AGLI Recortes de Prensa   Viernes 6 Diciembre 2013

Los partidos, esa pesadilla
José Luis González Quirós www.gaceta.es 6 Diciembre 2013

Nuestros partidos pueden actuar con impunidad porque no tienen que rendir cuentas ante nadie.

Menudean las acusaciones a los partidos y a sus vicios de funcionamiento, y abunda el deseo de cambiar el panorama político. Una vez más, el CIS vuelve a mostrar que los españoles temen al paro y a la crisis, pero no menos a la corrupción y a los políticos. Esto tiene que cambiar, necesariamente, porque de no cambiar sería la democracia misma la que estuviese en peligro.

Que los partidos no respetan ni siquiera un mínimo de democracia interna es un secreto a voces, de forma que parece razonable suponer que cualquier fuerza política que apostase por tomarse en serio el mandato constitucional tendría un enorme atractivo para los electores. Si no lo hacen es por una mezcla de miedo al resultado, de comodidad y de falta de exigencia por parte de los electores, pero también porque la corrupción lo impide. El problema no es que no exista corrupción, eso pasa en todas partes. Nuestro problema es que los partidos se dediquen a negarla, y que sus militantes y dirigentes, muchos de ellos personas perfectamente dignas, prefieran pasar por sinvergüenzas, o amigos de quienes lo son, en lugar de oponerse decididamente a que su partido actúe de encubridor y defensor a ultranza de los numerosos corruptos y corruptores que se esconden en la bien tupida red de su organización.

Esto último es lo realmente insólito. Cuando un dirigente conservador inglés, o un demócrata norteamericano, es acusado de conducta indigna son sus propios compañeros los más interesados en aclarar el caso, porque no quieren ser cómplices de ningún delito. Aquí, tanto la izquierda como la derecha han escogido el camino contrario, el disimulo, la negación, la colaboración con los corruptos. Esto es lo que tendría que cambiar y hacerlo urgentemente.
¿Cómo es posible que esas conductas se den y se vean premiadas? La razón está en que los partidos han hecho suya la moral de las mafias, la solidaridad en el engaño y la mentira, la hipocresía de afirmar una cosa y hacer la contraria, o el cinismo puro.

¿Acabaría esto con la democracia interna? Sería relativamente fácil hacerlo, porque la democracia trae consigo trasparencia y la petición de que se rindan cuentas. En la actualidad, nuestros partidos pueden actuar con impunidad porque no tienen que rendir cuentas ante nadie, sólo ante los electores, pero los electores no están en condiciones de ocuparse de la vida interna de los partidos y, equivocadamente, miran para otra parte cuando surgen los escándalos, suponiendo que los míos siempre serán mejores que los otros. Gravísimo error que acentúa el problema, porque los corruptos, al sentirse impunes, por encima de la ley y de la opinión, acentúan sus tropelías y eso, a través de mecanismos no demasiado difíciles de comprender, lo acabamos pagando todos con más y más subidas de impuestos. No sé si me explico.

Políticos y jueces
editorial El Correo 6 Diciembre 2013

Los hechos apuntan a que los partidos no colaboran con la Justicia sino que tratan de neutralizarla

La sucesión de procedimientos judiciales y condenas por graves irregularidades en el desempeño de cargos públicos viene a demostrar que la política no ha sido capaz de prevenir la corrupción en su seno; ni las instituciones ni los partidos han querido depurar responsabilidades. Toda una invitación a los corruptores. El patrón ha sido común a la actuación de las formaciones en tareas de gobierno: negar la existencia del cohecho a sabiendas de que resulta siempre difícil demostrarla, derivar las acusaciones hacia el supuesto de algún despiste administrativo, eludir las sospechas de financiación irregular del propio partido y encomendarse de manera ritual a lo que resuelva la Justicia. La convicción de que los costes de aferrarse a la presunción de inocencia en medio del escándalo son más llevaderos que las consecuencias de admitir, sencillamente, que hay algo impropio en tal o cual conducta se ha convertido en un criterio común para la 'gestión de crisis'. Aunque es la segunda recomendación de ese perverso manual la que no acaba de interpretar acertadamente la clase política: no mentir nunca. A lo sumo se deslizan medias verdades o argumentos que han pasado a los anales del desconcierto en unos casos y del descaro en otros.

En todos esos procedimientos la política tiende a poner a prueba a jueces y tribunales, desafiándolos a esclarecer hechos que ella dice desconocer, mientras espera que su repercusión mediática vaya a menos o que llegue la fecha de prescripción de los supuestos delitos. No es verdad que la política colabore con la Justicia. Más bien emplea las dificultades que ella misma procura a jueces y tribunales como subterfugio para alegar que el mal de la corrupción no existe mientras no se dicte una condena en firme.

De modo que cuando tal sentencia se produce los políticos con poder en ese momento pueden desentenderse fácilmente del dedo acusador. Ni las medidas de transparencia institucionales ni los códigos éticos de las distintas formaciones han querido afrontar la persistencia de la corrupción, que socava la propia credibilidad de la democracia representativa. Las componendas para la designación de los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial revelan la supremacía en la que se atrinchera la política cuando más cuestionada se encuentra.

Políticos cada vez más tontos
Enrique Arias Vega www.elsemanaldigital.com 6 Diciembre 2013

La corrupción y -consiguientemente- los políticos vuelven a estar entre las principales preocupaciones de los españoles. Lo peor, para mí, no es eso, sino que nuestros políticos son cada vez más tontos y están menos preparados. Me explicaré. La clase política ha estado compuesta, hasta hace poco, por unos individuos arrogantes y prepotentes, que han usado muchas veces los dineros públicos como si fuesen suyos. Pero ahora, con la mala fama que han adquirido y con la incipiente perdida de inmunidad de sus conductas -hasta resultan acosados en la calle a la primera de cambio-, los más preparados de ellos se pasan a la actividad privada.

No es de extrañar porque, contrariamente a lo que se cree, los políticos cobran poco: de ahí su tentación de enriquecerse con contratas administrativas y otras triquiñuelas varias que propicia su acceso a los Presupuestos públicos. Ya me dirán, si no: ¿Acaso son un buen sueldo los 70.000 euros anuales que percibe el presidente del Gobierno? Al contrario: acaba de hacerse público que más de cien banqueros españoles cobran al menos un millón de euros por hacer las barrabasadas que hacen. Ante semejante contradicción, los políticos más listos, insisto, acaban pasando a la empresa privada. Y no doy nombres porque están en la mente de todos.

O sea, que al frente de la cosa pública quedan, lamentablemente, los más tontos, que se aferran además a su cargo como si les fuese -que les va- la vida en ello. De ahí que no prospere la necesaria -y económica- fusión de municipios. Y que en los dos únicos pueblos en que se ha realizado el alcalde resultante se haya doblado el sueldo. Puestos a cobrar por su cargo, se ha sabido que lo hace hasta la alcaldesa de un pueblecito salmantino de cincuenta y tantos vecinos.

A eso mismo se debe la numantina resistencia a reducir el número de diputados autonómicos o a suprimir las diputaciones. El argumento de que a menos cargos hay menos democracia es un sarcasmo que habla por sí solo de la capacidad intelectual de quienes lo formulan. Su caso es como el de aquel candidato a presidente de los Estados Unidos que, apartado de la carrera presidencial, decía en una película: "¿Y ahora a qué me dedicaré, porque yo no sé hacer nada de nada?".

Pues eso.

Buen aniversario
Kiko Méndez-Monasterio www.gaceta.es 6 Diciembre 2013

Hoy a la Constitución le han preparado dos tartas con recetas casi antagónicas.

Hay una canción magnífica de Charles Aznavour que cuenta un aniversario en el que todo sale mal, como si fuera el guateque de Peter Sellers pero en versión musical y dramática, porque Aznavour te hace llorar por cualquier cosa. Cuenta –canta– que están preparándose para la velada del primer año de casados, pero que el tinte se retrasa y no traen el vestido de ella, toda una tragedia para el mundo femenino –porque la canción se escribió en ese tiempo en el que se podía decir que existía un mundo femenino–. Y llega por fin el traje, pero la alegría sólo dura un momento porque la cremallera no cierra, y ella solloza desconsolada, convencida de que el mundo entero se ha conjurado para destrozarle su día. Lo peor es que el tipo trata de ayudar, y por supuesto acaba rompiendo el cierre, porque Aznavour debía ser mucho más experimentado en la operación inversa, o sea la de desabrochar. Así que por su culpa no llegan a la ópera, y en fin, que el plan romántico resulta un desastre que el estribillo lamenta a cada paso: buen aniversario.

Hoy al cumpleaños de la Constitución le han preparado dos tartas con recetas casi antagónicas. Una para que la disfrute el establishment, que acude con sus mejores galas para celebrar lo bien que viven, gracias a esos 169 artículos bien conjugados. Es casi como la cena de Navidad de los directivos de la empresa. Sin embargo el otro es un pastel de pobres, sin levadura, porque más que una fiesta es una especie de comunión callejera. Allí, a la intemperie –donde el poder político las ha dejado–, se concentrarán las víctimas y quienes quieran acompañarlas, es decir, los que se han dejado la sangre con la que se ha pagado el banquete oficial. Si comparas las dos celebraciones oyendo a la vez la canción de Aznavour, o te echas al monte o rompes a llorar con desconsuelo.

No muy lejos de la plaza donde está convocada esa reunión –heredera de la rebelión cívica de hace unos años–, está ese cubo extraño que homenajea a la Constitución del 78. Sospecho que en el futuro, cuando España acabe su segunda transición, vendrán por la noche y lo arrancarán, porque eso es lo que hacemos los españoles con los símbolos, ponerlos y quitarlos como si así cambiásemos la Historia. En el Congreso de los Diputados, por ejemplo, se exhibe la Carta Magna abierta por su última página, para que los visitantes no comprueben que el escudo que aparece en la portada es el del régimen anterior, toda una prueba de paternidad. Quizá es para que no lo vea Oyarzábal, que como se dé cuenta de que la Constitución está ilustrada con un águila la tira a la basura, y encarga el dibujo de una palomita blanca.

Bien, hablemos de la Constitución en serio
Roberto L. Blanco Valdés La Voz 6 Diciembre 2013

País peculiar donde los haya, España parece estar hoy dividida, cuando se cumple el 35 aniversario de su Constitución, entre quienes creen que es urgente reformarla y quienes opinan todo lo contrario.

Si a mí, que tengo a la Constitución por profesión, me preguntaran al respecto, no sabría qué decir y mi respuesta a bote pronto sería esa que, según una leyenda que es ya un prejuicio popular, se nos suele atribuir a los gallegos: pues depende.

Depende, sí, porque la razón que cabalmente justificaría meterse en la operación siempre compleja y arriesgada de reformar a fondo la Constitución no puede ser la memez de que tiene muchos años (la norteamericana es de 1787, la canadiense de 1867, la italiana de 1947 y la alemana de 1949) sino que la reforma es necesaria para mejorar el funcionamiento del país: ese ha sido el motivo que ha llevado a modificar, en bastantes ocasiones, todas las Constituciones anteriores. Por eso, la pregunta sobre si debe o no reformarse la Constitución solo puede plantearse en concreto, es decir, aclarando qué es lo que habría que cambiar.

Yo soy, por ejemplo, firme partidario de una reforma que mejore nuestra descentralización, estabilizando el sistema de reparto competencial, estableciendo mecanismos eficaces de cooperación política entre el Estado y las comunidades y de coordinación administrativa, suprimiendo el Senado y cerrando de una vez por todas un modelo territorial que no puede permanecer indefinidamente abierto. Pero, por los mismos motivos, soy radicalmente contrario a una reforma que estableciese un sistema autonómico asimétrico en beneficio del País Vasco y Cataluña y que atribuyese a la segunda el privilegio del cupo del que ya disfruta la primera. Sería buena cosa, por eso, que cuando el PSOE propone una reforma constitucional para acomodar a Cataluña (ya el verbo es pintoresco) nos dijera si habla de lo segundo o lo primero.

Y es que el problema de fondo de cualquier reforma de la Constitución es el de si, después de haberla culminado, ha mejorado o ha empeorado el consenso respecto de la misma.

Ninguno de los grandes y graves problemas que tenemos en España, salvo el territorial, se solucionará mediante una reforma de la Constitución. Pero el ambiente político crispado en que vive nuestra clase política podría hacerse sencillamente insoportable si mañana nos embarcáramos en una reforma constitucional que, aun logrando el indispensable acuerdo del PSOE y el PP, dejase fuera a dos fuerzas esenciales -los comunistas y los nacionalistas catalanes- que apoyaron el consenso de 1978. Y viendo las posiciones en las que están hoy CiU e IU no soy capaz de imaginar una reforma que pudiera contentarlos a ellos y al PSOE y al PP. Ese, y no otro, es el auténtico problema.

? La constitución ¿ No, gracias
Nota del Editor 6 Diciembre 2013

La constitución española se escribió en una merienda de negros, se aprobó por la fuerza de los intereses de los profesionales de la política, es un texto absolutamente irracional, su cumplimiento depende de quien deba surfirlo, y su interpretación depende de los profesionales de la política.

Un texto irracional, largo no admite modificación. Es imposible poner de acuerdo a 45 millones de personas (ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta clases) en tantas cosas.

La constitución debería caber en una página, menos de cinco puntos. Y los dos primeros deberían ser:

El español es el idioma de España.
La eficacia del Estado Español es promordial para los españoles.

Vigencia de la Constitución
Editorial La Razón 6 Diciembre 2013

Nunca como ahora, cuando se cumplen 35 años desde su aprobación en referéndum, se había cuestionado desde tan diversos sectores la vigencia de la Constitución española, hasta el punto de que empieza a ser un lugar común la especie de que ha llegado el momento de abordar su gran reforma. Nada más erróneo. En su mayor parte, las dudas suscitadas en torno a nuestra Carta Magna responden a la insistente campaña de los nacionalismos y a la inexplicable actitud de la izquierda frente al desafío separatista. Por fortuna, los padres constituyentes establecieron con claridad las reglas del juego, convirtiendo en quimera política cualquier proceso de reforma que no cuente con, al menos, la aquiescencia de los dos grandes partidos y el respaldo directo en las urnas de la gran mayoría de los ciudadanos. Estas salvaguardas no sólo respondían a la experiencia constitucionalista española, pródiga en fracasos, sino, también, a la decidida voluntad ciudadana de pasar página a medio siglo de divisiones fratricidas con un proyecto común de convivencia. Fue un proyecto coronado por un éxito incontestable.

Al amparo de esta Constitución se ha producido la mayor transformación política, social y económica de la historia reciente de España. Bajo su inspiración, se ha conformado una de las democracias más avanzadas de Europa. Nunca antes se había ordenado con igual acierto la convivencia en paz y libertad. Nunca antes, en suma, el edificio institucional del Estado, coronado por la Monarquía parlamentaria, había respondido con tanta fidelidad a los designios de la soberanía popular.

De ahí que sea, simplemente, inveraz la afirmación de que nuestra Carta Magna se ha quedado obsoleta y no responde a las necesidades del momento presente. Todo lo contrario. Es en estos momentos de turbulencias y tensiones territoriales, en estos momentos de crisis económica y social, cuando se demuestra la gran virtualidad de nuestro modelo constitucional y su absoluta vigencia. Porque, en definitiva, el cumplimiento de la Constitución no es más que el respeto a las leyes que nos hemos dado todos los españoles. La Carta Magna goza, pues, de excelente salud, sin que se precisen en el horizonte perentorios cambios que, en cualquier caso, deberían responder a los principios que la inspiran: que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y que el Estado se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Cualquier pretensión de modificar su letra o su espíritu por la puerta de atrás, como se intentó con las reformas de los estatutos de autonomía en la última legislatura socialista, debe ser rechazada sin contemplaciones. Es mucho lo que hemos ganado en estos 35 años y mucho lo que podemos perder.

Vigencia del atropello
Nota del Editor 6 Diciembre 2013

Estos de La Razón deberían cambiar de nombre y denominarse PranPran, Panfleto Popular. Ni las huestes de Mariano I El Indescriptible se atreven en sus momentos de máxima locura soltar tantas estupideces, memeces y mentiras. Al jefe de las huestes populares lo denomino El indescriptible, porque no hay ser humano capaz de describir tal cosa indescriptible y si empleara otras palabras descriptibles podría tener problemas legales también descriptibles.

Vigencia de la Constitución
Editorial www.gaceta.es 6 Diciembre 2013

Desde hace más de diez años, la Constitución española de 1978 viene siendo sometida a enormes tensiones y a un trato desleal de quienes se lo deben todo. En efecto, la izquierda bajo la batuta de Rodríguez Zapatero, quien la interpretaba como una transacción espuria entre la democracia y los poderes residuales, la puso en almoneda, y facilitó los ataques de los nacionalistas que, tras utilizarla para hacerse con el poder y reducir a caricatura la libertad política, pretenden destruir la Constitución desde dentro, para abandonar a la España de todos a la vera del camino, como un residuo inasumible e incomprensible del pasado.

Una Constitución que consiguió acabar con la oposición radical de las dos Españas, que fue muy generosa con todos, también con los que muy pronto iban a dar muestras evidentes de deslealtad, merece respeto, vigencia y acatamiento. La responsabilidad de las instituciones que han jurado respetarla, desde la Monarquía hasta los representantes políticos, es máxima, y obliga a todas a hacer un esfuerzo por defenderla y por restaurar el espíritu de concordia civil que le dio luz y la hizo viable y admirable.

Deberíamos aplicarnos el prudente dicho ignaciano que establece que en tiempos de tribulación no son oportunas las mudanzas. No es que la Constitución sea un texto sagrado o inviolable, que no lo es, pero estamos en momentos en que las urgencias de todo tipo, algunas realmente graves, aconsejan dejar para otra ocasión la reforma del texto constitucional. Reformar la Constitución puede ser necesario, pero ha de hacerse cuando estemos seguros de poder evitar que las diferencias entre las fuerzas políticas no degenere en una ruptura de la unidad imprescindible para salvaguardar los principios que la inspiran, y que deberán reforzarse ante cualquier reforma: la unidad nacional, la libertad, la justicia y el pluralismo político.

Es muy frecuente cargar en el debe de la Constitución la responsabilidad de políticas muy equivocadas y que han tenido resultados perversos, y esa atribución de cargas es patentemente injusta. No tenemos un problema especial con la Constitución, que, en cualquier caso, sería un problema mucho menor que los que tenemos por no respetarla como merece. Es cierto que, en un clima de serenidad y en ausencia de crisis, atmósferas de las que ahora carecemos, habrá que proceder a sacar las claras lecciones que nos brindan las décadas transcurridas, para poder pulir un texto confeccionado en unas circunstancias políticas muy distintas a las actuales. Pero, hay que insistir, eso no puede hacerse en circunstancias en que se impone la prudencia, la continuidad y el respeto máximo a la ley, porque sería insensato aprovechar una revisión para poner al país más patas arriba de lo que ya está.

¡Viva la Constitución!
Alfonso Villagómez Cebrián www.gaceta.es
Una reforma que mantenga el espíritu y cierre el modelo, afianzando la unidad y sin tentaciones centralistas.

¡Viva la Pepa! es el grito con el que desde el 19 de marzo de 1812, festividad de San José, los liberales españoles venían exclamando su adhesión a la Constitución de Cádiz, proclamada precisamente ese día, y conocida popularmente desde entonces como la Pepa. La difusión del grito no se detuvo en España: en la época del Risorgimento italiano se gritaba ¡Viva Verdi! ocultando en el nombre del músico el acrónimo de Vittorio Emanuele Re D’Italia. Sin embargo, la evolución peyorativa del grito, probablemente fruto de su uso irónico por los enemigos políticos de los liberales –los absolutistas españoles– ha terminado imponiendo su empleo como sinónimo de desorden o incluso improvisación o vagancia. Decir de alguien que es un viva-la-pepa, equivale a llamarle irresponsable o despreocupado. Sin olvidar que, recientemente el historiador José María García León ha sugerido que, en realidad, el grito de “¡Viva la Pepa!” fue un invento muy posterior en el tiempo, y que nadie anterior al siglo XX pronunció jamás este término.

La Constitución de 1978, fue recibida por los españoles quizá con menos algarabía pero sin duda con mucho más convencimiento de que, hace ahora 35 años, emprendíamos –o queríamos emprender colectivamente– un camino sin retorno. Sin retorno a esa noche de los tiempos tan larga que duró así un siglo y medio; sin retorno a los amotinamientos del espadón militar; sin retorno, en fin, al hágase mi voluntad por encima de la del pueblo. La Constitución vigente, nos hemos cansado de escucharlo y de leerlo, ha sido el texto fundamental del consenso y de la paz social entre los españoles. La norma jurídica primera y principal de un Estado social y democrático de derecho que proclama la justicia, el pluralismo político y la libertad entre sus valores constitutivos de una sociedad que pretende progresar y avanzar cada vez más en democracia. Una sociedad ahora rota por esta maldita crisis económica que no cesa, pero que quiere seguir adelante en esa hoja de ruta de los derechos y las libertades, que jamás volverán a ser arrebatadas por nadie a los españoles.

Pero, también en estos días estamos hablando de que la Carta de 1978 necesita de una revisión, de una puesta al día. Sin duda algunas importantes cuestiones fueron solucionadas de la única manera posible en el periodo constituyente, es decir, sin en realidad abordarlas en toda su complejidad y consecuencias. Y me estoy refiriendo así al problema de la organización territorial del Estado. Quizá ya ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre (jurídico-público), y si como resultado de aquella maniobra de los constituyentes hemos terminado en una forma de Estado que materialmente funciona como cualquier otro de corte federal, procedamos sin ambages y sin miedos a introducir en la Constitución la expresión clara y definitiva de que España es un Estado federal. Y a regular con todas las consecuencias el complejo de funciones y competencias a asumir desde los entes federados, y también las de que ningún modo pueden dejar de ser ejecutadas desde los poderes centrales.

Pero no sólo en ese capital ámbito ha de adentrarse una reforma de la Constitución. A lo largo de estos años se han manifestado otros graves desajustes en el entramado institucional dibujado en 1978, que exigen unos nuevos trazos, y, en algún caso, quizá un borrador definitivo. Tenemos un problema con el sistema constitucional de gobierno del Poder Judicial. Reforma orgánica tras otra sólo han servido para empeorarlo hasta tener que plantearnos muy seriamente la conveniencia de suprimir el CGPJ en ese proyecto de reforma constitucional en ciernes. Habrá que estudiar sí concentrar las potestades de nombramientos y disciplinaria en el propio Tribunal Supremo, y transferir completamente la inspección a los Tribunales Superiores de Justicia, con lo que avanzaríamos también en ese mismo proceso federal en el terreno de la justicia.

Sólo así se revitalizará la Constitución española. Demostrará su gran fuerza y valor si somos capaces de hacer la reforma constitucional que se necesita desde la misma Constitución de 1978. Una reforma que continúe así la línea de profundizar en lo que fue el espíritu originario en la Constitución española, pero cerrando el modelo, afianzando la unidad, pero huyendo de cualquier nueva tentación centralista. Estableciendo una ordenación común razonable y racional, pero comprendiendo e integrando las singularidades (mejor que supuestos hechos diferenciales que al final todas podrían aducir), y sin tratar de imponer una homogeneidad e igualdad entre las comunidades autónomas, que a la postre ha resultado contraproducente y que probablemente hoy ya no reclama. En otros países no es tan traumática la reforma constitucional, pero nosotros sólo hemos tenido dos reformas en más de 30 años, y casi de tapadillo. Si la Constitución española envejece, y no se hace nada, es peor todavía. La reforma es para que ¡viva la Constitución!

*Alfonso Villagómez Cebrián es magistrado y ex letrado del Tribunal Constitucional.

Tentaciones centralistas
Nota del Editor 6 Diciembre 2013

Según el tipo anterior, el artículo primero de su constitución debería decir: Esta constitución prohibe cualquier tentación centralista puesto que todo su afán está dirigido a alcanzar y mantener la máxima ineficacia del estado y así como a conseguir el máximo aprovechamiento personal los profesionales de la política de los recursos aligerados del bosillo de los ciudadanos de la categoría media (exentas las categorías altas y bajas).

Pues eso, yo quiero mi independencia. Pero antes que me devuelvan todo lo que me han confiscado. Estoy pensando el nombre que le daré a mi federación, y también en quienes confiaré la gestión de mis servicios básicos: sanidad, pensiones, defensa, justicia y demás; para el tema de circo, contrataré al estado español, estos últimos años han demostrado unas condiciones inigualables para tal menester.

Una Constitución agotada y pisoteada
EDITORIAL Libertad Digital 6 Diciembre 2013

Treinta y cinco años después de su aprobación en referéndum por el pueblo español, la Constitución es a estas alturas una norma agotada que necesita una profunda reforma para servir a los fines para los que se concibió. A los vicios de origen como el malhadado Título VIII, que consagra un sistema territorial delirante, se ha sumado la deslealtad de la clase política, que no ha dudado en vulnerar sus mandatos más esenciales en beneficio propio cada vez que lo ha considerado oportuno.

El modelo fiscal del País Vasco y Navarra, que privilegia a estos territorios sobre el resto, es un anacronismo que pervierte los principios básicos de igualdad de todos los españoles y solidaridad interterritorial. Esta disparidad en el trato de los ciudadanos en función de su lugar de residencia ha sido exacerbada con motivo de la aprobación del estatuto de Cataluña, documento que consagra una serie de privilegios financieros y normativos y cuyo articulado convierte a la Carta Magna en una entelequia, con el beneplácito del Tribunal encargado de hacerla cumplir en todo el territorio nacional.

La soberanía nacional, que el primer artículo de la Constitución hace residir en el pueblo español, está puesta en cuestión con motivo de la consulta ilegal que el Gobierno regional de Cataluña amenaza convocar, sin que hasta el momento haya habido la menor respuesta de los poderes del Estado central. Otro tanto cabe decir del derecho a utilizar la lengua española, consagrado en el artículo 3 y convertido también en mera entelequia en diversas regiones españolas –dos de ellas gobernadas por el partido del Gobierno–, con la aquiescencia de las instituciones nacionales encargadas de garantizar la educación de todos los niños españoles en su lengua materna.

Pero tal vez sea la corrupción institucionalizada en la designación de los miembros de los órganos judiciales el incumplimiento constitucional más grave, por sus consecuencias en todos los órdenes, incluido el ámbito económico, con el escándalo de las cajas de ahorro, provocado por sus dirigentes politizados, como epítome del pésimo estado de la Justicia dependiente. El mercadeo de los partidos para configurar las cúpulas de los tribunales acaba con la separación de poderes que caracteriza a una democracia y pone el Estado de Derecho al servicio de las cúpulas de las organizaciones políticas.

Hoy, Seis de Diciembre, esa misma clase política que ha vulnerado la Constitución hasta dejarla irreconocible se congregará en la sede de la soberanía popular para celebrar una vigencia en la que nadie cree ya. En cambio, en Cataluña muchos ciudadanos se manifestarán para pedir que esa misma Constitución, que sus valedores transgreden en medio de celebraciones vergonzosas, comience a cumplirse en un territorio español en el que a estas alturas es ya menos que un papel mojado.

En esta situación de apabullante deslegitimación política, resulta imprescindible proceder a una reforma en profundidad de nuestra Carta Magna que clarifique su contenido, fije las consecuencias de su vulneración y corrija los desmanes perpetrados en estos treinta y cinco años. Por eso resulta especialmente oportuna la propuesta que formaciones todavía minoritarias como Ciudadanos o UPyD han puesto sobre la mesa, con el fin precisamente de que la Constitución recupere el vigor normativo del que hasta ahora se ha visto privada.

En el Partido Popular justifican su negativa a plantear un proceso de reforma constitucional por la previsible ausencia de acuerdo entre los grandes partidos. Sin quitar veracidad a esa afirmación, es obvio que los acuerdos no surgen por ensalmo, sino que hay que conseguirlos partiendo de una voluntad firme y unos principios claros, circunstancia que en estos momentos no se da ni en el PP ni el PSOE, más allá del ridículo federalismo que Rubalcaba esgrime últimamente para disimular el absoluto desbarajuste interno de su partido.

La creación de una mayoría crítica de ciudadanos españoles que exija recuperar la soberanía y la igualdad de todos es una tarea que, de momento, ha recaído en los dos únicos partidos con vocación realmente nacional, los dirigidos por Rosa Díez y Albert Rivera. El resultado de las próximas citas electorales, ya bien cercanas en el tiempo, será la ocasión para comprobar si su claridad en defensa de los intereses nacionales obliga o no a otras formaciones a plantearse una reforma de la Constitución que vaya en beneficio de todos los ciudadanos y no de la clase política.

XXXV aniversario
La Constitución merece una reforma
José Luis González Quiros Libertad Digital 6 Diciembre 2013

Los españoles somos particularmente proclives a incurrir en la confusión que tan acremente censuró Chesterton, a confundir la conservación con la inacción, con la mera pasividad, y cuando se hace eso es ilusorio esperar que las cosas se conserven, porque se deforman o se destruyen. La Constitución española de 1978 merece una reforma, porque constituyó un intento muy valioso de acabar con las contiendas civiles, y porque ha sido capaz de soportar unas décadas en las que no todo ha sido malo, y, como ese espíritu merece conservarse y fortalecerse, es lógico que se reforme un texto que ha envejecido más que sus intenciones.

Hay que evitar el error de echarle a la Constitución, o a la Transición, la culpa de errores cometidos muy luego, a veces anteayer mismo, de políticas muy equivocadas y revisionistas, pero también hay que reconocer que las décadas transcurridas nos enseñan algo que no sabíamos y hay que ser consecuente con lo que ya no puede discutirse. No es lo mismo hacer una Constitución cuando se pretendía abandonar un régimen autoritario que revisarla con más de tres décadas de experiencia sobre su funcionamiento, de modo que no sería sensato renunciar a retocarla, sin que eso signifique alterar el espíritu de tolerancia y pluralismo con que se comenzó a edificar la democracia y sin el que no podrá subsistir. En la negativa de muchos a reformarla se percibe miedo a la democracia misma, y el profundo error de considerar que la única manera de resolver los problemas políticos consiste en ignorarlos, puro franquismo apenas reciclado, tratando de refugiarse tras valores comunes para evitar la defensa de los propios, tal vez porque se carece de ellos.

Es evidente, por ejemplo, que todo el Título VIII merece una corrección de fondo, para no subrayar sino lo más obvio, lo que nadie osará negar. El Título VIII es el fruto de una apuesta fallida de la joven democracia española, y no sirvió para resolver el problema que teníamos, para garantizar la lealtad de los nacionalistas vascos y catalanes, mientras que ha servido para suscitar un problema que no teníamos, creando hechos diferenciales y supuestos derechos históricos que no son otra cosa sino insolidaridad disfrazada, a cuyo socaire se ha provocado el crecimiento de una clase política desmesurada, que, lógicamente, ha traído consigo un disparatado incremento del gasto público, más allá de lo que nadie habría osado imaginar. España se ha convertido en una selva burocrática, en un laberinto administrativo, se ha hecho pedazos, cuando más falta hacía, la unidad de mercado, se han debilitado las bases de nuestra unidad cordial y del patriotismo espontáneo de los españoles, lo que ha provocado un sentimiento de estupor, de rechifla y de desafecto en los ciudadanos capaces de mantener un mínimo espíritu crítico frente al cinismo de una clase política claramente excesiva y disfuncional.

No se trata de defender sin más el Estado unitario, que tiene cada vez más partidarios, sino de desactivar radicalmente el mecanismo político que ha conducido a una metástasis institucional tan grave, y que no es otro que la conversión de los partidos en pequeñas mafias ligadas al poder, de modo que, atentos únicamente a fomentar y mantener el clientelismo subvencional que caracteriza realmente el funcionamiento de nuestro sistema político, y contra lo que ordena la Constitución vigente, funcionan y se reproducen sin el menor atisbo de democracia interna, ahogando la democracia en su raíz. Es necesario, evidentemente, garantizar que los partidos políticos cumplan con su función y evitar que se conviertan en un obstáculo artificioso y antidemocrático en la vida política española, de modo que la nueva CE deberá atar más en corto este problema revisando, seguramente, algunos aspectos del régimen electoral.

Hay órganos, como el Tribunal Constitucional, que pueden suprimirse, porque, además de no haber estado a la altura de lo que de ellos se esperaba, han creado más problemas de los que han resuelto y bastaría con que una sala especial de Tribunal Supremo se encargase de cumplir lo esencial de su función. Por supuesto que será necesario fortalecer la independencia de los jueces respecto a los partidos, y, en general, garantizar el respeto al principio de división de poderes, sin el que la democracia, sencillamente, languidece y muere, que es el proceso en el que actualmente nos encontramos.

Nadie dice que la reforma de la Constitución vaya a ser fácil, pero, por difícil que resulte, será mejor que el vano intento de mantener en pie un edificio que se desmorona y amenaza con sepultarnos. Hay que reformarla porque no es un texto intocable, y porque hacerlo, y hacerlo bien, es la única forma de volver al espíritu de consenso que presidió su aprobación por una mayoría muy amplia de españoles. Los políticos tienen la obligación de recrear ese clima fundacional, porque no podemos seguir con una España en trance de ruptura, con una carrera en que se ha premiado la violencia y la deslealtad al interés común. Necesitamos volver a los valores que la Constitución quiso promover, la unidad, la libertad, la justicia y el pluralismo político, para que España pueda salir con brío de los problemas en que sus enemigos se empeñan en sepultarla.

José Luis González Quirós, profesor de Filosofía y analista político.

Constitución
La mal 'cumplía'
Emilio Campmany Libertad Digital 6 Diciembre 2013

Celebramos el XXXV aniversario de nuestra Constitución denunciando su obsolescencia, abogando por su reforma y reclamando su puesta al día. No todos, pero sí muchos. Los primeros, los socialistas. Lo dice Rubalcaba en un artículo publicado en ya saben dónde (es ahí de donde he robado lo de "obsolescencia", tan pedante, tan cultureta, tan de estadista español del siglo XXI). Y es verdad que hay muchas cosas que se pueden mejorar en nuestra Constitución. Sin embargo, la enfermedad que padece no es fruto de la obsolescencia, sino de la falta de cumplimiento. Un botón de muestra:

Todos los españoles tienen el derecho a usar el castellano (art. 3). Las banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales (art. 4.2). Los partidos políticos tendrán estructura interna y funcionamiento democráticos (art. 6). Los españoles son iguales ante la ley (art. 14). Todos tienen derecho a la vida (art. 15). Se garantiza el secreto de las comunicaciones (art. 18.3). La ley que regule el ejercicio del derecho de huelga establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad (art. 28.2). El sistema tributario ha de ser justo y, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio (art. 31.1). El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio (art. 32.1). Los poderes públicos realizarán una política orientada al pleno empleo (art. 40.1). La ley no podrá autorizar indultos generales (art. 62). El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por veinte miembros, de los que doce, entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales (art. 122.3). El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado (art. 136.1). Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte de territorio del Estado (art. 139.1). Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones (art. 155.1). El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado por un período de tres años (art. 160).

La mayoría de las violaciones se atienen formalmente a la letra de la norma y sólo transgreden su espíritu abusando de que están mal redactadas. Pero, en otras ocasiones, se incumplen flagrantemente, como ocurre en Cataluña con el derecho al uso del castellano o la obligación de utilizar la bandera española. O como cuando se reformó la ley que regula el Tribunal Constitucional para que María Emilia Casas pudiera presidirlo durante seis años en contra de la Constitución, que sólo permite tres. Y eso para validar un estatuto de Cataluña groseramente inconstitucional.

No está mal lo de reformar la Constitución, pero quizá primero deberíamos probar a respetarla. A lo mejor así funciona y no necesitamos cambiarla.

Ya está bien del desafío catalán
Pablo Sebastián www.republica.com 6 Diciembre 2013

En este día de la Constitución es hora de decir que ya está bien del desafío catalán. Y que se tienen la ropa Mas y Junqueras, o CiU y ERC, si se disponen a poner en marcha un referéndum o consulta ilegal porque no la van a celebrar y porque al menor gesto o ruptura del marco legal la autonomía de Cataluña será, en ese caso, suspendida siguiendo lo establecido en el artículo 115 de la Carta Magna y España recuperará entonces el control pleno de Cataluña y aplicará la legalidad, pase lo que pase.

Y si Rajoy y Rubalcaba no dan ese paso el frente con todas sus consecuencias serán ellos dos los primeros en salir de la escena y otros u otras como Esperanza Aguirre del PP y Susana Díaz del PSOE se encargarán de meter en cintura a estos irresponsables del nacionalismo catalán. Los que ha creado, con enormes mentiras (sobre España, Cataluña y la UE), expectativas de independencia ante la población catalana y ahora se ven obligados a dar marcha atrás, o a caminar hacia el enfrentamiento total.

El acuerdo hallado ayer entre los partidos españolistas catalanes -con el PSC incluido- para festejar la Constitución es ya un paso. Un primer paso que será seguido con la aplicación, sin dilación ni más excusas, de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la enseñanza en castellano en las escuelas de Cataluña. Y esta vez la sentencia se va a cumplir, sí o sí.

Y acto seguido el complaciente con los poderosos fiscal general, Eduardo Torres Dulce, deberá actuar de manera contundente ante cualquier desafío empezando contra el gasto del dinero público para financiar la independencia. La agencia de espionaje catalán que ha denunciado Albert Rivera en Cataluña y cuyo proyecto se estaba financiando con fondos públicos del Estado español, en una competencia exclusiva del Estado, debe ser el primer paso a dar por la Fiscalía, como aviso a los navegantes de su pretendida travesía ilegal.

Y que se anden como cuidado los empresarios y los financieros catalanes, empezando por la asociación del Fomento que apoyó la consulta, porque ellos serán los primeros en pagar los platos rotos y las consecuencias de este disparate catalán. El que ellos mismo han fomentado jugando con el fuego de la independencia y con una calculada ambigüedad que se ha acabado porque estamos en la hora de la verdad.

En el tiempo en el que las instituciones y primeros líderes de la Unión Europea ya les han dicho a Mas y a Junqueras que quien sale de la UE no puede volver a entrar. Con lo que el discurso de irse de España y quedarse en Europa ha resultado ser otra mentira mas, como la de ‘España nos roba’ o sus pretensiones históricas.

Lo grave de la situación son las expectativas independentistas que CiU y ERC han creado en un amplio sector de la ciudadanía de esa Comunidad con una selecta colección de mentiras, y sin decir la única verdad: que la independencia es imposible, inviable en la economía y los expulsaría de Europa. Y además que España no lo consentirá. De manera que esa cadena humana de la pasada Diada (que ahora quiere imitar ETA) es una pesada cadena de hierro que hoy cuelga del cuello de Artur Mas.
www.pablosebastian.com

Concentración Denaes
Por el sentido común
Juan de Dios Dávila Libertad Digital 6 Diciembre 2013

No puedo dejar de admirar el comportamiento valiente y honrado de Santiago Abascal al abandonar un partido político que, por partir, ha conseguido partir hasta a su electorado.

Pero especialmente fortalece la esperanza ver que Abascal convoca una concentración en la que dará voz a las víctimas del terrorismo no por un sentimiento de compasión, sino porque entiende que las excarcelaciones de asesinos permitida por Rajoy pone en grave riesgo la seguridad y convivencia de los españoles.

Para mí, esta convocatoria es el grito multitudinario de un pueblo que pide que impere el sentido común en la política.

Porque ¿es acaso razonable que el Gobierno de Mariano Rajoy permita la excarcelación de terroristas y violadores no arrepentidos, encubriendo una amnistía general de ETA, pactada a espaldas del pueblo español?

¿Es justo acaso que mientras se exigen sacrificios sobrehumanos al pueblo español se siga derrochando en las comunidades autónomas?

¿Es lógico que el propio ministro del Interior, Jorge Fernández, cuya misión es hacer cumplir la ley en todo el territorio nacional, se queje como un niño de pecho al ver que la Ertzaintza no impide los homenajes a los terroristas excarcelados por Rajoy? ¿No es increíble que, además de ser incapaz de hacer que la ley se cumpla, encima pida perdón por acusar a la Ertzaintza de no hacer cumplir la ley?

¿Es sensato que el Gobierno de Rajoy financie a los partidos bajo los que se esconde ETA, cuyo objetivo es la destrucción de la convivencia entre los españoles, y de paso de España?

¿Es lógico que Rajoy no garantice la libertad de poder ser educado en español?

¿Es inteligente dificultar la natalidad en España cuando existe un gravísimo problema de pensiones?

¿Es justo que Rajoy permita la eliminación de una vida humana en el seno materno?

¿Es sensato que la familia, que está siendo el sostén de los millones de desempleados, sea tratada por Rajoy como algo de lo que mejor ni hablar?

¿Es normal que en medio de una crisis económica brutal, que mantiene a un 27% de la población en el paro, se sobrerregule en cada comunidad autónoma, dificultando la unidad de mercado y el movimiento de los trabajadores en su propia nación?

¿Es una muestra de sentido común que Rajoy financie unos sindicatos que son incapaces de entender que capital y trabajo se necesitan mutuamente, y que sólo buscan la guerra dentro de la empresa y vivir con lujo en nombre de la defensa de los trabajadores, a los que envían con sus actitud al paro?

El 6 de Diciembre Abascal nos convoca por el sentido común. Será una concentración que mostrará el poder de los sin Poder, de ese pueblo llano generoso cansado de ver cómo se gobierna desde el absurdo que lleva al suicidio colectivo. Desgraciadamente, no podré estar físicamente en la concentración, pero si estaré presente en la bandera de España que nos representa a todos los españoles, que buscan aplicar el sentido común en política, y no un enfermizo espíritu de autodestrucción, como expresa Rajoy en su mirada cansada, desesperanzada y falta de energía.

Juan de Dios Dávila, exconcejal del PP en Hernani, es hermano del teniente coronel Fidel Dávila, asesinado por ETA en 1993. Actualmente preside la Fundación Unidad + Diversidad.

El Supremo vuelve a tumbar la inmersión obligatoria en Primaria y reconoce la elección de lengua vehicular en Infantil
El Alto Tribunal obliga a la Generalidad a aplicar el bilingüismo en las escuelas en Primaria y Secundaria. Pero en la Educación Infantil los padres tienen derecho a escoger la lengua vehciular, entre las dos oficiales de Cataluña, castellano y catalán.
Daniel Tercero www.cronicaglobal.com 6 Diciembre 2013

El Tribunal Supremo vuelve a dar la razón a un padre que exige a la Generalidad que cumpla las sentencias judiciales en materia lingüística. El Alto Tribunal requiere a la Consejería de Enseñanza, una vez más, que aplique la conjunción lingüística en las escuelas de Cataluña, con castellano y catalán como lenguas vehiculares, a partir de Primaria. Sin embargo, en este caso, además, el Supremo reconoce el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular en la Educación Infantil.

El fallo del Alto Tribunal, conocido este miércoles, ratifica una setencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del 29 de mayo de 2012 que anuló "por no ser conforme a derecho", la resolución de 11 de mayo de 2009, del Director General de Educación Básica y el Bachillerato de la Consejería de Enseñanza, que imponía el catalán como única lengua vehicular; y, además, rechazaba la posibilidad de elección de lengua a los padres.

De esta manera, el Supremo declara, una vez más -como también lo han hecho en distintas ocasiones el TSJC y el Tribunal Constitucional-:

"El derecho de los recurrentes a que, en relación a su hija escolar menor de edad, el castellano se utilice también como lengua vehicular, debiendo la administración demandada [la Generalidad de Cataluña] adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar el sistema de enseñanza que afecta a la niña a la nueva situación creada por la declaración del Tribunal Constitucional [de 2010], que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán, y declarar de igual modo el derecho de los recurrentes a que todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación, tanto oral como escrita, que les sean dirigidas por el centro escolar lo sean también en castellano".

El castellano, "no solo lengua docente"
Además, en esta última sentencia, el Supremo advierte a la Generalidad de que "efectúa una interpretación claramente errónea de la doctrina del Tribunal Constitucional y no solo de la expuesta en la sentencia 31/2010 [la del Estatuto de Autonomía de Cataluña], sino también en las anteriores recaídas sobre esta cuestión".

De esta manera, los magistrados del Alto Tribunal se refieren al argumento utilizado por Irene Rigau, en tanto que consejera de Enseñanza y responsable del recurso de casación de la Generalidad, cuando defiende que "el carácter normal de la utilización del catalán como lengua vehicular está limitado tan solo por el reconocimiento del castellano como lengua docente con la extensión que sea requerida para que se garantice su conocimiento y su uso".

Sin embargo, esta intepretación -que la Consejería solo debe velar por el conocimiento del español y no porque sea también vehicular- está lo "más lejos de la realidad" de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional:

"Cuando el Tribunal Constitucional utiliza la palabra vehicular en relación con el castellano en Cataluña es consciente de que la lengua propia de Cataluña es el catalán, pero también de que ambas lenguas son cooficiales en esa Comunidad Autónoma, y que a tenor del artículo 3 de la Constitución todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Y para ello es preciso que en la enseñanza en Cataluña el castellano sea lengua vehicular junto con el catalán y no solo lengua docente".

Y, por si hubiera dudas, el Supremo recuerda a la Consejería de Enseñanza que:
"Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, es lengua vehicular la que sirve de comunicación entre grupos de personas de lengua materna distinta, supuesto que concurre en la sociedad catalana de modo que es claro que en ella y en su enseñanza ambas lenguas deben ser vehiculares, con la cautela en cuanto a la dimensión del empleo de cada una, que establecimos en sentencias anteriores. Y el castellano no puede quedar reducido a la condición de lengua docente y equiparada en cuanto a su estudio al mismo número de horas que la primera lengua de estudio extranjera".

Los padres pueden escoger en Infantil
Finalmente, el Alto Tribunal acepta la petición de la familia -cuya hija está escolarizada en un centro concertado de Barcelona-. Esta había solicitado poder escoger entre las lenguas oficiales la que querían como vehicular, bien el castellano o bien el catalán. El Supremo recuerda a la Generalidad que debe incluir esta opción en las pre inscripciones escolares:

"Debemos estimar este motivo, en cuanto que el fallo de dicha sentencia hemos reconocido el derecho de los niños en educación infantil a recibir la enseñanza en la lengua peticionada por los padres y de igual modo declaramos que el modelo oficial de preinscripción en Educación Infantil ha de preguntar por la lengua habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos en los cursos escolares en centros sostenidos con fondos públicos".

El fallo de la sentencia de la Sección 4ª de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, tras un doble recurso, de la familia afectada -que quería poder escoger la lengua de escolarización de su hija en todo el ciclo educativo- y de la Consejería de Enseñanza -que quería imponer el catalán como única lengua de escolarización-, obliga a la Generalidad a pagar las costas.

La huida hacia delante de Mariano Rajoy
  El Confidencial  6 Diciembre 2013

La pretendida estabilización de la economía no esconde más que medidas cosméticas y un desorbitado déficit que nos abocan a una nueva intervención

Cuentan que cierto dictador latinoamericano, un par de años después del golpe de Estado que le llevó al poder, definió la evolución del país con una frase lapidaria: “Hemos dado un giro de 360 grados a la situación”. Mariano Rajoy bien podría hacer suya esta afirmación. Analizando la segunda legislatura de Zapatero y la primera –y esperemos que última– de Rajoy, vemos una evolución muy similar. Ambas comenzaron con un espectacular declive de la economía, más grave en el 2008 pero terrible también en 2012, seguido de una cuasi-estabilización por el brutal endeudamiento público, con el estilo del keynesianismo más zafio que nadie pueda imaginar. A continuación, en la segunda legislatura de ZP llegaron las llamadas de Bruselas, y tras las medidas de recorte la economía se vino abajo otra vez, precipitando la catástrofe electoral del PSOE. Ambos, ZP en 2010 y Mariano ahora, han presumido de que la economía iba para arriba otra vez y que ya veíamos la luz al final del túnel. Lástima que las luces fueran las del tren de la troika que nos iba –y nos va– a pasar por encima.

Digámoslo claro: las cuentas públicas españolas asustan al miedo. La Administración central, en los diez primeros meses del año, tiene un déficit de caja reconocido 8.000 millones mayor que en 2012, y sólo el hecho de que han recurrido de forma masiva a la contabilidad creativa ha permitido que no sea superior, pues la necesidad de endeudamiento ha sido 32.000 millones de euros mayor. Recordemos que aquí no tenemos en cuenta los rescates al sector financiero. Esto lo vemos en los nefastos gráficos que se muestran a continuación.

Pero la historia no acaba aquí. Aunque las CCAA informan de sus cuentas con mucho retraso, ya tenemos los datos a mitad de año, y no sólo no reducen el déficit, sino que lo empeoran levemente, desde 8.156 a 8.166 millones. Por lo tanto por aquí no hay ningún tipo de alivio, y recordemos que las trampas contables de las CCAA, vía sobre todo de las famosas “facturas en el cajón”, son legendarias.

La Seguridad Social, por su parte, sólo logra encubrir su desastrosa evolución gracias a las abultadísimas transferencias del Estado, que casi se duplican (7.100 millones), y a pesar de ello cierran septiembre con unas cuentas que se deterioran en 385 millones.

Si la economía ha dejado de caer es principalmente por ese incremento del gasto público. Lo malo es que el dinero no va hacia quienes lo necesitan, sino hacia quienes causaron la crisis. Aunque a lo mejor lo que ocurre es que el Gobierno piensa que ellos son los más necesitadosComo los ingresos fiscales a día de hoy están prácticamente estabilizados, la única conclusión posible es que la famosa austeridad no es sino una milonga que se ha vendido a Europa, al menos en el agregado del sector público, y que el gasto público sigue aumentando. Si bien hay sectores damnificados por las medidas del Gobierno, posiblemente no por cuestiones de austeridad sino por motivos ideológicos, los números nos están diciendo justo lo contrario, y si la economía ha dejado de caer es principalmente por ese incremento del gasto público. Lo malo es que el dinero no va hacia quienes lo necesitan, sino hacia quienes causaron la crisis. Aunque a lo mejor lo que ocurre es que el Gobierno piensa que ellos son los más necesitados.

Otra causa, aunque menor, de que se haya estabilizado la economía responde a factores totalmente exógenos, y es que la percepción de que el euro se iba a romper ha desaparecido y los enormes flujos financieros negativos que tuvimos hasta la mitad de 2012 se han invertido: en lo que va de 2013 han entrado 46.000 millones de euros, frente a los 224.000 que salieron en 2012. Si bien el BCE compensó en buena medida este caos en la balanza financiera, el dinero no llegó a fluir del mismo modo por la economía. Pero en modo alguno es mérito de esta inversión en los flujos financieros es del Gobierno, sino de una Eurozona comprometida a sostener el euro a costa de lo que sea.

Pese a lo que se suele decir, el sector exterior no ha contribuido en nada a la estabilización, ya que la economía ha permanecido estable desde hace muchos trimestres en el entorno del 2% del PIB, siendo el peor trimestre desde 2010 el tercero de 2013, con sólo 1,4 puntos de contribución positiva al PIB. Esto ha ocurrido precisamente por el repunte de la demanda interna auspiciado por el gasto público.

¿Dónde puede terminar esta situación? Evidentemente en ningún sitio bueno. A la vista de que el endeudamiento público no cesa en su trayectoria de crecimiento suicida, está claro que la UE no tendrá más remedio que tomar medidas tarde o temprano. ¿Se puede saber cuándo? Evidentemente, no. Los pagos por intereses, y aunque la deuda sea enorme, aún son tolerables gracias a los bajos tipos de interés. Pero no hay duda alguna de que, a menos que se produzcan fuertes crecimientos de la economía, se alcanzará un punto en que, aun con bajos tipos, los pagos de intereses no serán tolerables. Antes de alcanzar ese punto la UE intervendrá. Y en el momento en que lo haga se hará patente que los cimientos en que se basa esta estabilización de la economía descansan sobre arenas movedizas. Carpe diem, Mariano.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

XXV aniversario
Constitución en serio
Xavier Reyes Matheus Libertad Digital 6 Diciembre 2013

Desde hace algo más de dos siglos, las constituciones escritas se transformaron en la clave de las aspiraciones del liberalismo para establecer los derechos individuales y para controlar el ejercicio de la autoridad. Había pasado poco tiempo, sin embargo, desde el comienzo de aquel movimiento, cuando ya Cambacérès, eminencia gris de la legislación napoleónica, aconsejaba al corso: "En el país en donde la acción del Gobierno está regulada por una ley fundamental, el gran arte consiste en fortalecer nuestro poder por los medios que ponga esa ley misma". Y si fue entonces la derecha cesarista quien se aplicó en aquel arte de torcer el brazo al Estado de Derecho, un siglo más tarde era la izquierda quien dominaba la técnica con maestría insuperable, incorporada a las mismas instituciones que deseaba derribar. A estas alturas, es mucho lo que se ha adelantado en el perfeccionamiento del fraude constitucional mediante dispositivos cada vez más sutiles, y en bastantes Estados democráticos no es exagerado definir el poder político como el terreno conquistado a la libertad ciudadana mediante sofismas y floripondios aplicados a la ley.

Lo que ha tenido de paradójico el modelo político instalado en España es que ha logrado convertirse en un auténtico anti-Montesquieu sirviéndose precisamente de los mecanismos postulados por el autor de El espíritu de las leyes: los poderes intermedios. Y es que el propio filósofo, que incluso reconocía la conveniencia de mantener privilegios especiales para estas instituciones en las que el poder se desconcentraba, advertía que tal función no podía cumplirse con eficacia si se trataba de órganos más preocupados por "ejecutar la momentánea voluntad del príncipe que por cumplir las leyes fundamentales". Donde allá ponía príncipe puede ponerse aquí el partido, la cúpula o el caudillo que lo manda; en suma, el interés de una facción. Enfrentados a esta evidencia, se hace necesario reconocer que la Transición consistió también en embutir la cultura política de corte corporativista heredada del franquismo en la mentalidad socialdemócrata de un Estado que al ser de todos no es de nadie. La combinación ha resultado explosiva, y ha creado un híbrido de caciquismo populista o de clientelismo autoritario typical spanish. La metáfora del café para todos acuñada para referirse al sistema de las autonomías es hoy una lógica que podría aplicarse a casi cualquier dimensión del Estado: ¿hay acaso alguna institución, desde la Corona hasta los sindicatos, que no tenga los dientes manchados de café?

Lo singular es que, a diferencia de lo que ocurre con americanos y cortados, este café no quita el sueño a quien lo toma, gracias a una licencia que encuentra cómodamente sus cauces en el Estado de Derecho. Mientras tanto, el axioma dura lex, sed lex parece reservar tal dureza para el débil jurídico. Cuesta creer que hasta el más escolástico de los abogados garantistas no se halle hoy en apuros para explicar a sus alumnos, ante la suelta de etarras y peligrosos delincuentes, que la seguridad jurídica se consigue a costa de comprometer temerariamente la seguridad ciudadana. Por añadidura, si hay que sacar pecho de civilista liberal para defender un flagrante divorcio entre el derecho y la justicia, vale decir a la ley lo que Santa Teresa a Dios: "No me extraña que tengas tan pocos amigos, tratándolos tan mal".

Pero Dios es un misterio; el derecho, en cambio, debería dejar bien clara la bondad de sus motivaciones. Lo contrario siembra en la gente el escepticismo y la desafección hacia una legalidad que se juzga absurda y farisea. Este peligro se redobla en un contexto de crisis económica, por aquello que enunciaba Flórez Estrada en su Constitución para la nación española de 1809:

El ciudadano más obscuro e infeliz se contenta con la esperanza, por más lejana que la vea, de poder ser rico algún día, y de que él y sus hijos podrán elevarse a los mayores empleos. Por más débil y fugitiva que sea esta esperanza, le consuela y le hace pronunciar con interés el nombre de patria. Pero si la constitución le quita una esperanza tan lisonjera, se aburre, desmaya, y detesta su suerte y su patria.

Desde luego, y en la medida en que la Constitución se tome como sinónimo del sistema, la reforma de la Carta Magna (ese librito que en ciertos aspectos calla mucho más que dice) podría representar un objetivo insoslayable en el programa de reformas que se acometiera para superar los grandes problemas del país. Pero preocupa la capacidad de los españoles para suscribir un pacto de convivencia si se piensa, como parece haber sucedido hasta ahora, que la sociedad civil consiste en formar piquetes para incendiar el Congreso, o en sustituir las ideas por simples consignas. Es necesario dar una muestra clara de madurez ciudadana, que prepare la mesa del acuerdo nacional para avanzar más allá del "qué hay de lo mío". Por otra parte, la modificación de la ley fundamental no debe tomarse como la lista de peticiones de Bienvenido, Míster Marshall, so riesgo de reproducir lo que hizo en Hispanoamérica el socialismo del siglo XXI, cuyas constituciones pertenecen al género épico-fantástico de las teogonías primitivas, como el Kalevala o el Popol Vuh. Cuatro o cinco temas urgentes son los que habrían de guiar la discusión, sin perder de vista que todo se dirige a unos objetivos irreductibles: fortalecimiento de las libertades ciudadanas, prosperidad sólida y durable y convivencia pacífica de los españoles.

Xavier Reyes Matheus, secretario general de la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad.

La reforma de la Constitución 35 años después
José Oneto www.republica.com 6 Diciembre 2013

Este viernes, con la ausencia de la totalidad de los nacionalistas, catalanes (Convergencia i Unió) vascos (PNV y radicales de Amaiur), y gallegos (BNG), se clausuran los actos del aniversario de la Constitución con una recepción institucional en el Congreso de los Diputados a la que asisten el Gobierno en pleno, el presidente Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Por su especial relevancia , ya que este viernes se conmemora los 35 años de la Constitución , que fue sometida a Referéndum por el pueblo español, los actos oficiales deberían haber tenido un contenido más divulgativo de lo que significa la Carta Magna , y no dejar que la fecha quede obscurecida por esa ofensiva nacionalista , cuyo mayor peligro y preocupación, es el desafío de la Generalitat y de su presidente, Artur Mas, de convocar un Referéndum el año que viene , para declarar la independencia de Cataluña , con esa promesa imposible de convertirla en un estado más de la Unión Europea, y de la Alianza Atlántica.

En este redondo aniversario se está produciendo una revisión de lo que fue el comportamiento de todos los partidos sobre el llamado estado de las Autonomías, y por primera vez, uno de los “padres” de la Constitución española, Alfonso Guerra, antiguo líder del partido socialista, no ha tenido reparos en declarar al periódico El País, que “cuando redactamos la Constitución en 1978 los nacionalistas nos habían dicho que la autonomía era suficiente para ellos. Confíamos en ello y fuimos muy ingenuos”. Guerra, uno de los testigos y actores de la historia de la transición a la democracia, dice francamente que las Autonomías, creadas con la fórmula del “café para todos”, fueron un error, y que los redactores de la constitución fueron engañados por los nacionalistas.

El diputado socialista considera que la voluntad de los catalanes para celebrar un referéndum por la independencia es la violación de la Constitución y que las regiones autónomas no tienen derecho a hacer tal cosa. Según él, en el caso de que los catalanes insistan en el referéndum, habrá que aplicar, sin duda, el artículo 155 que fue incluida en la Constitución para asegurar la integridad de España.

Que ese artículo, que se incluyó en la Constitución sólo para tranquilizar a los militares que se oponían a las “Autonomías” en los años de la transición, pueda aplicarse hoy manifiesta que la crisis española sobre la soberanía es mucho más profunda de lo que la opinión pública piensa y que está pasando por una fase crítica, que tenderá a radicalizarse.

Pero el problema hoy de la Constitución no es solo el debate sobre las autonomías y el resurgir de los nacionalismos, ni siquiera una reforma electoral en la que suelen centrarse muchos de los partidos políticos y algunas de las peticiones populares. La Constitución necesita de una profunda reforma que garantice una verdadera separación de poderes , une elección directa de todos los máximos responsables del poder, un control exhaustivo de la financiación de los partidos políticos y los sindicatos, un examen por parte del Parlamento de quienes aspiran a los máximos cargos del Estado, unas listas abiertas en los procesos electorales y una profundización en las libertades. En resumen, una verdadera reforma de la Carta Magna de 1978.

Una reforma que vaya más allá de la Ley Electoral y que, treinta y cinco años después de la aprobación de la Constitución de 1978, necesitaría, por lo menos de un amplio debate nacional, seguido de propuestas concretas que mejoren la calidad democrática del país y de los ciudadanos, y que ponga freno a una corrupción que está a punto de terminar con el sistema democrático que nos hemos dado los españoles…

No podemos permitir lo que está pasando porque España no se lo merece. Y porque esta, es una gran Nación a la que le sobra talento, ilusión, ganas de vivir, historia y recursos suficientes como para seguir ocupando un lugar privilegiado en Europa y en el mundo. En el fondo, todo depende de nosotros y no solo de los políticos.

35 ANIVERSARIO DE LA CARTA MAGNA
'La Constitución es un fósil: se reforma o muere'
Carlos Sánchez El Confidencial 6 Diciembre 2013

¿Es legítima una Constitución que apenas ha votado el 23% de los actuales españoles? La pregunta puede parecer pertinente. Pero no lo es. Ni siquiera contribuye a entender la desafección creciente hacia la cosa pública. Como sostiene con sorna el economista Gabriel Tortella, “tampoco siguen vivos los americanos que votaron la suya [hace 226 años] y no pasa nada”. La diferencia, sin embargo, estriba en algo esencial: la Constitución de EEUU lleva sobre sus anchas espaldas multitud de enmiendas y reformas. Y tampoco pasa nada. Sigue fresca como una lechuga.

En España, al contrario, la Carta Magna de 1978 -aprobada con la participación del 67,1% de los españoles- se ha fosilizado. No se ha tocado ni una coma salvo por mandato europeo (dos veces). El resultado es inquietante. Como sostiene el catedrático Muñoz Machado, “el inmovilismo comienza a ser el principal enemigo de la Constitución”. Y no sólo eso. A modo de premonición sostiene que “la crisis institucional durará más que la económica”.

No es un asunto menor. A los constitucionalistas les gusta recordar que en España, al contrario que en otros países, en vez de reformar la Constitución lo que se ha hecho es tirar el edificio abajo. Y eso explica que desde 1812 (sin contar el Estatuto de Bayona, que para algunos es un texto constitucional), se hayan promulgado ocho constituciones. La de 1978 es la más larga tras la del largo periodo de la Restauración. Pero nunca antes se habían producido las transformaciones sociales y demográficas que ha vivido España en los últimos 35 años.

Algunos datos lo ilustran. En 1981, censo de población más cercano a 1978, residían en España apenas 37,7 millones de españoles; y se puede decir ‘españoles’ con propiedad porque apenas 150.000 eran residentes extranjeros. Hoy la población asciende a 46,7 millones. Es decir, nueve millones más. Es como si la Constitución de 1978 no la hubieran votado ni los andaluces (la región más poblada de España) ni los cántabros. Aunque hay un dato probablemente tan significativo en términos sociales. Casi el 50% de la población (el 48,6%) vivía cuando se aprobó la Carta Magna en ciudades de menos de 50.000 habitantes. Una España, por lo tanto, muy diferente. También en costumbres, renta per cápita, hábitos sociales o relaciones personales.

Media España contra la otra media
¿La solución pasa por reformar la Constitución? Sí y no, responde el filósofo Javier Gomá. Y hace dos reflexiones. La historia de España ha demostrado nuestra incapacidad para tejer consensos. Y en demasiadas ocasiones “media España ha hecho constituciones contra la otra media”.

Sin duda, por la escasa capacidad de renuncia que han acreditado los ciudadanos y los dirigentes políticos. Aunque en ocasiones, como en 1978, se haya producido “un cierto milagro” y los españoles fueron capaces de renunciar a los intereses particulares para que ganara el interés general. Esa es la clave de bóveda de la actual Carta Magna: que supo armonizar intereses contrapuestos.

Esa medicina, sin embargo, no es eterna. “La gente”, dice el filósofo Gomá, continúa discrepando. Hay acuerdo en que el Gobierno tiene la culpa de casi todo, pero poco más. Y de ahí que, en su opinión, lo relevante sea la actitud de la ciudadanía.

La reforma de la Constitución no es un problema jurídico-formal, sino que, por el contrario, hay que situarla en el ámbito de la moral. Y cita unos versos de Rilke: “Tienes que reformar tu vida”. Gomá juega con las palabras y plantea un viejo debate: “Hay que reformar las leyes, pero también hay que reformar a la ciudadanía”. Es la hora, viene a decir, de una nueva educación sentimental que reivindique el valor de lo ejemplar.

O dicho en otros términos: “Le hemos dado a las leyes un poder taumatúrgico que no tienen, cuando lo importante es la actitud de los ciudadanos”. Y una Constitución lo que debe hacer es precisar los “valores básicos”. Si un país funciona no es por las leyes, “lo importante es la virtud de la ciudadanía, lo importante es que no se mire hacia otro lado cuando hay corrupción, lo importante es tener buen gusto que repugne el incumplimiento de las leyes”.

El catedrático Muñoz Machado pasa de las musas al teatro. La Constitución no es que haya envejecido, es que al no haber puesto al día se ha olvidado de muchos derechos subjetivos que hoy reconocen las leyes, pero no la Carta Magna. Y cita la educación, la sanidad o la lucha contra la pobreza, parcelas “que afectan a la dignidad del hombre”.

¿Qué quiere decir esto? Pues que políticas tan importantes -y que probablemente no fueron suficientemente evaluadas en 1978 por problemas presupuestarios- dependen en última instancia de forma discrecional del Gobierno de turno, que puede recortar a su antojo prestaciones esenciales. Continúan sin ser derechos subjetivos que los ciudadanos puedan reclamar ante los tribunales en aplicación del mandato constitucional. Lo curioso es que esa misma Constitución garantiza a los españoles cosas que no puede cumplir: una vivienda o un empleo. "Es”, dice Tortella, “como si el Estado garantizara a los españoles un matrimonio feliz. Por eso, no se toma en serio la Constitución”.

Cataluña y la Constitución
No sólo por eso ha envejecido la Carta Magna. Su aplicación ha demostrado, sugiere Muñoz Machado, que no hay realmente separación de poderes. Y lo que es igualmente preocupante. En ocasiones se ha intentado reformar la Constitución “por la puerta de atrás”, como ha sucedido en el caso del Estatut de Cataluña hasta que el propio TC puso pie en pared.

El historiador económico Gabriel Tortella insiste en esa idea, y asegura que “si así se quería”, habría que haber reformado la Constitución, toda vez que “la soberanía de Cataluña es incompatible con la España”. No es posible, insiste, salvo que España fuera un Estado confederal. Y no lo es.

De nuevo, la España posible frente a la España de la quimera. Olvidando, como dice Tortella, que en 1978 hubo una gran voluntad de superar las dos Españas. Algo que ha hecho posible un indudable avance social.

El nivel de renta per cápita de 1978 era tres o cuatro veces el de 1936, y eso atemperó los enfrentamientos entre españoles. Una amplia clase media quería evitar a toda costa el enfrentamiento. Algo que explica la gran estabilidad que ha habido en España en los últimos 35 años.

Ejemplar de la Constitución conservado en el Congreso de los Diputados.Ejemplar de la Constitución conservado en el Congreso de los Diputados.Como dice Muñoz Machado, es verdad que el sistema autonómico tiene agujeros, tiene deficiencias, pero “habría que huir de los extremos para reformarlo”. Ni una confederación, como reclaman algunos, ni un nuevo Estado centralista. Pero, en cualquier caso lo importante es que se cumpla. Y eso no siempre ocurre.

El profesor Tortella habla claro. “Yo no la voté”, reconoce, pero “el problema es que no se cumple, tan sólo se acata”. Y pone varios ejemplos: “Las banderas siguen sin ondear en muchísimos lugares del País Vasco y Cataluña y nadie dice nada”. Tampoco hay cooficialidad en el uso de la lengua: “El castellano es cada vez más residual y ni siquiera la palabra ‘calle’ está rotulada en castellano; ni se pueden presentar documentos oficiales en una lengua que es cooficial”.

Hay más. El artículo 155 no se aplica pese a que el Gobierno autonómico se niega a cumplir algunas leyes o sentencias judiciales, y ni siquiera se les apercibe. Se llega al extremo, dice desde la amargura, que se afirma en público que “la ley Wert no se va a cumplir en Cataluña" y “nadie” dice nada. “Me asombra”, concluye, “el grado de pasividad ante tanto incumplimiento”.

El filósofo Gomá no entra en cuestiones concretas. Pero sí tiene clara una cosa. “El patriotismo constitucional pasa hoy por renunciar de forma expresa a los intereses particulares para que salgan adelante los intereses generales”. A lo mejor es el primer paso para reformar una Constitución fosilizada.
 

Contra los fanatismos
Contra la memoria
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 6 Diciembre 2013

Contra la memoria es el título de un libro de David Rieff (Destino, 2012) que el injustamente acosado ministro Wert debería incluir como texto de lectura obligatoria en las escuelas e institutos españoles. No para españolizar a las nuevas generaciones sino, sencillamente, para estimularlas a valorar la búsqueda desprejuiciada del conocimiento y para purgarlas de los detritos falaces y mitológicos con que los intoxican los adoctrinadores sectarios.
Traficantes de rencores

Rieff, ensayista, reportero de The New York Times Magazine y colaborador de varias publicaciones estadounidenses, explica que perdió su objetividad cuando asistió como corresponsal a la masacre de Bosnia, masacre que "emponzoñó para siempre mi idea de rememoración":

La rememoración enardeció las guerras de secesión en Yugoslavia; sobre todo la rememoración de la derrota serbia en Kosovo Polje en 1389. En las colinas de Bosnia aprendí a detestar, pero sobre todo a temer, la memoria histórica colectiva.

Con una salvedad muy importante que es indispensable subrayar antes de abordar las virtudes de determinadas categorías de olvido. Rieff rechaza que "ese olvido deba ocurrir inmediatamente después de un gran crimen o incluso cuando sus perpetradores están sueltos". Los argumentos de Rieff no se aplican a los asesinos etarras ni a los restantes sádicos y violadores que han recuperado su libertad junto con ellos.

El olvido del pasado que propone el autor está encaminado a frustrar la estrategia de los traficantes de rencores y a garantizar la paz entre las naciones y la convivencia entre los hombres. El texto no admite equívocos:

La memoria histórica colectiva tal como las comunidades, los pueblos y las naciones la entienden y la despliegan -la cual, para reiterar lo esencial, siempre es selectiva, casi siempre interesada y todo menos irreprochable desde el punto de vista histórico-, ha conducido con demasiada frecuencia a la guerra más que a la paz, al rencor más que a la reconciliación, y a la resolución de vengarse en lugar de obligar a la ardua labor del perdón. (…) La memoria histórica de un acontecimiento, con lo cual nos referimos en general a la memoria colectiva de la gente que no lo presenció, sino que fue transmitido por crónicas familiares, la educación pública o las ceremonias conmemorativas, no solo es imperfecta, sino imposible.

La magna insumisión
Crónicas familiares, educación pública, ceremonias conmemorativas. Rieff parece estar levantando acta de los instrumentos de que se valen los secesionistas catalanes para convertir el año 1714 en el eje en torno al cual gira la magna insumisión que están promoviendo. No le faltan ejemplos de estos abusos nefastos de la memoria:

Piénsese en Irlanda hasta hace muy poco tiempo, donde, como expresó un poeta del Ulster, el país "tuvo mártires cuando necesitaba hombres". ¿No hubiera sido preferible para toda la gente de los seis condados que aquellos agravios de siglos pasados -reales o imaginarios, descritos con fidelidad o sin ella- mejor desaparecieran de la memoria colectiva de los hombres y mujeres de Irlanda? En suma, ¿por qué la memoria, sobre todo la memoria histórica, se tiene por una bendición cuando, de manera irrefutable y precisamente en el plano histórico, tan a menudo ha sido un lastre, cuando no una maldición?

Rieff cita otro caso de manipulación del pasado con fines espurios que nos afecta en carne propia:
Considérese por ejemplo el uso que hacen Al Qaeda y otros grupos yihadistas, y en realidad muchos clérigos islámicos dominantes desde Marruecos hasta Indonesia, de las palabras cruzadas y cruzado. Como ha puesto de relieve el antropólogo social de Cambridge Paul Connerton, el heredero más dotado de Halbwachs: "Los historiadores musulmanes del medievo no compartían con los europeos cristianos del medievo el sentido de que presenciaban una gran pugna entre el islam y la cristiandad por Tierra Santa".Añade que las palabras cruzada y cruzado nunca se citan en las crónicas musulmanas del periodo, que en cambio emplean los términos francos o infieles. Pero en nuestra época, sostiene Connerton, "un creciente conjunto de escritos históricos árabes se han interesado por el tema de las cruzadas", por lo que el término ha venido a convertirse en una palabra clave para designar las intenciones malvadas de los poderes de Occidente.

Osama ben Laden la utilizaba profusamente en sus alocuciones grabadas.

Explotación demagógica
Esta explotación demagógica de rencores fundados sobre tergiversaciones grotescas es la que practican los promotores del simposio "Espanya contra Catalunya, 1714-2014", donde se congregarán los profesionales de la mitificación sectaria que con tanta razón escarnece Rieff. La degradación del saber histórico que allí se producirá será tan escandalosa que incluso un grupo de intelectuales nacionalistas sufrió un acceso de vergüenza y se desvinculó públicamente del mamarracho. El Cercle de Cultura que los agrupa, presidido por Pere Vicens i Rahola, hijo del historiador Jaume Vicens Vives, proclamó (LV, 28/11):

La cultura, en este caso la historia, "no se ha de rebajar hasta convertirse en un elemento propagandístico de posiciones políticas o ideológicas".

Por su parte, Josep M. Fradera, un historiador cabal, no dejó títere con cabeza cuando hizo la autopsia de esta pantomima maniqueísta (LV, suplemento Cultura/s, 27/11):

No deja de ser anómalo que el periodo objeto de análisis aún no haya concluido (el 2014 -que yo sepa- no ha empezado). (…) Al fin y al cabo, de todo ello se desprende una conclusión: imponer un relato centrado en la eterna enemistad entre Catalunya y Castilla/España no puede ser considerado de otro modo que como un retroceso historiográfico. Se puede formular de una manera menos fatalista (pero no menos fatal). Nos tendremos que acostumbrar a la coexistencia de una historiografía de doble vía: aquella que responde a incitaciones de una coyuntura obsesivamente dominada por el mito del eterno conflicto, y la que se mueve en el territorio tentativo e incierto que establecen las reglas de la disciplina. En esta danza con esqueletos no se ve una tercera vía por ningún lado.

Arsenal de patrañas
Si las reflexiones de Rieff desmontan el tinglado teórico sobre el que los secesionistas intentan escenificar su sainete, y si Fradera repite la operación con el tinglado práctico, Robert Trivers los remata en un fragmento de su libro La insensatez de los necios (Katz) que Sergi Pàmies cita en su artículo "La fuerza del engaño" (LV, 29/11):

Las narraciones históricas falsas son mentiras que nos contamos acerca de nuestro pasado histórico, cuyo objetivo es autojustificarnos y glorificarnos. Sugerir que somos especiales, que también lo son nuestros actos y que lo fueron los de nuestros antepasados. (…) En el campo de la historia se plantea una gran contradicción entre el afán por descubrir la verdad acerca del pasado y el empeño en construir una narración histórica falsa acerca de él.

Quienes se han pertrechado con este arsenal de patrañas para justificar el secuestro de siete millones de ciudadanos y la consiguiente ruptura traumática con los restantes cuarenta millones de compatriotas -ruptura que también se producirá a sabiendas con la ONU, la UE, la OTAN y todas las instituciones del mundo civilizado- empiezan a convencerse de que la nave de los locos que pilotan está enfilando, en medio de un guirigay (Artur Mas dixit), hacia los arrecifes de un ridículo meteórico (Francesc Homs dixit).

Barcelona ya tiene un monumento a este desbarajuste: el museo del Born. Los restos arqueológicos que exhibe han sido maquillados para fomentar el odio cainita, por lo que el iconoclasta contumaz Gregorio Morán lo definió (LV, 30/11) como "una especie de Valle de los Caídos" de los secesionistas catalanes. Encarna los vicios de la memoria histórica acomodada a los moldes sectarios que impugnan Rieff, Fradera y Trivers, pero podría reivindicarse si sobre su frontispicio se grabara en letras indelebles la opinión que vertió, todavía en 1930, el hoy oportunamente recuperado periodista catalán Gaziel:   El separatismo es una ilusión morbosa que encubre una absoluta impotencia.

Justicia
Sentencias a la carta
Antonio Robles Libertad Digital 6 Diciembre 2013

Vivo sin vivir en mí. Espero expectante a qué velocidad ordenarán jueces y gobierno el cumplimiento de la última sentencia del Tribunal Supremo que devuelve a los padres de un niño el derecho a que el pequeño pueda estudiar en castellano, además de en catalán.

Espero expectante porque si para dejar en la calle a etarras y violadores les bastó unos días, para derecho tan legítimo suspenderán el puente de la Purísima diligentes y prestos a que el pequeño tenga todo dispuesto para recibir el lunes a primera hora la educación en lengua materna.

Sí, ya sé que no es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo dejar en la calle a una etarra con 20 asesinatos a las espaldas, o a un violador sádico, que garantizarle a un niño español educación en lengua española? La diligencia mostrada con lo primero no es cuestión discutible. Con la segunda es dudoso. Los primeros han salido a decenas en pocas semanas. Y han sido recibidos como héroes en sus pueblos, mientras a los violadores a pedradas. Cosa extraña, pues el mal de un violador se reduce a su fuerza individual, el de un nacionalista del terror a todo un pueblo.

Me sigue sorprendiendo que el ministro del Interior quiera convencernos de que la democracia ha ganado al terrorismo nacionalista porque salen sucios al salir envueltos con violadores. Hay en el argumento un síndrome de Estocolmo que da pavor: sin apercibirse, da por hecho que la lucha etarra tiene épica y ética, y que para su desgracia, la vulgaridad criminal del violador ensucia y afea. Debería saber el ministro que el violador es un enfermo que el Estado puede neutralizar recluyéndole, pero el terror nacionalista se replica, se parapeta tras razones humanitarias y en su nombre arrastra a pueblos enteros al asesinato en masa. La historia está sembrada de millones de muertos, de guerras destructivas y, sobre todo, de maldad. En sus delirios, han cometido los peores crímenes de la humanidad, incluyendo las violaciones más abyectas y crueles. Lo que ha hecho el canalla de Ricard sólo es una muestra individual de lo que millones de nacionalistas del terror han llevado a cabo en tantas guerras. Hace tan solo unos años, en Bosnia, nacionalistas serbios violaron en masa para dejarlas preñadas a cientos de mujeres musulmanas con el objetivo perverso de que un día parieran niños serbios. El instinto violador nacía del odio nacionalista contra los bosnios. Esa era su coartada y su justificación. Atiendan a este suceso de aquella brutalidad infame:

En Bosnia, unos soldados detienen a una muchacha con su hijo. La llevan al centro de un salón. Le ordenan que se desnude. "Puso al bebé en el suelo, a su lado. Cuatro chetniks la violaron. Ella miraba en silencio a su hijo, que lloraba. Cuando terminó la violación, la joven preguntó si podía amamantar al bebé. Entonces, un chetnik decapitó al niño con un cuchillo y dio la cabeza ensangrentada a la madre. La pobre mujer gritó. La sacaron del edificio y no se volvió a ver más" (The New York Times, 13-12-1992; citado por José Antonio Marina en su libro La lucha por la dignidad).

Acaba de salir a la calle por la diligencia de nuestros jueces Jesús María Zabarte Arregui, conocido como el Carnicero de Mondragón. En 1984, "él y sus pistoleros asesinaron a tres policías nacionales cuando, indefensos, almorzaban en una venta de Rentería. A otro le hirieron de gravedad. Cuando era trasladado al hospital, Zabarte interceptó la ambulancia y remató en su interior al agente". Frialdad, eficacia, crueldad.

Ayer el TS ha ordenado al Gobierno de la Generalidad que garantice educación en castellano a uno de los niños cuyos padres habían recurrido a los tribunales. Una sentencia más. Un incumplimiento previsible más. Toda comparación es obscena.

Mañana en Madrid ciudadanos libres se manifestarán contra la cobardía moral. Mañana en Barcelona ciudadanos españoles sembrarán las calles con las páginas de la ley de leyes, nuestra Constitución. Una oportunidad para ciudadanos libres.

España / terrorismo
Más de mil empresarios extorsionados por ETA solo en cuatro años
s. e. / madrid ABC 6 Diciembre 2013

El juicio en París contra el cabecilla Ekaitz Sirvent destapa la mafia que la banda desplegó durante décadas para obtener dinero con el que financiar su «limpieza étnica»
Más de mil empresarios extorsionados por ETA solo en cuatro años

ETA reclamó entre 2.005 y 2.009 a 1.025 empresarios, sobre todo del País Vasco y Navarra, algo más de 134 millones de euros para financiar su actividad terrorista. Estos son algunos de los datos que han saltado en el juicio que se sigue en París contra el cabecilla Ekaitz Sirvent y otros miembros de la banda, y que deberán incorporarse al verdadero relato de cincuenta años de «limpieza étnica», frente a la mentira de un «conflicto vasco».

En la vista oral, la Fiscalía francesa ha destacado el papel del citado Sirvent como responsable de la extorsión realizada por ETA. Los documentos que se le incautaron tras su detención, en 2009, demuestran que en cuatro años y medio (entre 2005 y 2009) la banda exigió el llamado «impuesto revolucionario» a más de un millar de empresarios. El fiscal Jean-François Ricard se refirió ante el Tribunal de lo Criminal de París a esas «1.025 víctimas» que aparecen como destinatarias de los 1.593 correos que habían dejado traza en los archivos en soporte informático que llevaba al ser capturado en una estación de tren de París el 10 de abril de 2009. La mayor parte de esos archivos no han podido ser leídos porque estaban codificados, pero los investigadores han hecho proyecciones a partir de los títulos que tenían los documentos (en forma de código alfanumérico) y de las cartas de extorsión a cuyo contenido sí que han podido acceder.

«Objetivo operativo»
En algunos de los correos aparece explícitamente el nombre del empresario extorsionado, y la cantidad que se le exigía, entre unas decenas de miles a cientos de miles de euros), además de la advertencia de que si no la abonaban se convertirían «en un objetivo potencial de ETA». Por lo general, ETA exigía que se le pagara en billetes de 100, 50 y 20 euros y, en caso de haberse negado a los requerimientos precedentes de la organización terrorista, el empresario era catalogado como «enemigo de la lucha por la liberación de Euskadi» y se le informaba: «usted y sus bienes pasan a ser objetivos operativos».

Cataluña / El desafío independentista
El TS falla a favor de la enseñanza en castellano en educación infantil
Desestima el recurso de casación de la Generalitat contra una sentencia anterior
Joan Planes. La Razón 6 Diciembre 2013

BARCELONA- El Tribunal Supremo (TS) dictó ayer una sentencia que avala el derecho de una niña a tener el castellano como lengua vehicular en el colegio. El fallo llegó después del análisis de los recursos presentados tanto por la Generalitat como por diversas familias. El Alto Tribunal también pide al gobierno catalán que garantice una «conjunción lingüística».

La sentencia otorga la razón al recurso que presentó un matrimonio, los padres de la menor, contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (PP), que el Supremo ahora desautoriza porque «no declara el derecho a recibir educación infantil en la lengua que opte la familia».

Por lo tanto, el TS declara el derecho de la menor, Rosario, a recibir en castellano la educación infantil. También se condena a la Generalitat al pago de las costas del recurso de casación presentado. El fallo añade que en el modelo educativo catalán «no cabe una opción de exclusividad de las enseñanzas de los ciclos obligatorios de primaria y secundaria y, salvo la excepción, de la educación infantil, con derecho a recibirla en la lengua habitual».

Lenguas oficiales
El Supremo declara que en el modelo de preinscripción en educación infantil se tiene que preguntar por la lengua habitual a los padres o tutores de los niños escolarizados en centros públicos. Recuerda la sentencia que tanto el catalán como el castellano son las dos lenguas oficiales en Cataluña, y que el artículo 3 de la Constitución indica que todos los españoles tienen el derecho de usar el castellano. Señala la sentencia que «para ello es preciso que, en la enseñanza en Cataluña, el castellano sea lengua vehicular juunto con el catalán y no solo lengua docente, el castellano no puede quedar reducido a la condición de lengua docente y equiparada, en cuanto a su estudio, al mismo número de horas que el primer idioma de estudio extranjero».

El Supremo alega en su nueva sentencia que «el régimen lingüístico del sistema educativo catalán lo que ha de garantizar es que en la enseñanza sean vehiculares tanto el castellano como el catalán, pero sin que hayamos establecido la posibilidad de la utilización exclusiva de una de ellas o su relegación a una mera condición de lengua docente».

Hasta ahora, la Generalitat ha hecho caso omiso de todas las sentencias contrarias a su política de inmersión lingüística, que lleva a cabo desde más de 30 años y que establece que el catalán es la única lengua vehicular en la enseñanza.

Horas después de conocerse el fallo, la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, valoró la sentencia y avisó de que la sentencia es «inaplicable», ya que, según dijo, abre la puerta a la «segregación» por razones lingüísticas, por lo que se recurrirá el auto ante el Constitucional. Rigau señaló que no se puede aplicar el fallo «porque es imposible volver atrás».

la consellera opinó que la sentencia supone un «ataque frontal» al Estatuto y a la Ley de Educación Catalana (LEC) respecto a anteriores resoluciones judiciales, ya que, recordó, por primera vez se reconoce el derecho de «opción lingüística».

Una polémica política lingüística
1998
La Generalitat aprueba su ley de Política Lingüística, que sitúa al catalán como única lengua vehicular en las escuelas y margina al castellano.
2010
Una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional consideró también el castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto al idioma catalán.
2012
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reconoció el derecho de cuatro familias a que hijos fueran escolarizados con el castellano como lengua vehicular.
2013
El Supremo sentenció que la Generalitat «debe adaptar» su sistema de enseñanza la asituación creada por el fallo de 2010 del Constitucional.

Obliga a la Generalitat a garantizar la 'conjunción lingüística'
El TS reconoce el derecho a elegir la enseñanza en castellano en Infantil
EFE www.gaceta.es 6 Diciembre 2013

La decisión del tribunal da la razón a un matrimonio catalán que presentó un recurso contra una sentencia del TSJC. La Generalitat, condenada al pago de las costas del recurso de casación que interpuso.

Una nueva sentencia del Tribunal Supremo (TS) ha vuelto a reconocer el derecho de unos padres que viven en Cataluña a poder elegir para su hija el idioma castellano como lengua vehicular en su Educación Infantil, y la obligación de la Generalitat de garantizar una "conjunción lingüística".

La sentencia, dictada por la sección cuarta de la sala de lo contencioso administrativo del TS, da la razón al recurso que el matrimonio formado por Severo B. S. T y Susana M. M. presentó contra una sentencia del TSJC, que el Supremo desautoriza porque "no declara el derecho a recibir educación infantil en la lengua que opten los padres".

El Supremo desestima al mismo tiempo el recurso de casación que interpuso la Generalitat contra la referida sentencia y declara "el derecho de la hija, Rosario, de los demandantes a recibir en castellano la educación infantil".

El fallo del TS condena a la Generalitat al pago de las costas de su recurso.
La sentencia ordena que se desarrolle en Cataluña "un modelo de conjunción lingüística, en el que no cabe una opción de exclusividad en las enseñanzas de los ciclos obligatorios de primaria y secundaria y salvo la excepción de la educación infantil, con derecho a recibirla en la lengua habitual".

El fallo reconoce "el derecho de los niños en educación infantil a recibir la enseñanza en la lengua peticionada por los padres y de igual modo declaramos que el modelo oficial de preinscripción en educación infantil ha de preguntar por la lengua habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos en los cursos escolares en centros sostenidos con fondos públicos".

El Supremo también recuerda que otra sentencia suya del pasado 24 de septiembre ya estableció que "la Generalitat deberá adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera también el castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán".

El Supremo alega en su nueva sentencia que "el régimen lingüístico del sistema educativo de Cataluña lo que ha de garantizar es que en la enseñanza sean vehiculares tanto el castellano como el catalán (...), pero sin que en ningún caso hayamos establecido la posibilidad de la utilización exclusiva de una de ellas o su relegación a una mera condición de lengua docente".

La consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha convocado para esta tarde una comparecencia ante los periodistas para valorar esta nueva sentencia del Supremo.

En mayo del 2012, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya reconoció el derecho de cuatro familias a que sus hijos fueran escolarizados con el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, en la misma proporción que el catalán.

El TS avala el derecho de una niña a recibir la educación infantil en castellano
barcelona ABC Catluña 6 Diciembre 2013

El Alto Tribunal confirma que los padres de menores del ciclo infantil pueden decidir la lengua en la que reciben las clases
El TS avala el derecho de una niña a recibir la educación infantil en castellano

El Tribunal Supremo (TS) ha declarado el derecho de una niña a recibir la educación infantil como lengua vehicular en castellano tras analizar recursos contencioso-administrativos presentados por la Generalitat y, por otro lado, por los padres contra sentencias anteriores.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) había dictado el derecho de los padres a que su hija reciba las clases también en castellano como lengua vehicular y exigió a la Generalitat que adoptara las "medidas necesarias" para adaptar el sistema de enseñanza, como recuerda ahora la sentencia de la Sala Tercera del TS.

Ahora, el TS también confirma el derecho de los niños de educación infantil a recibir la enseñanza en la lengua pedida por los padres, y declara que el modelo oficial de preinscripción en educación infantil ha de preguntar por la lengua habitual a los padres o tutores de los niños escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos.

Después de que el Tribunal Constitucional (TC) considerara que el castellano también es "lengua vehicular de la enseñanza en Catalunya junto con el catalán", se ha producido un goteo de sentencias en los últimos meses. El Supremo recuerda que el TC, siendo consciente de que la lengua propia de Catalunya es el catalán, dice que el castellano también es cooficial y que, según la Constitución "todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla".

Inmersión lingüística
El Supremo avala el derecho de una niña a recibir en español la educación infantil en Cataluña
Obliga a la Generalitat a adoptar las "medidas necesarias" para adaptar el sistema de enseñanza
Europa Press www.lavozlibre.com 6 Diciembre 2013

Barcelona.- El Tribunal Supremo (TS) ha declarado el derecho de una niña a recibir la educación infantil como lengua vehicular en español tras analizar recursos contencioso-administrativos presentados por la Generalitat y, por otro lado, por los padres contra sentencias anteriores.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) había dictado el derecho de los padres a que su hija reciba las clases también en español como lengua vehicular y exigió a la Generalitat que adoptara las "medidas necesarias" para adaptar el sistema de enseñanza, como recuerda ahora la sentencia de la Sala Tercera del TS. Ahora, el TS también confirma el derecho de los niños de educación infantil a recibir la enseñanza en la lengua pedida por los padres, y declara que el modelo oficial de preinscripción en educación infantil ha de preguntar por la lengua habitual a los padres o tutores de los niños escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos.

Después de que el Tribunal Constitucional (TC) considerara que el español también es "lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán", se ha producido un goteo de sentencias en los últimos meses. El Supremo recuerda que el TC, siendo consciente de que la lengua propia de Cataluña es el catalán, dice que el español también es cooficial y que, según la Constitución "todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla".

------------
El TS obliga a la Generalitat a ofrecer enseñanza en castellano, pero no tumba la inmersión
j. g./E. A  ABC Cataluña  26 Febrero 2013

El Supremo desestima el recurso de un padre que tras el aval del TSJC para que sus hijos tuvieran educación bilingüe, pidió que la medida se extrapolara a todo el sistema

El Tribunal Supremo da un nuevo toque de atención a la Generalitat por su política lingüística que margina al castellano. En una sentencia hecha pública hoy, el TS recuerda a la administración catañana la obligación que tiene de ofrecer la escolarización en castellano a aquellos padres que lo soliciten para sus hijos, aunque no hace extensible esta medida al sistema educativo en su conjunto.

En un fallo notificado hoy, el Supremo desestima el recurso que un padre presentó contra el auto del pleno de la sala de lo Contencioso del TSJC de 8 marzo de 2012 que interpretaba una sentencia del TS de 2010. En dicha sentencia, el Supremo avalaba la educación bilingüe. En el auto del TSJC, cuyo recurso ha sido desestimado, el alto tribunal catalán reconocía el derecho de Feliciano Sánchez de poder escolarizar a sus hijos en las dos lenguas oficiales, pero no hacía extensible este derecho a todo el sistema. Así, obligaba a los padres que quisieran educación también en castellano para sus hijos, a recurrir a la administración y a la justicia.

Los abogados de Convivencia Cívica Catalana, entidad que da apoyo jurdico al padre demandante, consideran que la sentencia del Supremo "es un vaso medio lleno". Según ha explicado a ABC el letrado Ángel Escolano, aunque el fallo desestime en su parte dispositiva el recurso de su cliente, también abre la puerta a extender el derecho a educación bilingüe "a todo una clase, o escuela", cuando haya un solo padre que así lo solicite.
-----------------------

Recortes de Prensa   Página Inicial