cercano al 13% que hace que muchos se lleven las manos a la cabeza es, en realidad, sustancialmente superior. Basta, simplemente, con llamar a las cosas por su nombre y desentrañar los –burdos, en ocasiones– intentos de algunas entidades de enmascarar la realidad. Así, por ejemplo:

el Popular ha decidido extender el tamaño del denominador para incluir en él no sólo los créditos, sino todos los activos con riesgo. Si se hiciera el ajuste contrario, la mora reconocida del 11,84% (por encima del BBVA -10,68%-, en línea con CaixaBank -11,40%- o la parte doméstica del Santander -11,34%- y por debajo de Bankia -13,56%-) saltaría al 15,37%, décima arriba, décima abajo. Un cambio, sin duda, sustancial.

el Sabadell, por su parte, hace uso legítimo de la EPA como instrumento para conjurar, a los ojos de los mercados, la pésima herencia que, en esta materia, le dejó la adquisición mediante correspondiente subasta de la Caja de Ahorros del Mediterráneo o CAM. Así, admite, en función o no de su inclusión, una morosidad que salta del 12,61% ‘sin’ al 19,21% ‘con’. Es evidente con qué dato a efectos reales, y más allá de la ayuda del Gobierno, habría que quedarse.

De hecho, falta, como señalábamos antes, referirse en puridad a las cosas. ¿Qué son si no los adjudicados incobrables que sustituyen una financiación a priori rentable por una fuente de gastos en mantenimiento, seguros e impuestos como las casas, oficinas, naves o solares? Pues bien, en el gráfico anterior se puede observar qué ocurre cuando nos vamos a lo que algún Servicio de Estudios ha dado en llamar 'morosidad ampliada', que incluye esta partida. Las alteraciones en los datos son significativas hasta el punto de que sólo uno de los 5 grandes (excluido el Sabadell, en el que las cifras pueden llevar a error por lo anteriormente comentado) se sitúa por debajo del umbral del 16%, siendo especialmente relevante la modificación en el caso del Popular. ¿Una referencia válida para el resto del sector?

Los más optimistas dirán que hay razones para la esperanza en la medida en que parece que la situación económica en España se estabiliza y que parte de este desaguisado ha sido causado tanto por las reclasificaciones crediticias exigidas por el Banco de España como por el llamado ‘efecto denominador’ por mor del cual para un mismo nivel de morosidad absoluta, si el crédito total del sistema cae, como ha sido el caso, la relativa o porcentual aumenta (no es lo mismo 10 sobre 100 que sobre 9,5 y es el crédito solvente el que se repaga y desaparece).

Nada que objetar a la burbuja de confianza macro no respaldada estadísticamente reciente. Por si acaso, desde aquí venimos aconsejando desde hace tiempo no bajar la guardia. Sí que son susceptibles de objeción los otros dos argumentos en la medida en que aún queda mucho por hacer en el tránsito de refinanciados a dudosos, por una parte, y, por otra, las variaciones a la baja en el total prestado por muchas firmas apenas influyen, salvo en el caso de Santander y Bankia, en su porcentaje de potenciales incobrables. Así se acredita en este otro chart.

El impacto de este crecimiento de los activos dudosos es una caída significativa de los niveles de cobertura tanto general como inmobiliaria (más aún cuando en entidades como Bankia o Santander el peso de la financiación problemática al ladrillo, incluidos adjudicados, roza el 90% del total) en un entorno de presión sobre la rentabilidad del stock de crédito, ausencia de nueva producción, discusiones sobre el cómputo en capital de la deuda pública y un coste del pasivo aún no normalizado en nuestra banca en comparación con los competidores internacionales que limitan las posibilidades de provisionamiento y recapitalización. Si se añadiera, además, a la ecuación la porción de refinanciaciones ‘buenas’ que no lo son… nos iríamos fácilmente a umbrales del 17-18% de morosidad y a umbrales preocupantemente bajos de protección..

Pero, ya saben, para ministerio y supervisor, el Brian de los Monty Phyton sigue siendo el modelo a seguir: Always look on the bright side of life. El problema está resuelto, el rescate concluido y aquí paz y después gloria. La verdad verdadera es que la mora del sistema está más cerca del 17% que del 13% y que, cuanto antes se reconozca pública y privadamente, menos sobresaltos nos llevaremos con cada dato trimestral, con cada revisión anual, con cada stress test ocasional. Y evitaremos así el bíblico llanto y rechinar de dientes en la única reforma que, aun incompleta, se da oficialmente por concluida.
Amén.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

CGPJ
Los veinte de la infamia
Emilio Campmany Libertad Digital 20 Noviembre 2013

Con esto de la independencia de la justicia (así, con minúscula, que en España ya no merece otra cosa), los votantes del PP hemos sido engañados dos veces. Lo fuimos por Aznar y luego por Rajoy, que se comprometieron a reformarla. Ninguno de los dos ha cumplido. Hoy, ya bien entrado el siglo XXI, es palmario, paladino, obvio y claro que el Consejo General del Poder Judicial es el instrumento que los políticos emplean para controlar la Justicia. Tanto es así que ni Rajoy ni Rubalcaba se esconden cuando pactan quién ha de componer el órgano de gobierno de los jueces. No sólo, sino que Rubalcaba recurre a Antonio Camacho para que le represente en la negociación a pesar de estar cubierto de sospechas de haber sido el inductor del chivatazo a ETA en el caso Faisán. Porque ya ni vergüenza hay. Qué más da si todos sabemos cómo se magrea y manosea la justicia. Todo es un hediondo pasteleo que ya se hace a plena luz del día, con alevosía.

Tanto es así que, antes de que los nuevos vocales hayan votado, ya sabemos quién va a ser quien los presida, pues eso lo decide Rajoy con el visto bueno de Rubalcaba. Y quién mejor para poner al frente del Consejo y del Supremo que alguien que haya demostrado sobrado servilismo, al haber defendido como ponente la corrección del indulto al kamikaze de Valencia, monumento a la arbitrariedad si no existiera aquel con el que Zapatero obsequió a Alfredo Sáenz. Por eso va Gallardón y lo premia con la presidencia del más alto tribunal, sin cortarse, con un par, a culo pajarero. Si, total, están convencidos de que sus votantes van a seguir acudiendo a respaldarles con tal de que no vengan los otros, que son iguales, pero peores, a qué ocultarse. También tendría delito que en el grupito de los veinte vaya Grande-Marlaska, el expeditivo excarcelador de etarras, que los saca de la cárcel en menos tiempo del que emplea un ugetista andaluz en apropiarse de una subvención de la Junta.

Esto no se hace tan a las claras solo por falta de decoro. Se hace así para que todos los jueces vean, sin dar ocasión al equívoco, cómo se gana uno los altos puestos en la judicatura. No basta con ser amable y solícito con los políticos, hay que arrastrase, plegarse, someterse, sin reservas ni condiciones. Sólo la sumisión total será gratificada. Estar hoy en esa lista de veinte constituye una infamia, una ignominia, un baldón, pues algún favor se habrá hecho o se estará dispuesto a hacer para estar en ella. Por eso, tan sólo queda homenajear a los anónimos jueces, magistrados y juristas que, ciñéndose al Derecho en su trabajo diario, renuncian conscientemente a todo progreso en su carrera con tal de conservar en lo posible su independencia. Va por ustedes, con mi cariño y mi admiración. Y a los veinte que hoy se han prestado a la farsa, que les… Bueno, ya saben lo que pienso de ellos.

Jungla de membrillos
Xavier Horcajo www.gaceta.es 20 Noviembre 2013

Dentro de poco, en las cárceles de Rajoy sólo quedarán negritos vendedores de top manta.

Jorge Fernández Díaz tiene el buen corazón de ir a consolar a los pobres agentes de la Guardia Civil, la misma semana en la que van a dar suelta a uno de los asesinos de aquellas 10 víctimas de ETA (5 de ellas niños). Sí, hablo de aquel asesino que empujó el coche explosivo por la rampa, mientras veía a los niños jugar en el patio. Pero el ministro todo lo estropeó. Quiso discursear en presencia de los nobles picoletos. Y no se le ocurrió otra gongorada que leer un texto en el que venía a justificar la “saca de etarras” diciendo que salen junto a los indignos más indignos de la sociedad… ¡que también salen! Porque dentro de poco, en las cárceles de Rajoy sólo quedarán negritos vendedores de top manta. Sigue el ministro vendiendo que “hemos derrotado a la ETA”, a pesar de que en esa victoria, los únicos que celebran, son los etarras.
Number two, o segundo membrillo. Todavía resuenan los ecos de aquella primera rueda de prensa de Alberto Ruiz-Gallardón cuando le hicieron ministro (digo lo hicieron, porque no tenía otros méritos para ello). Decía con verbo encendido “el grado de politización de la justicia en nuestro país es intolerable”. Muchos pensaron que lo quería cambiar, esto es, devolvernos a ese momento de la transición en el que “se jodió el Perú” y los politicastros maniataron al sistema judicial, con nombramientos políticos. Han pasado casi dos años.

Hoy Alberto es repartidor de cargos con el denostado Antonio Camacho, aquel segundo de Pérez Rubalcaba al que llamaban los del caso Faisán. Esa cámara oscura negociadora –no hablo de julandrones– es donde se reparten los nombres, de los que luego dependerá el trato protector que dispensarán “a los tuyos y a los míos”. Quiero que la próxima mesa de pasteleo la dirija Wyoming, porque “¡es muy bueeenoo!” (Ruiz-Gallardón, dixit); que Ana Botella, represente al PP, y que Torrente, haga lo propio con el PSOE. ¡Risas garantizadas!

Luego hay un tipo que anda por ahí con una chapa que dice: “Fiscal General del Estado”. Se llama Eduardo Torres-Dulce, pero todos saben que en la Fiscalía mandan otros. Éste quiere que comulguemos con tremenda rueda de molino: Urdangarín y su esposa son tan iguales ante la Justicia como Diego Torres (su socio) y su esposa, por ejemplo. Como Torres-Dulce es cinéfilo, buscaremos un símil ad hoc tan imposible como que Cantinflas haga de galán en Jungla de membrillos IV.

Y para colmo, Aznar habla más que nunca. Con voz cansina, falta de energía, impropia de un líder de los abdominales y príncipe de las tabletas, quiere llevar a la cárcel al que celebre referéndums ilegales. ¿De verdad puso los pies en la mesa del rancho de Bush? ¿No sería un fake o un falso?.
En serio, no se quién maneja la nave, pero por favor no se olviden de darle cacaos al mono que tiene cara de listo.

Dos años de legislatura
Un Gobierno contra su programa
El gobierno celebra sus dos años politizando aún más la justicia. Contra lo que había prometido. El último ejemplo de una larguísima lista.
LIBERTAD DIGITAL  20 Noviembre 2013

El 20-N de 2011, el PP de Mariano Rajoy ganó las elecciones generales con un porcentaje de voto que le otorgó una holgada mayoría absoluta, mientras el principal partido en la oposición se despeñaba con el peor resultado en democracia. La magnitud de la victoria suponía carta blanca para el Gobierno para acometer las medidas económicas urgentes que permitieran sortear la amenaza del rescate, y también la posibilidad de emprender, en solitario, la lista de reformas pendientes.

Una de las principales, la judicial, figuraba entre las promesas de los populares en el programa electoral. Entre otras cosas, los populares prometían "propiciar el respeto a la independencia" de los magistrados y "fortalecer el Consejo General del Poder Judicial". La fórmula, modificar el sistema de elección de los vocales, "...para que, conforme a la Constitución, doce de su veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas sus categorías".

El recién nombrado ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, oficializaba esa promesa tres meses después de la victoria, junto con otras muchas medidas destinadas a regenerar uno de los pilares del Estado. El 25 de enero Gallardón compareció en el Congreso para anunciar una "revolución" que, dijo, comenzaría por la "cúspide", es decir, por el órgano de gobierno de los jueces. Confirmó que se modificaría la ley a fin de que la mayoría de vocales fueran elegidos por su compañeros y se acabara así con el actual "sistema perverso" de elección. Ese "sistema perverso" y "partidista" del que hablaba el ministro ha sido, dos años, después, el utilizado para renovar el órgano.

La ruptura de la promesa se confirmó este martes, con el anuncio, desde el Congreso de los Diputados, de que los grupos parlamentarios habían alcanzado un acuerdo al que por primera vez se sumaba IU. Los vocales del CGPJ habían sido designados - 10 vocales para el PP, 7 para el PSOE, 1 para IU, 1 para CIU y 1 para el PNV- y a falta de conocer todos los nombres, ya chirriaban algunos. El que más, el de Álvaro Cuesta, un abogado más conocido por su dilatada trayectoria como político -fue miembro de la Ejecutiva socialista y diputado durante años- que por sus conocimientos jurídicos. El acuerdo, ensalzado por casi todos los partidos por el "consenso" alcanzado, terminaba por enterrar las esperanzas de una justicia menos politizada.

Ha sido la última, pero no la única promesa incumplida del Gobierno popular. En materia económica, la más evidente ha sido la de la subida de impuestos tras una campaña bajo la promesa de que no lo harían. Pero los incumplimientos también alcanzan el déficit público, el control de las autonomías, las pensiones o la unidad de mercado. En todos estos casos, las expectativas creadas en campaña no se correspondieron con la realidad.

En política antiterrorista, las excarcelaciones de etarras en virtud del fallo de Estrasburgo contra la doctrina Parot ha puesto en pie de guerra a las víctimas, a las que en el programa se prometía "una reparación a través de la justicia". El polémico caso Bolinaga, con la salida de prisión del terrorista por enfermedad con informes médicos que sí veían posible su tratamiento en prisión también han puesto en cuestión las promesas del Gobierno.

Entre tanto, otro asunto, el de Cataluña, puede convertirse en el protagonista de los dos años que le quedan a Rajoy como presidente. Con el Gobierno catalán desafiando con una consulta ilegal y un Estado propio "en esta legislatura o la siguiente", todas las miradas están puestas en el Ejecutivo y la defensa que estará dispuesto a hacer, llegado el momento, de la unidad de España frente al separatismo. Algunas señales, como las concesiones en lo económico, no invitan al optimismo.

Jiménez Losantos, indignado con la suelta de etarras
'Rajoy no quiere que haya un atentado que le ensucie la acera'
GACETA.ES  20 Noviembre 2013

El director de Es La Mañana de Federico asegura que la derrota de ETA que anuncia Fernández Díaz es, en realidad, un triunfo para los asesinos. "Esto es como el protectorado que ETA pactó con Cataluña, pero extendido a toda España".

"¿Les queda algún pirómano en la cárcel? No, lo digo para que lo suelten ya". Dicen que la ironía no se entiende en la radio, pero el caso de Federico Jiménez Losantos es la excepción que confirma la regla. Tirando de ironía, el director del magazine matutino de EsRadio -que se emite en Intereconomía TV- arremetió el pasado lunes contra la actuación de Gobierno y tribunales por la puesta en libertad de violadores, etarras y miembros del GRAPO tras la sentencia europea que anula la Doctrina Parot.

Después de preguntar si no queda algún pirómano que soltar en la cárcel, Jiménez Losantos señala que sería una suerte que alguno quemara el Ministerio del Interior. "No se perdería mucho. Digo si no hubiera víctimas mortales, claro. Desde luego ninguna neurona se quemaría, porque es que no hay".

Primer golpe al ministro Fernández Díaz del que, más tarde, asegura que tiene la cabeza de adorno por las declaraciones que el titular de Interior hacía en el cuartel de Vic -donde ETA asesinó a diez personas, entre ellas cinco niños- asegurando que ETA ha sido derrotada por el estado de derecho. "Que en el propio cuartel de la Guardia Civil diga que la suelta de etarras es una derrota total (...) pues, mi más cordial enhorabuena, pero ¡qué bien estamos! (...) Será una derrota por el estado de derecho de bruselas porque por el español en la doctrina del Supremo y del Constitucional, Parot es legal. Será discutible, pero cabe defender la legalidad más que la ilegalidad".

Para el director de Es La Mañana lo que ha hecho el Gobierno "es soltar a los etarras cumpliendo el plan de Zapatero, y por la misma razón, o aún peor. Porque es que Mariano no quiere que haya un atentado o dos que le ensucien la acera". Compara Jiménez Losantos la situación actual con la acordada en el famoso pacto de ETA para no atentar en Cataluña "pero extendido a toda España". Ahora, asegura Losantos, "en vez de Roviretxe es Marianetxe".

Y recuerda después las polémicas declaraciones del secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, que hablaba de determinados "exaltados o fanáticos" que protestaban contra la actuación judicial sobre Parot. "Lo de Oyarzábal", lamenta Losantos, "ya es el insulto por el insulto, es el odio a las víctimas. Igual que en tiempos de Zapatero, cuando tenían que cargarse el movimiento de víctimas del terrorismo y pusieron a Peces Barba y llegaron a sentar en el banquillo a Alcaraz".


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