AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 11 Diciembre 2013

La financiación de los partidos, una cuestión de transparencia
Editorial www.gaceta.es 11 Diciembre 2013

El grupo Parlamentario Socialista presentó ayer en el Congreso una proposición de ley para prohibir las donaciones de las empresas en la nueva ley de financiación de partidos políticos. Rubalcaba, conocedor de las intenciones del Partido Popular en este sentido, quería llevar la iniciativa, pero los populares no se dejaron embaucar. No será la iniciativa del Grupo Socialista la base para cambiar la ley de financiación de partidos políticos, sino el proyecto que tiene preparado el Gobierno en torno a un cambio general de la financiación en la que entrará la supresión de las donaciones de las empresas. La razón que esgrimió el Gobierno para no autorizar con su voto la discusión de la iniciativa socialista, es que su Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos es más completo A partir de la aprobación de esta ley, que es inminente, sólo se permitirán las donaciones de particulares.

El Ejecutivo quiere que la iniciativa de eliminar las donaciones de empresas a partidos sirva como medida de regeneración democrática, que prevenga casos de corrupción, y como medida de ejemplaridad pública, que devuelva la confianza al ciudadano. Y aunque los motivos sean loables, el planteamiento de la cuestión es erróneo, porque el problema de fondo no es si es mejor que las donaciones provengan de personas físicas en lugar de jurídicas, sino la transparencia de esas donaciones. Lo que importante es saber quién da, cuánto da, a qué partido se lo da y en qué se lo gasta el partido. En definitiva, que las cuentas sean claras y que estén sometidas a un control para que no haya contabilidades B, cosa que hasta ahora no ha ocurrido.

Una vez logrado este objetivo, el siguiente paso sería expulsar a los partidos políticos de los Presupuestos Generales del Estado, porque no es de recibo que el 85 por ciento de los gastos de los partidos políticos españoles se financie con el dinero procedente del bolsillo del contribuyente. Un agravio incalificable en unos momentos en que las exacciones fiscales impuestas por el Gobierno están alcanzando niveles prácticamente confiscatorios para todos los ciudadanos.

Sin mandato constitucional que lo justifique y en una situación económica de extrema gravedad como la actual, no hay razón para seguir soportando que los partidos políticos vivan a costa del bolsillo de los ciudadanos. Deben financiarse con las cuotas de sus afiliados y las aportaciones voluntarias de quienes así lo consideren oportuno –ya sean personas físicas o jurídicas– y deben empezar a hacerlo de manera inmediata y, sobre todo, transparente.

Las claves del cambio político
Juan M. Blanco www.vozpopuli.com 11 Diciembre 2013

A diferencia de años anteriores, el reciente aniversario de la Constitución suscitó poca celebración y autobombo entre la clase política. No estaba el horno para bollos ante la generalizada percepción de un sistema carcomido por la arbitrariedad, el clientelismo y la corrupción. Donde los gobernantes ni siquiera cumplen las leyes que ellos mismos promulgaron. Asistimos, en su lugar, a un animado debate sobre la reforma constitucional y a un intento de identificar qué artículos o apartados requieren modificación o ajuste.

Pero se trata de una iniciativa poco prometedora. Nuestra Constitución no puede ya enderezarse con una vuelta de tornillo, una válvula nueva o un pequeño manotazo, a la manera en que se restablecía el correcto funcionamiento de los viejos televisores. Una vez degenerado el sistema, los intentos de reforma parcial o limitada se encuentran abocados al fracaso. Máxime, si la iniciativa proviene de las mismas cúpulas partidarias que han abusado sin límite. O si sólo pretende calmar los insaciables apetitos de los caciques nacionalistas. El aparato debe ser nuevo. Sólo la reforma radical y simultánea de la mayoría de las instituciones podría arrebatar la política española de las garras del clientelismo y la arbitrariedad.

Las constituciones no suelen fallar en la enumeración de los principios generales. Es sencillo y emocionante hablar de libertad, igualdad o derechos ciudadanos. Incluso cantar alabanzas al libre voto de los diputados o a la justicia independiente. Unas palabras bellas y solemnes que impregnaron, incluso, las constituciones de los regímenes más totalitarios. Pero tan ineficaces por sí solas como aquella célebre obligación de ser “justos y benéficos”. Una lectura superficial podría llevar a la equivocada impresión de que los defectos son ajenos a la Constitución, de que la carta es buena y sus objetivos loables; simplemente… no se cumple. Pero… ¿por qué no se cumple?

Que el poder se controle a sí mismo
La parte mollar de una Constitución es precisamente aquélla que intenta impulsar el ejercicio efectivo de los principios tan solemnemente expuestos. Una tarea ciertamente complicada pues se trata, como señaló James Madison, nada menos que de “obligar al poder a controlarse a sí mismo”, de poner límites eficaces al comportamiento de unos gobernantes con poca aureola de santidad y muchas tentaciones para abusar de su posición.

Es necesario separar bien los poderes, establecer fuertes impedimentos a los acuerdos tácitos entre partidos e introducir palos en las ruedas del abuso o el intercambio de favores. Siempre a través de disposiciones claras y concretas pues los políticos encuentran en la indefinición y la complejidad terreno abonado para sus manejos. La Constitución del 1978 estableció controles muy débiles. E introdujo considerables dosis de ambigüedad para lograr la aceptación de todas las cúpulas partidarias y oligarquías territoriales presentes en el pacto.

Cuando la arquitectura constitucional falla, como ha ocurrido en España, la separación de poderes se difumina. Y los órganos del Estado pierden su objetividad. En definitiva, las instituciones formales, leyes o procedimientos oficiales, acaban sustituidas, de facto, por instituciones informales, un tipo de reglas basadas en acuerdos tácitos entre políticos y asentadas por su uso repetido. Así, todos perciben que no se cumple el espíritu de las leyes; a veces, ni siquiera la letra. O que el favoritismo se encuentra emboscado en demasiados organismos oficiales, como salta a la vista en el caso Cristina de Borbón.

La tremenda inercia de las instituciones informales
Desgraciadamente, estas reglas informales conducen a un profundo pozo del que no se puede salir sin un atlético salto. Poseen una fuerte inercia pues se basan, en última instancia, en un equilibrio de expectativas, en la convicción de cada participante sobre el comportamiento de los demás. Y su lógica es tan triste como consistente: si cada uno espera que los demás acaten estas nefastas reglas, la actuación contraria conlleva un enorme coste, que pocos valientes asumen. Y la observación del resultado pasado refuerza todavía más el convencimiento. Así, la arbitrariedad se realimenta constantemente a sí misma. Por ello es tan difícil erradicar fenómenos tales como la corrupción generalizada: si alguno, motu proprio, decide no pagar comisiones, no recibe contrata alguna y acaba fuera del sistema, algo que refuerza la convicción de los demás y su inclinación a seguir pagando.

Muchos confunden estas instituciones informales con la idiosincrasia de un pueblo, su forma de ser, la esencia de una nación. Piensan que la corrupción y el desafuero se encuentran en los genes de los españoles. O tan arraigados en su cultura, que los cambios requieren el transcurso de varias generaciones. Pero no se trata más que de un perverso equilibrio de expectativas. Un fenómeno resistente, con tremenda inercia, pero no inmutable.

El auténtico cambio político no sólo consiste en reformar la Constitución sino hacerlo de tal manera que se reviertan las expectativas. Debe convencer a todo el mundo de que no contempla un pequeño ajuste, un mero cambio lampedusiano tras el que todo seguirá igual, sino una transformación radical. Una definitiva ruptura de las viejas reglas del juego. Y generar la impresión de que el sistema se reinicia con unos parámetros muy distintos, de que el juego político parte de cero y se ajustará en adelante a las reglas formales.

Las enmiendas puntuales de la Constitución funcionan en países con generalizado respeto a las normas. En la España actual conducirían probablemente a nuevos incumplimientos, mayor desmoralización y reforzada convicción de que la puerta del cambio se encuentra permanentemente atrancada. Nuevos políticos, nuevas ideas, nuevas reglas, mayor vigilancia y unas reformas tan profundas que ofrezcan la visión de un corte radical con el pasado. La alternativa es… más de lo mismo.

Reformar la Constitución o el dilema del prisionero
José Rosiñol Lorenzo. Periodista Digital 11 Diciembre 2013

La Democracia española adolece de graves contradicciones, contradicciones que han emergido con toda su fuerza por la crisis económica, se trata de una falta de valores, de una más que paupérrima cultura democrática, dolencia de la que es protagonista la clase política en general y los partidos que han ejercido responsabilidades de gobierno en particular (ya sean éstas nacionales o autonómicas).

Si nos damos cuenta uno de los principales problemas lo encontramos en el manejo de la agenda política, tanto desde un punto de vista táctico como estratégico, porque vivimos en un país en el que las minorías –suficientemente reconocidas y protegidas por nuestra Carta Magna- son las que pueden llegar a polarizar el relato y, como hoy día, poner en cuestión el sistema mismo.

Dicha monopolización ha derivado en que en un momento en el que deberíamos estar aplicando todas nuestras fuerzas en regenerar nuestras estructuras democráticas y reforzar las instituciones públicas, nos dedicamos a perder el tiempo en debates estériles y artificialmente interesados, el nacionalismo catalán ha sabido mediatizar en pos de sus intereses el caudal de descontento nacional.

Ante esto nos encontramos a un PSOE que ha visto la luz federalista gracias a sus socios catalanes del PSC, federalismo que viene a llenar la sequía ideológica y programática de un socialismo sin rumbo y herido después de la etapa Zapatero, la propuesta estrella para solucionar el “problema catalán” (en verdad tendríamos que hablar del problema del nacionalismo catalán) es una reforma constitucional de corte federalista.

Dicha propuesta de reforma es una pésima solución para un problema inexistente, porque el único encaje que toleraría el soberanismo es el que no existe, esto es, ¿cómo quieres encajar a alguien que niega tu propia existencia y defiende postulados claramente hispanofóbicos?, entonces ¿para qué sirve una reforma constitucional?, ¿para tapar las auténticas contradicciones del sistema?, ¿no acabaremos cambiando todo para que todo siga igual o eso es lo que precisamente busca esta reforma?

¿Realmente el problema de España es nuestra Constitución?, en resumidas cuentas, la Carta Magna podría decirse que es el qué (derechos, deberes y libertades) pero no el cómo (cómo garantizar dichos derechos, deberes y libertades), por ello ¿no sería más urgente empezar por una nueva Ley Electoral?, ¿por un reforzamiento del poder judicial que garantice su eficacia e independencia?, ¿por una Ley de Partidos que promueva la democracia interna en los mismos?, ¿por un control realmente efectivo de los recursos públicos?, ¿por promover la cultura democrática entre la población?, etc….

Pero el PP tampoco está libre de pecado, como el PSOE parece estar siempre expectante por si tiene que mendigar apoyos parlamentarios del nacionalismo, nunca se ha enfrentado a los desafíos de los partidos nacionalistas, siempre ha preferido mirar hacia otro lado (o pactar) mientras se conculcaban los derechos de miles de ciudadanos en Cataluña.

Esta situación parece repetirse otra vez, pero desde una perspectiva agónica, PSOE y PP parecen volver a competir en adulaciones más o menos evidentes con las que agradar al insaciable nacionalismo, si la reforma de la Constitución parte del PSOE, parece que empiezan a aparecer voces populares favorables a la propuesta, pero este es un juego peligroso porque por el camino perderemos al oportunidad de regenerar efectivamente la democracia española y volveremos a un statu quo en el que siempre gana el nacionalismo y siempre pierden los derechos de muchos ciudadanos.

Si PP y PSOE empiezan a competir entre ellos para ver quién tiene la propuesta más mediáticamente favorable con la vista puesta en las elecciones Generales de 2015, volverán a caer en esta especie de dilema del prisionero en el que la única opción para ganar es colaborar, nunca competir, porque si compiten ganan, precisamente, aquellos que apuestan por debilitar y cercenar España.

Entre las propuestas que empiezan a surgir son conceptos como la “asimetría” (federalismo asimétrico…), pero no es una asimetría competencial, estamos hablando de una asimetría de derechos, una asimetría en privilegios, una asimetría que reconoce los derechos de las minorías en España pero que los niega para las mayorías sociales en comunidades como la catalana, algo incompatible con la esencia democrática de la igualdad ante la ley, de la soberanía basada en la ciudadanía y no en los territorios.

Ha llegado el momento de que las fuerzas políticas nacionales, aquellas que lealmente creen en una España moderna y plural sin complejos, unan sus fuerzas y negocien un Pacto de Estado, pongan en marcha un proyecto regenerador que rompa con la dependencia de un hipertrofiado nacionalismo y con un nefasto bipartidismo de facto, pero un pacto que cambie el cómo de la política pero no el qué de los derechos (incluidos los de las minorías).

Receso Constitucional
Fernando Díaz Villanueva www.gaceta.es 11 Diciembre 2013

Hace cuarenta años, cuando el régimen de Franco daba sus últimas boqueadas, nadie sabía a ciencia cierta qué suerte deparaba el futuro. Los capitostes, muchos, casi todos, se ponían en fila para estar bien colocados ante el hecho biológico, que es como se dio en llamar entonces a que el centinela de Occidente estirase la pata. El franquismo era muy de verbo inflamado. Ahí tenemos los primeros textos de Haro Tecglen, transidos de patriotismo sublimado y espiritualidad cursi, o las canciones de Víctor Manuel, que iban de lo mismo pero con regustillo a película de frailes. Hoy las cosas no han cambiado tanto. Todos, o casi, saben que se va acabando lo que se daba, que en el régimen del 78 empieza a no creer nadie y, claro, hay que colocarse de nuevo para seguir viviendo del cuento. Las celebraciones de la semana pasada en torno al día de la Constitución fueron quizá las más frías y distantes desde que se conmemora este aniversario.

Lo cierto es que nuestra Constitución no es muy vieja, tiene sólo 35 años a sus espaldas, que es nada frente a los 224 que lleva la norteamericana en vigor. Hay diferencias que explican la longevidad de la segunda y el malvivir de la primera. La más visible es la longitud. A los yanquis les ha ido de maravilla con sólo siete artículos que luego han ido actualizando con 27 enmiendas. A los padres de nuestra Carta Magna les hicieron falta 169 artículos más preámbulo, final y un puñado de disposiciones adicionales, transitorias y la derogatoria de todo lo anterior.

Con cinco o seis artículos creo que bastaría. Con fijar la forma de Estado, establecer de manera nítida la división de poderes y dejar bien claro que la propiedad es sagrada y que en el país prevalece la libertad de mercado y de expresión sería suficiente. Con eso se pondría coto efectivo a la tiranía, pero no, aquí se juntaron cuatro enredas en el Parador de Gredos a fumarse cartones y cartones de Ducados para atizarnos un documento de supuesto consenso que ha funcionado sí, pero sólo porque la Constitución era una suerte de llave en mano para que ellos mismos, los políticos, perpetuasen su dominio. Así ha sucedido. La Constitución del 78 ha hecho posible que el oficio más rentable sea el de político. Hoy nos quejamos de que así sea, pero con esa Constitución y todo lo que vino después no quedaba otra opción.

Pero la diferencia fundamental entre la Constitución norteamericana y la nuestra no es la extensión, sino el espíritu que habita en sus páginas. La nuestra es la propia de un pueblo servil habituado a que el poderoso siga siéndolo, es una carta otorgada que concede graciosamente una serie de libertades a los súbditos. La de EE UU es todo lo contrario, es un valladar frente al poder político impuesto desde abajo. Los padres fundadores desconfiaban del politiqueo, sabían que era malo por naturaleza y que de él sólo podía esperarse violencia y servidumbre. Los del Parador de Gredos eran oligarcas del BOE dispuestos a seguir enchufados a sus salvíficas disposiciones. Normal que allí la respeten y aquí la ignoremos. No podía esperarse menos.

Cataluña
Mas y su pedagogía del odio
José García Domínguez Libertad Digital 11 Diciembre 2013

Que Artur Mas no tiene en muy alta estima el cociente intelectual de sus votantes parece asunto fuera de toda duda. Cómo entender, si no, su última ocurrencia, ésa de publicar una larga lista de agravios legales contra Cataluña cometidos por los Gobiernos de España que lo fueron solo gracias al apoyo parlamentario de CiU. Y luego está lo de los historiadores. Cuánto se echa de menos una edición catalana de La traición de los clérigos, de Julien Benda, ese alegato contra los mandarines de la cultura francesa y su entusiasta afán por prostituirse al servicio del poder. Y es que la servil obediencia al nacionalismo de nuestros sacerdotes laicos en nada desmerece a la de sus iguales franceses en tiempos de Vichy. Apenas a efectos de vergüenza ajena, repárese en la lista de académicos que se han ofrecido gustosos a colaborar en esa comedia bufa de historia-ficción, la que lleva por título "España contra Cataluña (1714-2014)".

Un espectáculo dirigido por el antiguo portavoz del PSC, Jaume Sobrequés, y escenificado hasta en su más mínimo detalle por el Centro de Historia Contemporánea de Cataluña, negociado de agitación y propaganda dependiente de la Presidencia de la Generalitat. Cuesta entender que alguien con el prestigio que alguna vez tuvo Josep Fontana se preste a legitimar con su nombre semejante ejercicio de burda pedagogía del odio disfrazado de simposio científico. "Un completo disparate", en palabras de John Elliott, donde se abordarán "las condiciones de opresión nacional que ha sufrido el pueblo catalán a lo largo de estos siglos". Que así reza el programa oficial de la cosa. Extraña opresión, por cierto, la que durante siglos han venido ejerciendo tantos obreros murcianos, extremeños y andaluces sobre sus patronos de Sabadell y Tarrasa.

Un mero revival, por lo demás. El franquismo inventó su particular anti-España, la famosa conjura judeo-masónico-comunista que, día y noche, maquinaba arteras maldades contra la patria. Paranoia delirante de la que la doctrina ahora hegemónica en Cataluña resulta mero trasunto. A fin de cuentas, la obsesiva denuncia de la "catalanofobia" constituye mimética traslación de aquella anti-España espectral de cuando la dictadura. Qué lejos los tiempos de un Jaume Vicens Vives. Qué improbable en esta Cataluña de charanga y pandereta identitaria la integridad moral de un historiador como él combatiendo contra los mitos románticos y la manipulación interesada del pasado siempre tan cara al poder. Qué pequeño, cada vez más, el país petit.

Cataluña y España
J. Ernesto Ayala-Dip El Pais Cataluña  11 Diciembre 2013

De todas las entrevistas que he ido leyendo sobre la Constitución, sobre la necesidad de reformarla o dejarla tal como está, que fue publicando este diario con motivo de los 35 años de su promulgación, dos me han invitado a la reflexión y, sobre todo a un relativo optimismo, las realizadas a Miquel Roca Junyent y a Felipe González. Sé que este debate puede llevar al agobio de la ciudadanía, a un callejón sin salida. No obstante, no dejo de ver la situación actual como una encrucijada histórica de la que todos podríamos salir beneficiados. Una encrucijada apasionante, si me apuran.

Las respuestas de Roca Junyent me parecieron a la altura de quien colaboró grandemente a dejar atrás cuatro décadas de dictadura. Nada más ni nada menos. Respuestas de un expolítico que nos hace más evidente la carencia de prudencia, inteligencia y capacidad de análisis de la realidad en la clase política que nos gobierna: la estatal y la autonómica. Su análisis de la Transición me pareció sencillamente impecable. Sólo me llamó la atención que no vea ahora las condiciones de acuerdo en todo el espectro político español para reformar la Constitución. Me extrañó que en ese escepticismo respecto a la falta de consenso coincidiera con Mariano Rajoy.

La otra intervención, la del expresidente del gobierno Felipe González, me pareció la de un estadista. Cuando se le pregunta si la reforma de la Carta Magna es la única vía para resolver el encaje de Cataluña en España, incluyendo en esa reforma sus singularidades y contando con recibir más competencias que el resto de comunidades, el expresidente responde: “Como estoy proponiendo el comienzo de un diálogo en profundidad, no quiero atribuir la responsabilidad del conflicto al Gobierno de Artur Mas, porque me dirían que ellos han reaccionado a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010. Se reformó el Estatuto, se sometió a referéndum en Cataluña después de un largo proceso parlamentario y el tribunal constitucional anuló algunos artículos de ese Estatuto. Fue la consecuencia de un recurso del PP, que incluyó esos mismos artículos en la reforma del Estatuto de la Comunidad de Valenciana y hoy resulta que no están vigentes en Cataluña y sí lo están en Valencia…La aceptación de la singularidad de Cataluña, con sus hechos diferenciales y las correspondientes competencias derivadas de ellos, no hubieran exigido necesariamente una reforma de la Constitución. Sin embargo, como ocurrió lo que ocurrió con el Constitucional, es probable que la salida de una reforma constitucional que recoja la singularidad sea ahora necesaria”. A esto yo le llamaría un ejemplo de visión empática. Y más adelante, agrega: “España ha sido y es plural en las ideas y diversa en las identidades, en los sentimientos de pertenencia. Quienes no sean capaces de aceptar esa realidad se deslizan hacia un centralismo autoritario y unificador o hacia una ruptura imposible del territorio”.

Vivimos una encrucijada histórica apasionante, de la que todos podríamos salir beneficiados
Me va a perdonar el lector la extensión de las citas, pero creo que eran imprescindibles dado el calado de lo que en ellas se dice. En el mismo cuestionario, Felipe González incluso se orienta sin ambigüedades hacia un federalismo asimétrico (“Cataluña, aunque algunos obtusos no lo vean, tiene lengua propia, una identificación con una policía propia o sus diferencias históricas en el derecho civil que son singularidades que tienen que ser reconocidas en su autogobierno, y no en el autogobierno de Castilla-La Mancha”). No hace falta comentar la claridad meridiana del expresidente. Una claridad de la realidad social, lingüística e histórica de Cataluña, tan lejos, ya no digamos de Mariano Rajoy, sino de su mismo exvicepresidente Alfonso Guerra, que en el mismo espacio, unos días antes, abogaba sin lugar a ninguna matización por la aplicación automática del artículo 155.

Las palabras de Felipe González sería bueno que no sonaran a vacío. No solo entre sus adversarios políticos, sino incluso entre sus compañeros de filas, y entre los barones más veteranos y los de nueva generación, como la secretaria general del PSOE andaluz y muy probable futura candidata a la llamada de las urnas del 2015 Susana Díaz. También debería tenerlas en cuenta Artur Mas. El encaje de Cataluña es posible. ¿Qué ocurriría si en caso de poder celebrarse, con permiso del gobierno central, el derecho a decidir, el resultado fuera no a la independencia, una circunstancia harto posible? ¿No habría que tener listo un plan B, no habría que estar preparado para exigir (y ceder) una nueva negociación para reformar la Constitución y hacer posible para unas cuantas generaciones futuras (de catalanes pero también de españoles) el encaje de Cataluña en España?

Mientras tanto, Rajoy espera. Cree que la pelota solo está en el tejado de Mas. Y no sabe o no quiere saber que la misma pelota está también en el suyo.

PD: 1) Sobre el informe Pisa: muy bien por Singapur, Corea del Sur y Shanghai. Pero no quisiera estar en la piel de esos pobres niños asiáticos, diez horas al día, resolviendo ecuaciones para ser más competitivos. 2) Me alarma sobremanera que la preocupación por el ruido de los vecinos entre la población haya pasado del 27,4% al 14%. Dicho esto, estoy absolutamente en contra de que se dispare contra las/los pianistas.

J. Ernesto Ayala-Dip es crítico literario.

ETA
Lo que quiere Uriarte
Carmelo Jordá Libertad Digital 11 Diciembre 2013

La trayectoria de una parte de la Iglesia en el País Vasco –y decimos una parte en un gesto de inmerecida generosidad– es digna de figurar en una Historia Universal de la Infamia más real y menos hermosa que la que escribió el genial Borges.

Sin embargo, es justo reconocer que en los últimos años la cosa parecía un poco más tranquila, o al menos no tan escandalosa. Eso, hasta que un obispo cerril se descuelga con un rebuzno que, no por ser pronunciado con la cobertura de una mitra o una sotana, deja de ser repugnante.

Por ejemplo, monseñor Uriarte defendiendo este martes que el Estado debe pedir perdón a ETA por "sobrepasarse". Obviamente, el señor obispo no es tan vil, o mejor dicho tan tonto, como para no meter ese rebuzno dentro de un totum revolutum de perdones y desagravios que todo el mundo debe dar y pedir a todo el mundo en el País Vasco; pero lo que queda, porque es lo único que llama la atención y lo único disparatado del discurso, es eso: que el Estado tiene que disculparse ante los asesinos.

La religión católica se basa, y eso es parte de lo más hermoso de su credo, en el perdón. Por supuesto, el Divino para nuestros muchos pecados, pero también el perdón entre los hombres y del ofendido al ofensor. Sin embargo, ese perdón, como el tan escaso arrepentimiento, es un asunto personal, de conciencia y entre individuos. Exigir a un Estado que pida perdón es, como mínimo, ridículo.

Pero lo que quiere Uriarte no es que un Estado pida perdón, sino que lo haga una sociedad, la española, que ha sufrido durante décadas una agresión atroz, despiadada y, sobre todo, terriblemente injusta. Lo que quiere Uriarte es enfangar con perdones el terreno, de forma que todos seamos un poco culpables y, por tanto, no haya verdaderos culpables.

Lo que quiere Uriarte es que se haga algo así como una sentencia contra la Doctrina Parot en las conciencias y que, como en la otra, los asesinos se vayan de rositas.

Lo que quiere Uriarte, en suma, es hacer el juego a los malos a costa de la humillación de los buenos. Y eso, monseñor, no es propio ni de cristianos, ni de curas ni siquiera de obispos; eso es propio de canallas.

Andalucía
La Junta, encubridora de la UGT
José Luis Roldán Libertad Digital 11 Diciembre 2013

Dice el PSOE, por boca de su secretario de Organización, que las denuncias de la prensa sobre los trapicheos —seamos benévolos, llamémoslo así— de la UGT forman parte de una campaña de acoso y derribo de la derecha contra las organizaciones sindicales. ¡Cómo no! Nada de eso nos sorprende, lo sorprendente es que a estas alturas (es decir, después de 35 años) todavía haya ingenuos que no los conozcan. Por otra parte, conviene recordar que la UGT es el sindicato del PSOE, ¿qué van, pues, a decir ante la llamada de la sangre?; y, sobre todo, lo que no puede olvidarse es que en este rosario —perdón, para el caso mejor decir chorizo— interminable de rapiña y fraude está detrás la Junta de Andalucía, o sea, el PSOE de Andalucía.

Estos mandamases del PSOE son tan estúpidos —es decir, tan sectarios; pues es sabido que el fanatismo nubla la razón— que son incapaces de ofrecer un mensaje coherente. Así, no pasan ni tres días del discurso de condena y de expresar las mejores intenciones cuando, negando la realidad u obviándola, que es peor, les vemos asomar las garras lobunas por debajo de la piel de cordero.

Aunque, para mi gusto, si hemos de elegir, yo prefiero este discurso al de doña Susanita; el de Óscar López me parece auténtico. Es el discurso del PSOE, transmite lo que verdaderamente piensan. Ya lo dijo Revel, tienen una idea tan alta de su propia moralidad que casi se creería, al oírlos, que vuelven honrada la corrupción cuando se entregan a ella. El robo es de derechas. Lo de ellos, los socialistas, es redistribución de la riqueza. Política social. Y, como mucho, meras irregularidades; cosa de cuatro golfos, que ya no son… que ya no están… Sólo habría que ponerle música y sonar las maracas; parece un bolero.

Lo prefiero, digo, al cacareo fatuo y mendaz de la Shoshi de Triana (que así dicen que le dicen en su barrio, porque, en su sencillez, va saludando "¿Qué pasa, shoshi?"): "Estoy haciendo frente a la corrupción que es lo que tengo que hacer. Dije que no me temblaría el pulso y estoy dando muestras de transparencia y de recuperar hasta el último euro de los fondos públicos". Palabrería hueca, nadería, cacareo que no va acompañado de hechos, ni de verdad.

Parece haberse puesto de moda celebrar las perogrulladas de la estrella de Triana, como sucediera otrora con el Míster Chance de León, como si se tratara de sesudas y originales reflexiones. Se olvidan estos biempensantes de los hechos (son los hechos, estúpido). Y los hechos son los siguientes: la Junta de Andalucía no ha iniciado ningún procedimiento sancionador a la UGT por el expolio de los fondos públicos. No sólo no ha abierto expediente alguno, sino que sigue alimentando opíparamente a su criatura. Y, peor aún, trata de engañar a la ciudadanía haciéndole creer que está usando todos los instrumentos jurídicos a su disposición. Está confundiendo intencionadamente al público. Está manipulando. Está mintiendo.

El ciudadano normal no tiene por qué saber que una cosa es un "expediente de reintegro" y otra bien distinta un "expediente sancionador". La normativa aplicable establece:

La obligación de reintegro se entenderá sin perjuicio de lo previsto en la Ley General de Subvenciones en lo relativo a infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones, si concurriesen las acciones y omisiones tipificadas en la citada Ley.

Es decir, que si se ha cometido alguna infracción, con el reintegro de lo percibido no basta. ¡Estaría bien! Sería como si al ladrón sólo se le condenara a devolver lo robado.

Pues bien, da la casualidad de que las acciones de la UGT publicadas por la prensa caen de lleno en el tipo de infracción descrita en el artículo 58 de la Ley General de Subvenciones:

Constituye falta muy grave: b) la no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida.

Además, añade la ley que estas conductas serán sancionables "incluso a título de simple negligencia". O sea, ni siquiera es preciso para incurrir en falta que exista dolo o intención de defraudar.

Entonces, ¿ha hecho la Junta de Andalucía lo que está obligada por la ley a hacer, como dice su presidenta? No. ¿Lo hará? No.

La Junta ni cumple la ley ni la cumplirá; ya que ello supondría tener que incapacitar a la UGT para recibir ayudas o subvenciones públicas (no sólo de la Junta) durante un plazo de hasta 5 años. Se helará el infierno antes de que la Junta de Andalucía y su presidenta apliquen la ley en todo su rigor. Antes veremos a la infanta en la cárcel que a la Junta abriendo un expediente sancionador a la UGT.

Así pues, me parece que no nos excedemos si le decimos a doña Susana lo que la gallina de la fábula le dijo a la rana: Parlera, ya que no pones ni siquiera un huevo, deja al menos de croar noche y día.


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ETA
El coste del terrorismo y el dividendo de la paz
  Libertad Digital 11 Diciembre 2013

En más de una ocasión he tratado de evaluar los enormes costes económicos que, para el País Vasco, ha tenido el terrorismo. Unos costes que se derivan de las secuelas de muerte y destrucción que dejan los atentados cometidos por ETA, así como de la depredación de recursos a la que, a través de la extorsión, el saqueo, los tráficos ilícitos o el desvío de subvenciones públicas, ha sometido esta organización a la sociedad vasca. Sin embargo, la valoración de esos costes no da cuenta de la totalidad de los efectos económicos que tiene el terrorismo, pues no recoge su incidencia sobre el funcionamiento agregado de la economía. Ésta se refleja en el desarrollo a largo plazo y de puede cuantificar observando la trayectoria del nivel de bienestar de los ciudadanos que queda reflejada en el Producto Interior Bruto (PIB) por habitante.

Ello es así porque el terrorismo afecta muy negativamente a las expectativas de los agentes económicos, singularmente a las de los inversores, de manera que éstos reducen su gasto en mantener o ampliar las capacidades de producción y, como consecuencia, el PIB empieza a crecer por debajo de su nivel potencial. Los estudios internacionales señalan que, en efecto, el terrorismo incide negativamente sobre el crecimiento económico tanto más cuanto mayor es la intensidad de las campañas emprendidas por las organizaciones que hacen de la violencia su modo de expresión política. Y también indican que cuando esas campañas cesan las aguas vuelven a su cauce y la economía se recupera, produciéndose así un auténtico dividendo económico de la paz.

En un reciente trabajo que pronto se dará a conocer por la Cátedra de Economía del Terrorismo, el profesor Thomas Baumert y yo hemos indagado es este último asunto, estimando el ciclo completo de la incidencia de la violencia etarra sobre el PIB per capita del País Vasco. Siguiendo la pauta metodológica que establecieron Alberto Abadie y Javier Gardeazabal, hemos estimado la diferencia entre el producto efectivamente obtenido en la economía vasca y el que hubiera tenido lugar si ésta no hubiese estado sometida al terrorismo. El gráfico adjunto sintetiza los resultados obtenidos. En ellos se comprueba que desde 1984 y hasta 2005 la economía vasca registró pérdidas en su crecimiento. Éstas fueron ampliándose hasta alcanzar el 16 por ciento en el trienio 1994-1996. Después se redujeron paulatinamente a medida que la actividad terrorista, por efecto unas veces de las treguas de ETA y como consecuencia de la represión policial en la mayor parte del período, fue decayendo.

El coste del terrorismo de ETA.

En total, a lo largo de un poco más de dos décadas los vascos obtuvieron un nivel de riqueza anual inferior al que habrían logrado si el terrorismo no hubiese causado los estragos que ocasionó. Hemos cuantificado esa pérdida en un promedio del 8,7 por ciento del PIB por habitante, lo que equivale a casi 31.500 euros por persona (medidos a precios de 2002) en esos veintiún años. Ese promedio es el resultado de un menor crecimiento tanto del PIB, estimado en el 17 por ciento —es decir 6.130 millones de euros cada año—, como de la población, que hemos calculado en el 6,9 por ciento —o sea, 144.658 personas en promedio anual—.

La dimensión de esta pérdida macroeconómica es verdaderamente notable, aunque resulta inferior a la de otras experiencias terroristas que han sido estudiadas con el mismo procedimiento. Por ejemplo, en el caso de Irlanda del Norte, como ha puesto de relieve Richard Dorsett, del National Institute of Economic and Social Research de Londres, el diferencial negativo en el crecimiento del PIB por habitante se extendió durante más de tres décadas —entre 1970, el año posterior al de los Disturbios que desencadenaron la campaña terrorista del IRA, y 2008, diez años después del Acuerdo de Viernes Santo— y alcanzó una profundidad mayor que en el País Vasco, pues su nivel máximo se mantuvo durante trece años —entre 1980 y 1993— en torno al 17 por ciento.

Pero más allá del retroceso económico que provocó el terrorismo, lo que también se pone de manifiesto en el gráfico es que, cuando la campaña de ETA se fue agotando, sus efectos negativos también lo hicieron. Y de este modo, observamos que desde 2006 yo no se aprecia ningún coste macroeconómico de la violencia terrorista. Puede decirse por ello que existe un dividendo económico de la paz, incluso desde unos años antes de que ETA cerrara finalmente su campaña. El bajo nivel de ésta tras la ruptura de la negociación entre el Gobierno de Zapatero y ETA, inducido seguramente por la intensificación de la lucha policial contra la banda terrorista, explica este resultado.

El dividendo de la paz, tal como lo hemos cuantificado, ha permitido recuperar, entre 2006 y 2011, un 17,5 por ciento de la pérdida acumulada del PIB por habitante durante los dos decenios en los que el impacto de la violencia fue negativo. Por ello, para que el País Vasco pueda volver a ser la tierra de prosperidad que fue en el pasado, es importante cerrar definitivamente el ciclo terrorista con la disolución de ETA. Y aún así, es probable que tengan que pasar otros veinticinco años para que se puedan restañar completamente los daños ocasionados por el terrorismo. Tal es la tarea que convoca a los gobernantes de la región y también a los de España. De sus aciertos y de sus yerros dependerán las cuentas de ese futuro que deseamos.

Odio a España a cargo del contribuyente

EDITORIAL Libertad Digital 11 Diciembre 2013

Ignoramos si el simposio "Espanya contra Catalunya", organizado por el Centro de Historia Contemporánea de Cataluña –dependiente de la Consejería de Presidencia– y la Sociedad Catalana de Estudios Históricos, filial del también público Instituto de Estudios Catalanes (IEC), llegará al extremo de constituir un delito de incitación al odio como el que está tipificado en el artículo 510 del Código Penal y plantea la denuncia presentada por UPyD y Ciutadans ante la Fiscalía. De lo que puede estar seguro el Gobierno secesionista de CiU es de que esta cuestión jurídica no será dirimida por un comisario político, como los que los nacionalistas tienen en el CAC, ni por algún magistrado aupado por alguno de los dos partidos denunciantes.

La cuestión decisiva, sin embargo, no es tanto jurídica como política. Y no es otra que la de plantearse si es de recibo que con el dinero del contribuyente se sufraguen simposios destinados a propagar el odio a España y, por tanto, a Cataluña. Ese odio, sea o no constitutivo de delito, es innegable desde el mero título del propio simposio y de las delirantes conferencias que lo conforman, y que presentan a España como generadora de "expolios", "represiones" y “exilios”.

Apelar a la libertad de expresión, tal y como ha hecho el portavoz de la Generalidad, para silenciar la crítica a estos odiosos infundios que se propagan con dinero público es la más reciente impostura de los nacionalistas. La denuncia de este odio a España con dinero del contribuyente es perfectamente coherente con la crítica que hemos hecho al odio y las pretensiones censoras contra determinados periodistas que han perpetrado los comisarios políticos del CAC. Nadie censura que Francesc Homs o los participantes del simposio propaguen en medios privados o en sus declaraciones públicas lo que quieran. Lo que se critica es que esa expresión destile tanto odio y, sobre todo, que sea sufragada con dinero del contribuyente.

Lo que también se critica es que una Administración como la catalana, que estaría en suspensión de pagos si no la auxiliara de manera recurrente el Fondo de Liquidez Autonómica del Gobierno español, se dedique a gastar el dinero público en propagar odiosas mentiras contra España, o en la celebración de ilegales y engañosas consultas secesionistas, o en la creación de ilegales y costosísimas estructuras de Estado, lo que constituyen una clarísima malversación de fondos públicos.

Sea como fuere, y vista la impunidad y la financiación extraordinaria con que los nacionalistas cuentan, no parece que las denuncias planteadas por UPyD y C's lleguen a nada. Claro que de esto no tienen culpa los nacionalistas, sino quienes gobiernan su odiada España.

Claves presidenciales
Aleix Vidal-Quadras www.gaceta.es 11 Diciembre 2013

Estamos obligados a proporcionarles todo el crédito que necesiten para que con el dinero del resto de los españoles puedan llevar adelante tan sugestiva empresa.

Una entrevista de seis páginas en el diario de mayor circulación de nuestro país es un esfuerzo muy de agradecer por parte de un Presidente de Gobierno más bien parco en sus comunicaciones a los medios y merece ser leída con toda atención porque permite conocer elementos interesantes de su pensamiento, sin duda determinantes a la hora de entender su política. Hay algunas de sus reflexiones y afirmaciones que resultan especialmente dignas de ser resaltadas desde esta perspectiva.

La primera es que nuestro principal problema hoy en lo que a las finanzas del Estado se refiere no son los gastos, sino los ingresos -la "recaudación" es la palabra que utiliza para precisar la idea- y que, aunque conviene ir reduciendo el déficit y frenando la deuda, hay que hacerlo "poco a poco". Es decir, que con un desequilibrio presupuestario previsto si todo va bien de 70000 millones para este año y un horizonte de deuda del 110% del PIB para 2015, debemos tomarnos la corrección de estas cifras con calma y parsimonia. La segunda es que su preocupación principal en estos momentos es Europa. Se entiende que la ofensiva separatista, las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot y la posibilidad cada día más alta a medio plazo de un Congreso de los Diputados con una mayoría de la izquierda y los secesionistas, son asuntos que quedan por detrás en su atención del mecanismo de resolución bancaria, el supervisor financiero o el fondo de garantía de ámbito comunitario. La tercera es que la actividad económica, la competitividad y la creación de empleo tienen como fin primordial el mantenimiento del Estado del Bienestar, que es un "logro irrenunciable".

Otra forma de enfocar este tema es considerar que el crecimiento y la creación de valor añadido son los objetivos que no debemos nunca abandonar y que la reducción paulatina de los recursos destinados al sistema de protección social nos dará la medida del éxito de una sociedad en la que la mayoría no necesite cubrirse con el paraguas de lo público, pero el Presidente establece un orden de los factores bien definido. La cuarta es que en un país "moderado y equilibrado" la gente vota por opciones clásicas. Dicho de otro modo, que la aparición de nuevas ofertas electorales votadas por los ciudadanos cuando las clásicas se ahogan en corrupción y destruyen la separación de poderes nos pone en peligro de inestabilidad y radicalismo. La quinta es que en el caso de que triunfasen los nacionalistas escoceses en el referendo de autodeterminación y solicitasen la entrada de Escocia en la Unión Europea, no está claro si España vetaría o no su incorporación. Tampoco aquí, nos advierte el Presidente, conviene precipitarse. Y la sexta es que ante el proyecto anticonstitucional y subversivo de liquidación de España como Nación que impulsa sin descanso la Generalitat catalana en manos de los nacionalistas, estamos obligados a proporcionarles todo el crédito que necesiten para que con el dinero del resto de los españoles puedan llevar adelante tan sugestiva empresa.

Por supuesto, la entrevista es tan larga y rica en agudas observaciones que seguramente he obviado algunos puntos de la misma igualmente fascinantes. Si ustedes encuentran más claves presidenciales que añadir a las que acabo de reseñar, por favor háganmelas saber porque mi sed de aprender es, en paralelo a la paciencia del Presidente, inagotable.

EL NACIONALISMO: UNA EDUCACIÓN SENTIMENTAL
Fernando García de Cortázar. Foro de Ermua  11 Diciembre 2013

Habrá que ver si estamos ante el chupinazo de inauguración o ante la traca final de esos fuegos artificiales para los que el independentismo catalán lleva ya tiempo almacenando material inflamable. No existe proceso de toma de conciencia nacional que no se base en el conocimiento y aprecio de una tradición. No hay espacio de agitación nacionalista que no construya en el escenario de un sacrificio ritual de la historia. En la liturgia del nacionalismo, el pasado no consta como referencia intelectual. Sólo se invoca en una eucaristía laica en la que la comunidad de creyentes puede alimentarse con el cuerpo y la sangre de la sagrada forma de la patria. Cuestión de fe, ciertamente, pero que siempre tratará de presentarse como evidencia que sólo pueden negar aquellos desdichados que no acepten la verdad en el fondo de su corazón. Educación sentimental, pero que trata de atemperar sus recursos emocionales con las presuntas razones políticas de la democracia y con el farsante rigor académico de una reflexión sobre nuestro pasado.

Porque nuestro es, sin duda, ese pasado, cuando el simposio montado por organismos de la Generalitat se refiere a España y a Cataluña. Nos hemos acostumbrado ya - hasta el punto de que algunos tertulianos tropiezan en esa sutil trampa del lenguaje - a hablar de ambas como entidades distintas. Las batallas importantes siempre empiezan por perderse en el nada inocente ámbito de las palabras. Por eso se ha podido dar un paso al frente, hacia el abismo. Ya no se habla de España y de Cataluña. La nada inocua copulativa ha sido desplazada por la sombría preposición: España contra Cataluña. Naturalmente, el orden de los factores sí altera el producto. Es España la que está contra Cataluña y ésta no hace más que defenderse del modo que siempre han gustado los nacionalistas: huyendo.

Quizás hayamos llegado ya al país del Nunca Jamás, a la región en que Todo Vale o a esa realidad invertida que tentó a Alicia desde el lado imaginario del espejo. Sólo por haber respirado durante algunos años la atmósfera estupefaciente de la inmersión nacionalista, puede entenderse que un puñado de profesores universitarios de una sociedad madura haya caído en semejante mezcla de delirio identitario y de jactanciosas pretensiones de rigor intelectual. La elocuencia de los títulos de las comunicaciones del simposio es de tal calibre que ya ha despertado de su resignación a ciudadanos dispuestos a aguantarlo todo, menos el poder contagioso de la estupidez y la alarmante pérdida del sentido del ridículo.

El simposio se realiza para explicar la realidad de Cataluña en los últimos trescientos años a través de la represión ejercida por España ya no contra las aspiraciones de los grupos nacionalistas, sino contra todos los catalanes que han ido sucediéndose en generaciones humilladas desde 1714. Eso significa que los españoles sólo podemos comprender a fondo nuestra historia aceptando esa misma tradición. En el mundo onírico que fabrica el independentismo, Cataluña es sólo un sueño que ha tenido España, pero España es una agotadora pesadilla que ha atormentado un largo viaje a través de la noche, urdido por la ficción nacionalista a expensas de la historia.

Quienes se traguen ese brebaje de hechiceros crepusculares habrán de lamentar, sin duda alguna, la frustración de un territorio en el que, de no haber sido por esa lamentable aberración llamada España, podía haberse producido un enérgico proceso industrializador, podía haberse levantado una Barcelona que fuera referencia para los europeos, podía haberse mantenido el uso habitual de una lengua viva, podía haberse asistido a la prodigiosa plasticidad de la poesía de Foix , a la perfecta fábrica de la prosa de Pla, al desafío al aire de la arquitectura modernista, a la perpleja exactitud de los cuadros de Dalí, a la minuciosa dulzura de la música de Casals, a la reflexiva elegancia de los ensayos de D’Ors. Podía haber ofrecido a la mirada sorprendida de la historia la corpulenta dignidad del sindicalismo de Peiró, el sensato patriotismo de quienes lucharon cuando hizo falta por la libertad de todos los españoles, la fuerza tranquila de quienes construyeron en Cataluña las bases indispensables de una nación constitucional. Pero nada de esto ha sido posible en un país sometido al desguace de sus recursos materiales, al desmantelamiento de su cultura y a la quiebra de sus derechos políticos por la avidez insaciable de un enemigo despiadado. Porque esa es la triste realidad que el simposio describe, esa es la verdadera sustancia de nuestra historia común. Lo demás, al parecer, todo aquello que creíamos saber de un pueblo, de un territorio, de una cultura, de una historia que tanto hemos admirado solo es un espejismo creado por nuestra sed, solo es un fantasma inventado por nuestro deseo. Sólo es un sueño que ha tenido España.

“La represión institucional, política y administrativa”
De este modo se consideran, según el diseño del simposio, las relaciones entre España y Cataluña desde la derrota del pretendiente Carlos de Austria en la guerra de Sucesión a la corona española. Las clases dirigentes catalanas sufrieron el revés de que su candidato al trono fuera derrotado en un conflicto europeo. En la mitología nacionalista, el 1714 se presenta como la conquista e invasión de Cataluña por una potencia extranjera: España. Y la pérdida de privilegios de los oligarcas se revisa, anacrónicamente, como la pérdida de derechos propios de una sociedad avanzada.

“Entre la autonomía y la reacción uniformadora”
El siglo XX –y lo que llevamos de XXI, en la minuciosa perspectiva del nacionalismo- se reduce a un tedioso combate entre el esfuerzo del pueblo catalán por obtener su autonomía política y la terca resistencia del Estado español a concederla. Cabe pensar que por orden gubernativa, el simposio silenciará que la construcción de la España constitucional tuvo una de sus puntas de lanza más afilada en la masiva adhesión de los catalanes a una Constitución aún vigente, sobre la que se levantaron las instituciones representativas del conjunto de la nación.

La represión cultural y lingüística
“Contra el alma de un pueblo”. De un modo tan melodramático y con una imaginación tan voraz, se expresan las condiciones de la vida cultural de Cataluña durante tres siglos. Tanto la lengua como la enseñanza de la historia, el mundo educativo o los medios de comunicación estatales manifiestan el doloroso estigma de la “españolización” –la palabra adquiere ya el tono siniestro de un asesinato en serie- a diferencia de la radiante pluralidad, voluntad integradora y atención a la diversidad que muestra la Radio y la Televisión públicas en la Cataluña actual.

La represión de los “Països Catalans”
¿Qué pintan las conferencias dedicadas a Valencia o a Baleares en un simposio sobre España contra Cataluña? La catalanidad esencial de esos territorios ha sido atropellada por una tradición política centralista que, posiblemente, encarna un Partido Popular al que votan la mayoría de los ciudadanos de ambas regiones. Su manifiesta voluntad política, su ejercicio de la soberanía, su clara decisión de considerarse españoles, reiterada de forma abrumadora en las elecciones autonómicas, municipales y generales, es una desdichada consecuencia de un secuestro. Una falsificación que ha acabado por asumirse por ciudadanos penosamente mal informados.

“La represión económica y social”
La industrialización de Cataluña, la formación del mercado nacional, el control del mercado colonial y el protagonismo de la burguesía catalana en toda España deberá hacerse encajar en la propuesta que hace el simposio para comprender los años vividos en el siglo XXI: nada menos que “ la apoteosis del expolio”. Si las armas las carga el diablo, la incontinencia verbal debe de alimentarla el nacionalismo. Apoteosis del expolio. Para definir así las relaciones financieras entre Cataluña y el resto de España urge apelar antes, claro está, a la apoteosis de la imaginación secesionista.

“La humillación como desencadenante de la eclosión independentista”
Como título de la conferencia de cierre del simposio, hay que prestar atención a lo que expresa y, desde luego, a lo que falsifica. Sabemos que la reivindicación independentista es un recién llegado a la política catalana, como instrumento oportunista de una administración en quiebra. Sin embargo, por encima de cualquier consideración acerca de la labor propagandística de los medios de comunicación, de la función nacionalizadora del sistema educativo y de la avidez de intelectuales al servicio de una causa patriótica, estamos ante el gesto, tan espontáneo como conmovedor, de un pueblo humillado que quiere liberarse de unas cadenas llamadas España.


EDUCACIÓN Polémica iniciativa del gobierno valenciano
¿Qué se estudiará en la asignatura Cultura del Poble Valencià?
DANIEL BORRÁS Valencia El Mundo  11 Diciembre 2013

La aprobación e implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), más conocida como Ley Wert, el margen para que las autonomías incluyas contenidos propios en las asignaturas clave disminuye. Dos tercios del contenido curricular no se pueden tocar;el bloque de asignaturas troncales y el destinado a materias específicas son estancos. La única forma de personalizar materias queda para el tercero, el de 'libre configuración autonómica'. Esa es la oportunidad, según la consellera de Educación del Gobierno valenciano, Maria José Català, para tener «mayor protagonismo».

Y la primera apuesta será la asignatura de Cultura del Poble Valencià, un vehículo de «defensa de lo valenciano» que no se concibe como instrumento estrictamente folclórico. Esto es, no hay espacio para conceptos como 'la paella' o similares. Tiene más que ver con el patrimonio y el hecho de que, quizás, los niños no conocen buena parte de este material.

Entre los contenidos avanzados desde la conselleria están el Misteri d'Elx, el Tribunal de las Aguas, las fiestas de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí o las importantes pinturas rupestres que hay en la Comunidad. También, por su condición BIC, los bous al carrer, aunque Català prefiere que el temario no se quede sólo en esa «anécdota». Se estudiará a Isabel de Villena, Vicent Andrés Estellés, Miguel Hernández, Andreu Alfaro o el arquitecto Rafael Guastavino. Este último podría ser ejemplo de lo que se pretende: ¿cuántos alumnos conocen el trabajo de un valenciano que se estudia en Estados Unidos como referente?

Esta asignatura será sólo una de las propuestas en esa línea de trabajo. Se tratarán otras específicas, por ejemplo, sobre música, parte fundamental de la idiosincrasia valenciana y a la que la conselleria de Educación quiere dar especial valor.

De hecho, es en ese pequeño margen que ofrece la Ley Wert donde la Comunidad Valenciana ya incluye la lengua y la literatura valencianas, una suerte de reducto al que otras comunidades deberán acudir si quieren seguir teniendo margen para contenido propios.

Según el Ministro de Educación, José Ignacio Wert, la separación en bloques se hace precisamente para garantizar «un núcleo básico homogéneo» de los contenidos en todas las comunidades autónomas;el Estado define los contenidos y cómo se evalúan. Si cada gobierno local podía incluir pinceladas autonómicas en las principales asignaturas, ahora sólo tiene la opción de manejar las de libre configuración y las que ofrezca en lengua cooficial.

En esa línea, Català afirma que la intención de esta nueva medida es «enriquecer y aumentar» los conocimientos sobre el patrimonio cultural de los alumnos de la Comunidad, pero «no se propone en detrimento de una asignatura troncal o específica». Tampoco se vincula la decisión al reciente cierre de la televisión autonómica (RTVV), por aquello de que con ella desaparece un evidente vehículo de cultura popular, ya que la asignatura se relaciona con la mejora que introducirá la Lomce «y no con otra cosa».

La asignatura (una idea que viene de lejos, según la consellera) no supondrá ninguna «alteración de la arquitectura educativa del sistema», tal y como matiza, y no quitará tiempo a otras materias. Como mucho, la carga semanal será de una hora y media. En total, según fija la normativa, habrá unas «cinco horas y media para todas las asignaturas de libre configuración». Por contra, las troncales tendrán 19 horas de carga semanal sobre las 30 de máxima. En principio no se va a introducir esta asignatura en todos los cursos de Primaria sino únicamente en algunos. A partir de tercero es el escenario previsto de inicio, según la consellera.

Esta asignatura de cultura local recibió ayer las primeras críticas por parte de los grupos de la oposición. El vicesecretario de Educación y Formación de los socialistas valencianos, Miguel Soler, afirmó que esos contenidos ya están incorporados en las diferentes materias actuales y se trata de «una ocurrencia más de los dirigentes del PP». Desde Unión Progreso y Democracia (UPyD) en la Comunidad Valenciana consideran que la asignatura es «un disparate del PP que prima la tribu frente al ser humano;un ejemplo de por qué hay que devolver la competencia educativa al Estado».

Conflicto lingüístico
El gobierno balear denomina al mallorquín, menorquín e ibicenco como 'catalán de Baleares'
La Fundación Círculo Balear denuncia que sigue sin cumplir sus promesas para recuperar la lengua de las islas
Redacción www.lavozlibre.com 11 Diciembre 2013

Madrid.- El gobierno balear sigue incumpliendo sus promesas respecto a la lengua y no duda en denominar al mallorquín, menorquín e ibicenco como "catalán de Baleares" o "catalán de las islas", según denuncia la Fundación Círculo Balear.

A raíz de la publicación del libro 'Las modalidades insulares', presentado por el Gobierno Balear a través del Institut d'Estudis Balearics (IEB) de la Consejería de Educación, con el que se pretende promocionar las modalidades lingüísticas baleares, el área de cultura de la Fundación Círculo Balear (FNCB) ha asegurado que la salida de este texto es totalmente insuficiente para evitar que el mallorquín, menorquín e ibicenco sea sustituido por el catalán.

"En este libro, que en teoría estudia lo que siempre se ha denominado como mallorquín, menorquín e ibicenco, no aparece esta denominación en ninguna de sus 140 páginas. Lo define como "catalán de Baleares" o "catalán de las islas"", denuncian desde la fundación.

El libro, según ha podido comprobar Círculo Balear, no se aparta del discurso oficial del catalanismo impuesto por el Institut d'Estudis Catalans (IEC), utilizando, incluso, su terminología en favor de los denominados "paises catalanes". Ni tan siquiera, aseguran, respeta la denominación oficial de la Comunidad Valenciana, como tal, y del valenciano como su lengua, o la ley de lenguas de Aragón en la que se establece que en una parte de su territorio se habla aragonés, no catalán. Por el contrario, para el gobierno balear "los territorios comprendidos en el catalán oriental son, dentro de Cataluña, las provincias de Gerona, Barcelona y la parte septentrional y oriental de la de Tarragona". "Fuera de Cataluña", añaden, "la Cataluña Nord, las Islas Baleares y el Alguer (en la isla de Cerdeña)". "El catalán occidental se habla en el resto de territorios del dominio lingüístico catalán: la provincia de Lérida, la parte meridional y occidental de Tarragona, Andorra, el País Valenciano, la Franja de Poniente (en Aragón donde se habla catalán) y el Carxe (en Murcia)". Para la fundación Círculo Balear, "el libro no promociona la riqueza lingüística balear incluso en lo referido a artículos autóctonos baleares.

Jorge Campos, presidente de la fundación, asegura que "no dudo de la buena voluntad del presidente José Ramón Bauzá y de la consejera de educación Juana Mª Camps en recuperar la lengua balear frente al catalán estándar, pero los hechos no acompañan sus impecables declaraciones en favor del mallorquín, menorquín e ibicenco". "Este libro contiene algún apartado interesante, aunque breve, referido al léxico autóctono, pero sólo con eso no se evitará que el catalán estándar acabe sustituyendo los giros lingüísticos, frases, palabras, artículos, en definitiva, las peculiaridades lingüísticas de Baleares", añade.

Campos considera que "hay que ser claro en la distinción entre el balear, tal como lo llamaba Mosén Alcover, y el catalán". "La unidad de la lengua catalana no es un dogma de fe. La ciudadanía solicitó mayoritariamente acabar con el pancatalanismo. El gobierno balear sigue sin cumplir con su compromiso electoral. En las instituciones, y en la educación, el mallorquín, menorquín e ibicenco sigue proscrito, sustituido por el catalán", dice.

"Desde el área de cultura del Círculo Balear, junto a otras entidades académicas y culturales de todas las islas, seguiremos trabajando, de forma altruista, para que una lengua que cuenta con gramáticas y diccionarios propios desde el siglo XVI, culta, con una tradición literaria extensa y mayoritariamente hablada en Baleares no sea sustituida por una lengua de laboratorio como es el catalán estándar que se enseña actualmente en las escuelas de Baleares", concluyen desde la fundación.

Privilegios intolerables
Esther Esteban www.lavozlibre.com  11 Diciembre 2013

Periodista y comentarista política

Acabamos de saber que las Ikastolas, financiadas por el Gobierno vasco, tienen convenios con los profesores que les permiten desplazarse a visitar a los etarras durante el día lectivo, sin sufrir penalización alguna en su sueldo. Es cierto que en todas las comunidades autónomas los trabajadores tienen convenios colectivos en los que se recogen las circunstancias en las que pueden tener permisos laborales sean retribuidos o no, pero en ninguna hay nada parecido en relación a personas privadas de libertad.

Lo llamativo es que en Euskadi los profesores ikastolas además de los permisos comunes como periodos de gestación, partos, muertes o enfermedades graves de familiares etcétera, tienen una circunstancia especial recogida en su convenio, que ha sido aprobado recientemente. En él se contempla la posibilidad de disponer permisos retribuidos para visitar a sus parientes presos que se cuenten lejos de los centros de trabajo "siempre cuando las visitas no pudieran efectuarse fuera del horario de trabajo".

En el convenio se indica textualmente que: "Se concederá permiso para visitar a parientes hasta el segundo grado de consanguinidad que estuvieran cumpliendo penas privativas de libertad por el tiempo que resulte necesario para ello, siempre y cuando las visitas no pudieran realizarse fuera del horario del trabajo".

Es lógico que, dada la redacción, haya quien se pregunte si este convenio no deja la puerta abierta a que los profesores puedan visitar a su familiar todos los días de la condena sin que en ningún momento le sea descontada salarialmente su ausencia en el trabajo. Aunque la interpretación es lógicamente exagerada, la pregunta es ¿por qué este tipo de privilegios para los asesinos de ETA y no para otro tipo de reclusos comunes?

Está claro que durante años el mundo oscuro cercano a ETA ha estado recibiendo todo tipo de apoyos, en muchos casos de la propia administración autonómica. Se entiende mal y se digiere peor que haya distintos tipos de profesorado: los que tienen privilegios y un trato de favor por tener una ideología cercana a ETA o a su brazo político y el resto lo cual provoca una gran repulsión intelectual. Resulta llamativo además que el resto de profesores, es decir, los que no se mueven en el mundo político proetarra no hayan alzado su voz frente este agravio y la única explicación es que el miedo es libre, y en Euskadi se ha vivido demasiado tiempo con mucho, mucho miedo.

Ahora que se empieza a respirar un ambiente de libertad lo que debería exigir ese colectivo es que ETA entregara las armas y pidiera perdón por todo el sufrimiento causado, porque mientras eso no ocurra la normalización plena no será posible. He oído muchas veces decir al Lehendakari que la pelota está en el tejado de ese mundo, que son ellos "los que deben dar el paso definitivo de manera unilateral porque la sociedad no le debe nada a ETA".

Son palabras cargadas de sentido común y de hecho el Lehendakari es un hombre que lo tiene, pero también desde las administraciones se tienen que evitar acciones que sonrojan y esto de que visitar a etarras sea un privilegio es un escándalo que debe terminar. O creemos en la democracia plena, esa que no hace distingos y menos con asesinos o no hay nada que hacer. Si estamos asistiendo escandalizados al cumplimiento de la sentencia sobre la doctrina Parot no podemos tener una vara de medir diferente para los del mundo oscuro. El dinero público es sagrado y desde luego el dinero de todos no está para que las Ikastolas faciliten según qué cosas. Hay que denunciar esos convenios ya.


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