AGLI Recortes de Prensa   Jueves 16  Enero  2014
La moviola de 1930
Manuel Muela www.vozpopuli.com 16 Enero 2014

El arranque del año se ha convertido en algo parecido a un castillo de fuegos artificiales cargado con los viejos problemas que alimentan y magnifican lo que ya es un huracán sistémico, que dejará aún más destrozado el crédito de España y de sus instituciones. El hálito de recuperación de la economía no tendrá vigor para contrarrestar los daños, porque estos requieren algo más, aunque no parece que los guiones oficiales de la política española estén en esa onda, más bien están en la contraria: el conglomerado partidario y mediático no quiere cambios y se afana cada día en constreñir el espacio de expresión y decisión de los ciudadanos a los que se denomina, en un ejercicio agudo de cinismo, titulares de la soberanía nacional.

Todo exhala el aroma confuso y caduco de 1930. Para el establishment de entonces no pasaba nada, se iría imponiendo la normalidad, ignorando las corrientes profundas del descontento que avanzaban por toda la geografía del país. El repaso a la prensa de aquel año es un ejercicio recomendable para comprobar los pronunciamientos de unos y otros y la falta de pulso de la España oficial. Hoy esa España oficial flota sobre las inercias y el engaño, pero, a diferencia de otras situaciones análogas de nuestra historia contemporánea, no hay ni Pacto de Ostende (1866) ni Pacto de San Sebastián (1930), y nos vemos obligados a hacer elucubraciones sobre la evolución e impredecible final del régimen, sabiendo que sus caducos protagonistas se refugian en los palacios oficiales, Zarzuela o Moncloa, y en la frágil tela de araña institucional que podría ser rasgada por cualquier acontecimiento inesperado. Para ellos la única divisa es la resistencia; para los demás, la sumisión o la protesta.

El vía crucis electoral de los que mandan
El ciclo electoral que se iniciará el próximo mes de mayo con el reparto de canonjías de las europeas y que se prolongará un año hasta las legislativas irá marcando las estaciones de un camino que ignoramos adónde nos conducirá, porque no hay carta de navegación alguna. Han sido tanto el descrédito y el hastío que es previsible que los partidos turnantes en el poder durante tres décadas pierdan apoyos, porque populares y socialistas centran las iras de la desafección social. Algunos piensan que será el fin del bipartidismo. Podría ocurrir, pero creer que con ello la política española puede emprender derroteros más democráticos me parece exagerado, si previamente no se cambian las reglas del juego que han propiciado este enorme fracaso. Y tampoco se puede descartar que los afectados, el PP y el PSOE, llegaran a entenderse o a coaligarse para evitar su desplazamiento del poder, porque ninguna de las fuerzas que esperan crecer a costa de ambos, fundamentalmente UPyD e IU, conseguirá apoyos para suplantar a alguno de ellos. Los nacionalistas vascos y catalanes ya no cuentan porque sus objetivos son otros, tanto que están en el epicentro de la crisis aguda del régimen del 78. Véanse Cataluña y País Vasco, hermanados ya en el derecho a decidir.

Es verdad que UPyD e IU ganarán votos y escaños, producto del desengaño y de la protesta, pero me temo que no encandilarán al electorado con proyectos sugerentes para dar la vuelta al calcetín de la crisis española. Hasta ahora no es así: UPyD se resiste a levantar la bandera del cambio de régimen, y mira que lo tiene fácil, e IU se mantiene en la placidez confortable de ser cirineo del decrépito PSOE; ya lo han hecho en Andalucía y lo volverán a hacer en cualquier otro lugar, porque saben que nunca captarán con sus propuestas al nutrido electorado de centroizquierda que es el que, de verdad, se encuentra huérfano de opciones políticas en éste final de la Transición. Los desvaríos del PSOE han abierto un enorme agujero en esa franja electoral que, por el momento, ninguna organización o propuesta parece rellenar. El agujero del PP en el centroderecha es menor pero, al paso que van, pueden “mejorarlo”.

La democracia y la economía seguirán en lista de espera
El PSOE perdió su famoso suelo electoral, fijado en el 30% de los votos, y continúa bajando, y el PP parece que volverá al 33/34 por ciento que conseguía la extinta UCD. En un escenario así, con la economía renqueando y el “derecho a decidir” de nacionalistas catalanes y vascos in crescendo, amén de la imparable crisis de la Monarquía, no sería extraño que, después de las elecciones europeas de mayo, esos dos partidos se abrazaran no para resolver los problemas españoles, sino para aguantar el envite del temporal. Ni el uno ni el otro pueden aspirar a enfrentarlo en solitario y tenderán a lo fácil, aunque ello suponga la amenaza a su supervivencia a medio plazo. En el caso del PSOE parece algo cantado como le ha ocurrido a otros partidos socialistas europeos y el PP probablemente sufrirá fuertes convulsiones internas, si no logra recuperar el favor del electorado moderado al que ha machacado con los recortes sociales y ha despreciado con sus políticas reaccionarias.

El cuadro que se irá perfilando en los próximos meses tendrá contenidos análogos al de 1930, aunque con mayores incertidumbres sobre el desenlace final. Por eso, cualquier apuesta sobre el porvenir político y electoral tiene bastante de elucubración. No obstante, si se analizan con rigor las acciones y comportamientos de los actores principales y, sobre todo, los intereses que persiguen, la elucubración se convierte en la certeza de que España tendrá que seguir más tiempo del deseable en la lista de espera de la democracia y de la economía productiva.

¿De qué consolidación fiscal habla Rajoy?
Juan Laborda www.vozpopuli.com 16 Enero 2014

Debo reconocer que cada vez que habla el ínclito monclovita no salgo de mi asombro. Lo último viene a colación de su visita al Despacho Oval. Ansiaba que sus políticas económicas fueran refrendadas en la capital del imperio. Dicen y cuentan los que estaban allí que el objetivo de Rajoy era mostrar como España es un socio fiable que cumple sus compromisos, me imagino que se referirán ante nuestros acreedores.

Para rematar la faena, los allí presentes afirman que nuestro presidente se apresuró a señalar que ante dificultades derivadas de la dura crisis que aún vive nuestro país se han hecho las reformas necesarias. ¡Menudo eufemismo sarcástico para referirse al empobrecimiento masivo de la población española!

Ambas ideas van unidas, son inseparables, e indican la voluntad y el pelaje de quien nos preside. Su política económica no ha ido dirigida a mejorar y aliviar la situación de sus ciudadanos, ni a reducir de la manera menos dolosa posible una carga de deuda total –privada más pública- impagable, ni tan siquiera buscar un modelo de crecimiento alternativo al cemento. Las medidas adoptadas por el actual ejecutivo, además de ser ineficientes desde un punto de vista económico, en realidad reavivan una brutal lucha de clases en nuestro país.

De un lado, los protegidos, que no son otros que los acreedores que tomaron riesgos excesivos, la élite bancaria insolvente, y la clase empresarial que siempre ha jugado con las cartas marcadas. De otro, los perdedores, la ciudadanía en su conjunto, representada por los trabajadores, los emprendedores y los empresarios industriales.

Rajoy y la consolidación fiscal
Ante las pequeñas reprimendas del emperador, temeroso él de fuertes conflictos sociales en estos lares del imperio, de que no se ha hecho lo suficiente en materia de crecimiento y empleo, Rajoy, muy ufano él, alegó que para que para crear empleo era necesario acometer antes la consolidación fiscal. Y sí, con toda su jeta habló de consolidación fiscal y de reducción del déficit. O bien no se sabe las cifras, que, por cierto, no puede maquillar por la vigilancia atenta de Europa, o bien es un bromista en toda regla. Vamos, que en realidad está haciendo oposición para entrar en el Club de la Comedia.

La acumulación de deuda pública durante los años Rajoy no alcanza parangón en nuestra historia democrática. Se trata de un dato sometido al control estricto de Europa e imposible, por lo tanto, de ser manoseado por los adalides de la “suavización” de series temporales, en nombre de un patriotismo mal entendido.

Frente a las afirmaciones grotescas del Gobierno, las cuentas públicas de nuestro país están hechas unos zorros, el déficit de las Administraciones Públicas está disparado y no se salva ninguno de sus componentes - Administración Central, comunidades autónomas (CCAA) o Seguridad Social-. No hay ningún proceso de consolidación fiscal tal como se quiere vender más allá de nuestras fronteras. Y la deuda pública ha crecido bajo la batuta de Rajoy más que nunca en nuestra historia reciente. Pero vayamos por partes.

Tal como se puede ver en la Síntesis de Indicadores Económicos que publica la Secretaría de Estado de Economía, en el apartado 6.23., la Administración Central en los diez primeros meses del año tiene un déficit de caja reconocido 8.000 millones mayor que en 2012. Aquí no se tienen en cuenta los rescates al sector financiero. Respecto a las CCAA, los datos a mitad de año suponen que el déficit ha empeorado levemente, desde 8.156 a 8.166 millones. Finalmente, la Seguridad Social presenta un déficit superior al 1% del PIB solamente enjuagado por las transferencias masivas del Estado, que se han duplicado hasta alcanzar una cifra ligeramente superior a los 7.000 millones de euros.

Resumiendo, en 2013 –al igual que en 2012- no ha habido austeridad, el déficit final de las Administraciones Públicas superará el 7% del PIB, rozando en realidad el 7,5%. Además del hundimiento de ingresos, ha habido un aumento del gasto público concentrado básicamente en pagar a acreedores extranjeros -el stock de deuda es cada vez mayor y la carga financiera ya es explosiva-, y satisfacer a la presión asfixiante de todos esos lobbies que jamás han trabajado, los muy liberales ellos, bajo condiciones de competencia perfecta. Aún no sabemos el costo real del rescate bancario, factor que ha ayudado a expandir nuestra deuda pública como nunca. Nuestras estimaciones suponen que finalmente superarán el 30% del PIB sin que gerencia ni acreedores hayan asumido las consecuencias de sus actos.

Deuda pública explosiva
Como corolario final, nuestra deuda pública es explosiva. La deuda pública se hace insostenible si durante un período de tiempo largo la carga financiera real de la misma es superior al crecimiento económico real. Y esta es realmente nuestra situación desde 2008. Sin embargo, bajo el actual Ejecutivo se ha disparado más allá de lo normal –véase capítulo 11.5 del boletín estadístico de Banco de España-, pasando de los 737.334 millones de Euros a finales de 2011 a los 954.863 millones a finales del tercer trimestre del año anterior, cifra que se aproximará al billón de euros a cierre de 2013. Se trata de un incremento de más de 250.000 millones de euros en solo dos años.

La situación de nuestro país bajo la actual dinámica es insostenible. Tenemos un volumen de deuda privada y pública que no se va a poder pagar, salvo que pretendamos arruinar las expectativas de vida de los españoles. Lo que empezó siendo un problema de deuda privada ha acabado contaminando definitivamente a la deuda pública. Las dinámicas de ambas están ya fuera de control. Bajo este escenario, quien financió esta deuda, el sistema bancario, es insolvente. Todo se resume en una idea sencilla: no hay dinero para implementar ninguna política económica. Entonces, ¿de qué carajo habla Rajoy cuando se refiere a consolidación fiscal? Espero que nos lo cuente en un próximo episodio del Club de la Comedia.

Fin del bipartidismo: ya sí, pero todavía no
Editorial www.gaceta.es 16 Enero 2014

'Vox' será un elemento de distorsión más para el PP y el PSOE.

La aparición de un nuevo partido político, 'Vox', tal y como anunció ayer en exclusiva @gaceta_es, viene a remachar con un clavo más el ataud del sistema bipartidista que aún rige en España desde los inicios de la Transición, o más en concreto, desde 1982. La formación política que presentarán el jueves en Madrid emblemáticos ex-militantes del PP como Santiago Abascal o José Antonio Ortega Lara, acompañados de nombres tan suficientemente conocidos y prestigiosos como José Luis González Quirós o Ivan Espinosa de los Monteros, aspira - así lo han dicho ya - a ocupar un hueco en el centro-derecha liberal, que consideran insuficientemente atendido por otras formaciones, es decir, el Partido Popular, actualmente en el poder.

Todo apunta a que los hombres de Abascal apostarán por una defensa sin fisuras de la unidad de España y por un compromiso mayor con las víctimas, que en una gran mayoría no están satisfechas con la actual política antiterrorista del gobierno de Mariano Rajoy. Son puntos, todos ellos, que pertenecen al programa electoral con el que los populares obtuvieron la mayoría absoluta en 2011 pero que un sector relativamente amplio de sus bases consideran incumplidos. Es por ello más que previsible un trasvase de votos, que en noviembre de 2011 cayeron el el saco de los populares, en dirección a éste nuevo partido.

'Vox' será un elemento de distorsión más para el PP y el PSOE, que por primera vez en tres décadas, y a tenor de las encuestas, no alcanzarían ya conjuntamente ni un cincuenta por ciento de los sufragios. Una realidad, de momento sólo demoscópica pero que abre la puerta a la irrupción de partidos nuevos y con brío como el citado y al despegue de los ya asentados pero que, encuesta tras encuesta, no hacen más que crecer como Izquierda Unida, Unión Progreso y Democracia o Ct's, de Albert Rivera.

La desafección, cada vez mayor de los ciudadanos hacia la llamada 'clase política', a la que consideran un grupo elitista más preocupado por sus propios intereses endogámicos que por la marcha de un país que aún no ha terminado de superar una terrible crisis económica con más de cinco millones de compatriotas en el paro, se ha encargado de ello. El resultado será sin duda el de unas cámaras mucho más fragmentadas, con multitud de grupúsculos minoritarios y en el que, por ejemplo, PP y PSOE podrían llegar a carecer de mayoría suficiente, por ejemplo, para sacar adelante determinadas leyes orgánicas. Un hecho que puede conllevar el riesgo de convertir el Parlamento en ingobernable.

Dos años en política son, en cualquier caso, una eternidad. Y la vigente ley electoral pondrá muy difícil a todas éstas formaciones de nuevo cuño traducir sus expectativas en escaños reales. Ello sin olvidar que el votante español es especialmente conservador, entendiendo éste calificativo, no como definitorio de un sesgo 'derechista' sino más bien 'timorato' ante vuelcos o aventuras electorales de incierta singladura.

MANIFIESTO FUNDACIONAL DE VOX
VOX  16 Enero 2014

El nuevo partido político integrado por Santiago Abascal y Ortega Lara, entre otros, resume así sus principios fundacionales.

Manifiesto Fundacional
VOX es un proyecto político para la renovación y el fortalecimiento de la vida democrática española con el objetivo de cohesionar la Nación, conseguir la eficiencia del Estado, mejorar la calidad de las instituciones, garantizar la honradez de los responsables públicos e impulsar el crecimiento económico en beneficio de todos los ciudadanos.

VOX constata que ante la degradación del Estado constitucional a Estado de partidos y la incapacidad de las dos grandes fuerzas políticas de ámbito nacional para diseñar y realizar las profundas reformas que necesitan tanto nuestro sistema institucional y jurídico como nuestro modelo productivo, es imprescindible que surjan nuevas opciones emanadas de la sociedad civil capaces de dar respuesta a la actual crisis estructural que atraviesa España.

VOX propone, en consecuencia, una Agenda de Renovación concretada en un conjunto de medidas que hagan realidad el proceso de transformación democrática que los ciudadanos españoles vienen reclamando a través de numerosas plataformas e iniciativas civiles desde el inicio de la crisis.

VOX llama a todos los españoles que desean una España unida en permanente progreso material y moral, y dotada del prestigio y la influencia que le corresponden en el mundo por su envergadura histórica, cultural y económica, a sumarse a un nuevo proyecto basado en la firmeza de las convicciones democráticas y en los valores propios de la sociedad abierta.

RAZÓN DE SER
España atraviesa una crisis múltiple y profunda de carácter sistémico que afecta a su economía, a sus instituciones, a su unidad nacional y a su moral colectiva.

Los escándalos que se vienen acumulando y que afectan a los principales partidos políticos del país, involucrados en graves casos de corrupción, han sumido a la sociedad española en el desaliento y han suscitado su indignación. Una ola de creciente pesimismo inunda nuestra vida pública y ante la difícil encrucijada en la que nos encontramos creemos necesario articular una respuesta ciudadana, limpia y vigorosa, que dé respuesta a las inquietudes y demandas de los españoles.

La hora del diagnóstico y de la denuncia ya está cumplida. Ha llegado el momento de la movilización y de la acción, de la responsabilidad y del compromiso cívico. España no se puede permitir una quiebra de la confianza en sus representantes elegidos y en sus gobernantes de la magnitud de la que padecemos, con centenares de procedimientos judiciales abiertos mientras se extiende la sensación de que tan reprobables comportamientos quedan impunes en una alarmante proporción. El descrédito de las cúpulas dirigentes de la mayoría de fuerzas del arco parlamentario daña seriamente nuestras instituciones y deteriora peligrosamente nuestra democracia.

Es urgente una reacción vigorosa de la sociedad civil que fortalezca nuestra estructura política y abra paso a un cambio profundo de nuestra perspectiva ética. Hemos de guiarnos por valores fuertes que nos sitúen en el mundo con capacidad de competir con éxito y de ser respetados. España no ha de ser percibida como un problema a resolver, sino como un ejemplo a imitar.

Un enfoque meramente economicista de nuestras dificultades es insuficiente y nos lleva al fracaso. Si las ideas que nos conducen son equivocadas, si las concepciones morales que nos inspiran son débiles, nunca conseguiremos volver a la senda del crecimiento material. Es imposible diseñar una política económica eficaz sin el impulso de principios sólidos. Son el esfuerzo, la perseverancia, la cohesión, el altruismo, la búsqueda de la excelencia, el reconocimiento del mérito, la honradez y el patriotismo los que crean los puestos de trabajo y traen la prosperidad.

No hay nación en el mundo que pueda soportar indefinidamente que su Constitución sea continuamente ignorada o despreciada. Un sistema político que pone al Gobierno a merced de fuerzas cuyo propósito explícito es liquidar la unidad nacional no es viable y debe ser reformado. Partidos de ámbito nacional que prefieren aliarse con los que trabajan para destruir la nación en vez de cerrar filas para preservarla, no merecen la confianza de los ciudadanos y deben ser sustituidos por nuevas opciones que estén dispuestas a poner las libertades y derechos de los españoles por encima de su interés parcial y egoísta.

El Estado de las Autonomías no ha cumplido los fines para los que fue concebido y su coste ha alcanzado proporciones alarmantes. La descentralización política, que se ha llevado a extremos dudosamente compatibles con la Constitución, lejos de apaciguar la cuestión nacionalista en Cataluña y en el País Vasco, ha agudizado las tensiones centrífugas y ha puesto a España al borde de la desintegración. Nuestro Estado autonómico es políticamente inmanejable y financieramente insostenible.

En el terreno de la calidad de nuestra democracia, el Estado constitucional ha degenerado en Estado de partidos. El vínculo entre representantes y representados es casi inexistente y las listas cerradas y bloqueadas, elaboradas por las cúpulas partidarias, deterioran visiblemente la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y el control de los gobernantes por los gobernados. Un grupo reducido, cooptado y oligárquico de dirigentes de partido maneja a su arbitrio el Estado. La separación de poderes, base de la democracia constitucional, está seriamente dañada. La politización de la Justicia es escandalosa y los dos grandes partidos coinciden en su voluntad de mantenerla.

Los sucesivos cambios de Gobierno no han modificado este decepcionante panorama, sino que lo han agravado, siempre en la dirección del debilitamiento de la cohesión nacional, de la invasión de las instituciones y de la sociedad civil por los partidos y del aumento de la corrupción. VOX considera que ha sonado la hora de emprender una reforma profunda de carácter estructural que afronte de verdad los defectos de un sistema político, jurídico, institucional y económico que está irreversiblemente agotado.

PRINCIPIOS INSPIRADORES
La libertad individual, el Estado de Derecho y el imperio de la ley son elementos indispensables de la democracia, que requiere asimismo una presencia continua y una participación activa de la sociedad civil en los asuntos públicos.

La indisoluble unidad de la Nación española y la atribución de la soberanía nacional al pueblo español en su conjunto son pilares irrenunciables de nuestra convivencia en libertad.
España está llamada por su trayectoria histórica, por su envergadura cultural y económica y por su posición geoestratégica singular, a jugar un papel relevante en la escena internacional a partir de su identidad europea e iberoamericana y de su doble vocación mediterránea y atlántica. Nuestra posición en la Unión Europea ha de ser de actor implicado y principal, conjugando nuestro compromiso con el proceso de integración y el interés comunitario con la defensa de nuestros legítimos intereses nacionales.

El justificado descrédito que sufren la política y los políticos en nuestro país exige tomar medidas con el fin de remediar una situación tan lamentable. Se ha de abordar sin dilación una nueva Ley de Partidos que asegure su funcionamiento democrático y la transparencia de sus fuentes de financiación, así como una nueva Ley Electoral que garantice el vínculo directo entre representantes y representados. El actual sistema proporcional organizado en grandes circunscripciones y listas cerradas y bloqueadas, elaboradas por las cúpulas partidarias a espaldas de los afiliados, ha de ser sustituido por otro que libere a la sociedad del patológico dominio de los partidos sobre la vida pública y sobre la estructura institucional del Estado.

El Estado de las Autonomías ha sido un intento bienintencionado, pero fallido. Sus fines eran correctos, pero su concreción jurídica y práctica ha resultado insatisfactoria tanto desde el punto de vista político como del funcional y económico. No ha cumplido el objetivo de integrar a los nacionalismos periféricos, contribuyendo por el contrario a la exacerbación de sus pulsiones separatistas; ha provocado un crecimiento del sector público más allá de lo sostenible; ha deteriorado significativamente la unidad de mercado interna; ha multiplicado innecesariamente la complejidad administrativa; ha dañado la coherencia de nuestra acción exterior y ha contribuido en buena medida a la preocupante pérdida de calidad de nuestro sistema educativo. Un Estado unitario puede ser tan democrático como un Estado compuesto y la federalización nunca ha de ser una amenaza a la unidad nacional y a la igualdad de derechos y libertades de todos los ciudadanos. Un Estado rígidamente homogéneo es tan inadecuado para España como un Estado en proceso de desintegración. VOX propugna un Estado fuerte y eficiente, administrativamente descentralizado y capaz de acomodar y reconocer la pluralidad histórica y cultural de nuestra Nación.

La consolidación del Estado de Derecho y el correcto funcionamiento de nuestro sistema democrático requieren una efectiva separación de poderes y una auténtica independencia del Poder Judicial. Estas exigencias comportan reformas del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional que despoliticen por completo estos órganos constitucionales.

La economía de mercado, la libre iniciativa y el pleno reconocimiento del derecho de propiedad son las claves de la prosperidad y de la creación de empleo. El Estado debe ser el guardián de las reglas del juego y el garante de la seguridad jurídica de los operadores económicos y sociales. El gasto público ha de estar sometido a un riguroso control para impedir un endeudamiento que hipoteque a las futuras generaciones. España se ha de dotar de un modelo productivo centrado en la generación de valor añadido sobre la base de la competitividad, el desarrollo y la innovación. El fomento de la cultura emprendedora y de la investigación son componentes indispensables del crecimiento y del progreso. La fiscalidad ha de ser una herramienta de dinamización de la economía y no ha de alcanzar nunca niveles confiscatorios que inhiban el ahorro y la inversión y desincentiven el trabajo y el esfuerzo. El motor de creación de ocupación son las empresas y los empresarios, a los que el Estado ha de proporcionar un entorno normativo, fiscal, cultural y ético que estimule su actividad.

La libertad, la competencia entre centros, el esfuerzo, la búsqueda de la excelencia, la disciplina, el respeto a la autoridad del profesor, el reconocimiento de la profesión docente y la evaluación exigente del rendimiento de alumnos y profesores son las líneas directrices de un sistema educativo de calidad. La igualdad de oportunidades de todos los españoles para recibir una formación adecuada a sus capacidades y méritos es condición necesaria para articular una sociedad del conocimiento con posibilidades reales de éxito en un mundo globalizado. Para ello, la educación debe erigirse en una de las grandes prioridades nacionales.

España necesita una Universidad a la altura de su desarrollo, una institución que sepa ser competitiva, abierta, plural, capaz de impulsar las humanidades, la ciencia y la tecnología y de propiciar una potente reflexión crítica sin la cual la cultura languidece y se politiza. Se hace precisa una reforma a fondo de la legislación universitaria, de su funcionamiento y de su sistema de gobierno para que las universidades españolas se sitúen en el lugar al que deben aspirar dentro del marco internacional en el que tienen que competir.

Una sociedad responsable y moralmente sana ha de defender y promover la cultura de la vida, ha de cuidar y proteger a la familia como institución básica y ha de mostrar su solidaridad con los sectores más vulnerables. La solidaridad no ha de ser monopolizada por el Estado, que debe crear el marco normativo y fiscal que facilite y estimule a la propia sociedad para que contribuya activamente a la misma.

España es una gran Nación que siempre ha sabido superar las etapas duras de su historia gracias al coraje, determinación y sacrificio de sus gentes. No ha de haber lugar para el pesimismo o el desaliento en el período de dificultades que atravesamos. Las épocas de crisis ofrecen las mejores oportunidades de rectificación y de mejora. Los españoles han de ser conscientes de que el patriotismo crítico, ambicioso y sereno representa su mejor arma para encontrar de nuevo la senda del crecimiento material y de la fortaleza moral. VOX invita a sus compatriotas a emprender sin vacilaciones la marcha hacia los altos niveles de bienestar, prestigio y peso en el mundo que una España unida, fuerte y segura de sí misma es capaz de alcanzar y merece.

Debemos promover una cultura que aprecie y premie la excelencia, que rechace la mediocridad, el fraude y la corrupción generalizada, una cultura que genere un alto nivel de conciencia ética y de respeto a la ley, sin excepciones de ningún tipo.

AGENDA PARA EL CAMBIO
Una nueva Ley Electoral que sustituya el actual sistema proporcional por un sistema mixto mayoritario-proporcional con circunscripciones de una dimensión que posibilite un vínculo real entre representantes y representados. El sistema electoral ha de reflejar fielmente el pluralismo social y favorecer a la vez la gobernabilidad del país.

Una nueva Ley de Partidos que garantice su funcionamiento democrático y la transparencia y equidad de su financiación. La periodicidad máxima de sus Congresos será bienal y estarán abiertos a todos sus afiliados. Los cargos orgánicos y los candidatos a las elecciones serán elegidos por sufragio universal y secreto de todos los militantes en el ámbito territorial que corresponda. Los órganos de dirección de los partidos serán directamente responsables de la buena administración, veracidad y legalidad de sus cuentas.

Supresión de las suvenciones públicas a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales con la excepción de la dotación necesaria para la correcta labor de los Grupos Parlamentarios y Municipales.

Evolución del Estado de las Autonomías hacia un Estado unitario administrativamente descentralizado que reconozca e integre los hechos diferenciales culturales, lingüísticos, jurídico-forales e insulares característicos de nuestro país. Un Estado con un único Gobierno, un único Parlamento depositario exclusivo de la soberanía nacional y un Tribunal Supremo que actúe como última instancia jurisdiccional en todos los órdenes, comprendido el constitucional. Durante el proceso político, electoral y legislativo que desemboque en esta transformación, VOX promoverá aquellas medidas y reformas que, dentro del ordenamiento vigente en cada momento, contribuyan a la fortaleza y eficiencia del Estado, a la cohesión de la Nación y a la igualdad de los derechos y libertades de los españoles, así como al cumplimiento de sus obligaciones, en todo el territorio nacional.

Reforma de la composición y de la forma de elección de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, volviendo a la fórmula prevista por la Constitución de 1978.

Atribución de la jurisdicción constitucional al Tribunal Supremo, que resolverá los recursos de amparo según las materias correspondientes a las diferentes Salas. Los recursos de inconstitucionalidad corresponderán a una Sala especializada constituida de manera permanente a tal efecto. Se repondrá el recurso previo de inconstitucionalidad.

Despolitización completa de la forma de elección y de las competencias del Tribunal de Cuentas y de los Organismos Reguladores para garantizar su independencia.

Reforma del Régimen Local sobre la base de una descentralización administrativa provincial e insular conducente a una mayor eficacia y eficiencia de la administración territorial compatible con el control de legalidad a cargo de las instancias centrales del Estado. Nuevo mapa municipal que se traduzca en una notable reducción del número de entes locales mediante su agrupación con criterios de proximidad, demografía, optimización de recursos y operatividad.

Una nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno que establezca plenas garantías de control de la gestión y administración de los recursos públicos por parte de los ciudadanos posibilitando el ejercicio efectivo de sus derechos como administrados de tal forma que queden protegidos frente a eventuales arbitrariedades o abusos del poder político.

Las propuestas y reformas enumeradas en esta Agenda requerirán en algunos casos cambios constitucionales, pero en otros es perfectamente posible hacerlo mediante leyes ordinarias adoptadas por el Parlamento.

Aquellas medidas que requieran una reforma de la Constitución deberán ser consideradas metas últimas de VOX dentro de nuestra visión transformadora del Estado. En cuanto a las que sean factibles a través de del proceso legislativo y ejecutivo ordinario, VOX orientará su trabajo político hacia su realización inmediata, siempre en consistencia con sus objetivos finales.

COMPROMISOS DE FUNCIONAMIENTO
VOX se estructurará democráticamente de modo que todos sus candidatos y cargos orgánicos sean elegidos por los afiliados en elecciones primarias y rindan periódicamente cuentas ante ellos, en cuyo nombre actúan.

VOX se financiará mediante cuotas de sus miembros y donaciones de sus partidarios que serán gestionadas por un Director económico financiero, externo a la estructura política y responsable ante los órganos de gobierno. Las cuentas anuales serán auditadas y publicadas.

El reglamento interno de funcionamiento contemplará la tutela de los derechos de los afiliados y la posibilidad de que estos acudan ante cualquier conflicto al comité de garantías y, si no estuvieren conforme con su dictamen, ante las autoridades judiciales.

La disciplina de partido no podrá invocarse nunca para coartar la libertad de opinión y expresión de los dirigentes y miembros del partido, puesto que VOX acepta como parte fundamental de su capital político la capacidad de análisis y la libertad de iniciativa de sus miembros.

Los miembros de VOX no participarán en ningún órgano político o administrativo del Estado que se considere innecesario, contrario a las libertades o cuya actuación no esté inspirada en el principio de transparencia.

VOX se compromete a estudiar y a responder a las iniciativas ciudadanas que le sean sometidas para su consideración y promoción.

VOX promoverá en todas partes los mismos principios y políticas y, muy singularmente, defenderá el uso libre de la lengua española en todo el territorio nacional, especialmente en el sistema educativo.

VOX promoverá instrumentos de participación y consulta avanzados para aprovechar las ventajas de las tecnologías de información y comunicación en el ámbito del debate público y de la participación ciudadana.

Vox que no me convence
Nota del Editor16 Enero 2014

En una primera lectura, hay demasiadas cosas que no me convencen.

Un Estado unitario puede ser tan democrático como un Estado compuesto y la federalización nunca ha de ser una amenaza a la unidad nacional y a la igualdad de derechos y libertades de todos los ciudadanos. Un Estado rígidamente homogéneo es tan inadecuado para España como un Estado en proceso de desintegración. VOX propugna un Estado fuerte y eficiente, administrativamente descentralizado y capaz de acomodar y reconocer la pluralidad histórica y cultural de nuestra Nación.
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Defender la federalización de España para garantizar la unidad nacional, la igualdad de derechos y libertades y la eficacia del estado no tiene sentido.

Cualquier estado para ser eficaz, tiene que ser homogéneo y garantizar la igualdad de derechos, obligacoines y libertades.

Un estado eficiente y administrativamente descentralizado en los tiempos de Internet no tiene sentido. Y eso de reconocer la pluralidad histórica y cultural se opone frontalmente a la igualdad de derechos, libertades y obligaciones, además de constituir un sinsentido, todo el mundo tiene su pluralidad histórica y cultural.

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Debemos promover una cultura que aprecie y premie la excelencia, que rechace la mediocridad, el fraude y la corrupción generalizada,

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La cultura que aprecie y premie la excelencia ya la tenemos muchos españoles, y la corrupción es como el embarazo, o se está o no. Son los profesionales de la política quienes son y premian a los mediocres, y entre ellos campa el fraude y la corrupción (generalizada).

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Una nueva Ley Electoral que sustituya el actual sistema proporcional por un sistema mixto mayoritario-proporcional

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Esto si que no no entiendo, habíamos quedado en que todos los ciudadanos somos iguales, un voto es un voto, nada de calificadores aristocráticos.

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 El sistema electoral ha de reflejar fielmente el pluralismo social y favorecer a la vez la gobernabilidad del país.

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Esto si que es fuerte, hablar del pluralismo social, es como hablar del sexo de los ángeles. Y para favorecer la gobernabilidad de España, nada mejor que una dictadura si no les gusta la igualdad del voto.

Eso del respeto a las minorías está muy bien si no están contra las mayorías, contra España, contra la razón, contra la ley y el sentido común.

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Una nueva Ley de Partidos que garantice su funcionamiento democrático y la transparencia y equidad de su financiación

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Nos sobran leyes por todas partes, y los partidos políticos deben poder comportarse como sus asociados deseen. La financiación no debe ser a costa de todos los ciudadanos sino a costa de sus asociados. De Otro modo no salimos del bucle: para que les voten necesitan dinero, el dinero es proporcional a los votos, la primera vez tienen que conseguir fondos asaltando caminos.

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Supresión de las suvenciones públicas a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales con la excepción de la dotación necesaria para la correcta labor de los Grupos Parlamentarios y Municipales.

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La correcta labor de las comunidades de vecinos y de inumerables organizaciones se hace sin echar mano del dinero del bolsillo de los contribuyentes, y los porofesionales de la política tienen que desaparecer.

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Evolución del Estado de las Autonomías hacia un Estado unitario administrativamente descentralizado que reconozca e integre los hechos diferenciales culturales, lingüísticos, jurídico-forales e insulares característicos de nuestro país.

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Esta párrafo me ha dejado patidifuso: ¿ cómo vamos a tener un estado transparente, ser ciudadanos de iguales derechos, libertades y obligaciones si hay diferencias culturales, lingüísticas y jurídicas ?

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Reforma del Régimen Local sobre la base de una descentralización administrativa provincial e insular

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La eficacia administrativa está reñida con la descentralización: solo hay que mirar alrededor. Hasta Francia tiene que eliminar un montón de consejos regionales

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Una nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno

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¡ Por favor mas leyes no ! Si hay que hacer una ley de buen gobierno quiere decir que las leyes generales están incompletas y por tanto no sirven.

Una ley de transparencia está reñida con  un estado administrativamente descentralizado que reconozca e integre los hechos diferenciales culturales, lingüísticos, jurídico-forales e insulares. La única ley que hay que aprobar es la que derogue la cooficialidad de las lenguas regionales y desmonte las autonomías.

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VOX se financiará mediante cuotas de sus miembros y donaciones de sus partidarios que serán gestionadas por un Director económico financiero, externo a la estructura política

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Ya empezamos, otro empleado más en los partidos políticos. Solo falta que este requisito se imponga a las organizaciones de voluntarios y después que vuelvan los serenos para crear màs empleo

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Los miembros de VOX no participarán en ningún órgano político o administrativo del Estado que se considere innecesario, contrario a las libertades o cuya actuación no esté inspirada en el principio de transparencia.

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Esto me parece una pasada. En la administración de España hay cosas en las que no se puede aplicar el principio de transparencia: seguridad, defensa, algunos tipos de negociaciones.

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VOX promoverá en todas partes los mismos principios y políticas y, muy singularmente, defenderá el uso libre de la lengua española en todo el territorio nacional, especialmente en el sistema educativo.

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Esto parece lo que no es. Ahora ya disfruto del uso libre de la lengua española en todo el territorio nacional, y un vecino del barrio que es chino, también disfruta del uso libre de la lengua china en todo el territorio nacional. Aquí el problema es hay españoles a los que se les obliga a aprender una lengua regional, que son ciudadanos de cuarta clase que no pueden ejercer sus derechos políticos porque no conocen una lengua regional, que son aplastados por las administraciones públicas que ejecutan todos sus procedimientos en lengua regional.

Lo que hay que defender es la derogación de todas las leyes de lenguas regionales, defender la unidad de España y consiguientemente la igualdad de derechos, libertades y obligaciones de los ciudadanos.

Ah, y cuando los nacionalistas-independentistas dejen de decir que son republicanos, ! viva la república ¡

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En resumen, parece que Vox se ha quedado sin voz. Lo siento porque Abascal, Ortega y Velasco merecen y tienen todo mi aprecio (y mi voto), pero quería dejar las cosas claras.

,Ajuste óptico: el pacto es la Constitución
José Javaloyes www.republica.com 16 Enero 2014

Que los españoles hablen en el exterior, concretamente en Washington y al aire de la visita del presidente Rajoy a la Casa Blanca, de la cuestión de Cataluña no significa que se internacionalice el debate sobre ello. Eso de la internacionalización es lo que intenta el Gobierno autonómico de la Generalidad gastando recursos del común en promover sin éxito alguno, con remedos de representación diplomática y consular, y campañas de interlocución cerca de Gobiernos e instituciones internacionales.

El eco que la realidad internacional devuelve no es otro que aquello en que la realidad del mundo exterior consiste: los asuntos internos de las naciones, conformados conforme las instituciones soberanas, asuntos internos son para todos. Es dato que además de resultar de la estructura institucional en que reposan normalmente las relaciones internacionales, lo hace también, procede, del internacional consenso que opera como engrudo político para las relaciones estables entre los Estados.

La presión del nacionalismo catalán sobre los medios informativos del conjunto español, incluido el de la propia Cataluña, explica que en esta referida ocasión de la visita del presidente del Gobierno español a Washington, algunos colegas se hayan dirigido a personalidades estadounidenses representantes de las instituciones de enlace económico entre ambas partes, que han respondido en los mismos términos empleados por las instancias políticas respectivas cuando han sido, digamos que interpeladas, por representantes autonómicos catalanes. Tales asuntos, se ha insistido por doquier, son “asuntos internos” de los españoles.

De parecido tenor ha sido, en Washington como digo, el planteamiento y la respuesta demandada al presidente de La Caixa, Isidro Fainé, componente de la representación empresarial española acompañante del Presidente del Gobierno en su primera oficial a la Casa Blanca, en el curso del encuentro celebrado en la residencia del embajador español en Estados Unidos. La interrogante planteada a Fainé, en el sentido de si había advertido entre el empresariado estadounidense preocupación por el asunto de Cataluña, ha sido que los mercados al igual que las instituciones supranacionales y las Cancillerías “no han descontado este problema”. Más claro, agua. Cabría incluso extrapolar la respuesta. El asunto, se puede decir, tampoco, en los mercados, ni está ni se le espera.

La cuestión secesionista, en Cataluña lo mismo que en Vascongadas, tiene algo más que sólo calidades de violencia contra la Constitución. Con barretinas y chapelas, además de con carros de combate también se puede promover un golpe de Estado.

Pero de las palabras del presidente de La Caixa en torno al problema de Cataluña, puede que lo más sustancioso haya sido su demanda a las fuerzas políticas de que “alcancen un gran acuerdo” que “ayude a todos” para “tirar hacia delante”. Ese gran acuerdo, es el que se logró en 1978. Ese gran pacto es la Constitución. Su fibra no es la del tejido de Ariadna, destinada a tejer y destejer. Aunque así lo pretendan los nacionalistas catalanes de izquierdas y de derechas. Gentes que ignoran, al parecer, que el cemento de la unidad nacional de los españoles resulta tanto del hormigón formado por los intereses de las empresas como de la compartida claridad de las ideas y del propio peso del Estado.

Ortega Lara en la Presentación de Vox
Ortega Lara: "Es demoledor ver cómo las instituciones pervierten los principios de la Nación"
El partido de Abascal y Ortega Lara se presenta este jueves en Madrid. Sus fundadores han explicado los principios del partido.
Luis F. Quintero Libertad Digital 16 Enero 2014

Los impulsores de Vox, Santiago Abascal, José Antonio Ortega Lara y Ana Velasco, entre otros, han presentado este jueves en Madrid el logotipo y el manifiesto fundacional del nuevo partido político, con el que quieren concurrir a las europeas.

En su puesta de largo, Abascal ha insistido, como hizo este miércoles en esRadio, en que su partido busca "un Estado más simple, más funcional y más eficiente". Ha avanzado, además, que entre las propuestas de Vox está una nueva Ley de partidos y una nueva Ley electoral que "garanticen un vínculo directo y real entre políticos y ciudadanos".

El objetivo, ha reiterado, es "fortalecer el Estado, mejorar la calidad de las instituciones", "garantizar la honradez" en la vida política e "impulsar el crecimiento económico en beneficio de todos los ciudadanos".

En la Agenda de Renovación de la vida española que establecen en su manifiesto de ocho puntos incluyen como esenciales, entre otras cosas, la defensa de la libertad individual, de la "indisoluble unidad de la Nación española", la protección de la familia, un Estado "descentralizado" pero que tenga un solo gobierno y un solo parlamento, una educación "de calidad basada en la libertad", la defensa de la economía de mercado y "la libre competencia entre centros".

José Antonio Ortega Lara ha detallado en su intervención los problemas más graves que detecta en España: "Es demoledor ver cómo los principios en que se fundamenta la nación son pervertidos por las propias instituciones del Estado".

En su intervención, Ortega Lara ha recordado la situación de quienes han sufrido, como él, la violencia de ETA tras la derogación de la doctrina Parot: "A las víctimas y familiares sólo les queda el dolor y el olvido". También ha evocado el "reparto de cargos" en el CGPJ "eliminando la división de poderes".

"Necesitamos un cambio valiente, retomar principios y valores que nos dejamos en el camino para refugiarnos en el relativismo moral", ha reflexionado antes de indicar que el partido "propone que el esfuerzo, la honradez, el sentimiento de orgullo nacional y la Justicia igual para todos vuelva a formar parte de nuestro modo de vida".

Ortega Lara no prevé ser candidato
En el turno de preguntas, José Antonio Ortega Lara ha precisado cuál ha sido la razón que le ha llevado a entrar en política: "Yo estaba más cómodo en mi casa sin meterme en líos pero hay una razón muy especial. Cuando oí a mi hijo de veinte años decir 'papá, vaya país que nos estáis dejando". "Hay veces en la vida en que tienes que arriesgar, por convicción. Ha llegado la hora de que todos nos comprometamos un poco más por España", ha añadido.

Después, ha precisado que aunque apoya el partido, no prevé estar en las listas que se elegirán en las próximas semanas: "Casi con toda seguridad no me presentaré como candidato", decía antes de dejar claro que Vox es un partido de ideas y no de personas.

Modelo económico
En cuanto a su modelo económico, uno de los fundadores, el diplomático y empresario Santiago Camuñas, ha aclarado que "somos un partido de matriz liberal" pero con profundas convicciones de que los organismos reguladores "deben funcionar con total plenitud" e independencia. En política fiscal, apuestan por un modelo que no sea "expoliatorio" y que no "impida el progreso económico".

Es decir, una decidida apuesta por un sector público que no gaste más de lo que tiene, que no obligue al sector privado y las clases medias a financiar "un gasto público desorbitado". En cuanto a la creación de empleo, "deben ser las empresas y los empresarios los que", con su actividad, generen puestos de trabajo.

El aborto
Preguntados por su postura respecto a la reciente Ley del Aborto, Vox no concibe "el aborto como un derecho", sino como un drama y ha mostrado su extrañeza en que no haya consenso dentro del PP ni del Gobierno sobre la Ley que ha propuesto el Ejecutivo en esta materia. La apuesta de esta joven formación es por políticas preventivas y de apoyo a la mujer y a la maternidad. "Tenemos clarísimo este tema", destacaba otra de las fundadoras, Cristina Seguí.

"Coincidencias" con UPyD y C's
Sobre su posición ante otros partidos apartados del bipartidismo, como Movimiento Ciudadano o UpyD, Abascal ha indicado que hay "elementos de coincidencia importante" en su "oferta regeneradora" y ha añadido que están "dispuestos al encuentro y al diálogo" por el "interés de España". Sin embargo, ha resaltado que su oferta está dirigida "al centro derecha" frente a otras opciones enfocadas al centro izquierda.

El manifiesto y el mecanismo para afiliarse está en la página web que también se ha presentado este jueves.

"Es importante y supone un cambio"
Wert: "No tenía sentido que en España no hubiera una Historia compartida por todas las autonomías"
Tras semanas en un discreto segundo plano, el ministro de Educación participó este jueves en un desayuno informativo.
O. Moya Libertad Digital 16 Enero 2014

El ministro de Educación participó este jueves en un desayuno informativo, en el Foro Económico "El Ágora" del diario 'El Economista' en colaboración con Ernst&Young, donde vlvió a defender su reforma educativa e hizo frente a las diversas preguntas que se le plantearon.

En él, José Ignacio Wert defendió la necesidad de que la asignatura de Historia tenga un contenido común en todas las comunidades autónomas sin que ello signifique que, luego, cada Administración pueda dar contenidos propios. "No tenía sentido que en España no hubiera una Historia de España que se compartiera por todas las comunidades autónomas, al margen de que luego se pueda estudiar una historia de Cataluña, País Vasco o Cantabria. Yo creo que esto es muy importante y que realmente supone un cambio de enfoque", dijo.

No obstante, Wert defendió que la Educación, como otros servicios sociales básicos, esté transferida, pero consideró que este hecho puede ser entendido de manera diferente. El Gobierno del PP ha creído que "el papel del Estado debe ser garantizar una serie de objetivos de homogeneidad en el sistema que garanticen que la médula del sistema educativo tenga homogeneidad suficiente para que no se pueda hablar de 17 sistemas educativos diferentes. Hemos transformados el anclaje de la competencia estatal para definir materias troncales y dejar a las administraciones educativas el cien por cien de otras materias", explicó el ministro.

La Comunidad de Madrid ha sido una de las autonomías que mejor han acogido este cambio en concreto. Así, el presidente Ignacio González señaló esta semana que los colegios madrileños se adaptarán a partir del próximo curso a lo que recoge la Lomce.

Preguntado el ministro por si finalmente se aplicará el punto de la recién aprobada ley educativa que obliga a las comunidades a pagar un colegio privado a aquellos alumnos que no puedan estudiar en castellano como lengua vehicular en un centro público, Wert contestó: "si no creyera que se va a activar no lo hubiera introducido".

Pero dijo estar abierto a que la Generalidad catalana ofrezca alguna "alternativa" para que los padres que lo deseen puedan acceder a una enseñanza sostenida con fondos públicos en castellano como lengua vehicular "en una proporción razonable".

Educación y empleo
Sin embargo, el enfoque de la charla era fundamentalmente económico. Y por ello Wert se refirió al reciente informe publicado por McKinsey , en el que queda de manifiesto que los jóvenes, sobre todo los españoles, no reciben buena información ni en lo que tiene que ver con sus estudios, ni respecto a lo que se encontrarán cuando busquen su primer empleo. "El sistema es muy opaco respecto a la empleabilidad de las distintas opciones formativas", afirmó el ministro, quien volvió a defender la FP como "camino directo hacia el empleo".

El coste de los libros de texto
Por otro lado, y sobre la polémica generada en torno al coste que tienen que asumir las familias con el cambio de libros de texto por la entrada en vigor de la ley, pese a la reducción del 40 por ciento de los fondos para los programas de ayudas de libros, el ministro afirmó que el aumento de los fondos para becas generales va a permitir a las familias hacer uso de ese dinero para la adquisición de estos materiales.

"Estoy seguro de que habrá familias que no estarán en el sistema de becas y tengan difícil atender al pago de libros de texto", reconoció, pero añadió, no obstante, que estos programas de ayudas para material escolar se sitúan en el ámbito de las administraciones educativas autonómicas.

Sin compromiso con la lengua
francisco garcía pérez La Opinion 16 Enero 2014

Si incluso algunos catedráticos de Literatura escriben mal el castellano, abandonemos toda esperanza de que los desastres de nuestro idioma tengan ya arreglo. A medida que avanzaba en la lectura de un artículo publicado en página de honor de El País e intitulado precisamente El compromiso con la lengua, veía el escaso compromiso que su autora, Juana Vázquez, mostraba con las normas del correcto uso de la lengua. Me llamó la atención sobremanera porque los errores gramaticales salpicaban una columna que criticaba a la Real Academia Española, es decir, que reconocía implícitamente que la RAE tiene, al menos, alguna autoridad o importancia. Con la tesis del escrito estoy de acuerdo: uno de los baldones de la Docta Casa será por siempre el no haber admitido entre sus miembros a María Moliner, cuyo colosal Diccionario de Uso del Español no es que sea un clásico: es el clásico. (Si acaso, discrepo cuando la catedrática y escritora Vázquez confronta los valores lingüísticos de Moliner con los de Alarcos: churras y merinas no cuadran; no fue Alarcos, además, quien propició la injusticia). Con la forma del escrito, disiento. Veamos.

Hay descuido de estilo por penuria léxica, lo que origina repeticiones empobrecedoras: "La creación de la Real Academia Española (RAE), una institución creada?"; "como dice De la Fuente, quizá no sea exacto decir?". Hay poco mimo hacia la forma verbal correcta en "el ingreso de Moliner suponía una revolución en la institución", pues, al no haberse producido tal ingreso, mucho mejor cuadraba la forma "habría supuesto". El pronombre "se" va fuera de lugar en "pero da la impresión de que después de 300 años sigue pensándose en masculino", ya que debería anteceder a "sigue" y no posponerlo a "pensando". Correspondería un "cuando" en lugar del inexplicable "que" al escribir "en 2013 que la RAE cumple 300 años de su creación?". Y mucho afea la escritura el mal uso de las concordancias: en "no se trata de que cada vez que hay una vacante se baraje de forma indistinta, y con naturalidad, posibles candidatos y candidatas", el verbo "baraje" ha de ir en plural al ser plural el sujeto ("posibles candidatos y candidatas"). En "fue su compromiso con la lengua y su voluntad de acero lo que propició que su titánica obra saliera adelante" son obligatorios "fueron" y "los que", pues se habla de dos cosas, "compromiso" y "voluntad". Incluso se podría mejorar la lógica gramatical en la conclusión de un párrafo ya citado: "(?) una institución creada a imagen y semejanza del hombre. Durante décadas, ellos han mantenido su primacía", por lo mucho que rechinan ese "el hombre" y, luego, "ellos".

El arbitrario uso de la coma sí que me resultó chocante por su contumacia. Copio unos cuantos fragmentos que, por quién sabe qué autorregla de la autora, se inician con conjunción y terminan en coma innecesaria o eluden una anterior: "Y solo a partir de la democracia, la docta corporación?"; "y que en el camino hacia su incorporación, se han producido? "; "y en el caso de que las camarillas estuvieran divididas, ¿habría ganado en votos Emilio Alarcos a un hipotético lexicógrafo varón con la obra de María Moliner?"; "pero a pesar de toda su excelencia lingüística, no pudo ser". Barullo importante que se remata con un párrafo mal, mal escrito, donde ya no se sabe qué separan las comas o si faltan o sobran: "Esperamos que con el cumplimiento de este tercer centenario, entre de una vez por todas, la modernidad en la Real Academia Española".

No se cae el mundo por nada de lo dicho: asunto de menor cuantía. Pero el compromiso con la lengua que ejemplificó María Moliner debería ser ejercido con el mismo rigor (salvo descuidos aislados, tan humanos, o erratas del diablo) por quien ha llegado a adquirir la condición de catedrático, pues mal cuida un zorro las gallinas, muy mal.

Internacional
Hollande se plantea recentralizar Francia y pasar de 22 a 15 regiones
j. p. quiñonero / corresponsal en parís ABC 16 Enero 2014

En medio de sus escándalos sentimentales, el presidente francés esboza un plan, todavía en pañalaes, cuyo primer paso será la reducción de subvenciones estatales a las administraciones regionales
Hollande se plantea recentralizar Francia y pasar de 22 a 15 regiones

Entre sus nuevos planes, el presidente francés François Hollande ha anunciado el proyecto de recentralizar y clarificar la función de los departamentos y las regiones, que en la actualidad se solapan en detrimento de la buena gestión del Estado. Sus portavoces explican un proyecto todavía muy indefinido. Thierry Mandon, diputado socialista, ha declarado a RMC: «El proyecto final es reducir en un 30% el número de regiones, que pasarían de 22 a unas 15».

El plan de recentralización, que forma parte del proyecto presentado en la multitudinaria rueda de prensa del pasado 14 de enero, ha sido comentado por el ministro del Presupuesto, Bernard Cazeneuve, en estos términos: «Las regiones y departamentos que comiencen a unirse o a fusionarse recibirán más ayudas. Las que no lo hagan recibirán menos ayudas».

Se trata de un proyecto a medio y largo plazo, lanzado con la más extrema prudencia. A juicio de Hollande, Francia debe «racionalizar» su gasto público, evitar solapamientos administrativos y utilizar la economías de escala. Como primer paso, el presidente anuncia recortes considerables en las ayudas y subvenciones estatales, invitando a las administraciones regionales a «unirse o trabajar en común». Hollande considera así que estas administraciones fusionadas podrían tener más responsabilidades.

Cava del Penedés y queso de Burgos
Mercè Vilarrubias www.cronicaglobal.com 16 Enero 2014

Durante una de las cenas de las fiestas de Navidad, tuve la oportunidad de hablar sobre la independencia de Cataluña con un amigo que está indeciso sobre el tema. Él es un residente en Cataluña desde hace casi 30 años, es originario de Alemania y vive en Sabadell en un ambiente pro-independencia. Trabaja en una empresa alemana en Barcelona, donde el ambiente general es, en contraste, de escepticismo respecto al proceso soberanista.

Pensar que si eres catalán, debes ser nacionalista o independentista y si no, ya no eres un buen catalán, es parte de la propaganda que hace años y años nos inunda por tierra, mar y aire, y que tiene a muchas personas coaccionadas precisamente en esta dirección

Él se dirigió a mí con este tema ya que conoce mi opinión contraria a la independencia. Quería que le diera argumentos ya que él no es una persona politizada ni dedica tiempo a leer sobre la cuestión. Hablamos un largo rato y pude explicarle las muchas razones contrarias a un Estado propio para Cataluña. Él ya intuía muchas de ellas, especialmente las de tipo económico. Hacia el final de la conversación, me dio la razón: es mejor para todos continuar juntos con el resto de España; la independencia sólo traería graves problemas, al menos de entrada, y no resolvería ninguno de los retos económicos, sociales, laborales y educativos que tenemos.

Sin embargo, había una cosa que le inquietaba y quería decírmela a pesar de no saber muy bien cómo. El motivo de su inquietud era saber dónde quedaba mi "catalanidad", cómo se podía entender que yo, siendo catalana y catalanohablante nata, me opusiera a la independencia. Él entendía las razones objetivas, como he dicho, pero no comprendía cómo yo podía pensar como pensaba y al mismo tiempo, no sentir que todo este pensamiento ponía de alguna manera en riesgo mi catalanidad. ¿No había una contradicción aquí?

Le dije que de contradicción, ninguna. Que pensar que si eres catalán, debes ser nacionalista o independentista y si no, ya no eres un buen catalán, era parte de la propaganda que hace años y años nos inunda por tierra, mar y aire, y que tiene a muchas personas coaccionadas precisamente en esta dirección: ¿No somos suficientemente catalanes si decimos no al nacionalismo/independentismo?
Le expliqué por qué nunca me he sentido identificada con el nacionalismo. Nací en el año 1964 en Sabadell en una familia catalanohablante. Todo mi entorno utilizaba esta lengua; recuerdo que entonces sólo tenía un amigo castellanohablante. Mi familia no hablaba nunca de política durante el franquismo delante de los hijos y para mí, el catalán era la lengua oral mientras que el español era la lengua escrita y culta. No me preguntaba por qué; sencillamente las cosas eran así.

Tenía 11 años cuando murió Franco y poco pude entender entonces de la importancia del momento. Dos años más tarde, a los 13, ya era más consciente de los importantes acontecimientos que se estaban produciendo a mi alrededor. Fue entonces cuando comprendí por qué el catalán era sólo una lengua oral. Recuerdo reprochar a mis padres el hecho de que no nos hubieran explicado nunca ni a mí ni a mis hermanos que el catalán estaba prohibido y que hubieran actuado como si la situación fuera la más normal del mundo. Ellos me explicaron que mis hermanos y yo éramos demasiado pequeños para entenderlo y que además, era mejor "no meterse en política" durante la dictadura.

Se me abrió un mundo nuevo cuando pude empezar a leer textos escritos en catalán y aprendí a escribir en esta lengua. Recuerdo que fue fascinante para mí, que soy una persona de letras. Empecé a descubrir la literatura catalana y otros aspectos de la cultura, y me emocioné con las manifestaciones que pedían libertad, amnistía y un estatuto de autonomía para Cataluña. Un mundo nuevo, efectivamente.

Las cosas habrían sido muy diferentes si los primeros gobiernos de la Generalidad hubieran querido restaurar el catalán, la cultura catalana y las instituciones de gobierno catalanas en convivencia con, en lugar de en oposición a, el español, la cultura española y el Estado español

Sin embargo, este mundo nuevo no lo sentí nunca opuesto al español y a la cultura en español. Sentí que sumaba el catalán como lengua escrita y culta a la que hasta entonces era mi única lengua culta, el español, en la que leía y en la que me expresaba por escrito. En ningún momento sentí que tenía que escoger entre una o la otra o que el interés que tenía por descubrir el catalán escrito implicara necesariamente que tenía que rechazar el español. Con los años, las dos lenguas, orales y escritas, y las dos culturas han pasado a ser parte de mi identidad. No siento ningún trauma ni conflicto. Todo lo contrario, pienso que ser bilingüe es algo a celebrar porque supone un enriquecimiento personal.

Políticamente, y tal vez como consecuencia de lo anterior, nunca me atrajo el nacionalismo. Lo veía excluyente y provinciano, sentía que nos conducía al aislamiento y a la confrontación con el resto de España. No entendía por qué gozar de la lengua y la cultura catalanas tenía que hacerse en oposición a todo lo español. ¿Por qué teníamos que restar cuando podíamos sumar?

Actualmente, me siento parte de la comunidad catalanohablante. Y también me siento parte de la comunidad hispanohablante, de España, en primer lugar y de todo Latinoamérica, en segundo lugar. Además, soy profesora de inglés y viajo a menudo al Reino Unido. También me siento parte de la comunidad anglohablante, conozco bien su lengua y su cultura, especialmente la británica. Aprecio y me desagradan cosas de las tres culturas que siento mías.

No hay nada excepcional en mi historia personal. Somos muchos los que nos sentimos así pero, seguramente, podríamos ser muchos más si el nacionalismo no hubiera comenzado a gobernar la Generalidad desde los primeros años de la Transición. Entonces es cuando se pusieron las bases de la Cataluña oficial actual: monolingüe, monocultural, provinciana, aislada y enfrentada al resto de España, obsesionada por ser (no se sabe muy bien qué) en lugar de dedicar tiempo y energía a hacer y crecer, narcisista y con aires de superioridad, victimista e incapaz de introspección y autocrítica. Las cosas habrían sido muy diferentes si los primeros gobiernos de la Generalidad hubieran querido restaurar el catalán, la cultura catalana y las instituciones de gobierno catalanas en convivencia con, en lugar de en oposición a, el español, la cultura española y el Estado español.

Mi amigo me entendió y respiró aliviado. Brindemos, dijo, con cava del Penedés y picando un excelente queso de Burgos que tengo en la nevera. Sí, le dije, será un brindis para desear que lleguen tiempos mejores a Cataluña, tiempos donde seamos cada vez más los que sintamos que las identidades múltiples son el futuro y la identidad única excluyente, el pasado.

El catalán prohibido y quienes osaban utilizarlo, fusilados.
Nota del Editor 16 Enero 2014

Si, sin duda, el catalán estuvo prohibido y quienes se atrevieron hablarlo fueron fusilados, sólo tienen que acercarse a cualquier cementerio de Cataluña y verán que hay cientos de miles de fosas.

Yo tuve suerte, viví en otro mundo donde el catalán no estaba prohibido y las fosas de los cementerios llenas de gentes que murieron por causas médicas no relacionadas con la lengua, salvo algún fumador empedernido.

Las elecciones al Parlamento Europeo o el fantasma que recorre Europa
Félix de la Fuente www.cronicaglobal.com 16 Enero 2014

Una gran frustración embarga hoy a toda nuestra sociedad. Se trata de esos veinte y muchos millones de jóvenes en paro, de esas familias sin recursos que en el siglo XXI, ¡quién lo diría!, tienen que acogerse a una caridad que ya creíamos eternamente sustituida por una justicia social. Ese fantasma se va acrecentando a medida que se acerca la fecha de las elecciones al Parlamento Europeo. Y son sobre todo los partidos tradicionales los que tienen miedo a ese fantasma, a esa gran abstención, a unos partidos de extrema derecha o xenófobos, a unos partidos antieuropeos, miedo a que estos partidos les roben la vaca que durante muchos años han estado ordeñando casi en exclusiva. De repente, les ha entrado la gran preocupación, la preocupación por ellos mismos, no por los ciudadanos. Ellos llevan muchos años gobernando los Estados miembros y gobernando a Europa al mismo tiempo. Los que gobiernan en Bruselas son los mismos que gobiernan en España o en Portugal o en Francia.

Bruselas ha tolerado que se recorten los capítulos sociales y no se toquen los gastos superfluos o se suban incluso las ayudas a los partidos políticos

¿Nos va la vida en estas elecciones europeas? ¿Es la vida de los ciudadanos o es el puesto o la elección de los propios políticos lo que está en juego? Parlamentarios que llevan años en sus poltronas europeas no se han percatado hasta hoy de que hace ya mucho tiempo que el edificio de la Unión Europea, sobre todo el edificio social, se viene derrumbando, sin que nadie más que los acusados de ilusos hayamos levantado la voz.

No es hora de culpar a la derecha o a la izquierda de la marcha que lleva Europa. Ni socialistas, ni democristianos ni liberales, los tres grupos más importantes en Europa, han dado la talla. Y ahora les entra la gran preocupación. Es hora de estar a la altura de la circunstancias y de aparcar diferencias para unir esfuerzos, si queremos salir de la crisis, que no es una crisis financiera o de los bancos. Es una crisis de democracia y de valores. Y ante esta crisis la postura de la izquierda ha sido tan pasiva como la de la derecha. No es hora de culpar al "electorado conservador" del descrédito de los políticos, como hace el eurodiputado J. López Aguilar en su último libro La socialdemocracia y el futuro de Europa. Tampoco tiene derecho a lanzar dardos contra el nacionalismo el representante europeo de un partido socialista que no sólo ha dado carta blanca al independentismo catalán o a la inmersión lingüística en catalán (recuérdese informe Graça Moura, del Parlamento Europeo, y la famosa enmienda de María Badía), sino que ha jugado un papel importantísimo en toda la evolución de la Unión Europea y que ha contribuido al fomento del nacionalismo tanto con la aprobación del Tratado de Lisboa, que consagra el control de las instituciones europeas por parte de los parlamentos nacionales, como en el desarrollo de un principio de subsidiaridad, que ha resultado ser un principio anacrónico y superfluo, pues no añade nada al simple concepto de democracia o va en contra del la marcha de la historia, que se dirige hacia la "aldea global", no hacia los reinos de taifas, como son no solo las autonomías españolas, sino también los Estados miembros de la UE.

Es sobre todo una crisis de democracia la que estamos sufriendo en toda Europa, pues se ha dado mucho más importancia a los mercados que a las personas

Y tampoco los democristianos o los liberales salen mejor parados, estos últimos votando a favor de la inmersión lingüística catalana, por el mero hecho de tener a políticos de CiU dentro de su grupo. Los intereses de ambos partidos han estado siempre por encima de los intereses del ciudadano. Y conviene recordar esto, especialmente en Cataluña, donde al parecer todo se resolverá cuando se pase esta ola independentista: la crisis que estamos padeciendo es mucho más que una crisis financiera y laboral y mucho más que una crisis de nacionalismo. Se trata de la misma crisis que afecta no sólo a Cataluña, sino a toda España y a toda la Unión Europea. La crisis de Cataluña no se resolverá mientas toda España no pueda mostrar un modelo atractivo de democracia. Y la crisis de España tampoco se resolverá mientras la Unión Europea consienta tanta corrupción y tanto despilfarro en España, y mientras las instituciones europeas no se hagan más democráticas y más abiertas al ciudadano.

La mayoría de los cambios que proponía Bruselas no se han llevado a cabo. Bruselas ha tolerado que se recorten los capítulos sociales y no se toquen los gastos superfluos o se suban incluso las ayudas a los partidos políticos –sí señores en plena crisis. Es sobre todo una crisis de democracia la que estamos sufriendo en toda Europa, pues se ha dado mucho más importancia a los mercados que a las personas. Qué lejos están las perspectivas del los acuerdos de Lisboa del año 2000, que preveían para el año 2020 una Unión Europea de pleno empleo, una economía basada en el conocimiento, en resumen la economía más competitiva del mundo.

Es lógico que el ciudadano europeo se sienta defraudado y esté desencantado de la idea de Europa, y entre los más desilusionados está el español. Nuestros políticos han hecho de Europa un coto cerrado, en el que no debe entrar ningún intruso, y para eso han modificado la ley electoral imponiendo a los nuevos partidos unas condiciones para poderse presentar a las elecciones al Parlamento Europeo mucho más duras p. e. que en Alemania. En este país, con una población que duplica la de España, para presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo son necesarios únicamente 3.000 avales, mientras que en España se precisan 15.000. ¿No han sido nuestros políticos parlamentarios los que han dictado esta ley electoral? ¿Acaso ha intervenido en esto la señora Merkel, a quienes algunos consideran el chivo expiatorio de todos nuestros males? ¿Por qué calla el Parlamento Europeo ante una discriminación por razón de la nacionalidad, cuando este tipo de discriminaciones están expresa y tajantemente prohibidas en el Tratado de la UE (art.18)?

¿Los responsables de la desgracia son los mismos que ahora nos van a salvar? Ellos son los que con su permisividad han permitido el desmantelamiento de la industria de los países menos ricos de Europa en beneficio del gran capital

Es el mismo fantasma el que recorre toda Europa: la falta de una auténtica democracia, en la que el ciudadano sea el factor principal. Un ciudadano desencantado ante la idea de Europa. El ciudadano no es el culpable de la degeneración de Europa, sino la víctima. Los que nos han gobernado durante las última décadas, esos son los responsables y los que deben empezar pidiendo perdón. ¿Los responsables de la desgracia son los mismos que ahora nos van a salvar? Ellos son los que con su permisividad han permitido el desmantelamiento de la industria de los países menos ricos de Europa en beneficio del gran capital, que se ha desplazado a unos países ecológica y socialmente más tolerantes.

Las instituciones europeas no pueden permanecer pasivas como hasta ahora, pues ellas son las principales responsables de la desilusión de los europeos. La Unión Europea es ahora más necesaria que nunca, una Europa que se preocupe de las necesidades de los ciudadanos y dedique todo su esfuerzo a la creación de puestos de trabajo dignos, no precarios, que no tolere el despilfarro de un solo céntimo y que empiece ella misma aplicándose medidas de austeridad. ¿Es lógico que tengamos embajadas por triplicado, embajadas de las regiones, embajadas de los países y ahora embajadas de la Unión Europea? ¿No serían suficientes las embajadas de la Unión Europea?

Es largo el camino que nos queda por recorrer por habernos desviado de la ruta. La Europa de la frustración debe ser de nuevo la Europa de las ilusiones. ¿Los programas que nos presentan los actuales partidos políticos lo lograrán? ¿Pero es que tienen algún programa sobre Europa?

VOX, un nuevo proyecto político
"Siempre deja la ventura una puerta abierta en las desdichas, para remedio a ellas”, M. de Cervantes
Miguel Massanet www.diariosigloxxi.com 16 Enero 2014

Existe un proverbio chino que dice así: “El dragón inmóvil en las aguas profundas se convierte en presa de los cangrejos”. Es obvio señores, y estos días pasados hemos tenido plena constancia de ello, que la situación interior en España es manifiestamente mejorable. No pasa día sin que los españoles nos levantemos con una nueva sorpresa, con un sobresalto que añadir a los acumulados de las jornadas anteriores, con una nueva muesca que marcar en el tronco del árbol de nuestras desgracias. El país empieza a quejarse de la inoperancia de sus políticos, ha perdido la confianza en quienes los gobiernan y se siente defraudado por el sistema de partidos ya que, ninguno de ellos, tanto el del Gobierno como el resto de los de la oposición; han sido capaces de dar la talla en unos momentos en los que, fuere por la crisis mundial, fuere por el mal gobierno de los socialistas de Zapatero; por las insidiosas maniobras de los separatistas; por las intrigas de los antisistema o por una cierta miopía del actual gobierno del señor Rajoy (obsesionado por el tema económico), que parece que prefiere dejar que el resto de problemas acuciantes que vienen afectándonos sigan su camino, en la confianza de que, el tiempo y Santa Rita de Casia, abogada de imposibles, lo solucionarán todo.

Lo que ocurre es que, la degradación de nuestra democracia está adquiriendo tintes tan sombríos que, muchos, nos empezamos a cuestionar si los que dirigen la nación viven en una especie de nube, en la más pura inopia o es que tienen miedo, no se atreven o dudan de sus capacidades, para enfrentarse a una situación que se va convirtiendo, a medida que transcurre la legislatura, en una verdadera amenaza para la estabilidad, la unidad, la convivencia entre españoles, la seguridad ciudadana, el mantenimiento del orden y el normal funcionamiento de las instituciones que, cada vez más, se convierten en el objetivo de aquellos cuyo objetivo es crear el caos, alterar el orden, destruir la convivencia y provocar enfrentamientos con las fuerzas del orden público; de lo que esperan conseguir crear una situación insostenible, propicia a la revolución izquierdista que, en nuestro caso, el de España, viene favorecida por ,las trapisondas del nacionalismo separatista que piensa que, una situación de inestabilidad de la nación, podría favorecer sus proyectos soberanistas.

En un comentario que hicimos hace unos días, mencionamos un anteproyecto, en sus primera etapas, de constitución de una nueva formación de carácter político, heredera de los valores, los principios, los ideales y las buenas maneras de Alianza Popular, libre de las servidumbres que, el PP del señor Rajoy, ha venido acumulando al incorporar a algunos miembros de su ejecutiva que, al parecer, no comulgan con el viejo ideario que reunió a unos millones de españoles bajo la batuta de don Manuel Fraga Iribarne. Los efectos de la doble moral que pretenden imponer estas personas, que actúan de topos dentro del partido del Gobierno, no han tardado en hacerse notar y así es que, los asombrados votantes del PP, hemos contemplado con pasmo como, en las discusiones que han tenido lugar con motivo del proyecto del señor Gallardón, sobre la Ley del Aborto, los ha habido que más parecían seguidores del señor Rubalcaba que miembros de un partido de evidente tradición cristiana.

No podemos dejar de sentir una inicial simpatía por el nuevo proyecto del señor Abascal y del señor Ortega Lara, que parece que ya se ha convertido en una realidad, por el que se crearía una nueva formación de carácter nacional, denominada VOX. La idea sería recoger a todos los desencantados del PP del señor Rajoy que, como rezan las más recientes encuestas, suman millones, y reconducirlos hacia un nuevo partido en el que se siguieran, se respetaran, se protegieran y se les diera impulso a todos aquellos ideales que hicieron que una multitud de votantes optara por el antiguo PP, para intentar contrarrestar lo que se ha demostrado ser una izquierda con distintos collares pero con idénticos propósitos laicistas, igualitarios, relativistas, doctrinarios y frente populistas; en definitiva, aquellos que hace apenas dos años nos llevaron al borde de la ruina y que, si se continúa transigiendo y aceptando que vayan avanzando en sus intentos, acabarían por convertir a España en un nuevo nido de comunistas, terroristas e independentistas, con lo que la unidad de la nación quedaría a merced de los sediciosos nacionalistas.

Sin embargo, sin querer insistir en las recomendaciones que hicimos en nuestro anterior comentario, a nadie se le oculta la dificultad que lleva inherente el que, a dos años de las elecciones legislativas, se tenga que dar a conocer, dejar evidenciados sus propósitos e ideales y las normas por las que se va a regir, una nueva formación; en unos momentos en los que el desencanto sobre los políticos ha llegado a cuotas nunca vistas. Sin duda que lo más urgente sería sumar, con la mayor rapidez posible, a figuras ilustres y capacitadas, sobradamente conocidas y de gran prestigio, que han demostrado últimamente no estar en sintonía con la forma de gobernar del actual ejecutivo. Cuantos más mejor, aunque ello suponga un plus de generosidad de quienes han tomado la iniciativa. Por encima de intereses personales y de egoísmo, es preciso que quien encabece el nuevo partido sea capaz de ganarse la confianza de sus futuros electores, que pueda presentar un currículo político y personal impoluto, lo mismo que se les debería exigir al resto de la junta directiva.

No se puede despreciar la cuestión económica lo que, en ocasiones, puede constituir un cierto handicap, porque la financiación no suele conseguirse sin contraprestaciones. Es impensable para una formación que se inicia, empezar debiendo favores a banqueros o mecenas que no sean miembros y no compartan, con el desprendimiento necesario, los valores que han inspirado a quienes han promovido el nuevo partido. Por supuesto que será una labor dura abrirse camino entre esta pléyade de partidos, la mayoría de ellos afectados por casos de corrupción, que no dejarán que la competencia les reste votantes; por lo que es de esperar que pongan todo su empeño en desprestigiar, ningunear, atacar y menospreciar a cualquiera que supongan que les va a restar protagonismo y, en este caso, el que más va a cargar las tintas en esta tarea va a ser, lógicamente, el partido del Gobierno, el PP.

Ahora nos queda conocer, cuanto antes, el ideario por el que se va a regir; su organización interna, sus estatutos y la fórmula democrática por la que se van a elegir los cargos directivos y la participación que en estas elecciones van a tener los ciudadanos de a pie. Es posible que fuera conveniente tantear a otros partidos marginales, de ideas parecidas, las posibilidades de participar en coalición en determinadas elecciones, como pudiera ser el caso de las Europeas, aunque, dada la proximidad de las mismas, es poco probable que esto pueda darse.

No sé las posibilidades de éxito que pueda tener este nuevo intento de acercarse a las bases y escuchar sus voces; pero lo cierto es que, si no se intenta, si no se corren riesgos y no se echa valor, nada en este Mundo se conseguiría. La intención es buena y no hay duda de que, a priori, es muy posible que se ganen la simpatía de muchos españoles asustados y desengañados de la actual clase política. Todo dependerá de la inteligencia y generosidad de quienes han iniciado este proyecto. O así es, señores, como veo este nuevo reto político.

¿Para qué sirve la ignorancia?
JESÚS LAÍNZ.- EL DIARIO MONTAÑÉS 16 Enero 2014

María Antonia Trujillo ha lanzado al ciberespacio la pregunta '¿Para qué asuntos importantes sirve saber catalán?'. Con ello la exministra socialista continúa la asentada tradición de la izquierda española, siempre en pos de su utopía desarraigada, de desprecio hacia las lenguas regionales. En 1899 el periódico socialista vizcaíno 'La lucha de clases' clamaba por «un gobierno que acabe con todos los dialectos y lenguas diferentes de la nacional». Veinte años más tarde, 'El Liberal', órgano oficioso del socialismo vasco, consideró al vascuence «un idioma vacío, sin ideas y sin espíritu; más parece lengua para uso de irracionales.

Algunos egregios literatos, como Baroja y Unamuno, lo proclamaron inútil para la creación literaria y científica y el republicano Pérez Galdós mostró parecido menosprecio por una lengua que juzgaba inarmoniosa y que equiparaba al «ruido que se produce raspando con una lima los dientes de una sierra».

En cuanto a la lengua catalana, escribió Galdós a Narcís Oller que «es tontísimo que escriba usted en catalán Ya se irán ustedes curando de la manía del catalanismo y de la Renaixença». El mismo error cometió, esta vez en sentido contrario, Puig i Cadafalch al declarar al castellano «lengua inútil para la vida intelectual y moderna». Pero mientras políticos e intelectuales del progresismo de aquellos días acuñaban frases como éstas, insignes representantes de la carcundia como Menéndez Pelayo, Pereda, Nocedal y Vázquez de Mella se distinguían por su defensa de las lenguas regionales.

Regresando a Trujillo, aparte de que el catalán, lengua de antiguo y excelso cultivo literario, sirve para disfrutar de los prodigiosos versos de Verdaguer, también les sirve a millones de catalanes para hablar, escribir, pensar y soñar, y nadie, ni individuo ni partido ni gobierno, tiene nada que decir al respecto. ¿Tan difícil es dejar a la gente en paz?

Si al que suscribe se le afease emplear la lengua que aprendió en la cuna, no tardaría ni un minuto en apuntarse al separatismo

¿Una internacional identitaria y populista? (8)
Fernando José Vaquero Oroquieta latribunadelpaisvasco.com 16 Enero 2014

Los partidos populistas europeos, según venimos viendo, nacidos en una sociedad nacional y un momento histórico muy precisos, ¿pueden alcanzar una proyección internacional?, o, al menos, ¿pueden articularse supranacionalmente? Aproximémonos a esta perspectiva.

Por analogía con las prácticas de la izquierda, el término “internacional” se ha extendido a todo el arco político en la mayor parte del mundo civilizado. Así, existen internacionales de centro (antes, democristianos), liberales, verdes, etc. Y también existen a nivel europeo y de otros espacios continentales.

Sus orígenes, remontándonos al siglo XIX, fueron el anarquismo y el marxismo (socialistas y comunistas). La Primera Internacional agrupó anarquistas y comunista, denominándose Asociación Internacional de Trabajadores (AIT); sigla que todavía mantiene la anarcosindicalista y española a su pesar CNT-AIT. La Segunda Internacional nace en 1889 a partir de laboristas, socialistas y socialdemócratas (denominación que incluía a los comunistas). En 1919 Lenin funda la Tercera Internacional comunista. Trotski fundará la cuarta Internacional en 1938. Sus diferencias, que vistas desde el exterior, pudieran parecer mínimas, fueron excusa para masacrarse entre sí, prevaleciendo en esas luchas los más decididos y despiadados; es decir, los comunistas bolcheviques. Así sucedió, por ejemplo, en la Rusia revolucionaria, siendo aniquilados los anarquistas ucranianos o los social-revolucionarios rusos; entre otros muchos. O en la España del Frente Popular, siendo eliminados los semi- trotskistas del POUM, y la CNT en Cataluña en buena medida.

Tal era el apego al concepto de “internacional” en buena parte de esas izquierdas, que todavía pueden rastrearse en libros, otros escritos, y documentos visuales, la denominación, por ejemplo, de Partido Comunista (sección española); y sin ir muy lejos, el socialismo francés se llamó hasta hace unas pocas décadas Sección Francesa de la Internacional Obrera (SFIO).

Por su parte, los partidos en el poder de los países integrantes del Eje, previamente a la Segunda Guerra Mundial, tejieron alianzas de corta duración con partidos políticos afines, lo que en algunos casos supuso -ulteriormente- la instalación en los países ocupados de gobiernos colaboracionistas, de corta duración en general.

En la actualidad, caído el Muro de Berlín, sobreviviendo el comunismo, travestido en capitalismo de Estado puro y duro en China, Cuba e Indochina, las organizaciones que se arrogan la representatividad de la clase obrera como vanguardia de un nuevo mundo constituyen un galimatías de siglas y organizaciones nacionales e internacionales de todo tipo que requiere toda una tesis doctoral para aclararse. Por lo que respecta a Europa, el anarquismo permanece muy minoritario, sin apenas incidencia sindical; el socialismo atraviesa una crisis de identidad y liderazgo, pero mantiene su instrumento del Grupo Parlamentario en Estrasburgo del Partido Socialista Europeo que agrupa a los partidos continentales así denominados; los comunistas y ex-comunistas, por su parte, se agrupan bajo diversas denominaciones nacionales y allí se articulan los de mayor dimensión y vocación parlamentaria en el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea; la nueva izquierda ecologista lo hace, a su vez, en el Grupo Los Verdes/Alianza Libre Europea.

Democristianos y liberales fueron los siguientes, tras la Segunda Guerra Mundial, en agruparse en organizaciones de ámbito internacional.

En el ámbito del neofascismo, Joven Europa, organización internacional fundada por el belga Jean Thiriart, y que mantuvo una pequeña representación en España, marcó un antes y un después. Editorial Mateu, de Barcelona, publicó en 1965 su libro ¡Arriba Europa! Una Europa unida: un imperio de 400 millones de hombres. Sus 354 páginas siguen siendo fuente de inspiración para su variada legión de seguidores (no pocos de ellos terminaron en organizaciones prochinas y radicales de izquierda, por ejemplo en Italia) e imitadores, o una joya bibliográfica para lectores sin prejuicios.

También se dieron algunos intentos de articulación de fuerzas nacionales genéricamente anticomunistas, caso de la Liga Mundial Anti-Comunista (WACL) nacida en 1966 en Taipéi a partir de varios socios de extremo-oriente y a la que se adhirieron, como miembros u observadores, aliados tan variados como el MSI o el fundador de la Iglesia de la Unificación, el polémico reverendo surcoreano Nyung Sun Moon.

Y en el campo de la derecha nacional, concepto utilizado en los años 70 del pasado siglo, se articularon algunas formaciones de Italia, Francia y España, que dieron lugar a la Eurodestra; primer intento de penetración nacional-populista de alcance supranacional en el Parlamento Europeo.

En los últimos quinquenios, junto a este inicial sector de partidos de derecha nacional florecieron otros populistas -algo más moderados y ajenos de los modelos asociados a las derrotadas y criminalizadas potencias del Eje-, caracterizados por el conservadurismo y el euroescepticismo; materializándose así las dos vías políticas que pudieran incluirse en el ámbito de la derecha populista europea y que hasta la actualidad, en cambiantes y sucesivas coaliciones electorales, pugnan por reconfigurarse. Todavía hoy…

Partiremos de dos constataciones:

1. “Internacional”, a priori, es contradictorio de populista: por la naturaleza nacionalista, revanchista en muchos casos, centrífuga y de protesta, de los populismos; articulándose básica e inicialmente “en contra de” en lugar de “a favor de”. Ello explica la volatilidad de las sucesivas coaliciones internacionales; determinando su evolución el predominio numérico de una u otra fuerza nacional, fuera el MSI en su día, el Frente Nacional de los Le Pen, o el UKIP.

2. La adhesión a una “internacional”, por parte de los grupos españoles, no les ha acarreado un “plus” electoral traducido en votos. Así: la Eurodestra no consiguió que Fuerza Nueva entrara en Europa. Ni la Alianza Europea de Movimientos Nacionales ha permitido un mayor crecimiento al español Movimiento Social Republicano. O recordemos el caso de Alternativa Española, a la que el apoyo del eurodiputado conservador y euroescéptico británico Daniel Hannan -quien pidiera el voto de los 800.000 británicos residentes en España para AES- no supuso réditos electorales significativos; sino, más bien, críticas por haberse vendido a la “pérfida Albión”.

Veamos sumariamente la evolución del populismo de derechas europeo en sus dos polos o áreas: las derechas nacionales y los euroescépticos.

+ Polo Derecha Nacional
En abril de 1978 se constituye la alianza política denominada Eurodestra, en el que confluyeron el Movimiento Social Italiano (MSI) de Giorgio Almirante, Fuerza Nueva (FN) del español Blas Piñar, el francés Partido de las Fuerzas Nuevas (PFN, una de las dos formaciones derivadas de Ordre Nouveau, la otra sería el Frente Nacional de Le Pen) liderado por Jean-Louis Tixier-Vignancour, y el griego EPEN. En las elecciones al Parlamento Europeo de 1979, únicamente el MSI consiguió representación: 4 escaños.

Celebradas nuevas elecciones al Parlamento Europeo en 1984, el MSI consigue 5 escaños, a los que se unirían un diputado electo por Grecia del EPEN y los 10 escaños franceses (¡sorpresa!) del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen. Así se constituye el Grupo de las Derechas Europeas con 16 diputados. En 1985 se integraría en el Grupo un parlamentario del Partido Unionista del Ulster.

En las elecciones europeas de 1989, el Grupo de las Derechas Europeas perdió la representación del Partido Unionista del Ulster y la del griego EPEN. El Frente Nacional, buscando nuevas alianzas, rompe con el MSI, que rechaza la alianza con Los Republicanos alemanes (Die Republikaner, REP, de Franz Schönhuber), por la cuestión territorial de Tirol del Sur y su xenofobia, y abandona el Grupo. El 25 de julio de 1989, el Frente Nacional francés, el REP alemán (en su mayor y efímero éxito electoral de la ultra alemana en la posguerra) y el belga –perdón, nacionalista flamenco- Vlaams Blok forman el Grupo Técnico de Derechas Europeas.

En las elecciones europeas de 1994 los republicanos alemanes no superaron la barrera del 5% y el FN francés se integra en consecuencia en el grupo de no inscritos.

El 9 de octubre de 2005 una veintena de partidos, la mayoría fuera del Parlamento Europeo, crean una nueva alianza política, que no grupo parlamentario, denominada Euronat-Por nuestro Patrimonio y la Libertad: Frente Nacional francés, el italiano Fiamma Tricolore, los Demócratas suecos, el español Democracia Nacional, el Partido Nacional Británico, etc.

El 9 de enero de 2007 se crea el grupo parlamentario europeo Identidad, Tradición, Soberanía, con 20 parlamentarios de siete Estados miembros: Frente Nacional (con Bruno Gollnisch de presidente del nuevo Grupo, Jean-Marie y Merine Le Pen, entre otros), Alternativa Social de Italia, el FPÖ de Austria, Fiamma Tricolore de Italia, el Vlaams Belang, el Partido de la Gran Rumanía, el Attack búlgaro, junto al británico Ashley Mote (antiguo diputado del euroescéptico UKIP). Pero el 15 de noviembre de ese mismo año el Grupo se disuelve al perder la cuota mínima de 20 diputados que exige el Parlamento Europeo, a causa de la salida de los 5 eurodiputados rumanos del Partido de la Gran Rumanía por un incidente verbal ocasionado por la tan bella como inoportuna y locuaz ex-playmate Alessandra Mussolini….

El 24 de octubre de 2009 se formó en Budapest la Alianza Europea de Movimientos Nacionales (AENM). Sus miembros fundadores fueron: Frente Nacional francés, el Jobbik húngaro, el BPN inglés, el Frente Nacional belga, Fiamma Tricolore, el Partido Nacional Renovador de Portugal, los Nacional Demócratas suecos, Svoboda de Ucrania. En una reunión celebrada en Estrasburgo los días 19 y 20 de enero, en la sede del Parlamento Europeo se acordó la entrada del español Movimiento Social Republicano (MSR).

Como última incidencia relevante de esta nueva Alianza, señalar que el pasado 17 de diciembre de 2013 se celebró en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas la Asamblea General ordinaria de AENM. Dada la nueva orientación en sus alianzas europeas del Frente Nacional de Marine Le Pen, el miembro del mismo Bruno Gollnisch dejó la presidencia de la Alianza, siendo elegido en su lugar Béla Kovács, diputado por Jobbik en el Parlamento Europeo. Como novedad, acudieron representantes de dos partidos polacos: Samoobrona (Autodefensa), y Falanga. Permanece en la alianza el franco-suizo Olivier Wyssa, antiguo diputado regional por el FN francés. Según informó Tribuna de Europa, el representante español por el MSR, Jordi de la Fuente, afirmó que «Queremos presentarnos a las elecciones europeas, bajo la misma sigla europea, para dar a conocer nuestro movimiento a nivel nacional y preparar las futuras elecciones municipales».

+ Polo euroescéptico
Al margen de las familias políticas europeas tradicionales (socialistas, comunistas, democristianos, conservadores, liberales, postcomunistas y verdes), se fue configurando, aunque más tardíamente, otro nuevo espacio dentro de la plural escena de las derechas populistas, caracterizado por el euroescepticismo, el conservadurismo político y el nacionalismo, manteniendo sucesivas denominaciones; pero alejado de otras expresiones más radicales.

Entre los años 1994 a 1996 fue el grupo parlamentario en Estrasburgo Europa de las Naciones (EN/EDN). En su fundación se integraron 19 escaños, a saber: el Movimiento por Francia de Philippe de Villiers (13 escaños), el holandés Partido Político Reformado (calvinistas, 2 escaños), el danés Movimiento de Junio ​​(2 escaños), y el Movimiento Popular contra la UE (2 escaños).

En 1996 cambia el nombre por Independientes por la Europa de las Naciones.
En 1999 genera un nuevo grupo: Europa de las Democracias y las Diferencias.

En 2004, al incorporarse nuevos Estrados, vuelve a cambiar su nombre por el de Independencia y Democracia con los siguientes partidos: Movimiento de Junio (Dinamarca), Caza, Pesca, Naturaleza y Tradiciones (de Francia, en la española Navarra existió por unos meses…), Combatientes por la Soberanía (Francia), Christen Unie-SGP (calvinistas de Holanda), UKIP o Partido por la Independencia del Reino Unido, Liga de las Familias Polacas y Liga Norte (expulsado en 2006 por las polémicas de Calderoni con el asunto de las caricaturas a Mohama en el Jyllands-Posten).

Tras las elecciones europeas de 2009, el UKIP (13 escaños), el Libertas-MPF (1), la griega Agrupación Popular Ortodoxa (LAOS) con 2 escaños y el holandés Partido Político Reformado (SGP) con 1 escaño, forman el 1 de julio un nuevo grupo: la Europa de la Libertad y la Democracia. Se integrarían también: Liga Norte (9 escaños), Partido Popular Danés (2), Verdaderos Finlandeses (1), Partido Nacional Eslovaco (1), Orden y Justicia de Lituania (2). En total 32 escaños de 10 Estados. También participarían otras formaciones: por ejemplo, Polonia Solidaria, Amo Italia y la española Plataforma por Cataluña (sin representación en Estrasburgo).

Con tales antecedentes, ahora mismo son tres los sectores que pugnan por este espacio de la derecha populista europea:

- Los euroescépticos encabezados por el británico y más moderado UKIP y la Liga de Familias Polacas. El socio español, Plataforma por Cataluña, ha anunciado que no se presentará a las próximas elecciones europeas.

- El Frente Nacional, procedente de la AENM, y el holandés Partido de la Libertad, de Geert Wilders, en busca de respetabilidad y, para ello, de nuevos aliados; para sumar más de 25 escaños imprescindibles en la creación de un nuevo grupo. Han tendido puentes, en sus presentaciones públicas, hacia el Partido Popular Danés, la UKIP, la Liga Norte y el Vlaamn Belang flamenco. En suma, tratarían de desplazarse desde la anterior estructura, algo más radical, hacia unos parámetros más moderados. Si desembarca en el primer grupo de euroescépticos o se genera un tercer espacio populista, ya se verá. De momento carecen de socio español; si bien en algunos medios digitales, como Diario Liberal, se viene hablando al respecto de Alternativa Española y sus socios.

- Asociación Europea de Movimientos Nacionales, que contaría con los numerosos escaños radicales húngaros de Jobbik. Pero, otra cuestión, ¿Qué pasará con Amanecer Dorado, los paganos, seminazis y nihilistas griegos? ¿Irían por libre, o se integrarían en la AENM? En cualquier caso, el socio español preferente parece claro: el MSR, dadas sus tradicionales relaciones de amistad recientemente revalidadas.

En este contexto internacional -cambiante y con numerosas incógnitas respecto a sus resultados y ulterior reconfiguración- la inmensa mayoría de grupos españoles, que hemos mencionados en las dos entregas correspondiente a la visión panorámica de la derecha populista española, quedan fuera de una posible articulación internacional; si bien la cuestión es un tanto menor por la reiterada falta de incidencia de tales posicionamientos en las sucesivas cosechas electorales.

Por supuesto, podrían narrarse más detenidamente las peripecias de los líderes de diversos grupos españoles por Europa en busca de apoyos, afines y referencias a lo largo de -casi- las últimas cuatro décadas. De todo ello se habla en diversas revistas impresas del área, ya desaparecidas, como Tribuna de Europa (portavoz de Alternativa Europea, antecedente del MSR) e Identidad (editada, entre otros, por Ernesto Milá). Y entre los protagonistas de tales experiencias destacaríamos a Alberto Torresano, autor de innumerables viajes, contactos y crónicas al respecto. Por nuestra parte, creemos haber reseñado sintéticamente los aspectos más relevantes.

Ya hemos mencionado a Jean Thiriart como un renovador de las categorías ideológicas del neofascismo de posguerra. Otro sería el italiano Julius Evola, quien, entre otras muchas novedades, introdujo la diferencia entre táctica y estrategia, desde una perspectiva tradicional. Y, en línea del anterior, al español Ernesto Milá le cabe el mérito de haber realizado algunos de los escasos textos autocríticos del área, proponiendo ya en 1984 que la derecha radical española precisaba de una estrategia y una táctica que, rechazando el “golpismo” propugnado por algunos sectores por aquellos años, trabajara a largo plazo, creando espacios de “contrapoder”, consolidando un liderazgo operativo, unas nuevas modalidades de militancia sectorial y dotándose de unos medios materiales. Así, en su texto “Ante la disolución de Fuerza Nueva: el por qué de una crisis” concretaba las carencias del área en: ideológicas, la crisis endémica de su clase dirigente, la indeterminación de los objetivos políticos, la inexistencia de una estrategia adecuada al carecer de los anteriores y, a resultas de ello, las deficiencias tácticas inevitables que anularon los modelos organizativos precedentes…. y los que les siguieron. Sirva este párrafo como enlace de éste y presentación del próximo artículo que titularemos “Estrategias populistas para España (9)”; penúltima entrega de esta serie.

La derecha populista europea se organiza (1)
http://latribunadelpaisvasco.com/not/639/la_derecha_populista_europea_se_organiza__1_/
Una derecha muy diversa (2)
http://latribunadelpaisvasco.com/not/655/una_derecha_muy_diversa__2_/
La larga marcha de la extrema derecha española (3)
http://latribunadelpaisvasco.com/not/685/la_larga_marcha_de_la_extrema_derecha_espanola__3_/
Una derecha populista española fragmentada (4)
http://latribunadelpaisvasco.com/not/704/una_derecha_populista_espanola_fragmentada__4_/
¿Otros populismos en España?: identitarios/antiinmigración, moderados, conservadores (5)
http://latribunadelpaisvasco.com/not/754/proyeccion_social_de_la_derecha_populista_espanola__institucional__sectorial__sindicalismo__accion_social__memoria__brotes_verdes__6_/
Proyección social de la derecha populista española: institucional, sectorial, sindicalismo, acción social, Memoria, brotes verdes (6)
http://latribunadelpaisvasco.com/not/754/proyeccion_social_de_la_derecha_populista_espanola__institucional__sectorial__sindicalismo__accion_social__memoria__brotes_verdes__6_/
Derecha populista española: cultura, editoriales, revistas, música, militaria, internet y ciberactivismo (7)
http://latribunadelpaisvasco.com/not/789/derecha_populista_espanola__cultura__editoriales__revistas__musica__militaria__internet_y_ciberactivismo__7_/

******************* Sección "bilingüe" ***********************

ensayo
La injusticia lingüística para la secesión catalana o vasca *
Aurelio Arteta.  www.fronterad.com  16 Enero 2014

La secesión de España es el objetivo político nacionalista tanto en Cataluña como en Euskadi. Al no contar con respaldo ciudadano suficiente, en otras comunidades (la valenciana y balear, la gallega y la navarra) esa deriva se produce en grado bastante menor. Para alcanzar semejante meta, y dado su carácter de nacionalismos lingüísticos (es decir, los que elevan a seña diferencial o identitaria la llamada “lengua propia” de un territorio), tienen como palanca principal la política lingüística. Esta política de “construcción nacional”, junto a otras, ha mostrado desde el inicio de la Transición ese propósito, ha ido fraguando la anti-España. Por tanto, puestos a calcular sus costes, habrá que referirse a los acumulados a lo largo del pasado y del presente, y no sólo los futuros más o menos previsibles y que empezaríamos a pagar a partir de la hipotética secesión. Son costes ya satisfechos por adelantado. En suma, son costes para o con vistas a la secesión. La política lingüística de los nacionalistas es tanto productora como producto creciente de esa voluntad de separarse de España.

Son los costes de una política de imposición, o incluso de elección (como se explicará en el epígrafe II), de la denominada lengua propia cuando no coincide con la propia lengua. Y esos costes, por cierto, no son sólo ni primordialmente costes lingüísticos, sino de muy diferentes clases.

Los costes de una política lingüística después de una hipotética secesión de las comunidades bajo mayoría nacionalista serían, cabe suponer, la exacerbación de los costes anteriores a la secesión. Lo que significa: a) en materia educativa, una inmersión más acentuada y, en consecuencia, una mayor imposición para los castellanohablantes; b) restricción del mercado lingüístico (y por eso también cultural, intelectual y económico), a menos que exista un bilingüismo de hecho. Esto último es previsible, por más que el catalán o el euskera tendrían prevalencia como la respectiva lengua oficial del nuevo Estado. Si la opción política escogida fuera alguna forma de federalismo, serían de prever unos costes derivados de la política lingüística aproximadamente iguales a los previstos para el caso de la secesión. Sobra añadir que, si antes de una hipotética secesión esos costes ya son distintos en Cataluña que en Euskadi, por el distinto grado de implantación de su “lengua propia”, otro tanto valdría para después de ese futurible.

I. Dimensiones de la injusticia lingüística
Los costes de una política nacionalista al servicio de la secesión se dejan ver como mínimo en cinco dimensiones básicas.

1) La siembra de falsos principios normativos
El principio clásico nacionalista proclama que las naciones gozan del derecho a su soberanía política, a lo que el nacionalismo lingüístico añade que la lengua es la primera forjadora de una nación. Pero lo cierto es, de una parte, que tenemos una lengua común y, de otra, que la presencia del catalán, euskera y gallego entre sus poblaciones resulta insuficiente o muy escasa. De manera que sus respectivos nacionalismos coinciden en predicar este silogismo práctico más o menos explícito: “Para ser una nación y fundar así nuestro derecho a convertirnos en Estado, es preciso recuperar (o propagar o inventar) nuestra lengua”. Premisas y conclusión son normativamente infundadas, pero el silogismo resulta harto efectivo. Todo hace pensar, sin embargo, que muchos ciudadanos españoles y sus representantes políticos aún no han reparado ni en la presencia de ese razonamiento subyacente ni en su eficacia fraccionadora.

Si éste parece un principio último, pero por lo general latente, otros resultan bien expresos en las reflexiones públicas que se permiten los responsables de las políticas lingüísticas. El más burdo podría ser el de la normalización, según el cual, en lugar de reconocer la lengua que es de uso normal o mayoritario en esa comunidad, la política lingüística nacionalista pretende transformar por cualquier medio en normal el conocimiento y uso de la lengua minoritaria o anormal. Un especialista ha escrito que “se ha introducido el objetivo no sólo de garantizar los derechos de los hablantes, sino, además, de crear nuevos hablantes, de que las lenguas distintivas de las CCAA crezcan y sean cada vez más importantes en sus territorios respectivos. No sólo se trata de proteger lo existente, sino de transformar la realidad” (A. López Basaguren, 2010-2011: 9-10, cursivas mías, A. A). El pasado más o menos mítico de la lengua debe someter e incluso suplantar al presente; o bien lo que fue el uso simplemente antiguo, hoy muy menguado en ciertas Comunidades, se interpreta como si fuera tradicional, o sea, como si llegara hasta el momento actual y demandara por ello su derecho a pervivir. Los muertos mandan sobre los vivos.

En otros casos el nacionalista se refiere a los presuntos derechos de la Lengua, del Pueblo o del Territorio. Se atribuye entonces a estos entes abstractos la condición de verdaderos sujetos de derechos, dotados de capacidad para imponer obligaciones a los individuos singulares. Los nacionalistas amplían el viejo catálogo de alienaciones a base de insuflar vida personal a sus propias obras –aquí, la lengua– para a continuación obligar a someterse a ellas. Lo malo es que el argumento ha calado también en muchos ajenos al nacionalismo. Más todavía, lo que encarna una doctrina reaccionaria que privilegia la etnia particular sobre la universal ciudadanía, la tradición por encima de la justicia, etcétera, ha logrado persuadir en general a la sociedad española de la ecuación entre nacionalismo y progresismo.

En estos tiempos en que se festeja la pluralidad a tiempo y a destiempo, se pondera también en favor de la “lengua propia” el valor de la diferencia, la riqueza de la diversidad. Con la fuerza de una tesis indiscutible, no se aclara en qué radica ese valor ni cómo y cuánto enriquece ni a costa de qué otros ideales colectivos. Todo lo diverso siempre es bueno ya sólo por ser diverso, no por ser bueno. También la variedad de lenguas es por sí misma algo valioso, digna de conservarse y exige del individuo su disposición a defenderla. Frente a la lengua común en una comunidad, la lengua de algunos vale ya por ser distinta y requiere además el aprendizaje de todos.

De un lado y de otro, se viene en fin a converger asimismo en el prejuicio de la igualdad de las lenguas y, en caso de desigualdad del número de sus hablantes, en el deber político de discriminación positiva a favor de las lenguas de menor presencia social. Las autoridades lingüísticas repiten sin cesar que la relación entre castellanohablantes y catalanohablantes o vascohablantes sigue estando “descompensada” y cifran su meta en lograr un “bilingüismo equilibrado”. Es otro principio normativo aceptado en nuestro país por bastantes, pero nacido de las entrañas del nacionalismo lingüístico y que tiene a éste como su mayor beneficiario. Pero el caso es que la disparidad numérica de hablantes de las lenguas no entraña por fuerza injusticia alguna ni está escrito que haya un deber moral o democrático de repararla. Injusticia sería que a los hablantes no se les reconociera el derecho a servirse de su propia lengua, que se les impusiera otra o que se discriminara entre los derechos de los hablantes de una lengua y de otra. Siendo todas las lenguas iguales en sus funciones comunicativas, serán sus hablantes –dentro de sus circunstancias históricas– quienes las hagan más o menos extensas, las adopten o no como lenguas literarias, las introduzcan o no en el mercado...[1].

Es probable, pues, que por debajo de aquel prejuicio esté operando una confusión entre las desigualdades causadas por alguna injusticia social o política lo bastante reciente –como para que subsista el recuerdo y la reversión sea posible o tenga sentido– y las que no proceden de atropello alguno o éste fuera muy lejano. Habrá que subsanar y corregir las primeras, pero a las otras desigualdades, salvo excepciones, hay que dejarlas estar. No en vano el principio que debe guiar la justicia lingüística es el de la adecuación a la realidad sociolingüística [2].

2) La implantación de sentimientos colectivos infundados
Nuestros nacionalismos insisten aviesamente en traducir la expresión “least used languages” (“lenguas menos usadas”, así las denominan los organismos internacionales) como “lenguas minorizadas” o, lo que es lo mismo, premeditadamente disminuidas a resultas de haber sido perseguidas o prohibidas desde el poder del Estado. Contra esa discriminación negativa de la que fue presunto objeto, se justifica la actual discriminación positiva que defiende el nacionalista[3]. Pero el caso es que su progresivo decrecimiento no responde a caprichosos decretos de algún gobernante malévolo, sino en su origen a necesidades administrativas para regir un Estado y después a factores tan impersonales como el tránsito de una sociedad agraria y rural a otra industrial, urbana y de mercado, cuando no al hecho de que el español pronto se convirtió en la lengua de la mayoría o lengua común.

No importa. El nacionalista siempre está en trance de inventar la historia o de corregirla en lo que no concuerda con sus dogmas. Esa falsa conciencia de persecución, incluso con riesgo de extinción de la lengua propia, origina en quienes comulgan con tales premisas un indudable sentimiento de pesar ante la pérdida de la lengua de los antepasados. O bien de odio hacia quienes supuestamente se la arrebataron y a quienes reputamos como sus descendientes. Y con él, claro, una voluntad de venganza y un deber de recuperación de la lengua venida a menos. Triunfa un victimismo que aboca en el desafío abierto al estado de derecho cuando éste emite sus normas y sentencias en materia lingüística. Es el caso de Cataluña, donde el ciudadano es testigo de cómo el nacionalismo local –con su terca desobediencia– socava la autoridad legítima de las más altas instituciones políticas.

La otra cara del fenómeno es que así se alimenta también una visible conciencia de culpa en la mayoría de miembros de una Comunidad por no hablar su lengua propia, o no leerla, ni escribirla ni entenderla. A mayor lejanía de la lengua local respecto de la común, más nutrida será la población que vive de espaldas a la lengua local, pero conviviendo a diario con rótulos, impresos, topónimos, folletos, etcétera, escritos en esta lengua. A esta avergonzada mayoría le toca entonces vivir en un permanente disimulo, haciendo como si necesitara una lengua que no necesita y comprendiera lo que no comprende, cuando le bastaría con la lengua conocida y hablada por todos sus conciudadanos. O la hipocresía le fuerza a una constante petición de disculpas por no dominar una lengua en que bien pocos se expresan allí donde reside. Pero, al fingir plegarse a lo políticamente (o sea, nacionalmente) correcto, comienza ya a pagar un obligatorio “peaje lingüístico”.

Ese peaje puede llegar muy lejos; puede exigir hasta el sacrificio de los propios hijos para liberar a los padres de toda sospecha entre los vecinos o del cargo de desidia en esta materia. Las lenguas vernáculas sólo las saben o emplean algunos ciudadanos en sus propias comunidades, en unas más y en otras menos o mucho menos (esto último, en Álava y Navarra). En el caso máximo, no más del 35 % en Cataluña; en el mínimo, 18% en Euskadi y no llegan al 8% en Navarra[4]. Ahora bien, en la educación pública, la inmersión lingüística somete a todos los alumnos catalanes casi sin excepción y, entre los alumnos vascos, el 11 %, el 23 % y el 65 % estaban matriculados respectivamente en el modelo A (en castellano), en el B (bilingüe) y en el D (en euskera) durante el curso 2011-12. Pero en el 2013-14 entre los nuevos escolares se produce el ascenso imparable del modelo D (77,73 %) y la supervivencia puramente residual del modelo A (3,05 %). ¿Cómo se explica semejante desproporción entre el escueto número de conocedores o usuarios de esas lenguas entre la generación anterior y el número de alumnos hoy matriculados en esos modelos? A primera vista, se atribuiría a aquellos sentimientos que incuban la conciencia de culpa, además de la esperanza en la mayor probabilidad de acceder al mercado de trabajo y la confianza de que la lengua común se aprenderá gracias al influjo ambiental. Pero creo que debe ponerse por delante como un factor principal el temor al aislamiento por el que la opinión pública, a través de la presión grupal, va reorientándose y conformando nuevas mayorías (E. Noelle-Neuman, 1995)[5].

3) El sufrimiento de muchos
Vamos a concentrarnos sobre todo en el sufrimiento causado a niños y adolescentes a lo largo de su enseñanza, tanto mayor cuanto menor parecido guarde con la lengua común y el modelo de enseñanza apenas admita el castellano, y más todavía si se trata de una lengua de escaso o nulo empleo en su comunidad. Entonces, por imposición legal de su Gobierno o decisión de sus padres, muchos de esos escolares (a veces, todos) estudian en una lengua que no es la suya, ni de su familia, ni –en todo caso– la mayoritaria en su ambiente; en definitiva, en una lengua que no requiere en su vida ordinaria. Se desdeña la directriz pedagógica central, avalada por la UNESCO, que recomienda la escolarización del alumno en su lengua materna. He ahí un sacrificio inútil, o artificioso, o demasiado costoso y, a fin de cuentas, sólo explicable desde la propaganda gubernamental o la promesa de mayores expectativas de obtener un puesto de trabajo. Cabe imaginar la sensación de extrañeza e impotencia de hijos y padres, a la hora de cumplir los deberes escolares en casa.

El detrimento de la calidad de la enseñanza y del rendimiento escolar se pone de manifiesto cuando el propio Gobierno Vasco pide que los alumnos seleccionados para presentarse a las pruebas conducentes al Informe PISA las hagan en su lengua materna. La distancia o contradicción entre lengua real y lengua de enseñanza de la mayoría salta entonces a la vista. El 86,4 de los presentados en el año 2010 a esas pruebas las hacen en castellano, su lengua materna o usual, y el 13,6 en euskera, pese a que la gran mayoría cursan sus estudios en esta última lengua. Más revelador todavía es que, del alumnado del modelo D (todo en euskera), el 73,3 % prefirió responder en castellano y el 26,7 % optó por el euskera (El Mundo, 7 de diciembre, 2010).

Todo ello lo corrobora el mismo Consejo Escolar de Euskadi en 2012 al concluir que los modelos que agrupan a más del 90% de los estudiantes y que enseñan el grueso de las asignaturas en euskera, alcanzan un “bajo nivel competencial” en este idioma. Y ese escaso dominio del euskera, naturalmente, “influye en el aprendizaje de las materias impartidas en esa lengua”. Una cifra complementaria recogida del mismo informe (El País del País Vasco, 20 de enero, 2012): el 70% del alumnado no sabe el euskera en el momento en el que accede al sistema, por más que de media el 60% de las materias se enseñan en esa lengua (en el modelo D, todas salvo el castellano). En este punto más aún puede decirse de Cataluña. Y por eso se ha llegado a achacar a la Generalitat con pleno fundamento “que se sirve de los alumnos para implementar su proyecto político” (M. Vilarrubias, 2012: 118). Son costes sociales y morales que, como se ha denunciado, surgen cuando se usa a los individuos para promover un interés grupal. “Deberíamos mantenernos especialmente alertas a tales costes cuando vayan a recaer en los niños” (Th. Pogge, 2003: 121-122).

Pero, en el caso de Euskadi (y es de suponer que en todas las comunidades con lengua propia) no hay que limitar ese doloroso abuso al infligido a los chicos a lo largo de su período escolar. Hay que extenderlo también a todos los empleados públicos. En la convocatoria del año 2011, suspendieron nada menos que el 91,2 % de los funcionarios que se presentaron para acreditar su nivel de euskera; y, de quienes lo aprobaron, la mayor parte sólo acreditaron el perfil más bajo de los cuatro posibles. La mayoría de ellos estaban liberados parcial o totalmente de su trabajo, aunque son muchos los que tardan bastantes años en superar esta evaluación y, peor todavía, con una elevada probabilidad de no verse obligados jamás a emplear esa lengua en sus quehaceres administrativos (El Correo, 19 de enero, 2011). Pero la amenaza de perder su puesto en la Administración siempre está al acecho y por desgracia se ha cumplido para muchos funcionarios (por ejemplo, profesores) que han debido abandonar el País Vasco.

Vengamos por último a mostrar otra indudable molestia, unida a la humillación, que estas políticas lingüísticas orientadas a la secesión propinan a los usuarios de la Sanidad pública. En Cataluña un protocolo de doce páginas establece que el personal de la sanidad autonómica “siempre hablará en catalán, independientemente de la lengua que utilice su interlocutor”, incluso cuando constate que el paciente tiene “cierta dificultad” de comprensión. Esta orden es aplicable a las comunicaciones internas y externas, tanto cuando hablen por teléfono, por megafonía, en actos públicos protocolarios y cuando los médicos hablen entre ellos, especialmente cuando haya delante ‘terceras personas’ (La Voz de Barcelona, 15 de enero, 2012). La misma obsesión puede detectarse en los planes que la Sanidad vasca acaba de hacer públicos. A fin de fomentar que médicos y enfermeras hablen euskera, Osakidetza creará un registro de pacientes y trabajadores euskaldunes para identificar las preferencias lingüísticas de los pacientes. Premiará el uso del euskera como lengua de trabajo con estímulos económicos en los contratos con los centros. La justificación le delata al tiempo que la condena al fracaso: el Servicio de Salud pretende avanzar “siempre caminando un paso por delante de la demanda de los ciudadanos” (El Mundo, 4 de noviembre, 2013).

4) La desigualdad de oportunidades entre los ciudadanos
Las lenguas autonómicas levantan unas barreras institucionales para acceder a un buen número de empleos, sobre todo, públicos. Lo que significa, de un lado, que limitan para muchos (para empezar, los no-catalanohablantes y los no euskaldunes) las opciones de hallar trabajo en Cataluña, Valencia, Baleares o en Euskadi, mientras que los catalanes, valencianos, mallorquines y vascos no hallan cortapisas en los demás lugares de España porque también se expresan en la lengua común; y, del otro, que alienta las preferencias de los ciudadanos de esas Comunidades en favor de sus “lenguas propias” precisamente para así excluir a molestos competidores extraños en el ámbito laboral..., Lo primero es establecer diversos grados del llamado perfil lingüístico, que fijan para cada concurso u oposición el nivel de conocimiento del euskera (o el catalán o el gallego) que se requiere. Unas veces la “lengua propia” será requisito y otras un mérito más para concursar a la plaza[6].

Ya hemos mencionado el estruendoso fracaso de los funcionarios vascos en estas convocatorias. Pero mucho más llamativo es la falta de correspondencia entre el número de plazas convocadas y las supuestas funciones lingüísticas que muchas de ellas van a desempeñar. El Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco (Zuzenean) reconocía el año pasado que el 85% de las consultas ciudadanas las recibía en castellano y sólo el 13% en euskera. ¡Lo sorprendente es que, para este modestísimo porcentaje de consultas en euskera se haya obligado sin necesidad a un 44 % de funcionarios a que prueben ante un tribunal su dominio de la “lengua propia”! (El País del País Vasco, 11 de agosto, 2011)[7]. Sería una buena muestra de la intransigencia política en este punto de las autoridades nacionalistas, animadas por unas falsificadas encuestas sociolingüísticas que pregonan un número de conocedores o hablantes del euskera muy por encima del verdadero.

Pues bien, esa misma infundada exigencia como requisito o como mérito descollante vale desde hace decenios para la selección de los empleos públicos en sanidad, enseñanza, diputaciones, ayuntamientos, gobierno, etcétera. Vengamos sin ir más lejos, un ejemplo entre un millón, a la Universidad del País Vasco. El valor del euskera como mérito del concursante a profesor viene el primero y da derecho a 11 puntos sobre un máximo de 100. Según mi propia experiencia en estos concursos, esa sola ventaja basta por regla general para situarse a la cabeza de la lista de candidatos. ¿Que se resienten la igualdad, mérito y capacidad, principios nucleares en un justo procedimiento administrativo? Pelillos a la mar, si aceptamos que la UPV debe también contribuir a la construcción nacional; es decir, que este propósito político partidista debe primar sobre cualquier otra función universitaria.

Hagamos unas ilustrativas comparaciones. Exhibir algún certificado de conocimiento del euskera cuenta tanto como escribir entre cuatro y cinco libros, o siete capítulos de libro, o casi cuatro artículos o haber disfrutado de cinco estancias largas en centros de investigación. Podemos expresarlo en sentido contrario: lograr el Premio Extraordinario de Doctorado representa menos que la quinta parte del valor del manejo de ese idioma que probablemente no le servirá en su trabajo universitario. Donde mejor se observa el disparate es al comprobar que el conocimiento de nuestra lengua propia (que es la propia lengua de los menos) cuenta casi cuatro veces más que cualquier otra extranjera. Saber francés, inglés y alemán, todos juntos, se valora sólo en 9 puntos; el de euskera solito, en 11 puntos (A. Arteta, 2010).

La mayor empresa de Euskadi, Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), de 22.000 trabajadores, incurre en el mismo atentado contra la equidad. Como en los demás empleos públicos, el personal más euskaldunizado parte con gran ventaja frente al más cualificado. En sus últimas convocatorias se determina que el conocimiento de euskera con perfil lingüístico 1 (PL 1) supone, en el baremo de créditos, 9 puntos y el PL 2, 18 puntos (Boletín Oficial del País Vasco, 26 de enero, 2012. Resolución 19/2012, del 9 de enero). Un médico, doctor cum laude, 10 años como catedrático, que ha impartido 10 ponencias internacionales y que conoce inglés, francés y alemán alcanzaría menos puntos que los 18 que asegura un médico que sólo posea el PL 2 de euskera. Así ocurre proporcionalmente en las demás categorías de personal sanitario. Y de cualesquiera otras, de acuerdo con una noticia reciente: ‘La Diputación de Guipúzcoa y casi la mitad de los municipios guipuzcoanos exigirá el euskera en los contratos públicos’ (El Mundo, 31 de enero, 2013).

A la vista de prácticas tan parciales, hay que dar por supuesto que las autoridades de política lingüística –catalanas o vascas– no han escuchado las palabras de un teórico político tan poco sospechoso para ellos como Kymlicka: “La educación pública estandarizada en un mismo idioma se ha considerado esencial si se quiere que todos los ciudadanos tengan iguales oportunidades laborales en la economía moderna. De hecho, la igualdad de oportunidades se define en razón, precisamente, del igual acceso a las principales instituciones que operan en el idioma de la mayoría” (W. Kymlicka, 2006). Más descorazonador todavía es constatar que durante treinta años miles de padres y madres de familia consientan sin rechistar que, en el momento crucial de optar a un puesto de trabajo, sus hijos sean sistemáticamente relegados frente a otros candidatos de menores méritos académicos y profesionales.

5) El derroche presupuestario
De todo lo anterior se desprende sin esfuerzo que salvar o fomentar la lengua minoritaria origina una inmensa sangría de dinero público en su comunidad. Será por eso por lo que –refiriéndonos sólo a la Comunidad Autónoma Vasca– tropezamos con la oscuridad de esas cuentas, su parcialidad, su discrepancia entre las fuentes accesibles, etcétera, que a un profano en contabilidad pública (como el que suscribe) le prohíbe sacar conclusiones más precisas.

Hará unos quince años que Pablo Mosquera, diputado de Unidad Popular por Álava, se atrevió a publicar las suyas (P. Mosquera, 1999). Según sus cálculos de entonces, los programas de normalización lingüística de la CAV “suponen todos los años como mínimo, 20.000 millones de pesetas”. La pena es que tal dilapidación de recursos públicos va destinado a transformar una realidad que antes y después se resiste a cambiar. Por ejemplo, en 1996 los procedimientos judiciales que requirieron traducción en euskera fueron en Vizcaya el 0,25 %, en Guipúzcoa el 0,49 % y en Álava en 0,25 %. En 1998 la euskaldunización del sistema educativo se llevaba 5.800 millones de pesetas, mientras que la investigación científica no alcanzaba los 1.600 millones y la enseñanza de lenguas oficiales de la Unión Europea suponía... 113 millones. Por esas mismas fechas la televisión pública vasca era con diferencia la más cara de todas las autonómicas. Las conclusiones de Mosquera eran no sólo que el proceso de normalización lingüística “es un gran negocio”, sino que además recorta los programas del Estado del Bienestar “porque el Gobierno Vasco sitúa la política lingüística dentro del gasto social”...

Claro que las cifras de esas partidas presupuestarias están hoy rebasadas con creces. A preguntas del parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), el Gobierno Vasco remitió al Parlamento un solo folio que mostraba los Datos sobre euskaldunización 2009-2012. Allí se hacía constar que la cantidad destinada a tal fin durante ese cuatrienio ascendía a 196.221.594 euros (es decir, más de ocho mil millones de pesetas por año). Ahora bien, esos datos son flagrantemente parciales, pues sólo recogen el coste de la normalización lingüística de los funcionarios, y ni siquiera de todos los departamentos. Faltan además de consignar los gastos de la EITB, ikastolas y euskalteguis, las subvenciones a medios de comunicación, actos culturales o comercio, las ayudas a numerosas fundaciones, publicaciones, traducciones, rotulación viaria y, por si fuera poco, las partidas correspondientes de cada una de las tres Diputaciones, capitales, ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, etcétera, entre otras muchas.

Así se entiende que en el año 2010 el presupuesto total confesado para la promoción del euskera (Gobierno+Diputaciones+capitales+municipios mayores de 5.000 habitantes) rozara los 160 millones de euros o 26.000 mil millones de pesetas, un 20% menos que años anteriores (datos tomados de EUSTAT. Instituto Vasco de Estadística, 2013). Ese dato viene a coincidir con lo publicado por La Tribuna del País Vasco (23 de septiembre, 2013), según la cual las administraciones de la Comunidad Autónoma Vasca se han gastado 2.500 millones de euros en los últimos trece años para implantar el euskera en la sociedad vasca. Con esa ingente inversión, que equivale a dos tercios del presupuesto anual de Navarra, se hubieran podido crear 61.000 puestos de trabajo, 488.000 plazas de educación infantil o 50 hospitales oncológicos. Pero el resultado obtenido ha quedado muy lejos del perseguido: el uso del euskera ha aumentado en ese período en un 2 %... Aun así, quedamos a la espera de conocer los costes reales de este prólogo lingüístico a la secesión de Euskadi, que pueden sobrepasar con creces los apuntados.

El resultado seguro de tanto derroche es una clamorosa discriminación social, pero con excelente conciencia de “progresista” y de “hacer país”. Llegados aquí, brota una pregunta de naturaleza político-moral a la que no podemos hurtarnos. A saber, si la carencia o necesidad atendida por la política lingüística es comparable en gravedad, extensión y urgencia a otras necesidades o carencias sociales de los ciudadanos vascos. Dicho de otra forma, si esa política particular se atiene o no al criterio de justicia lingüística, que sería un componente de la justicia social. Y es de suponer que lo que se pregunta a propósito de la política lingüística vasca, en la proporción debida, vale para las demás comunidades españolas bilingües.

II. ¿Un derecho de elección lingüística? [8]
Debo advertir al lector que, en lo que sigue, este escrito roza o traspasa las líneas rojas de la Constitución y de la jurisprudencia de los altos Tribunales. Espero que no se escandalice por ello y lo tome, según es mi propósito, como una hipótesis digna de reflexión. No creo que ante un problema de tal envergadura hayamos de conformarnos con un planteamiento meramente legalista. Al fin y al cabo, salvo en el caso de Cataluña, ¿ha sido la violación de las normas constitucionales o más bien la política lingüística atenida a ellas y plasmada en los Estatutos de Autonomía la que ha impulsado la crecida nacionalista en España?

He aquí lo que sería, a mi entender, un falso principio normativo, pero esta vez no esgrimido por parte del nacionalismo, sino presuntamente contra la política lingüística nacionalista. Ha cobrado fuerza en los últimos años en numerosas Mesas y Plataformas por la elección lingüística, que defienden lo que a primera vista parece una opción mediadora entre la enseñanza de la lengua propia y la de la propia lengua. Mejor aún, se erige en la alternativa contraria a la política de inmersión monolingüe y respecto de ella entraña sin duda una ganancia: es la libertad frente a la imposición. Pero en lo biensonante de su fórmula reside precisamente su carácter engañoso, porque se queda muy corta al lado de lo que pide la justicia lingüística. Pues nos referimos a un país, España, en el que coexisten una lengua común y, en ciertas comunidades, unas lenguas particulares que son minoritarias incluso dentro de su mismo entorno regional. Estas últimas se conocen como “lenguas propias”, por más que sean sólo características de un territorio y no la “propia lengua” de la mayoría de personas que pueblan ese territorio.

La libertad de opción lingüística debería reconocer al ciudadano de las comunidades bilingües dos derechos esenciales. En general, el de que se permita al hablante de cualquiera de ellas expresarse y cursar su educación en su propia lengua. Más en particular, el derecho del ciudadano hablante de ambas lenguas a escoger una de las dos como lengua de su relación con las autoridades públicas y a ser educado en ella. Pero hoy entre nosotros son muchos los que entienden también que esa libertad lingüística postula, con cargo al erario público, el derecho del hablante de la lengua común a convertirse en hablante o conocedor si lo desea de la lengua minoritaria y a ejercer ese derecho para la educación de sus hijos o para sus relaciones con la Administración. Aunque sea a título de tentativa, me atrevo a pensar que –como derecho moral– este derecho no existe, o no existe sin serias reservas. Intentaré probarlo mostrando primero lo que me parecen sus errores y después algunas de sus perversas consecuencias.

Errores o confusiones principales
1) Sustitución del derecho primario a la enseñanza en la propia lengua por el derecho a optar entre la enseñanza en la propia lengua de la comunidad o en la lengua propia de los alumnos. O, lo que es igual, se está convirtiendo lo que es un hecho y un derecho fundamental en mera preferencia entre opciones. Es como si, valga la analogía, frente a la amenaza del atracador de quitarnos la bolsa o la vida, reclamáramos nuestro derecho a elegir entre ambas alternativas, y no simplemente el derecho primordial a nuestra vida. Una sentencia del Tribunal Supremo (28 de diciembre, 2008) pareció a algunos que abría la puerta a la elección lingüística de los padres entre el español y el catalán como lengua vehicular de enseñanza de sus hijos. Pero esa sentencia, a propósito del impreso de preinscripción del alumno, asienta “la necesidad de incluir en él las preguntas dirigidas a conocer cuál es su lengua habitual”, sea el catalán o el castellano. Si así se hiciera, la lengua propia quedaría subordinada a la propia lengua. Dada esa lengua ordinaria correspondiente a la comunidad de habla en que se vive, se sobreentiende que esa será la “opción” debida y no habrá lugar a una elección propiamente dicha. Más exactamente, y como he anticipado, derecho a la elección de su lengua sólo tendrían los ciudadanos efectivamente bilingües. Cierto que será difícil obtener la constatación fiable de la lengua real de cada alumno (y de su padre), que la vía que garantice la verdad de las respuestas no siempre será segura, pero hay que poner los medios para acercarse a ella en lo posible.

La alternativa constitucional, dado el idéntico rango constitucional de la lengua propia y el castellano como lenguas vehiculares, sería que ambas se incluyeran entre las materias escolares “como un derecho que se ha de reconocer sin necesidad de que se inste”. El derecho de los alumnos a recibir una enseñanza bilingüe no debe ser sometido a rogación, sino que la Administración está obligada a proporcionarla a todos ellos, sin que tengan que solicitarla los padres (Tribunal Supremo, 12 de junio, 2012). O, lo que es igual, tampoco por este lado habría un derecho a la elección lingüística y el argumento anularía todos los modelos monolingües implantados en esas comunidades con “lengua propia".

b) Desprecio de la norma básica de adecuación a la realidad lingüística. Y eso probaría que una política lingüística puede no ser rechazable tan sólo por la manera autoritaria de implantarla, sino antes de nada por ser ilegítima desde su raíz. Pues ese principio proclama que, desde un punto de vista político –y salvo circunstancias especiales–, una lengua es lo que debe ser y debe ser lo que ha llegado a ser[9]. Con arreglo a esa norma última sería legítimo instaurar un principio de “zonificación lingüística”, como el que rige en Navarra. Es decir, habría que distinguir dentro de una misma comunidad política diversos derechos lingüísticos de sus habitantes según la mayor o menor presencia de la lengua propia en la zona geográfica de que se trate. Otra cosa significaría dejar el paso expedito a las premisas nacionalistas, unas premisas que han llegado a ser secundadas “en mi opinión, indebidamente” por el propio Tribunal Supremo: por ejemplo, la del necesario equilibrio entre ambas lenguas y la licitud del recurso a la discriminación positiva para lograrlo[10].

c) Confusión entre elegir para uno mismo o su hijo el aprendizaje de la lengua preferida con cargo a sus medios privados y con cargo al presupuesto público. O sea, entre el derecho a una ilimitada libertad privada de elección lingüística y una limitada libertad pública para tal elección. Naturalmente, la indudable excepción es el derecho de quienes requieren aprender esa lengua particular en razón de la nueva comunidad de habla en que residen (verbigracia, inmigrantes por razones laborales o de persecución política), como medio de integración social y el acceso a sus condiciones laborales. En lo demás, no cabe hacer valer como norma del gobernante el criterio de atención a la demanda.

d) Indistinción entre el derecho primario de los hablantes de una lengua y el derecho secundario (o no derecho en absoluto) de los aspirantes a conocerla a través de ayudas públicas. Se entiende enseguida que ese derecho del hablante procede de su inserción en una comunidad de habla y su ejercicio se extiende sólo a ella, no a otras comunidades lingüísticas. Su derecho es territorial, no personal. Por su parte, el derecho del demandante a aprender una lengua distinta de la suya, que es la común (ya sea bastante usual o, al contrario, prácticamente inexistente en su comunidad de habla), entrará en competencia con otros múltiples derechos sociales de los ciudadanos. Habrá, pues, que parangonar esos pretendidos derechos con los demás invocados por los miembros de la comunidad y dilucidar cuáles de ellos se refieren a necesidades más amplias, graves o urgentes. Para ello, tal como recoge la Carta Europea de Lenguas regionales y minoritarias, habrá de tenerse en cuenta el número de miembros de esa comunidad lingüística y los recursos públicos de que dispone, seguramente exiguos para hacer frente a otros apremios colectivos prioritarios...[11].

e) La consagración constitucional de la cooficialidad del castellano y de la lengua propia en las comunidades bilingües contribuye lo suyo al malentendido y al conflicto. Con demasiada frecuencia el derecho a elegir la opción lingüística preferida descansa en el hecho de que el territorio nacional cuenta, a lo largo de sus diversas comunidades, con varias lenguas elevadas todas ellas a la categoría de “oficiales”. Esto inmediatamente da a entender dos supuestos erróneos. De un lado, que la lengua común y la regional disponen de hablantes distintos, con olvido de que la primera de ellas –la común o franca– comprende de hecho a todos y que ya sólo por ello son cualitativa y cuantitativamente incomparables. Del otro, que en esas comunidades provistas de dos lenguas los ciudadanos poseen competencias o usos lingüísticos parecidos en una y otra. Pero no hay tal, ni mucho menos.

A juicio de Appiah, lengua oficial debería ser la que llama lengua política por ser la común (J. A. Appiah, 2007: 164 ss).[12] Ella es un instrumento clave para el ejercicio de la ciudadanía y, por eso mismo, a la hora de fijar las obligaciones lingüísticas en los planes escolares. Pues “la educación pública debería tener como objetivo la enseñanza de la lengua política a todos los ciudadanos”. Dicho de otra manera, esa enseñanza de la lengua común no busca el mantenimiento de una identidad cultural única, claro objetivo nacionalista, sino la igualdad de ciudadanía. Es ésta precisamente la igualdad que se rompe cuando se equipara en oficialidad la lengua común con las regionales o, más todavía, cuando se otorgan a estas últimas alicientes o ventajas injustificadas. A fin de evitarlo, habría que plantear en este punto otra posible reforma de la Constitución.

f) La equiparación en valor entre una y otra lengua da lugar a una falsa apariencia de igual respeto a los derechos lingüísticos del ciudadano. Pero el caso es que la minoría con lengua propia (allí donde la hubiera) tendría el derecho y el deber de conocer la lengua de todos, y por eso la oficial, lo que no puede decirse en modo alguno a la inversa. Los hablantes de la lengua común no tienen un derecho indiscutible –ni mucho menos un deber– a aprender la otra lengua de su comunidad para sí o para sus hijos. En España el aprendizaje en y del español representa un derecho y un deber de todos. El aprendizaje en las lenguas particulares sólo es un derecho indiscutible de sus hablantes, con las excepciones antes señaladas, y también en las zonas lingüísticas particulares donde se concentran. Otra cosa es que, en pro de una mejor armonía social, pueda cobrar sentido la recomendación para todos de estudiar asimismo la lengua peculiar y prestarle la atención debida.

Algunos efectos perversos
A los costes de la injusticia lingüística reseñados en la parte anterior, habría que añadir todavía otros nuevos derivados de la reivindicación de la libertad de elección.

1) Unos resultados inesperados. Desde un punto de vista pragmático, se reconocerá que, en el País Vasco al menos, la puesta en práctica de esa elección en la enseñanza ha dado lugar al crecimiento de la demanda del euskera como lengua vehicular. A los que confiaron en esa fórmula como un arma frente a la imposición lingüística nacionalista les ha salido el tiro por la culata. Para explicar el fracaso ya he sugerido como hipótesis más fiable el “temor al aislamiento” o, lo que es igual, la potencia avasalladora de la presión ambiental y la incapacidad individual y colectiva de contrarrestarla.

2) La renuncia a la justificación. Limitarse a argüir la libre opción en esta materia equivale a desentenderse de la revisión crítica de las razones de los sujetos, y con ellos de sus fundamentos de legitimidad. Significa renunciar a todo intento de justificación moral de la enseñanza y uso de una u otra lengua, como si los móviles, objetivos y fundamentos de sus sujetos fueran equivalentes. Todas las opciones lingüísticas, lo mismo que las políticas que las plasmen, serían entonces respetables. Al parecer, sólo importa que haya libertad de elección para el sujeto, no el valor respectivo de las opciones propuestas o adoptadas.

3) Una inmensa injusticia social. Ya hemos dicho que las reclamaciones de los no hablantes de una lengua y en un espacio donde esa lengua carece además de arraigo suficiente deben compararse con las pretensiones de otros ciudadanos y grupos relativas a servicios de salud, educación, vivienda o de otros bienes primarios en la misma comunidad. O, para expresarlo mejor, quienes reivindican ese derecho lingüístico “deberían preocuparse de basar sus demandas en principios conforme a los cuales se dispusieran a juzgar también las demandas de cualesquiera otros grupos” (T. Pogge, 2003: 122).

4) Las reivindicaciones imparables. El ejercicio de la libre opción lingüística comienza por la enseñanza, pero enseguida se extenderá a múltiples esferas de la vida colectiva. Primero vendrá la exigencia de seleccionar los maestros y demás personal dotados de la preparación lingüística adecuada; luego, la de destinar a ese lugar al médico, y el cura, y el guardia municipal capaces de atender a esos niños en la lengua que han cursado; más tarde propondrían implantar una línea de estudios en esa lengua en cada facultad universitaria cuando sean mayorcitos..., por más que todos ellos y su entorno sigan hablando exclusiva o mayoritariamente la lengua común. Al final, allí no habrá nacido una comunidad de habla en esa lengua, sino a lo sumo unos pocos alfabetizados en ella.

En la encuesta del Gobierno Vasco, de 2010, no pasa de una tercera parte de encuestados la que dice conocer bien el euskera (aun cuando menos de un 20% confiesa usarlo habitualmente y sólo un 13 % entre amigos). En los incesantes sondeos de este tipo quienes responden que desean un mayor conocimiento de la lengua propia de su comunidad ascienden a un porcentaje nada desdeñable. Ningún entrevistador les ha preguntado, para verificar la coherencia de sus respuestas, cuánto estarían dispuestos a “pagar” por aprenderla (en tiempo, dinero u otros costes) o en qué orden situarían esa preferencia particular con relación a otras tal vez más atractivas. Se diría que ahora aceptan imponerse unas obligaciones que durante bastantes años han sido reacios a satisfacer y que además recortan otras inversiones públicas más provechosas. En esa encuesta la mayoría incluso de quienes confiesan hablar el euskera con soltura, prefieren conversar en castellano; pero eso no les impide sostener al mismo tiempo que el euskera es el idioma “por excelencia” de los vascos. Es de temer entonces que no sólo estén falsificadas estas encuestas, sino antes y sobre todo la conciencia moral de numerosos ciudadanos que las responden[13].

Porque, si el dato más revelador de la realidad de una lengua es el número efectivo de hablantes, lo inocultable es el llamativamente escaso uso de la lengua vasca entre los ciudadanos vascos. Tal es la principal conclusión de la VI Medición del Uso de las Lenguas en la calle (2011) llevada a cabo por el Cluster de Sociolingüística, con la subvención de dos departamentos del Gobierno Vasco y de las cuatro Diputaciones forales, en 97 municipios de Euskal Herria (sic) y mediante la información obtenida de más 154.000 entrevistas y 363.000 interlocutores, con un nivel de confianza del 95 %. Según esta investigación, sólo el 13,3 % de los vascos recurre habitualmente al euskera, lo que significa que su uso está prácticamente estancado y que durante los últimos veintidós años (1989-2011) ha aumentado nada más que en un 2,5 % [14]. Es probable que otras regiones españolas sean comunidades con un bilingüismo más arraigado que el de Euskadi. Sea de ello lo que fuere, sólo ese empleo real de las “lenguas propias” –más que su autodeclarado conocimiento– dará argumentos fundados para justificar o abandonar su cooficialidad, los derechos individuales atribuidos y los variados costes de las políticas lingüísticas vigentes.

Bibliografía
A. Arteta (2010), ‘La UPV, cabeza abajo’. El Correo, 26 de octubre.
A. Arteta (2011), ‘¿Libertad de elección lingüística?’. Claves de razón práctica 215, septiembre 2011, pp. 30-41.

A. López Basaguren (2010-2011), Modelos de reconocimiento de la diversidad lingüística: algunas reflexiones (Lección inaugural de la UPV, curso 2010-2011).
F. Caja, (2013) ‘La religión de la lengua’, Claves de razón práctica, nº 227, marzo-abril 2013, pp. 54-63.

W. Kymlicka, Fronteras territoriales. Trotta. Madrid, 2006.
P. Mosquera (1999), ‘Imponer el euskera’. La Ilustración Liberal 3, Enseñanza y Libertad (jun-sep).

E. Noelle-Neuman (1995), La espiral del silencio. Ed. Paidós. Barcelona.
F. Ovejero (2011), La trama estéril, ed. Montesinos, Madrid.

A. Patten-W. Kymlicka (2003), ‘Introduction’ a Idem (eds.), Language Rights and Political Theory. Oxford Univ. Press., Oxford.
Th. Pogge, (2003) ‘Accommodation Rights for Hispanics in the United States’. En W. Kymlicka-A. Patten, Language Rights and Political Theory, ed. Oxford Univ. Press, Nueva York.

M. Vilarrubias (2012), Sumar y no restar, ed. Montesinos. Barcelona.

Aurelio Arteta es catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad del País Vasco. Autor de ensayos éticos, entre ellos La compasión. Apología de una virtud bajo sospecha (1996) y La virtud en la mirada. Ensayo sobre la admiración moral (2002), sus últimos libros han sido Mal consentido. La complicidad del espectador indiferente (2011), Tantos tontos tópicos (2012) y Si todos lo dicen. Más tontos tópicos (2013). En FronteraD mantiene el blog El rincón del moralista.

Notas
[1] A propósito de la política lingüística del nacionalismo catalán, F. Ovejero (2011: 108 ss) analiza los que llama sus “cuatro dogmas mayores”, que vienen a coincidir a grandes rasgos con los que acabo de exponer. Véase también F. Caja, 2013: 54-63..

[2] “La coherencia entre realidad social de las lenguas y sistema jurídico permite canalizar las exigencias sociales (...) y evitar que la diversidad lingüística sea fuente de conflicto”. A. López Basaguren, 2010-2011: 4.

[3] Lo tremendo es que sea con la entusiasta connivencia de sindicatos y partidos llamados de izquierda. Tan escandalosa es esa connivencia que hasta una revista con el historial de Mientras Tanto clamaba hace bien poco contra las múltiples y espectaculares dimensiones de lo que llamaba “discriminación lingüística institucional” en Cataluña. ‘Negruras de España’.Mientras Tanto 107, octubre 2012.

[4] Para el catalán, cfr. el ‘Balance de política lingüística’ durante el período 2004-2010 ofrecido por el entonces consejero Carod Rovira (El Confidencial, 28 de julio, 2010). Las cifras vascas se mencionan en recientes declaraciones de la ex-viceconsejera del Gobierno Vasco (El Correo, 25 de marzo, 2011). Los datos de Navarra corresponden a la encuesta sociolingüística gubernamental del año 2008.

[5] Pese a la mayoría de familias castellanohablantes en Cataluña, al parecer no llegan a cinco por año las que solicitan una educación primaria sólo en español (cfr. M. Vilarrubias, 2012: 19). Irene Lozano aduce otro factor, que se acerca bastante a mi hipótesis del “temor al aislamiento”. Trasladando los resultados de estudios psicológicos relativos a la donación de órganos,muchas familias catalanas no pedirían para sus hijos la enseñanza en castellano “porque la forma oficial de presentar la elección les disuade deliberadamente de hacerlo (...). La razón viene a ser que todos tendemos a pensar que la opción ofrecida por defecto es la mayoritaria, y nos sumamos, cosa poco sorprendente siendo la naturaleza humana gregaria como es” (El Confidencial, 4 de octubre, 2013)

[6] El Tribunal Constitucional acaba de suprimir la exigencia del conocimiento del catalán para acceder a la función pública en Baleares (26 de septiembre, 2013). Ahora bien, la sentencia se funda en que, dado que la inmensa mayoría de funcionarios conoce ya el catalán, el legislador puede introducir una reforma a fin de “equilibrar el papel del castellano en el ámbito oficial y administrativo”. La sentencia avala entonces una tesis nacionalista voceada a diario. En el caso vasco, mientras haya diferencia entre el número de vascohablantes y castellanohablantes a favor de estos últimos, ¿se justificarían a la inversa las medidas que buscan equilibrar el papel del euskera en el ámbito oficial y administrativo?.

[7] Además de falto de legitimidad, se trata de un requisito en buena medida inútil. Según un estudio elaborado por 26 técnicos de la normalización lingüística y 76 empleados del Gobierno, la disfunción mayor de la pruebas para el perfil lingüístico está en que “se acredita el nivel y no se utiliza el euskera”. El conocimiento de la lengua “no garantiza la utilización real del euskera”, ya que se considera que está “muy alejado del lenguaje realmente utilizado en el puesto”. Tanto los normalizadores lingüísticos como el resto de trabajadores encuestados creen que el Gobierno ha dedicado “gran cantidad de recursos a la euskaldunización”, un esfuerzo que “no se ha visto acompañado del correspondiente avance en el proceso de normalización lingüística”. El País del País Vasco, 5 de junio, 2013.

[8] En este último apartado pretendo resumir lo expuesto en A. Arteta: 2011:30-41.

[9] “Es la realidad y no el voluntarismo el que aboca a uno u otro sistema de [de protección de la diversidad lingüística], la que se sitúa en la base de la idoneidad de cada modelo y de su propia coherencia interna”. A. López Basaguren, 2010-2011: 3.

[10] Desechada la condición estatutaria del catalán como lengua “preferente”, se consagra su igualdad con el castellano. Pero todo ello “sin prejuicio, claro está, de la procedencia de que el legislador pueda adoptar, en su caso, las adecuadas y proporcionadas medidas de política lingüística tendentes a corregir, de existir, situaciones históricas de desequilibrio de una de las lenguas oficiales respecto de la otra, subsanando así la posición secundaria o de postergación que alguna de ellas pudiera tener” (Tribunal Supremo, 12 de junio, 2012). ¿En qué se basaría semejante discriminación positiva? ¿Dónde está la injusticia previa que así se remedia?.

[11] Arts. 1; 7. 1b, 7.4, 7.1g; 8.1, 8.2; 9.1; 10.1, 10.2 e y f, 10.3; 11.1, 11.3; 12.1, 12.2; 13.2.

[12] Véase también Kymlicka, 2006: nota 17. Sobre la preeminencia política de la lengua común y sus indispensables servicios al ciudadano, cfr. A. Patten-W. Kymlicka, 2003: 38-39.

[13] Las cifras de Navarra no resultan menos escandalosas. Según la encuesta sociolingüística del 2008, los vecinos de la comarca de Pamplona en los pueblos entonces ubicados en la zona no vascófona (Aranguren, Belascoain, Galar, Noáin y Beriáin) que reconocían servirse más del euskera que del castellano alcanzan entre todos ellos la abrumadora cifra... ¡del 1 %! Ello no fue óbice para que el 72 % de sus habitantes manifiesten, y años después lograsen, su deseo de integrarse en la zona mixta de Navarra. Es decir, en esa zona donde se supone que subsiste el vascuence en grado menor que en la vascófona y que ello otorga a sus residentes derechos a esa lengua en materia educativa, de relaciones con la Administración y otras... La mayoría parlamentaria, presunta izquierda incluida, fue favorable a esa pretensión a todas luces infundada.

[14] Hay diferencias por territorios, claro: en Guipúzcoa suben hasta el 32,7 %, mientras que en Vizcaya se quedan en 9,4 %, en Navarra el 5,7 % y en Álava llegan justamente al 4 %. Llama la atención que en capitales como San Sebastián el porcentaje de usuarios sea el 15,9 %, el mismo que el medido hace diez años. Peor es que Vitoria y en Bilbao los hablantes reales ronden el 3 % y que en Pamplona oscilen entre 2,5-2,9 %. Y más remarcable, de acuerdo con el estudio, que “en Vitoria, Bilbao y Pamplona otras lenguas se utilizan más que el euskera”.

Las excavaciones de la memoria
Henry Kamen El Mundo 16 Enero 2014

INICIAR EL NUEVO AÑO con el sombrío tema de excavar tumbas puede parecer un ejercicio macabro, pero también tiene sus razones. He estado mirando el estimulante nuevo libro de Jeremy Treglown, Franco's Crypt: Spanish Culture and Memory. A primera vista parece seguir los pasos de los libros que tratan sobre la excavación de los restos de los muertos de la guerra civil española, pero muy pronto abandona el tema de las tumbas a favor de una amplia mirada a la cultura de España. El título se refiere por supuesto a la tumba de Franco en el Valle de los Caídos, pero Treglown utiliza el tema como punto de partida para examinar cómo los españoles han venido manejando los mitos que heredaron de la década de 1930. Se extiende sobre una amplia gama de materiales, poniendo especial atención a las artes creativas del cine y la novela, ofreciéndonos en todo momento una perspectiva refrescante e imparcial de la cultura de España. No omite el campo de la historia, y nos da una entretenida crítica del Diccionario Biográfico Español, un producto estrafalario de la historiografía oficial española que ha añadido poco o nada a la reputación de los historiadores españoles. Es el tema de las excavaciones, sobre el que el autor hace un breve resumen, lo que me interesa por el momento.

El propósito normal de la excavación arqueológica es descubrir la verdad. Desenterrar el pasado, en teoría, revela lo que realmente pasó, y nos permite evaluar los eventos con más conocimiento y más tranquilidad. Al menos, ese ha sido el motivo en la mayoría de los casos. En España, sin embargo, las cosas son inevitablemente diferentes. La Ley de la Memoria Histórica, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue descrita por él como «un importante instrumento de reconciliación». Sin embargo, como sabemos, sucedió todo lo contrario a pesar de que Zapatero había asegurado que «la memoria no ofende, restituye». Pero la realidad es que hubo mucha ofensa y muy poca reconciliación. ¿Cómo es que España hace todo lo posible para buscar la verdad y termina reivindicando la mentira? ¿Por qué el Valle de los Caídos acaba, no como un homenaje a los caídos, sino como un monumento a la memoria del vencedor? Tengo que confesar que estoy de acuerdo con un colega mío de Estados Unidos, quien recientemente comentó: «hacer un llamamiento a la 'memoria social' es realmente incitar a perpetuar mitos, prolongar odios y justificar conflictos».

Permítanme comenzar con un famoso caso de mito creado por las excavaciones. En Masada, 100 km al sudeste de Jerusalén, se llevaron a cabo importantes excavaciones arqueológicas entre 1963 y 1965,y los resultados valieron para mostrar cómo un puñado de guerreros judíos se defendieron valientemente contra los opresores romanos. Finalmente se suicidaron en masa en los últimos días de una revuelta contra el Imperio Romano en el año 73 AC. Se convirtió en uno de los grandes mitos del nacionalismo israelí. En un estudio sobre el tema publicado en 1998, un erudito judío, comentó que «la información arqueológica se manipula para fines nacionalistas», y se convirtió en uno de los muchos estudiosos que con firmeza y eficacia demolieron el mito que se había creado en torno a los hechos ocurridos en Masada.

El más reciente ejemplo de mito y conflicto se ha producido con motivo del tercer centenario de 1714, que Artur Mas quiere aprovechar para recuperar la memoria histórica de Cataluña. Alrededor de 90 millones de euros se han gastado para excavar esa memoria histórica de Barcelona en el Born, una zona del barrio de la Ribera que fue derribada por las tropas de Felipe V, a fin de construir una nueva ciudadela militar. El cuidadoso trabajo de la excavación ha dado algunos resultados interesantes, sobre todo dentro del contorno de las casas que estaban allí en el siglo XVIII. La experiencia profesional de los excavadores, sin embargo, no ha sido correspondida por la sensibilidad de los políticos que dirigen la empresa. Todo el trabajo se ha convertido en un ejercicio de demagogia, con el propósito deliberado de falsificar la evidencia histórica. Toda la presentación del nuevo centro es un intento de excitar la imaginación con una serie de ficciones. Un destacado periódico nacional reseñaba la utilización política de ese hecho histórico por los nacionalistas, que pretenden ver en 1714 un enfrentamiento entre Cataluña y Felipe V y un choque entre dos Estados. Apuntan esa fecha como el comienzo de la aplicación de una política de terror por los vencedores e inciden continuamente en que el 11 de Septiembre significó el fin del Estado catalán y trajo, además de violaciones masivas de mujeres, el sometimiento de los desdichados catalanes a la tiranía de las leyes e instituciones de Castilla y un expolio fiscal oprobioso.

La repetición sistemática de mentiras degrada a los que las han inventado. Cada una de las afirmaciones en la lista anterior de declaraciones es una simple falsedad, lanzada con el único motivo de provocar la hostilidad entre el Gobierno de España y los catalanes. Este no es el momento para examinar cada una de esas elucubraciones. Cualquier historiador de ese periodo se halla en una buena posición para juzgar. La mentira más notable de todas, repetida constantemente en miles de textos por personas que no saben absolutamente nada de lo que sucedió en ese año de 1714, es que la persona habitualmente acusada de la construcción de la ciudadela de Barcelona es Felipe V y su «absolutismo». Eso es una completa manipulación. Hay dos hechos muy sencillos que deben ser repetidos a los que visitan la exposición en el Born. Como historiador, me disculpo por tener que dar una lección de historia.

En primer lugar, Felipe V se oponía a la construcción de la ciudadela de Barcelona. La razón principal porque implicaba el derribo de las casas de la Ribera. En una carta que escribió en octubre de 1714 desde El Pardo a su abuelo, Luis XIV, le explicó que se trataba de un asunto importante, «en el que a mí me parece que el duque de Berwick no piensa como yo». Berwick, consultando con sus asesores, creyó que una ciudadela era necesaria. El rey, sin embargo, consideró que si los ciudadanos realmente querían rebelarse otra vez, la ciudadela no los pararía, y no tenía sentido construirla.

En segundo lugar, el rey estaba preocupado de que muchas personas no estaban siendo adecuadamente compensadas por la pérdida de sus casas. En teoría, las autoridades de Barcelona debían indemnizar a cada cabeza de familia del barrio. Las cifras exactas son que 4.000 residentes de la Ribera fueron desalojados de sus hogares. Muchos, sin embargo, nunca fueron compensados, a pesar de las expresas instrucciones escritas del rey (que he visto) de que se les pagara.

La propaganda nacionalista, determinada a vilipendiar a un rey por razones que son históricamente falsas, ha intentado utilizar las excavaciones del Born con fines políticos. ¿A quién le importa lo que realmente pasó en Barcelona en esos años? Parece que a muy pocos. Cuando se da prioridad a la ideología, los hechos históricos se esfuman por la ventana. En tales circunstancias, la excavación ha dejado de ser un intento de revelar la verdad, es un intento deliberado y oficialmente financiado para falsificar la verdad en aras de la creación de una memoria prefabricada del pasado.

Resulta significativo que la Generalitat haya preferido poner toda la organización del año 1714 en manos de periodistas y no de historiadores, en los que, por supuesto, no puede confiar. No es la primera vez que los gobiernos creen que los historiadores son un peligro. Los historiadores prefieren trabajar dentro de los límites de lo que indica la evidencia, los políticos tienden a considerar la evidencia innecesaria, porque ya tienen una visión preestablecida del pasado.

Henry Kamen es historiador británico.

ETA al desnudo
JAIME GONZÁLEZ ABC  16 Enero 2014

Garikoitz Aspiazu, «Txeroki», no es la imagen del inmovilismo etarra, ni el rostro viejo del terror. No es un vestigio de otra era, ni una especie en vías de extinción. No es un fósil; no es la huella en piedra de un pasado arrumbado por una hermosa glaciación. Sus pupilas inflamadas de odio no son propias de otro tiempo ni sus palabras suenan a una ETA lejana. En realidad, Garikoitz Aspiazu, «Txeroki», es la versión clásica del pistolero que descerraja tiros por la espalda y siente un profundo desprecio por los asesores de imagen de la izquierda proetarra.

«Txeroki» es reacio al maquillaje, por eso habla sin ambages: «No autorizo a este tribunal a que juzgue a los ciudadanos del País Vasco», dijo ayer en euskera. Ya han salido en tropel los exégetas del «proceso de paz» a quitarles hierro a sus palabras. «Txeroki» –dicen– es la ETA que no es capaz de entender que los tiempos han cambiado, pero su opinión no es mayoritaria entre los presos». Es lo que tiene ir sin maquillaje y con las manos manchadas de sangre: que los asesores de imagen de la izquierda proetarra tienen que hacer sobre la marcha malabares con la brocha y los pinceles. «Txeroki» ha puesto en evidencia que el «proceso de paz», cuando le quitas la capa de pintura, te muestra a ETA al natural, sin potingues cosméticos.

El último comunicado de sus presos fue recibido con entusiasmo por esa legión de mansos, cándidos o simplemente falsos que lleva dos años haciéndole la manicura a ETA: le corta las uñas, se las lima, le quita los pellejos y utiliza esmaltes ultrabrillo de marca, para que los manos de los asesinos luzcan pulcras y lustrosas. Y cuando sale «Txeroki» enseñando los brazos tatuados con el hacha y la serpiente, los asesores de imagen de la izquierda proetarra lo justifican con el argumento de que no está al corriente de las últimas tendencias. Lo que le pasa a «Txeroki» es que no le gustan las uñas postizas y le hace ascos al maquillaje, pero su rostro no es la huella en piedra de un pasado arrumbado por el «proceso de paz», porque el «proceso de paz» es «Txeroki» desafiando al Estado español. O lo que es lo mismo: ETA al desnudo. Que es un cuerpo asqueroso, pero un cuerpo mortal.

Castilla y la buena educación

Kiko Méndez-Monasterio www.gaceta.es 16 Enero 2014

A lo peor lo que nos pierde es eso: las maneras, la educación, el tradicional apego de algunos a no levantar la voz.

A Salamanca la expoliaron con nocturnidad y alevosía. Se había opuesto la ciudad entera al saqueo del Archivo, y las movilizaciones desbordaban esa Plaza Mayor a la que deberíamos acudir de vez en cuando en peregrinaje, porque son piedras sagradas de lo nuestro.

Pero aquellas manifestaciones no sirvieron para nada, por la razón sencilla de que no ardieron los cajeros. Tal cual. Resulta algo terrible entenderlo, pero con el festival de la subversión en Burgos no nos queda más remedio que asumir que Castilla es noticia sólo por dos razones: porque un cacique inaugura un aeropuerto en un erial; o porque algún barrio se incendia con barricadas en las calles y un hashtag en las redes, como si el 13-M se hubiera dispersado en pequeñas guerrillas locales.

Y el hecho de ceder a la violencia de las minorías, traicionando el dolor de las víctimas o la paciencia de la gente honrada, empieza a convertirse en una desagradable costumbre política del régimen. Hay gobernantes que sólo cimbrean entre la prepotencia y lo pusilánime. Quizás porque son caras de la misma moneda del poder.

A José Antonio Ortega Lara le secuestraron en Burgos, y su torturador se pasea por Donosti harto de vinos. La soledad de las víctimas es becqueriana, también muy de Castilla, pero para la actitud de los políticos en este asunto ya no quedan adjetivos. Bueno, en realidad sí que quedan, pero son de una ordinariez que exceden en mucho los mínimos que el buen gusto requiere. A lo peor lo que nos pierde es eso: las maneras, la educación, el tradicional apego de algunos a no levantar la voz, a mantenerse siempre dentro de la más estricta legalidad. A no incendiar la calle.

Decía Voltaire, además de muchas tonterías, que la mayor desgracia de las personas honradas es que son cobardes. Puede que tampoco en esto tuviera razón, pero es evidente que eso mismo es lo que piensan quienes, a través de una política de hechos consumados, están pisoteando los restos de la decencia social, y con ellos las últimas oportunidades de esta forma de convivencia. Creen que nadie -entre los honrados de Voltaire- sabrá oponerse a esta revolución mitad callejera, mitad administrativa y tecnocrática, porque la derecha social es gente de orden, y en el caso de que salgan a la calle, aunque sean millones, lo harán con una urbanidad casi pueril. Sí, quizá nos pierde la buena educación. Pero eso va a dejar de ser un problema, según vayan creciendo las generaciones maltrechas de la escuela socialista.

‘Lifting’ constitucional
La Carta Magna necesita un cambio que intensifique la referencia a la Unión Europea, acabe con la prelación del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona y blinde la independencia del Consejo del Poder Judicial
Agustín Ruiz Robledo El Pais  16 Enero 2014

Andamos estos días los constitucionalistas muy ocupados atendiendo a los medios de comunicación que nos interrogan sobre si consideramos imprescindible una reforma constitucional para lograr, como ha pedido el Rey, una "actualización de los acuerdos de convivencia". Preguntarle a un constitucionalista si hace falta reformar la Constitución es como preguntarle a un cirujano plástico si la cara de una persona de treinta y cinco años puede mejorarse, así que mi respuesta automática es: por supuesto que sí. No cabe duda de que hay bastantes apartados que necesitan modernizarse para que la Constitución pueda mantener su lozanía y seguir siendo fiel a sí misma. Por ejemplo, habría que hacer una referencia a la Unión Europea en un lugar de honor y no de refilón como está ahora en el artículo 135; acabar con la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona; garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial; suprimir toda la grasa de los artículos sobre la creación de las Comunidades Autónomas, normas de derecho transitorio ya sin ninguna función; desarrollar la definición del Senado como "cámara de representación territorial" y mejorar otras arrugas parecidas.

Si, avanzando un paso más, me animara a dar mi personal opinión de ciudadano con ciertas convicciones políticas, saliendo del papel del especialista que solo quiere resaltar la belleza del paciente, entonces iría a un cambio mucho más profundo de la Constitución de 1978, que podría ilustrar con comparaciones, como dicen que se suele hacer en la cirugía estética: me gustaría una república laica, como la francesa; una democracia participativa como la suiza, un Estado social como el sueco...

Sin embargo, pensándolo mejor y diciendo —con Paul Valéry— que yo no soy siempre de mi misma opinión, me parece que hay una tercera perspectiva más adecuada para contestar a la pregunta de moda para todos los que nos dedicamos al Derecho Constitucional, evitando tanto partir del análisis técnico de la Ley Fundamental, como de las convicciones personales de cada uno. Consiste en localizar los problemas de España y pensar si cambiar la Constitución puede ayudar a resolverlos. Y el primer problema español —si las encuestas de opinión no mienten— es el paro, para el que me temo que pocas recetas podemos ofrecer los constitucionalistas, más allá de las que ya contienen nuestra Constitución económica: derecho a elegir profesión y a una remuneración suficiente, libertad de empresa, seguridad social, negociación colectiva, etc. Quizás podríamos pensar en incluir el derecho a una renta básica universal o alguna propuesta similar, pero se trata de una medida que puede adoptarse perfectamente por ley y que, además, está lejos de contar con el consenso de los economistas y de los partidos.

Problemas como el paro y la corrupción pueden solucionarse con políticas ordinarias
Precisamente, observo en algunas propuestas de reforma constitucional cierto olvido de la diferencia —que ha explicado con claridad ejemplar Ralf Dahrendorf— entre la política constitucional, que debe ser hecha por consenso porque fija las reglas de un sistema político democrático, y la política ordinaria, donde es suficiente la mayoría. La Constitución tiene que ser un marco jurídico que permita gobernar tanto a la derecha como a la izquierda. Ese marco común se logró en 1978 y no creo que sea razón para alterarlo que las leyes ordinarias reflejen hoy más la ideología de un lado que del otro. Por eso, me parecen erróneas las críticas —por más que vengan de constitucionalistas de prestigio— que consideran que la Constitución, antaño progresista, ha devenido hoy conservadora: si fuera cierto que el sistema político español lleva muchos años virado a la derecha, será culpa de los gobiernos, especialmente de los llamados socialistas, pero no del texto constitucional. Con él, Izquierda Unida podría gobernar perfectamente, como demuestra que en tiempos no tan lejanos buena parte del vibrante discurso de Julio Anguita se apoyaba en exigir el cumplimiento de la Constitución.

Tampoco me parece que haya que cambiar la Constitución para combatir la corrupción, el segundo problema español, según el último Barómetro del CIS. Todas las propuestas normativas que he leído para luchar contra ella tienen perfecta cabida en la legislación ordinaria: castigar con más dureza la prevaricación, reforzar las competencias del Tribunal de Cuentas, incrementar la transparencia de las instituciones, prohibir los indultos, etc. De todas ellas, la medida que pienso que puede ser más eficaz en estos momentos es una que no es tanto sustantiva, como organizativa: que el Gobierno atienda la petición que le hicieron los jueces decanos el pasado mes de diciembre —y este mes de enero han repetido 200 fiscales en su ámbito— de incrementar los medios para tramitar con celeridad los 1.700 sumarios abiertos en España por casos de corrupción. Si acaso, se le puede añadir la siempre reclamada y nunca conseguida medida de reforzar la independencia de los fiscales. Y desde luego, usar el voto ciudadano para echar de las instituciones a los partidos poco colaboradores en la lucha contra esta plaga.

El tercer problema de España y, sin duda, su gran problema político actual, es la voluntad independentista del Gobierno catalán y de parte de la sociedad catalana. Como han dicho los padres constitucionales Miguel Herrero de Miñón y Miquel Roca, se trata de un problema político que solo puede resolverse en ese campo, para buscar luego su encaje jurídico. Desde luego, si el Gobierno central aceptara el reto independentista, como en su momento hicieron Canadá y el Reino Unido, creo que la Constitución no sería obstáculo para realizar el referéndum, como he defendido aquí en otra ocasión con más detenimiento. Si, por el contrario, la Generalitat avanzara en su desafío y convocara por su cuenta y riesgo una "consulta", la Constitución también ofrece herramientas para impedirlo: impugnación de la convocatoria ante el Constitucional, lo que automáticamente supone su suspensión y, si la Generalitat se empecinara en celebrarlo, uso de las medidas coactivas que permite el artículo 155 de la Constitución. Si esa es una opción capaz de resolver el problema, cosa que dudo, dependerá mucho más de factores políticos, sociales y económicos externos a la Norma Fundamental que de ella misma.

En medio, cabe imaginar que en algún momento pueda conseguirse un pacto para encajar las aspiraciones catalanistas en el Estado español. Entonces sí que creo que sería indispensable reformar la Constitución y no buscar una forzada mutación constitucional, como se pretendió en 2006 con el Estatut, con el desafortunado desenlace que todos conocemos. No acabo de estar seguro de que en ese caso la mejor fórmula sea el Estado federal por dos razones: porque en un momento en que las Comunidades no andan sobradas de prestigio, la sociedad española no parece inclinada a darle más competencias, más bien al contrario; y porque supone repartir café para todos cuando solo unos pocos lo quieren. En mi opinión, la vía que habría que explorar sería la de buscar un encaje constitucional específico para Cataluña.

Si el Gobierno acepta el reto independentista, la Constitución no impediría un referéndum

Algo de eso había ya en el texto original de la Constitución de 1978 cuando ofrecía dos soluciones para dos problemas: una autonomía muy amplia para integrar a las nacionalidades y una más reducida para organizar a las regiones. Esta lógica de la dualidad fue luego mutada en los Acuerdos Autonómicos de 1981 en una lógica de la homogeneidad. Pasqual Maragall intentó en la década del 2000 lo que el mismo consideró una vuelta a los orígenes, aunque por la vía inadecuada de aprobar un Estatuto poco respetuoso con la Constitución. Ahora el PSC ha propuesto introducir en la Constitución una nueva disposición adicional que señale esa posición especial de Cataluña; pero hasta el propio Rubalcaba ha rechazado esa propuesta con unas prisas que más parecen responder a una estrategia interna y electoral que a considerarla una salida equivocada al laberinto catalán.

Históricamente siempre ha habido poderosas fuerzas que se han negado a que se singularizara Cataluña en la Constitución: desde Ortega y Gasset con sus brillantes discursos en 1931 hasta los poderes fácticos en 1978. Y ahora, me temo que igualmente habrá mucha gente en contra, incluidos amigos míos que considerarán un dislate que un andaluz pueda estar a favor de atribuir privilegios a Cataluña. Lógicamente no pretendo eso, sino que la Constitución reconozca una voluntad de autogobierno y unos hechos diferenciales que Andalucía no tiene. Si Navarra, el País Vasco y Canarias tienen sus propias disposiciones adicionales ¿tan disparatado sería una para Cataluña?

Agustín Ruiz Robledo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.

‘Étnico’ y otras falsedades
Francesc-Marc Álvaro. La Vanguardia 16 Enero 2014

Si tuviéramos que dedicarnos a replicar las muchas falsedades, desfiguraciones y tonterías que diariamente se dicen y escriben sobre lo que pasa hoy en Catalunya, no haríamos otra cosa. Cuando lo analicen los historiadores del mañana, se llevarán las manos a la cabeza. He decidido mirarme con mucha distancia los artículos que presentan mecánicamente el soberanismo como un fenómeno perverso, destructivo, extremista, etcétera. Una cosa es el debate crítico –imprescindible– y otra es la descalificación. Vale más emplearse en otras tareas. Pero hoy haré una excepción. Porque puede servir para clarificar ciertas cosas importantes.

Enrique Gil Calvo, catedrático de Sociología, ha publicado un artículo que sorprende en un académico de su nivel. Por la grave y feliz ignorancia que exhibe sobre la cuestión que comenta. Una parte muy sustancial de sus argumentos, sobre la autoridad paterna y el reparto desigual de la herencia en Catalunya, ya fueron muy bien desmontados el martes, en un sólido artículo en este diario, por el profesor Germà Bel. Pero el sociólogo también hacía otras afirmaciones más generales, que presentaba como hechos probados cuando son –como demostraré– opiniones sin base real, que sólo puedo atribuir al desconocimiento o la frivolidad. El catedrático considera un enigma “la súbita conversión de los catalanes al nacionalismo étnico, victimista y antiespañol” y, acto seguido, se pregunta: “¿Cómo es posible que el pueblo más culto, moderno e ilustrado de la península Ibérica haya caído en semejante regresión irracional?”.

Vayamos por partes. ¿Es el actual movimiento expresión de un nacionalismo étnico, victimista y antiespañol? No, rotundamente. Todos los expertos internacionales más acreditados en los estudios sobre la cuestión colocan el caso catalán entre los nacionalismos cívicos basados en el jus soli, muy diferentes y alejados de los nacionalismos étnicos, excluyentes y agresivos, basados en el jus sanguinis.

Michael Keating, en sus trabajos ya clásicos de comparación de los casos de Catalunya, Quebec y Escocia, escribe: “Casi todos los elementos del movimiento nacionalista recalcan la necesidad de asimilar a los inmigrantes con preferencia a mantener una diferenciación étnica. Los portadores de nacionalidad son la lengua, las instituciones y la historia de Catalunya más que cualquier mito sobre una ascendencia común. Todo esto da al nacionalismo catalán una fuerte dimensión cívica”. Añado que el nuevo soberanismo cuenta, además, con la participación de muchos catalanes castellanohablantes, organizados algunos en entidades como Súmate. Estos trabajan por la independencia sin renunciar a sus raíces españolas, porque entienden que la defensa de sus intereses pasa por un Estado catalán.

El nacionalismo catalán posterior a la Guerra Civil ha sido siempre mayoritariamente cívico. Recordemos el papel importantísimo del PSUC al vincular obrerismo, inmigración y nación catalana. Y recordemos también aquella frase histórica de Jordi Pujol que resume un pensamiento y una actitud compartidos transversalmente por todo el mundo catalanista: “Catalán es quien vive y trabaja en Catalunya, y quiere serlo”. Si el sociólogo hubiera hecho trabajo de campo en la Via Catalana, habría visto y oído que allí había gente muy diversa y con todo tipo de apellidos. El president Mas remarcó este sentido inclusivo en Fin de Año: “Catalunya es una tierra donde lo que realmente importa es el destino que se busca y no el origen del cual se proviene”. ¿Quién practica el nacionalismo étnico y excluyente? ¿Dónde se ha dicho que una empresa sería alemana antes que catalana? ¿Dónde se acepta que un catalán, por el hecho de serlo, nunca podrá llegar a presidente de Gobierno?

El nacionalismo moderado de Pujol sí era acusado de victimista, porque se basaba en la reclamación constante y táctica de más competencias y recursos. El soberanismo rompe con este discurso de la queja perpetua porque ya no espera que Madrid reparta el poder y, por lo tanto, plantea en positivo una vía que supere el marco autonómico. La propuesta de la independencia es todo lo contrario del victimismo, nace justamente de la fatiga de la queja y del desengaño del proceso del Estatut. Con respecto al supuesto carácter antiespañol del movimiento, es el punto donde el catedrático falla de manera más estrepitosa: lo que hoy da energía y más ilusión a la causa catalana es precisamente su talante constructivo: no se quiere atacar a España, se quiere conseguir un Estado para Catalunya y hacerlo de manera democrática. El soberanismo no tiene nada contra los ciudadanos españoles; el problema es con los poderes del Estado, porque se constata un trato injusto y lesivo contra la sociedad catalana y una falta de reconocimiento.

Considerar que un movimiento democrático y pacífico representa una “regresión irracional” indica que el sociólogo no quiere comprender lo que pasa y prefiere echar mano de tópicos y prejuicios. Michael Billig describe muy bien esta trampa, típica de los que hablan desde la confortable rutina de tener un Estado nación que no les va en contra: “Complejos hábitos mentales naturalizan, y de esta manera omiten, nuestro nacionalismo, al mismo tiempo que proyectan el nacionalismo como un todo irracional sobre los otros”.

www.francescmarcalvaro.cat

NACE VOX, EN DEFENSA DE LA UNIDAD NACIONAL
Santiago Abascal, un apasionado de la naturaleza
El político alavés hoy estrena partido político junto al exfuncionario de prisiones secuestrado durante 532 días por ETA, José Antonio Ortega Lara
JOSÉ MARI REVIRIEGO El Correo 16 Enero 2014

Santiago Abascal Conde, el político alavés que hoy estrena partido político junto al exfuncionario de prisiones secuestrado durante 532 días por ETA José Antonio Ortega Lara, es un apasionado de la naturaleza. Reside en Madrid desde que perdió su escaño en la Cámara de Vitoria en 2009, cuando se aficionó al cultivo de bonsais entre el cemento de la capital de España. Intenta así conservar un trocito de su Amurrio natal, enclavado en el valle alavés de Ayala, junto a bosques caducifolios de hayas y robles que trepan por la Sierra Salvada. Le encanta el campo desde chaval. Antes de que su padre, Santiago Abascal Escuza -referente del centro derecha en esta comarca de Álava-, le afiliara al PP recién cumplida la mayoría de edad, él ya tenía otro carné. Socio de la sociedad ornitológica Bird Life desde 1991, Abascal acostumbra a salir al monte, equipado con sus prismáticos y su cuaderno de notas, para observar pájaros y, si pilla un rastro, buscar las incursiones de los lobos solitarios que entran desde Burgos. Aunque nieve, le gusta salir a campear a lomos de su caballo tordo por prados y colinas. «"Ayaleando"» por el monte, como dice en sus cuentas de las redes sociales, afronta ahora la aventura de galopar solo en el terreno de la política.

Esta es la personalidad menos conocida de Santiago Abascal Conde, convertido en el primer nombre de cierta relevancia del Partido Popular que se dio de baja por sus diferencias con la dirección y que ahora se atreve con VOX, el nuevo partido que liderará junto al exfuncionario de prisiones secuestrado por ETA. Pero... ¿por qué se distanció del PP? Los problemas comenzaron cuando María San Gil renunció al timón del PP vasco por su «problema de confianza» con Mariano Rajoy. Estandarte de los llamados sectores duros por la contundencia de sus desmarques, Abascal se declaró «profundamente decepcionado» con la cúpula del partido que ahora lidera Arantza Quiroga en Euskadi y con el propio Rajoy por haber «traicionado ideas y valores» en asuntos que considera capitales: la excarcelación de presos de ETA tras el fin de la 'doctrina Parot', la «inacción» para impulsar la ilegalización de la izquierda abertzale y el órdago soberanista de Cataluña, en un momento en el que los populares vascos se reafirman en su vocación de pacto con el PNV. «Prefiero una España con escoltas, pero unida, que libre, pero rota», ha declarado en alguna ocasión en algún medio de comunicación.

Su salida reveló las tensiones internas en el PP vasco desde que Antonio Basagoiti le dio un giro aperturista con el fin de reforzar su utilidad tras una etapa de «resistencia frente al terrorismo». Un cambio que, pese a haber dado mayor relevancia al partido, no se ha visto acompañado por los resultados en las urnas, lo que ha dado alas a sus detractores. El retroceso en Euskadi -ha pasado de los 15 escaños de la etapa de San Gil a los 10 actuales- ha sido aprovechado por los críticos para reivindicar un regreso a las «esencias», en una maniobra alentada por los colectivos de víctimas más beligerantes con el Gobierno, como la AVT. Así las cosas, VOX nace con vocación de ser "un partido de centro derecha liberal democrático".

«Elogio» a su abuelo
Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Deusto, Santiago Abascal Conde divide sus aficiones entre la naturaleza y la lectura, con especial afición a la Historia. Aunque se refugia en la naturaleza para desconectar -recientemente visitó la sierra zamorana de La Culebra en busca del lobo ibérico-, Abascal está «entregado» a la política, destacan sus allegados. «Ya de joven» demostró su vocación, cuenta el padre, que le afilió al PP con 18 años. Su consejo fue el siguiente: «Santi, si quieras llegar a algo en política no te diré que mientas, pero sí que digas las cosas de otra manera. Y él me dijo. "Mira papa, si llego será diciendo la verdad". Le gusta hablar claro, aunque a veces sea en su propio perjuicio».

Abascal fue concejal en la localidad vecina de Llodio y presidente de Nuevas Generaciones del PP vasco, en una decisión que le llevó a seguir la estela de su progenitor, afiliado desde 1977, y de su abuelo, Manuel Abascal, que fue alcalde de Amurrio durante el tramo final de la dictadura y la Transición (1963-1979). El hombre, procedente de la montaña cántabra, llegó al Valle de Ayala a lomos de un mulo, vendiendo telas. «Allí conoció a Pilar Escuza Olabarrieta, una vasca auténtica, españolísima por lo tanto, por la que no dudó en volver para casarse en 1946 en Oquendo, asentándose en Amurrio y estableciendo un negocio textil del que, aún hoy, vive gran parte de la familia». Así explica Abascal sus raíces en un «elogio a su abuelo» publicado en la web de Denaes.

Pronto sintió la presión del terrorismo en sus más descarnadas manifestaciones, entre ellas, la aparición de restos de un corzo muerto sobre su coche. La familia Abascal ha sido víctima de numerosos ataques. El entorno de ETA les amenazó de muerte con pintadas, algunas sobre los caballos tordos con los que van a montar. En 1999 llegó a producirse un atentado con "cócteles molotov" contra su tienda de ropa, que acabó destrozada por un incendio, aunque no se produjeron daños personales.

El padre no olvida ese ataque ni la reacción de su hijo. «Santi no estaba en casa. Lo oyó por la radio. Estaba verdaderamente preocupado. Sabiendo el carácter que tiene se iba a pillar un rebote... Estábamos limpiando cuando llegó. Lo primero que hizo fue darnos un abrazo y decirnos: "Nunca os he dicho que os quiero". Me demostró que sabía reaccionar ante la adversidad». Abascal logró un escaño en la candidatura de María San Gil en las elecciones vascas de 2005. «Le gustaba la tribuna. Hacía un trabajo concienzudo. Era una de las expresiones más claras de los valores del PP. Un animal político», le describió en su momento Barrio, entonces, secretario general.

Santi Abascal, que tiene dos hijos y espera una niña fruto de una nueva relación, se ha animado a crear un nuevo partido. Es fácil entender, por tanto, por que en su web recoge una cita de Tácito, historiador y senador del Imperio Romano: «Es poco atractivo lo seguro; en el riesgo hay esperanza».

Reformará la ley electoral y la de partidos
VOX defenderá la vida, la familia y la unidad de España
ROCÍO MANZANEQUE / GACETA.ES  16 Enero 2014

La nueva formación se presenta como de “centro-derecha, moralmente conservadora, económicamente liberal y moderada en sus planteamientos”.

MANIFIESTO FUNDACIONAL DE VOX
Hoy ha sido el día elegido para la presentación de VOX, el partido político de Santiago Abascal, José Antonio Ortega Lara, Ana Velasco Vidal-Abarca y el ex ministro de UCD Ignacio Camuñas. En el acto, sus integrantes han dando a conocer el logo oficial de la agrupación, la página web oficial y su manifiesto fundacional.

VOX se presenta como una formación de “centro-derecha, moralmente conservadora, económicamente liberal y moderada en sus planteamientos”. Además, entre sus señas de identidad están “el tener las ideas claras del individuo, la unidad de España, proteger a las familias y el derecho a la vida”.

Durante la presentación, Santiago Abascal ha explicado que el momento actual "no puede ser más frustrante y más preocupante" para la sociedad española y, por ello, la nueva formación política busca la renovación y el fortalecimiento de la vida democrática mediante la cohesión del Estado, que a la vez integre la "diversidad de España".

VOX destaca varios puntos en su agenda. En otros, busca la creación una nueva Ley Electoral y una nueva Ley de Partidos que garantice la transparencia y equidad de su financiación; promover la evolución del Estado de las Autonomías hacia un Estado unitario; una Justicia completamente despolitizada; y un sistema educativo que fomente las libertades, la excelencia y la disciplina.

En cuanto a la política antiterrorista, José Antonio Ortega Lara ha considerado que "el Gobierno actual está siguiendo el camino trazado por el anterior", mientras que José Luis González Quirós ha sido tajante respecto al camino que seguirá VOX: "La violencia nunca puede tener rédito", ha afirmado. En este punto, Santiago Abascal ha tenido una mención especial al periodista de Intereconomía Cake Minuesa, que se enfrentó hace dos semanas a los etarras en Durango. "No aceptaste lo que no podíamos aceptar", ha dicho Abascal.

Concebido como una nueva opción política de los españoles "huérfanos" que no se sienten representados por ningún partido, VOX está impulsado por Jose Luis González Quirós, José Antonio Ortega Lara, Santiago Abascal, Ignacio Camuñas, Cristina Seguí, Enrique Álvarez, Maria Jesús Prieto-Laffargue, Iván Espinosa de los Monteros y Ana Velasco Vidal-Abarca.

Educación
Wert: «No tenía sentido una Historia de España diferente en cada comunidad»
Efe. Madrid. La Razón 16 Enero 2014

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha afirmado hoy que no tenía sentido que la Historia de España no se estudiara por igual en todas las comunidades autónomas y que con la reforma educativa va haber un cambio de enfoque, al margen de que luego se pueda estudiar la historia de cada autonomía.

Wert ha hecho estas declaraciones en el Foro Económico "El Ágora" del diario El Economista, donde ha negado que estudiar la Historia de España en todas las comunidades sea "una recentralización", pero ha considerado que "no tenía sentido que hubiera una Historia de España no compartida" por todas las comunidades.

Sin embargo, ha señalado que sería "difícil de concebir" que en un sistema autonómico como el que tenemos no estuvieran transferidos los servicios básicos como la educación, la sanidad o los servicios sociales.

Preguntado por si finalmente se aplicará el punto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que obliga a las comunidades a pagar un colegio privado a aquellos alumnos que no puedan estudiar en castellano como lengua vehicular en un centro público, Wert ha comentado: "si no creyera que se va a activar no lo hubiera introducido".

Pero ha dicho estar abierto a que la Generalitat catalana ofrezca alguna "alternativa" para que los padres que lo deseen puedan acceder a una enseñanza sostenida con fondos públicos en castellano como lengua vehicular "en una proporción razonable".
 


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