AGLI Recortes de Prensa   Jueves 9  Enero  2014

Catorce hipocresías para 2014
Ignacio de la Torre El Confidencial 9 Enero 2014

Primera: la democracia interna de los partidos españoles, mandatada por la Constitución, y violada sistemáticamente desde su concepción. Los partidos no son democráticos, pero hipócritamente fingen serlo mediante plebiscitos. ¿Cómo pueden defender la vigencia y el valor de la Constitución los partidos que la violan en su propia génesis y funcionamiento? La Alemania comunista también se autodenominaba “democrática”, pero con el tiempo las falacias caen como muros.

Segunda: el 'buen gobierno' promovido y legislado por malos gobiernos. ¿Cómo puede el poder político legislar sobre el nombramiento de consejeros independientes si en las ejecutivas de los partidos, en el propio Gobierno y en las instituciones acaparadas por los partidos estos no existen?

Tercera: la imagen fiel contable promovida por leyes promulgadas por partidos que a su vez presentan contabilidades opacas, no consolidadas y con múltiples sospechas sobre los orígenes y aplicaciones de fondos. ¿Pueden impulsar legislación contable políticos con contabilidades más grotescas que las de Enron?

Cuarta: la mal llamada financiación de los partidos políticos, en realidad subvencionados entre el 90% y el 100% de sus gastos por el dinero del público. ¿Cómo pueden los partidos defender la austeridad, el liberalismo o el gasto social si se vive de subvenciones con las que se asignan sueldos estratosféricos?

Quinta: los políticos que defienden públicamente el liberalismo (a pesar de haber vivido siempre del erario público) y en privado han presionado para colocar a amigos y protegidos, muchas veces iletrados financieros, en puestos y consejos relacionados con instituciones financieras.

Sexta: los 60.000 millones que ha costado el rescate de las cajas, unos 1.300 euros por español, sin que nadie haya pedido perdón. Una consecuencia directa de la crisis bancaria será un sector financiero mucho más oligopolístico, con la paradoja de que se habrá financiado esta concentración con el dinero público.

Séptima: el sistema fiscal español, que hipócritamente confunde a 'los que más ganan' con 'los que más declaran'; dicha hipocresía no actúa ni siquiera como “razón de Estado”. De hecho, el sistema fiscal español no sólo es hipócrita e injusto, es de los más ineficientes de Occidente en términos de recaudación.

Octava: los programas políticos. CiU impulsa la independencia sin haberlo reflejado en su programa. El PP sube impuestos cuando defendía bajarlos. El PSOE ha conseguido en sus ocho años de gobierno dejar la desigualdad en los niveles más altos de las últimas décadas, a pesar de su programática intención en sentido contrario. Si los programas son armas de la hipocresía, ¿dónde reside la validez del ejercicio democrático?

Novena: el periodo de receso de las Cortes para que los parlamentarios “puedan tomar contacto con sus electores”. ¿Alguien puede nombrarme el nombre de su diputado?

Octava: la modernidad en la gestión pública. Para que exista una verdadera modernización de la 'cosa pública', necesitamos que exista permeabilidad entre el sector privado y el público. Una clase dirigente de 'mandarines' no ha dado sus frutos, como muestran claramente los números y las tragedias que subyacen a los mismos.

Novena: las listas electorales, que priman la mediocridad y obstan la meritocracia y luego se presentan como el “ejercicio de la soberanía popular”.

Décima: los nombramientos políticos del Consejo General del Poder Judicial, que contravienen programas de gobierno y la demanda de la inmensa mayoría de la población española, que clama contra la politización de la justicia.

Undécima: el poder legislativo, que ha sido incapaz hasta la fecha de investigar las causas de nuestra crisis financiera y depurar responsabilidades por la sencilla razón de que depuraría a muchos de los 'investigadores'. Dentro de esta hipocresía resalta el Senado español, que cuesta 80 millones de euros anuales, siendo una cámara sin atribuciones efectivas.

Decimosegunda: la falta de competencia generalizada que se observa en España desde que en la dictadura de Primo de Rivera se gestaron estructuras oligopolísticas. El que en España se paguen por servicios básicos unas tarifas superiores a la zona euro a pesar de disponer de rentas inferiores es consecuencia directa de este mal, y de los errores legislativos no excesivamente inteligentes amparados por tarifas públicas. Como existe una cancerígena simbiosis entre los oligopolios (véase empresas que viven directa o indirectamente del BOE) y el poder político (que asegura el retiro de sus máximos dirigentes en dichas empresas), al final pierde la sociedad civil, que se resigna mansa ante la situación. El resultado lampedusiano del “que todo cambie para que todo siga igual”.

Decimotercera: el que el ajuste fiscal llevado a cabo en España desde 2010 se haya realizado principalmente por la vía de menor gasto público en la época socialista y por la vía de mayores impuestos en la época popular. El mundo al revés.

Decimocuarta: la sociedad española en la que me incluyo, que critica pasivamente los abusos cometidos en las trece proposiciones anteriores, pero hace poco o nada por combatirlos. Exigimos derechos y no aceptamos deberes. Una multitud se echó hace poco a la calle en Estambul para protestar contra la injerencia del Gobierno islamista de Erdogan en los nombramientos de jueces. ¿Qué hemos hecho nosotros para luchar contra la enésima cacicada de los partidos en los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial?

Del ridículo de Mas al despacho oval
Pablo Sebastián www.republica.com 9 Enero 2014

Es verdad que Artur Mas ‘tiene la batalla perdida y está haciendo el ridículo’ en su campaña internacional en favor de la consulta independentista de Cataluña, tal y como lo ha dicho Rajoy a sus compañeros de la dirección del PP. Pero el espectáculo que está ofreciendo Mas en Europa y los ecos que llegan al Continente de las incidencias de la Corona de España y de la corrupción de este país deben causar asombro, y poco dicen de bueno de la maltrecha ‘Marca España’ a la que acaban de darle una buena sacudida los señores de Sacyr con el parón de la obra del Canal de Panamá.

Lo que nos conduce a pensar que el ridículo lo estamos haciendo todos y en buena parte por causa de una clase dirigente que está de capa caída, que no nos merecemos y que ya veremos las notas que obtiene en los exámenes o las elecciones europeas del mes de junio. Un primer test en el que la ciudadanía dirá como aprecia la actuación de nuestros gobernantes y de nuestros representantes en el Parlamento, el ágora a donde nunca llegan los grandes debates nacionales que más preocupan a los españoles como, por ejemplo, el de la imputación de la infanta Cristina o el del desafío catalán.

Precisamente la imputación de la Infanta le ha estropeado a Mas su primera aparición pública del año, con sus referencias incluidas a la Guerra Civil española -tras haberse comparado anteriormente con Gandhi, Luther King, Mandela o Espartaco- y a su pretendida consulta secesionista que no se va a celebrar, se ponga como se ponga y diga lo que diga el presidente de la Generalitat.

En realidad, son tantas las cosas que pasan en este país y las que están por pasar este año -y ahí incluido el Mundial de Brasil- que los números de circo variados que se están orquestando desde las instituciones catalanas, como la Generalitat, para mantener vivo el espíritu independentista han sufrido un duro desgaste, y reducido su capacidad de impacto y asombro en la ciudadanía española en general y en la catalana en particular, donde se empiezan a cansar del juego permanente de la provocación y del viaje hacia ninguna parte del desafío catalán, como lo acaba de recordar por enésima vez a Mas desde Bruselas el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, diciéndole que la ‘consulta’ es un asunto español y que quien rompe sus lazos con una nación de la UE, se sale del marco europeo y no puede volver.

Ya sabemos que Rajoy es como es, y siempre está a la espera de que los acontecimientos y el tiempo vayan resolviendo ellos solos los problemas del país. Pero es lo que hay, lo que tenemos y lo que votaron una mayoría de españoles tras el delirio de Zapatero.

Pero no estaría nada mal que el Presidente, que asegura no tener ‘vértigo’ ante el desafío catalán, que anuncia la recuperación de la economía y el empleo en este año de 2014 y que confía en sacar airoso al PP -hoy convertido en jaula de grillos por el aborto y la financiación autonómica- de la cita electoral europea de junio, se atreva a tomar la iniciativa política y a reformar el Gobierno de la nación que bien merece un cambio, aunque solo sea con la excusa de las listas que los populares tienen que hacer de cara a la cita electoral del Parlamento de la UE. ¿Es mucho pedirle a Rajoy?

Da la impresión que sí, porque al Presidente le gusta mantener su estrategia del ‘bajo perfil’. Tan bajo perfil que apenas reconocen a nuestro Presidente los responsables del servicio de seguridad de la UE. No obstante su próxima foto en Washington con el presidente Obama, a Rajoy le va a sentar muy bien porque allí van a llenar de elogios los esfuerzos españoles para la recuperación económica de nuestro país, y todo eso a Artur Mas le va a sentar bastante mal. Aunque imaginamos que el presidente Obama, en la discreción del despacho oval, se acabará interesando por el problema catalán y la estabilidad de la Corona en España, asuntos sobre los que el presidente Rajoy no deberá divagar porque en ese país, que tiene las orejas tan grandes, todo se sabe y no cabe disimular.
www.pablosebastian.com

¿Condonaciones de deuda en Occidente?
Juan Laborda www.vozpopuli.com 9 Enero 2014

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13266.pdf

El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de publicar recientemente, en diciembre de 2013, un artículo de Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff con el título “Financial and Sovereign Debt Crises: Some Lessons Learned and Those Forgotten”. El argumento utilizado por los autores es exactamente el mismo que hemos empleado desde estas líneas para anticipar la segunda fase de la Gran Recesión (2014-2016). Lo peor no ha pasado. Las causas que han originado la actual crisis económica no sólo no se han corregido sino que han empeorado.

Los niveles extremos de deuda implican quiebras al estilo de los años 30, que están a punto de ocurrir, según los autores, en gran parte del mundo occidental. Para hacer frente a ello se requerirá impagos, un impuesto al ahorro confiscatorio -que desde este blog no compartimos- y una mayor inflación solo es posible vía aumentos salariales ya que la política monetaria ha fracasado. El objetivo es despejar el camino para la recuperación que suponen unos niveles de deuda que alcanzan un máximo histórico.

Según Reinhart y Rogoff la carga de la deuda en los países desarrollados se ha convertido en un evento extremo utilizando cualquier medida histórica y requerirán una ola de condonaciones de deuda, negociadas o no.

La Segunda Fase de la Gran Recesión (2014-2016)
Como saben ustedes, nuestra visión es más pesimista que la del mercado. Prevemos un empeoramiento de las condiciones económicas globales. Si bien el detonante será un aumento de la aversión al riesgo en los mercados financieros, la razón fundamental detrás de estas previsiones es el fracaso de las medidas de política económica implementadas por la ortodoxia económica y un diagnóstico erróneo de la actual crisis sistémica.

El inicio de la Segunda Fase de de la Gran Recesión se caracterizará por la entrada en recesión de los Estados Unidos, la vuelta a la debilidad de las economías europeas, y por la triple recesión en la que entrará la economía española. Los países emergentes se desacelerarán de manera notoria, especialmente Latinoamérica y Europa del Este. Asia, por el contrario, continuará con una dinámica propia más optimista.

El detonante y acelerador de esta nueva ruptura de la tendencia de fondo será un empeoramiento significativo en los mercados financieros. La mayor parte de activos financieros están sobrevalorados, es cuestión de tiempo esperar a que se desate la siguiente fase de venta masiva de los mismos. ¿Qué pasará si los mercados incrementan la aversión al riesgo? Los tipos de interés a largo plazo repuntarán con fuerza, las bolsas caerán, los diferenciales de crédito se ampliarán, las materias primas se debilitarán y la volatilidad se disparará.

En ese escenario emergerán los problemas de las aquellas economías occidentales altamente endeudadas -Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, o España entre otras-, y sus sistemas bancarios necesitarán recapitalizarse de nuevo. Se iniciará una tormenta perfecta, que se irá retroalimentando: crisis de deuda-crisis bancaria-deflación por endeudamiento. El crecimiento económico se parará, la recesión se intensificará con fuerza.

Fracaso de las políticas económicas
Si bien el detonante será un aumento de la aversión al riego, la razón fundamental detrás de estas previsiones es el fracaso de la mezcla de políticas económicas propuestas por la ortodoxia económica. Para salir de la crisis, las recetas propuestas consistieron, en la mayoría de los países, en una combinación de política fiscal restrictiva, política monetaria expansiva (ampliación de los balances de la Reserva Federal de los Estados Unidos o FED, del Banco de Inglaterra, del Banco de Japón o del BCE), y deflación salarial, bajo una serie de hipótesis que al final han resultado ser falsas. Desde estas líneas en innumerables blogs ya hemos explicado los argumentos. Simplemente recordar algún elemento colateral.

La política monetaria –a través del multiplicador monetario- no ha funcionado. Por el contrario, ha exacerbado la búsqueda de retorno a cualquier precio por parte de los inversores sin mirar el riesgo –especialmente el riesgo precio- incentivando burbujas en los distintos mercados de riesgos.

La austeridad fiscal expansiva ha sido un rotundo fracaso. Los déficits públicos y deuda públicas de la práctica totalidad de los países de la OCDE se ha disparado –paradoja del ahorro. Y el abaratamiento generalizado de los salarios y del despido, la tan cacareada devaluación interna, ha acabado hundiendo la demanda efectiva -paradoja de costes. Numerosos países ya se han puesto manos a la obra para incrementar los salarios –ya comentamos en blogs anteriores los casos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón o países nórdicos- pero nuestro país aún no se ha dado por aludido.

Si se confirma este escenario va a ser necesario implementar aquellas medidas ineludibles que se deberían haber adoptado a principios de la crisis, y que la ortodoxia, no aplicó por un mal diagnóstico del problema. Por un lado, una reestructuración o reducción notoria del tamaño del sistema bancario occidental a costa de gerencia y acreedores. Por otro, condonaciones de deuda. El problema de Occidente es una deuda brutal que no se puede pagar. Y el objetivo último es reducir la deuda privada, y en menor grado la pública, de las principales economías occidentales a niveles razonables, sobre el 150% del PIB, frente a los niveles actuales del 1000% de Irlanda, alrededor del 500% de Reino Unido, o del 400% de España y Estados Unidos.

La fuerza del Estado (1)
Nicolás Redondo Terreros http://www.eleconomista.es 9 Enero 2014

Creo que en algún artículo anterior ya he afirmado que en España equivocamos un Estado fuerte con un Estado autoritario. Nuestra historia reciente nos escarmienta ante la fuerza de "la Administración", y nuestro sempiterno individualismo -que a mi juicio tiene connotaciones negativas y no debemos confundir con el liberalismo-, refuerza la desconfianza ante el poder público, frecuentemente arbitrario y sin las limitaciones institucionales propias de países con larga tradición democrática.

Así, la suspicacia, característica transversal de la sociedad española, domina la vida pública, las relaciones del ciudadano con las administraciones y las que mantienen entre ellos en el ámbito privado. En consecuencia hemos pasado de administraciones arbitrarias a administraciones empeñadas en demostrar lo contrario, y a una sociedad que exige alternativamente dureza o claudicación sin cuento o, mejor para no ofender oídos castos, contemporización sin límite, según la realidad social golpee las conciencias.

Desde esta perspectiva se pueden entender las suaves penas impuestas a los terroristas de ETA, los subterfugios posteriores de la denominada doctrina Parot, rechazada contundentemente por el Tribunal de Estrasburgo, inhábil para comprender las componendas internas, y la reacción posterior de una parte de la sociedad española, incapaz de saber a qué carta quedarse. El sentimentalismo que algunos achacan con fruición a la socialdemocracia española es otra característica de nuestra sociedad que, superados los límites impuestos por las leyes, oscila de un extremo a otro con una facilidad incomprensible.

En este ambiente explosivo, mezcla de desconfianza y sentimentalidad, los gobiernos terminan renunciando a su responsabilidad y parapetándose en jueces, instancias europeas o en un destino adverso e indomeñable, recogido en aquella significativa exclamación de Felipe II: "Yo no mandé mis naves a luchar contra los elementos".

Ejemplos de todo esto son el Tribunal Constitucional, en su momento responsable directo y único de una política antiterrorista que el Gobierno nunca quiso hacer suya por miedo a la reacción popular; el político de turno trasladando la responsabilidad de una decisión o la solución de un problema a la Unión Europea; la justificación de poderes externos e inalcanzables como los causantes de la crisis económica, sin prestar atención a la mixtura de prodigalidad individual, irresponsabilidad pública, gangsterismo económico... y la firme voluntad de no poner a las personas adecuadas en los puestos de máximo compromiso, apostando más por la seguridad que dan las viejas amistades.

Algo de todo esto sucede con el reto del nacionalismo catalán. Vicens Vives criticaba a los catalanes su menosprecio y crítica continua al Estado, que mezcladas con una invencible capacidad simplificadora ("desdeña cuanto ignora") y con un complejo de superioridad, da como resultado un nacionalismo español, que puede ser catalán o vasco según se localice geográficamente.

¡Sí! Los nacionalismos periféricos, aún con la extrema necesidad de diferenciarse de todo lo español, se construyen con los vicios más acusados de nuestra historia común (ya en su extravagante postrimería vital Bergamín se instaló en el País Vasco en los años 80 para vivir más intensamente las esencias de la "españolidad"). Y todo se desarrolla según nuestras costumbres ancestrales. Ellos desconfían de un Estado ineficiente y débil, lo encumbran a responsable de todos sus males y un lastre para sus expectativas, por otro lado nunca confirmadas por la realidad -es cierto que la sociedad catalana, sus clases dirigentes, han intentado con fuerza y entusiasmo ser algo, pero indefinido e ignorado por ellos mismos; se han afirmado más en contra de España que en sus propias energías-.
La ley y lo ilegal cohexisten

Por nuestra parte, históricamente hemos oscilado entre la represión de una realidad compleja y una aceptación acrítica de los sentimientos reivindicativos de los nacionalistas, correspondiendo a su complejo de superioridad con uno de inferioridad paralelo.

Algunos ejemplos de este comportamiento podemos encontrarlos en Azaña, ingenuo en sus tiempos opositores y político angustiado cuando su responsabilidad era de gobierno, o en Zapatero, tan bienintencionado como prisionero de la fortaleza intelectual de un criptonacionalismo incrustado en el socialismo catalán. Pero tal vez el mejor exponente de nuestra incapacidad para resolver los problemas que denominamos territoriales fue el discurso de Ortega en las Cortes de la II República, cuando sólo pudo proponer que supiéramos "conllevar" el contencioso catalán, reconociendo, creo yo, la debilidad del Estado español y nuestro fracaso colectivo; constituidos en República o Monarquía, ha dado igual.

Hoy cuando la paradoja se adueña de la vida pública, cuando pueden coexistir contradicciones flagrantes sin alarmar a nadie, notamos como el Gobierno esgrime la ley, con retórica estricta, y se apresta a dialogar con el presidente de la Generalitat, que amenaza con llevar adelante una consulta ilegal. La ley y lo ilegal coexisten como nunca lo harían en países de nuestro entorno, y sería el momento de romper ese equilibrio rechazando cualquier dialogo bajo amenazas de ilegalidad, sin que le condicionen al Estado cantos de sirena o jeremiadas apocalípticas.

Estaríamos entonces ante un Estado fuerte pero no autoritario, legitimado para buscar soluciones al problema que plantean los nacionalistas catalanes, alejadas del coyunturalismo de los que proponen la resignación de conllevar y de los que optan por remedios imperecederos; soluciones entre la ley y su responsabilidad, entre lo que nos une y lo que nos diferencia, entre lo que ellos quieren y nosotros deseamos, entre la participación en la aventura europea dentro de España y el aislamiento albano, entre la claridad de lo razonable y la oscuridad tempestuosa de los sentimientos. ¿Lo verán nuestros ojos?

Nicolás Redondo Terreros, presidente de la Fundación para la Libertad.
Leer más: La fuerza del Estado (1) - elEconomista.es http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/nuezene14/firmas/noticias/5447106/01/14/La-fuerza-del-estado-1.html#Kku8WTZ6xXlcnXtq

La balcanización de Europa
JAVIER RUPÉREZ El imparcial 9 Enero 2014

El que fuera Ministro británico de Defensa y Secretario General de la OTAN, Lord George Robertson, acaba de publicar en el “Washington Post” un alarmado y dolorido artículo sobre la posibilidad de que el referéndum relativo a la pertenencia de Escocia al Reino Unido produzca la ruptura de lo que con razón define como “una de las uniones claves en el Occidente y la segunda por su capacidad defensiva”. Para Robertson la eventual disolución del Reino Unido traería consigo “profundas consecuencias internacionales” además de una “grave pérdida de credibilidad y de peso global” para lo que denomina “el Reino Unido residual”. Apunta directamente al hecho de que la base de los submarinos nucleares británicos se encuentre precisamente en las costas escocesas y los secesionistas hayan dejado saber su aversión a cualquier armamento nuclear. Se pregunta Robertson cómo es posible que los tales que predican la independencia y quieren mantener los lazos con la OTAN se pronuncien al mismo tiempo de manera tan radical contra la política nuclear de la Alianza.

Los secesionistas escoceses han expuesto sus tesis sobre las consecuencias de la ruptura de la integridad territorial británica en un largo memorial de 670 páginas en el cual afirman que nada sustancial se verá alterado: mantendrían a la Reina, seguirán perteneciendo al mercado común insular y al mismo sistema regulatorio, retendrían la misma moneda y la pertenencia a la Unión Europea. Lord Robertson pone en duda todas y cada una de esas afirmaciones y las rebate de manera contundente:”los nacionalistas escoceses dicen ahora que toda cambiará pero que en realidad todo seguirá igual. Eso no convence a nadie. La secesión es la secesión y eso es lo que significa un estado separado”. El panfleto secesionista afirma que con la separación Escocia seria “más rica, más saludable, más influyente y más justa”. Robertson arroja una cruda luz de escepticismo sobre ello y se pregunta cual es realmente lo que se ofrece, que él teme sea “gato por liebre”.

Cierto es que hasta el momento el sentimiento secesionista en Escocia no ha superado el 30% de la población pero Robertson alerta contra cualquier complacencia: “Los separatistas van en serio, están bien organizados y bien financiados”. Al tiempo avisa de los efectos contagiosos que el referéndum escocés podría tener en otras partes del continente, y menciona específicamente Cataluña y el País Vasco en España y Flandes en Bélgica, mostrando las eventuales consecuencias del proceso :”La re-balcanización de Europa debe ser motivo de honda preocupación. En un mundo frágil e inestable, donde los problemas y sus soluciones tienen una dimensión global, volver al localismo no beneficia a nadie. La secesión no traerá ninguna tranquilidad para las preocupaciones de las gentes. Promete más enfrentamiento y disensión”. Y urge a sus coterráneos escoceses para que no se dejen seducir por el “paso a ciegas” al que les invitan los separatistas.

La oportunidad del texto de Robertson es innegable y tiene el mérito de sumar argumentos domésticos e internacionales, recordando los graves aspectos geopolíticos que las secesiones traen consigo. Tiene para los españoles un mérito adicional. Y es que, con las evidentes diferencias en las configuraciones respectivas, el artículo se podría leer de la misma manera poniendo España donde se habla del Reino Unido y Cataluña o el País Vasco donde se habla de Escocia. Un buen aviso para navegantes en aguas turbulentas.

Jaime Botín y Miguel Maura
Manuel Muela www.vozpopuli.com 9 Enero 2014

El letargo informativo de los primeros días del año se ha alterado con la publicación de un artículo de Jaime Botín, importante miembro de la clase dirigente y bancaria española, titulado “La derecha política” (El País 4/1/2014), cuyo contenido supone un pronunciamiento claro y contundente sobre quienes ejercen ahora el poder. No dice nada que no se haya expresado en otros medios de opinión por parte de diferentes articulistas, en Vozpópuli hay abundantes muestras de ello, pero lo traigo a colación por tratarse de la primera expresión pública de aguda disconformidad con el estado de cosas de España proveniente de alguien que pertenece al núcleo fundamental del poder, entendido en sentido amplio. Y eso me hace recordar a otro personaje de principios del siglo XX, Miguel Maura, que tuvo la gallardía de denunciar a finales de los años 20 la situación decrépita de la monarquía de Alfonso XIII, aunque ello le acarreara la ruptura con gran parte del 'establishment' de la Restauración. Para los que venimos sosteniendo que la salida constituyente y democrática a la crisis terminal del régimen del 78 requiere del concurso y de la generosidad de una parte de sus protagonistas, el escrito de Botín en el diario 'El País' es un prólogo que ojalá se enriquezca con más aportaciones del interesado, sobre todo con propuestas, y de otros de su condición social en beneficio del cambio liberal y democrático de España.

Maura y el reformismo imposible
Miguel Maura era un personaje destacado de la derecha española, lo que no le impedía participar del espíritu reformista de su padre, D. Antonio Maura, el de la revolución desde arriba, que tantos disgustos y desavenencias le produjo con Alfonso XIII. El Rey no se encontraba a gusto ni con reformistas conservadores como Antonio Maura, varias veces presidente del Consejo de Ministros, ni con liberales avanzados como Canalejas. No asumía que el porvenir de la monarquía estaba directamente ligado a su capacidad para transformar el país, ensanchando la libertad y la democracia y abriendo las puertas a las demandas sociales de sectores importantes de la población. Precisamente esas demandas y la carencia de respuesta a las mismas son las que Miguel Maura fue conociendo de primera mano tanto en Madrid como en sus viajes frecuentes por España; porque aquellos políticos sí se ocupaban de conocer el país y sus gentes, con independencia del uso que hicieran de ese conocimiento. En el caso de Miguel Maura, su respuesta fue considerar periclitada la Monarquía Alfonsina y cruzar el Rubicón hacia la República. Su despedida del Rey, narrada magistralmente en su libro Así cayó Alfonso XIII, es una muestra de cuán lejos estaba el monarca de la realidad española y cuanto realismo impregnaba la resolución de Maura.

Salvando todas las distancias, la España de hoy se encuentra postrada, con sus gentes desanimadas y víctimas de un desmantelamiento creciente de derechos sociales y políticos por parte de un régimen anegado de corrupciones e incompetencia, que quiere hacer pagar la factura de su crisis al conjunto de la sociedad, especialmente a las clases medias, con el único objetivo de mantener el poder en manos de la estructura partidaria y clientelar, sin la más mínima concesión a las demandas de todo tipo que nutren las manifestaciones pacíficas de miles de españoles. Se suele hacer oídos sordos a todo ello, ignorando que de esa manera se suben las atmósferas de la ebullición ciudadana, lo que puede terminar desbordando los cauces, cada vez más estrechos y mezquinos, del debate político y social en el seno del 'establishment'. Y es ésta una realidad que no puede pasar inadvertida para quienes deseen un horizonte de equilibrio y de estabilidad en el que desarrollar sus profesiones y negocios. Hasta ahora, el silencio de las élites empresariales ha sido clamoroso, casi ominoso, y por ello el pronunciamiento de Jaime Botín adquiere relevancia, sobre todo por la llamada de atención que contiene.

El valor del pronunciamiento de Jaime Botín
El autor no es ningún diletante ni habla de oídas, se trata de un banquero reputado que ha presidido un banco bien gestionado y valorado por su manera de atravesar dignamente la crisis financiera que tiene patas arriba al sistema bancario español. Como banquero y empresario, además de persona interesada por otras disciplinas, como acredita en su artículo, conoce la dura realidad del país y las dificultades de sus empresas y trabajadores y también conoce la clase de “artistas” que tienen la responsabilidad del gobierno español. Su testimonio, pues, es valioso para quienes pensamos en un proyecto nacional libre e integrador, alejado del sectarismo y de las visiones carcas y reaccionarias. Por eso, no comparto las críticas de aquellos que despachan su artículo con el desdén y la superficialidad utilizando argumentos ad hominen sin apenas analizar su contenido.

Para tener una idea cabal del pronunciamiento de Botín me permito transcribir las primeras líneas del mismo cuando dice que “cualquier sentimiento de benevolencia que uno pudiera albergar para con nuestros gobernantes, habida cuenta de la difícil corrida que les ha tocado lidiar, desaparece ante los embustes, triunfalismos injustificados, atribución de méritos ajenos como propios y demás falacias con que nos obsequian”, para concluir con esto otro “si la derecha política gana la partida aquí es como si en América se impusiera un partido republicano dominado por el Tea Party, los herederos del Ku Klux Klan. Algo parecido a un poder integrista religioso, pero en América, y allí funcionan muchos contrapesos. Aquí sería distinto: sería para dar miedo.”

Creo que Jaime Botín, como en su día Miguel Maura, ha demostrado interés por el país, lo que no es poco, y ha realizado un servicio, primero a los suyos, aunque no se lo reconozcan, y después a todos los que observamos con estupor e indignación los derroteros de la gobernación de España. En todos mis escritos y en mi reciente libro, La agonía de la Transición, vengo reiterando la necesidad de tender puentes entre los habitantes de la ciudadela y los que en los extramuros deseamos un país libre y civilizado, garantizado por un Estado defensor de los viejos valores burgueses y republicanos que forman parte de la genética del liberalismo español. Ojalá éste Botín se incorpore a la nómina de algunos predecesores suyos en el mundo bancario como José María Aguirre Gonzalo, Luis Valls Taberner o Rafael Termes que por medio de sus artículos nos enriquecían con sus conocimientos del mundo de las finanzas y de la realidad social y económica en la que operaban sus empresas. Por ello, esperamos sus propuestas con verdadero interés. Hay mucho en juego.

Fractura y social
ARCADI ESPADA El Mundo  9 Enero 2014

LA LLAMADA fractura social es un añejo concepto catalán. Fue muy invocada por los nacionalistas, y especialmente por los nacionalcomunistas, durante el franquismo. En aquel momento les parecía prioritario que la clase obrera mantuviera la unidad frente al común enemigo explotador. El concepto nació perfectamente embarazado de su falacia. La clase obrera era entonces abrumadoramente castellanoparlante y solo tenía que mantener la unidad consigo misma. No solo eso: lo puramente sensacional es que la unidad se le exigía en torno a la lengua catalana, que hablaban los explotadores y un selecto ramillete de explotados que pronto dejaron de serlo.

Durante los albores de la autonomía, y en torno a la redacción del Estatuto y la ley de política lingüística, el concepto reapareció para amenazar a todos aquellos que se oponían a la inmersión. Si dividimos a los alumnos en razón de la lengua se producirá una fractura social, argumentaba el nacionalismo. Para sostener esta falacia, capaz de acoger trillizos, los nacionalistas hubieron de renunciar a uno de sus axiomas favoritos del franquismo: la necesidad de que los niños estudiaran en su lengua materna a fin de evitarles daños cerebrales irreparables.

La tercera reaparición del concepto se ha producido en torno de los fastos del corriente año de 1714. Diversas personas de dentro y de fuera de Cataluña han alertado sobre los riesgos de fractura social del separatismo su nombre indica. El último ha sido el ministro del Interior, que ha recibido esta respuesta del presidente Mas: si hay familias fracturadas por el soberanismo es que ya no eran ni familias, ha venido a decir. Su desdén es explicable. No hay un solo separatista en sus cabales que a partir de la instauración de la autonomía se haya sentido extranjero en Cataluña, un lugar físico y moral que encarna los sueños más audaces trazados por el nacionalismo desde el principio de su historia. Los únicos que han corrido el riesgo de extranjería en Cataluña han sido los renuentes a admitir que el nacionalismo vertebrara la vida social. Cada vez con mayor firmeza y desvergüenza esas personas, y sus ideas, han sido arrinconadas. El paulatino proceso de apestamiento ha vuelto a evitar la temida fractura social. Porque por fortuna estas personas ya no pertenecen en Cataluña a lo social.

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Cuidado con los símbolos
Imponer castigos administrativos a los ataques a los emblemas nacionales es una medida contraproducente. Interior debería tomar nota de la prudencia de otros Estados con problemas territoriales
Javier Moreno Luzón El Pais  9 Enero 2014

"Los que de palabra, por escrito, por medio de la imprenta, grabado, estampas, alegorías, caricaturas, signos, gritos o alusiones, ultrajaren a la Nación, a su bandera, himno nacional u otro emblema de su representación, serán castigados con la pena de prisión correccional”. No, no se trata del anteproyecto de ley de seguridad ciudadana que ha presentado el ministro Fernández Díaz, sino de la llamada Ley de Jurisdicciones, aprobada en 1906 para sancionar los ataques a los símbolos españoles. Como la ley Fernández, aquella norma incluía también los de “las regiones, provincias, ciudades y pueblos de España y sus banderas o escudos”. Entre ambos textos hay más de 100 años y al menos una diferencia notable: el primero habla de delitos juzgados por los tribunales, y el segundo, el actual, de infracciones y multas impuestas por las autoridades al margen del Código Penal, que ya contempla las ofensas a España y sus comunidades. Pero en el fondo late una preocupación idéntica: proteger a la patria frente a sus enemigos internos.

Los símbolos ocupan un lugar central en la construcción de las naciones: no solo representan los valores comunes y sirven para identificar a los Estados nacionales, sino que además permiten reconocerse a los miembros del grupo, activan sus emociones y les impulsan a la acción política. La lista podría ser muy larga e incluir escudos, banderas, himnos, fiestas, monedas, bailes, monumentos, lugares, personajes y episodios históricos. Aunque nadie pone en duda la preeminencia de dos de ellos: el himno y sobre todo la bandera. Para constatar su importancia, basta con observar el empleo intensivo que el nacionalismo catalán hace hoy de la enseña independentista, la estelada, que añade a las cuatro barras oficiales un triángulo con estrella de cinco puntas. Un diseño inspirado en su día por la bandera de Cuba, la colonia cuya pérdida, a raíz de la guerra hispano-estadounidense de 1898, se interpretó como un verdadero desastre nacional para la metrópoli.

Hay sanciones en Francia, Alemania, Italia, Portugal; no así en Gran Bretaña, Bélgica o Canadá
Si los acordes y versos de un himno estimulan los sentimientos patrióticos, la bandera se convierte a menudo en objeto sagrado, encarnación de la patria en cuyo altar se sacrifican las vidas de sus hijos. Los niños aprenden a respetarla, los soldados juran que morirán por defenderla. No hay mejor ejemplo de esta sacralización que el de Estados Unidos, donde los escolares recitan cada mañana el juramento de lealtad a la enseña de las barras y estrellas, que tiene su propio día festivo, no puede tocar el suelo ni ondear a oscuras y se pliega cuidadosamente tras cubrir los ataúdes de los caídos para ser entregada a sus deudos. Los profesores norteamericanos Carolyn Marvin y David W. Ingle estiraron el símil religioso hasta afirmar que “la bandera es el dios del nacionalismo y su misión es organizar la muerte”. No resulta extraño, pues, que muchos Estados penalicen el maltrato a sus emblemas y en especial a sus banderas. Aunque contrasten las duras sanciones de Francia, Alemania, Portugal o Italia con la ausencia de castigos en entornos multinacionales como Gran Bretaña, Canadá y Bélgica.

Los nacionalistas de cualquier signo suelen subrayar la unidad que generan sus símbolos, elementos de cohesión que atenúan las luchas partidistas o de clase y herramientas para alcanzar la feliz armonía que predican. Confunden deseos con realidades. Porque el uso y el abuso de la simbología nacional, y no digamos su tratamiento en las leyes, provocan múltiples conflictos y contribuyen a agravar los existentes. La historia de Europa está llena de pugnas simbólicas, bien porque haya dos o más versiones del mismo nacionalismo o bien porque movimientos nacionalistas contrarios choquen entre sí. Pensemos en Alemania, donde se enarbolaron varias banderas: aparte de la republicana hoy en vigor, fueron oficiales la imperial, la nacional-socialista con la esvástica y la que agregaba el escudo comunista. Por no mencionar su viejo himno, del que solo sobrevive una estrofa porque las demás parecían demasiado agresivas tras la II Guerra Mundial. Italia prescindió de su Marcha real cuando cayó la monarquía y aún se discute la idoneidad del nuevo himno, mientras que los emblemas postsoviéticos o posyugoslavos han dado origen a abundantes contenciosos.

En España, la protección legal de los símbolos nacionales a lo largo del siglo XX trazó una trayectoria tan compleja como lamentable. La Ley de Jurisdicciones significó un comienzo explosivo, pues aparte de castigar los ultrajes a la patria traspasó los delitos de opinión contra las Fuerzas Armadas —que no siempre se distinguían de los anteriores— a los tribunales castrenses. Fue ratificada por un Parlamento liberal presionado por un Ejército que, erigido en guardián de la patria, reaccionaba con violencia ante el joven catalanismo. La respuesta vino con la crecida electoral de los nacionalistas, coligados en la Solidaritat Catalana. Más tarde, la dictadura del general Primo de Rivera atendió las demandas militares, cedió los actos antipatrióticos al fuero de guerra y prohibió los símbolos de los nacionalismos subestatales. La Segunda República autorizó estos últimos y utilizó sus propios emblemas —la bandera tricolor y el Himno de Riego— en lugar de los monárquicos —la rojigualda y la Marcha real— que, proscritos, pasaron a la clandestinidad. El bando de Franco en la Guerra Civil trajo de vuelta los de la Monarquía, modificados a la luz del nuevo Estado, y la represión de las manifestaciones simbólicas alternativas. El Código Penal de 1944 introducía penas de prisión menor para quienes “relajaran” el sentimiento nacional y atacasen la unidad u ofendieran la dignidad de la nación española, penas agravadas por el de 1973 para la publicidad ultrajante.

Los nacionalistas confunden deseos con realidades en el uso y el abuso de la simbología
En fin, los Gobiernos democráticos tuvieron que cargar con la herencia del franquismo, que fundía los símbolos de España con los del régimen dictatorial. Durante un tiempo la enseña republicana fue ilegal y el consenso avanzó cuando el Partido Comunista, a cambio de ser legalizado, aceptó la bicolor. Pero su legitimidad solo se completó a partir de 1981, en plena resaca del 23-F, una vez perdió el escudo franquista y recuperó las antiguas armas territoriales de raigambre democrática para formar la conocida como bandera constitucional. Conviviendo con los emblemas de los otros nacionalismos, oficializados en sus respectivas comunidades autónomas, los españoles acabaron por ser aceptados con cierta normalidad en casi todo el territorio. Salvo en el País Vasco, donde cada verano la izquierda abertzale desencadenaba guerras de banderas. El Código Penal de 1995, aún vigente, estableció tan solo penas de multa para los ultrajes. Poco a poco, los colores nacionales se han incorporado a todo tipo de contextos banales, asociados a los éxitos de los deportistas españoles. Más difícil lo ha tenido la Marcha real, cuya falta de letra obstaculiza la transmisión de emociones propia de un himno.

Por fortuna, la situación actual es muy distinta a la de 1906: vivimos en democracia y el Ejército ya no se mete en política. Pero la contienda nacionalista ha resucitado los rifirrafes simbólicos. Y ahora se descuelga el ministro Fernández con una complicación de la normativa sobre la materia, dentro de un proyecto que limita con severidad los derechos ciudadanos. Quizás sea parte del precio que hemos de pagar por acoger en el partido del Gobierno a toda la derecha españolista. Desde los verdes valles al inmenso mar —como decía la fallida letra del himno nacional que apadrinó en 2008 el comité olímpico— e incluso hasta las montañas nevadas. Pero no deja de ser una medida innecesaria y contraproducente, que echa gasolina a un fuego ya bastante vivo. Deberíamos imitar la prudencia de otros Estados con problemas territoriales o seguir la senda del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que en 1989 y 1990 anuló todas las leyes contra la profanación de la bandera porque restringían, de manera inconstitucional, la libertad de expresión. Tome nota, señor ministro.

Javier Moreno Luzón es catedrático de Historia en la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado, junto a Xosé M. Núñez Seixas, Ser españoles. Imaginarios nacionalistas en el siglo XX (Barcelona, RBA, 2013).

Derecho a estudiar en español en Cataluña
Andreu Marin El Jurista.eu  9 Enero 2014

En Cataluña, un territorio donde coexisten dos lenguas oficiales, tiene lugar uno de esos fenómenos extraños en el que sus instituciones se niegan a respetar las sentencias de los tribunales que reconocen el derecho de los padres de educar a sus hijos en cualquiera de esas dos lenguas.

La Generalidad se ha empeñado en dejar al español como una lengua marginal y extranjera, cuya tercera hora ya fue objeto de polémica años atrás, teniendo la misma presencia que, por ejemplo, el inglés.

Además, el gobierno autonómico, que se vanagloria de ser el adalid de la libertad en otros menesteres, ha mostrado rotundamente su negativa a aplicar las sentencias que amparan la libertad de elección de estos padres.

El Estatuto catalán, fruto del pacto nocturno Mas-Zapatero, apostó por la inclusión del catalán como lengua vehicular de la enseñanza y un trato preferencial de esta lengua por parte de los poderes públicos catalanes.

En su archiconocida sentencia sobre el Estatuto catalán (la STC 31/2010), el TC homologó los derechos lingüísticos de ambos hablantes equiparando a catalán y castellano como lenguas de la enseñanza y declaró inconstitucional el precepto del Estatuto por entrar en colisión con el artículo 3 CE.

En esa misma línea, el Supremo afirmó en su sentencia de 22 de diciembre de 2010 el derecho de los ciudadanos catalanes a que el español fuera utilizado como lengua vehicular en el sistema educativo. Además, insta a la Generalidad “a adoptar cuantas medidas sean necesarias para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional”

El Tribunal Supremo ya anuló diversos artículos del Decreto 181/2008, de 9 de septiembre, de la Consejería de Educación de la Generalidad sobre ordenación de las enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil que imponían el catalán como lengua única y vehicular del sistema.

Asimismo, el Tribunal Supremo estableció que la Generalidad “debe explícitamente asumir esa doctrina constitucional, y declarar el carácter docente y vehicular del castellano, junto con el catalán, de modo que si esa es la lengua habitual del alumno ese derecho se le ha de reconocer sin necesidad de que se inste”.

La última sentencia relevante del Supremo, la STS de 19 febrero de 2013, no arroja nada de luz acerca de este asunto. Pueden juzgar ustedes la falta de claridad de la siguiente afirmación “(…) sus hijos junto con sus condiscípulos utilizaran, en la proporción que la Generalitat estimase conveniente, el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, pero referido ese sistema al seguido en el colegio y curso en que los hijos del recurrente siguieran en la enseñanza”.

Para reconocer el derecho de estas familias, se requería de una verdadera renovación y transformación del sistema.

Por ello, en el auto con fecha a 6 de marzo de 2013, el TSJC de Cataluña dictaminó, tomando como referencia los fundamentos de derecho de la anterior sentencia del Supremo, que una atención individualizada al alumno que solicita educación en español sería discriminatorio para ese alumno, por lo que instaba a la Generalidad a adoptar las medidas pertinentes para que los estudiantes recibieran una educación conjunta en ambas lenguas.

Al Ministro de Educación, José Ignacio Wert, hay que reconocerle el mérito de ser el primer Ministro en democracia que en una Ley de Educación enfrenta la problemática de la discriminación del español en Cataluña y aporta una alternativa. Sin embargo, su propuesta, basada en la alternativa de los padres de escolarizar a sus hijos en un centro privado cuyo pago efectuará la Generalidad, es un parche dentro del sistema puesto que la mayoría de esas escuelas privadas tampoco ofrecen garantías suficientes de recibir una educación vehiculada en lengua española.

Como se deduce de la jurisprudencia analizada anteriormente, un sistema de inmersión (o mejor dicho, de sumisión) lingüística es contrario tanto a la doctrina constitucional de la STC 31/2010 como al derecho reconocido a los padres en infinidad de sentencias firmes. Por tanto, las únicas propuestas viables parecen ser la apuesta por un modelo plenamente bilingüe (con la introducción también del inglés) o por un sistema de dos vías (español y catalán) en el cual los padres puedan elegir en qué lengua escolarizar a sus hijos.

Todo argumento, por muy impecable jurídicamente que pueda llegar a ser, recibe la recurrente acusación de ataque a la lengua catalana. Todo lo contrario.

No se está negando en ningún momento que aquellos que quieran estudiar en catalán puedan seguir haciéndolo. Lo único que se está defendiendo es una oferta educativa en ambas lenguas, cooficiales en esta autonomía, y que sean los ciudadanos, fruto de su decisión individual, quienes hagan uso de su derecho a elegir en qué lengua quieren escolarizar a sus descendientes o en su defecto, que ambas lenguas tengan una presencia a la par en el sistema educativo.

Porque ése es el verdadero reto y derecho a decidir de la sociedad catalana. Poder decidir en cuál de las dos lenguas oficiales en esta Comunidad Autónoma quieren educar a sus hijos.

Negar la mayor no sólo es un ataque a la libertad sino incidir en el perpetuo abuso de poder de las instituciones catalanas frente a las sentencias de los tribunales que han reconocido por activa y por pasiva el derecho de estos padres.

Andreu Marin
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Adminstración por la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Estudiante de último curso del Grado en Derecho en UPF.

Política en honor de ETA
Ángeles Escrivá El Mundo  9 Enero 2014

La realidad de lo ocurrido en el acto de propaganda camuflado tras una rueda de prensa ficticia fue la siguiente: más de 60 terroristas -hay que aclarar que son ex presos pero siguen siendo de ETA- realizaron una convocatoria pública, organizada por «la única estructura activa de la organización en España», en la que se reivindicaron, justificaron la existencia de la banda, señalaron al Estado como corresponsable del terror sufrido a lo largo de la Democracia y se hicieron pasar por víctimas recordando a las víctimas reales que han sido ellos y sus familiares quienes han sufrido un «castigo desmedido».

Sugirieron que merecían los homenajes por sus 1.500 años de cárcel

Siguiendo la lógica de su relato, la consecuencia de ese cúmulo de conclusiones fue la de reclamar, por todo lo que han hecho políticamente, como grupo con autoridad propia -como siempre ha reivindicado ETA para sus presos y sus ex presos-, su participación política en el escenario vasco exigiendo un elemento político como el derecho a decidir. «Ponemos nuestra experiencia y vivencias al servicio del proceso político», dicen.

Los etarras ayer congregados aseguraron que respaldaban el comunicado hecho público por el Colectivo de Presos (EPPK) de ETA pero lo cierto es que resultaron mucho más ambiguos que éstos y elaboraron con guante de seda todo un desafío. No sólo no solicitaron el desarme de ETA, ni la disolución de la banda, ni pidieron perdón -cosa que era de esperar-, ni mencionaron el daño causado. Sino que estamparon la palabra amnistía en la firma de su documento, una reivindicación a la que han renunciado los miembros de ETA en prisión -éstos solicitaban una «salida escalonada en un tiempo prudencial y sin menoscabo de su dignidad política»-, y se limitaron a anunciar que «aceptamos toda nuestra responsabilidad en lo relativo a las consecuencias del conflicto». Se supone que, en este caso, tales consecuencias sobre las que se acepta de forma vaga una responsabilidad que para nada se concreta, son los muertos y sus familias, pero, dado el contexto, esta frase también puede significar que, si la consecuencia del conflicto acaba siendo la autodeterminación, será gracias a ellos.

Fueron todavía más ambiguos que el EPPK porque están fuera de prisión.

Sin duda, la diferencia entre ambos grupos, los beneficiados por Estrasburgo y los del EPPK, es que unos están fuera de prisión y los otros necesitan hacer todo tipo de equilibrios verbales para conseguir que la ley penitenciaria les sea aplicada con benevolencia para poder salir lo antes posible.

Hay elementos que delatan lo contaminado del contexto. Es cierto que los etarras empiezan reconociendo que «nuestras palabras pueden generar sentimientos contrapuestos» y hablan de «humilde aportación» pero, acto seguido, dan las gracias a los suyos por los homenajes con los que les han recibido al salir de prisión y sugirieron encontrarlos merecidos dado que «solamente entre los que aquí nos hemos reunido, acumulamos cerca de 1.500 años de cárcel». El comunicado del EPPK aseguraba que «lo que nos trajo a prisión fue la lucha por la libertad política y social de nuestro pueblo» y acreditaba que «desde la cárcel seguimos luchando»; en el comunicado de ayer, los etarras anunciaron su intención de «seguir trabajando para superar la represión que hoy en día aún padece nuestro pueblo y conseguir la libertad que tanto merece».

O la ley no es la más adecuada o no lo es la interpretación que hace la Fiscalía

Así, queda claro que «nuestro compromiso es total con el nuevo escenario político abierto», es decir, que están de acuerdo en que no haya más atentados pero establecen una continuidad entre lo que hicieron «como testigos y sujetos de la lucha» y lo que persiguen.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional y el juez se negaron a impedir la presunta rueda de prensa de los terroristas. Buena parte de la opinión pública considera que ya constituye un ejercicio de violencia, no que queden para comer en privado 60 terroristas patéticamente avejentados que han visto consumidas sus vidas sin conseguir lo que perseguían, sino que comparezcan públicamente convocados por un colectivo que, según informó la Policía «está nombrado e inserto en el llamado frente de makos de ETA».

El fiscal alegó que, según el Supremo, cuando el artículo 578 del Código Penal asegura que la conducta delictiva es el enaltecimiento o la justificación del terrorismo, y la realización de actos en desprecio, descrédito o humillación de las víctimas, se refiere a que los comparecientes han de hacer «una justificación clara y terminante del terrorismo», que el acto ha de «degenerar en una soflama ensalzadora del terrorista y de sus acciones» y que todo en sí ha de configurar una especie de «discurso del odio».

El periodista que se atrevió a preguntar fue expulsado sin mayor reacción. Los etarras lo dijeron todo sin soflamas y con los circunloquios suficientes como para que nada pareciera claro y terminante. Si ahora sigue sin ocurrir nada, si además se siguen permitiendo convocatorias semejantes, significará que, o en su día se legisló sólo para la lucha contra ETA y no para administrar el día después, o que la interpretación de las leyes está siendo sui generis.

El acto de ayer plantea dos cuestiones más. La primera, el problema que este colectivo constituye para la izquierda abertzale que aspira a mantener las riendas de la estrategia política y no quiere estar condicionada ni por la necesidad de protagonismo de quienes se han resistido a su liderazgo desde prisión ni quiere estar al peligroso socaire de sus formulaciones explícitas.

Segunda: fue convocado como rueda de prensa y, no sólo no se permitieron preguntas, sino que al único periodista que intentó preguntar se le expulsó. Sin que el resto formulase una sola queja.


Fernández debe explicar esta redada anunciada
Editorial El Mundo 9 Enero 2014

LO SUCEDIDO en Bilbao evoca inevitablemente el chivatazo a ETA en el bar El Faisán de Irún en 2006 cuando un inspector de Policía avisó al recaudador Joseba Elosúa de una redada en la que iba a ser detenido al cruzar la frontera. Ayer sucedió algo similar en sus efectos aunque no podamos presumir la misma intencionalidad: los abogados de los presos de ETA tuvieron tiempo de destruir documentos y hacer desaparecer ordenadores al enterarse 20 minutos antes de que Interior iba a proceder a su detención cuando estaban reunidos en un despacho en el centro de Bilbao.

La cronología de los acontecimientos es elocuente. A las 15.06 de la tarde, Interior hace pública una nota, acompañada de un tuit, en la que comunica que ha habido una operación en la que se han detenido a abogados de los presos etarras. La acción, bajo las órdenes del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional, estaba prevista para una hora después, por lo que la Guardia Civil tuvo de forma precipitada que adelantarla, aunque no llegó al despacho hasta alrededor de las 15.30 horas. En ese momento, los abogados -entre los que se encontraban Arantza Zulueta y Jon Enperantza- ya habían sido avisados y habían tenido tiempo de deshacerse de elementos incriminatorios que les vinculasen a ETA. De hecho, fueron sorprendidos destruyendo documentos y habían desaparecido sus ordenadores.

El auto del juez indica que los detenidos forman parte de «la única estructura activa» de la banda en el interior de España y apunta que dirigían la coordinadora para transmitir ordenes a los presos y evitar la ruptura de su disciplina. Se reunían habitualmente en ese despacho de Bilbao y, al parecer, las Fuerzas de Seguridad habían recabado abundante información sobre sus actividades y sus nexos con ETA.

Dada la trascendencia de esta redada, resulta muy difícil de entender el terrible e inexplicable error de difundirla como un éxito antes de que la Guardia Civil saliera del cuartel en el que se estaba preparando. La pregunta es ahora si estamos ante una impresentable chapuza o un chivatazo intencionado para frustrar una operación que llevaba bastantes meses de intenso trabajo policial.

Las dudas y las preguntas deben ser respondidas por el ministro de Interior, Jorge Fernández, que debe comparecer cuanto antes en el Congreso para dar cuenta de la investigación interna que requieren los hechos. Y esa investigación debe acabar en la asunción de responsabilidades políticas de quien corresponda por el error cometido si es que se trata de un fallo de coordinación y no de algo más grave.

La detención de estos abogados de ETA, aunque sólo sea una coincidencia temporal, se produce cuatro días después del bochornoso acto de los presos excarcelados en Durango, al cual asistió alguno de los detenidos en Bilbao. Como decía ayer Esperanza Aguirre, el Estado de Derecho tiene que actuar con todos sus instrumentos para evitar que el espectáculo se repita. Por eso, era tan importante la redada, que en principio iba a suponer un golpe clave a esa estructura de la que habla el juez. Ello obliga a esclarecer lo sucedido y a unas explicaciones políticas del ministro, que tiene la obligación de averiguar la verdad, caiga quien caiga.

Un monumental error que exige un fulminante cese
EDITORIAL Libertad Digital 9 Enero 2014

No es creíble que uno solo de los abogados detenidos este miércoles, no por la comisión de delito de sangre alguno sino, presuntamente, por supervisar y ejecutar las órdenes de ETA en el interior de las cárceles, se hubiera dado a la fuga y pasado a la clandestinidad en el caso de que hubieran sido alertados de que iban a ser detenidos por orden del juez Eloy Velasco. En cambio, es seguro que habrían aprovechado esa información y ese tiempo preciosos para hacer desaparecer todo documento o prueba que acreditase su pertenencia a la organización terrorista y su función de correa de transmisión de la cúpula de la banda. Eso es, de hecho, lo que podrían estar haciendo en el momento de su detención, gracias a un monumental e inadmisible error del Ministerio del Interior, que no había tenido mejor ocurrencia que publicar un tuit y una nota de prensa anunciando las detenciones antes incluso de que los agentes operativos salieran del cuartel de La Salve de Bilbao hacia la calle Elcano número 20, donde se encuentra el despacho de abogados en el que los detenidos estaban reunidos.

Por mucho que Interior emitiera, minutos después, un comunicado que "anulaba a todos los efectos" la información enviada previamente, no es de extrañar que cuando los guardias civiles han entrado esgrimiendo la orden judicial en la sala de reuniones que era el escenario previsto para la operación no hubiese nadie y los ahora detenidos se encontrasen desperdigados por los despachos cerrando ordenadores y destruyendo pruebas. Una circunstancia que ha sido puesta en conocimiento del juez y del fiscal por la importancia que puede tener en el alcance de una operación que lleva siendo preparada desde el mes de septiembre.

Así las cosas, no se entiende a santo de qué el ministro del Interior ha comentado estas detenciones insistiendo en que el Gobierno "ni ha negociado, ni negocia ni va a negociar con ETA", y que se va a "seguir trabajando en el marco del Estado de Derecho con toda la fuerza de la ley". Con independencia del daño que haya podido ocasionar tamaña incompetencia, lo prioritario era que el ministro diera una explicación para, acto seguido, comunicar el nombre y el cese del más directo responsable.

Habida cuenta del escaso eco político y mediático que han tenido en el pasado algunas pifias del propio ministro del Interior dando información de operaciones policiales que hacían peligrar su éxito, no es esperable, desgraciadamente, que este nuevo y monumental error vaya a ser resuelto como es debido. Por no tener aun no tenemos explicación de la silenciada fuga de un sanguinario terrorista como Josu Ternera, quien, no se sabe si por incompetencia de Interior o por inconfesables imperativos del apaciguamiento, sigue sin ser detenido.

No vamos a dejar de denunciar este deprimente espectáculo, que alimenta la "soberbia" del entorno etarra, como ha dicho el obispo Munilla. Se obstaculiza con esperpénticas detenciones que las directrices que ETA lleguen a sus presos pero al mismo tiempo, y con la excusa de Estrasburgo, se va excarcelando a esos mismos presos sin que se les exija la menor muestra de arrepentimiento o propósito de enmienda y con total desprecio a la memoria, a la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo.

Incompetencia o delación.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 9 Enero 2014

No hay más alternativas a lo que sucedió ayer cuando Interior comunicó públicamente el éxito de una operación contra ETA antes de que se hubiera producido. En cualquier caso existen responsabilidades políticas o penales, que deben ser inmediatamente asumidas por el Ministro de Interior. Y la verdad es que los antecedentes de los actos que este Ministro ha protagonizado en una política de claro seguimiento del llamado proceso de paz emprendido por el PSOE y el Gobierno de Zapatero, no dejan lugar a dudas respecto a que se está otra vez evitando interferencias en la hoja de ruta.

Y sino es así, las apariencias engañan. En cualquier caso, es absolutamente imprescindible el que el Ministro de Interior Sr. Fernández Díaz comparezca para aclarar este vergonzoso asunto en el que otra vez se ha provocado el fracaso de una operación policial que llevaba meses de desarrollo. El injustificable aviso de la operación demuestra o incompetencia o intento deliberado de delación para provocar el fracaso. En ambos casos supone la enésima "metedura de pata" por parte de unos profesionales dificilmente justificable.

La impresión que da es que se intenta por todos los medios aplicar el viejo lema de "a enemigo que huye, puente de plata", en un intento de obtener un rédito político con el posible aviso de ETA de su disolución y la entrega simbólica de armas usando intermediarios internacionales. Porque resulta igualmente inexplicable el que la Audiencia Nacional, a traves del juez Pedraz, haya permitido un acto de ETA con total impunidad y basándose en interpretaciones subjetivas de la Ley, ya que los etarras allí presentes ni han abandonado ETA, ni se han arrepentido, ni han pedido perdón a las víctimas. Son simples terroristas que han cumplido su condena y han sido liberados por la aplicación universal de una sentencia que solo aplicaba a una etarra.

Esto no es política anti terrorista, sino política de rendición incondicional del Estado de Derecho ante el terrorismo de ETA. La legalización de formaciones claramente vinculadas a ETA y la permisividad de sus actuaciones en el País Vasco y Navarra, solo demuestra la claudicación del Gobierno de España. Hechos como la negativa a que la selección de futbol de España juegue en el nuevo estadio del Atletic de Bilbao, San Mamés, solo es una anécdota más dentro del "territorio comanche" en que se han convertdo esas dos autonomías.

Necesitamos una explicación urgente sobre lo ocurrido ayer con el operativo anti ETA.

La ruinosa (di)gestión de Artur Mas
oti rodríguez marchante ABC Cataluña 9 Enero 2014

En términos comparativos, la Generalitat destina a enseñanza y sanidad mucho menos que la media autonómica, y una barbaridad más a la socaliña de la deuda creciente

Ya sabemos por el editorial de ayer de ABC que la gestión de Artur Mas es ruinosa, pero nada se nos aclara ahí sobre su digestión, aunque si tenemos en cuenta que desde hace meses no pasa un día sin que se coma un sapo, lo más probable es que ésta sea también ruinosa. Al parecer, cada catalán ha de pagar más de mil euros este año a causa de la deuda pública y que esa cantidad supera por mucho la que habrá de pagar por Educación... En términos comparativos, la Generalitat destina a enseñanza y sanidad mucho menos que la media autonómica, y una barbaridad más a la socaliña de la deuda creciente.

Esa gestión ruinosa le ha permitido al presidente de la comunidad de vecinos hacer un balance esperanzador, hasta el punto que ha dado un titular a toda página en «La Vanguardia»: «Mas garantiza consulta y empleo», aunque, en el texto que lo sostiene, el redactor hace grandes esfuerzos de lavandería para no decir lo contrario, cosa que no consigue, y esas garantías para la consulta se convierten en una convocatoria de elecciones. Luego, ¿qué garantiza Mas?... En TV3 la consulta sí o sí, a Rajoy la legalidad, a Rubalcaba que no se celebrará una consulta ilegal, a los catalanes que la deuda pública de su administración del todo por la causa es Paul Newman comiendo huevos duros en «La leyenda del indomable». Cómo va a tener la digestión con lo que engulle...

Y ahora, encima, le llegan los postres en forma de respuesta a su carta de «my tailor is rich» a los líderes europeos, la primera la de Durao Barroso, que le viene a decir que él también busca un sastre de confianza que le haga un traje que le siente bien. Los demás líderes le están traduciendo su respuesta. Y así tenemos a nuestro timonel, sin buena gestión y con peor digestión... No sé cómo lo verá la gente con vista de lince y redacción de lavandería, pero Mariano Rajoy, que da la impresión de ser más topo que lince y de llevarse aprendidas las letras a la tabla del oculista, dice que Mas ha perdido la batalla internacional y puede hacer el ridículo. Personalmente, no estoy de acuerdo con estas dos frases: en una cambiaría batalla por escaramuza y en la otra definitivamente sobra el puede.

El buen rollo independentista
Miquel Porta Perales www.cronicaglobal.com 9 Enero 2014

Al nacionalismo catalán –al Consejo Asesor para la Transición Nacional, en este caso- le ha dado ahora por el buen rollo independentista. Pasen y lean el reciente informe que los sabios de Artur Mas han elaborado bajo el título de Las relaciones de cooperación entre Cataluña y el Estado español. El buen rollo independentista -la cooperación entre vecinos que aquí no pasa nada, todo es normal y nos entenderemos a la perfección como amigos que somos y seguiremos siéndolo- tiene –como todo en Cataluña- su historia. ¿1714? No. Más lejos. Mucho antes. ¿Por qué no reivindicar la idea de Iberia? Eso hace el Consejo para la Transición Nacional proponiendo un Consejo Ibérico que permita que los "estados de la península: España, Portugal, Cataluña y Andorra" busquen una "fórmula de cooperación que, favoreciéndoles, reforzara la capacidad de influencia, especialmente dentro de la UE".

De momento, el buen rollo lingüístico independentista –del castellano como lengua vehicular también en la escuela, nada de nada- no va más allá de los Països Catalans

A nadie debe extrañar que el nacionalismo catalán –retromoderno como es- reivindique una idea que surge en la Edad Media y se consolida en el XIX. Si el iberismo medieval encuentra sentido en la unión dinástica, el del XIX busca socavar las bases de la monarquía de la época. ¿Dónde situar el Consejo Ibérico propuesto por el Consejo Asesor para la Transición Nacional? Por un lado, hay mucho de dinástico –la perpetuación de un poder político, económico, social, cultural y simbólico nacional catalán hereditario- en el iberismo del nacionalismo catalán de hoy. Por otro lado, hay mucho de dieciochesco y decimonónico en un proyecto que desea minar la legalidad vigente. La diferencia entre el iberismo del XIX y el del XXI: los primeros –de objetivos plurales- predican la monarquía constitucional, una Hispania a la manera de la Corona de Aragón, un Estado compuesto, unos Estados Unidos de Iberia o una Unión Ibérica federal; los segundos –los iberistas nacionalistas catalanes de hoy-, previa ruptura de la legalidad constitucional y el Estado de derecho, proponen un Consejo Ibérico para endulzar –el buen rollo independentista- el diseño y construcción de un Estado catalán dispuesto a compartir con España –evidente muestra de buen rollo independentista solidario- los "objetivos de cooperación interterritorial".

La cosa tiene su miga –sigue el buen rollo independentista, de carácter trascendente en este caso- si tenemos en cuenta que todo ello obedece –añaden con toda la buena fe que imaginarse pueda- al deseo de "establecer un nuevo marco de relaciones de cooperación estrechas y constructivas con el Estado español a partir del reconocimiento mutuo de los dos estados, en la que debería ser una futura relación leal entre iguales". La apoteosis del buen rollo, versión mundo globalizado: "En ningún caso, pues, la independencia puede entenderse como la expresión de una vocación de aislamiento o desconexión respecto del entorno político, económico y cultural al cual se pertenece, hoy más extenso que nunca". El remate (digno de incorporarse a cualquier antología del cinismo de la política): "Todo lo contrario, este proceso se orienta a permitir que Cataluña esté presente con voz y personalidad propia en la escena internacional. Por tanto, sería absurdo concebir esta independencia como una vía de ruptura con España. Primero, porque en un mundo globalizado el aislamiento es inconcebible. Pero, aún hay más, porque tal y como se puede desprender de las manifestaciones explícitas y mayoritarias de los actores públicos y privados que intervienen en el proceso, hay la voluntad explícita de fortalecer los vínculos históricos y actuales, colectivos y personales que existen entre los dos territorios". ¡País!

El buen rollo independentista del Consejo Asesor para la Transición Nacional continúa con la propuesta de un Consejo Catalano-Español –inspirado en el Benelux- encargado de "buscar las máximas sinergias de cooperación entre los dos países". Miren si hay buen rollo que se pide la creación de un 1) "Consejo de Ministros permanentes de cada país" que se "reunirían periódicamente, ocupando la presidencia de manera alternativa", de 2) una "Asamblea Interparlamentaria de carácter consultivo, con diputados de ambos parlamentos" y 3) unas "Comisiones Permanentes de Trabajo para cada una de los ámbitos de actuación que se hubiesen establecido en el Tratado, construidas paritariamente por parlamentarios de los respectivos parlamentos".

Lo malo del asunto es que todos vamos a padecer en carne propia las consecuencias del Gran Disparate gestado en Cataluña

¿Alguien puede imaginarse una expresión todavía más elevada de buen rollo después de la secesión? La cosa resulta difícil. Pero, el Consejo Asesor para la Transición Nacional supera la prueba con nota. Y no me refiero -¡cómo iba a faltar el buen rollo independentista deportivo!- a que el Barça y el Español podrán seguir participando en la Liga española de fútbol. Hay más. Apunten: no solo hay que mantener "relaciones formales" con el Instituto Cervantes –al fin y al cabo el castellano se habla en Cataluña: què hi farem!-, sino que también "habría que hacer lo mismo en el caso de otras comunidades culturales y lingüísticas presentes en Cataluña", cosa que haría "deseable que Cataluña se incorporara a la Organización Internacional de la Francofonía". Pregunta: ¿por qué no incorporarse igualmente a la Bereberefonía, Urdufonía, Chinofonía, Rusofonía, Rumanofonía y un largo etcétera para que "los derechos lingüísticos y culturales de todos los ciudadanos en toda su diversidad" sean respetados "participando activamente en los organismos de promoción de estas lenguas y culturas". De momento, el buen rollo lingüístico independentista –del castellano como lengua vehicular también en la escuela, nada de nada- no va más allá –"cooperación entre territorios de lengua y cultura catalanes"- de los Països Catalans. ¿Quizá –Valencia, Baleares y Aragón no tienen culpa del irredentismo de algunos- una -¡ay!- Gran Cataluña in mente?

Decía antes que la cosa tiene su miga. Corrijo: la cosa tiene su guasa. Cuando se habla del expolio o del robo, cuando quien cuestiona el llamado derecho a decidir es tildado –en el mejor de los casos- de antidemócrata, cuando a los defensores del bilingüismo se les manda al infierno de los genocidas de pueblos o culturas, cuando hay quien piensa en términos de invasores e invadidos, cuando en nombre de un supuesto derecho se quiere extranjerizar a una parte de la ciudadanía, cuando la deslealtad institucional es el pan nuestro de cada día, cuando eso ocurre, ¿quizá no hay guasa en expresiones como "cooperación estrecha y constructiva con el Estado español", "relación leal entre iguales", "la independencia no puede entenderse como vocación de aislamiento o desconexión respecto del entorno al cual se pertenece", "sería absurdo concebir esta independencia como una vía de ruptura con España" o "voluntad explícita de fortalecer los vínculos –históricos, actuales, colectivos y personales- entre los dos territorios"? El buen rollo independentista: una patada en la espinilla por debajo de la mesa seguida de parabienes, felicitaciones, besos y abrazos.

Miga, guasa, patada en la espinilla por debajo de la mesa e hipocresía política. Sea. Pero, hay otra cosa: un neomaquiavelismo de bajo vuelo, de aficionado, de faja –con roc- y barretina, que usa el sentimiento y la artimaña para alcanzar y mantener el poder. La brutta cupidità di regnare, diría el florentino. Desde su ínsula barataria, los sabios de Artur Mas parecen ignorar –ellos, ¡los sabios!- que los disparates –antes o después- se pagan. Lo malo del asunto es que todos vamos a padecer en carne propia las consecuencias del Gran Disparate gestado en Cataluña.

El asalto a la sede de UPyD
maría teresa giménez barbat ABC Cataluña 9 Enero 2014

Nadie del gobierno de la Generalitat expresó condena alguna por la agresión después de los hechos. Tampoco se detuvo a nadie, al contrario de lo sucedido en la Blanquerna

El jueves El jueves 28 de noviembre, el responsable de la sede de UPyD en Barcelona entregó documentación informativa a unas jóvenes en el portal. No se sentía tranquilo y prefirió no recibirlas arriba. Unas semanas antes, unas personas habían insultado y amenazado de muerte a los miembros de UPyD desde el portero electrónico. Aunque las chicas, amables y educadas, habían avisado del día y la hora en que vendrían, decidió hacerlo de esta forma. Pero la puerta no quedó bien cerrada o ellas impidieron el cierre total. La cuestión es que, al cabo de unos minutos, alguien llamó a la puerta del piso. Al abrir, un grupo de gente se le abalanzó, lesionándole la muñeca cuando quiso detenerles. Encerrándose en el despacho para llamar pidiendo ayuda, oyó cómo iban entrando diversos grupos.

Hasta que este encierro terminó, pasaron un par de horas. Mucho antes de que llegasen los Mossos, estaba allí un medio de comunicación, «La Directa», antes dirigida por David Fernández, diputado de la CUP en el Parlament. Según testigos de UPyD que se habían congregado en la calle, los Mossos, que en principio parecía que iban a actuar en consecuencia, fueron recibiendo unas instrucciones por teléfono que variaron su actitud. Toda la contundencia se redujo a tomar la afiliación a los asaltantes. Ni una detención. Nadie fue gravemente lesionado, ni hubo destrozos. Parecido a lo sucedido meses antes con la irrupción de un grupo «ultra» en la librería Blanquerna de Madrid. Sin embargo, sólo un diputado de Ciutadans y otro del PP se solidarizaron con UPyD. Nadie del gobierno de la Generalitat expresó condena alguna por la agresión después de los hechos. Tampoco se detuvo a nadie, al contrario de lo sucedido en la Blanquerna. Los únicos apoyos fueron los recibidos por los fascistas por parte de un partido con representación parlamentaria, las CUP, por su supuesta acción en «defensa del catalán». Han pasado varias semanas y los Mossos de Esquadra están realizando diligencias de investigación para averiguar quienes fueron los asaltantes, cuando paradójicamente se les dejó libres. Upyd presentará una querella criminal contra los responsables.

¿Qué sucede en Cataluña? Somos testigos de una alarmante tolerancia y comprensión desde las instituciones hacia esos grupos de exaltados, utilizados por algunos como primer ariete. No son en absoluto descabelladas las sospechas de que el nacionalismo espolea estas acciones. Por eso el mensaje es «adelante, que os saldrá gratis». Y, mientras tanto, la ciudadanía cada día más dividida. Y una parte de ella, desmoralizada y escandalosamente desprotegida. Estamos asistiendo, asombrados, a un acontecimiento extraordinario desde la llegada de la Transición: el asalto a la sede de un partido político y que eso no constituya un escándalo de primer orden.

Escritora y miembro del Consejo Territorial de UPyD en Cataluña
 


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