AGLI Recortes de Prensa   Jueves 28 Noviembre 2013

Sobre financiación autonómica (II)
Ramón Tamames  http://www.republica.com/ 28 Noviembre 2013

El pasado viernes 22, se publicó la primera parte de este artículo. Sobre un tema que va adquiriendo las más altas temperaturas en la actual realidad española; atormentada en todo lo que se refiere al Estado de las Autonomías.

Hoy publicamos la segunda y última entrega del artículo, en el que se desarrolla una serie de cuestiones concretas relacionadas con el Título VIII de nuestra Constitución. Para después hacer una síntesis de un tema tan complejo como polémico.

II. Concreciones
Entramos ahora a exponer una serie de medidas correctoras a llevar a cabo para el nuevo Sistema de Financiación Autonómica que habrá que configurarse en 2014, para entrar en vigor en el 2015 (SFA2014).

? Es urgente examinar la posibilidad de reducir, e incluso de suprimir por entero en cierto plazo, los subsidios a organizaciones sindicales y patronales, y ONG no indispensables; pues de otro modo, lo principal de la sociedad civil siempre será un apéndice del Estado.

? Es preciso cumplir cabalmente el programa de supresión de agencias, fundaciones y empresas públicas de toda clase de administraciones públicas; un programa oficial que va muy retrasado en su ejecución a escala de la Administración General del Estado (AGE) y las administraciones territoriales.

? Hay un verdadero clamor público a propósito de la necesidad de superar los actuales solapamientos, duplicaciones y triplicaciones, de funciones entre la AGE y las CC.AA. Y en esa dirección cabe señalar las siguientes posibilidades:

? Suprimir los Consejos Económicos y Sociales de las CC.AA. así como sus Tribunales de Defensa de la Competencia y sus Defensores del Pueblo; al existir esas instituciones en la AGE.

? Suprimir una serie de entes de la fronda burocrática de las CC.AA. como consejos regionales de radio y televisión, consejos de consumidores, etc.; dando paso a organizaciones colaterales de la sociedad civil que se autofinancien.

? Suprimir muchas de las representaciones exteriores de las CC.AA., por tratarse de funciones estrictamente encomendadas a la AGE. La AGE debería restar esas partidas de coste de CC.AA. de sus aportaciones por la NSFA.

? Reducir el número de diputados y senadores de la Nación, tras apreciar el coste de un puesto de parlamentario que al año parece no estar por debajo de 250.000 euros. Para todo EE.UU., veinte veces nuestro territorio y siete veces nuestra población, el Senado sólo dispone de cien senadores, en tanto que en España, hay más de 200.

? Reducir el número de parlamentarios autonómicos de cada comunidad autónoma.

? Proceder a la disminución, al máximo posible, de asesores, secretarías, gastos de transporte, viajes, comidas de representación, etc.

? Recortar el número de consejerías en los gobiernos de las CC.AA., con cuyo elevado número actual se pretende, a veces, la configuración de verdaderos Estados dentro del Estado.

? Reducir el número de ayuntamientos de su elevada cifra actual de 8.120 a no más de un millar, y disminuir también el número de concejales en todos los ayuntamientos.

? Estudiar la posible transferencia de las competencias de las diputaciones provinciales a las CC.AA. y a los propios ayuntamientos, para proceder a su gradual supresión. Pues carece de sentido multiplicar los parlamentos territoriales hasta 43 diputaciones, cuando ya hay asambleas legislativas en 17 CC.AA.

? Desarrollar una política de racionalización de locales públicos y de gastos burocráticos, coches oficiales, etc.

? Los Tribunales de Defensa de la Competencia, cuando estamos en un mercado único en el que muchas veces la dimensión relevante es la europea de 28 Estados.

? Las agencias de protección de datos, que en rigor disminuyen la protección y enmarañan los datos.

? Las juntas consultivas de contratación regionales, que mantienen registros de empresas clasificadas; cuando el registro debe ser único a escala nacional para no incrementar los costes a los empresarios.

? Los cientos de observatorios que hay para cualquier fenómeno a estudiar, que debe figurar en Universidades y otras instituciones ya consideradas.

? Las agencias autonómicas de evaluación del profesorado universitario porque conducen a la endogamia.

? Las televisiones autonómicas, que deben ser racionalizadas o canceladas.

? En España hay diecisiete consejos consultivos autonómicos, más el Consejo de Estado. Cuando éste tiene a su cargo el asesoramiento jurídico-institucional de todo el país, no sólo del Gobierno de la Nación, sino también para las CC.AA.

III. A modo de síntesis
Por último, trataremos de resaltar los principios fundamentales del SFA2014, en la idea de que el Estado de las Autonomías funcione con eficacia (hacer las cosas) y eficiencia (hacerlas bien).

A. “Los árboles no dejan ver el bosque”, es la frase aplicable al hecho de que se ha originado una legislación de financiación autonómica complicada, farragosa, y que conduce a contradicciones insalvables en los propósitos declarados en las sucesivas leyes de ordenación de su cuadro general. Por ello, la Comisión estima que todo el esfuerzo que se dedique a esclarecer situaciones como las que en este informe se detallan, y a resolver los problemas existentes, siempre será poco.

B. Entendemos que la Comisión Lagares de reforma del sistema fiscal en su conjunto, y las propuestas del Prof. A. de La Fuente para la AGE para la reforma del SFA, deben ser apoyadas con toda clase de iniciativas, para que pueda crearse un nuevo sistema de financiación autonómica que no haya de revisarse cada cinco años.

C. La Comisión estima que la llamada política de austeridad ha sido insuficiente. Al haberse actuado de manera poco decidida en los recortes del gasto no absolutamente imprescindible, y en definitiva, diseñando un Estado con Administraciones Públicas que tengan menor dimensión, para centrarse en las prestaciones fundamentales con mayor eficiencia.

D. Al no haber habido los recortes necesarios en todas las administraciones, hemos entrado en una espiral de deuda pública global que ya supera el PIB de España, con graves problemas para la futura inversión pública y la mejora de las prestaciones de todo tipo. Un tema en el cual, el Fondo de Liquidez Autonómica, siendo una institución necesaria, ha contribuido a mitigar la exigencia de mayor racionalidad económica y financiera en las CC.AA.; al suministrar recursos que éstas ya no pueden conseguir en el mercado de capitales por los muy bajas valoraciones de solvencia de las agencias de calificación. Sin que en tales asignaciones, se vele por la racionalidad de muchos gastos que alimentan pretensiones incluso soberanistas.

E. La deuda pública tan recrecida, será muy difícil de amortizar con cierta rapidez, a diferencia de lo que sucedió en los años 90 y en los comienzos de la primera década del 2000, por la carencia de privatizaciones de envergadura. Además, la desmesurada expansión de la deuda pública, financiada en gran parte por la propia banca española, está creando una situación de overcrowding, esto es de penuria de crédito para el sector privado, en tanto que se alimenta, sin fin previsible, el endeudamiento público. En cualquier caso, el criterio de devolver el nivel de endeudamiento a no más del 60 por 100 del PIB debe ser un imperativo en la senda de la recuperación de equilibrios fiscales y financieros.

F. El Sistema Nacional de Salud debe ser reconfigurado. A ese respecto, y sin perjuicio de observaciones anteriores, la Comisión insiste en que a efectos de redistribuir los recursos de los impuestos estatales (IRPF, IVA, Especiales, etc.), no hay que buscar una mayor participación autonómica en tales tributos, sino una mejora en la gestión del gasto que ellas realizan. A tales efectos, y lo tomamos solamente como botón de muestra, es necesario mantener el criterio de aprovechamiento máximo de las economías de escala. Y al respecto recomendamos abordar con toda diligencia la coordinación máxima de los 17 sistemas de salud actualmente compartimentados que hay en España, en la idea de ir a una agencia nacional que articule mejor e instrumente de manera eficiente el Sistema Nacional de Salud.

G. Entendemos que la Justicia y la Educación deben ser servicios integrales del Estado, sin las compartimentaciones actuales, y con un Tribunal Supremo que tenga las potestades para evitar el fraccionamiento de una de las funciones más importantes en toda la Nación. Y en cuanto a Educación, debe ser estructurada con un sistema de corresponsabilización de la AGE y las CC.AA. Dando, sobre todo, máxima coordinación a las Universidades, a efectos de evitar endogamias perversas y facilitar la libre circulación del I+D, indispensable para cualquier aceleración futura de nuestro desarrollo.

H. Hay que volver a los criterios de los presupuestos de base cero que se establecieron en los primeros tiempos de nuestra todavía joven democracia, para suprimir organismos, empresas públicas, observatorios, fundaciones, y otras entidades, tanto de la AGE como de las CC.AA. y la Administración Local, que no sean absolutamente indispensables. Para así evitar el recrecimiento de la burocracia, costosa y paralizante, y las formas más o menos encubiertas de endeudamiento fuera de las Administraciones Públicas en sentido estricto.

I. El método del copago no debe ser entendido como un castigo a los ciudadanos, sino como una medida disuasoria a efectos de racionalizar las prestaciones de todo tipo. Por ello, debe ser introducido en todas las actividades públicas, con mayor o menor intensidad, en función de sus posibles efectos benéficos, los niveles de renta de los ciudadanos, etc.

J. El Gobierno debe diseñar una auténtica estrategia nacional de crecimiento, con un verdadero proyecto de renovación y eficiencia del Estado en su conjunto; que contribuya a reforzar los sentimientos de pertenecer todos los españoles, no solo a una misma Nación, sino también a un proyecto económico, social y cultural de cara al futuro que ponga en acción todas las fuerzas productivas existentes y las iniciativas ciudadanas más relevantes. Más allá del MoU que será cancelado en este mes de noviembre.

K. El ajuste fiscal en su conjunto tiene que ser un esfuerzo en busca de la competitividad que depende del tipo de cambio y de la productividad. De modo que con una moneda reapreciada como el euro, hoy en 1,33 dólares (cuando en 1998 sólo valía 80 centavos), y sin posibilidades de acción directa por España sobre tipo de cambio, sólo queda la productividad. Una variable que no es sólo cifrable en las áreas del trabajo y las empresas. También cabe aplicarla al sistema fiscal en su conjunto. Y en ese sentido la financiación autonómica es decisiva en un mundo cada vez más globalizado.

L. Mucho de lo que aquí se ha dicho, y el nuevo sistema fiscal y el SFA no van en contra de las autonomías sino en pos de que éstas sean más productivas y competitivas. Las medidas que se proponen parecen muy severas pero son las únicas para un mundo cada vez más global, pues sin reajustes profundos no habrá nueva prosperidad. Por lo demás, la recuperación económica pasa por un nuevo SFA mucho más coherente y productivo para todas las CC.AA. de la Nación.

Como siempre, el autor queda a disposición de los lectores de República.com en castecien@bitmailer.net

La obscena renovación del CGPJ
Editorial www.gaceta.es 28 Noviembre 2013

Con particular obscenidad se ha procedido a la última renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta vez no se ha tratado de un arreglo entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, con participación de los dos nacionalismos que gobiernan Cataluña y el País Vasco, sino que se ha permitido entrar en este juego a fuerzas parlamentarias más pequeñas, como Izquierda Unida y Unión del Pueblo Navarro, que han colocado a sus respectivos candidatos; únicamente ha quedado fuera Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que ha calificado el acuerdo como “indecente”.

No ha sido ningún error de los partidos, sin embargo: saben que la sociedad española ya está lo bastante anestesiada para soportar agresiones al espíritu de la Constitución como ésta; y sólo la figura del Defensor del Pueblo está legitimada para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra este espectáculo, aunque no es probable que lo haga: ya el TC encontró el modo de convalidar la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 que estableció el nombramiento parlamentario de todos los vocales del CGPJ, argumentando que la Constitución señala que Congreso y Senado deberán elegir a ocho, y que los otros doce habrán de ser jueces o magistrados, pero no especifica quiénes deban elegirlos, mientras mantengan su independencia. La sentencia 108/1986 dice, a este respecto: “Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial”. Y añade: “La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la Norma constitucional, parece aconsejar su sustitución (...)”. Pues bien, desde entonces se ha consolidado el sistema de cuotas partidistas, y las protestas desde los más diversos ámbitos han ido disminuyendo con el paso de los años ante los hechos consumados. De ahí que no sea ningún desdoro para la actual Defensora del Pueblo que no se embarque en una aventura llamada, casi con seguridad, a un estrepitoso naufragio.

Podríamos preguntarnos por qué esta vez se han revitalizado las críticas y ha renacido el escándalo. La respuesta es que en el programa electoral de 2011 del Partido Popular, bajo el epígrafe “Una democracia ejemplar”, figuraba este compromiso literal: “Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías”. El incumplimiento es flagrante y clamoroso, y no cabe alegar, como en la política económica, que las cifras encontradas al llegar al poder obligaron a poner entre paréntesis el programa si se quería salvar al país.

UGT y el dinero público
Román Cendoya www.gaceta.es 28 Noviembre 2013

UGT se ha montado una estructura financiera sobre el sufrimiento de parados y trabajadores.

La política española está llena de falsedades. Las hay más o menos sutiles. Y luego las hay burdas y bastas. La más escandalosa de estas últimas es la de los bolsos de la UGT. El sindicato socialista se dedica a comprar un único ejemplar de una empresa española y mandarlo a Asia para que lo repliquen, lo falsifiquen y así entregárselo a sus dirigentes y afiliados. Si Salvador Bachiller tiene que hacer un ERE o cerrar será por culpa de un empresario que expolia a los obreros. Y UGT será capaz de encabezar la manifestación. Robar diseño de un empresa española es la forma que la UGT tiene de proteger los puestos de trabajo de los empleados de Salvador Bachiller. Esta conducta refleja claramente la mentira, el engaño y la falsedad con la que se comporta el sindicato UGT. Sus dirigentes se han apropiado de un estatus, de un rol constitucional a partir del cual han creado una estructura que vive del dinero público. Las palabras, trabajadores, parados y derechos son la tapadera de su miserable realidad. Uno de sus destacados dirigentes en Andalucía, después de salir de la cárcel por los ERE, dijo eso de que estaba a disposición del sindicato para lo que quisieran y que si hacía falta “se pondría hasta a trabajar”. Y siguen recibiendo dinero público.

El dinero de la formación se lo gastan en mantenerse ellos de una forma especialmente opaca. Su transparencia es la misma que la del chapapote. El dinero destinado a los parados y que la UGT tenía que invertir en capacitación se desvía a las mariscadas, los regalos falsificados –haciendo daño a una empresa española– y a vivir ellos.

Roldán robó el dinero de los huérfanos de la Guardia Civil. Urdangarín y Torres montaron una fundación de niños discapacitados para captar dinero y sacarlo fuera de España para evadir impuestos. La UGT se ha montado una estructura financiera de falsificaciones y desvíos de dinero público sobre el sufrimiento de los parados y los trabajadores. ¿Por qué unos son unos chorizos y respecto a la UGT hay que cogérsela con papel de fumar?

La partitocracia que sufrimos tiene sus estructuras. Los sindicatos son parte de ellas. Por eso, si un ciudadano o empresario no destina y justifica hasta el último céntimo de una subvención, lógicamente es sancionado además de ser obligado a devolver todo el dinero de origen público recibido. Un sindicato no. Pueden hacer lo que sea y como mucho consideran que se ha podido cometer un error. No trabajan con facturas falsas. Lo que falsifican es el concepto. Y las Administraciones, especialmente la andaluza, no se quieren enterar de nada. Ya está bien. Ni un euro público para Sindicatos, Partidos u Organizaciones empresariales. Que cada uno se financie lo suyo.

España contra Cataluña
Javier Caraballo El Confidencial 28 Noviembre 2013

Como un movimiento independentista como el catalán se guía por las leyes físicas de un globo aerostático, los tripulantes saben bien que el gas no puede faltar en ningún momento. Las bocanas de fuego, de aire caliente, son indispensables para que el globo se mantenga hinchado en el aire, paseando sus colorines por el azul. En la deriva independentista catalana, los fogonazos no faltan, cada semana surgen nuevos impulsos que calientan el aire y mantienen la idea a flote, con el único inconveniente de que, como humanos que somos, las ideas se van agotando y muchas veces es inevitable que la reiteración conduzca al patinazo, al ridículo. Las proclamas de Gandhi o Luther King, un poner, como referentes históricos de la lucha del pueblo catalán.

Otras veces, sin embargo, los impulsos son más certeros y provocan en la sociedad una verdadera convulsión, como la pasada cadena humana de septiembre que recorrió Cataluña entera y en la que participaron miles y miles de catalanes.

El próximo impulso al globo de la independencia se ha condensado en un ‘seminario histórico’ que se celebrará en diciembre. El título no deja lugar a dudas: “España contra Cataluña”. Desde luego, no se podría haber elegido un título mejor para el evento porque ninguno como este representa la realidad de ese movimiento independentista que, sencillamente, no se sustentaría sin agitar continuamente el odio y el agravio. Y no es una apreciación fútil, no; el título es una verdadera declaración de intenciones.

Los folletos que ha repartido el Centro de Historia Contemporánea de Cataluña informan que en el seminario “los diversos ponentes analizarán las condiciones de opresión nacional que ha sufrido el pueblo catalán a lo largo de estos siglos, las cuales han impedido el pleno desarrollo político, social, cultural y económico de Catalunya”. Se trata, como verán, de organizar un seminario por organizarlo (nueva bocana de aire caliente) porque las conclusiones ya se han antepuesto: existe una historia de opresión de España que ha impedido el desarrollo de Cataluña. Como seminario histórico no tiene desperdicio.

Como un movimiento independentista como el catalán se guía por las leyes físicas de un globo aerostático, los tripulantes saben bien que el gas no puede faltar en ningún momentoDe todas formas, pese a ser todo tan previsible, incluso un debate de esta naturaleza tiene aspectos positivos. Aunque se trate de un debate que ya nace sesgado, la mera propuesta intelectual agita la información y, de forma inevitable, se oirán testimonios que no concuerdan con la tesis oficial. El seminario, por ejemplo, limita la opresión a dos fechas: "España contra Cataluña, una mirada histórica (1714-2014)". La primera es la muy celebrada fecha del inicio del independentismo, la Guerra de Sucesión, en la que los nacionalistas han fijado el inicio de su movimiento.

La segunda fecha, el año que viene, se supone que es la culminación de ese proceso con el referéndum de la independencia, que se incluye ya aunque no se haya celebrado la consulta y el año, como es evidente, ni siquiera haya llegado. Que también esto es significativo, que se incluya en el análisis de la historia lo que está por llegar. Pero bueno.

Sobre la primera fecha, uno de los historiadores contemporáneos más serios que hemos tenido, Antonio Domínguez Ortiz, dejó escrito hace más de una década en su libro España, tres milenios de historia que “tergiversan y mienten los nacionalistas cuando pintan a los adalides carlistas como independentistas. La transformación de carlistas derrotados y frustrados en independentistas fue un fenómeno posterior”.

Y recordaba el grito de los carlistas: “Cueste lo que cueste/ se ha de conseguir/ ver al rey Don Carlos/ en su corte de Madrid” (Marcha de Oriamendi). Y sobre la segunda fecha, en fin, está por llegar y ya veremos qué ocurre, por mucho que el fenómeno del independentismo en Cataluña sea una realidad expansiva de la que, en efecto, participa ya una gran parte del pueblo catalán.

Ya se verá qué ocurre, sí, porque, como movimiento que se guía por las leyes físicas de antes, puede llegar el día en el que, por las causas que sean, el globo comience a desinflarse. Al respecto, se ha publicado en La Vanguardia un artículo de un historiador catalán, Josep Maria Fradera, en el que se incluye la confesión que en su día le hizo Francesc Cambó a un periodista cuando le preguntó sobre la verdadera esencia del nacionalismo catalán y este le confesó que “la narración histórica del nacionalismo catalán, a la que tanto había contribuido, le parecía carente de realismo y excesiva de sentimentalidad”.

Luego, el historiador catalán concluye la anécdota de forma magistral: “Ciertamente, una cosa es percibir el problema y otra es dar con una salida practicable. En palabras de Timothy Snyder en The Reconstruction of Nations: “Refutar un mito es como bailar con un esqueleto: es muy difícil desengancharse del decepcionante y tenue abrazo una vez la música ha empezado, cuando te das cuenta de que son tus pasos los que lo mantienen en movimiento”. Bailar con un esqueleto. Genial. El seminario catalán promete, sí señor.

Politización
Arcadi espada El Mundo 28 Noviembre 2013

HAY para enfermar gravemente de vergüenza con el espectáculo parlamentario de la elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial. La mayoría gobernante hizo otra vez lo contrario de lo que dictaba su programa y optó por una elección política. Empeoró el incumplimiento la evidencia de que ahora no regía el estado de necesidad que llevó a cambios drásticos en la política económica planeada. Y en fin: es difícil desvincular la sesión de la peor de las imágenes que pueden dar los políticos, cuando parecen proteger sus intereses contra los intereses de los ciudadanos.

Todo esto es tan cierto como que la politización de la justicia (es decir, su eclipse) no tiene que ver con el encargo al poder político de la designación de los jueces. Lo que realmente eclipsa la justicia en España no es el sistema de elección de los jueces (vigente en muchos otros países) sino el convencimiento general, incluido el de muchos jueces, de que el ejercicio de la justicia no puede ser independiente de las convicciones morales y políticas.

El trabajo de un juez no es aplicar sus convicciones a los hechos, sino el de aplicarles la ley. Así como el trabajo de un periodista no es aplicar a los hechos sus convicciones sino la ley de una escritura objetiva. La objetividad, y también la justicia, es la posibilidad de describir y calificar unos hechos al margen de las convicciones de las personas encargadas de hacerlo. No veo en qué medida complica esto la militancia de un juez: los carnets no quitan ni añaden convicciones; ni siquiera instrucciones. Comprendo la razón por la que uno de esos nuevos miembros, la vocal Pigem, va a dejar en suspenso su militancia nacionalista. Pero nadie con su cerebro intacto puede pensar que, entregando su carnet, la vocal Pigem entrega también sus convicciones. Por suerte la vocal no ha sido llamada para ejercer sus convicciones, que a mi juicio están veteadas, como las de cualquier nacionalista, de ideas malignas y antidemocráticas, sino para aplicar una ley que puede coincidir o no con ellas. Y es en la aplicación de la ley donde a la vocal y al resto de colegas habrá que exigirles responsabilidades.

La democracia española necesita mayor rigor ad textum y menor querencia ad hominem. Y dejar de alcoholizarse con ese capcioso bebedizo cesarino que lleva a decidir la honestidad por la apariencia.

Lo de la tercera vía
Marcus Pucnik www.cronicaglobal.com 28 Noviembre 2013

Seguramente es gratificante clasificar a Artur Mas como zombie político, y quizás también sea cierto. Pero posiblemente no lo sea, sino que, al contrario, se encuentre en una situación win-win-win, es decir que sale ganando en cada uno de los tres posibles desenlaces que la presente situación ofrece.

Posibilidad uno es que continuemos con el actual embrollo. Durante un tiempo limitado, pero seguramente más allá de las próximas elecciones autonómicas en 2016, este desenlace mantendría a Mas en el poder para así poder continuar ventilando la cortina de humo que esconde su desastrosa gestión.

Posibilidad dos es la independencia de Cataluña, que elevaría a Mas a la categoría de Padre de la Patria. La tercera es prácticamente igual de buena (o quizás incluso mejor, como veremos más adelante): una autonomía significativamente ampliada también sería vista como un gran éxito de Mas. Esta autonomía plus también le haría a Mas aparecer como el ganador delante de su electorado y aseguraría a CiU la hegemonía durante varias legislaturas, sin tener que pasar por las penurias que una independencia conllevaría.

¿Se puede repescar la idea del pacto fiscal sin tocar la Constitución? ¿Qué margen de maniobra tienen Madrid y Barcelona?

Me atrevo a aventurar que ahora mismo CiU está trabajando en las dos últimas soluciones, sobre todo en la última. "No tengo nadie al lado, vete al Parlamento y a ver quién lo vota". Estas eran, según La Vanguardia, las palabras de Mariano Rajoy al rechazar el pacto fiscal de Mas, hace poco más de un año. Pero no era sólo un rechazo, también indicaba la solución.

Una solución difícil: tal pacto fiscal que imitaba el concierto vasco probablemente no era constitucional. ¿Se puede repescar la idea del pacto fiscal sin tocar la Constitución? ¿Qué margen de maniobra tienen Madrid y Barcelona? Y si hace un año era poco, ¿cómo ensancharlo, idealmente para beneficio de las dos partes?

Retrocedamos otro año más. En 2011 Pedro J. Ramírez indicó una posible solución para el embrollo catalán: más dinero para la autonomía a cambio de respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos en materia lingüística. Hasta hoy en día las encuestas dan el mensaje de que si más dinero se queda en Cataluña, menos votos ganaría la opción separatista. El tiempo nos ha enseñado que existen, sin embargo, dos problemas con esta solución.

El primero es que el nacionalismo catalán dice no fiarse de un simple cambio en la LOFCA. Exige mayores garantías. El otro es que Mas ha marcado la inmersión lingüística como "linea roja", y efectivamente, la inmersión, y con ella toda la normalización lingüística, es un instrumento para el nation building, el fer país, sin el que el nacionalismo catalán perdería una parte importante del control ideológico en el que se basa su acción política. Con unas sentencias judiciales que, por el artículo 3.1 de la Constitución, insisten en que el castellano sea también lengua vehicular en la enseñanza pública, el blindaje para la inmersión posiblemente sólo puede hacerse por la vía del cambio de la Constitución.

Para el nacionalismo catalán, la solución de la autonomía plus sería incluso mejor que la independencia. Dejando de lado la casi imposibilidad de independizarse cuando el Estado no lo permite y la comunidad internacional no reconocería una declaración unilateral, la casi ausencia del castellano en las aulas pondría un Estado catalán en conflicto con la Unión Europea, cuyo punto de vista sobre el tema muy probablemente sería parecido al que expresaron el Tribunal Constitucional en la sentencia 31/2010 y, en consecuencia, el Supremo en sentencias posteriores. En vez de basarse en la Constitución española, la UE argumentaría desde el punto de vista de derechos adquiridos o hasta el de los derechos humanos para recomendar o incluso exigir, en las negociaciones de adhesión de un eventual Estado catalán, que el castellano gozara de plena oficialidad.

Es cierto que un cambio de la Constitución que de entrada toparía con los máximos recelos por parte de las otras CCAA y la necesidad de llegar a acuerdos filigranos con el PP y el PSOE sería ardua tarea

La ley Wert, que los nacionalistas describen como un ataque contra el catalán/Cataluña/la cohesión social (elijan lo que quieran), es de hecho un primer intento de hacer las paces con la inmersión lingüística al margen de las sentencias judiciales: pone un parche donde se necesita un cambio general, representa otro obstáculo para todos aquellos que quieran que sus hijos estudien también en castellano al obligarles a enviarlos a otras escuelas, privadas, y confirma y aprueba así el arrinconamiento del castellano.

Por otro lado, también es cierto que un cambio de la Constitución que de entrada toparía con los máximos recelos por parte de las otras CCAA y la necesidad de llegar a acuerdos filigranos con el PP y el PSOE sería ardua tarea. Tan difícil que requeriría de circunstancias excepcionales para llevarla a cabo.

¿Y qué sería si estas circunstancias excepcionales se llegaran a crear? El reto separatista seguramente se puede clasificar como excepcional. Tan excepcional que hasta los más halcones de la unidad de España -o quizás precisamente ellos- podrían estar dispuestos incluso a cambiar la Constitución. Para evitar el mal mayor, Rajoy finalmente tendría alguien a su lado. Para lograr este objetivo hay que tensar la cuerda al máximo, eso es cierto, pero es precisamente lo que está haciendo Mas, con la inestimable asistencia de lo que se llama así mismo sociedad civil catalana. Y por supuesto con la ayuda de un Rajoy inflexible.

La cuerda se tensará aún más. Si la cesión de la competencia para hacer un referéndum no es concedida, cosa más que probable, acto seguido el Gobierno autonómico pedirá amparo a organismos internacionales como la UE. Es dudoso que intervenga la misma UE, más probable es que lo hagan algunos estados, porque tienen más margen de maniobra diplomática. En todo caso, para que intervenga alquien en los asuntos internos de un Estado, la situación en Cataluña debería ser bastante convulsa. Esto es lo que parecen haberle dicho fuentes internacionales no especificadas a Oriol Junqueras antes de que éste amenazara con una huelga, extremo algo ridículo a raíz de una observación (o quizás hasta un consejo) que de todas formas era de cajón: si no hay un problema catalán que lo afecte, el mundo no va a mover ni un dedo. Ergo hay que crear este problema. (De hecho, una fuerte actitud victimista es lo que exige lo del "derecho a decidir", cosa que debe ser tratada en otro artículo). El año que viene, el del Tricentenario, será muy interesante.

La posibilidad de que la comunidad internacional intervenga es real, y es parte de la hoja de ruta de Mas y Junqueras. Pero es más bien una ilusión (¡adiós, Junqueras!) que lo haga a favor de una Cataluña independiente. Lo que desde fuera se pediría a Madrid, y a Barcelona, también sería de cajón: que negocien. La presión internacional flexibilizaría las posiciones enfrentadas y enquistadas, después se pondría a votación popular el resultado de las negociaciones. Y voilà, el referéndum. Es la tercera vía sobre la que se va a votar, no la independencia. Es en este sentido que hay que entender ya esa curiosa "pregunta inclusiva" que han sacado a relucir tanto Mas como Josep Antoni Duran i Lleida. Una tercera vía, pasando por Bruselas y otras capitales. Un largo viaje en tren, para el que que Mas ha reservado asiento con su internacionalización, mientras que la oposición catalana, de momento, no va ni en bicicleta.

Los pactos de amor/odio entre CiU y PP también son una especie de tercera vía, ya conocida y probada

En toda esta ecuación un lugar importante ocuparán las elecciones generales de 2015. Serán un momento decisivo. Mirado bajo estos aspectos, la tercera vía de Duran i Lleida ("pacto fiscal, soberanía cultural y nueva Constitución") aparece como tan buena alternativa que uno se pregunta si los aparentes desacuerdos entre él y Mas no son más que simple teatro. Es por esta tercera vía que el nacionalismo catalán histórico, el de CiU, puede realizar todas sus aspiraciones, llegando a controlar el país como Jordi Pujol ni había soñado.

¿Cui bono? Con una CiU hegemónica, ERC se vería reducida a su tamaño natural, y el gran perdedor podría ser un PSC ya tocado por la pérdida de su parte nacionalista, y que defiende su propia tercera vía. Esta no dista mucho de la de Duran, pero al final lo que siempre cuenta es la percepción de los votantes. Siendo los votos del PSC esencial para ganar el PSOE la mayoría en el Congreso, con él se arriesga el PSOE, necesario colaborador de un eventual cambio constitucional. Otro ganador, de manera relativa y por un tiempo limitado, sería Ciudadanos. El PPC estaría condenado a la insignificancia, cosa que al PP estatal no tiene que preocupar mucho, porque los votos del PPC nunca han sido cruciales para él.

Una autonomía plus sería aceptable para el PP estatal, que al fin de cuentas en el espectro derecha-izquierda es partido hermano de CiU. Hay incluso una ventaja adicional para estos dos: en lo nacional seguirán ofreciendo los puntos de fricción necesarios para mantener unidos a sus respectivos votantes. Los pactos de amor/odio entre CiU y PP también son una especie de tercera vía, ya conocida y probada.

Se avecina un emocionante juego a tres bandas, con fases de alianzas cambiantes alternándose con otras de un todos contra todos, según lo pida el momento. Habrá que ver si se impone el sentido común, y a qué grado... Lo preocupante es que tal tipo de constelaciones tiende a llevar al tacticismo partidista, que muchas veces deja de lado las necesidades de los ciudadanos.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Así celebran su supuesta derrota

EDITORIAL Libertad Digital 28 Noviembre 2013

Por mucho que los ministros de Interior y Justicia afirmaran al alimón que "cada caso será visto de manera individualizada", y por mucho que el fiscal general del Estado afirmara que no iba a haber "excarcelaciones masivas" porque el fallo de Estrasburgo sólo afectaba al caso de la etarra de Inés del Río, ya son sesenta y cuatro terroristas –cincuenta y ocho de ellos, etarras– los que han sido puestos en libertad en poco más de un mes. Junto a ellos también han sido excarcelados otros criminales, algunos tan sádicos y peligrosos como el violador y asesino de una niña de nueve años o el secuestrador y asesino de la joven Anabel Segura.

Por mucho que el ministro del Interior afirmara que no iba a tolerar homenajes a los terroristas excarcelados y que el hecho de que los terroristas salgan junto a otros criminales y violadores en serie, lejos de ser un triunfo de ETA, evidencia su "derrota total", lo cierto es que no están faltando homenajes a los terroristas ni celebraciones de tan surrealista derrota.

Si a Delgado Goñi lo han recibido en Legazpi con vítores, cohetes y repiques de campanas, al no menos sanguinario Martínez Izaguirre, entre cuyas víctimas se encuentra un niño de dos años, le han dado la bienvenida en Galdácano con un pasillo de honor, antorchas, ikurriñas y banderas a favor de los etarras que aún quedan presos.

Conviene recordar que hace más de un mes que la asociación Harrera Elkartea enalteció a los terroristas afectados por la Doctrina Parot con unos folletos en los que se afirmaba que la sociedad estaba "en deuda" con ellos puesto que habían "contribuido a la transición a una sociedad más justa". Y que desde entonces sólo la representante de UPyD ha solicitado, con nulo éxito, que el Gobierno inste ante la Fiscalía su más que merecida ilegalización.

Está visto que la condescendiente inhibición del Gobierno de España –"parte contratante" del Convenio Europeo y responsable de la ejecución de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo– ha hecho posible tan infame espectáculo. Y que tampoco el Gobierno del PP quiere ser obstáculo de una paz tan envilecida como la que el del PSOE acordó con la ETA.

Si me llamas asesino te mato
Kiko Méndez-Monasterio www.gaceta.es 28 Noviembre 2013

El nacionalismo además de totalitario, que lo es, se ha convertido en una paranoia.

El Consejo Audiovisual de Cataluña quiere cerrar Intereconomía, y también esRadio, y 13Tv, y cualquier cadena o empresa de comunicación que no rinda pleitesía al aspirante a rey Arturo, que es quien les amamanta hasta el empacho. Creo que son cinco millones los que estos tipos –colocados a dedazo del führer– se reparten al año, y claro, por esos sueldos están dispuestos a lo que sea, ya sea cerrar una televisión o invadir Polonia.

Lo más curioso es que los del CAC argumentan su fiebre censora en que desde estos medios se acusa al nacionalismo de tener métodos totalitarios, y que en ocasiones incluso se compara el régimen catalán con aspectos del nazismo. O sea, que para demostrar que no son totalitarios, lo que hacen es perseguir la libertad de expresión. Todo muy lógico. Es como si llamas asesino a un pistolero y te responde: “Me estás ofendiendo y te voy a pegar dos tiros”. Esto sucede porque el nacionalismo –además de totalitario, que por supuesto que lo es– se ha convertido en una auténtica paranoia. El mismo esquema de perturbado mental siguen en otras cuestiones. Por ejemplo, están convencidos de que perseguir a los castellanohablantes, prohibirles educar a sus hijos en su lengua materna, y multarles por rotular sus comercios en español, son formas de defender la libertad; creen que pagar menos al fondo común y recibir más que nadie tiene algo que ver con la justicia; y lo que entienden por fraternidad ya mejor no preguntarlo, porque será dedicarle calles y plazas a los terroristas de Terra Lliure, o similar aberración.

Todo esto tendría hasta cierta gracia, si no coincidiese el informe totalitario del CAC –en el que se habla de incitar al odio– con el recibimiento triunfal que ayer mismo le hacían a un etarra, entre cuyas hazañas se cuenta la del asesinato de un niño de tres años. Estos días lúgubres de la Amnistía Rajoy, lo menos que podían hacer los nacionalistas, –todos los nacionalistas– es permanecer prudentemente callados. Porque en las últimas décadas sólo ha existido un odio en España: el que ellos han ido sembrando por toda la península. Y sólo unas víctimas de ese odio: los españoles que han muerto por el único hecho de serlo, entre los que estaba Fabio, ese niño de tres años. Recordemos que no ha existido una nacionalismo en España que no haya tenido su expresión terrorista y asesina, y de paso apuntemos en la agenda que otros nacionalismos, llamados moderados, pactaron con ETA una tregua en su territorio, bajo la premisa de no entorpecerse mutuamente.

Cataluñ
De nazis y catalanistas
José García Domínguez Libertad Digital

Ni Artur Mas ni sus socios parlamentarios de la Esquerra resultan ser nazis. Bien al contrario, ejercen de nacionalistas catalanes y se conducen en todo momento como nacionalistas catalanes. Porque no es nazi, sino genuinamente catalanista, esa pedagogía del odio institucionalizado que ha convertido España y lo español en el enemigo externo contra el que cualquier exceso parece permitido. Igual que tributario del más ortodoxo nacionalismo catalán, que no del nazismo, resulta el descrédito del Estado de Derecho inducido desde la misma Presidencia de la Generalitat, máxima representación del Estado en la plaza. Y tampoco bebe del nazismo, sino de la tradición local, el recurso a la movilización callejera en tanto que instancia legitimadora por encima –y al margen– del orden legal. ¿Nacional-socialismo germánico? Qué va, nacionalismo catalán en estado puro.

Al igual, por cierto, que la tipificación de la discrepancia frente al discurso identitario como una suerte de quintacolumnismo acreedor de justo escarmiento público. O esa escenografía obsesiva, omnipresente liturgia onanista plagada de himnos, mástiles y banderas por todas partes. No, claro que no son nazis, pero cómo ignorar el parentesco con el paisaje moral y urbano del Berlín de los años treinta. Por lo demás, tampoco los comisarios del CAC y los guionistas de TV3 prestan sus servicios a la causa bajo un retrato de Goebbels. Y sin embargo, tanto los silencios cómplices de los unos como los exquisitos eufemismos de los otros invocan su memoria sin cesar. Repárese al respecto en la hagiografía de los terroristas de Terra Lliure que no ha tanto emitió la televisión nacionalista. Ni el más aventajado discípulo de Goebbels hubiese mejorado la faena.

Así, a decir de TV3, los comandos de Terra Lliure estaban integrados por asépticos activistas que solo se vieron envueltos en doscientas "acciones armadas". Como el activista Josep Serra, que, ante la complaciente mirada del director del documental, explicaría como sigue la acción sobre Jiménez Losantos:

En un determinado momento las cosas se tienen que parar y, por tanto, hacía falta un cierto nivel de violencia respecto a esa gente, entre otras cosas porque nada más entienden ese lenguaje.

Reténgase la estudiada elección de los tiempos verbales por parte del activista Serra. "Las cosas se tienen que parar", "solo entienden ese lenguaje". Todo en presente, un aviso a navegantes. Y por si aún quedaran dudas entra la audiencia, otro respetable activista, Jaume Fernández Calvet, aclaraba acto seguido que la "acción" sobre Losantos se redujo a una "detención" seguida del "posterior escarmiento". Y el CAC, mudo. No, no son nazis. Pero lo parecen tanto…

Los nazis y el vendedor de crecepelo
Pablo Planas Libertad Digital 28 Noviembre 2013

A los mandarines nacionalistas no les molesta que les llamen nazis. Lo que les fastidia, dicen, es que de la comparación entre un dirigente de CiU y un nazi del Tercer Reich se pueda inferir que los seguidores de Hitler no eran tan malos. Hay que ser retorcido, narcisista y ególatra para construir un sofisma por lo demás tan endeble, pero es que no están acostumbrados a pensar. Son más de acción, como si dijéramos. La prosa tacañona del último informe del Consejo Audiovisual de Cataluña, algo así como la Santa Inquisición catódica, se engancha a esa teoría al afirmar que la equiparacion de "planteamientos democráticos" con "regímenes totalitarios" constituye una flagrante banalización de los segundos. O sea que comparar, por ejemplo, la cadena humana independentista con un montaje goebbelsiano sería una reivindicación del nazismo en vez de una crítica a las exhibiciones de masas del catalanismo. Sí, sí, precisamente eso es lo que pretende...

Si es por banalizaciones, convendría insistir en que el presidente de la Generalidad catalana, Artur Mas, es uno de los más conspicuos practicantes del género. Banalizar es comparar el separatismo con la conquista de los derechos civiles por parte de los negros en Estados Unidos, que es exactamente lo que hizo Mas al aludir en un discurso a Martin Luther King. O igualar la cadena independentista del pasado 11 de septiembre a la lucha de los ciudadanos de Letonia, Lituana y Estonia por sacudirse la URSS. También es banalizar, y mucho, salir del Museo del Holocausto en Israel y ponerse a establecer delirantes conexiones entre la historia de los judíos y la del pueblo catalán. Banalizar, por último, sería visitar la India y decirse inspirado por Gandhi para convocar un referéndum separatista. En tres patadas, Mas ha convertido las peripecias de negros, judíos e indios durante siglos de persecuciones, esclavitud, plagas bíblicas y genocidios en incidentes de rango equiparable a lo que le pasa al pueblo catalán sometido a la cruel España. Ha contado Mas con la ventaja de que sus anfitriones en los Estados Unidos, Israel y la India no deben de saber quién es exactamente ese político español con aires de vendedor de crecepelo, dicho sea sin querer banalizar la lucha contra la alopecia.

En las últimas horas, y a cuenta del informe del CAC, se ha recordado que la Generalidad no ha puesto ningún reparo a la difusión en los medios de comunicación catalanes del eslogan "España nos roba". Natural. Ha sido la propia Generalidad la que ha dado la orden de que se diga eso, que no es ni una opinión ni un dato, sino una mentira. Una mentira muy sobada y muy cansina, pero con la que comulgan cientos de miles de catalanes convencidos sinceramente de que Madrid es una pocilga (al margen de las huelgas) y de que los españoles somos una banda de maltratadores cuya única misión es la de hallar cada día una nueva manera de estrangular a la bella y serena Cataluña y, por ende, a sus habitantes.

Menos tocado está el asunto del simposio a celebrar el próximo mes y que paga la Generalidad bajo el lema "España contra Cataluña, una mirada histórica (1714-2014)", en lo constituye un ejemplo patrocinado y perfecto del denominado "discurso del odio". Cómo será la cosa que el Cercle de Cultura, una entidad que agrupa a editores, autores, profesores e intelectuales de acrisolado catalanismo, como Pere Vicens i Rahola o Xavier Bru de Sala, ha publicado en su web un comunicado en el que afirma:

El título del simposio, "España contra Cataluña", explicita una toma de posición muy alejada de las complejidades de la realidad histórica (...) El Círculo de Cultura quiere hacer constar su desacuerdo con el apoyo institucional que el departamento de la Presidencia de la Generalidad ha dado al citado simposio.Queremos manifestar nuestro temor a que eso sea el exponente de una falta de criterio suficientemente integrador para reafirmar al mundo y a nosotros mismos cuáles son las voluntades y las razones de los catalanes para resolver nuestro porvenir colectivo.

No es que estén en contra del proceso. Más bien, al contrario. Pero, aunque sea por estética, todo tiene un límite, vienen a decir.

Poco acostumbrados a las críticas, habrá que ver qué hacen los políticos nacionalistas ante las objeciones de una entidad en cuya junta directiva figuran nada menos que Carles Duarte, presidente del Consejo Nacional (catalán) de la Cultura y de las Artes, o Fèlix Riera, director de Catalunya Ràdio. ¿Encargarán un informe al CAC o los purgarán directamente?

Víctimas del terrorismo en España. Un análisis
Teresa Díaz Bada y Raúl González Zorrilla latribunadelpaisvasco.com 28 Noviembre 2013

La justicia es un derecho fundamental de cualquier ciudadano, y especialmente de las víctimas. Por este motivo, éstas han de convertir su tarea testimonial en un compromiso de atenta vigilancia para que desde ámbitos políticos o judiciales no se caiga en la tentación de utilizar parcial e interesadamente la política penitenciaria sobre los presos de ETA como una forma de otorgar a éstos determinadas medidas de condonación de la pena.

Cualquier análisis del reciente papel socio-político desempeñado por las víctimas del terrorismo no puede obviar que uno de los elementos que más ha contribuido a que la violencia terrorista se haya perpetuado en Euskadi y en España a lo largo de medio siglo ha sido el hecho de que, durante este tiempo, una parte importante de la sociedad vasca ha interiorizado que el recurso al asesinato, al chantaje, a la amenaza o la extorsión, es algo que, aunque reprobable, “puede ser comprensible” dada la existencia de un presunto y falsario “conflicto político” que, al parecer, no puede ser solucionado por vías exclusivamente democráticas.

Perversas razones de interés nacionalista, falsos progresismos postmodernos que alimentan la falsa creencia de que todas las ideas pueden ser dichas sin asumir las consecuencias de las mismas (incluso las que exigían más tiros en la nuca) y una vergonzosa dejación de las instituciones en su responsabilidad de hacer cumplir la legalidad, han alimentado esta atrocidad y han posibilitado la obscenidad suprema de que el punto de vista que haya primado en Euskadi a la hora de analizar la realidad política de nuestro entorno fuera el de los verdugos, y nunca el de sus víctimas.

Esta situación éticamente indecente, mantenida en el tiempo, alimentada con entusiasmo y multiplicada exponencialmente por el desinterés de algunos y el desistimiento de muchos, provocó durante muchos años la marginación radical y el abandono más absoluto de las víctimas del terrorismo, pero, además, recreó un universo trémulo donde la defensa y la protección de los derechos básicos de las personas se consideraba como algo simplemente anecdótico que podía someterse a intereses más espurios como la presunta construcción de una nación fantasmal. Frente a esta mirada orweliana de los verdugos, que fue la que llegó a su grado máximo de expansión con la firma en 1998 del Pacto de Estella entre los nacionalistas vascos y los terroristas vascos, las víctimas, con el convencimiento de que será imposible alcanzar la paz sobre el olvido de lo padecido, sobre la injusticia y la impunidad, se han convertido en el principal antídoto para vencer el cáncer moral que el terrorismo ha extendido a lo largo y ancho de la sociedad vasca.

Esta ejemplaridad de la voz y del testimonio de las víctimas, se asienta sobre varias razones. En primer lugar, porque las propias víctimas, en condiciones profundamente dramáticas, han sido siempre una muestra modélica de respeto al sistema democrático, de lucha por la justicia, de renuncia a la venganza, de repulsa a cualquier método violento para terminar con ETA y de trabajo firme por mantener la verdad de lo sucedido, a pesar de los muchos intentos que en Euskadi se han hecho por manipular tanto las historias particulares de las más de ochocientas personas asesinadas por ETA como la propia historia colectiva de todos los vascos.

Por otro lado, los familiares de las víctimas del terrorismo conocen mejor que nadie toda la atrocidad, el dolor, el drama y las consecuencias fatales que se derivan de cada atentado criminal. Las muy diversas, ocultas y trágicas historias de estos hombres y mujeres recogen detalladamente toda la infamia que se ha vertido en el País Vasco y, por ello, las víctimas poseen una autoridad crucial para desmontar despropósitos ideológicos que, aún hoy, tratan de buscar coartadas y dotar de significado a las acciones terroristas más crueles y sanguinarias.

A pesar de que, en algunas muy escasas ocasiones, las personas que han sufrido directamente o en la figura de algunos de sus allegados el ataque de los violentos reniegan del papel protagonista que les corresponde, la mayor parte de éstas entiende que son las únicas que pueden liderar el proceso que lleve a la sociedad vasca a observar su virulenta y triste historia reciente desde el punto de vista de quien la ha sufrido y no de quien la ha modelado, desde la mirada del asesinado y no del que victimario, y desde el prisma de quienes, en muchos casos, han dado lo mejor de sí mismos para defender la libertad de todos. Natividad Rodríguez, viuda de Fernando Buesa, máximo responsable del Partido Socialista de Euskadi en Álava cuando fue asesinado por ETA el 22 de febrero de 2000, ha explicado muy sucintamente cuál debe ser, en su opinión, el papel público de las víctimas terrorismo. “Nadie puede entender la política vasca de los últimos años sin la existencia de una sociedad profundamente atemorizada por la actividad asesina de ETA y, por ello, las víctimas han de tener un lugar central en el debate político. (...) Cualquier proyecto de convivencia, para ser moral, deberá respetar la memoria de las víctimas; para ser legítimo, deberá plantearse en condiciones de igualdad y libertad de todos los participantes; y para ser legal, deberá cumplir las reglas de juego preestablecidas, que en democracia se plasman en las normas legítimamente aprobadas”.

En Estados Unidos, donde hasta el 11 de septiembre de 2001 prácticamente no se tenía ninguna experiencia de la tragedia que siempre acompaña a cualquier atentado, independientemente de la magnitud de éste, se comprendió rápidamente que el pilar básico desde el que una colectividad debe apoyar su reconstrucción tras sufrir una acometida terrorista es, en cualquier circunstancia, el de las víctimas de la barbarie. No se trata solamente de que detrás de los nombres y apellidos de cada una de las personas diezmadas por el horror fanático se encuentre una vida rebosante de ilusiones, de retos, de sueños y de esperanzas como las de tantos seres humanos que todos los días salen a la calle en múltiples lugares del globo tratando de llevar una existencia digna y en paz. Lo más importante que hay que tener en cuenta es que cada víctima de un ataque terrorista es un proyecto de futuro cercenado, es una familia a la que se le ha roto el porvenir y es, en la presencia de los heridos, o en la ausencia de los fallecidos, una cicatriz en el rostro de una sociedad que tras la llaga del horror ya no vuelve a ser como antes.

Reconocer, ayudar y proteger a las víctimas de la barbarie es, en este sentido, un acto de humanidad, pero es también una iniciativa que contribuye a la cohesión ética de la ciudadanía, que polariza las fuerzas contra el terror y que, desde un primer momento, deslegitima radicalmente cualquier intento de comprender, argumentar o justificar la acción asesina llevada a cabo por los criminales. En el rostro de cada una de las víctimas de un atentado terrorista, en el sufrimiento de los lacerados y en el desconsuelo de los familiares, se encierra el dolor de toda una sociedad dramáticamente lesionada que, en el fondo, siempre es el principal objetivo de una acto criminal de estas características. El terrorista, asesinando a personalidades relevantes o destruyendo la vida de cientos de ciudadanos anónimos, busca conmocionar a la totalidad de la ciudadanía a través del chantaje de las armas, mediante la presión de la amenaza siempre presente, a través del miedo permanentemente exhibido y utilizando el horror como eficaz instrumento de ruptura de lo que los criminales más odian: la libertad de cada persona, y la potestad de ésta para hacer uso de este derecho elemental de un modo ajeno a cualquier dictado político o religioso. Tal y como ha explicado Ignacio José Subijana Zunzunegui, presidente de la Audiencia de Guipúzcoa, “la macrovictimación terrorista tiene un plano ontológico y otro axiológico. En el plano ontológico se encuentra el dolor por el asesinato, el secuestro, la amenaza, la coacción. En el plano axiológico reside la significación del asesinato, el secuestro, la amenaza y la coacción; es decir, el relato. Reyes Mate, haciendo suyas las reflexiones de Benjamin, refiere que todo crimen mortal tiene dos muertes: la muerte física, centrada en la aniquilación biológica de una o varias personas, y la muerte hermenéutica, ceñida a la estrategia dialéctica elaborada para hacer invisibles a las víctimas”. (1)

El relato
La comprensión de que la memoria de las personas asesinadas es el principal bien a resguardar tras la acción terrorista, la asunción de que los familiares de las víctimas deben ser considerados como el centro de cualquier iniciativa política-social que se impulse después de cometido el acto violento y el convencimiento de que la respuesta al terror de masas debe asentarse siempre sobre la eficacia policial, la firmeza judicial y el reconocimiento público, repetido y socialmente masivo a las víctimas, son exigencias colectivas que en España en general, y en el País Vasco en particular, se encuentran permanentemente cuestionadas. Con el agravante, además, de que cuando finalmente estos fundamentos básicos comienzan a ser interiorizados, su importancia radical trata de minimizarse y difuminarse, especialmente desde los ámbitos nacionalistas, independentistas y presuntamente progresistas, con argumentos tramposos que abogan por convertir a todos los hombres y mujeres de esta tierra en damnificados de diferentes afrentas que se anulan unas con otras, y que tienen un único objetivo éticamente demoledor para quienes confiamos en el sistema democrático de convivencia: implantar artificiosamente la idea de que “es necesario pasar página” y “ceder desde todas las partes” para alcanzar una “reconciliación” en la que no haya “ni vencedores ni vencidos”.


El primer paso hacia la impunidad de los crímenes terroristas es, de hecho, esta estrategia que trata de mezclar en un patético “totum revolutum” a las víctimas del terrorismo, de los “excesos policiales”, de los malos tratos, de torturas, de agresiones injustas e, incluso, de la dictadura franquista y de la batalla de Machichaco que tuvo lugar durante la Guerra Civil española, con la pretensión, tan sibilina como vergonzosa, de fomentar la mentira suprema de que la actividad asesina de ETA solamente es una cara más de un conjunto variado de violencias ejercidas desde el Estado democrático español o desde personas, entidades u organizaciones ligadas a éste. Pero frente a quienes apelan a no volver la vista hacia atrás y a camuflar lo sucedido para no despertar las iras de quienes todavía amenazan con volver a asesinar, el recuerdo constante y permanente de lo padecido ha de erigirse como el núcleo central de cualquier proyecto conjunto de sociedad que pretenda superar varias décadas de terror. A pesar de las interpretaciones perversas que se hacen al respecto, la memoria histórica de lo reciente no es algo que impida cerrar las viejas heridas. Más bien al contrario, el relato de las víctimas es la única herramienta de que dispone una sociedad para interiorizar sus desmanes, para vertebrar nuevos caminos de futuro que se alejen de la atrocidad y, sobre todo, para cerrar con un mínimo de solidez heridas colectivas que jamás debieron haberse provocado. Un hipotético perdón del daño causado, que hay que recordar que es algo que no puede exigirse desde un punto de vista político o jurídico, solamente pueden tener sentido sobre el recordar fiel de lo que ha acaecido y sobre una perspectiva a largo plazo que presente visos ciertos de que el horror no va a volver a reproducirse.

Nada podrá reconstruirse desde un punto de vista ético si, interesadamente y para acercar a los terroristas los beneficios de la impunidad, se intenta correr un tupido velo sobre la infamia y la iniquidad y se pretende disipar el perfil testimonial y relator claramente definido de las víctimas del terrorismo, al mismo tiempo que se refuerza el protagonismo reivindicativo de los antiguos etarras que ahora dicen no querer matar. Volviendo al ejemplo norteamericano, ¿se imagina alguien que pudiera ser posible que el gran Memorial que se levanta en el nuevo World Trade Center homenajeara, además de a los hombres y mujeres asesinados en las Torres Gemelas, a, por ejemplo, todos los damnificados por el racismo en la reciente historia de la ciudad norteamericana, a los afectados por los abusos policiales a lo largo de las últimas décadas, a los neoyorquinos perjudicados por las prácticas mafiosas en los años veinte del pasado siglo o, en el colmo de la estulticia, a todos los miembros de Al Qaeda autoinmolados en atentados suicidas en cualquier lugar del mundo? Citando nuevamente a Ignacio José Subijana Zunzunegui, “es preciso garantizar a las víctimas un pronunciamiento expreso sobre el injusto culpable del autor. De esta forma se cumplirían las exigencias mínimas de justicia en la medida que se obtendrían tres efectos: una declaración pública de reproche por el injusto causado, afirmando que el daño no viene motivado por el azar o por culpa de terceros o de la propia víctima, sino única y exclusivamente por un comportamiento antijurídico del victimario; una consignación expresa de las personas que han sufrido la victimación, lo que permite su constitución efectiva como víctimas así como su indeclinable individualización; un pronunciamiento explícito de que el daño causado fue injusto y que, consecuentemente, las víctimas tienen derecho a ser reparadas por el victimario”. (2)

Los crímenes de ETA, junto con las coacciones, las amenazas, los chantajes y las afrentas que durante cincuenta años se han llevado a cabo impulsadas desde el “brazo político” de la organización criminal, poseen, y éste es uno de los objetivos fundamentales de cualquier banda terrorista, una dimensión pública totalitaria que trata de imponer, a través del miedo, la intimidación y la coacción, unos determinados objetivos políticos, así como busca convertir la historia en una quimera para alumbrar un presente irreal en el que todos sus desmanes puedan ser justificados y comprendidos. Por este motivo, la derrota del terrorismo exige que el daño producido y el dolor provocado tengan una privilegiada y ejemplarizante dimensión pública que ha de ser protagonizada, aunque no exclusivamente, por las víctimas del terrorismo.

Las personas directamente damnificadas por la violencia terrorista, así como los familiares del casi de millar de personas asesinadas por la banda terrorista ETA, han de ser, sobre todo, la punta de lanza de un movimiento colectivo que arrastre a los poderes públicos, a las instituciones democráticas, a los agentes sociales y a la mayor parte de los ciudadanos, a estar vigilantes contra la tentación del olvido y contra la incitación cómoda y eficaz, y tantas veces vista a lo largo de la historia, a “pasar página” o a “no mirar hacia atrás” para no incitar a los viejos fantasmas.

Las víctimas vascas del terrorismo, en su esencial y casi obligado deber de testimonio público, se responsabilizan de denunciar persistente e incansablemente la demostrada y absoluta incapacidad de la banda terrorista ETA para asumir el sufrimiento infligido a la sociedad vasca en particular, y a la sociedad española en general. Pero, además, las víctimas del terrorismo han de convertirse en el principal ariete contra una tendencia tan obscena como cada vez más extendida que consiste en banalizar el horror provocado por la banda terrorista ETA a lo largo de su casi medio siglo de existencia y que tiende a entender la actividad criminal de esta organización totalitaria como algo nimio, como una pequeña, “comprensible” y molesta excrecencia de la dictadura.

En este punto, debemos ser conscientes de que la actual generación dominante en España, ideológicamente flácida, intelectualmente exangüe y doctrinalmente inconsistente, vive el tiempo histórico como simultaneidad y no como sucesividad, y se mantiene permanentemente en ebullición en una actualidad perpetua en la que no hay espacio para el distanciamiento reflexivo, para la comprensión del desarrollo causal de los acontecimientos o para extraer debidamente las pertinentes enseñanzas del pasado. Hay en la comunidad autónoma vasca y en el resto del país demasiados hombres y mujeres que habitualmente viven en una realidad anoréxica, mórbida, superficial y fragmentaria que, al perder todo tipo de conexión con el pretérito, y lo que es peor, al demostrar un absoluto desinterés por lo transcurrido en el pasado, han empequeñecido y relativizado la barbarie etarra: fundamentalmente, desdeñan los recuerdos colectivos existentes tras lustros de convivir con la violencia más impía y menosprecian el cúmulo de conocimiento aprendido a base de acopiar lágrimas de impotencia tras cada nuevo acto de barbarie. El relato constante y firme de las víctimas del terrorismo se convierte, de este modo, en el principal freno contra el concepto de “amnesia generacional” definido por el escritor y analista Alvin Toffler, que consiste, según explica el experto neoyorquino, en que “se está modificando el tiempo pasado y el tiempo futuro, vaciándolos de contenido, y no dejando tras de sí nada salvo el presente, un lugar peligroso y poco sólido. Porque a medida que se acelera la aceleración del cambio, el pasado y el futuro cada vez se acercan más entre sí y comprimen el presente en la nada. Que no es precisamente un lugar satisfactorio para pasar la vida” (3). Ni para la verdad ni la justicia, habría que añadir.

De hecho, esta absoluta, buscada e interesada desmemoria referencial, liderada por socialista y nacionalistas y perversamente aliada con un espíritu ideológico posmoderno, frívolo, desarmado, contemporizador y desinteresado de la defensa del sistema democrático y de la salvaguardia de los valores fundamentales de nuestro sistema de convivencia, es la que ha propiciado el actual panorama social maleable, insustancial y caótico que padecemos, en el que demasiadas agendas políticas se pliegan a las presiones de los terroristas, de los amigos de los terroristas, de los independentistas más ariscos, de la izquierda más huraña y de los sectores sociales más radicales y populistas, dando luz a una realidad hedionda y volteada en la que los delincuentes son tratados como los líderes del futuro, en la que los demócratas son expulsados al gueto misterioso de la derecha extrema y en la que, en el colmo de las vilezas, las víctimas del terrorismo son consideradas como peligrosos elementos de odio, intolerancia y crispación.

La tentación de la impunidad
Como hemos visto, el valor público del testimonio de las víctimas del terrorismo se construye sobre tres virtudes y responsabilidades que les son propias no de un modo exclusivo, pero sí preferencial: la lucha contra el olvido, la lucha contra cualquier forma de impunidad y la autoría del relato de lo padecido.


En este sentido, y en lo que hace referencia al trabajo contra la indemnidad de los crímenes, es preciso partir de una cuestión elemental: la historia de terror de ETA no tiene ninguna legitimación posible y, por lo tanto, debe ser condenada con rotundidad y sin ningún tipo de paliativos. Y esa condena, que debe darse siempre de forma pública y destacada, ha de ser requerida de un modo excepcionalmente exigente a todos aquellos que, con medio siglo de retraso, desean sumarse ahora, con sus propias condiciones y exigencias, al sistema democrático de convivencia.


La justicia es un derecho fundamental de cualquier ciudadano, y especialmente de las víctimas. Por este motivo, éstas han de convertir su tarea testimonial en un compromiso de atenta vigilancia para que desde ámbitos políticos o judiciales no se caiga en la tentación de utilizar parcial e interesadamente la política penitenciaria sobre los presos de ETA como una forma de otorgar a éstos determinadas medidas de condonación de la pena. En este sentido, jamás ha de considerarse la reinserción social como una finalidad absoluta y superior, propia de las penas de cárcel, sino que cualquier medida de gracia ha de encuadrarse con otras finalidades de la condena y con la exigencia de justicia prevista en la Constitución española.


Con respecto a este tema, nuestro muy querido y siempre recordado profesor Antonio Beristain expresaba muy claramente su opinión en 1994, en la Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología: “Considero un milagro que en el País Vasco y en España ninguna víctima del terrorismo se haya tomado la justicia por su mano. Desde julio de 1977, cuando fundé en Gipuzkoa la sección de Amnistía Internacional, sigo activo en sus campañas; también en las que proclaman y procuran la no impunidad de los asesinatos terroristas. Discrepo de quienes opinan que si ETA deja de matar, todos sus condenados deben salir de la cárcel. De las publicaciones de Amnistía Internacional se desprende que se opone al indulto de los presos de ETA cuando la organización terrorista deje de matar, ya que esa impunidad de los macrocrímenes va contra la base del Derecho, la Justicia y la dignidad de las personas.”. (4)


Pero además de la existencia de posibles prácticas que pudieran favorecer la impunidad de los centenares de miembros de ETA que permanecen encarcelados en prisiones de España y Francia, hay otro tipo de inmunidad sobre la que acertadamente ha alertado Carlos Fernández de Casadevante Romaní, catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad rey Juan Carlos, y que ahora, cuando la banda terrorista ETA ha anunciado un cese definitivo de la violencia, cobra una especial significación. “De los 858 atentados con víctimas mortales cometidos por ETA a lo largo de su existencia, 300 están todavía sin resolver policialmente. En esa cifra se incluye un centenar de atentados prescritos y 78 autores materiales que pudieron acogerse a la Ley de Amnistía de 1977. El resultado de todo ello es que el 55,71% de los asesinatos de ETA gozan hasta la fecha de una impunidad de facto.” “¿Cómo puede ser esto posible en un Estado que se dice de Derecho y cómo puede ser que ningún órgano del Estado se escandalice?, se pregunta el autor de “Nación sin ciudadanos: el dilema del Pais Vasco”, y añade: “¿Acaso el Estado considera saldadas sus deudas con las víctimas del terrorismo sobre la base de la reparación económica? De ser así, incurriría en un grave error porque la principal reivindicación de las víctimas del terrorismo -como de toda víctima- es que se haga realidad su derecho efectivo a la justicia. En efecto, los daños que la pasividad y la impunidad ocasionan a las víctimas del terrorismo como consecuencia de las prescripciones propiciadas por la inactividad o por el deficiente funcionamiento de los órganos del Estado, no se reparan con dinero. La única reparación real se deriva de la justicia. De una justicia efectiva. Sin ella, ni existe el Estado de Derecho ni la democracia es tal. Por mucho que a algunos se les llene la boca con tales conceptos.” (5)

En nuestra opinión, el cumplimento puntual de la pena de cárcel impuesta a un terrorista no ha de ser suficiente para garantizar la inmediata reinserción social del mismo. Un fanático no deja de serlo por cumplir una condena y una ideología totalitaria que ha impulsado a alguien a cometer los crímenes más horrendos no se disuelve por arte de magia en la oscuridad o en la amargura de una celda. Por este motivo, el proceso de vuelta a la normalidad de los varios centenares de etarras que permanecen en prisión ha de seguir una ruta manifiestamente definida que, además, debe ser lo suficientemente clara, visible y pública como para que pueda ser tutelada sin ambages por las víctimas del terror y como para que éstas se encuentren en condiciones de testimoniar su aceptación o no de la misma.

En primer lugar, el terrorista ha de buscar activamente su proceso de reinserción, demostrando que su apuesta por reintegrarse nuevamente a la sociedad democrática que una vez humilló y diezmó es radicalmente sincera y que no se trata únicamente de una estrategia para beneficiarse, una vez más, de la generosidad del Estado de Derecho. Consecuentemente, el victimario ha de pedir perdón y rechazar públicamente la violencia (y destacamos esta exigencia de notoriedad), pues el delito de terrorismo por el que se le juzgó y condenó también tuvo dramáticas repercusiones colectivas (macroterrorismo). Además, el delincuente ha de denunciar socialmente el carácter totalitario de la organización terrorista a la que un día perteneció y, para ello, resulta fundamental que la persona que desee reinsertarse colabore activamente con las autoridades, y dentro de sus posibilidades, ayude al esclarecimiento de los cientos de crímenes de la banda terrorista ETA que se encuentran pendientes de resolver.

Conclusión
Tras el cese definitivo de la violencia anunciado por la banda terrorista ETA el pasado 20 de octubre de 2011, existen muy preocupantes indicios, en la sociedad vasca, sobre todo, pero también en una parte importante del resto de la sociedad española, de que se está alentando un empeño tan claro como avieso por pasar página, por olvidar nuestra más reciente historia, por recibir con palmas a los asesinos descarriados que presuntamente regresan a la civilidad y por legitimar un nuevo escenario de convivencia en el que las permanentes reclamaciones de memoria, verdad, justicia y reparación lideradas por la gran mayoría de las víctimas del terrorismo se transmutan en peticiones vacuas y éticamente indecentes que hablan de perdonar a los asesinos, que apelan a “sumar esfuerzos” entre quienes matan y quienes mueren y que exigen “olvidar” a quienes más han padecido la lacra terrorista.

Ante esta situación, las víctimas del terrorismo, y aquí radica el gran valor público de su testimonio, de su relato y de su actividad, han de liderar la defensa de los valores supremos por los que sus familiares fueron asesinados que, sin lugar a dudas, constituyen los cimientos de nuestra democracia y nuestra única esperanza de civilidad. De hecho, son las propias víctimas, a través de organizaciones de las que forman parte, como el Foro contra la Impunidad en el País Vasco, las que han definido claramente su papel presente y futuro: “Nuestra tarea ha de consistir en recordar incansablemente que nuestro sistema de libertades se impone como moralmente superior a los planteamientos totalitarios e integristas de quienes presentan como único mérito el haber dejado, sospechosamente, de apoyar políticamente a los psicópatas que mataron a nuestros familiares. Que no se equivoquen quienes nos prometen ahora un futuro cimentado sobre excarcelaciones de criminales, sobre el obligado olvido de todo lo padecido hasta el momento, sobre una tabula rasa impuesta entre víctimas y verdugos o sobre un liderazgo compartido con quienes tantas veces han jaleado el asesinato de ciudadanos inocentes. Siempre nos tendrán enfrente. Porque las víctimas de ayer, que lo somos ya para siempre, no vamos a consentir de ningún modo que nuestros hijos vayan a ser mañana también víctimas de una paz tan falsa como moralmente indecente.” (6)

Bibliografía
(1) Subijana Zunzunegui, Ignacio José. “La justicia a las víctimas del terrorismo”. Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología. Nº 23. Pag. 79-86.
(2) Idem.

(3) Toffler, Alvin. “Una generación en el poder sin memoria histórica”. Diario “El Mundo”. 4-XII-2003. Pags. 4-5
(4) García Zafra, Inés. Conversaciones con el Dr. Antonio Beristain.
http://criminet.ugr.es/recpc/06/recpc06-c1.pdf

(5) Fernández de Casadevante Romaní, Carlos. “España, espacio de impunidad.”
http://www.covite.org/covite_articulos.php?lang=es&idNoticia=625&idSeccion=3
(6) Foro contra la Impunidad en el País Vasco. “La vergüenza”.

"Territorio Bildu". Conferencia íntegra
Raúl González Zorrilla latribunadelpaisvasco.com 28 Noviembre 2013
15 Octubre 2013

(...) "Bildu destruye el futuro de nuestros hijos alimentándose de una extraña bazofia intelectual que mezcla proterrorismo, ecofascismo, totalitarismo identitario, integrismo ideológico, fanatismo político e irracionalidad" (...)

Buenas tardes:
Después de escribir “Territorio Bildu”, no pocas personas me han preguntado cómo se vive todos los días en la Guipúzcoa sometida al férreo control institucional de los voceros de los terroristas.
Siempre respondo lo mismo: se vive, en general y aparentemente, como en otros lugares de España y, en algunos casos, algo mejor.

Es un hecho que el País Vasco ha resistido mejor que otras comunidades el tifón de la crisis y no hay que olvidar que, por ejemplo, Euskadi concentra, gracias a los recursos económicos que le otorga un privilegiado Concierto Económico, el 40% de las ayudas sociales de todo tipo que se conceden en España.

Desde luego, en el caso de Guipúzcoa no son las desigualdades económicas las que impulsan a miles de ciudadanos a justificar, apoyar, comprender, entender y/o alentar a los terroristas.
Más bien al contrario, en el caso guipuzcoano, es más que posible que la exuberancia de recursos materiales haya actuado, a lo largo de las últimas décadas, como un poderoso agente de narcotización de los valores y de las conciencias.

Y es que, en el fondo y en la forma, la Guipúzcoa bildutarra es, fundamentalmente, una sociedad éticamente purulenta pero consentida hasta la indignidad; una sociedad que no duda en colocar a un puñado de filoterroristas al frente de sus principales instituciones mientras se llena el estómago de “kokotxas” y cava mirando embobada las regatas en la bahía de La Concha. Traineras que luego se reciben en puerto, alegremente, con jolgorio y ondear de pancartas proetarras.

Indudablemente, el hecho de que en las últimas elecciones el 35% de los guipuzcoanos haya apoyado directamente a una formación nacida de la banda terrorista ETA, deja una huella sutil, pero profunda e intensa, en el territorio.

Existe, sin duda, un “estilo Bildu”, tanto ético como estético, que es el que impone una gran masa de la población que desprecia a la autoridad democrática, que se apunta a todo tipo de posturas radicales y que abandera, más bien impone, los mas absurdos irracionalismos.

Os lo dice un guipuzcoano nacido en Pasajes Ancho, una de las localidades guipuzcoanas con mayor impronta Bildu. Una localidad que, por otro lado, también conoce muy bien mi compañero aquí presente, Jovino Fernández.
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Para los demócratas vascos, recorrer la Guipúzcoa de Bildu, y especialmente San Sebastián, hoy también gobernada por individuos directamente ligados a la banda terrorista ETA, es un ejercicio íntimamente doloroso.

A pesar de la vista permanente de La Concha, a pesar de los pintxos magníficos elaborados por cocineros siempre mudos ante ETA y su entorno, y a pesar de la belleza de una bahía privilegiada que a muchos siempre nos parece demasiado triste.

Cuando recorremos las calles guipuzcoanas, algunos ciudadanos no podemos evitar fijarnos en esquinas inocentes, en plazas ocultas, en parques discretos o en algunos portales circunspectos.
Y es que, para no pocos de nosotros, muchos de estos lugares son como marcas clavadas en la memoria que nos recuerdan inequívocamente la huella de la infamia. Aquí asesinaron a un policía nacional cuyo cadáver solitario fue expuesto durante horas a los fotógrafos de prensa; en aquella callejuela los terroristas acribillaron a tiros a un joven al que posteriormente acusaron de ser un confidente de la Guardia Civil; en este jardín umbrío perdió las piernas un niño de ocho años al estallar la bomba que los criminales habían colocado en el vehículo de su padre militar…
… Pero lo peor de todo es que nos acordamos de todo esto, y luego vemos, y padecemos, a un proetarra como Martin Garitano, que lleva cincuenta años justificando, comprendiendo y entendiendo todos y cada uno de los atentados de ETA, al frente de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
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“En Guipúzcoa, hay un freno a todo”, decía hace unos días el presidente de los empresarios de la provincia. Y no le falta razón porque desde que Bildu llegó al poder, se han interrumpido drásticamente más de 22 proyectos infraestructurales y económicos de gran valor estratégico. No volverán a ponerse en marcha. Al menos, no lo harán a corto plazo.

Y es que Martin Garitano y sus secuaces de Bildu se dedican a descuartizar el futuro de nuestros hijos alimentándose de una extraña bazofia intelectual que mezcla proterrorismo militante, ecofascismo, totalitarismo identitario, integrismo ideológico, fanatismo político, maquinismo e irracionalidad, y que, en el fondo, lo único que demuestra es un odio visceral a nuestro sistema de libertades y a los valores éticos que conforman las sociedades occidentales.

En este punto, si me lo permitís, quisiera recordar algo que para muchos de nosotros puede resultar obvio, pero que en la Guipúzcoa de Bildu no lo es tanto.

La superioridad de nuestro sistema democrático de convivencia se asienta sobre el hecho de que los ciudadanos, cuando salen todos los días de su casa, saben que su quehacer cotidiano va a estar amparado por un puñado de certezas elementales.

Por ejemplo, que los delincuentes van a ser detenidos y puestos a disposición de las fuerzas de seguridad; que la violencia no se legitima como un método de participación social; que un mismo idioma ha de servir para comunicarse en el territorio común del Estado; que el derecho a una educación pública en condiciones no puede depender de los caprichos legislativos de cada autonomía; o que la construcción de las grandes infraestructuras no puede estar sujeta al albur de las decisiones de un puñado indecente de grupúsculos extremistas.

Que, en definitiva, un diputado general no puede lanzar vítores a los etarras, que no es posible que el máximo representante de un territorio actúe como un obsceno piquetero de las instituciones que representa y que no se puede pretender gobernar nada cuestionando grosera y permanentemente todo aquello que permite que los ciudadanos se desarrollen, civilizadamente, como tales.

En este sentido, los gobiernos de Bildu han superado nuestros temores más pesimistas. Bildu, al intentar plegar su agenda de gobierno a las demandas incongruentes de los terroristas, de los amigos de los terroristas, de los independentistas más ariscos, de los ecotalibanes más absurdos y de los sectores sociales más radicales y populistas, ha roto indecentemente con todos los principios sobre los que se ha asentado la modernidad y el progreso occidental a lo largo de los últimos siglos. Y nos está abocando a padecer una realidad hedionda en la que los terroristas son alabados como líderes del futuro, en la que los demócratas son expulsados al gueto misterioso de la extrema derecha y en la que, en el colmo de las vilezas, las víctimas del terrorismo son consideradas como peligrosos elementos de intolerancia y crispación.
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Los territorios Bildu tienen una querencia abracadabrante para sumarse a todas aquellas corrientes políticas, sociales y culturales que defienden los postulados más irracionales, las ideas más retrógradas y las creencias más aberrantes.

De hecho, la masa sociológica mayoritaria que en Guipúzcoa apoya a los proetarras de Bildu es la misma que, basándose en el fundamentalismo ideológico más reaccionario, se muestra activamente contraria a: los trenes de alta velocidad, los puertos de mercancías, los aeropuertos, las incineradoras, los vertederos, las redes wifi, las antenas de telefonía móvil, las líneas de alta tensión, las centrales nucleares, las bases logísticas de transporte, las autopistas, los metros urbanos, los paseos costeros, las actividades económicas de corte internacional (siempre que éstas no sirvan para financiar a la autodenominada "izquierda abertzale") y, por supuesto, a todo aquello que "amenace" con expandir un desarrollo social, económico y cultural de corte "capitalista". Este capitalista siempre escrito con “K”.

Es tan intelectualmente insultante y tan vejatoria para el sentido común esta constante proclama a favor de la ruralización y el infradesarrollo, que Guipúzcoa es el único rincón de Europa en el que, a lo largo de este año, han aumentado de forma alarmante los enfermos de sarampión (21 brotes después de una década sin ningún caso).

La razón: cada vez más parejas jóvenes guipuzconas se están negando a vacunar a sus hijos contra esta enfermedad infecciosa por su rechazo casi criminal a este tipo de protecciones médicas y por su creencia fanática en que las campañas de vacunación promovidas por todos los países avanzados son una estrategia de las compañías farmacéuticas, en colaboración con la OMS (Organización Mundial de la Salud), para obtener beneficios económicos.

El nacionalismo radical, asociado al totalitarismo terrorista, es un sentimiento emponzoñado, una creencia mítica, una ensoñación ensangrentada y una pasión purulenta. Nada tiene que ver con la razón y, por ello, para sus militantes, todo aquello que tenga que ver con la racionalidad, la civilidad, el progreso y el desarrollo, les resulta tan odioso como ajeno. Por eso aborrecen de la democracia y de la modernidad y de todo aquello que estos valores representan.
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Todo esto tiene sus consecuencias. Así que, poco a poco, los turistas dejan de llegar a San Sebastián, o llegan menos; los mejores comercios cierran sus puertas, o se marchan a Pamplona; las grandes marcas que despiertan ilusiones y movimiento callejero y decenas de puestos de trabajo, ni se molestan en introducir a la ciudad en sus planes de expansión; de las empresas importantes, innovadoras de verdad, mejor ni hablar; y de las infraestructuras que serán mañana claves para nuestros hijos, de las inversiones importantes para crear riqueza y de las redes de comunicación que han de unirnos al mundo, nadie parece tener ningún dato. Los proetarras al mando de las instituciones locales están muy ocupados deteniendo, cuestionando, paralizando, desmontando, desarticulando y anulando todo lo que un día podría hacernos mejores.
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Ya termino. Y quiero hacerlo diciendo que, al final, en mi opinión, el Territorio Bildu es, sobre todo, un estado de ánimo y una tentación.

Es un estado de ánimo porque es un sentir doloroso, una sensación de repugnancia, una repulsión ética que provoca un etéreo pero persistente malestar físico y social que te lleva a aislarte y a encerrarte en la familia y en lo que tienes más cerca.

Y es una tentación porque el impulso del exilio es, en ocasiones, muy fuerte. De hecho, expuestos un día sí y otro también a la exhibición obscena de los terroristas y de quienes durante décadas han sido sus más fieles servidores, no pocos claudican y se marchan.

Otros, los más, optan por encerrarse en sus espacios privados a sabiendas de que lo mejor, lo más sublime a lo que pueden optar en el País Vasco de Bildu, es a protegerse, y a proteger a sus hijos, de un ambiente cruel de verdugos santificados, de malhechores adulados, de indolentes con los brazos cruzados, de caos moral y de escoria ideológica.

Y en ello estamos. Con la ayuda de todos vosotros.
Muchas gracias.

España
La «kale borroka» rebrota con cinco ataques en tres días
J. M. Zuloaga . Bilbao. La Razón 28 Noviembre 2013

El rebrote del terrorismo callejero, conocido como «kale borroka», con cinco acciones criminales desde la madrugada del domingo al lunes, cuatro en la provincia de Vizcaya y otra en la de Álava, está «justificada», al menos de cara a la galería, por la situación de los presos de la cárcel de Sevilla II, en Morón de la Frontera, que mantienen una supuesta huelga de hambre desde hace casi un mes. En los lugares en los que han actuado los proetarras han aparecido pasquines a favor de los reclusos. Las razones de fondo, sin embargo, son otras.

Un grupo de encapuchados quemó ayer varios contenedores en el barrio bilbaíno de Santuchu. El ataque provocó un gran fuego que alcanzó los primeros pisos de los edificios más próximos. El martes, el ataque de los proetarras buscó, asimismo, la espectacularidad, ya que cuatro encapuchados cortaron, también en la capital vizcaína, una carretera en el barrio de Recalde con una barricada de fuego, en un hecho que causó gran alarma ya que hacía mucho tiempo que no ocurrían cosas como ésta. A ello, hay que unir pintadas a favor de ETA en la estación de Algorta; lanzamiento de pintura contra la sede del PP en Guecho; y, en la madrugada del domingo al lunes, el corte de una catenaria de la línea ferroviaria de Renfe en la localidad alavesa de Araia.

Fuentes antiterroristas, consultadas por LA RAZÓN, señalan que la «kale borroka» se ha reorganizado y ha recibido la orden de actuar, (si es que alguna vez llegó a disolverse, algo que nadie se ha creído). Tiene, al menos, dos grupos en Vizcaya y Álava, aunque no se descarta que haya otros en Guipúzcoa y Navarra.

Estas actuaciones criminales, como la misma huelga de hambre, tienen un trasfondo de mucho calado. Es, según las citadas fuentes, la primera expresión seria de los que, dentro del mundo de ETA, discrepan de la política actual de la «izquierda abertzale» legalizada (Bildu, Amaiur y Sortu). La figura más representativa de este sector es Juan Lasa, «Txikierdi», uno de los presos de Sevilla II, un individuo con tal autoridad dentro del conjunto de ETA y su entramado que dimitió como portavoz del «colectivo» de los presos, y nadie se atrevió a decirle nada.

Para promoción de "la identidad" comarcal
'El Periódico de Catalunya' se lleva otros 710.000 euros más de la Generalidad
Homs insertará 18 secciones de tres páginas en las próximas semanas en el diario del Grupo Zeta
Periodista Digital. 28 Noviembre 2013

Un OJD catastrófico para el papel: ABC (-14%), El Mundo (-12%) y El País (-11%)
OJD: Los diarios catalanes son los que más caen de todos los regionales

Hace unos días, la Generalitat firmó un contrato similar con Ara

El departamento de la Presidencia de la Generalidad acaba de adjudicar un contrato por valor de 710.000 euros (859.100 contando el IVA) a la empresa Focus Media para insertar "secciones" en El Periódico de Catalunya, tanto en su versión en papel como en la digital.

De esta manera, la Generalidad publica en el diario del Grupo Zeta secciones "sobre la actualidad y la identidad de cada una de las comarcas catalanas", una política mediática en la misma línea que afectó hace unos días al diario Ara (en este caso por 300.000 euros).

Hace unos meses, 1,3 millones de euros
En el pliego de prescripciones técnicas, el departamento, que está en manos de Francesc Homs (CiU), concreta que el objetivo de estas inserciones es la de "contribuir al conocimiento de la realidad comarcal más allá de su ámbito territorial ofreciendo una radiografía actual desde todos los ámbitos y puntos de vista".

En este sentido, se concreta que se insertarán, como mínimo, 18 secciones, y que estas tendrán una extensión de tres páginas. El contrato obliga a que estas se publiquen en las próximas nueves semanas.

Estas cifras económicas, además, se suman a las que se anunciaron públicamente el pasado mes de junio. Entonces, solo La Vanguardia, El Periódico, El Punt Avui y Ara se repartieron una ronda de anuncios institucionales de la Generalidad por un valor total de 1.306.800 euros (IVA incluido), a través de Media Planning Group.

El premio del PP a Grande-Marlaska abre otro frente con las víctimas
El Semanal Digital 28 Noviembre 2013

Sabían que si accedían a que el juez de la Audiencia Nacional ascendiera a vocal del CGPJ iban a tener problemas. Cospedal lleva un mes para reunirse con Pedraza y aún no lo ha hecho.

La decepción de las víctimas de ETA con Fernando Grande-Marlaska por la aplicación de la doctrina Parot no ha sido óbice para que el magistrado de la Audiencia Nacional sea elegido vocal del CGPJ a propuesta del PP.

El Semanal Digital ya contó hace dos semanas que el partido estaba en una encrucijada, porque aceptar la candidatura del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para el CGPJ suponía abrir un nuevo frente con asociaciones como la AVT y Covite. Por si la situación no estaba ya lo suficientemente tensa.

Éstas consideran a Grande-Marlaska principal responsable de que la Audiencia Nacional decidiera con tanta premura sobre varias excarcelaciones de etarras. Ángeles Pedraza llegó incluso a pedir al Ministerio del Interior a través de Twitter que le quitara la escolta a él y a otros jueces, "ya que si sueltan a los terroristas es que no hay peligro".

La lista de 12 vocales que faltaban para completar el nuevo órgano de gobierno de los jueces quedó cerrada este lunes por la tarde después de muchas conversaciones entre populares y socialistas al más alto nivel. Incluidas entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba.

Junto con Grande-Marlaska serán vocales Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart Pérez, Juan Martínez Moya, Clara Martínez, Rafael Mozo, Francisco Gerardo Martínez Tristán, Wenceslao Francisco Olea Godoy, Juan Manuel Fernández Martínez, Roser Bach, Victoria Cinto y María del Mar Cabrejas.

Habrá que esperar para conocer la reacción de las víctimas. Por lo pronto, valga un dato para atestiguar que la relación entre Génova 13 y Pedraza no pasa por su mejor momento: hace un mes María Dolores de Cospedal anunció que se reuniría con ella. A día de hoy aún no lo ha hecho. Según el entorno de la secretaria general de los populares, consultado por este periódico, es "una cuestión de agendas".

La lista de los indeseables
Inés Arrimadas www.cronicaglobal.com  28 Noviembre 2013

Martes, 27 de noviembre de 2013. Son las 21:15 horas. Después de una hora sin mirar el móvil, veo un sinfín de llamadas -con sus correspondientes mensajes de voz-, tuits y whatsapps que hablan de una "lista". Un mensaje, en concreto, me desconcierta definitivamente: "¿Sabes ya que estás en la lista de indeseables del CAC?".

Extrañada, me sumerjo en el mundo virtual para intentar comprender qué está pasando. No tardo mucho en hacerlo: el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) ha elaborado, después de analizar diferentes programas de televisiones de ámbito nacional, un informe donde (resumiendo) recoge lo que a su entender son muestras intolerables de fomento del odio, menosprecio y discriminación ante aspectos que afectan a Cataluña. Y, ¡sorpresa!, yo estoy incluida.

Dicho informe (conociendo a la entidad que lo ha elaborado) daría para hacer una película de enredo de cine mudo

Solo el título de dicho informe (conociendo a la entidad que lo ha elaborado) daría para hacer una película de enredo de cine mudo. Ya sé que es largo pero animo a leerlo entero, ya que no tiene desperdicio; el título dice así: Informe sobre la difusión de contenidos donde se comparan planteamientos democráticos con movimientos totalitarios o se hace apología del uso de la violencia ante estos planteamientos.

Traduzco para los no iniciados en el lenguaje del separatismo: los "planteamientos democráticos" a los que hace referencia son el referéndum (la mal llamada consulta) y/o la independencia de Cataluña. Este informe señala a periodistas y tertulianos con nombres y apellidos y recoge transcripciones literales de algunas de sus intervenciones en los medios de comunicación.

Efectivamente, en una de sus 94 páginas, se me identifica ("Inés Arrimadas, Diputada del Parlament de Catalunya per Ciutadans") y se recoge una declaración mía donde denuncio las multas lingüísticas existentes en Cataluña por no rotular los comercios en catalán y me refiero a ellas como "persecución". Por cierto, lo dije en su momento y lo vuelvo a decir ahora; y lo seguiré diciendo hasta que se eliminen.

Detalle del informe del CAC en el que aparece citada Inés Arrimadas

A raíz de este informe, el Gobierno de la Generalidad anuncia "acciones legales y políticas" puesto que considera que se está fomentando "el odio, el menosprecio o la discriminación por motivos de nacionalidad" (traduzco: cuando dicen nacionalidad se refieren a ser catalán). Los mismos que repiten: "España nos roba", los mismos que hacen carteles con: "La España subsidiada vive a costa de la Cataluña productiva", los que se refieren a España como: "Estado opresor", o hablan del "maltrato" a Cataluña. Los que están enfrentando a los catalanes entre sí y a estos con el resto de españoles. Estos mismos son los que se atreven a encargar un informe sobre contenidos que fomentan el odio.

Lo más escalofriante es que en Cataluña estas cosas parecen normales. Un hecho que podría ser portada en cualquier país serio, pasa completamente desapercibido

Y, ¿qué decir del CAC? Órgano politizado donde los haya. Dirigido por personas puestas a dedo por los partidos políticos y que se dedica a controlar lo que se dice en televisiones privadas nacionales pero que jamás ha reprobado a los medios públicos de Cataluña (sobre los que sí tiene competencia) por difundir durante décadas un estudiado planteamiento de "Cataluña no es España", "España nos roba" o "España nos maltrata". Solo hay que recordar algunas preguntas de Els Matins de TV3 para que voten los espectadores (ejemplos reales): "¿Cataluña es objeto de expolio fiscal?", "¿Considera que el Gobierno español ahoga a Cataluña?" o "¿Considera que España expolia a Cataluña?".

O de la falta de pluralidad de las tertulias políticas, en las que la diversidad ideológica (como bien dice Jordi Cañas) se basa en tener representadas a las corrientes independentista, separatista, soberanista y secesionista. Más allá que no comparto muchas de las declaraciones recogidas en dicho informe, es vergonzoso que el CAC comience por denunciarlas, mientras calla ante los múltiples insultos de "facha" o "fascista" dirigidos a las personas que defienden el cumplimiento de la ley democrática y el respecto a la Constitución.

A pesar de ello, este nuevo informe del CAC ha logrado asombrarme. ¿Qué será lo próximo? ¿A dónde piensan llegar? Pero lo más grave de todo: he recibido llamadas de medios de comunicación a nivel nacional, el apoyo de muchas personas escandalizadas desde otros puntos de España, etc., pero, ¿en Cataluña? Silencio. Lo más escalofriante es que en Cataluña estas cosas parecen normales. Un hecho que podría ser portada en cualquier país serio, pasa completamente desapercibido.

Jueves, 28 de noviembre de 2013. 8:30 horas. En Ciudadanos seguimos trabajando. Y con un poco más de fuerzas que ayer. Queda mucho por hacer.

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