AGLI Recortes de Prensa   Martes 10 Diciembre 2013

Seamos prudentes, reformemos todo
Javier Benegas www.vozpopuli.com 10 Diciembre 2013

Cien metros, esa fue la distancia impuesta a los curiosos que acudieron a las inmediaciones del Congreso de los Diputados durante el deslucidísimo acto oficial del Día de la Constitución celebrado el pasado viernes 6 de diciembre. Así, por primera vez en treinta y cinco años, los ciudadanos de a pie no pudieron ver de cerca a las autoridades y políticos asistentes, sino que, en prevención de posibles abucheos, fueron apartados a una distancia prudencial.

Sirva ese foso virtual de un centenar de metros para poner en evidencia la fractura entre instituciones y pueblo. Y sirvan también las deslucidas intervenciones protocolarias como constatación de que la clase política sigue ajena al desmoronamiento del statu quo. Prueba de ello fue que el presidente del Gobierno se escudara en la falta de consenso para no acometer reforma constitucional alguna, cuando, sin picar tan alto, la efectiva separación de poderes y la puesta en valor de los más elementales controles democráticos dependían y dependen tan sólo de su voluntad política. O que Alfredo Pérez Rubalcaba diera un ridículo salto mortal, más bien voltereta de parvulario, reduciendo su visión reformista a garantizar la sanidad publica. Triste demostración no ya de la incapacidad de nuestra clase política para reformar España sino para reformarse a sí misma.

El afán de superación
Mucho se ha insistido en que fue el miedo el verdadero motor del cambio iniciado en 1978. Y más concretamente, el pánico a recaer en el sectarismo que había ahogado España en sangre anteriormente. En base a ese miedo muchos justifican las tragaderas del pueblo para aceptar un orden institucional prefabricado y consentir las malas artes políticas que nos han conducido al colapso. Pero no todo fue miedo. Hubo otro ingrediente del que hoy pocos se acuerdan. Y puestos a celebrar los treinta y cinco años de vida de la Constitución vigente, es obligado recordar la actitud positiva que, pese a sus innumerables debilidades, ignorancia incluida, derrochó el pueblo en los primeros compases de la Transición.

Es verdad que hubo momentos en los que el pánico atenazó a muchos españoles, incluso a los más aventureros. Y cierto es también que el hándicap de nuestra nula cultura democrática, que a la postre resultó insuperable, permitió a los herederos del franquismo colar una Constitución llena de ambigüedades y trampas, que luego, para colmo, no respetarían. Pero no fue el miedo, ese sentimiento tan negativo, sino el afán de superación lo que animó a la gran mayoría a probar suerte. Y hoy se echa en falta aquel espíritu valiente, decidido y, quizá, ingenuo, que, aunque no garantizó el éxito, dinamizó a la sociedad española, liberándola del abrazo de un pesimismo insuperable.

En efecto, desde el primer día en que la crisis se manifestó con toda su crudeza, caímos en el pesimismo más recalcitrante. Y desde entonces no ha habido debate, discusión o trifulca que no terminara en el derrotismo o en ese populismo resentido que sólo sirve para ajustar cuentas –no se puede cambiar un sistema simplemente odiándolo–. Y entre un extremo y otro se ha extendido un vacío que llenamos con el descreimiento y la renuncia. ¡Hoy todo nos parece tan difícil! ¡Todas las cimas se nos antojan tan altas!

Así, las ideologías arcaicas y los dogmas económicos fosilizados (alguien dijo que no se puede vivir aferrado sólo a las ideas de personajes muertos), cuando no la burda mentira, lo han acaparado todo sin dejar resquicio a la esperanza. Pero lo peor, con diferencia, es que los más ilustrados creen haber llegado a su particular callejón sin salida por medio de la razón, cuando en realidad ha sido la cerrazón lo que les ha hecho perderse. Y si esto sucede con los más cultivados, ¿qué decir de quienes sólo asimilan consignas, mensajes simplificados, y se contentan con vivir al albur de la magnanimidad del Estado?

Las instituciones no son herramientas sino reglas
La lección que podemos extraer de estos treinta y cinco años es que ser acólitos de la voluntad de vivir en su concepción más pedestre, esa que por fuerza decae en la triste subsistencia, es lo que nos ha llevado a creer que las instituciones eran palancas ideológicas, meras herramientas con las que satisfacer demandas materiales que tienden a ser infinitas. Y ahí siempre sale ganando el político profesional.

Sin embargo, las instituciones son mucho más que eso. Son el principal patrimonio de una sociedad, aquello que determina el tipo de organización y las interacciones entre individuos. Es decir, son las reglas que garantizan que las personas, libres y responsables, puedan aspirar a vivir dignamente sin depender de la arbitrariedad del gobernante de turno. De ahí que sea tan importante no dejarse llevar por determinados cantos de sirena cuando se habla de reformas.

En definitiva, vivimos un momento crucial en el que las difuminadas divisiones partidistas están dando paso a una clara separación entre reformistas y defensores del Régimen; entre quienes quieren unas instituciones legítimas y aquellos que las prefieren sometidas, moldeables. Esa es la nueva línea divisoria que nos dibuja el presente.

Una cierta sensación de desmoronamiento
Fernando Onega La Voz 10 Diciembre 2013

Pasados los dudosos fastos de la Constitución, creo que la cuestión ya no consiste en reformarla o no. La cuestión es cómo se evita la sensación de que parte del sistema se desmorona. Porque no nos engañemos: se percibe que el sistema se viene abajo en algunos de sus puntos vitales. Les propongo repasar algunas de las grietas. El poder ejecutivo aparenta solidez, pero la jefatura del Gobierno sufre un problema de credibilidad que se refleja en que más de un 80 % de los ciudadanos dicen no confiar en quien la ocupa. Al poder legislativo le quitaron su autonomía las élites de los partidos, que convierten a los representantes populares en puros agentes de la disciplina partidaria. El poder judicial, base del Estado de derecho, padece tal deterioro que los jueces ocupan los últimos puestos en el aprecio de los ciudadanos. Y no hace falta recordar cómo está la cohesión territorial.

Si concretamos la mirada en las instituciones, vemos que los sindicatos atraviesan una crisis de ética que les pone muy difícil la defensa de los trabajadores. Hoy, por ejemplo, nadie se imagina a la UGT con autoridad para convocar una huelga general. El Congreso acaba de comprobar el distanciamiento de la ciudadanía en las jornadas de puertas abiertas. El Senado sigue sumido en la eterna pregunta de para qué sirve. Los tribunales regionales de cuentas están bajo la guillotina de los recortes, porque al Gobierno central le parecen prescindibles. Los partidos ya figuran entre los asuntos que la sociedad detecta como problema nacional. El Tribunal Constitucional todavía no se ha repuesto de los golpes recibidos. El Consejo del Poder Judicial acaba de sufrir la embestida de la politización. Y, por si faltara algo, la siempre respetada Agencia Tributaria ofrece indicios de desgaste por intromisión ideológica.

Conclusión: la crisis del sistema se extiende y cada día es más difícil salvar alguna institución o al sistema mismo. En consecuencia, se produce un desapego social, porque el ciudadano apenas tiene adónde mirar por falta de referencias de buen funcionamiento o ejemplaridad. Tiene razón Mariano Rajoy al sorprenderse y celebrar que en España no surjan partidos extremistas: tenemos el caldo de cultivo para que aparezcan, se presenten a las elecciones y alcancen los resultados de otros países europeos, y no aparecen. Pero que no tiente al diablo: a España los movimientos extremos, como los económicos, tardan más en llegar, pero llegan. Y llegarán si los responsables públicos no se ocupan de sanear lo podrido. Ante ello, solo se me ocurre un consejo: no pierdan demasiados días en buscar consensos imposibles. Dedíquenlo a aplicar el bisturí. Hoy estamos a tiempo. Mañana, no lo sé.

Rajoy, ‘El rey del valor’
Pablo Sebastián www.republica.com 10 Diciembre 2013

Está claro que para el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, el movimiento no se demuestra andando sino estando parado. El ‘tancredismo’, el arte de quedarse quieto ante el toro como lo estaba al inicio del siglo XX Don Tancredo López, ‘El rey del valor’, parece ser la especialidad de Rajoy y visto lo visto podemos decir que a él no le va nada mal. A su partido el PP ya lo veremos en las elecciones europeas de 2014, pero a Rajoy por el momento y con dos años por delante que ‘le quiten lo bailao’ sin dar más pasos que subir los impuestos y recortar sin piedad el gasto social -no el político-, le receta que le dio ‘mamá’ Merkel para reducir el déficit y sentarse a esperar la recuperación que, poco a poco, da la impresión que empieza a enseñar las orejas.

El presidente Rajoy, viaja a Suráfrica donde rendirá homenaje, en compañía del Príncipe de Asturias y de los primeros dirigentes del mundo -allí hablarán Obama, Castro y Dilma-, al último de los líderes del planeta Nelson Mandela. Pero antes de partir ha dicho sin decir gran cosa -como en suele ser habitual- que le preocupa saber si Alemania sabe hacia dónde vamos. Lo que significa que el presidente español no sabe hacia dónde nos lleva el imaginario tren de la Unión Europea que conduce Ángela Merkel con el pie puesto en el freno del relanzamiento económico y financiero de la Unión.

Pues bien, a la espera que Alemania aclare hacia donde nos lleva, en España se vive una cierta euforia navideña por causa de una aparente reactivación del consumo, porque las ‘pérfidas’ agencias de calificación han mejorado en las últimas semanas el horizonte de España, porque Paco González, el banquero de BBVA favorito del Gobierno asegura que España ha crecido el 0,3 % en el último trimestre del año, y porque la prima de riesgo y la colocación de la deuda española van bien, aunque todavía no se ha logrado que la famosa ‘prima’ descienda por debajo de los 200 puntos.

Rajoy no se mueve y está a la expectativa lo que desespera a sus colaboradores y compañeros del PP (que no saben si va a cambiar el Gobierno, ni quien encabezará las elecciones europeas de 2014, ni quien será el líder del PP andaluz o los candidatos de Madrid), asombra a los dirigentes de la UE y desconcierta a sus adversarios españoles de la oposición

En esa última entrevista, donde confiesa no saber hacia dónde nos lleva Merkel, Rajoy no dice gran de España. Le preguntan por el caso Bárcenas y responde que los papeles de su extesorero son exclusivamente suyos, como de Rajoy eran sus famosos SMS a Luís Bárcenas diciéndole ‘se fuerte’. O sea no entra a valorar los casos de la corrupción, el segundo gran problema de España, tras el paro al que confunde con la desigualdad.

Y lo mismo le ocurre al presidente con la reforma constitucional donde tampoco mueve ficha o con el desafío catalán donde está a la espera que Artur Mas y Oriol Junqueras acaben a palos entre sí, lo que no es descartable a la vista de cómo discurre en Cataluña el debate independentista, ahora reactivado por ese infame congreso que se titula ‘España contra Cataluña’, que el ministro Margallo ha calificado de impostura y peligroso disparate.

Rajoy no es un hombre de acción y como él no lleva la iniciativa corre el riesgo de ir a remolque de los demás y de ser arrastrado por acontecimientos externos y ajenos a ese blanco pedestal -el cajón de don Tancredo- en el que permanece subido sin pestañear mientras el toro negro de España deambula a su alrededor. Puede que en su caso el apodo de ‘El Rey del valor’ no encaje con su personalidad. Lo suyo más bien es el arte de estar y no estar, o de ser o no ser, que diría Hamlet en su eterna duda ante la verdad.
www.pablosebastian.com

Una enmienda a la totalidad
Julio José Elías Baturones www.gaceta.es 10 Diciembre 2013

La mejor forma de proteger a la Constitución y de honrarla es la de procurar su regeneración

Artículo 1. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

En treinta y cinco años de la Constitución de 1978, han pasado muchas cosas en España y a los españoles como para hacer un balance preciso. La fundamental, que vivimos en el seno de una sociedad democrática e integrada en el selecto club de las Naciones Libres de Occidente. Hasta ahora.

El problema es que no hay absolutamente “nada que no cure el tiempo”. Toda constitución, incluida la española, tiene un margen de vigencia limitada, sin perjuicio de que, siempre sea un buen axioma el que, “cuanto más tiempo, mejor”. Es decir, tan malo es que sea necesario una nueva constitución a corto plazo como que se eternice su vigencia. Evidentemente y, como en todas las cosas de la vida, el punto intermedio siempre es el mejor. Por lo tanto, treinta y cinco años son un tiempo más que suficiente como para irse ya planteando actualizar nuestra Constitución a la realidad nacional de hoy, muy distinta, en casi todos los aspectos, a la España de blanco y negro de los 70.

Hasta aquí, perfecto y todo el mundo estará conforme. Pero, la pregunta del millón sería la siguiente: ¿en qué parte del texto actual debe de permanecer inalterable? Pues, sinceramente, en casi nada, porque todo es reformable a priori, con alguna excepción importante. A saber: la primera, el concepto supra constitucional de la soberanía nacional, que reside, en todo caso –y como sujeto titular de la misma– en el pueblo español en su conjunto, y del que, todas las instituciones –incluyendo la Monarquía– tienen su fuente de legitimación y emanación.

La segunda, la fuente original donde debe de beber cualquier intento de reforma constitucional, incluyendo una reforma total del texto: que se fundamente en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.

A partir de ahí, estudiemos y consensuemos todas las reformas que se quieran. Pero, no sobre los pilares de nuestra Carta Magna. Porque, en definitiva, por encima de las constituciones históricas, siempre hay un sujeto constitucional y una fuente originaria del Poder, en el marco de un Estado democrático y de derecho.

Ahora bien, lo de la “enmienda a la totalidad” tiene una finalidad distinta. Con esta expresión lo que pretendo argumentar es la necesidad de invertir la carga de la prueba, es decir, reconducir la situación actual, desde el más pésimo estado de decadencia moral, política e institucional, a un nuevo estado de recuperación de nuestros valores más arraigados en el tejido de la Nación: patriotismo constitucional, afán de superación y de recuperación de los valores eternos. Es necesario, por lo tanto, que se vuelva a pensar en grande (Ortega y Gasset dixit), que nos dejemos de practicar políticas en luces cortas y pongamos, de una vez, las largas para afianzar el futuro de las nuevas generaciones. Sin embargo, para este envite, se necesita nuevos paradigmas y políticas, a partir de un concepto regenerado de la vida pública y de los agentes políticos y sociales. Con el actual marco, no se puede esperar nada en positivo, solo una mera reiteración de las viejas y caducas políticas de antaño.

Resumiendo: la mejor forma de proteger a la Constitución y de honrarla es la de procurar su regeneración, su cura, de los males que asolan a una Nación vieja y sabia. Los españoles nos merecemos algo más que votar cada equis años. La soberanía no se delega, se ejerce con autoridad, coherencia y coraje. Las libertades no se ganan, se protegen, frente a los enemigos de la Libertad que, como en todos los tiempos, siempre aguardan, en las sombras, para aprovechar sus oportunidades. El conformismo, la comodidad y el cortoplacismo son sus mejores aliados.

*Julio José Elías Baturones es doctor en Derecho y profesor de Derecho Procesal y Penal de la Universidad de Sevilla.

Los nombres sagrados de la verdad
HERMANN TERTSCH ABC  10 Diciembre 2013

Esta política de desterrar del uso común los nombres comunes españoles es todo menos inocente
LA llamada corrección política comenzó como un encomiable esfuerzo por evitar en el lenguaje términos ofensivos, antes habituales, que podían herir la sensibilidad a ciertos sectores de la sociedad, habitualmente minorías. Surgió en EE.UU. y ya allí muy pronto se pervirtió para convertirse en un instrumento de limitación de la libre expresión y camisa de fuerza del lenguaje y del pensamiento. Algunas minorías, así como la izquierda, se han arrogado el derecho a decidir qué se puede decir y qué se puede pensar. Y a imponer sanciones a los transgresores que van desde el insulto a la muerte civil. En España fue la izquierda la que asumió el control de la corrección política en la transición. Y con su ayuda, los nacionalistas también han accedido a este papel de policía, juez y censor en la semántica oficial y privada.

Entre las peores ridiculeces de la tantas veces ridícula corrección política vigente en España está el uso de la toponimia vasca, catalana y gallega cuando se habla y escribe en castellano. Sin apenas resistencia, como en todo lo que ha supuesto cesiones a los nacionalismos, se ha ido imponiendo el uso exclusivo de los nombres en las lenguas minoritarias. Y ya se persigue, critica o amonesta el uso de los nombres históricos en español. De forma constante han sido liquidados del uso oficial, borrados sin rastro, los nombres castellanos de centenares de pueblos en el País Vasco, en Cataluña y en Galicia. En otros casos se ha «descastellanizado» el nombre con una grafía irreconocible. Hasta en los casos de dos provincias vascas se pretende que la ridícula grafía inventada para el vascuence sea la única oficial. Obviamente muchos jamás acataremos ese disparate a la espera que se enmiende. Mi madre, una guipuzcoana de Deva, con decenas de apellidos vascos, cuyo nombre Lersundi procede de una torre del siglo XII de la familia en Azcoitia, con siglos al servicio de la corona y de España, se revolvería en la tumba si me viera escribir Deva, Guipúzcoa y Azcoitia de otra forma. Lo cierto es que en los últimos años de su vida tuvo, hasta muy al final, fuerzas y lucidez para indignarse cuando escuchaba hablar en español de Oñati, donde estudió, o de Legutio por Villafranca de Álava o de Ondarribia por Fuenterrabía.

Esta política de desterrar del uso común los nombres comunes españoles, así como la grafía, de pueblos y lugares, es todo menos inocente. Por eso es una irresponsabilidad, cuando no una felonía, permitir esta limpieza étnico-lingüística implacable y obscena. Se trata de erradicar una historia milenaria. Se trata de erradicar la verdad. Se hace en las escuelas al enseñar a los niños una historia inventada en la que España y lo español solo aparece como elemento foráneo y hostil. Se hace con la ocultación y el olvido de la cultura y el legado común. Se hace alterando el nombre de las cosas. Se cambia el nombre propio de la gente, de los lugares, de las tradiciones. Y se hará con la lápidas de los cementerios para que no quede rastro. Ya ofrecen subvenciones para catalanizar lápidas. Que nadie sepa que el abuelo era Ceferino y la abuela Macarena. Y escribían en la lengua común de España. Cuando Stalin convirtió en 1945 en soviética la parte oriental de Polonia y deportó hacia el oeste a los polacos, a tierras alemanas previamente limpiadas étnicamente, se borró la toponimia, allá polaca, acá alemana. Y se prohibieron los nombres originales, centenarios y milenarios, sustituidos por otros artificiales. Pronto los niños aprendían un pasado que nunca existió. Sin rastro de la verdad, perdida en el olvido con los nombres sagrados.

La Constitución, ¿culpable?
La culpa, pues, no es de la Constitución, basta con interpretarla conforme a su espíritu y finalidad
Francesc de Carreras El Pais  10 Diciembre 2013

La reforma constitucional fue, durante la semana pasada, el tema de moda en los medios de comunicación. La crisis política y 35 años de duración lo justificaban.

La conclusión de políticos, opinión pública y expertos fue bastante clara: nuestra carta magna necesita reformas en algunos aspectos clave pero ello no es factible debido a que en estos momentos no existe posibilidad de conformar una mayoría equivalente al consenso de 1978, parámetro indispensable para que el remedio no sea peor que la enfermedad. Así pues el mandato es claro: debemos ir creando las condiciones que propicien el clima necesario para conseguir el deseado consenso.

Sin embargo, de todo este ambiente en favor de la reforma podría deducirse algo, a mi parecer, profundamente equivocado: que el responsable único del mal funcionamiento de algunas instituciones es la Constitución. En algunos casos, ello puede ser cierto, pero no en todos, ni siquiera en la mayoría. Es decir, las dificultades políticas de la reforma constitucional no pueden servir de excusa a los partidos políticos para seguir con la inercia del mal funcionamiento de las instituciones, de la que son sus principales responsables.

Así pues, a cada uno lo suyo: algunas instituciones funcionan mal por culpa del diseño constitucional; otras, a causa de las leyes que las regulan, y unas terceras, y esto es lo más frecuente, por el modo en que son aplicadas por parte de los poderes públicos competentes. Y ahí está la responsabilidad de los partidos, causa próxima o remota de este mal funcionamiento dado que son quienes, directa o indirectamente, designan a los titulares de estos poderes.

Basta un ejemplo para comprenderlo. Está generalizada la crítica a la designación de magistrados del TC. Sin embargo, el artículo 159 CE regula esta designación con la minuciosidad suficiente para garantizar que los nombrados sean personas técnicamente preparadas, imparciales e independientes. Por ello se exige en dicho artículo, entre otros requisitos, que sean elegidos por mayorías parlamentarias cualificadas entre juristas de reconocido prestigio y con un mandato de nueve años mientras el tribunal se renueva por partes cada tres años. Todo ello son cautelas para conseguir una composición equilibrada y neutral que distancie a los magistrados de las mayorías parlamentarias simples y ocasionales para asegurar su independencia. Ahora bien, la aplicación de estos buenos criterios constitucionales se malinterpreta mediante el sistema de cuotas partidistas que premian en muchos casos a juristas cuyo mérito primordial es su fidelidad al partido que los propone.

La culpa, pues, no es de la Constitución, basta con interpretarla conforme a su espíritu y finalidad. Mientras no la reformemos, cuidemos de aplicarla bien, que las dificultades de reforma no sean una permanente excusa para justificar el mal funcionamiento de ciertas instituciones.

El PP y las víctimas
Fractura total
Cayetano González Libertad Digital 10 Diciembre 2013

La labor de desgaste, de división, de ninguneo, de arrinconamiento de las víctimas del terrorismo que llevó a cabo Zapatero durante su proceso de negociación política con ETA y que ha continuado con Rajoy en La Moncloa ha dado sus frutos. Se pudieron ver, palpar y sentir con motivo de la concentración convocada por la Fundación Denaes que tuvo lugar en la Plaza de la República Dominicana de Madrid el pasado viernes.

La fractura entre las víctimas del terrorismo y el actual Gobierno del PP es, a día de hoy, total. La excarcelación, hasta la fecha, de más de sesenta presos de ETA a raíz de la derogación de la Doctrina Parot por parte del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y la rapidez con la que se han puesto a la tarea el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, junto a la inacción del Gobierno para oponerse o al menos dilatar la aplicación de dicha sentencia, han sido la gota que ha colmado el vaso, pero reconozcamos que el vaso estaba ya muy lleno desde hace tiempo.

Las víctimas del terrorismo se sienten, y con razón, doblemente víctimas. Primero les mataron a sus seres queridos y, años más tarde, los Gobiernos –el de Zapatero y el de Rajoy– y otras instituciones –fundamentalmente el Tribunal Constitucional y algunos jueces de la Audiencia Nacional– les traicionan llevando a cabo –unos– o apoyando –otros– un proceso de negociación con ETA que implica concesiones de tipo político –legalización de las diferentes marcas de la banda terrorista y vuelta de esta a las instituciones– o de tipo penitenciario, como las que se están produciendo en estas semanas.

Qué razón tenía Pilar Ruiz, la madre de los Pagazaurtundua, cuando dijo aquello de: "Haréis y diréis cosas que nos helarán la sangre". Y aunque esas palabras fueran dirigidas en aquel momento al secretario general del PSE, Patxi López, son perfectamente aplicables por extensión al José Luis (Rodríguez Zapatero), al Alfredo (Pérez Rubalcaba), al Mariano (Rajoy) o al Iñaki (Oyarzabal) de turno.

La fractura en y con el colectivo de víctimas del terrorismo expulsó ya hace mucho tiempo al PSOE de su lado. Eso no era de extrañar en un partido que antepuso la negociación política para acabar con ETA a la derrota de la banda mediante la ley y sólo con la ley. De ahí que el PSOE sea el partido de los atajos en la lucha contra el terrorismo, llámense esos atajos GAL o Faisán. El grito de "En mi nombre no" lanzado por las víctimas del terrorismo en numerosas manifestaciones durante la negociación de Zapatero con ETA nunca fue atendido por el expresidente en un claro desprecio a las propias víctimas.

Pero lo que muy pocos esperaban era que el actual PP se incorporara a esa dinámica de ninguneo y falta de respeto a las víctimas del terrorismo. Lo más grave para estas y para los ciudadanos ha sido la continuidad del actual Ejecutivo de la hoja de ruta pactada por Zapatero con ETA. Una hoja de ruta que incluía esta amnistía encubierta a presos de la banda que estamos viendo en estas semanas.

Además, ya se cuidó mucho el Gobierno y el PP cuando llegaron al poder hace dos años de quitar de la presidencia de la Fundación Víctimas del Terrorismo a Maite Pagazaurtundua –persona que, aunque de pasada militancia en el PSE, supo desempeñar su función con solvencia e independencia– y sustituirla por otra persona más dócil y manejable para los intereses gubernamentales como María del Mar Blanco: ¡qué papelón está haciendo la hermana de Miguel Ángel desde el Congreso del PP de Valencia del 2008, cuando Rajoy le ofreció entrar en la Ejecutiva nacional para paliar el efecto negativo de la marcha de María San Gil! No contentos con ese cambio, también pusieron en marcha un proceso para desactivar a la AVT, mimando hasta la extenuación –¿verdad, Jorge Fernández Díaz?, ¿verdad, Iñaki Oyarzabal?– a su actual presidenta, Ángeles Pedraza, que por otra parte se ha dejado mimar no manteniendo la aconsejable, prudente y saludable distancia que la presidenta de una asociación de víctimas del terrorismo debe mantener respecto a los despachos del poder.

El actual PP de Rajoy podrá no estar –no hubo ningún dirigente en la del pasado viernes– en las concentraciones de las víctimas del terrorismo; podrá comprar voluntades primando a unas asociaciones de víctimas frente a otras; podrá ningunear –también a través de los medios de comunicación que le son serviles– actos como el de Denaes; pero lo que no podrá evitar es que en una buena parte de su electorado haya calado la convicción de que esa actitud es profundamente inmoral e indigna de un partido que no solamente ha estado siempre al lado de las víctimas del terrorismo, sino que cuenta entre sus filas con muchos asesinados por ETA.

Porque estamos hablando del partido de Gregorio Ordóñez, de Miguel Ángel Blanco, de José Luis Caso, de José Ignacio Iruretagoyena, de Alberto Jiménez Becerril, de Tomás Caballero, de Manuel Zamarreño, de Jesús María Pedrosa, de José María Martín Carpena, de Manuel Indiano, de José Luis Ruiz Casado, de Francisco Cano, de Manuel Jiménez Abad, de José Javier Múgica, todos ellos asesinados por ETA entre 1995 y el 2001 por el simple hecho de militar y ser cargos públicos del PP o de UPN. El mismo partido del que era militante cuando fue secuestrado José Antonio Ortega Lara y del que posteriormente se dio de baja, mientras que uno de sus secuestradores, Josu Bolinaga, fue puesto en libertad por este Gobierno.

Seguramente muchos de los actuales dirigentes del PP –con Rajoy a la cabeza– respiraron tranquilos cuando, a media tarde del pasado viernes, tuvieron conocimiento de que la concentración de Denaes en favor de las víctimas del terrorismo sólo había logrado convocar a unas tres mil personas, una cifra realmente pobre si se tiene en cuenta la gravedad del momento que se está viviendo. Pero esos mismos dirigentes deberían pensar que a esa cifra probablemente habría que añadirle algunos ceros para evaluar correctamente cuántos votantes del PP están indignados con la actitud del Gobierno y del partido que le apoya y piensan castigar a éste negándole su voto. Porque no todo es economía, señor Rajoy, aunque usted, Arriola y algunos de los dirigentes de su partido piensen que si.

UGT y PSOE: así les va
EDITORIAL Libertad Digital 10 Diciembre 2013

Mal lo tiene cualquier organización que tenga que verse defendida por personajes de la catadura de Tomás Gómez, Óscar López, Cándido Méndez y José Ricardo Martínez, cuatro perfectos ejemplos, cada uno en su estilo, de los males que aquejan a nuestra clase político-sindical.

Pero aun así, y aun teniendo en cuenta las bajas expectativas que con tales oradores se podía tener, el acto que ha tenido lugar este lunes en Madrid ha sido un decepcionante aquelarre en el que unos y otros han pretendido, de una forma muy agresiva y con una retórica decimonónica, echar balones fuera de los muchos y muy graves casos de corrupción en los que se ha visto envuelta UGT en los últimos meses.

Unos meses en los que hemos visto facturas falsas, bolsos falsos, cursos falsos y mucho dinero -ese no era falso- entrando en las arcas de UGT de forma irregular; pero el único argumento que se le ocurre a los líderes del sindicato o del PSOE para defenderse es un numantinismo amenazante y trufado de mentiras.

Por supuesto, lo que se está dirimiendo no es una campaña contra los sindicatos y menos aún contra los trabajadores –el verdadero ataque a los trabajadores lo hacen los que roban de sus ERE o de sus cursos de formación–, sino una serie de casos de corrupción que dejan bien claro que buena parte de la actividad sindical tiene como único objeto llenar las propias arcas, proveer de puestos de trabajo muy bien remunerados a sus dirigentes y mantener gigantescas estructuras burocráticas.

Como en el caso de los partidos políticos, y eso explica al menos parcialmente el apoyo incondicional del PSOE, los grandes sindicatos no son herramientas para servir a unos determinados fines o a una ideología, sino maquinarias cuyo único fin es mantenerse en el poder y lograr las mayores cantidades posibles de dinero público.

Esa evidencia, cada vez más clara para cada vez más ciudadanos, es lo que debería preocupar a los capitostes de PSOE y UGT, y no un ataque externo que, por más que lo pregonen, resulta muy poco creíble. Porque los que han cobrado de los ERE, los que han trucado facturas y dietas y los que han falsificado bolsos no son de la derecha mediática o política: son capitostes sindicales.

En una tesitura así, una cúpula sindical que realmente buscase lo mejor para los trabajadores y ser una estructura útil en una sociedad democrática, intentaría depurar a los corruptos y aplicar la más estricta transparencia a sus cuentas para evitar futuras tentaciones. En cambio, los dirigentes de UGT y PSOE prefieren echarse al monte con disparatadas descargas verbales, una actitud chulesca y una retórica violenta e insultante. Con ello dejan claro tanto sus graves responsabilidades en lo ocurrido como su nula voluntad regeneracionista.

Análisis de situación (I): El colapso del bipartidismo
Luis del Pino Libertad Digital 10 Diciembre 2013

Para entender los últimos movimientos en la escena política, y los que vendrán, comencemos por el principio: fíjense ustedes en este sondeo de Metroscopia que publicaba El País el pasado agosto.

Observen ustedes un detalle de extraordinaria importancia: se proporcionan las estimaciones de voto para dos supuestos distintos de participación, el 52% y el 65%. Lo que las encuestas internas de los partidos están reflejando es que, en estos momentos, la abstención sería del 45% del electorado o incluso superior. Por tanto, de las dos estimaciones de voto que daba Metroscopia el pasado agosto, la correcta es la primera. El otro supuesto, el del 65%, no es más que wishful thinking, un ejercicio teórico que consiste en responder a la pregunta: "¿Qué pasaría si, contra todo pronóstico, consiguiéramos movilizar más electores?".

Si comparamos los dos supuestos de participación, vemos que a quien está castigando esa abstención prevista cercana al 50% es, fundamentalmente, al PSOE, pero sobre todo al PP. Esas son las dos grandes bolsas de votos desencantados. Tanto un partido como el otro quedarían, en caso de celebrarse mañana elecciones generales, por debajo del 25% de voto. El PSOE sigue a la baja con respecto a las elecciones de 2011 (pasaría del 29% conseguido entonces a un 23%). Pero el caso del PP es aún más dramático: pasaría del 45% de voto conseguido en 2011, a otro 23%.

En términos absolutos, la debacle se percibe todavía más claramente. Con esos porcentajes de participación (52%) y esas estimaciones de voto (23% para cada uno de los dos grandes partidos), estamos hablando de que el PSOE pasaría de los 7 millones de votos obtenidos en 2011 a solo 4 millones. Pero es que el PP caería de 10,8 millones a solo 4 millones. Entre los dos partidos podrían llegar a perder... ¡más de 9 millones de votos!

¿Entienden ustedes ahora el nerviosismo y las prisas de nuestra clase política? Básicamente, su problema es que el tiempo se les acaba.

¿Y qué sucede con esa inmensa bolsa de voto perdido por PP y PSOE? Pues que parte de él ha ido a Izquierda Unida (que ganaría algo más de 1 millón de votos) y otra parte ha ido a UPyD (que gana aproximadamente otro millón). Los otros 7 millones de votos perdidos por PP y PSOE estarían, en estos momentos, refugiados en la abstención, a la espera de que alguien los coseche.

¿Qué puede pasar con esa inmensísima bolsa de abstencionistas desencantados? Pues podría pasar (wishful thinking) que PP y PSOE se las arreglaran para recuperar a esos electores, vendiendo tímidas buenas noticias económicas, impulsando a nuevos líderes o apelando al voto del miedo. En el mejor de los casos (que se correspondería con el supuesto del 65% de participación que daba esa encuesta de Metroscopia), basta echar las cuentas correspondientes para ver que, como máximo, PP y PSOE recuperarían 5 de esos 7 millones de votos. Lo que quiere decir dos cosas: 1) que PP y PSOE perderían , como mínimo, 4 millones de votos entre los dos con respecto a las elecciones de 2011y 2) que aún habría otros 2 millones de electores "sin dueño", que alguien podría tratar de movilizar.

La segunda cosa que podría pasar con esa bolsa de desencantados es que nadie fuera capaz de movilizarlos, en cuyo caso estaríamos en el escenario catastrófico para el bipartidismo que antes comentábamos: PP y PSOE perderían, entre los dos, 9 millones de votos y quedarían por debajo del 25% de voto.

Y la tercera cosa que podría suceder es aún peor para PP y PSOE: que esos 7 millones de votos fueran movilizados a última hora por las fuerzas ya existentes (IU, UPyD) o por nuevas fuerzas que aparecieran. En este último caso, PP y PSOE podrían terminar cosechando... ¡menos del 20% de voto en las próximas elecciones generales! La razón es fácil de entender: al aumentar los votantes a otras formaciones, baja el porcentaje sobre voto total de los dos grandes partidos.

¿Les parece un panorama suficientemente preocupante para el bipartidismo? Pues eso no es nada, porque, en realidad, las cosas están aún peor. Fíjense en un detalle fundamental: todos estos cálculos los hemos hecho con los datos de la encuesta de Metroscopia del mes de agosto. Pero es que, en noviembre, la situación en las encuestas ha empeorado, como les explicaré en el siguiente artículo de esta serie.

Consulta secesionista
Las urnas contra la democracia
Guillermo Dupuy Libertad Digital 10 Diciembre 2013

El otro día vi a Francesc Homs en Intereconomía y la verdad es que tuve la sensación de que el gato al agua se lo llevaba claramente el portavoz de la Generalidad: no sólo por esa intervención suya, suaviter in modo fortitier in re, que daba aires de moderación y sensatez a sus radicales y desestabilizadoras pretensiones censoras y soberanistas. Tampoco únicamente por su habilidad a la hora de mentir descaradamente con una agradable sonrisa en los labios. Tuve esa sensación, sobre todo, por la sorprendente incapacidad de sus interlocutores a la hora de rebatir su proyecto secesionista fuera del puro ámbito de la legalidad.

No voy a negar la importancia capital que tiene la ley en un sistema democrático y en un Estado de Derecho, como no voy a negar el carácter ilegal que tiene convocar una consulta como la planteada por el Gobierno de la Generalidad sin tener autorización ni competencias para ello. Pero si nos quedáramos únicamente en esto correríamos el riesgo de que cada vez fueran más los ciudadanos que llegasen a la errada conclusión, tanto en Cataluña como en el resto de España, de que tenemos un ordenamiento jurídico incompatible con el ejercicio de un derecho pacífico e impecablemente democrático como sería el que supuestamente posibilita a través de las urnas que los ciudadanos de un determinado territorio puedan constituir un Estado independiente.

La verdad, sin embargo, es que la consulta secesionista debe ser rechazada no sólo por su incuestionable ilegalidad, sino por la insuperable contradicción interna que plantea desde un punto de vista democrático. Y es que ¿por qué Badalona, la misma Barcelona o cualquier otra parte de Cataluña no va a seguir formando parte de España si una mayoría de sus ciudadanos quiere que sí? ¿Por qué los españoles, en función de un mal llamado "derecho a decidir", hemos de aceptar que una parte de nuestro territorio nacional deje de ser España y los nacionalistas, en función de ese mismo derecho, no tienen por qué aceptar que una parte del Principado deje de ser catalana?

Por otra parte, ¿por qué nunca desenmascaramos ese falso "derecho a decidir" preguntando también a los nacionalistas cada cuánto se va a ejercitar? Si tan democrático se pretende su ejercicio, ¿se va a convocar cada cuatro años? ¿O es que acaso los catalanes sólo van a tener "derecho a decidir" hasta el momento en que decidan lo que los nacionalistas pretenden, esto es, una Cataluña independiente?

Ya va siendo hora de que seamos conscientes de que para preservar la libertad y la democracia no todo, ni siquiera lo principal, se debe decidir en las urnas. De la misma forma que no se dirime en las urnas qué religión profesamos, qué vestimenta usamos, qué ideas políticas tenemos, cuántos hijos podemos tener o con quién intercambiamos nuestros bienes y servicios, tampoco la configuración de fronteras nacionales forma parte de lo que tenemos derecho a decidir mediante el voto.

Si, por el contrario, nos limitamos a destacar la ilegalidad de la consulta, la gente llegará a la conclusión de que el problema está sólo en la ley y no en la engañosa consulta con la que los nacionalistas podrían llevarse definitivamente el gato al agua.

Los nombres sagrados de la verdad
HERMANN TERTSCH ABC  10 Diciembre 2013

Esta política de desterrar del uso común los nombres comunes españoles es todo menos inocente

LA llamada corrección política comenzó como un encomiable esfuerzo por evitar en el lenguaje términos ofensivos, antes habituales, que podían herir la sensibilidad a ciertos sectores de la sociedad, habitualmente minorías. Surgió en EE.UU. y ya allí muy pronto se pervirtió para convertirse en un instrumento de limitación de la libre expresión y camisa de fuerza del lenguaje y del pensamiento.

 Algunas minorías, así como la izquierda, se han arrogado el derecho a decidir qué se puede decir y qué se puede pensar. Y a imponer sanciones a los transgresores que van desde el insulto a la muerte civil. En España fue la izquierda la que asumió el control de la corrección política en la transición. Y con su ayuda, los nacionalistas también han accedido a este papel de policía, juez y censor en la semántica oficial y privada.

Entre las peores ridiculeces de la tantas veces ridícula corrección política vigente en España está el uso de la toponimia vasca, catalana y gallega cuando se habla y escribe en castellano. Sin apenas resistencia, como en todo lo que ha supuesto cesiones a los nacionalismos, se ha ido imponiendo el uso exclusivo de los nombres en las lenguas minoritarias. Y ya se persigue, critica o amonesta el uso de los nombres históricos en español. De forma constante han sido liquidados del uso oficial, borrados sin rastro, los nombres castellanos de centenares de pueblos en el País Vasco, en Cataluña y en Galicia. En otros casos se ha «descastellanizado» el nombre con una grafía irreconocible.

Hasta en los casos de dos provincias vascas se pretende que la ridícula grafía inventada para el vascuence sea la única oficial. Obviamente muchos jamás acataremos ese disparate a la espera que se enmiende. Mi madre, una guipuzcoana de Deva, con decenas de apellidos vascos, cuyo nombre Lersundi procede de una torre del siglo XII de la familia en Azcoitia, con siglos al servicio de la corona y de España, se revolvería en la tumba si me viera escribir Deva, Guipúzcoa y Azcoitia de otra forma. Lo cierto es que en los últimos años de su vida tuvo, hasta muy al final, fuerzas y lucidez para indignarse cuando escuchaba hablar en español de Oñati, donde estudió, o de Legutio por Villafranca de Álava o de Ondarribia por Fuenterrabía.

Esta política de desterrar del uso común los nombres comunes españoles, así como la grafía, de pueblos y lugares, es todo menos inocente. Por eso es una irresponsabilidad, cuando no una felonía, permitir esta limpieza étnico-lingüística implacable y obscena. Se trata de erradicar una historia milenaria. Se trata de erradicar la verdad. Se hace en las escuelas al enseñar a los niños una historia inventada en la que España y lo español solo aparece como elemento foráneo y hostil.

Se hace con la ocultación y el olvido de la cultura y el legado común. Se hace alterando el nombre de las cosas. Se cambia el nombre propio de la gente, de los lugares, de las tradiciones. Y se hará con la lápidas de los cementerios para que no quede rastro. Ya ofrecen subvenciones para catalanizar lápidas. Que nadie sepa que el abuelo era Ceferino y la abuela Macarena. Y escribían en la lengua común de España. Cuando Stalin convirtió en 1945 en soviética la parte oriental de Polonia y deportó hacia el oeste a los polacos, a tierras alemanas previamente limpiadas étnicamente, se borró la toponimia, allá polaca, acá alemana. Y se prohibieron los nombres originales, centenarios y milenarios, sustituidos por otros artificiales. Pronto los niños aprendían un pasado que nunca existió. Sin rastro de la verdad, perdida en el olvido con los nombres sagrados.

Tamames presenta un informe sobre el Estado de derecho, seguridad jurídica, transparencia y Estado económico responsable
El estudio pone de relieva la difícil situación del Estado de Derecho en España en la actualidad, en términos de una seguridad jurídica y una trasparencia insuficientes
Tamames presenta un informe sobre el Estado de derecho, seguridad jurídica, transparencia y Estado económico responsable
Madrid www.republica.com 10 Diciembre 2013

El próximo miércoles, 11 de diciembre, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid acogerá a las 19 horas la presentación del informe Estado de Derecho, Seguridad Jurídica, Transparencia y Estado Económico Responsable, la última publicación que forma parte de la colección AQUAE PAPERS. En el acto intervendrán el economista Ramón Tamames, autor del estudio y colaborador de República.com, Ángel Simón, presidente de la Fundación Aquae y Marcelino Oreja, presidente de La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

En este estudio, el profesor Tamames pone de relieve que en un estado de derecho, “las leyes emanadas del poder legislativo fijan limitaciones al poder ejecutivo. De manera que el poder del Estado, en cualquier de sus manifestaciones de Administraciones Públicas, debe subordinarse a una normativa concreta y explicita. En un entorno de convivencia en el que la ciudadanía tiene siempre el recurso a exigir sus derechos ante el poder judicial. Por ello cabe decir que no puede haber Estado de Derecho sin soberanía popular, ni sin separación de poderes”.

Tamames analizará durante la presentación del citado informe la difícil situación del Estado de Derecho en España en la actualidad, en términos de una seguridad jurídica que “no brilla especialmente” vistos los últimos capítulos del sector eléctrico o las licitaciones de servicios públicos. Una seguridad jurídica lastrada por una trasparencia hasta ahora insuficiente.

El profesor pondrá de relieve la indispensable necesidad de que “el Estado funcione con mayor eficiencia, merced a la crítica permanente que tanto contribuye a la mejora de la gestión política, administrativa y de los servicios públicos de la sociedad”. Todo ello para subrayar al final la nueva idea del Estado Económico Responsable, en el contexto del sector público en diversos aspectos: financieros, energéticos, competencia, mercado de valores, e incluso hasta el propio Banco de España cuya imagen no es, según el autor del estudio, “ni mucho menos perfecta” como se ha puesto de relieve con la falta de protección de los ahorradores.

Tamames subraya que este Estado Económico Responsable debería serlo en una doble vertiente: de un lado asumiendo, con rigor y seriedad, la importancia de la vertiente regladora y supervisora que todo Estado debe ejercer, y de otro, potenciando los mecanismos de control, por la vía de la transparencia, para garantizar los mayores niveles de eficiencia de la administración y los servicios públicos.

Democracia: no acepten falsificaciones
Juan F. Arza Mondelo www.cronicaglobal.com 10 Diciembre 2013

Los independentistas han propagado con notable eficacia la teoría de que la mejor solución para el conflicto que ellos mismos han creado es la realización de un referéndum o "consulta". A través del voto, el pueblo podría manifestar su voluntad de forma ordenada y pacífica. La consulta permitiría a los catalanes decidir de forma democrática su futuro.

De lo anterior se deriva, lógicamente, que todos aquellos que nos oponemos a la consulta somos contrarios a la democracia. No queremos que el pueblo vote porque tenemos miedo a que su decisión no sea la que a nosotros nos gustaría. Por eso utilizamos la legalidad como una barrera o como una amenaza.

El éxito de la fraseología independentista demuestra hasta qué punto una parte de nuestra clase política, de nuestros intelectuales y de la sociedad ignora el verdadero significado de la democracia. Porque la democracia no consiste sólo en introducir papeletas en urnas, y en plegarse acríticamente a lo que supuestamente quiere la mayoría.

En Cataluña, una parte importante de los ciudadanos no independentistas no se atreve a manifestar sus opiniones en público, o lo hace con muchas cautelas

La democracia debe, en primer lugar, garantizar que todos los ciudadanos puedan expresar sus opiniones con libertad y en igualdad de condiciones. No puede haber elección válida sin esa condición previa. En Cataluña, una parte importante de los ciudadanos no independentistas no se atreve a manifestar sus opiniones en público, o lo hace con muchas cautelas. Los partidos y grupos no nacionalistas sufren continuas intimidaciones y agresiones, cuya intensidad y frecuencia ha ido in crescendo. El Gobierno autonómico utiliza de forma descaradamente partidista los medios de comunicación públicos, y malgasta el dinero público para controlar la línea editorial de muchos medios privados.

Algunas asociaciones y grupos de interés como Òmnium Cultural o la ANC se han erigido en portavoces de todo el pueblo. Con una movilización intensa y permanente, apoyada financiera y mediáticamente desde el Gobierno autonómico, imponen su agenda política a todos los ciudadanos. ¿Quién les ha otorgado legitimidad para hacerlo? En democracia, la legitimidad no proviene de la capacidad para convocar a un gran número de personas vestidas con la misma camiseta y gritando las mismas consignas.

En democracia, el espacio público es para todos, sea cual sea su ideología. Nadie tiene derecho a apropiarse del mismo. En Cataluña, sin embargo, las banderas estelades están en las calles de todos los pueblos y ciudades de Cataluña, no sólo en viviendas particulares sino también en edificios públicos como ayuntamientos, colegios, cuarteles de bomberos... Algunos monumentos o escenarios naturales están permanentemente decorados con la bandera independentista. En multitud de eventos sociales, culturales o deportivos la simbología independentista tiene una presencia destacada. Las personas que no compartimos los símbolos independentistas nos vemos obligados a vivir rodeados de ellos. El independentismo consigue así crear una falsa percepción de unanimidad, e intimidar a quienes pensamos de forma diferente.

La libertad de opinión genera una gran diversidad de posiciones políticas. En Cataluña coexisten muchas posturas sobre cuál debe ser la estructura del Estado: recentralización, autonomía, federación, federación asimétrica, confederación, independencia... ¿Es democrático reducir esa diversidad a dos o tres alternativas mutuamente excluyentes, y obligar a los ciudadanos a escoger entre ellas? Los independentistas quieren enfrentar a los ciudadanos con una pregunta "clara", dicen que para no "confundirlos". Más bien parece que quieren sacar provecho de la polarización de la ciudadanía, obligándola a escoger entre dos opciones moldeadas a su conveniencia.

La mayoría de constituciones democráticas modernas establezcan procedimientos lentos y complejos para la reforma de sus contenidos básicos. Cambiar el sujeto de la soberanía nacional, por ejemplo, es más complicado que definir un límite de déficit presupuestario

Los independentistas y los que se han dejado seducir por su palabrería afirman que el pueblo catalán tiene "derecho a decidir". Sin embargo, la mayoría de los catalanes confiesa no disponer de suficiente información sobre las consecuencias de la independencia. En esas condiciones, ¿no se convierte el "derecho a decidir" en la "obligación de escoger"? Aquí se objetará que tampoco disfrutan los ciudadanos de una información perfecta ante los procesos electorales habituales, y que no por eso son inválidos. Pero en ese caso el ciudadano puede comprobar la calidad de sus decisiones y rectificar al cabo de unos años. En el caso de la consulta independentista, se fuerza una decisión irreversible.

Por último, a los que nos reprochan utilizar la Constitución como un "muro" para las aspiraciones del pueblo debemos recordarles que la democracia tiene principios y reglas de juego fundamentales, que gozan de protección especial y no pueden ser modificadas de la noche a la mañana. Sólo una mayoría suficientemente amplia y sostenida en el tiempo puede aspirar a cambiar dichas reglas. De lo contrario, cualquier mayoría frágil y circunstancial podría aprovechar su condición para provocar cambios irreversibles, sin posibilidad de rectificación por parte de la mayoría que la reemplazara más adelante. De ahí que la mayoría de constituciones democráticas modernas establezcan procedimientos lentos y complejos para la reforma de sus contenidos básicos. Cambiar el sujeto de la soberanía nacional, por ejemplo, es más complicado que definir un límite de déficit presupuestario. Es cuestión de voluntad política, sí. Pero de una voluntad política suficientemente amplia y estable como para pasar el examen.

En resumen, la consulta que promueven los independentistas y aceptan otros grupos políticos de forma ingenua y acrítica no es sinónimo de democracia. Debo recordar, a riesgo de que el Gobierno autonómico me incluya en su lista negra de banalizadores, que los plebiscitos y las manifestaciones multitudinarias son el instrumento de manipulación y falsa legitimación preferido por los regímenes autoritarios.

A los independentistas les gusta contraponer la actitud supuestamente inmovilista y antidemocrática del Gobierno español a la de otros países que han permitido la realización de consultas. Pero el populismo que impera en Cataluña recuerda mucho más a Venezuela. Y cuando Artur Mas y su socio Oriol Junqueras amenazan con elecciones plebiscitarias o huelgas salvajes si no se acepta su consulta, recuerdan mucho más a Nicolás Maduro que a Gandhi o a Martin L. King.


La realidad niega a Rajoy: el gasto público español es casi tres puntos de PIB superior al alemán
Economía y finanzas www.vozpopuli.com 10 Diciembre 2013

Mariano Rajoy no se corta. Al tiempo que gasta más que Alemania en proporción de PIB, afirma que sus problemas son los ingresos y no los gastos, y conmina a Merkel a hacer más por Europa. Sin embargo, España nunca ha ingresado mucho más del 39 por ciento del PIB y sus desembolsos ahora se sitúan en el entorno del 47,8 por ciento. Semejante diferencia se antoja insalvable y no se puede solventar sólo con más recaudación, un hecho del que son muy conscientes en Europa.

Entrevistado por un grupo de periódicos europeos, el presidente Mariano Rajoy afirmó este lunes: “Yo estoy cómodo, en este momento la clave es que tengamos más ingresos, no tenemos tanto problema de gastos como de recaudación, y a medida que vayamos alejándonos de la recesión, irán mejorando los ingresos. Por tanto, ahí no hay un problema”.

De acuerdo con la tesis de Mariano inspiradas por Montoro, tan sólo hay que arreglar los ingresos para acabar con el déficit, algo que además se irá corrigiendo solo conforme mejore la economía. Visto así, el gasto puede quedarse en donde está, en la actualidad cerca del 47,8 por ciento del PIB, por encima del 45 por ciento que gasta un país mucho más rico como Alemania. De lo cual justo se infiere que el único camino consiste en subir la recaudación, en la actualidad en el 37,12 y mejorando, pero aún unos 6 puntos por debajo de la media europea.

Es decir, para compensar el desfase presupuestario habría que elevar los ingresos por valor de prácticamente 10 puntos del PIB, unos 100.000 millones. Y ello en un contexto todavía recesivo, en el que difícilmente la economía volverá a crecer a tasas como las conseguidas en plena burbuja y en el que cualquier intento de elevar la presión fiscal se traduce en un desplazamiento mayor de la actividad hacia la economía sumergida.

Es cierto que España adolece de un sistema tributario defectuoso, con el que siempre han jugueteado los módulos, muchos profesionales y bastantes empresas para rebajar su factura fiscal. Hay numerosas deducciones y además se castiga demasiado a las nóminas. Pero no parece que nuestra economía pueda soportar en el corto y medio plazo niveles de recaudación más propios de un país nórdico o Francia, en el entorno del 50 por ciento del PIB, con altas cotas de intervención estatal, salarios más altos, una mayor productividad y también mejores servicios y prestaciones.

Durante la bonanza, el sistema estaba diseñado para exprimir el boom inmobiliario y por tanto al contribuyente de una manera casi indolora. La mayor aportación que un ciudadano hacía al erario público la efectuaba cuando compraba una vivienda. Atenuado por el pago a plazo en una hipoteca, en ese desembolso se incluía el IVA, los impuestos autonómicos y las rentas del suelo para los municipios. Y encima se empezaba a pagar impuestos por la luz o el IBI. Pero en cuanto la vaca se secó, los ingresos cayeron del máximo histórico del 41 por ciento del PIB al 35,08 por ciento de 2009.

Montoro ha subido casi todos los impuestos posibles y ha creado figuras nuevas. E incluso así sólo ha conseguido llevar la cifra de ingresos al ámbito del 37 por ciento del PIB en 2012, y nunca más allá del 38 por ciento en 2013.

O sea, que además Rajoy quiere lograr en medio de un entorno recesivo una cifra de recaudación muy por encima de lo que jamás se obtuvo en España, incluso durante el pico de la madre de todas las burbujas impulsada por unos incrementos anuales del crédito que tocaron el 25 por ciento.

Así las cosas, España puede reformar su sistema tributario para extraer algunos puntos más. Pero no parece razonable que se pueda obtener más del 42 por ciento del PIB en ningún caso. Ello implica que todavía quedan 5 puntos del PIB, unos 50.000 millones que hay que recortar. O lo que es lo mismo, sí que hay un problema muy serio con el gasto. Durante los cinco años de crisis, los desembolsos del Estado se han disparado desde el 39 por ciento del PIB en 2007 hasta el 47 por ciento de la actualidad. Ni más ni menos que 100.000 millones, de los cuales sólo unos 20.000 millones han engordado en el último año.

Y si se diseccionan los distintos componentes del gasto, se antoja difícil que éste se pueda rebajar simplemente porque acuda al rescate el crecimiento. Los intereses seguirán altos porque el volumen de la deuda no se reduce. El gasto en pensiones ha engordado unos 22.000 millones durante la crisis y continuará aumentando, en parte porque la reforma pospone el grueso de los cambios para 2019. Quizás se pueda rebajar algo la factura de las prestaciones por desempleo, pero poco. Y el capítulo de personal permanece en los niveles de 2008. El déficit parece enquistado en el 4 ó 5 por ciento del PIB sin más medidas. Por eso, en sus documentos enviados a Bruselas el Ejecutivo de Rajoy ha prometido para 2015 y 2016 ajustes en las partidas de personal por 10.000 millones, por 8.000 millones en las prestaciones sociales y por 3.000 millones en los consumos intermedios. Y todo ello sin haber anunciado medidas que justifique tamaños ahorros. De modo que el problema no son sólo los ingresos. También los gastos.
 

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'Espanya contra Catalunya'
Negros y charnegos en Cataluña
Pablo Planas Libertad Digital 10 Diciembre 2013

Como se murió Mandela, Mas es Masdiba o Masdela. Ya fue Mastin Luther King y Mashatma Gandhi, por lo que a nadie ha extrañado que una periodista de Catalunya Ràdio compare la legalidad española y la Constitución con el apartheid en medio de una entrevista al ciudadano Rivera, que lo flipaba mazo. En la realidad paralela catalana, entre la dimensión desconocida y un tetris-matrix, los charnegos seríamos ahora la reencarnación del afrikáner, minoría racista, supremacista, calvinista y constitucionalista que tendría sojuzgados a los catalanes del derecho a decidir. Seguramente lo de 1714 ya fue la primera guerra zulú, un paradigma de conflicto de colonización y descolonización: la Guerra de los Tres Siglos.

Para hablar de charnegrs, charnegros y charnegobóers se ha organizado un congreso de historiadores en Cataluña. Un simposio de historia en Barcelona no es el comienzo de ningún chiste. Más bien parece el principio de una fábula o una sección de Radio La Colifata. Un congreso de historia aquí, en fin. Se titula "Espanya contra Catalunya, una mirada històrica (1714-2014)", lo que ya despeja cualquier incógnita. Historia, sí. Historia y ciencias paranormales. Se celebra del 12 al 14 próximos y será el toque de corneta de los fastos del Tricentenari, por lo de la derrota de los austracistas a manos de los borbónicos. Seguro que se acuerdan, hace cuatro días. Lo paga el pueblo, lo difunde la Generalidad y lo monta un selecto grupo de historiadores capitaneados por Jaume Sobrequés, autor de la imprescindible Història del F.C. Barcelona, en seis volúmenes. (Sobrequés fue directivo del Barça y dirigente del PSC y convergió ya de mayor).

Intervendrán historiadores prestigiosos. Josep Fontana abrirá el simposio con la lección inaugural "España y Cataluña, trescientos años de conflicto político", pim, pam. Quim Nadal (el exdirigente del PSC) también pondrá en el congreso, en concreto sobre el España nos roba, con la conferencia "El catastro. El arranque del expolio económico. Siglo XVII". Clausurará el sociólogo Salvador Cardús con la conferencia "La humillación como desencadenante de la eclosión independentista". Sopa de ganso durante tres días. Sylvania contra Libertonia en Ucronía, capital Barcelona.

De entrada, España pierde contra Cataluña por incomparecencia. Todos los historiadores son españoles, en tanto que catalanes, pero no hay una sola lección, charla, conferencia, ponencia, seminario o sesión de güija que presente los hechos de 1714 como una guerra dinástica, que es lo que fueron mayormente, en la que catalanes y castellanos tenían poco o nada que decir y decidir. Tanto da. El rigor histórico es una batalla perdida en Cataluña. Son demasiados años y demasiadas generaciones sometidas a un bombardeo masivo de mensajes hispanófobos en la escuela, en las series y en los informativos de TV3, en los periódicos y hasta en la publicidad. Durante años lo español ha sido tosco, feo, zafio, cutre, garbancero, primitivo, asilvestrado e inculto. Y lo catalán, sublime, refinado, sofisticado, oportuno, mesurado, conveniente, progresista, avanzado, mejor. Y eso ha calado hasta en los sectores menos expuestos al lenguaje predominante. Los españoles son el general Custer en Little Big Horn y Jerjes contra Leónidas, los nazis de todas las películas desde 1714 o antes. ¿Que no? Pero si ya hemos sido estalinistas en Lituania, británicos en la India y somos nazi-franquistas en general.

En estas condiciones, la Generalidad, el Centro de Historia Contemporánea de Cataluña y la Sociedad Catalana de Estudios Históricos podrían haber organizado un certamen de bebedores de sidra con el título "Cervantes era de L'Hospitalet", y se compraría el mondongo como si fuera palabra de Higgs, el del bosón. Son poco conocidas las actividades de las entidades académicas catalanas. La Sociedad de Estudios Históricos, por ejemplo, pende del Instituto de Estudios Catalanes, cuyo último éxito ha sido la creación de la barítona, una flauta de doble caña y metro y medio de longitud (la más larga del mundo) que otorga nuevos matices a la música de cobla que acompaña a las sardanas. La barítona, ahí es nada. De la misma peña del casino de la barítona, no les digo más, es el anuncio de un memorial de agravios en el que se recogerán las afrentas españolas de los últimos trescientos años, lo que seguramente permita incluir el episodio del whats new Cesicat como un capítulo más de la guerra de España contra Cataluña versión Ciberprotón contra Mister M.

Tenemos poco tiempo
Francesc Moreno www.cronicaglobal.com 10 Diciembre 2013

Con el máximo respeto por el gran esfuerzo realizado por los organizadores, la manifestación del pasado 6 de diciembre es un claro ejemplo de los problemas de los no nacionalistas en Cataluña. Carencia absoluta de medios económicos, falta de apoyo mediático y de cualquier administración y ausencia de un mínimo consenso básico entre las fuerzas políticas. Esta situación es producto de más de 30 años sin ninguna estrategia política a medio y largo plazo por parte de PP y PSOE y de sus homólogos catalanes para hacer frente al discurso nacionalista.

Comparen con la organización de la Diada. Voluntarismo, frente a una organización coordinada e impulsada desde el poder. Determinación, frente a improvisación. Riqueza de medios, frente a precariedad absoluta. Pareciera como si las fuerzas políticas catalanas no soberanistas hubieran interiorizado el discurso nacionalista de que estamos en un conflicto entre Cataluña y España, y que ya será el Gobierno español de turno quien tome las medidas cuando corresponda. Durante años se ha interiorizado que lo correcto políticamente en Cataluña era ser nacionalista. El que se manifestaba como no nacionalista era relegado de la vida pública catalana. Y ello a pesar de que durante los primeros años de autogobierno desde la izquierda había cierto pudor en llamarse nacionalista, término asociado, correctamente, con autoritarismo y populismo.

La realidad es que los catalanes no independentistas estamos en clarísima inferioridad de condiciones frente a los que se reclaman soberanistas

No pienso igual. La independencia es, en primer lugar, un debate entre catalanes. Si un día todos los catalanes fueran independentistas, lo que dijeran en el resto de España valdría muy poco. Y la realidad es que los catalanes no independentistas estamos en clarísima inferioridad de condiciones frente a los que se reclaman soberanistas. Ni estrategia, ni medios, ni unidad básica.

La independencia de Cataluña perjudicaría objetivamente a la mayoría de catalanes y a la mayoría del resto de españoles. Pero los más perjudicados seríamos los catalanes no nacionalistas. Ciudadanos de segunda en nuestro propio país. Aunque, en verdad, no sería una novedad.

Ya hace muchos años que en Cataluña si se quiere progresar en muchos ámbitos profesionales, o, simplemente, se quiere obtener una subvención o un contrato de las administraciones públicas catalanas hay que ser nacionalista o, por lo menos, aparentarlo. Si se aspira a una jefatura en cualquier administración, a dirigir un colegio público, o a coordinar un departamento universitario, mejor no significarse como no nacionalista. Les recomiendo el reciente artículo de Pau Marí-Klose como ejemplo de lo que trato de decir. Si se es nacionalista la vida es más fácil. Todo es más sencillo. Incluso para hacer carrera política en el PP, el PSC o en los sindicatos ha habido que tener el visto bueno nacionalista o por lo menos evitar su veto. No es casual que casi todos los cargos públicos de relevancia del PSC se declaren soberanistas. Siempre lo han sido, y por eso dirigieron el PSC durante muchos años.

La situación actual es el producto de más de 30 años de una actividad frénetica del nacionalismo catalán dirigida a tener la hegemonía ideológica y el control social. Esta tarea se ha realizado sin ninguna estrategia sobre Cataluña por parte del Estado, ni de los grandes partidos estatales. Mientras el nacionalismo tejía una inmensa red clientelar aprovechando los recursos públicos e imponia su hegemonía ideológica en escuelas, universidades y medios de comunicación, el Estado y los partidos catalanes no nacionalistas miraban hacia otro lado o colaboraban activamente a que la ideología nacionalista sea hoy la ideología dominante en Cataluña. Sólo la presencia de Ciudadanos ha servido de débil contrapunto. Lo correcto políticamente en Cataluña ha sido ser nacionalista.

Los nacionalistas dicen que la presencia de los medios de comunicación estatales compensa el sectarismo de los medios catalanes. Aunque fuera verdad, no me valdría. Reivindico la pluralidad en mi tierra. Pero no lo es. Los medios estatales más beligerantes contra el nacionalismo catalán son en realidad sus mejores aliados. Su incomprensión de la realidad y su búsqueda del sensacionalismo sólo sirven para alimentar el victimismo nacionalista. Para los medios más moderados, mucho más plurales que los catalanes, el tema no deja de ser marginal y sus planteamientos, hechos a distancia y sin entender la pluralidad de los catalanes y las distintas sensibilidades que componen el conglomerado social no nacionalista, carecen de la finura necesaria.

Somos los catalanes no nacionalistas quienes debemos liderar la respuesta a un nacionalismo populista que nos llevaría a una Cataluña más dividida, más pobre, más aislada y más caciquil

Ahora no pasará nada. A pesar de que casi nadie lo ha combatido políticamente, el independentismo está lejos de tener la fuerza necesaria para hacer realidad la aventura secesionista. Y es que siglos en común crean muchos vínculos no fácilmente eliminables. Los líderes políticos nacionalistas prefieren continuar usufructuando el poder que arriesgarse con una independencia que, aún en el caso de un más que hipotético triunfo, podria volverse en su contra por la imposibilidad de cumplir las promesas realizadas.

Pero si en Cataluña no se construye un discurso alternativo al nacionalista, dentro de unos años la situación puede ser irreversible. Este discurso alternativo sólo puede sostenerse desde Cataluña. Porque cuando pase la tensión actual el Gobierno español de turno volverá a pactar con el nacionalismo catalán. Y siempre a costa de los catalanes no nacionalistas.

En el último año se ha producido una reacción importante frente al nacionalismo. Pero sustentada, sobre todo, en esfuerzos individuales. Son necesarias políticas a largo plazo, apoyo a la sociedad civil y un consenso básico entre los partidos no nacionalistas, para dar consistencia a una visión de futuro para Cataluña alternativa a la nacionalista. Y todo ello no se hace desde fuera de Cataluña. Somos los catalanes no nacionalistas quienes debemos liderar la respuesta a un nacionalismo populista que nos llevaría a una Cataluña más dividida, más pobre, más aislada y más caciquil. Todavía estamos a tiempo, pero no nos podemos dormir en los laureles. Las mentiras y las medias verdades repetidas machaconamente calan en los individuos y cuando se consolidan en el imaginario popular se convierten en verdades, aunque no lo sean. Y entonces ya no hay vuelta a atrás.

La penúltima provocación separatista
Editorial www.gaceta.es 10 Diciembre 2013

Cada vez con mayores dosis de inverecundia, los fondos públicos de la Generalidad de Cataluña financian iniciativas no sólo dirigidas al resto de españoles, sino sobre todo al Gobierno, con objeto de provocar reacciones de hostilidad que justifiquen –es un decir– su tradicional victimismo. Esta política va desde la puesta en circulación del eslogan “Espanya ens roba” hasta abusos de poder en materia lingüística, pasando por coacciones del CAC a varios medios de comunicación indóciles al discurso dominante, como el último informe –es otro decir– contra el Grupo Intereconomía y otros.

La última provocación está enmarcada en los actos conmemorativos del tricentenario de la caída de Barcelona en la Guerra de Sucesión a la Corona de España, en la que la ciudad había tomado partido por el candidato de la Casa de Austria frente al de la Casa de Borbón. Se trata del llamado simposio “Espanya contra Catalunya, una mirada històrica (1714-2014)”. Desde la lección inaugural (“España y Cataluña, trescientos años de conflicto político”) hasta la de clausura (“La humillación como desencadenante de la eclosión independentista”), los títulos de las intervenciones dejan lugar a pocas dudas; por citar dos de ellos, he aquí “Represión militar: el ejército sobre el país” o “La apoteosis del expolio: siglo XXI”. Disfrazado de acto cultural, el tal simposio es una especie de mitin de propaganda separatista continuado sin otro objeto detectable que el suministro de material para el enfrentamiento dialéctico con el Estado y su uso en los medios de comunicación para el consumo de los sectores menos ilustrados de la sociedad. Pensar que esta farsa de apariencia académica pueda abrillantar el currículo de sus intervinientes es demasiado pedir aun al observador más benevolente.

Normalmente, la reacción del Gobierno de Mariano Rajoy ha sido, ante estas provocaciones, un silencio impenetrable y, si acaso, breves alusiones a la permanente disposición al diálogo con las autoridades autonómicas acerca de cualquier materia sobre la que sea razonable dialogar. Pero nada más. Ya hemos elogiado en otras ocasiones esta táctica de no ofrecer a los provocadores la menor oportunidad de entablar querellas verbales de corrala de vecinos; pero se conoce que, con este simposio, al Partido Popular de Cataluña se le ha acabado la paciencia, y ha pedido en el Parlamento autonómico la dimisión del director del Centre d’Història Contemporània de Catalunya, Jaume Sobrequés (quien, por cierto, votó favorablemente en el Senado la Constitución de 1978). Petición testimonial, claro es, que lo más probable es que sirva de munición al victimismo insaciable de los separatistas.

España / El desafío independentista
Los ponentes del odio a España cobran de la órbita de Mas
El grueso de académicos asesora a Mas, colabora en tertulias de medios públicos o tiene cargos
Marcos Pardeiro. Barcelona. La Razón 10 Diciembre 2013

Ver los nombres de Agustí Colomines y Salvador Cardús en una misma relación de académicos catalanes dispuestos a exhibir su rigor es una pista suficiente para saber que uno está frente a unas jornadas sometidas a un indisimulable sesgo ideológico, el soberanista. Ambos son rostros muy conocidos en el mundillo de intelectuales que gravita en torno a Convergència y Esquerra. Podría decirse incluso que sería inimaginable que la Generalitat organizara un simposio que lleva por título «España contra Cataluña, una mirada histórica (1714-2014)» sin recurrir a ellos, pensadores de cabecera del soberanismo.

Colomines y Cardús representan, quizá mejor que nadie, el ejemplo de dos intelectuales que han comido a mesa y mantel de Convergència durante años. Colomines fue hasta hace poco el director de la Fundación Catdem, vinculada a CDC, y también se encargó de dirigir durante seis años el proyecto de «casa grande del catalanismo» con el que Artur Mas buscaba ensanchar las costuras de su partido. Además, es colaborador habitual de medios públicos como Catalunya Ràdio y se ha valido de la influencia de Convergència para colocar sus artículos en la Prensa amiga.

Lo mismo se puede decir de Cardús, uno de los hombres que esperaban a Mas en la plaza Sant Jaume al regreso de su entrevista con Mariano Rajoy en septiembre de 2012. Hoy Cardús es uno de los miembros del denominado Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), donde comparte mesa con Ferran Requejo, otro de los protagonistas de las jornadas «España contra Cataluña». Cabe recordar que el CTAN se encarga de elaborar 19 informes para diseñar la hipotética Cataluña independiente.

Sus nombres son probablemente los más mediáticos, pero la mayoría de sus compañeros del simposio también ha recibido ingresos públicos que no se derivan exclusivamente de su labor universitaria, sino también de su participación en estudios elaborados por fundaciones políticas, de sus publicaciones en editoriales subvencionadas por la Generalitat o de sus colaboraciones en jornadas auspiciadas por organismos de la Administración.

Algunos como el doctor en Historia Agustí Alcoberro ocupan cargos, en su caso como director del Museo de Historia de Cataluña, y otros acostumbran a ser requeridos por el mundo soberanista para dar solidez académica a la idea de una Cataluña independiente.

Núria Bosch, por ejemplo, elaboró un estudio sobre la Hacienda catalana en el hipotético estado catalán a petición de la fundación Catdem. Oriol Amat, por su parte, forma parte del consejo de asesores de Mas para la reactivación económica. Ramon Arnabat también ha colaborado en jornadas organizadas por la Generalitat. Otros han realizado un viaje ideológico desde la izquierda catalanista hasta abrazar la causa soberanista. Aquí podría encuadrarse a Josep Maria Solé, que fue nombrado por el tripartito como coordinador general del Consorcio Memorial de los Espacios de la Batalla del Ebro en 2006 y, sobre todo, Joaquim Nadal, ex conseller de la Generalitat. Nadal, que fue un peso pesado de los gobiernos tripartitos, se ha convertido en presidente de la comisión del derecho a decidir en Girona. Poco después, fue designado director del Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, un organismo de influencia de la Generalitat.

Así las cosas, las conclusiones de todos ellos en las jornadas que se inician el jueves no están llamadas a sorprender.

Los polémicos títulos de las Ponencias

«España y Cataluña, trescientos años de conflicto político»
«La humillación como desencadenante de la eclosión independentista»

«La apoteósis del expolio: el siglo XXI»
«España contra el País Valenciano»

«La represión militar: el ejército sobre el país»
La cúpula intelectual del nacionalismo

Salvardor Cardùs
Es uno de los asesores de Artur Mas en el Consejo Asesora para la Transición Nacional
Agustí Colomines
Fue director de la Fundación Catdem, vinculada a CDC, hasta hace poco. Colabora en Catalunya Ràdio
Agustí Alcoberro
Es director del Museo de Historia de Cataluña desde el año 2008. Colabora en programas de TV3
Joaquim Nadal
Preside la comisión del derecho a decidir en Gerona y dirige el Institut Català de Recerca

Hablan los juristas
Estrasburgo: ¿prevaricó?
CRISTINA ALCALÁ www.gaceta.es  10 Diciembre 2013

Fuentes judiciales consultadas por ÉPOCA creen que el Tribunal de Estrasburgo pudo prevaricar al dar luz verde al fallo sobre la ‘doctrina Parot'.

Más de 70 son ya los presos que se han beneficiado de las excarcelaciones exprés desde que el pasado 21 de octubre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) liquidara la conocida doctrina Parot. Estrasburgo condenó entonces a España a indemnizar a Inés del Río, sanguinaria etarra perteneciente al Comando Madrid y autora de 24 asesinatos, por aplicarle de forma retroactiva dicha doctrina. Desde entonces, y por orden de la Corte europea, la Audiencia Nacional ha puesto en libertad a 60 miembros de ETA, 15 violadores y otros delincuentes graves ante la atónita mirada de una sociedad que no se cree que estos individuos estén de nuevo en la calle.

“El ciudadano no entiende que se no cumplan las condenas legalmente previstas y que la muerte de cada víctima ha supuesto solamente entre ocho y nueve meses de prisión”, explica a ÉPOCA José Luis González Armengol, juez decano de los juzgados de Madrid. “Esto podría haberse evitado si el legislador hubiese hecho las reformas jurídicas pertinentes”, detalla.

Un criterio desfasado
La doctrina Parot se lleva aplicando desde febrero 2006 tras la decisión del Tribunal Supremo de impedir la puesta en libertad del terrorista que le dio ese nombre, Henri Parot. El etarra, acusado de asesinar a más de 80 personas, recibió una milenaria pena de cárcel. Sin embargo, la legislación española solo permite que el reo cumpla como máximo 30 años en prisión cuando su delito es de extrema gravedad, que se pueden ver reducidos por diversos beneficios penitenciarios. “Estos beneficios están totalmente desfasados –explica el magistrado Alfonso Villagómez-. Se introdujo en 1937 en plena contienda civil. Es una decisión equivocada que ha creado un inmenso daño a todas las víctimas y a la dignidad de los ciudadanos, en pro en unos inciertos derechos de Inés Del Río”.

Para evitarlo, el Alto Tribunal consideró que los favores para acortar la condena no se aplicarían por los 40 años de pena máxima, sino sobre cada uno de los delitos cometidos, asegurándose así que los presos cumplían íntegramente lo estipulado.

La decisión creó jurisprudencia, aplicándose no solo a los casos posteriores, sino también de forma retroactiva, a aquellos que habían sido juzgados antes. Dos años después, en 2008, el Constitucional avaló la decisión del Supremo, hasta que la doctrina llegó a instancias europeas con el recurso de Inés Del Río. La Corte europea concluyó que su aplicación es irregular e instaba al Gobierno español a ponerla en libertad lo antes posible, además de indemnizarla con 30.000 euros, algo que el Estado hasta el momento se ha negado tajantemente a hacer.

Aunque las conclusiones solo abordaban este caso, el fallo de Estrasburgo afecta también a varias decenas de presos, entre ellos los jefes etarras del aparato logístico, militar y político de la banda armada. “Estas excarcelaciones están creando una alarma social, pero mientras no comentan ningún otro delito, no se les puede volver a juzgar”, aclara Armengol.

Otras fuentes judiciales consultadas por este periódico aseguran que la Corte europea, al ser la última instancia sin posibilidad de recurrir, podría haber inducido a prevaricación o algún tipo de responsabilidad penal o civil.

España podría haber dicho no
Pero, ¿podía España negarse al dictamen de Estrasburgo? Varias interpretaciones han generado numerosas reacciones, incluidas las del ministro del Interior, Jorge Fernández, quien planteó en un primer momento articular una serie de medios legales y judiciales para retrasar la salida de la cárcel de los etarras.

Sin embargo, desde que en 1979 España ratificara el Convenio Europeo de Derechos Humanos, han sido casi 100 las sentencias que se le han dictado en contra. Podría haberse declarado rebelde como Gran Bretaña e Italia, países que no acataron, o lo hicieron solo de forma parcial, fallos similares del tribunal europeo. “Es el Estado español el encargado de mover ficha a la hora de ejecutar o no la sentencia”, añade el juez decano de Madrid, González Armengol.

En el caso británico, la Corte europea intentó imponerles una modificación en su legislación en materia de beneficios penitenciarios. En el país anglosajón, no vale solo con la rehabilitación del recluso para salir de la cárcel, si el delito que ha cometido puede suponer una alarma social constatable tras su puesta en libertad. Un hecho que choca frontalmente con la legislación establecida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que desde Europa dieron un toque de atención al Gobierno de David Cameron. La respuesta, no solo fue criticada por los dirigentes británicos, sino que fue ignorada por completo.

Asimismo, en 2009, Estrasburgo condenó a Italia en materia de libertad religiosa: sentenció al Gobierno por mantener crucifijos en los colegios públicos, alegando que “podrían ofender la sensibilidad de los no cristianos”. El fallo se acató parcialmente y solo se retiraron de un pequeño porcentaje de las aulas.

A pesar de los antecedentes, el Gobierno español acató sin rechistar la sentencia y la aplicó sin demora. ¿Podría haberlo hecho solo de forma individual sobre Del Río? Según Javier Borrego, predecesor de López Guerra en el cargo, según el artículo 61 del reglamento del TEDH, todos los casos parecidos se resuelven con una misma sentencia individual. Sin embargo, Estrasburgo dictaminó conscientemente el fallo para que afectara solo a Inés del Río, después de que el Ejecutivo español le pusiera en conocimiento sobre múltiples casos parecidos a la de la etarra que se podrían también beneficiar, afirmó en esRadio.

Por su parte, el magistrado Villagómez explica que, aunque la sentencia afecta al resto de presos ahora excarcelados, no decide sobre ellos, sino solamente sobre la demandante. Estos reos en la misma situación que Del Río deben pedir individualmente a Estrasburgo ser liberados.

Negociación con ETA
Entonces, ¿la sentencia podría ser objeto de intereses políticos? Armengol lo tiene claro: el fallo fue fruto de la negociación. “Todos los gobiernos han negociado con ETA y ninguno quiere que vuelva a matar”, recalca el juez decano, quien considera que el fallo fue posible gracias a Luis López Guerra, el representante español en el TEDH.

Este jurista fue elegido en 2007, a propuesta del Gobierno de Zapatero, magistrado del tribunal europeo y fue uno de los 17 jueces que participó en la determinación de la sentencia de la doctrina Parot y posibilitó la salida de medio centenar de presos, la gran mayoría, etarras. Con Rajoy en el poder, el jurista ha seguido en su puesto, ante el estupor de significados dirigentes dentro del partido (como Esperanza Aguirre). El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, salió al paso de las críticas explicando que no podían cambiar a López Guerra porque su mandato es de nueve años y éste no ha acabado aún.

Con Zapatero antes y Rajoy, las relaciones con ETA no se han paralizado. Ambos Ejecutivos han negociado con la banda terrorista: el socialista consiguió, en 2006, el anuncio del alto al fuego permanente y, posteriormente, con los populares, ETA podría entregar las armas entre el 17 y 22 de diciembre, como adelantó LA GACETA esta semana. Se cerraría definitivamente, de esta forma, la hoja de ruta para acabar con la violencia terrorista, pero ¿a cambio de qué?

Los últimos acontecimientos dejan entrever que el desarme pudo ser a cambio de que nuevas marcas proetarras traten de llegar a la instituciones, en las elecciones europeas. Sortu fue la primera puesta en escena, y tras ser ilegalizada, dio paso a Bildu y Amaiur, que ha llegado a tener presencia en el Congreso con siete diputados. De confirmarse la noticia de la entrega de armas, ¿sería el siguiente movimiento de ETA de cara las europeas del año que viene?

CRECIDOS POR EL FIN DE LA DOCTRINA PAROT
La izquierda abertzale tensa el proceso de paz con una escalada de 'kale borroka'
José María Olmo El Confidencial 10 Diciembre 2013

La izquierda abertzale está protagonizando una escalada de violencia que inquieta a las Fuerzas de Seguridad del Estado y que ha pillado a contrapié al Partido Nacionalista Vasco (PNV). En los últimos días, grupos de radicales vinculados a Ernai, la división juvenil de Sortu, han lanzado pintura al ayuntamiento de Basauri, gobernado por el PNV, y han atacado varias sedes del Partido Popular. En uno de los ataques, el sufrido por la sede de los populares en Barakaldo, se han utilizado incluso cócteles molotov. También se han quemado coches y diferente mobiliario urbano. La kale borroka se daba por extinguida, pero ha vuelto convertida en un incómodo anacronismo. Su reaparición no entraba en el guion del fin de la violencia, que tiene entre sus principales vectores el blanqueamiento progresivo de todas las marcas vinculadas con ETA.

En al menos uno de los casos, los autores no han tenido problemas en identificar su origen. El colectivo de Ernai en Basauri colgó este fin de semana en el portal YouTube un vídeo con las imágenes del ataque que sufrió el pasado viernes, día de la Constitución, el ayuntamiento de esta localidad vizcaína. Al menos siete jóvenes con el rostro cubierto pegaron un cartel en la puerta principal del organismo en el que se podía leer “Esto no es España” y lanzaron luego pintura roja y amarilla. El ataque tuvo lugar a plena luz del día y duró más de dos minutos, pero ninguno de los autores fue detenido. La agresión ha sido condenada por el partido de gobierno, el PNV, y por PSE y Partido Popular.

El resto de ataques ha sido realizado por individuos supuestamente anónimos, pero las Fuerzas de Seguridad y los partidos también atribuyen su autoría a los cachorros de Sortu, que en las últimas semanas han protagonizado una campaña de propaganda en apoyo a una huelga de los presos de ETA encerrados en la prisión de Morón de la Frontera (Sevilla II).

En estos momentos, Ernai registra sus mayores picos de actividad desde su creación el pasado mes de marzo, especialmente tras la desarticulación a finales de septiembre de Herrira, la organización de apoyo a los presos de ETA que también se encargaba de imponer a los reclusos la directrices de la cúpula de la banda. Las juventudes abertzales encabezaron la respuesta a esas detenciones, y la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que tumbó en octubre la doctrina Parot dejando en libertad a más de medio centenar de históricos etarras ha espoleado aún más sus apariciones públicas. La reaparición de la kale borroka es la consecuencia de esa sensación irrefrenable de victoria que se ha instalado en la izquierda abertzale.

Ernai, sucesora de Segi
En el entorno de ETA, Ernai juega el mismo papel que desempeñaron con anterioridad las ilegalizadas Jarrai, Haika y Segi, consideradas las canteras de la organización terrorista. En el nuevo contexto de cese de la violencia, Ernai ha abrazado la misma estrategia posibilista que Sortu pero, al igual que ocurre en el conjunto del movimiento abertzale, la organización juvenil cuenta con un sector duro que sigue encontrando útil la kale borroka.

Ese es uno de los motivos por los que, tras la desarticulación de Herrira, las Fuerzas de Seguridad han colocado a Ernai entre sus prioridades inmediatas. No sólo porque los actos más radicales están emanando de sus filas. Aunque el contexto ha cambiado, fuentes de la lucha antiterrorista consideran que las juventudes de la izquierda abertzale aún están en condiciones de abastecer a ETA de nuevos militantes si el proceso de paz termina frustrándose. De hecho, hasta hace unos meses seguían produciéndose incorporaciones a la organización terrorista. Haces unas semanas, Ernai ofreció una rueda de prensa para denunciar que habían encontrado dispositivos de grabación en una de sus sedes en San Sebastián, y culpó a las Fuerzas de Seguridad de estar sometiéndoles a un espionaje injustificado.

El PNV ha exigido a Sortu que “busque mejor y encuentre rápido” a los autores de los nuevos actos de kale borroka y ha advertido de que si continúan produciéndose este tipo de atentados peligra la unidad del frente soberanista. Bildu, por su parte, se ha desmarcado asegurando que se desconoce su autoría.


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